Pueblos Indígenas
CIDH admite el caso de la masacre de la comunidad de Viejo Velasco
El grupo paramilitar OPDIC y Policías Estatales responsables de 6 ejecuciones extrajudiciales, 2 desapariciones forzadas y 36 familias en desplazamiento forzado.
El 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el Informe de Admisibilidad No. 264/20 con relación a la Petición 1594-10 Pedro Núñez Pérez y Otros (Masacre de Viejo Velasco),1 ocurrida en el marco de una estrategia violenta de despojo territorial emprendida por el Estado mexicano contra comunidades indígenas tseltales y choles, asentadas en la Selva Lacandona, en Chiapas, México.
El 22 de noviembre de 2006, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. (Frayba) solicitó a la CIDH medidas cautelares para garantizar la vida e integridad de los señores Mariano Pérez Guzmán, Antonio Peñate López, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez. Estas personas fueron desaparecidas de manera forzada el día 13 de noviembre de 2006, por el grupo paramilitar Organización Para la Defensa de Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC),2 acompañado de Policías Estatales y otros servidores públicos cuando se desalojó a las familias que vivían en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo. Frente a la ineficacia de la Fiscalía del estado de Chiapas para efectuar la investigación y poder dar con el paradero de las personas desaparecidas, los familiares y una Comisión Civil de Observación asumió la búsqueda. El 6 de julio del 2007 encontraron restos óseos en la ruta que va de la comunidad Paraíso hacía Viejo Velasco. Con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense se logró la identificación de los restos de Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez.
Además de la desaparición forzada de cuatro personas, ese día también fueron ejecutadas María Núñez González (quien se encontraba embarazada), Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez y Vicente Pérez Díaz. En este mismo hecho, fueron privadas de forma arbitraria de su libertad Petrona Núñez González y Diego Arcos Meneses y torturadas por parte del grupo paramilitar OPDIC. A consecuencia de la afectación psicológica que vivió, Petrona Núñez González falleció en el 2010.
Actualmente, 36 personas de la comunidad Viejo Velasco se encuentran en desplazamiento forzado sin ninguna garantía para su retorno y cuatro integrantes del Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xinich cuentan con órdenes de aprehensión acusados injustamente de cometer la Masacre.
El 5 de octubre de 2010, la CIDH cerró la medida cautelar y la petición de demanda al Estado mexicano dio trámite. En dicha demanda se señala su responsabilidad internacional por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, privación arbitraria de la libertad y órdenes de aprehensión irregulares a consecuencia de la Masacre de Viejo Velasco.
En México, Guardia Nacional desaloja plantón contra Proyecto Integral Morelos
Cerca de 300 elementos de la Guardia Nacional (GN) desalojaron el plantón que desde hace cuatro años mantenían los ejidos de Ayala, Morelos, para evitar el despojo del agua por las obras de infraestructura del Plan Integral Morelos (PIM).
El plantón fue removido alrededor de las 2:15am para dar paso a las máquinas y trabajadores para reiniciar los trabajos del acueducto del PIM. Aunado al desalojo, también colocaron paredes de lámina para bloquear el libre tránsito y el derecho a la manifestación de los integrantes de la oposición al megaproyecto.
Al cierre de esta edición, ejidatarixs del oriente de Morelos bloquean la carretera de Cuautla a Anenecuilco, en un contexto de fuerte despliegue policíaco con sobrevuelo de helicópteros incluido.
Traición
Un comunicado firmado por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, enfatiza que “Hoy se culmina la traición de López Obrador al pueblo campesino de Morelos y pueblos originarios que son afectados por el Proyecto Integral Morelos”.
En la denuncia del Frente también se subraya que el presidente ha mentido al señalar que todos los recursos de amparo han sido resueltos, con lo cual pretende legitimar las acciones de represión contra los ejidatarios de Morelos.
“Hay vigentes al día de hoy 19 amparos, 9 con suspensiones del agua, 1 con suspensión del gasoducto y 1 con suspensión para que no contaminen el Río Cuautla con las aguas de purga de la termoeléctrica. Y hoy el presidente de la República ordena realizar el robo del agua de los ejidos de Ayala, cuna del zapatismo y agrarismo mexicano”, denuncia el comunicado del Frente.
La representación de 17 de los ejidos y comunidades de Morelos que llevan procesos legales en defensa de sus derechos a la tierra, agua, medio ambiente y seguridad también han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que requiera al Estado mexicano la aplicación de medidas cautelares bajo el expediente MC-1056-20.
Bajo dicho proceso, lxs campesinxs exigen al gobierno Mexicano el respeto a la integridad física de quienes se oponen al PIM, el derecho de libre manifestación, así como la suspensión del PIM como resultado de los amparos “que evitan la afectación de los derechos patrimoniales de pueblos originarios y ejidos, y por la oposición y violación histórica a los derechos humanos generada por este proyecto, así como revise la imparcialidad y profesionalismo de los jueces y autoridades vinculadas al proyecto”, explica el comunicado ante el desalojo.
Lxs ejidatarixs detallaron que el desalojo para dar paso a la termoeléctrica no es en beneficio para el pueblo de México, pues el país ya tiene una capacidad de generación eléctrica 40% mayor a la que necesita, en cambio la medida de reactivar el proyecto del PIM es en beneficio de empresas trasnacionales.
“Hoy como Madero hace 109 años, López Obrador, traiciona al campesino y la promesa de cambio de su gobierno, para favorecer a las empresas transnacionales Saint Gobain, Nissan, Burlington, Continental, Elecnor, Enagas, Gas Natural del Noreste, las empresas mineras canadienses como Alamos Gold, entre otras”, enfatiza el comunicado del Frente.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala denunció que el gobierno federal aprovecha la contingencia generada por el virus COVID-19 para imponer el megaproyecto del PIM “de manera multitudinaria con el ingreso de cientos de elementos de la GN que forzan a confluir a igual número de campesinos que defienden sus derechos agrarios”.
A continuación, puedes consultar el comunicado completo
















