Fuente: Avispa Midia

Por Crimethinc

El 24 de abril, estudiantes, profesores y miembros de la comunidad se reunieron en el campus de la Universidad de Texas en Austin para manifestarse contra la complicidad de la administración universitaria en el genocidio en curso en Gaza. Temiendo que se repitieran los disturbios ocurridos en la Universidad de Columbia y en otros lugares del país, las autoridades del campus movilizaron a un gran número de policías. Sin embargo, a pesar de las detenciones y la violencia, los y las manifestantes se impusieron a la policía. En el siguiente informe, las personas que participaron describen lo que aprendieron.

Hace ya seis meses que se llevan a cabo acciones de solidaridad dirigidas por estudiantes en las universidades. En la última semana, sin embargo, se han intensificado, con acampadas y paros en más de 40 campus de todo el país. Estudiantes de lugares tan lejanos como Australia, Italia y Francia han organizado sus propias acampadas y otras protestas en solidaridad. En las últimas 48 horas, han aparecido nuevos campamentos en al menos catorce campus estadounidenses, incluidos al menos tres campamentos -en Atlanta, Filadelfia y Washington DC- que son colaboraciones interinstitucionales. La policía ha desalojado algunos de ellos, pero otros siguen resistiendo. Durante el mismo periodo de tiempo, al menos seis escuelas han acogido manifestaciones. Dos acampadas escolares tomaron edificios del campus.

A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena CNI-CIG
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas
A las Organizaciones Sociales, Civiles y Políticas
A los Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen

Hacemos un llamado urgente a los colectivos, organizaciones, pueblos, comunidades, redes e individu@s, para sumarse y estar alertas a esta denuncia pública, pues justo en medio de esta farsa electoral, –perdón, “proceso electoral”–, a la clase política y a los dueños del poder y del dinero, nada importa, que no sean las encuestas, los votos, los debates y quién pega y paga más fuerte las descalificaciones al enemigo a vencer. Justo en medio de esta tormenta y vacío transicional [es decir, a “rio revuelto, ganancia de pescadores”] es muy probable que se abran demandas penales, hostigamiento, persecuciones, criminalización de la lucha social, represión al movimiento de resistencia, como recientemente vimos en la región Cholulteca, y pues la Comunidad Indígena Otomí, con la toma del INPI, no puede ser la excepción, así que frente a este clima de inseguridad y revanchismo de la clase política, denunciamos:

Primero. El día 2 de mayo, alrededor de las 13:00 hrs., se presentaron a mi domicilio tres personas: dos hombres y una mujer con evidente perfil de “policía de investigación”. De acuerdo con los videos de seguridad vecinal que tenemos, descendieron de un vehículo blanco sin placas tres personas, uno de ellos se queda en el vehículo, dos más caminan hacia la unidad habitacional, el hombre de traje obscuro portaba un gafete que traía oculto en el saco. La mujer recibe del hombre de traje unos documentos que parecieran “expedientes”.

Ambos se dirigen a la puerta principal de la unidad y acceden al interior con facilidad ya que la puerta se encontraba abierta debido a que en ese momento los vecinos estaban tirando la basura. Entran y caminan hasta el fondo, sin lograr ubicar el domicilio preciso; al no ubicarlo y después de unos minutos, deciden salir, a su paso se encuentra a una persona que se disponía a tirar la basura, algo le preguntan, y al no encontrar respuesta, revisan un tablero con información interna y privada de los condóminos. Es de destacar que para este momento el hombre de traje oscuro ya no porta el gafete, es decir, ya se lo había retirado, (¿cuál es la razón?, ¿para no ubicarlo como policía de investigación?, ¿para no identificar la dependencia de la que llegan?).

Al salir de la unidad, se dirigen a una reja contigua que está en aun lado de la puerta principal y desde ahí pregunta por mi persona, dieron nombre completo y apellidos, “argumentan que primero fueron a buscarme a las oficinas del INPI que se encuentran en la línea dorada, y que ahí les proporcionaron mi domicilio”. Argumentaron que “me buscaban con el interés de que yo les ayudara a comercializar sus artesanías”, pues dijeron que a eso me dedico, “que me conocieron y platicaron conmigo el día 8 de marzo en la marcha de las mujeres”. Situación que es rotundamente falsa; además, señalaron que tienen conocimiento que yo trabajo con comunidades indígenas.

Las personas con las que platicaron les preguntaron por mis características personales (para conocer su respuesta), y respondieron con referencias totalmente equivocadas. Les pidieron que se identificarán y solamente proporcionaron los datos de la mujer, que dijo llamarse: “María Angélica Landero, con el teléfono núm. 56 3576 5253”.

También les informaron que donde podrían encontrarme sería en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”; señalaron que en ese momento irían al lugar. Cabe señalar que esto nunca sucedió, hasta el momento.

Segundo. Esta situación de hostigamiento se suma a que el pasado 20 de abril, alrededor de las 11:00 hrs. de la mañana, se presentaron a las puertas de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” la Sra. Vilchis Fuentes Hilda y el Sr. Israel Puga Díaz, quienes se presentaron como “Servidores de la Nación”, que según ellos “coadyuvan” con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y tan es así que se hicieron acompañar de una patrulla de la misma Secretaría de Seguridad Pública para indagar en el domicilio de la Casa de los Pueblos lo referente a la desaparición de varios niños y niñas. Pues refieren que, según sus investigaciones, “ahí es el lugar donde se les vio por última vez”.

L@s niñ@s desaparecidos son:
1. Esmeralda N., mujer de 12 años, edad actual 15 años. Desapareció el día 2 de agosto de 2020.
2. Daniela N., mujer de 15 años, edad actual 17 años. Desapareció el día 22 de agosto de 2021.
3. Marisol N., mujer de 14 años, edad actual 15 años. Desapareció el día 6 de noviembre de 2022
4. Juan Mateo N., niño de 13 años, edad actual 17 años. Desapareció el día 20 de julio de 2019.
5. Erica Natalia N., mujer de 0 años, edad actual 3 años. Desapareció el día 9 de abril de 2021.
6. Carlos N., hombre de 17 años, edad actual 17 años. Desapreció el día 7 de junio de 2023.

Entre otros casos a los que ellos mismos hicieron referencia pero sobre los que no tuvimos acceso a la información.

Sin embargo, en los documentos que traían consigo, todos refieren: “POSIBLE UBICACIÓN EN EL DOMICILIO. VIALIDAD: MEXICO-COYOACAN. ASENTAMIENTO: XOCO. C.P.03330” y dan como referencia: “EDIFICIO DE SEIS NIVELES CON ENTRADA PRINCIPAL EN CRISTALES Y CORTINA EXTERIOR. CERCA DE LA CINETECA NACIONAL. ALCALDÍA COYOACAN”.

Como podrán ver, las presuntas “desapariciones” a las que se refieren se registran antes y después de la toma del INPI. Son 6 casos que pudimos documentar con los expedientes que nos mostraron. En los más de tres años que llevamos de la toma, ninguna autoridad correspondiente acudió a la Casa de los Pueblos a informar al respecto. Acudieron apenas hace unos días, con el objetivo según ellos, de que la comunidad informe “si los vimos ahí o no”, ya que ellos “no podrían cerrar la carpeta de investigación hasta que no tengan mayor referencia”. ¿Qué buscan con querer involucrar a la Comunidad Otomí en estas desapariciones? ¿Fincar alguna responsabilidad, directa o indirecta? Exigimos una explicación pública la Gobierno de la Ciudad de México y particularmente de la Fiscalía General de Justicia CDMX.

Tercero. En abril de 2021, denunciamos que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México “judicializaron” la Toma del INPI; es decir, judicializaron la lucha social. Es por ello que en aquellos mese denunciamos que, mientras públicamente se decían “dispuestos al diálogo” en los medios de comunicación y en las redes sociales, “al mismo tiempo anunciaban denuncias penales” contra quienes resulten responsables por la Toma del edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Particularmente la denuncia se orientaba contra quien ubican como su “líder”, Diego García, representante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, UPREZ-Benito Juárez, que acompaña las luchas de diversos pueblos indígenas residentes en la Ciudad de México desde hace más de 30 años.

Lo dijimos en abril de 2021 y lo ratificamos nuevamente: cualquier acto de denuncia penal, hostigamiento, persecución, instigación o detención forma parte de la criminalización de la lucha social y representa una justificación clara y abierta para romper cualquier posibilidad de diálogo con la comunidad. Alertamos ante estos hechos, pues en todas las Mesas de Diálogo ha existido el común denominador respecto a la urgente necesidad del Gobierno, local y federal, por recuperar el edificio tomado.

NUESTRA RESPUESTA TAMBIÉN TIENE UN COMÚN DENOMINADOR Y ES DEFINITIVO: EN TANTO NO SE RESUELVAN LAS DEMANDAS QUE NOS LLEVARON A TOMAR EL INPI, DIFICILMENTE ESTAREMOS EN CONDICIONES DE ESTABLECER UN ACUERDO RESPECTO A LA TOMA.

Por otro lado, después del intento de desalojo de la Comunidad Indígena Otomí en octubre de 2023, han transcurrido más de 7 meses y las mesas de diálogo se han congelado; es decir, los pocos acuerdos en los que pudimos avanzar como comunidad con el gobierno de la CDMX y el INVI, actualmente se encuentran prácticamente suspendidas; peor aún, recientemente nos cortaron la luz y a partir de la presión para la reconexión de la misma, se logró una fecha para retomar las mesas de diálogo con el Secretario de la SEDUVI, la Subsecretaría de Gobierno y la Representación del INVI; sin que, hasta la fecha podamos hablar de avances significativos.

Denunciamos incluso en las mesas de trabajo que al interior del Gobierno de la 4ª Transformación hay “fuego amigo”, pues ellos mismos nos informaron que quien da la instrucción de cortar y reconectar la luz, si se le pega la gana, es el traidor de los pueblos, Adelfo Regino, titular del INPI. Además argumentan que las acciones que lleva a cabo la comunidad para exigir las mesas de diálogo y la reconexión de la luz en este periodo electoral, “solo le hacen el juego a la derecha en Benito Juárez” y que “estas acciones”, en “nada abonan al proyecto”. ¿De qué proyecto hablan? ¡Nosotr@s no tenemos militancia ni compromiso alguno con partidos políticos! Sean el color que sean, todos se disputan no una “democracia”, no un proyecto político, sino lo que realmente está en disputa en este periodo electoral, es quién se chinga a quién, para poder administrar libremente este negocio que para ellos, se llama México.

Por todo lo anterior, estos hechos que denunciamos son parte de una guerra contra los pueblos y comunidades indígenas, contra las organizaciones sociales que se oponen a una transformación simulada, es por ello, que la represión se inclinas más contra quienes asumimos responsablemente caminar y acompañar la lucha y la resistencia de los pueblos y comunidades indígenas; es decir, contra tod@s aquell@s que se opongan al despojo y resisten por el derecho a la vida.

ATENTAMENTE

¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!
¡Tener Techo es un Derecho!
¡No a la criminalización de la Lucha Social!
¡Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!
¡Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatista!

Diego García, Representante.
Unión Popular Revolucionaria “Emiliano Zapata”, UPREZ Benito Juárez

Ciudad de México a 3 de mayo de 2024

03 de mayo de 2024

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería repudiamos la brutal represión el pasado 30 de abril por la noche, donde un operativo de la guardia nacional y policías de los municipios de Calpan, Huejotzingo, Xoxtla, Tlaltenango, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, dispararon contra la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua, que mantienen un plantón pacífico dese el 21 de marzo del presente en el basurero intermunicipal ubicado en San Pedro Cholula, en el Estado de Puebla, que está contaminando aire, suelo y los mantos freáticos, afectando la salud de 250 mil habitantes.

La “Planta Procesadora de Residuos Sólidos Urbanos” operada por la empresa Pro Faj Hidro Limpieza S.A. de C.V., cuyo dueño es Cuauhtémoc Ochoa, candidato a senador por Morena, se instaló desde abril de 2016 y recibe los desechos de 21 municipios de la región sin ningún tipo de manejo previo.

El 9 de abril la PROFEPA clausuró el basurero a cielo abierto ya que la empresa no cumplió con medidas urgentes como el manejo de los lixiviados, control de fauna nociva y monitoreo de la calidad del agua, lo que contradice a Norma Angélica Sandoval, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, quien dijo “que el basurero funciona correctamente no contamina y cumple con la NOM 083”. Sin embargo, el 29 de abril, supuestos trabajadores de la empresas retitraron los sellos de clausura.

Nos unimos solidariamente a las exigencias de cese inmediato a las agresiones y al hostigamiento de la fuerza pública; cierre definitivo del baurero a cielo abierto, su programa de remediación, y un plan de manejo responsable de la basura; que cada municipio se haga responsable d por su basura; respeto total a la autodeterminacion de los pueblos originarios y su derecho a defender la tierra, el agua y la vida.

Responsabilizamos al gobernador Sergio Salomón Céspedes y los presidentes municipales de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula de cualquier daño que puedann sufrir las y los miembros Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua.

¡RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

¡VIVA LA LUCHA POR LA VIDA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Foto de portada: Fede Soto

Mayo 2, 2024

En las últimas semanas, mientras crece el número de personas civiles asesinadas, heridas y desplazadas en la franja de Gaza y en Cisjordania a causa del genocidio que el Estado de Israel ha estado realizando contra el pueblo palestino, hemos sido testigos de amplios actos de solidaridad con Palestina de parte del sector académico de varios países del mundo como Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Canadá, Australia, entre otros.

La reacción de los gobiernos ante estas manifestaciones de solidaridad ha sido una fuerte represión llevada a cabo por elementos policiacos y militares para violentar y arrestar a los estudiantes y académicos, expulsarlos e interrumpir sus protestas pacíficas y actividades académicas en torno al genocidio en progreso.

El pasado 30 de abril La Asamblea Interuniversitaria y Popular en Solidaridad con el Pueblo de Palestina, formada por estudiantes, académicos y trabajadores mexicanos aprobó la instalación de un campamento en solidaridad con palestina frente al edificio de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde el día 2 de mayo.

Desde el colectivo Académicos con Palestina contra el Genocidio, al tiempo de condenar la violencia ejercida contra universitarios en Estados Unidos y Europa, celebra la iniciativa de los estudiantes mexicanos que tiene como uno de sus objetivos más claros ejercer presión para que se rompan relaciones académicas, políticas, deportivas y económicas con Israel.

Nuestra experiencia nos ha mostrado que organizarnos como sector académico puede resultar eficaz para alcanzar metas específicas. La ruptura de relaciones académicas con las universidades del estado de Israel, adherirnos al movimiento BDS, especialmente el boicot cultural y académico, no sólo se encuentran dentro de nuestras posibilidades como sector universitario, sino que son parte de nuestra responsabilidad como actores políticos y culturales frente a los actos de barbarie que el estado de apartheid israelí sigue perpetrando contra el pueblo palestino.

Manifestamos nuestra decisión de apoyar el campamento de solidaridad, que comenzará hoy en nuestra máxima casa de estudios, con distintas actividades académicas y artísticas, apoyo logístico y cobertura política. En este sentido apelamos al más profundo sentido humanista y de autonomía universitaria lograda gracias a los sacrificios y la resistencia de las generaciones pasadas de estudiantes y académicos, y solicitamos a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México garantizar la seguridad de los participantes en el Campamento en Solidaridad con Palestina a lo largo de toda su duración, para que todas las actividades en este marco puedan realizarse en un ambiente libre de cualquier violencia, provocación o información confusa emitida sin consultar a los representantes de las organizaciones convocantes. 

Por su atención y respuesta a la presente,

Académicxs con Palestina contra el genocidio

Blogspot: https://academicxsconpalestina.blogspot.com/

Facebook: Académicxs con Palestina

Instagram: @academicxsconpalestina

Twitter: @AcademPalestina

Correo electrónico: academicxsconpalestina@gmail.com

Youtube: https://bit.ly/3wS6z0I

Fuente: Avispa MIdia

^{_{En portada: El Comando Sur de los EEUU y la Fuerza de Defensa de Guyana organizaron conjuntamente el primer Simposio de Suboficiales de Selva en Guyana con participantes de Belice, Brasil, Colombia, los Estados Unidos, Guatemala, Guyana y Honduras. Junio, 2022.}}

Por Jorge Sánchez, periodista especializado en la política internacional

Los medios estadounidenses informan que después de pasar más de 20 años luchando en las guerras de Medio Oriente, la comunidad especial estadounidense está cambiando a otros entornos. Con el potencial de un conflicto con China en el Indo-Pacífico cada vez más grande en el fondo, el mando de operaciones especiales de Estados Unidos se está centrando cada vez más en las operaciones en la jungla.

La guerra en la jungla presenta un nivel de dificultad completamente diferente y requiere entrenamiento especializado para operar de manera efectiva.

El año pasado, un pequeño equipo de Marine Raiders completó un curso de guerra en la jungla que aborda los desafíos que las fuerzas estadounidenses podrían encontrar en un conflicto del Indo-Pacífico. El curso de dos semanas se llevó a cabo en la isla de Oahu, Hawaii, y estaba diseñado para realizar pequeñas operaciones especiales y dar las habilidades necesarias para sobrevivir y prosperar en las operaciones en la jungla. 

Los Marine Raiders se entrenaron en habilidades de movilidad en la jungla, como navegar entre matorrales espesos, escalar y hacer rappel en acantilados y atravesar ríos, técnicas para contrarrestar dispositivos explosivos improvisados, reacción al contacto y emboscadas. 

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

^{En portada: Pobladores de la región Choluteca, Puebla, se manifestaron el lunes 22 de abril para exigir la presentación del Manifiesto de Impacto Ambiental del relleno sanitario. Las autoridades se negaron a dialogar con los habitantes de la zona afectada por el basurero irregular. Foto: Radio Comunitaria Cholollan.}

Habitantes de la región de Cholula, Puebla, se mantuvieron en constante alerta y tensión tras la presencia de un fuerte operativo conjunto entre la policía estatal y la Guardia Nacional, que pretendían desalojar un bloqueo que mantienen las personas en el relleno sanitario ubicado en San Pedro Cholula, ya que su objetivo era que, camiones cargados de desechos de diversos municipios, pudieran ingresar a esta zona.

La tensión policiaca escaló con agresiones hacia la población en resistencia. “Comenzaron los disparos contra los manifestantes con armas de fuego, no se sabía si venían de los policías o de los civiles”, dijo uno de los testigos que por seguridad prefirió omitir su nombre. 

Este basurero, donde esta instalado el plantón de esta resistencia desde el 21 de marzo, fue clausurado formalmente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el pasado 9 de abril, tras las presentaciones de pruebas que realizó la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua, a través de las cuales se demostró que los lixiviados de estos desechos han contaminado el agua de pozos que es usada para consumo humano.

Ver también: Pueblos de Cholula denuncian contaminación de pozos por operación irregular de basurero

Sin embargo, poco antes el operativo policiaco, el mismo martes, 30 de abril, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) del Gobierno del Estado de Puebla emitió un comunicado alegando que ya no existía ningún “impedimento legal” para operar el relleno sanitario de Cholula. Afirmó que el motivo de la clausura había sido “atendida y subsanada”, por tanto, esto implicó, el retiro “de los sellos de la dependencia, permitiendo así la continuidad de las operaciones de manera regular”.

Es así que los habitantes de estas comunidades amanecieron a la espera de una ofensiva más violenta por parte de las fuerzas del orden. Aunque los policías no volvieron hasta el cierre de este reportaje, la situación sigue en tensa calma ya que se habla de varios detenidos y cateo de casas sin orden judicial, así como personas agredidas físicamente en diversas comunidades. 

Mientras tanto, los ambientalistas no quitan el dedo del renglón, de no levantar el plantón, hasta el cierre definitivo del relleno sanitario. Por otro lado, la solidaridad hacia los activistas no se ha hecho esperar, así como la condena hacia la represión.

Manifestamos nuestro apoyo a la digna y justa lucha de los pueblos cholultecas contra el Basurero en el estado de Puebla

La guerra y racismo contra los pueblos indígenas cholultecas en el centro del estado de Puebla está cobrando un nuevo episodio de ataques y represión contra la organización que hoy han conformado nuestras hermanas y hermanos en la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua. 

Denunciamos que el día de ayer 30 de abril cientos de policías estatales y municipales de San Pedro y San Andrés Cholula intentaron ingresar por la fuerza camiones de basura de más de una docena de municipios, con la intención de seguir contaminando el territorio y el agua de nuestros hermanos cholultecas.

En su intento, el mal gobierno de Puebla y las Cholulas detonó armas de fuego contra los manifestantes, realizó detenciones ilegales, quemó y destrozó vehículos de los pobladores e irrumpió en los domicilios de compañeros de la organización con la intención de detenerlos. Sin embargo la organización y resistencia de los pueblos logró frenar la reapertura del relleno sanitario donde se depositaba la basura de más de 20 municipios de la zona y de otros estados de la República.

La mentira, el odio y exterminio hacia los pueblos indígenas es la constante del mal gobierno que niega la razón y justicia de los pueblos cholultecas que han decidido, bajo su derecho a la libre determinación el no ingreso de un kilo más de basura en su territorio, y exigen el cierre definitivo del basurero y un plan de abandono que se comprometa a cumplir la empresa Pro-Faj Hidrolimpieza S.A. de C.V. concesionaria del basurero y a quien se le vincula con el candidato a Senador por Morena en Hidalgo Cuauhtémoc Ochoa. 

Hacemos responsables de cualquier agresión que ponga en riesgo la integridad de nuestros hermanos defensores del territorio al Gobernador y Secretario de Gobernación de Puebla, demandamos un alto total a los hostigamientos y agresión por parte de los cuerpos policíacos del estado. 

Señalamos que la administración federal en espacial, la SEMARNAT a cargo de María Luisa Albores, es directamente responsable  de esta política  contaminación y de zonas de sacrificio, por ser omisa en el tema. 

Como Congreso Nacional Indígena estaremos pendientes de las acciones que tomen nuestras hermanas y hermanos cholultecas el 5 en el Planton contra el Basurero y en Defensa de la Vida, el 14 de mayo en la Plaza de la Concordia de San Pedro Cholula, Puebla y subsecuentes. Llamamos a la solidaridad de todas nuestras hermanas y hermanos en México y el mundo para apoyarles.

Comisión de Coordinación del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno 

^{En portada: Berta Cáceres durante recorrido del territorio Lenca. La también coordinadora del Copinh jugó un papel clave dentro de la organización indígena que detuvo la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.}

Tras más de 8 años del asesinato de la indígena lenca Berta Cáceres, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), las sentencias condenatorias en contra de siete de los autores materiales y uno de los coautores del crimen siguen sin ser ratificadas por el poder judicial del país centroamericano.

Ante ello, organizaciones sociales, indígenas y feministas han levantado la voz durante las últimas semanas para expresar su preocupación frente a la omisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para la ratificación de las sentencias, esto debido a que, actualmente, se encuentran sin resolución dos recursos de casación presentados por la defensa de los acusados que buscan invalidar las sentencias emitidas en años previos.

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Integrantes de la Misión de observación causa Berta Cáceres calificaron la demora en la ratificación de las sentencias como un “retardo injustificado”, pues consideran que existen elementos para ratificar la culpabilidad de los autores intelectuales y materiales de la defensora lenca. 

La misión es una agrupación de organizaciones defensoras de derechos humanos, internacionales y nacionales, quienes vigilan el respeto al derecho en el debido proceso y por el acceso a la justicia de las víctimas.

“Es totalmente irracional un retardo de más de cuatro años para reafirmar una sentencia por parte de David Castillo, y por más de siete años la sentencia contra los actores materiales”, compartieron mediante conferencia de prensa realizada en Tegucigalpa, donde acompañaron a integrantes del Copinh para denunciar lo que consideran estrategias dilatorias para entorpecer el proceso judicial.

A través de su coordinadora, Bertha Zúñiga, el Copinh afirma que, recientemente, la defensa legal de Castillo ha emprendido una serie de acciones legales y mediáticas cuyo propósito “es maniobrar con la presión política, maniobrar con el tráfico de influencias dentro de las instituciones de justicia” para exculpar y liberar al feminicida de Berta Cáceres, Roberto David Castillo, quien fuera declarado culpable el 5 de julio del 2021.

En concreto, Zúñiga señaló que Juan Carlos Sánchez y Ritza Antúnez, abogados de Castillo, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra la perito Brenda Barahona por presunta falsificación de documentos en el proceso penal.

Para la coordinadora del Copinh, se trata de un “intento de criminalización” contra la perito del Ministerio Público, el cual “busca entorpecer el proceso de búsqueda de justicia que nos hemos propuesto las víctimas y las comunidades que aún recordamos la memoria de Berta Caceres”, señaló Zúñiga en entrevista a medios locales.

Cabe destacar que la denuncia de la defensa legal de Castillo fue presentada el 8 de abril pasado, una semana después del nombramiento de Juan Carlos Sánchez Villalobos como director de fiscales del Ministerio Público (MP). 

Este nombramiento es relevante para el Copinh, pues señalan que Villalobos ha actuado como defensor de Carolina Castillo, abogada de la empresa DESA (propiedad de la familia Atala) en el caso “Fraude en el Gualcarque”, en el cual se alega la existencia de una red de corrupción que favoreció ilegalmente a DESA con el otorgamiento de licencias sobre el uso del río Gualcarque para la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

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El Copinh también destaca que Sánchez Villalobos es reconocido por defender a imputados en casos emblemáticos de corrupción, algunos presentados por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), como el caso del expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

La misión de observación condenó el actuar del Estado de Honduras y exigió se dicte la sentencia “definitiva y firme” para obtener justicia en el caso de la luchadora social asesinada en marzo del 2016.

Mientras tanto, el Copinh convoca movilizaciones para el próximo viernes 3 de mayo, con la idea de montar un plantón en el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, en Tegucigalpa, para exigir un fallo condenatorio en el caso Fraude sobre el Gualcarque, donde se vincula a la familia Atala con una red de corrupción en el proyecto hidroeléctrico al cual Berta Cáceres se opuso en vida.

Fuente: SweFOR

26 de abril de 2024

Las organizaciones internacionales firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por los señalamientos, la deslegitimación y la estigmatización en contra del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas que restringen significativamente su espacio de acción para la defensa de los derechos humanos, exponiendo la organización y a sus integrantes a graves riesgos en el desempeño de su labor.

En su conferencia de prensa matutina del 22 de abril de 2024, el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, acusó al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) de estar “buscando crear un ambiente de violencia que no tiene las dimensiones que [desde el Frayba] están registrando”. Asimismo, señala a la organización de “estar magnificando las cosas”,[1] en referencia a las recientes denuncias del Frayba sobre la situación de violencia que está atravesando el estado de Chiapas desde mediados de 2021, cuando estalló la disputa entre grupos del crimen organizado por el control territorial.[2] Los mismos mensajes fueron reiterados en la conferencia de prensa matutina del día 23 de abril[3], mientras que unas semanas antes, el 3 de abril de 2024, el presidente acusó al Frayba de mentir,[4] por una divergencia sobre las cifras de personas fallecidas en el marco de un enfrentamiento ocurrido el 31 de marzo de 2024 en el municipio de La Concordia (Chiapas) entre elementos de la Guardia Nacional y un grupo del crimen organizado.[5]

Ambas declaraciones son muestras del patrón de señalamientos por medio de los cuales el ejecutivo deslegitima la labor de defensa de derechos humanos llevada a cabo por centros de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de personas desaparecidas, así como por periodistas, quienes documentan y denuncian la violencia territorial y las violaciones a derechos humanos, evidenciando la negligencia de las autoridades de los tres niveles del Estado mexicano.[6] Esta tendencia no es exclusiva del gobierno actual, sino que refleja una problemática histórica que concierne tanto a México como a otros países de América Latina, lo que ha contribuido a que la región se posicione como una de las más peligrosas a nivel mundial para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y del periodismo.[7]

Como bien lo señala el Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Estados deben garantizar la libertad de expresión “de quienes coinciden o tienen identidad con el gobierno, pero también, sobre todo, de aquellas personas que tienen opiniones divergentes”, recordando que “la estigmatización puede ser permisiva o generar un ambiente permisivo a que ocurran agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas”.[8] Señalar públicamente a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes, como parte de su labor, vigilan y auditan la actuación estatal en relación a la atención de violaciones de derechos humanos, aumenta su exposición a posibles agresiones y ataques violentos, y a la vez restringe el espacio democrático y de defensa de derechos humanos de la ciudadanía.

En este sentido, los estándares internacionales en materia de derechos humanos no sólo disponen el respeto de la labor de defensa de los derechos humanos,[9] sino que también exhortan “a los Estados a que reconozcan, por medio de declaraciones públicas, políticas, programas o leyes, la importante y legítima función que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la promoción de todos los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho como elementos fundamentales para garantizar su protección, entre otras cosas respetando la independencia de sus organizaciones y evitando estigmatizar su labor”.[10]

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas lleva 35 años en la defensa y promoción de los derechos humanos en el estado de Chiapas, habiendo acompañado en su trayectoria a víctimas de graves violaciones de derechos humanos en su lucha por la justicia, así como a comunidades y pueblos que defienden su autonomía y libre determinación. Gracias a su ética, rigor y compromiso hacia los derechos humanos se ha consolidado como una de las organizaciones de la sociedad civil más reconocidas en el país, contribuyendo a diario a visibilizar las injusticias y las violencias vividas por las poblaciones más vulnerables del estado. En línea con su misión, el Frayba, en conjunto con otros actores de la sociedad civil mexicana, ha documentado y denunciado la escalada de violencia que ha inundado Chiapas en los últimos tres años, y sus impactos sobre la población civil. La actual coyuntura expone a altos niveles de riesgo a quienes, como el Frayba, acompañan a víctimas de violaciones a derechos humanos en su búsqueda de justicia y reparación, y torna imprescindible el reconocimiento de su labor, así como su protección, por parte de las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno.

Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes llamamos a que cesen los señalamientos en contra de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en México, y se reconozca públicamente la labor fundamental que desempeñan en favor de la justicia, de la protección y promoción de los derechos humanos y de la construcción de paz. Finalmente, solicitamos que se fortalezca el marco legal, así como los mecanismos diseñados para brindar protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México.

Amnistía Internacional | CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) | FIDH (Federación Internacional por los Derechos Humanos), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos | Front Line Defenders | IM-Defensoras (Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos) | Organización mundial contra la tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos | Protection International | SIPAZ (Servicio Internacional para la Paz) SweFOR (Movimiento Sueco por la Reconciliación) | Taula per Mèxic

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En un acto de solidaridad con el pueblo palestino y en protesta contra lo que califican como complicidad institucional con Israel, manifestantes se congregaron este jueves (25) por la mañana en el campus de la Universidad Emory en Atlanta. El césped de este campus se pintó de colores de las centenas de tiendas de campaña y pancartas.

La protesta tuvo como blanco principal el Centro de Formación de Seguridad Pública de Atlanta, por la construcción de una enorme instalación conocida como Cop City, uno de los mayores centros de entrenamiento policial militarizado del país que tiene proyectado más de 90 millones de dólares de inversión. De acuerdo con la propuesta de este proyecto, el 43% de la formación en Cop City será para agentes de fuera de Atlanta, incluida la formación militar con agentes de las Fuerzas de Defensa Israelíes.

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Los estudiantes de Atlanta exigen el cese a este financiamiento ya que consideran que es un apoyo a lo que llaman como “apartheid israelí”.

Tras haber estallado la protesta estudiantil en este campus, la policía antidisturbios intervino utilizando pistolas taser y gas lacrimógeno para disolver el campamento. Los manifestantes acusan a las autoridades de la Universidad de Emory de ser cómplices de la represión a estudiantes y empleados que se han manifestado en apoyo de pueblo palestino, además remarcaron que esta institución también apoya el genocidio en Palestina.

Los estudiantes comenzaron a circular en redes sociales las imágenes de la brutal represión implementada en la Universidad de Emory. Una de ellas muestra la acción violenta de la policía hacia un estudiante indefenso y totalmente inmovilizado, mientras que los agentes de seguridad realizan descargas eléctricas por medio de una pistola taser.

Momentos después de esta represión en Emory, en distintas universidades de los Estados Unidos activaron nuevas protestas en solidaridad con los detenidos y en solidaridad con Palestina. También se realizaron numerosas detenciones en varios campus universitarios sumando, hasta el cierre de este reportaje, 93 personas detenidas de la Universidad del Sur de California y 34 en la Universidad de Texas en Austin.

La organización civil Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha condenado la respuesta policial, afirmando que no solo está “reprimiendo las protestas pacificas”, sino que, también, “a la prensa”.

A pesar de esta represión policiaca, las protestas continúan sumándose en distintas ciudades con más campamentos, como los estudiantes de la Universidad de California en Los Ángeles, quienes también montaron lo que llaman un “Campamento de Solidaridad con Gaza”.

Esta ola de protestas se origina en la Universidad de Columbia en Nueva York, quienes comenzaron con las primeras acciones a mediados de abril, instalando el 1er campamento en contra del genocidio en Palestina.

Más de 100 estudiantes de Columbia fueron detenidos y suspendidos de la institución, exigían que se cortara relaciones con compañías vinculadas a Israel, en consonancia con la iniciativa que habían lanzado, denominada ‘Boicot, Desinversiones y Sanciones’ (BDS), que busca presionar económicamente a Israel para que se retire de los territorios palestinos.

Las acciones siguen en pie en universidades como Texas, Brown, Princeton, Ohio State, Las Vegas, North Carolina Chapel Hill, Yale, donde incluso hubo una huelga de hambre de ocho días.