Como pueblos originarios de Juan C Bonilla denunciamos la grave situación en que los empresarios del corredor industrial Ciudad Textil Huejotzingo, el presidente municipal de Juan C. Bonilla, Joel Lozano Alameda y el Gobierno del Estado de Puebla a representación de Miguel Barbosa Huerta (MORENA), han puesto a las comunidades nahuas de Zacatepec, Nextetelco, Cuanalá y Ometoxtla, al Pretender construir, con amanezas como órdenes de aprehensión, difamaciones en medios de comunicación pagados, calumnias y represión de la policía Estatal y la Guardia Nacional, el Colector de desechos tóxicos industriales sobre nuestro río Metlapanapa, afectando así a miles de pobladores que habitamos en la cuenca del río Atoyac, el tercer río más contaminado del país debido a los corredores industriales San Martín – Huejotzingo.

El proyecto de Descarga de aguas tóxicas del corredor industrial Huejotzingo – denominado por las empresas y el CEAS-PUEBLA como Proyecto Integral de Alcantarillado Sanitario -, en el Río Metlapanapa se pretende realizar desde principios de mayo de 2018 en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla.

Desde esa fecha hasta la presente, la comunidad ha manifestado su negativa, dando como resultado una acta de la junta auxiliar de Santa María Zacatepec y un cabildo realizado el 29 de mayo de 2018 donde se firmó la negación del Proyecto por las graves afectaciones que traería a nuestra comunidad, ya que el proyecto contempla vertir los desechos de aproximadamente 30 empresas industriales, más 4 zonas habitacionales y residenciales de la zona del municipio de Huejotzingo. Entre los desechos que se vertiran en el río se encuentran elementos altamente dañinos a la comunidad y al medio ambiente de la población, entre ellos, hay plomo, cianuro, cobre, cadmio, arsénico, zinc, huevos de helminto, heces fecales… Lo que afectaría gravemente la salud de la flora y fauna de la región, ocasionando enfermedades como cáncer, leucemia, insuficiencia renal, malformaciones congénitas, cólera, infertilidad, entre otras enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

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Adriana Guzmán, una de las referentes del movimiento feminista de Bolivia, analizó la composición de los grupos opositores a Evo Morales que perpetraron el golpe de Estado. ¿Quiénes se sumaron a Camacho? La influencia del racismo y la religión. “Se alimentó una cultura del odio, colonialista, profundamente racista”, disparó.

El golpe en Bolivia tuvo como actores fundamentales a Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y, en el final, a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hay una composición social de los sectores que se plegaron al golpe. Adriana Guzmán, referente del Movimiento Feminista Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, dijo que “la clave es preguntarse cómo se suma la gente a las movilizaciones”, más allá de los grupos armados y financiados desde el exterior que impulsaron la maniobra.

“Mientras este país ha estado transformándose desde los pueblos originarios, planteándose como plurinacional, desde que levantamos la cabeza y recuperamos nuestra voz se alimentó una cultura del odio, colonialista, profundamente racista”, señaló la dirigente social, quien agregó que “desde este lógica de que los indios de mierda somos ladrones, corruptos y queremos quedarnos en el poder, nunca se cuestionó lo mismo de los presidentes blancos”.

La clase media formó los cabildos de los que surgió Luis Fernando Camacho como figura opositora, sin cargo ni candidatura. “Hay una clase media que está lejos de la administración del Estado y no puede entender cómo con todos sus títulos no están administrando. Y no están por su incompetencia, por los años en los que vendieron y saqueron el Estado”, reveló Guzmán.

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Ensayo la construcción de una explicación: hilar hechos y narrativas contrastadas porque, en estos momentos, de lo que se trata es de desarmar la lógica de polarización, enfrentamiento y champa guerra que hoy desgarran las ciudades y regiones de Bolivia.

Raquel Gutiérrez Aguilar.

2019-11-11 09:33

Han pasado más de dos semanas desde que el 20 de octubre se realizaron las elecciones en Bolivia y los sucesos acontecen con enorme rapidez. Es muy complicado comprender lo que allá está en juego, pues en las calles y carreteras de Bolivia no se expresa hoy solo una disputa electoral sino, al menos, el enorme y heterogéneo enojo contra diez años de agravios de Evo y su forma machista-leninista pseudo plurinacional de organizar el mando político, la economía y la vida pública. Toda esa energía social de desacato e impugnación a lo que la población ya no está dispuesta a continuar admitiendo, está siendo cercada por una gigantesca maniobra desde las más delirantes y machistas posturas conservadoras, capitalistas, racistas y religiosas.

Ensayo la construcción de una explicación: hilar hechos y narrativas contrastadas porque, en estos momentos, de lo que se trata es de desarmar la lógica de polarización, enfrentamiento y champa guerra [guerra de baja intensidad] que hoy desgarran las ciudades y regiones de Bolivia. También se trata de aprender de la ferocidad de lo que se confronta.

1. Lo que no hay que olvidar

Bolivia está atrapada en un fraude desde hace diez años. Desde que se pactó la Constitución y la permanencia del latifundio con los terratenientes del Oriente, desconociendo lo deliberado por una amplia constelación de diputados constituyentes, varones y mujeres, de las diversas nacionalidades que habitan el país. Aunque eso sí y también hay que recordarlo: eran personas convertidas en constituyentes a través de la mediación partidaria MASista que no sólo aceptó y mantuvo la representación partidaria como única forma de la actividad y participación política, sino que encontró maneras —mañosas— de desconocer cualquier otra forma en competencia de acuerpamiento político negando, desde entonces, la ampliación democrática. Es este, para muchas, un agravio añejo.

2. Lo que hay que tener presente

El 21 de febrero de 2016 se llamó a un referéndum en el que se preguntó a los hombres y mujeres bolivianos mayores de edad acerca de la reelección del Evo por cuarta vez, en contra y por encima del texto constitucional —es decir, de lo ya de por sí pactado en 2009. Y Bolivia dijo NO. No a la reelección indefinida de un régimen político de fomento al extractivismo aunque con retórica anti-imperialista y rígidamente autoritario aun vistiendo el disfraz plurinacional. Un régimen político extractivista pues, ferozmente anti-comunitario y misógino. Después, la gimnasia jurídica y argumentativa en relación al “derecho político” a la reelección que ocupó los siguientes años, agravió a muchísimos más cuando “habilitó” a Morales a permanecer indefinidamente en el gobierno.

3. El día de las elecciones

El 20 de octubre de 2019 hubo elecciones. Se confrontaban varios candidatos. Los dos con más posibilidades, Evo Morales postulado a través del MAS y Carlos Mesa por Comunidad Ciudadana, distinguibles en la forma presentaban, sin embargo, proyectos económicos que no diferían demasiado: ampliación del extractivismo como corazón del funcionamiento del país.

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A modo de crónica, queremos compartir lo que vimos, y no lo que no hemos visto, algo obvio pero que a estas alturas de las circunstancias, puede salvarnos de difundir fake news en medio de una noche de tanta zozobra en las ciudades de El Alto y La Paz.

La situación de los bloqueos de vecinos de la zona sur en La Paz, frente a los visos de fraude en las elecciones presidenciales del 20 de octubre, parecía, hasta el viernes 7 de noviembre, apagarse por cansancio. De manera inopinada, fue definida por el motín policial que comenzó en la ciudad de Cochabamba ese viernes por la tarde, motín que se extendió a otros departamentos, y por el hecho de que el alto mando militar en el último día haya quitado su apoyo al gobierno de Morales, en una suerte de alianza inédita. Este fue el día, histórico porque para muchxs quedó clarísima la ola de división y profundización del racismo y de las relaciones que son tan profundamente coloniales que están estallando por todos lados.

Por la tarde de ayer, 10 de noviembre, las calles paceñas del centro de la ciudad estaban llenas, luego de la renuncia de Morales, y luego de 21 días de paros protagonizados en la zona sur de La Paz, a la cual se plegaron otras zonas. El centro de la ciudad estaba medio repleto de la gente de la UMSA y la Universidad Católica, vecinxs sobre todo de la Zona Sur, carros particulares que arribaban también desde la zona sur, desfilaron por todo El Prado de La Paz, seguidos de carros de la policía, donde la gente festejaba la renuncia, en uno de ellos iba el conocido dirigente cívico cruceño Luis Camacho, (el “facho Camacho”, anoto).

Festejos, tristeza y saqueos

Sin embargo, en calles de barrios de las laderas y en la ciudad de El Alto, las actividades eran normales, como en los anteriores días, aunque había desconcierto frente a lo incierto de este momento. En El Prado, mientras unxs festejaban, algunas vendedoras, mujeres de pollera, derramaban lágrimas que parecían más de tristeza, lágrimas que también nos salieron incontenibles al saber de la quema de la wiphala que perpetraron las gentes que salieron a su festejo, lo vimos con mucho dolor por los símbolos que mal utilizó el partido que se desmoronaba a la vista de todxs. Otra señora que vendía sus refresquitos de durazno decía: “¡¿Por qué no ha aceptado el Evo la segunda vuelta?!”. Sin embargo, más tarde, la gente comenzó a dispersarse por rumores de grupos que vendrían a atacar la concentración. Este fue el día, histórico porque entre una gran incredulidad, se veía caer un gobierno que había entrado con toda la popularidad que jamás ha soñado cualquier presidente.

Ya en la tarde se supo de los saqueos de la populosa zona 16 de Julio, en El Alto, al caer la noche, se supo del saqueo de El Ceibo muy conocido edificio de productores de chocolate en plena Ceja de El Alto, y que pertenece a cooperativas de productores de cacao, perpetrada por grupos que son del MAS, también se reportó de la quema, ya verificada por el munipio paceño, de una flota de Buses Puma Katari, el servicio municipal de transporte, en La Paz y la quema de casas de líderes opositores al que era partido de gobierno.

Ante los ataques, autodefensa vecinal

Ya cerca de las once de la noche, se oyó gente bajando por nuestra calle, con palos gritando, se supo que eran luego de que pasó este grupo amenazante, la gente entre asustada y decidida, salió a armar fogatas en todas las esquinas como autodefensa por si pasaba otro. La respuesta vecinal fue inmediata, y muy fuerte en varias zonas de la ciudad, cada esquina está con vigilia, porque no sabemos bien quiénes son los que atacan, de dónde son, donde se dirigen y a qué plan obedecen, a pesar que por las redes, las noticias y reportes vecinales de toda la ciudad corrían como reguero: “avanzan por este barrio (foto cuando se puede)”, “en mi barrio también”, “y por el mío”, “estamos saliendo para defendernos”, “estamos en vigilia en mi barrio también”. El miedo aumentó cuando se recibieron reportes de muchas zonas por el recorte del servicio de agua potable. La pregunta que flotaba era ¿por qué estos grupos atacan en El Alto y bajan a las laderas?.

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Al Congreso Nacional Indígena

A la Comunidad Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A los Medios de Comunicación Libres

Presente.

Los pueblos originarios del Municipio de Juan C. Bonilla, integrados por San Mateo Cuanala, San Lucas Nextetelco, San Gabriel Ometoxtla y Santa María Zacatepec, así como la colonia José Ángeles.

Manifestamos.

En el marco de la lucha por la defensa de la tierra y el agua, como pueblos originarios de México, damos a conocer que por acuerdo de la asamblea general de pueblos del 31 de Octubre de 2019, se determinó presentar ante el Congreso del Estado. La solicitud para la revocación del mandato del actual presidente municipal y su ayuntamiento. Por la violación de acuerdos ya establecidos en la asamblea municipal realizada el día 14 de Agosto de 2019, en la cual firmaba su negativa a la descarga de los desechos tóxicos en el RÍO METLAPANAPA, producto del Proyecto Integral para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Zona Industrial de Huejotzingo, Puebla, conocido como “CIUDAD TEXTIL”

A continuación se hace una cronología de los acontecimientos en los cuales el C. Joel Lozano Alameda ha faltado a los acuerdos establecidos por la población además de violar los derechos de los ciudadanos.

13 de Agosto de 2019.

En una reunión en la presidencia auxiliar de Santa María Zacatepec, en compañía de delegados de Gobernación, a manera de amenaza, expreso su inconformidad ante la difusión de información sobre el problema de las descargas toxicas en el rio Metlapanapa, cuartando nuestro derecho a la libertad de expresión.

14 de Agosto de 2019

Ante las múltiples solicitudes del pueblo, el C. Joel Lozano Alameda, acepta una asamblea municipal, en la cual en compañía de unos cuantos de sus regidores y los presidentes auxiliares, firma dando su negativa a dicho proyecto, acuerdo que posteriormente rompe e ignora.

En esta asamblea, fue la primera vez que se presentaron los “ingenieros” tratando de engañar a los pobladores, presentando información falsa.

24 de Septiembre de 2019

Alrededor de las nueve de la mañana se presentó la maquinaria a la altura del puente Metlapanapa, para iniciar labores de construcción de dicho drenaje, en compañía de un aproximado de 50 elementos de la policía federal, así como dos tanquetas de la Guardia Nacional. El C. Joel Lozano Alameda no se presentó.

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Nos duelen 56: En vísperas de que empiece el juicio, organizaciones de América Latina y del Mundo piden justicia y la rendición de cuentas de altos cargos en caso Hogar Seguro

22 de octubre de 2019

Hoy, 22 de octubre de 2019, inician audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso “Hogar Seguro”. Organizaciones de todo el continente y mundo entero, incluyendo las que integran el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina*, piden unánimemente justicia para uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en América Latina.

El 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en municipio de San José Pinula, a las afueras de Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un incendio en el aula donde habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades del hogar. El fuego se propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos, es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables.

Las niñas y adolescentes habían pasado toda la madrugada en dicha aula, con menos de un metro de espacio por persona, sin poder cambiarse ni bañarse, sin agua potable ni sábanas, como forma de castigo tras haber intentado escapar del hogar a causa de los malos tratos, abusos sexuales y otras violaciones a los derechos humanos documentadas, a los cuales eran sometidas de forma rutinaria. En el marco del intento de fuga, que culminó en la captura y detención de las niñas, los niños y adolescentes en las afueras del Hogar Seguro por parte de agentes de la PNC, varias de ellas, junto con los niños y adolescentes varones que residían en el hogar, recibieron golpes con batón, escudo policial y aparatos de descargas eléctricas, fueron rociadas con gas pimienta y fueron puestas en el suelo boca abajo, con grilletes.

Según las informaciones recibidas a través de las organizaciones guatemaltecas que forman parte del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, el proceso penal para enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y obstáculos. Entre los principales, destaca que se haya fragmentado la investigación y el enjuiciamiento en tres procesos, en el marco de los cuales se investigan delitos y personas distintas, todas ellas relacionadas con los mismos hechos. Asimismo, se han pospuesto diligencias y etapas del proceso en múltiples ocasiones, retrasando el proceso de forma indebida con el impacto consiguiente en las víctimas sobrevivientes y sus familias.

Un punto que genera especial preocupación es que las figuras delictivas de las que se está acusando a las personas que se someterán a juicio en los próximos meses (Carlos Antonio Rodas Mejia, el entonces Secretario de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia de la República de Guatemala, Anahy Keller Zabala, la entonces Subsecretaria de Protección, Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS de la Presidencia de la República y Santos Torres Ramirez, el entonces Director del Hogar Virgen de la Asunción) son delitos menores, que no reflejan la gravedad e intencionalidad de las acciones y omisiones que resultaron en los hechos mencionados. En este sentido, el Comité contra la Tortura (CAT) en diciembre de 2018 expresó preocupación “acerca de la calificación de los hechos como delitos menores, sin tener en cuenta la intimidación como posible finalidad, la falta de investigación acerca de las alegaciones de malos tratos, abuso sexual y trata en dicho centro” (CAT/C/GTM/7, párr. 24).

El CAT urgió a Guatemala a “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las alegaciones de homicidios, torturas, malos tratos, abusos sexuales y trata de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el Hogar Virgen de la Asunción”, que incluyeran tanto antes como después de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 (CAT/C/GTM/7, párr. 25 (a)).

En este contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus familias no han sido atendidas ni reparadas debidamente. Por el contrario, ha habido múltiples hechos que indican la estigmatización y criminalización de las víctimas por parte de las autoridades. Tal es el caso de una de las sobrevivientes, quien recientemente ha sido denunciada y se ha iniciado una investigación en el Ministerio Público de Guatemala por ser la supuesta responsable de los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017, así como los argumentos constantes de los abogados defensores acusando a las niñas, adolescentes y sus familias de culpables. De la misma forma, el hecho que las víctimas sobrevivientes sean sometidas a las mismas preguntas una y otra vez por parte de jueces, fiscales y abogados que actúan en los tres procesos distintos relacionados con los mismos hechos es sumamente revictimizante y las expone, junto con sus familiares, testigos, abogados y peritos involucrados en el caso, a un mayor riesgo de sufrir amenazas, coacciones e incluso atentados contra su vida e integridad.

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Siguen las manifestaciones sin precedente en Chile contra el régimen político – económico que encabeza el empresario y presidente de Chile, Sebastián Piñera Echeñique, acusado de violar derechos humanos y de acciones gubernamentales de facto, quien además es anfitrión de dos cumbres internacionales en noviembre y diciembre (Apec y COP25).

Este domingo nuevamente se realizaron masivas manifestaciones en todo el País, continuando este lunes activamente. Más de 100.000 personas se movilizaron en Viña del Mar y Valparaíso, considerada histórica, quienes se dirigieron al Congreso de la República y fue reprimida para impedir el paso al edificio legislativo.

El presidente firmó este domingo los decretos que suponen el levantamiento del estado de excepción en todo Chile a partir de las 0.00 horas de este lunes, 28 de octubre, con ello logrando las masivas manifestaciones la retirada de los militares de las calles, terminando así el toque de queda que afectaba a numerosas localidades en el País, luego de una serie de asesinatos, torturas, violaciones, abusos y miles de heridos.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), órgano autónomo del Estado, mantiene un formulario en sitio web para recibir denuncias relacionadas a violaciones de los derechos humanos por parte de agentes del estado. Amnistía Internacional anunció comisión investigadora para documentar las violaciones a los derechos humanos. A su vez, impulsó una campaña denominada: “Presidente Piñera, detenga ya la represión contra manifestantes en Chile”. Por su parte, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que decidió convocar por oficio la audiencia pública “Situación de derechos humanos en el contexto de la proteste social en Chile”. La audiencia tendrá lugar el 11 de noviembre de 2019, de 17:00 a 18:00 (hora local en Quito), en el marco del 174 Periodo de Sesiones, a realizarse del 8 al 14 de noviembre de 2019, en Quito, Ecuador.

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