• Tras mediación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gobierno reconoce su responsabilidad
• Notable ausencia del Ejército Mexicano en acto público de reconocimiento
• Después de 15 años de atropellos e impunidad, justicia llega “parcial, mutilada, incompleta”

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Ve también:

• Palabras de José López Cruz, padre de las víctimas Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández
• Palabras de Pedro Faro, director del Frayba

Ayer, 28 de enero de 2016, el Estado mexicano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2000 en la comunidad El Aguaje, municipio de San Cristóbal de Las Casas, donde la explosión de una granada de fusil antipersonal de propiedad del Ejército Mexicano mató al niño Ángel Díaz Cruz e hirió de gravedad a Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández, en el contexto de las acciones de contrainsurgencia contra las comunidades zapatistas y el EZLN.

El acto es parte de los acuerdos firmados tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, entre otras cosas, obligan al Estado a reconocer públicamente su responsabilidad en el caso. Es la culminación de un largo proceso de 15 años, en el que las víctimas y sus familiares se enfrentaron a la impunidad y el atropello por parte del Ministerio Público Militar.

En el evento, José López Cruz, padre de los niños lesionados, relató los abusos sufridos por víctimas y familiares en su larga búsqueda por justicia. Asímismo, Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, relató los detalles del caso, aseguró que “la justicia en México llega tarde, parcial, mutilada, incompleta, un tanto maltrecha como es de por sí el actuar del Estado mexicano” y llamó atención a la ausencia en el evento del “personaje principal de esta historia, el perpetrador por antonomasia en Chiapas: el Ejército mexicano”.

Presentes en el evento estuvieron las víctimas Ricardo y José Leonardo López Hernández, su padre José López Cruz, Cristina Reina Cruz López (madre del niño fallecido Ángel Díaz Cruz) y Pedro Faro del Frayba. Por el gobierno de Chiapas, Manuel Velasco Coello, gobernador del estado, y Juan Carlos Gómez Aranda, secretario de gobierno. Por el gobierno Federal, Roberto Campa Cifrián (Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) y Erasmo Lara Cabrera (Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores). Del Ejército Mexicano y la SEDENA… ni las luces.

A continuación, los audios del evento:

Juan Carlos Gómez Aranda – Secretario General de Gobierno de Chiapas:
(Descarga aquí)  

Pedro Faro Navarro – Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba):
(Descarga aquí)  

Traducción tostil:
(Descarga aquí)  

José López Cruz – Padre de Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández:
(Descarga aquí)  

Traducción tostil:
(Descarga aquí)  

Roberto Campa Cifrián – Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación:
(Descarga aquí)  

Traducción tostil:
(Descarga aquí)  

Manuel Velasco Coello – Gobernador de Chiapas:
(Descarga aquí)  

Traducción tostil:
(Descarga aquí)  

Fuente: http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/160128_aguaje.pdf

Escucha aquí: (Descarga aquí)  

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Caso El Aguaje
(Angel Díaz Cruz+, Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández)

Muerte
Anciana y triste muerte
Adulta y silenciosa muerte
Joven y llorosa muerte
Niña y estúpida muerte.

Buenos días a todas y todos, con el permiso de la señora Cristina Reyna Cruz López, del Señor José López Cruz y sus respectivas familias, tomo la palabra.

Hoy estamos aquí ante este recinto de la Facultad de Derecho, para escuchar el perdón público del Gobierno mexicano, ante las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los niños Ángel Díaz Cruz, Ricardo López Hernández, José Leonardo López Hernández, así como a todos sus familiares, debido a los hechos del 17 de septiembre del año 2000, en la comunidad El Aguaje del ejido La Albarrada, municipio de San Cristóbal de Las Casas, estado de Chiapas, a causa de la explosión de una granada de fusil antipersonal[1] propiedad del Ejército mexicano. De la explosión resultó muerto el niño Ángel Díaz, con heridas graves Ricardo y José Leonardo. Hechos sucedidos en el contexto de la acción de contrainsurgencia que implementa el Estado mexicano en contra de los pueblos y comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así también en contra de los pueblos y comunidades que resisten las políticas de despojo territorial y exterminio.

También estamos aquí para recordar que el Estado mexicano ha mantenido en la impunidad por 15 años y 5 meses el Caso del Aguaje, lastimosamente no es el único donde están involucradas las Fuerzas Armadas de México; lastimosamente no es el único donde la impunidad marca el ritmo de vida de quienes exigen al Estado que cumpla con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos como es su deber internacional. Pues la muerte de Ángel Díaz, es de plena responsabilidad del Ejército mexicano, así como los daños a la integridad física y psicológica que de manera permanente quedaron marcados en los cuerpos de Ricardo y José Leonardo y las de sus familias, truncando sus proyectos de vida.

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Escucha aquí:(Descarga aquí)  

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A 28 de enero de 2016.

Buenas tardes a todos los presentes,

Mi nombre es José López Cruz y en representación de mi familia, mis hijos y especialmente de la señora Cristina Reyna Cruz López madre del niño Ángel Díaz Cruz fallecido, voy a expresar las siguientes palabras.

Ha pasado más 15 años en el que mis hijos resultaron gravemente lesionados y que desgraciadamente el niño Ángel Díaz Cruz falleció a consecuencia de la explosión de una granada de fusil antipersonal propiedad del ejército mexicano.

Esos pobres niños lo único que hacían era buscar hongos para comer, pero debido a la negligencia del personal del ejército al no advertir los riesgos que pudiera acontecer en el lugar de campo de prácticas de tiro, a casi 500 metros de nuestra comunidad, resultó esta gran tragedia.

Además mi familia y los habitantes de mi comunidad El Aguaje, estábamos ya obligados a convivir, con todo tipo de ruidos provocado por los explosivos, los morteros, las ametralladoras lo cual provocaba mucho miedo. Sin embargo, el lugar era utilizado por la comunidad para la recolección de hongos, caminos de paso, pastoreo y recolección de leña.

Las mujeres ya no podían realizar sus actividades cotidianas por el campo, debido a que continuamente sufrían el acoso del personal militar.

A partir de las graves lesiones de nuestros hijos, comenzó nuestro sufrimiento, al verlos graves, a la presión de que uno de ellos le iban amputar una pierna; a la falta de atención de las autoridades porque no recibimos a atención necesaria y fuimos nosotros como familias que cargamos con toda la responsabilidad del seguimiento de recuperación de nuestros hijos.

Además por la falta de acceso al seguimiento de las investigaciones, debido a que estas se llevó a cabo desde la jurisdicción militar, quienes nunca nos permitieron saber el seguimiento del proceso penal militar, además de que el Juzgado Militar se encuentra en la Ciudad de México, Distrito Federal y no tenemos los recursos para ir hasta allá.

Las autoridad nunca se dieron cuenta de que éramos personas civiles y que nuestro caso debió ser atendido por la jurisdicción civil y no la militar, pues dejaron llevarse por el tipo de armamento que explotó, y nunca velar por nuestros derechos humanos.

Los días fueron largos, han sido largos, pues durante estos más de 15 años, hemos buscado la justicia. Hasta hoy no sabemos quienes son los verdaderos responsables de causar esa tragedia ni mucho menos cuales fueron sus castigos.

Los efectos psicológicos en nuestros hijos, en nuestras familias se mantienen, debido a la falta de justicia y la atención. Y ante el temor de que dentro de sus cuerpos exista todavía esquirlas.

Esperamos que estos acuerdos que hoy firmamos, sean cumplidos a la cavalidad.

Agradecemos infinitamente al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé por su acompañamiento, porque sin ellos nunca hubiéramos podido lograr esta nuestra lucha.

Señores y señoras, durante todos estos años, hemos vivido la incertidumbre de que algún otro niño le pase lo mismo, es por eso que exigimos que estos hechos nunca vuelvan a repetirse.

Muchas gracias.

jTatik Samuel Ruiz García, su legado en defensa de los derechos humanos

En el quinto aniversario luctuoso del obispo Samuel Ruiz García, este 24 de enero de 2016, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, fundado por él en 1989, reafirma su compromiso por la defensa de los derechos humanos, acompañando procesos comunitarios a lado del pueblo indígena en Chiapas.

“Las y los defensores no podemos voltear la mirada a los signos de los tiempos que nos interpelan día a día. Somos conscientes que la justicia no vendrá de los poderosos, nosotras y nosotros tenemos el compromiso de construirla desde abajo, en lo cotidiano, en los pueblos, comunidades y procesos sociales que trabajan por la autonomía y la libre determinación. Hoy es un tiempo de lucha y de esperanza.”

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El encuentro pastoral del pueblo chol en la región Selva de Chiapas se pronuncia en contra de violaciones a derechos humanos a migrantes, cometidas por agentes del gobierno mexicano: robos, agresiones físicas, violaciones a mujeres… “policías migratorios, Policías Estatales, Militares, Marinos, Policías de Tránsito y Policías Ministeriales, vinculados con los Polleros Traficantes y Tratantes de personas.”

Denuncian que la Policía Sectorial, que se encuentra en el campamento del Ejido Busil-há, Municipio de Ocosingo, detiene a migrantes cobrándoles el paso; y que el Instituto Nacional de Migración pone en peligro la vida de personas y separa familias.

Pronunciamiento por la jornada internacional de migrantes

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Lunes 14 de Diciembre del 2014

Las Organizaciones y Colectivos abajo firmantes queremos denunciar la situación penitenciaria que actualmente vive Alejandro Díaz Sántiz tras su traslado al CEFERESO Villas Comaltitlán ubicado al sur del estado de Chiapas. Y es que Alejandro, al igual que el resto de la población recluida en ese penal, se encuentra en condiciones de aislamiento, lo que supone un régimen de comunicación muy limitado con el exterior, ceñido a una llamada de 5 minutos cada 15 días, y a una visita de 45minutos de duración cada 15 ó 20 días, según lo designe la dirección del penal. Estas visitas sólo pueden realizarlas familiares directos (consanguíneos) y cónyugue.

Además, sólo tienen derecho a 30 minutos de patio diarios, por lo que la salud se resiente a la larga por la falta de vitamina D. A todo esto hay que sumarle el hecho de que para la familia de Alejandro es bien costoso trasladarse hasta allá para la visita, no sólo económicamente, ya que se encuentran a más de 9 horas de distancia en carro particular.

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Tenosique, Tabasco 23 de noviembre de 2015

A las y los defensores de derechos humanos
A la comunidad nacional e internacional
A los medios de comunicación

Por este medio informamos de los últimos acontecimientos que han vulnerado nuestra seguridad y de las personas migrantes tanto albergadas como las que están en tránsito por el Estado de Tabasco.

1. Violaciones sexuales a personas migrantes del sexo femenino y secuestro en la zona de Tenosique.

Desde finales de agosto y hasta la fecha hemos recibido en La 72 cerca de dos decenas de casos de violencia sexual en contra de mujeres así como un sin fin de víctimas de robo calificado, privación ilegal de la libertad y secuestro. La mayor parte de las víctimas han sido acompañadas por nuestro personal ante la PGR y la Fiscalía especializada en delitos contra migrantes del Estado de Tabasco.

Tanto a la Fiscalía como a la PGR hemos aportado las pruebas suficientes para que puedan generar los proceso necesarios e inmediatos para detener a los criminales que cometen dichos delitos, sin embargo, hasta el día de hoy no ha pasado nada, al contrario seguimos recibiendo víctimas de los mencionados delitos.

2. Secuestro masivo de personas migrantes

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En las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas se presentó ayer el informe anual de ese centro, La insurgencia de los derechos humanos. Compuesto de cuatro capítulos que cubren las temáticas de la tortura, la impunidad, la guerra en Chiapas y la situación en La Realidad, el informe presenta los temas y situaciones documentadas y monitoreadas por el Frayba en las comunidades y zonas urbanas de Chiapas, ubicándolos en el contexto nacional.

Lee y/o descarga el informe completo aquí (pdf).

A continuación, los audios de la presentación.

Palabras iniciales, Pedro Faro, director del Frayba: (Descarga aquí)  

Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Saltillo, Coahuila, y consejera del Frayba – Capítulo sobre la tortura: (Descarga aquí)  

Estela Barco, coordinadora general de Desmi – Capítulo sobre la impunidad: (Descarga aquí)  

Jorge Santiago, consejero del Frayba – Capítulos sobre la guerra en Chiapas y la situación en La Realidad: (Descarga aquí)  

Preguntas, comentarios y respuestas: (Descarga aquí)  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 29 de octubre. La familia de José Rolando Pérez de la Cruz, exige justicia frente al palacio de “gobierno” en la capital chiapaneca. Al igual que en Iguala Guerrero, la policía municipal de Acala Chiapas, se vió involucrada en agresiones contra la población civil, en este caso causándole la muerte a Rolando “bajo custodia y tortura”, aseguran los denunciantes, ello durante el gobierno de Dagoberto Román, hace un año y ocho meses, sin que hasta la fecha se haya hecho justicia.

Con fotografías, carteles y mantas en el parque central de Tuxtla, los familiares de José Rolando quien contaba con 21 años de edad cuando falleció, evidencian que fue “asesinado en manos de policías municipales”, y precisan que “lo golpearon y torturaron hasta matarlo, dentro de los separos de la presidencia municipal de Acala Chiapas”. A pesar de ello, el médico del Servicio Médico Forense (SEMEFO) Adalberto Utrilla Moreno, dictaminó “asfixia mecánica por ahorcadura y que el cuerpo no presentaba golpes ni lesiones internas ni externas”, comparte indignada la familia.

El ex alcalde Dagoberto Santiago Román “protege y soborna a diferentes autoridades; amenaza y tortura psicológicamente a nosotros como familiares, así como a nuestra abogada Lorena Chávez Interiano y su hijo menor de edad”, denuncian los padres de Rolando, asì como su esposa y pequeña hija que le sobreviven.

“Seguimos exigiendo justicia y verdad a este mal gobierno de Velasco Coello, quien ha demostrado su falta de interés, su incompetencia e ineficiencia para que sean investigados y encarcelados todos aquellos que obstruyeron y participaron directa o indirectamente en el asesinato de José Rolando”, externan en un comunicado frente al palacio de gobierno, en Tuxtla Gutiérrez.

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