Frente a los ataques y la barbarie de los últimos años contra las Bases de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), se ha desplazado una caravana de solidaridad a la Comunidad de Nuevo San Gregorio formada por organizaciones, colectivos y personas a título individual, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, con el objetivo de acompañar los trabajos del campo de la comunidad esenciales para sus supervivencia, así como de documentar todas las vulneraciones de derechos humanos y ataques a la comunidad.

En el día de ayer, la Caravana denunció la invasión de la zona de trabajo por parte de un grupo hostil. En la denuncia manifiestan cómo “se documentó la presencia del grupo invasor en los trabajaderos, por lo cual las BAEZLN decidieron suspender la siembra de maíz y frijol que se tenía planeada. Esta nueva invasión, además de obstaculizar el trabajo en el campo, actividad fundamental para la supervivencia de las familias, también impide que se le pueda dar alimento a los animales y el regreso de las BAEZLN a sus casas, ya que tienen que cruzar por el espacio en donde se instaló el grupo invasor”.

La invasión constituye una nueva agresión a la autonomía alimentaria y el derecho a la tierra, tal y como señala la caravana, “Estos son los mismos mecanismos de invasión que se vienen utilizando desde el mes de noviembre del 2019 por parte del grupo invasor, y es una de las razones de la presencia de la Caravana de Solidaridad. Las y los pobladores de la comunidad de Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo de Lucio Cabañas, identificaron entre el grupo invasor a las siguientes personas; del poblado de San Gregorio Las Casas: Nicolás Pérez Pérez, Sebastián Bolom Ara, Pedro Hernández Gómez, Alejandro Pérez Huet, Nicolás Moshán Huet y Sebastián Ara Moshán. Del Duraznal: Javier Gómez Pérez, Manuela Moshán Huacash, Miguel Gómez Méndez y Pedro Pérez Pérez. De Rancho Alegre a Felípe Enríquez Gómez y de San Andrés Puerto

Rico a Miguel Moshán Huey y Manuel Moshán Moshán”.

La Confederación General del Trabajo (CGT) reitera su apoyo a las Bases de apoyo del EZLN y exige el fin de los hostigamientos por parte de las y los invasores. Del mismo modo, sirva el presente comunicado público como denuncia frente a la Embajada de México en Madrid, a quien se lo hacemos llegar, exigiendo que se tenga en cuenta y responsabilice a los malos Gobiernos en sus tres niveles de gestión del mantenimiento de la inseguridad en Chiapas.

El próximo día 20 de febrero se cumplirán dos años del asesinato de Samir Flores Soberanes, Integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, miembro del Congreso Nacional Indígena​ y fundador de la estación comunitaria Radio Amiltzinko. Hasta la fecha ni los malos gobiernos ni sus administradores de in-justicia han identificado a los asesinos. Desde CGT ni perdonamos ni olvidamos, y anticipamos que los ataques a las comunidades zapatistas y a las Bases de apoyo al EZLN no nos resultan ni ajenas ni lejanas. Exigimos el fin de la violencia contra las Comunidades y Bases de apoyo zapatistas.

¡Viva la autonomía zapatista!

¡Viva el EZLN, sus Bases de Apoyo y Comunidades autónomas!

¡Ninguna agresión sin respuesta!

¡Samir vive!

La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional, en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

obladoras y pobladores de la localidad de Laraquete, denuncian el nuevo proyecto Planta de Innovación Circular Arauco, de la empresa Verdecorp Spa, que tiene como objetivo su construcción y operación destinada al tratamiento de residuos provenientes de la industria agrícola, forestal e industrial, urbanos, y residuos orgánicos domiciliarios, la cual pretende instalarse en las cercanías del Humedal Estero el Molino de Laraquete, afectando toda la biodiversidad del espacio.

Por Javiera Coñuenao

El pasado 23 de enero, los mismos pobladores visitaron el humedal y pese a que la Planta, no cuenta con los permisos de estudios de Impacto Ambiental, se pudo apreciar una gran cantidad de materia orgánica que ya está siendo acumulada en dicho lugar, provenientes de los desechos de las cosechas forestales.

En la denuncia señalan “se podían distinguir en la superficie de estas montañas de desechos, humaredas por la combustión de estos mismos elementos. Así también, pudimos observar que este vertedero se emplaza  justamente frente al humedal estero El Molino y que con los vientos se levanta de los desechos una enorme masa de polvo que ya está comenzando a cubrir de gris nuestro último pulmón verde nativo de la zona de entre Laraquete y Horcones”.

La importancia del pulmón verde

El humedal el Molino, ubicado a 2 kilómetros al Sur de Laraquete, es un habitad natural que conserva un cordón no menor de árboles nativos como arrayanes, temus, boldos, pitra, maitenes, entre otras especies, un sitio relevante para la nidificación de aves de la zona. Sirve como zona de amortiguación de las crecidas del estero El Molino ante posibles inundaciones debido a las precipitaciones y forma parte de la red de humedales costeros de Chile.

Este ecosistema natural ha sido popularizado como “la selva” debido al característico crecimiento de sus árboles y especies trepadoras, pero hoy los habitantes aledaños a este espacio, ven con preocupación el daño que ha provocado el continuo avance de la Celulosa Arauco, sobre este sitio, uno de los pocos donde aún prevalecen especies nativas en la provincia de Arauco.

El daño sobre el Estero

Recordemos entonces, que en el año 2017 nos enteramos que Celulosa Arauco adquirió gran parte del terreno de este sector, que va desde la población El Pinar, hasta el fundo María Las Cruces, el terreno consta de 700 hectáreas. Lo que ahora se ha dividido entre el Fundo Elvira Las Cruces, Sara Las Cruces y María Las Cruces. En la siguiente tabla se detallan la superficie utilizada y las especies plantadas entre el año 2015, 2016 y 2018.

En aquel periodo el movimiento socio ambiental Arauko tiene mil penas, y distintas organizaciones de las localidades afectadas, emplazaron a la empresa Arauco, que pretendía destinar las 700 hectáreas para el monocultivo forestal. Fue así, como a través de instancias de reuniones abiertas entre la empresa y la comunidad, denominadas por Arauco “Casas Abiertas”, las organizaciones se opusieron a tal idea y se logró frenar en parte el plan.

“Finalmente la empresa solo disminuyó la cantidad de plantación a 29 hectáreas de monocultivo entre pinos y eucaliptus y además intercaló las plantaciones con algunos árboles nativos, lo que según ellos sería un proyecto de reforestación”, señalan en la declaración, de esta manera la empresa continuó con la plantación de monocultivo en uno de los pocos espacios que  sobrevivía al avance forestal.

Ante esto, la comunidad denuncia que hoy se ven las graves consecuencias de esa desastrosa acción sobre el estero El Molino, “el estero ya está seco, no hay casi nada de agua en él y más parece un canal de agua estancada que un estero”.

La amenaza ambiental de los residuos industriales

Actualmente el riesgo está sobre el bosque nativo, ya que el nuevo proyecto de la Planta de Innovación Circular, se ubica a escasos 35 metros del cordón verde situado en el humedal y a 180 metros del estero El Molino. A continuación compartimos una imagen del lugar.

Recordemos que la esta empresa trabaja en conjunto con Arauco, quien es propietaria de 700 hectáreas de terreno. Así, la forestal dispone del espacio para dar acción a la planta procesadora de residuos de la industria celulosa, compuestos principalmente por cenizas, arenas, residuos sólidos, carbonato de cal, lodos de plantas de tratamiento de efluentes, cortezas sucias y entre otros.

Nuevos hechos

Recientemente hubo un hallazgo importante de piezas de cerámicas mapuche lafkenche que datarían del año 1400, en las cercanías del humedal, mientras se realizaban obras de excavación en un sitio perteneciente a un privado, Para los vecinos este hecho será un argumento fundamental para exigir un estudio de impacto ambiental participativo, Nicole una de las defensoras del humedal sostiene lo siguiente, “que se vea realmente el impacto hacia la salud de la gente, al medio ambiente, hacia la cultura mapuche lafkenche y se respete”.

Nicole, nos cuenta que ayer martes 02 de febrero, durante un puerta a puerta realizado por el Gerente de la empresa Verdecorp, junto a una persona encargada del Servicio de Evaluación Ambiental y un representante de la municipalidad, se enteran que la Planta de innovación circular Arauco, lleva 2 años de funcionamiento en el lugar, todo esto sin previa consulta ni aviso a la ciudadanía. Ante lo cual, la comunidad tuvo una reacción negativa al sentirse vulnerados por la  empresa, ya que en ningún momento hubo un acercamiento de parte de la compañía hacía la comunidad.

Frente al complejo escenario que se agrava aún más con el funcionamiento de la planta, durante el puerta a puerta  se exigió la realización de una consulta e instancia de participación ciudadana y a pesar de estos hechos negativos recién conocidos, desde las pobladoras y pobladores de Laraquete evalúan en generar un nuevo movimiento socio ambiental para la coordinación con las distintas organizaciones y continuar en la lucha por la protección del humedal y estero El Molino. Y finalizan su declaración con las siguientes palabras.

“Ante el nefasto panorama que amenaza con destruir un lugar de vital importancia, perder los grandes beneficios que nos entrega y  lo poco que nos queda de flora nativa dentro del territorio que habitamos,  hacemos un llamado a la toma de conciencia y acción que nos permitan evitar circunstancias que no nos hagan lamentarnos en un futuro próximo”.

En la comuna de Máfil, por medio de la realización de Nguillatun el pasado 28 y 29 de enero la comunidad Huemal Curin junto a pu lof provenientes de los cuatro puntos del Wallmapu /Meli witxan mapu, renueva su compromiso y fortaleza por la recuperación y defensa territorial Mapuche.

En esta rogativa de renovación del espíritu, se presentaron las nuevas generaciones de pu domo pu wentru weichafe para que como pueblo huilliche se extiendan y se levanten en sus espacios ceremoniales y recuperaciones territoriales para la defensa del territorio, en el desarrollo y la defensa del kimun mapu y del feyentun mapuche. También en estos dos días se honró a pu weichafes asesinados por el Estado chileno, para que su newen siga fortaleciendo cada proceso en cada lugar.

En palabras del werken Miguel Catrilaf se recalca el fortalecimiento desde la juventud williche, hace un llamado a la recuperación del kimün » poder entender qué significa ser mapuche, entender nuestra ñuke mapu, el sol, la luna, la noche…es una forma de lucha digna, sabia y que lleva miles de años».

La comunidad Huemal Curin extiende el llamado a los distintos territorios a unir fuerzas y seguir en el weichan.

Las imágenes utilizadas en esta nota han sido consensuadas y autorizadas por la comunidad.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
A 3 de febrero del 2021.

A las Juntas de Buen Gobierno y Bases de Apoyo del E.Z.L.N.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Al Concejo Indígena de Gobierno.
Al Congreso Nacional Indígena.
A las Redes de Resistencias y Rebeldías
A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
A los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen.
A los medios de comunicación nacionales e internacionales.
A la opinión pública.
A la sociedad civil organizada.

El día 1 de febrero del 2021, mientras la Caravana de Solidaridad realizaba su trabajo de acompañamiento a las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) de la comunidad de Nuevo San Gregorio, se documentó la presencia del grupo invasor en los trabajaderos, por lo cual las BAEZLN decidieron suspender la siembra de maíz y frijol que se tenía planeada.

Esta nueva invasión, además de obstaculizar el trabajo en el campo, actividad fundamental para la supervivencia de las familias, también impide que se le pueda dar alimento a los animales y el regreso de las BAEZLN  a sus casas, ya que tienen que cruzar por el espacio en donde se instaló el grupo invasor.

Como caravana de Solidaridad, consideramos que esta acción es una agresión a la autonomía alimentaria y el derecho a la tierra. Estos son los mismos mecanismos de invasión que se vienen utilizando desde el mes de noviembre del 2019 [1] por parte del grupo invasor, y es una de las razones de la presencia de la Caravana de Solidaridad.

Las y los pobladores de la comunidad de Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo de Lucio Cabañas, identificaron entre el grupo invasor a las siguientes personas; del poblado de San Gregorio Las Casas: Nicolás Pérez Pérez, Sebastián Bolom Ara, Pedro Hernández Gómez, Alejandro Pérez Huet, Nicolás Moshán Huet y Sebastián Ara Moshán. Del Duraznal: Javier Gómez Pérez, Manuela Moshán Huacash, Miguel Gómez Méndez y Pedro Pérez Pérez. De Rancho Alegre a Felípe Enríquez Gómez y de San Andrés Puerto Rico a Miguel Moshán Huey y Manuel Moshán Moshán.

Como lo hemos mencionado anteriormente, esta caravana de solidaridad está integrada por organizaciones, colectivos y personas a título individual, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, reafirmamos que nuestra misión es la solidaridad con las BAEZLN, y la documentación como parte del trabajo pacífico que venimos haciendo para que se respeten los derechos humanos de las BAEZLN. En cada salida de esta caravana se ha contado con el acompañamiento y observación de derechos humanos de el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), para garantizar también nuestra integridad y respeto a nuestros derechos humanos.

Les pedimos estar atentas y atentos, difundir los sucesos  y hacer un llamado a las instancias correspondientes.

Atentamente:
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH).
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI).
Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C.
Enlace Civil, A.C.
Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR).
Grupo de trabajo No Estamxs Todxs.
Lumaltik Herriak.
Médicos del Mundo, Suiza-México.
Memoria Viva.
Promedios de Comunicación Comunitaria A.C.
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq.
Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (SADEC).
BIZILUR.
TxiapasEKIN Plataforma.
Y otros Colectivos, organizaciones y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

Por Jasmin Hristov y Karen Spring

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Lea aquí la 1ra parte de este Especial ⇒ Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo

Parte IV

Paramilitar en el Sector Energético

La violencia paramilitar también se ha dirigido a los movimientos sociales que se oponen a los proyectos neoliberales en el sector energético, particularmente en torno a la construcción de represas hidroeléctricas. Uno de los casos emblemáticos es la resistencia indígena a la represa hidroeléctrica Agua Zarca por parte del Consejo Popular Indígena y Popular de Honduras (COPINH) en la región de Río Blanco, en el departamento de Intibucá.

El COPINH fue co-fundada por la activista feminista indígena asesinada y ganadora del Premio Ambiental Goldman, Berta Isabel Cáceres Flores. En 2011, el COPINH comenzó a apoyar a las comunidades Lenca de Río Blanco que se oponían a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque. La empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA (DESA) había recibido financiación de varias instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para construir la presa en un terreno para el cual los residentes locales tienen un título de propiedad comunitaria desde 1911 (Bird, 2013a).

El principal propietario de DESA es la poderosa familia hondureña Atala Zablah, que tiene familiares y fuertes lazos comerciales con dos grandes bancos hondureños, Ficohsa y BAC Honduras. Las comunidades se oponen a la represa porque el río Gualcarque es sagrado para el pueblo Lenca y su construcción cortaría el suministro de agua, alimentos y medicinas para estas comunidades pobres y relativamente aisladas (BBC, 2018).

En diciembre de 2015, agentes de investigación de la Policía Nacional Civil detuvieron a García Mejía quien confesó que DESA lo había contratado para silenciar a miembros del COPINH y afirmó que Berta Cáceres era la primera en la lista de personas a eliminar. Mejía fue liberado cuatro días después de que ejecutivos de DESA usaran su influencia sobre la fiscalía y pagaran a un representante legal para defenderlo (Criterio, 2019). Después de su liberación, García Mejía comenzó a trabajar como guardia de seguridad en DESA.

Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su domicilio de La Esperanza a los 44 años de edad (GAIPE, 2017). Después de meses de protestas nacionales e internacionales, las personas vinculadas a DESA finalmente fueron arrestadas. En 2018, siete hombres fueron condenados por el asesinato de Cáceres, entre ellos dos oficiales de DESA, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, y el mayor Mariano Díaz, oficial de inteligencia militar del 15° Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras. El tribunal determinó que los tres estaban involucrados en la planificación del asesinato y la contratación de los sicarios que también fueron declarados culpables de asesinato.

El sicario principal, Henrry Javier Hernández, era un ex-militar de las fuerzas especiales destinado en la región del Bajo Aguán y estudió con el mayor Mariano Díaz, también condenado por el asesinato de Cáceres. Antes de su arresto Hernández había trabajado para dos empresas de seguridad privada después de dejar el ejército, incluyendo una empresa que trabaja con empresas de Walmart en Honduras y otra con Corporación Dinant en el Valle del Aguán.

El 2 de mayo de 2018, Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de DESA y oficial de inteligencia militar entrenado en Estados Unidos, fue arrestado por estar involucrado en el asesinato de Cáceres (BBC, 2018). Según uno de los miembros del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) que investiga el caso, existía una “estructura criminal compuesta por ejecutivos y empleados de la empresa, agentes estatales y bandas criminales que utilizaron violencia, amenazas e intimidación” para atacar al COPINH y a Cáceres (citado por Malkin, 2017).

A nivel comunitario, DESA colaboró ​​con familias y personas que se beneficiaron económicamente de la presencia de la empresa en Río Blanco y personas temidas por la población local por sus actividades delictivas y reputación de asesinos (COPINH, 2019a; Bird 2013a). Esto se demostró en extracciones telefónicas presentadas como prueba de caso contra los asesinos de Cáceres. En un mensaje, el ejecutivo de DESA, Castillo, hace referencia al sicario local de Río Blanco, García Mejía, llamándolo “la mejor seguridad en el sitio de la represa” (DPLF et al, 2019).

Desde el asesinato de Cáceres, los miembros del COPINH en Río Blanco han seguido enfrentándose a la violencia. El 10 de diciembre de 2017 desapareció Elvin Saúl Madrid, miembro del COPINH de dieciocho años. Al día siguiente, el cuerpo de Madrid fue encontrado cerca de las casas de los familiares del sicario Olvin García Mejía. En marzo de 2019 fue asesinado Olban Adonay Gómez, hijo del líder comunitario Mauro Gómez (COPINH, 2019). Poco después del asesinato de Berta, Nelson García, miembro del COPINH, recibió un disparo de camino a su casa después de haber acompañado a una comunidad en Río Chiquito en el departamento de Santa Bárbara, que enfrentaba un desalojo violento.

En julio de 2016, el cuerpo de la defensora de derechos humanos y lideresa comunitaria Lesbia Yaneth Urquia Urquia fue encontrada cerca del basurero municipal de Marcala, Departamento de La Paz. Lesbia había desaparecido un día antes alrededor de las cinco de la tarde. Fue miembro del COPINH y estuvo involucrada en la oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en el municipio de San José, Departamento de La Paz.

Del mismo modo, en la comunidad de San Isidro del Volcán, Departamento de La Paz, integrantes del movimiento indígena MILPA que se opusieron a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Chinacla relatan cómo enfrentan los intentos constantes del Estado de imputar a los campesinos por delitos penales: “En el 2015, nos pusieron un operativo militar de 30 militares, 20 de la policía nacional y 20 del ejército del batallón de Marcal y 9 civiles de la comunidad, donde a nosotros nos pedían la droga, a un niño mío le hicieron tres disparos tipos de éstos en punto de las cuatro de la mañana”, Cuentan los miembros de MILPA.

Violencia Paramilitar en el Sector de Turismo

A lo largo de la costa caribeña del norte de Honduras hay aproximadamente 46 comunidades garífunas afro-indígenas. Muchos poseen títulos ancestrales colectivos sobre la tierra en la que viven y que cultivan. Desde el surgimiento del neoliberalismo, el Estado hondureño ha rechazado sistemáticamente los derechos territoriales indígenas y ha introducido nuevas legislaciones para despojar sistemáticamente a los garífunas de sus tierras.

El turismo residencial, como en el caso de `Indura Beach and Golf Development´ a lo largo de la costa norte, se ha presentado como una industria ecológica sostenible que puede beneficiar a las comunidades locales. En realidad, el desarrollo del turismo en la costa norte ha supuesto el desalojo forzoso de varias comunidades de sus tierras, entre ellas Barra Vieja, Armenia y Castilla. Las políticas y planes de desarrollo turístico han encontrado una fuerte resistencia por parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). La organización trabaja con las comunidades garífunas para reclamar tierras ancestrales, desafiando judicialmente el robo de tierras y apoyando proyectos de recuperación de tierras (Gibler, 2017).

Miriam Miranda, Coordinadora General de OFRANEH, ha sido víctima de innumerables “amenazas de muerte, criminalización, persecución, acoso e intimidación” durante sus años de activismo (Spring & Russell, 2017). En diciembre de 2011, el gobierno indígena garífuna de Cristales y Río Negro (es decir, la Bahía de Trujillo) presentó una demanda contra el desarrollador de turismo canadiense, Randy Jorgensen, propietario de Life Vision Development (Schertow, 2012) por la adquisición ilegal de sus tierras y fue “acusado de incautación y posesión ilegal de territorios garífunas” (Soto García, 2016).

En 2015, un juez de un tribunal de Trujillo determinó que no había suficientes pruebas contra Jorgenson, pero le dio al fiscal especial para los pueblos indígenas y los garífunas cinco años para presentar más pruebas. Dos semanas después de la comparecencia de Jorgenson ante el tribunal, miembro de OFRANEH y presidente del Comité de Defensa de la Tierra de Cristales y Río Negro, Vidal Leiva fue disparado frente a su casa en Trujillo (Cuffe, 2015).

Después del ataque, Leiva informó que los tres hombres armados fueron contratados para matarlo, por su participación en la defensa de la tierra garífuna (Cuffe, 2015). En octubre de 2016, en la Bahía de Trujillo, la policía hondureña acompañada de un grupo de sicarios quemó las casas de varias familias garífunas en la comunidad de Guadalupe (OFRANEH, 2016). El terreno en el que vivían estaba destinado al desarrollo del mega-turismo y a proyectos de comunidades cerradas para turistas extranjeros, por Jorgenson y Patrick Forseth de CARIVIDA (OFRANEH, 2016; Spring & Russell, 2017).

La violencia llevada a cabo por actores estatales y no estatales ha ido acompañada de la criminalización de líderes comunitarios garífunas que se oponen a los proyectos turísticos. Dado que la costa norte y el mar Caribe son rutas estratégicas de tránsito para el tráfico mundial de drogas, una de las narrativas dominantes difundidas en los medios de comunicación es sobre los esfuerzos de seguridad nacional para combatir la guerra mundial contra las drogas. Los miembros de la comunidad garífuna son acusados con frecuencia de estar involucrados en el tráfico de drogas.