Deforestación, pérdida de biodiversidad, clientelismo y corrupción son solo algunas de las consecuencias en la implementación de Sembrando Vida, el programa ambiental más ambicioso del gobierno federal, el cual busca reforestar un millón de hectáreas de terrenos deteriorados en todo México.
Lo anterior es señalado en múltiples reportes elaborados tanto por académic@s, ONGs y prensa. Uno de los estudios, Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019, realizado por Javier Warman, Iván Zúñiga y Manuel Cervera, señala que el programa provocó la deforestación en un área de 72 mil 830 hectáreas. “Existe un aspecto crítico relacionado a la pérdida de coberturas: la focalización de este fenómeno en solo 22 municipios del país y una gran concentración de pérdidas (50,981 hectáreas que representan el 70% de las pérdidas) en regiones vulnerables al cambio climático y de gran biodiversidad de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Campeche”.
Para el año de 2019, el municipio con mayor pérdida forestal es Ocosingo, en Chiapas, con 12 mil 920 hectáreas, seguido de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, con 5 mil 829 hectáreas perdidas.
Las áreas dañadas, 11.2% del total de la superficie beneficiada, fueron ubicadas por un estudio con imágenes satelitales y representa casi la mitad de la cantidad anual promedio de cobertura forestal que se pierde debido a cambios en el uso de la tierra y la tala ilegal en la misma región, según cálculos del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).
En un reportaje publicado por Bloomberg, campesinos inscritos a Sembrando Vida, en los estados de Yucatán y Campeche, relataron haber talado y quemado árboles para recibir dinero del programa.
Esta denuncia reciente se suma a las difundidas desde finales del 2019 y durante el año 2020. Por ejemplo, en Quintana Roo, Sembrando Vida propició la deforestación de alrededor de 10 mil hectáreas de selva, principalmente en ejidos del sur del estado.
Hoy se cumplen 29 años del autogolpe de Estado ejecutado por Alberto Fujimori, genocida y ex presidente del Perú que el 5 de abril de 1992 por medio de un mensaje presidencial disolvió el Congreso de la Nación para dar inicio a una dictadura que trajo consigo una de las épocas más nefastas de la historia peruana. A pocos días de las elecciones el pueblo peruano pide memoria, verdad y justicia.
Con apoyo militar del Ejército, de la Marina y de la fuerza Aérea intervinieron el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otras instituciones como los medios de comunicación para tener total control sobre ellas. Ordenó detenciones y persecución a sus opositores, allanamiento a locales partidarios y principales sindicatos. Teniendo el control del Congreso, decretó una nueva constitución la del ’93 que le permitió postular a la re elección e introdujo consigo el modelo neoliberal y la aplicación de políticas que flexibilizaron los derechos laborales que legalizó la explotación, se dio pase libre al extractivismo trayendo consigo una profunda pobreza y desigualdad.
Debido al ataque armado en contra de un equipo de prensa nos comunicamos con Héctor Llaitul vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien según trascendió coordinaba en la zona lafkenche una entrevista con el perdiodista Iván Nuñez de TVN (Televisión Nacional).
Dicha entrevista se realizaría este domingo 28 de marzo, sin embargo esto no pudo ser ya que el equipo fue atacado con armas de fuego en la zona de San Ramón comuna de Tirua, en horas de la tarde de este sábado 27 de marzo. El periodista y rostro de TVN sufrió lesiones menores, sin embargo un camarógrafo recibió proyectiles en su cabeza encontrándose con un estado delicado de salud y presumiblemente daños irreversibles.
Para esclarecer la ola de especulaciones en torno a esto le preguntamos al vocero de la CAM por cosas puntuales. Ante lo cual presenta su hipótesis de una operación de inteligencia policial para «achacar estos hechos al movimiento autonomista mapuche».
Usted confirmó que realizaría entrevista a TVN ¿De qué versarían sus respuestas con relación al presente de la demanda mapuche?
Hector Llaitul: Sí, realizaríamos una entrevista junto a otros dirigentes, y tenia que ver con el escenario actual de confrontación entre el Estado de Chile, el sistema, contra el pueblo nación mapuche, las demandas mapuche en general, los procesos que se vienen desarrollando con más fuerza de recuperaciones de tierra y nuestra propuesta de control territorial. Eso principalmente.
Dejamos en claro que nuestro objetivo jamás van a ser ataques indiscriminados y menos en contra de personas, menos en contra de civiles. Estamos muy claros al respecto que nada tenemos que ver con ese hecho. El movimiento mapuche tiene una ética de acción política y moral muy clara y que tiene que ver con el respeto a la vida y con la recuperación de nuestro territorio y la vida mapuche en todo su amplio sentido.
¿Existen grupos paramilitares en la zona lafkenche? También hemos sabido de escoltas policiales pagadas, negocio maderero y de seguridad privada en torno a redes de corrupción ¿Como podemos distinguir la demanda mapuche de estos hechos ?
Hector Llaitul: Hay una situación bien grave, como CAM y como movimiento autonomista no tenemos absolutamente nada que ver con ese hecho, lo repudiamos, al contrario, yo a Iván Nuñez lo conozco, le habíamos dado una entrevista anteriormente la que a nuestro juicio fue buena a pesar de ser un medio oficial, por eso había un contacto y por lo mismo solidarizamos particularmente con él, con el camarógrafo que lo conocemos, solidarizamos también y acompañamos a la familia en esta dificil situación que atraviesan estos profesionales.
Nuestra hipótesis es que esta situación de encuentro y posible entrevista con Iván Nuñez la podría haber filtrado la policía y, a partir de eso algún grupo interno de la policía pudo haber montado alguna operación de inteligencia para achacarnos a nosotros la responsabilidad.
Coronel, region del Biobío. Durante la noche de este viernes 26 de marzo un grupo de pobladores sale a las calles acudiendo al llamado de agitación y propaganda. A continuación su reporte:
_Contra la represión del Estado.
_Por los y las presxs polticos.
_Por estar a pasos de una nueva conmemoracion del día del joven combatiente.
Barricadas sector Camilo Olavarría, Coronel.
Ante la represión, Lucha y Organización!!.
Hermanos Vergara Toledo presentes. Ahora y siempre!
Convocados por el llamado de la semana de agitación y propaganda contra la represión del estado, y por la coyuntura político-social que vive el país, desde Coronel hemos resuelto salir contra toda violencia que se ejerza hacia el pueblo y sus múltiples organizaciones, que ven cómo sus derechos fundamentales siguen siendo vulnerados, y decimos siguen, puesto que son más de 30 años que la falsa democracia continúa dando palos, asi como también oídos sordos a las múltiples demandas sociales, territoriales, medioambientales, y un largo etc.
Caminamos hacia una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente, este 29 de marzo, levantando las figuras populares de los hermanos Vergara Toledo, en ellos también se encarnan miles de nuevxs combatientes de la revuelta, de lo miles de peñis que dan lucha en el wallmapu, a lxs millones de trabajadorxs que dignifican a la clase obrera y que salen en el día a día a sus frentes de trabajo para llevar sustento a sus hogares, a pesar de la pandemia…
Sólo organizado ese verdadero pueblo se levantará la alternativa de poder popular que permita avanzar y aplastar este sistema capitalista y sus próceres criollos.
Freedom Astorga preso político de la revuelta de 20 años de edad, comenzó el pasado 5 de marzo una huelga de hambre indefinida hasta obtener su libertad. A un año de su detención, Astorga acusa inexistencia de pruebas en su contra.
Antofagasta sin duda ha sido uno de los focos hacia donde la represión y persecución política estatal se ha dirigido, esto debido a las arduas movilizaciones y organización territorial desarrolladas desde el estallido social.
El pasado 26 de marzo, Freedom Astorga cumplió un año en prisión preventiva dentro de la Cárcel Nudo Uribe de Antofagasta, donde se encuentra recluido acusado de robo y porte de armas. Esto en el contexto de un intento de atropello masivo de manifestantes, provocado por Adolfo Gallardo, funcionario de carabineros quien recibió pedradas en respuesta a su ataque.
Aunque las pruebas y testimonios no han corroborado siquiera la presencia de Freedom en este hecho y que la supuesta arma incautada no estaba en su poder, en marzo del 2020 este fue detenido por la brigada de homicidios de la PDI, para luego, según consta en una querella realizada por la Defensoria Popular de Antogagasta, recibir golpes, torturas y amenazas de parte de los represores.
Por estas incongruencias es que Freedom inició una Huelga que ya lleva 22 días, en la cual ha bajado 8 kilos de peso. Una medida que sería radicalizada a una de carácter seca, si es que en la próxima audiencia fijada para el día 9 de abril, no se cambia la medida cautelar en su contra.-
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO DE MICHOACÁN
AL PUEBLO DE MÉXICO
Comunidades p´urhépecha, a 26 de marzo del 2021.
K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo autónomo e independiente, constituido por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 60 comunidades originarias, representado en el presente manifiesto por la Comisión de Enlace, declaramos conjuntamente lo siguiente:
En el marco del 1er Foro Migrante Indígena Nacional realizado en Pátzcuaro el 21 de marzo del año en curso, fuera de la convocatoria, sin estar en el orden del día y sin presencia de las comunidades indígenas, fue nombrado ilegítimamente, antidemocráticamente y arbitrariamente Salvador Querea Jiménez como “Gobernador Estatal Indígena de Michoacán”, ostentación entregada por Candelaria Lázaro Lázaro, “Gobernadora Nacional de Pueblos Indígenas”.
La Gubernatura Nacional Indígena (GNI) anteriormente liderada por Hipólito Arriaga Pote, históricamente es un organismo creado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en particular por el llamado “Grupo Atlacomulco”, como una táctica electoral para restarle influencia al Congreso Nacional Indígena (CNI) y al Concejo Indígena de Gobierno (CIG), posteriormente cambió su nombre a Gobierno Nacional Indígena de México (GNIM) bajo la dirección de Candelaria Lázaro Lázaro (GNIM), sin embargo continúan las viejas tácticas priistas de querer suplantar a pueblos y comunidades originarias.
En este sentido, declaramos categóricamente que desconocemos el autonombrado Gobierno Nacional Indígena de México de Candelaria Lázaro Lázaro y al Gobernador Estatal Indígena de Michoacán Salvador Querea Jiménez, toda vez que surgieron de un proceso antidemocrático donde no consultaron a ninguna Asamblea General de las comunidades originarias, siendo impuestos por dedazo, así mismo denunciamos que no representan de ninguna manera a las comunidades indígenas y nos deslindamos totalmente de ellos, por lo que su posible interlocución con el Estado mexicano carece totalmente de sustento.
Finalmente, revelamos que en Michoacán la figura de Gobernador Estatal Indígena de Michoacán esta siendo utilizada por algunos candidatos del Partido Verde Ecologista de México, lo que demuestra su ilegitimidad y oportunismo político.
“Llegaste a ser la enemiga pública número uno en el país. Hace rato que ya eras la nueva mujer metralleta, (no sabes el honor amiga de haber compartido contigo)”.
Cecilia Hayder, Carta a Norma Vergara
Por la Zarzamora
Norma llegó a Santiago siendo una niña, migró desde el campo a la ciudad con su familia de origen, cuando inmediatamente después del 11 de septiembre de 1973 detuvieron a su padre, que siendo miembro del MAPU Obrero Campesino ejercía como dirigente sindical de la zona del Monte -Melipilla.
Llegaron a vivir a la población, Santa Adriana donde vivió su infancia y juventud, de pequeña integró grupos folclóricos y luego en los ’80 comenzó a participar en los centros juveniles de Santiago Sur. Ingresó a participar al Movimiento Juvenil Lautaro donde desempeñó importantes labores de organización, planificación y concretización de la resistencia anticapitalista urbana, entre las cuales se cuenta la recuperación de un camión de reparto de empresas Soprole para ser compartido con los vecinos y vecinas de su misma población.
Norma Vergara fue asesinada en Santiago de Chile en 1993, habiendo cumplido 27 años de edad en el contexto de una operación de aniquilamiento en contra de una escuadra de las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro (FRPL) ejecutada por La DIPOLCAR.
Como resultado de una intensa labor represiva contra toda actividad político-militar de resistencia anticapitalista, la tarde de aquel fatídico 26 de Marzo, les sorprendieron compartiendo en un restorán en las inmediaciones de San Diego con Victoria.
Cuenta la historia que mientras se subía a un auto junto a otros dos compañeros Norma Vergara Cáceres recibió un impacto de bala en su pecho disparado a distancia. “Pese a ello alcanzaste a sacar tu arma para repeler la muerte que llegaba, siempre dijiste que nunca se las darías fácil” recuerda Cecilia Heyder en su carta a Norma Vergara.
En los 90, al menos sólo durante el gobierno de Patricio Aylwin se estima que fueron asesinadas al menos 33 personas militantes de grupos de resistencia; 13 del Movimiento Juvenil Lautaro, 11 del Frente Patriótico Manuel Rodríguez – Autónomo, 2 de las Juventudes Comunistas, 1 del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y 1 del Partido Comunista.
“Pensaron que con tu muerte física iban a eliminar cualquier vestigio de tu presencia, pero una vez más se equivocaron, ya que no hicieron más que alimentar con tu sangre las semillas de insurrección que rebrotan ahora como rabia organizada, como muchas mujeres que se levantan nuevamente fuera de toda legalidad para levantar el puño y seguir luchando por la dignidad de este país aun en dictadura.”
Para nadie es una novedad la cantidad de campamentos que han surgido posterior al denominado estallido social en Temuco. Cuestión que se ha querido impedir, ocultar, pero no solucionar. LLegando incluso a tener que movilizarse muchos de ellos por acceso al agua, bajo riesgo sanitario a causa del nuevo Coronavirus Covid-19. Siendo de especial preocupación la negativa de la institucionalidad de entregar el suministro del vital elemento y la represión hacia el movimiento de tomas de terreno.
Para la región de la Araucanía el estudio arrojó un aumento del 315,38% en la cantidad de familias y un 128,57% en el número de campamentos.
Estas cifras son preocupantes debido a que la situación sanitaria no da indicios de retroceder en la capital de la región de La Araucanía y aún se encuentran demasiados campamentos sin acceso a agua.
Tatiana Alarcón, dirigenta de campamento en sector Amanecer declara que es inaudito que aún existan personas en pandemia sin acceso al agua:
Lorena Reyes dirigenta del campamento El Esfuerzo del sector Porvenir indica que se vieron en la necesidad de irse a vivir a un campamento, que «…existe una grave crisis habitacional, perdieron sus trabajos, los arriendos son excesivamente caros y las autoridades no toman cartas en el asunto», entre otra palabras enfatizó, quien también como Tatiana Alarcón viven en campamentos que cumplen más de un año.
Aquino Pedro Máximo recuerda muy bien la madrugada del 8 de octubre de 2018, cuando se soltó un aguacero torrencial. Él es un campesino zapoteca de la comunidad Magdalena Ocotlán, Oaxaca, en el sur de México. Aquella noche, sobre los techos de lámina de las casas se entonaba un ruido ensordecedor. A muy tempranas horas de la mañana, como es su costumbre, agarró su machete y se dispuso a comenzar la jornada en sus cultivos, junto a otros campesinos. Los tomó por sorpresa que el arroyo El Coyote estaba teñido de un material grisáceo. “Parecía cemento”, recuerda Aquino.
Más de cuatro kilómetros del arroyo se habían cubierto de este lodo gris. El agua, que los campesinos utilizan para uso agrícola y pecuario, era completamente grisácea; la vegetación y el suelo a su alrededor también. La masa lodosa se había esparcido en el paraje conocido como “La Ciénega”, en el municipio de Magdalena Ocotlán, donde se encuentra un retén de agua que sirve para pastoreo de animales y un pozo de agua potable. También fueron afectadas las comunidades zapotecas San Pedro Apóstol, San Felipe Apóstol, San Matías Chilazoa y Tejas de Morelos.
Minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines, es la sexta mayor productora de plata en México, aunque también produce oro en menor medida. Hasta el año 2020, había perforado más de 300 kilómetros de túneles excavados en el subsuelo de las cinco concesiones que actualmente explota, pero tiene en su poder 26 concesiones más que forman un corredor minero de oro y plata que abarca un área de 64 mil hectáreas.
El lodo que contaminó el arroyo El Coyote era una mezcla del agua de lluvia con los desechos del proceso minero, mejor conocidos como jales o relaves. Normalmente, desde lejos se pueden observar estos residuos dentro de las instalaciones de la empresa porque forman un monte de color gris; son los llamados jales secos, que tienen forma de polvo fino que parece cemento. Los desechos también están concentrados en forma líquida en una gran presa. La Minera Cuzcatlán sostiene que esos jales no representan peligrosidad alguna para la salud y el ambiente, a pesar de que son resultado de un proceso en el cual se utiliza una gama de productos químicos tóxicos.
Montículos de jales secos de Compañía Minera Cuzcatlán, ubicado a escasos 800 metros de la comunidad de Magdalena Ocotlán. Foto por Santiago Navarro F.
Según la Minera Cuzcatlán, aquel 8 de octubre la tormenta rebasó la capacidad de la pileta hecha para captar parte del agua de lluvia y los escurrimientos del depósito de jales secos, la cual tiene una dimensión de casi tres piscinas olímpicas. En la pileta, esta sustancia después es bombeada para la presa de jales líquidos de mayor dimensión. “Los dos equipos de bombeo que se tiene en dicha pileta no fueron suficientes para bombear estas aguas a la presa de jales, lo que ocasionó que estas aguas se desbordaran”, justificó la empresa, según consta en el expediente de este caso, al cual tuvo acceso el equipo de esta investigación.
A partir del derrame se desató una intensa controversia sobre si los jales habían contaminado o no el suelo y el agua de las comunidades. Por un lado, la empresa defendió públicamente, desde el inicio, que sus jales no eran contaminantes y que, por lo tanto, no había contaminación; por otro, las comunidades denunciaron que su territorio había sido afectado seriamente.
Los primeros informes oficiales registraron que la Minera Cuzcatlán “arrojó contaminantes” en el arroyo El Coyote, “ocasionando daños ambientales”. Los primeros análisis de un laboratorio británico de prestigio internacional también identificaron contaminación del suelo afectado por el derrame. Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la empresa relegaron estos primeros informes que apuntaban contaminación en el agua y el suelo.
Vecina de Magdalena Ocotlán pide (en 2020) a los funcionarios de Semanart que retomen el caso.
Instalaciones superficiales de Compañía Minera Cuzcatlán.
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El agua sí estaba contaminada
Luz María Méndez Rodríguez es madre de familia y vecina de Magdalena Ocotlán, la comunidad más afectada por el derrame. Narra los días que siguieron al desastre ocurrido en 2018. “Comenzaron a morir algunos de nuestros animales. Los niños y personas mayores comenzaron a tener dolores de estómago, diarrea, alergias en la piel. Nos dijeron que había un brote de hepatitis. Nunca habíamos vivido una situación así”, cuenta María, quien también es regidora de hacienda de la comunidad.
Justamente porque el lodo gris llegó hasta las proximidades del pozo de agua potable de la comunidad, la regidora de ecología de Magdalena Ocotlán, Oliva Odelia Aquino Sánchez, relata que, por iniciativa propia, la gente dejó de utilizar el agua del pozo, pero eso duró poco tiempo. “Todo mundo se preocupó y entonces empezamos a comprar agua (embotellada); muchos solo aguantaron unas semanas, después volvieron a tomar de esa agua contaminada, porque está cabrón, apenas hay dinero para comer”.
La incapacidad para poder comprar más de un botellón de agua de 20 litros a la semana, que ronda el valor de un dólar (20 pesos mexicanos) se debe principalmente a que cada campesino depende de su cosecha y por lo regular no recibe un sueldo fijo. El 73% de la población de Magdalena Ocotlán vive en la pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2015, y casi una cuarta parte de la población vive en pobreza extrema, de acuerdo con información publicada por la Secretaría de Bienestar en 2021.
El abogado que asesora a las comunidades, José Pablo Antonio, explica que los marcos internacionales plantean que, hasta que se resuelva la situación, las autoridades deben decretar medidas preventivas, además de brindar información a las comunidades. “Debieron haber suspendido el uso de agua de la población y garantizado su abastecimiento con otras fuentes hasta que se solucionara por completo la situación. Pero aquí eso no ha pasado”, sostiene.
Dos días después del derrame, mientras las comunidades vivían en la incertidumbre por lo que estaba pasando, las autoridades ambientales realizaron una inspección en las áreas afectadas. La Conagua fue responsable de analizar el agua; la Profepa, el suelo. Se abrió un expediente en cada instancia.
De parte de Conagua llegaron funcionarios y personal del Laboratorio Regional Pacífico Sur de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Pacífico Sur. Constataron que el derrame venía de la “pila que recolecta las aguas de lluvia que deslavan la tierra y sedimentos de los jales secos que se depositan y almacenan en un terreno que se localiza en un nivel más arriba de la pila. La conducción de estas escorrentías hacia la pila se realiza mediante un canal”, detallaron los funcionarios en su acta .
En el momento en que los técnicos de Conagua realizaban su exploración, volvió a llover y pudieron presenciar un nuevo derrame. Según los funcionarios, con la lluvia, el canal que conduce las escorrentías hacia la pileta no soportó la cantidad de agua de la lluvia mezclada con jales y el bordo del canal se rompió. “Estas aguas, con el deslave del suelo y sedimentos de los jales secos, se observa de un color grisáceo, fluye hacia un camino que se dirige hacia el arroyo el Coyote donde estas escorrentías llegan y se mezclan con la corriente de aguas nacionales”, detallaron en su informe.
Al final, cuando la tormenta había dado una pequeña tregua, el personal del laboratorio de Conagua tomó las muestras “justo en el sitio que ocupa el canal que recolectan los escurrimientos del deslave de tierra y sedimentos de los jales secos”, describen en sus registros. En la misma visita de inspección, tomaron muestras del arroyo El Coyote.
Los resultados de estos muestreos fueron analizados por dos laboratorios: el mismo Regional Pacífico Sur que los colectó y el Laboratorio Nacional de Referencia de la Gerencia de Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica, ambos pertenecientes a Conagua.
Se identificaron metales pesados por arriba de lo que permite la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua (CECA) de 1989, para uso pecuario y riego agrícola. En el arroyo El Coyote, se encontró que el hierro rebasó hasta 1845.8% los límites permisibles; el aluminio, hasta 955.12%, y el plomo en 167%.
“Las aguas de lluvia que deslavan la tierra y sedimentos de los jales secos, no cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en la norma oficial mexicana NOM-001-Semarnat-1996 y también rebasaron los niveles máximos establecidos en los CECA publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de diciembre de 1989, que califican los cuerpos de agua para Riego Agrícola y para Uso Pecuario, en los parámetros de pH, Sólidos Suspendidos Totales, Demanda Química de Oxígeno (DQO), (…) por lo que hace a los metales pesados rebasan los límites máximos permisibles de Aluminio, Fierro y el Plomo, contaminando el arroyo El Coyote”, consta el oficio No. BOO.810.02.2455/2018 de la autoridad del agua.
Conagua también afirmaba que hubo “daño ambiental” y hacía la advertencia de que las aguas no debían ser usadas para uso agrícola y pecuario. “Al existir estos contaminantes en el Arroyo, las escorrentías de aguas nacionales que fluyen por el cauce de dicho arroyo no pueden ser utilizadas para estos usos”, se lee en el documento.
Contaminación encontrada en los jales de Minera Cuzcatlán.
Sin embargo, esos primeros diagnósticos de la autoridad ambiental que señalaban contaminación fueron cambiando con base en nuevos análisis realizados por las consultoras y laboratorios pagados por la Minera Cuzcatlán.
Un momento clave fue el 27 de noviembre de 2018, cuando Conagua notificó a Minera Cuzcatlán que había abierto un “procedimiento administrativo” sobre el caso del derrame con las primeras muestras realizadas por los laboratorios de Conagua. En este documento la autoridad informaba que, de acuerdo con sus estudios, el arroyo El Coyote había sido contaminado con el derrame y, por lo tanto, se determinó la implementación de tres medidas urgentes que la empresa debería realizar. Dos de ellas, para mejorar sus instalaciones, fueron cumplidas.
Sobre este par de medidas, en entrevista por escrito para el equipo de esta investigación, Cristina Rodríguez, subdirectora de Sostenibilidad de Compañía Minera Cuzcatlán informó que se duplicó “el espacio de la pileta de recolección de agua de nuestro depósito de jales secos, pasando de 7,000 m3 a 14,000 m3 y quintuplicando su capacidad de bombeo para prevenir escurrimientos en época de lluvias. Asimismo, construimos una pileta de colección de emergencia, con una capacidad total de 23,000 m3”.
La tercera medida era que la empresa presentara un programa de remediación, donde Minera Cuzcatlán evaluara los riesgos de sus jales en el ambiente y en la salud de las comunidades afectadas, para determinar las acciones de remediación. Es decir, Conagua dio a la empresa la oportunidad de presentar un nuevo análisis del área afectada, lo que abrió la posibilidad para que Minera Cuzcatlán pudiera presentar nuevos estudios del agua para caracterizar la contaminación.
La empresa presentó el documento Programa de actividades para las acciones tendientes a la remediación del Arroyo el Coyote. La primera acción de este programa preveía la realización de nuevos muestreos de agua, con el objetivo de “determinar la afectación (…) y, en su caso, formular el programa de remediación correspondiente”. El programa de actividades fue aceptado por Conagua.
El nuevo muestreo de agua se realizó 71 días después del derrame por el Laboratorio Ingeniería de Control Ambiental y Saneamiento, S.A., de C.V. y fue analizado por Nova Consultores Ambientales, ambos presentados por la empresa.
La bióloga Martha Patricia Mora explica la necesidad de hacer el muestreo lo antes posible.
Las muestras se tomaron en un escenario totalmente distinto al del derrame del 8 de octubre. Por ejemplo, no hubo muestreo en la pileta colectora de aguas de lluvia con jales secos, la misma de donde derivó el derrame, porque la temporada de lluvias ya había pasado y no contenía agua. Los muestreos fueron realizados en el arroyo El Coyote y el estudio concluyó que las concentraciones de metales pesados estaban por debajo de los límites permisibles. Por ello, se determinó que no hubo afectación al arroyo. “No se acreditó contaminación de un cuerpo receptor de aguas nacionales”, sostuvo la empresa.
Debido a lo anterior, “la Compañía (Cuzcatlán) recibió una multa de aproximadamente 42,000 (dólares) relacionada con el incidente”, según el reporte de sostenibilidad de la matriz Fortuna Silver Mines, de 2018. “Es irrisoria. Estas empresas ganan millones de dólares en un día, esto lo pueden recuperar en horas”, critica la abogada Claudia Gómez Godoy, especialista en temas indígenas y extractivismo.
Por su parte, el director general del Organismo de Cuenca Pacífico-Sur de Conagua, Miguel Ángel Martínez Cordero, admite que en el primer análisis encontraron “elementos contaminantes que no deberían estar ahí”. A partir de ello, dentro del proceso administrativo, a la minera se le dieron todas las garantías para que presentara “lo que a su derecho corresponde. A lo que a ellos les haga bien”. De esta manera, Minera Cuzcatlán recibió el “derecho de réplica, de defenderse” y “nos hicieron llegar una serie de documentos”, subraya el funcionario.
Posteriormente, continúa Martínez Cordero, “entramos a una fase que es la remediación”, es decir, “teníamos que saber si hay algo que remediar”; por eso, Minera Cuzcatlán “tuvo que hacer otro muestreo”. De acuerdo con su versión, los muestreos realizados 70 días después del derrame “estuvieron dentro del procedimiento administrativo, con base en lo que dice la ley”. La contaminación ya no estaba ahí porque “el agua corrió, corrió, corrió”; admite que la contaminación no desapareció, sino que los contaminantes migraron “a otro lado”.
Explicación del director general del Organismo de Cuenca Pacifico-Sur de Conagua.
Para Omar Arellano Aguilar, investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en Ecotoxicología y miembro de la Society of Environmental Toxicology and Chemistry, el factor tiempo es crucial para la realización de las muestras. Los muestreos deben ser hechos lo más pronto posible. Eso porque, como las aguas se mueven en los ríos, los metales también se mueven y la tendencia es que se acumulen en el suelo por donde pasan las aguas. Es decir, en un primer momento, el contaminante estará en el agua, pero con el tiempo se quedará atrapado en el suelo. Por eso la necesidad de hacer diversos muestreos no solo del agua, sino también del suelo a lo largo del tiempo.
Los primeros estudios de Conagua presentaban elementos suficientes para determinar que sí hubo afectación y, por tanto, se debió implementar un plan de remediación urgente para el arroyo y otro de atención para las comunidades afectadas, así como un monitoreo de la evolución de esta contaminación, según la bióloga Martha Patricia Mora Flores, profesora investigadora del Instituto Politécnico Nacional. “Sin duda, los estudios más confiables eran los de Conagua. Lo que hicieron fue descalificar los análisis de un órgano fundamental que debe proteger nuestra agua. Si hubieran seguido con los elementos iniciales identificados por Conagua, la empresa no la hubiera librado tan fácilmente, porque tendría que justificar muchas cosas que no necesitaron hacer con el nuevo estudio”, reflexiona.
Bloqueo de la carretera federal 175, realizado por diversas comunidades en diciembre de 2020, para exigir una audiencia con la Semanart en relación a la 2ª Manifestación de Impacto Ambiental que esta tramitando Minera Cuzcatlán. Foto por Santiago Navarro F.
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¿Un error de transcripción?
Dos días después del derrame, los técnicos de Profepa, realizaron una “visita de inspección ordinaria a la empresa”, para “verificar física y documentalmente (…) que la empresa se encuentre dando complimiento con sus obligaciones ambientales”. En su acta de inspección registraron que la pileta tiene una compuerta que comunica con el arroyo El Coyote y sobre “la superficie de la compuerta tierra húmeda impregnada de jales mineros con color grisáceo, misma que se observa sobre el suelo natural y malezas aledañas al cauce del referido arroyo”.
Durante la inspección no tomaron muestras del suelo. Para Profepa, Minera Cuzcatlán debía realizar los estudios correspondientes. Por ello, la empresa recurrió al laboratorio Intertek-ABC Analitic. Diez días después del derrame, el 18 y 19 de octubre, realizó 12 muestreos a lo largo del arroyo El Coyote.
Los resultados identificaron contaminación en el suelo por talio en dos lugares distintos a lo largo del arroyo El Coyote. Uno de ellos, en las cercanías del pozo de agua potable.
A partir de los resultados de estos estudios realizados por Intertek, la Subdelegación Auditoría Ambiental e Inspección Industrial, de Profepa, que se encargó de revisarlos, emitió una opinión técnica en la cual señalaba que sí existía contaminación por talio.
En una de las parcelas por donde pasa el arroyo, se identificó que las cantidades de este metal rebasaban en 350% los límites permitidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMANART/SSAT-2004. Mientras que en el sitio de muestreo de suelo llamado “pozo de agua potable” superó en 300% los límites. “Se concluye que sí existe contaminación de suelo en los puntos nombrados Parcela 1498 (Talio 0,09 mg-L) y Pozo de Agua Potable (Talio 0,08 mg-L) con metal pesado Talio”, registra la opinión técnica de Profepa.
Minera Cuzcatlán, por su parte, buscó argumentar con diversos documentos e informes ante Profepa que los metales pesados identificados en el suelo no eran su responsabilidad. Por ello contrató a tres distintas consultorías ambientales para analizar los resultados de Intertek donde aparece el talio. Todas ellas o desconsideraron la presencia de este metal o argumentaron que no representaba riesgo a la salud y al medio ambiente.
Una de estas consultorías, Nova Consultores Ambientales, afirmó que al “haberse encontrado concentraciones de talio soluble que excedieron el valor permitido (…) se programó un nuevo muestreo”, que fue realizado por Grupo Microanálisis.
Los resultados de las muestras mal conservadas ya no arrojaron presencia de talio. Sin embargo, aparecieron nuevos metales por arriba de las normas; se trataba de bario y vanadio, que superaban en 50% y 72.9%, respectivamente, lo permitido por las normas mexicanas. Nova Consultores Ambientales justificó que podía deberse a “un fenómeno zonal, es decir característico del área”.
Al final, Profepa desconsideró todos los análisis de las consultoras porque, después de todo este proceso, “en atención a la inquietud” presentada por Minera Cuzcatlán a Intertek, el laboratorio llevó a cabo una “revisión documental” de las muestras donde aparecía este metal.
Intertek concluyó que había cometido un error en los datos que indicaban talio por arriba de las normas. Es así que este laboratorio presentó una nueva tabla donde la cantidad del metal pesado por arriba de los límites permitidos fue remplazada por el símbolo “ND”, lo que indica que no hay presencia de este metal.
Tal y como lo estipula el expediente revisado por el equipo de esta investigación, en el dictamen final de Profepa se concluye que por el “motivo de un error (…) en la transcripción de los resultados” se determinó que la presencia de metales pesados no rebasaba los límites permitidos por las normas, “concluyendo que el suelo no requiere de remediación”.
El equipo de este reportaje buscó la versión de Intertek sobre lo ocurrido y fue atendido por Diana Vázquez, quien dijo “no hay un área como tal de prensa. Es un poco complicado si no tienes un contacto en específico”, terminó por redirigir la llamada a una grabación del sistema de mensajería de la empresa. Nuevamente se intentó contactar, pero ya solo respondió el sistema de mensajería.
Según la subdirectora de Sostenibilidad de Minera Cuzcatlán, Cristina Rodríguez, como comprueban los dictámenes emitidos por Profepa y Conagua, “el escurrimiento de nuestra pileta de colección, ocurrido en octubre de 2018, no causó daño ambiental, principalmente porque los jales de Compañía Minera Cuzcatlán no son catalogados como peligrosos o tóxicos. No obstante, la empresa mantiene su compromiso con el cuidado ambiental y la buena relación con las comunidades afectadas por dicho incidente. De esta manera, Compañía Minera Cuzcatlán ha promovido programas de desarrollo agrícola y pecuario en la zona, así como de reforestación; además de monitoreos frecuentes de calidad del agua y la integridad de nuestras instalaciones”.
Minera Cuzcatlán, en una segunda entrevista por escrito, sostiene que “siguió todos los procedimientos normativos requeridos y en colaboración con las autoridades competentes en materia ambiental (PROFEPA y CONAGUA). La investigación concluyó que el talio lixiviable esta presente de manera natural en el suelo”. Además, la Minera Cuzcatlán recalca “que el talio, no esta presente en las características geoquímica de nuestros jales”, contrario a los resultados del muestreo de los jales secos con agua de lluvia, hecho por Conagua dentro de las instalaciones de la empresa, que sí detectaron la presencia de talio.
Por su parte, la bióloga Martha Patricia Mora Flores duda sobre el error de transcripción de Intertek. “Es difícil de creer que un laboratorio proveedor líder en el aseguramiento de la calidad total para industrias del mundo cometa errores de ese tipo. Los funcionarios debieron revisar muy cuidadosamente los documentos, sobre todo porque hubo contradicciones claras en el caso”. Explica que habría que pedir “los resultados en bruto del laboratorio. Pedir que un experto independiente revisara y analizara los resultados en bruto, para demostrar que hubo un error de dedo”.
No se puede creer “en la empresa así nomás; se tiene que garantizar por medio de pruebas, por medio de nuevas verificaciones”. Profepa es, al final, “el órgano que tiene la responsabilidad y que debe cuidar de la calidad del medio ambiente”, agrega la abogada Claudia Gómez Godoy.
Las determinaciones al interior de Profepa se valieron esencialmente a partir de “las pruebas documentales que aportó el representante legal de la empresa Compañía Minera Cuzcatlán”, tal y como está registrado en el expediente del caso. La empresa presentaba sus documentos a Profepa; los recibía la Subdelegación Jurídica y ésta solicitaba una opinión técnica a la Subdelegación de Auditoría Ambiental e Inspección Industrial. Esta opinión técnica era formulada a partir de la revisión de estos documentos y estudios pagados por la empresa. Después regresaba al área Jurídica. Fue así como se tomaron las decisiones, con opiniones técnicas fundamentadas solamente con pruebas presentadas por Minera Cuzcatlán.
“Ninguna empresa va asumir que sí contaminó. Esas prácticas se prestan mucho a la corrupción”, señala la abogada Gómez Godoy. De acuerdo con el investigador Arellano Aguilar, hay un desligamiento del Estado para poder hacer una vigilancia ambiental efectiva y que actúe en consecuencia. “La carga de la prueba está con las empresas que tienen laboratorios a cargo”, puntualiza el investigador y concluye que “hay conflicto de interés; desafortunadamente son mecanismos de regulación que han sido diseñados para eso, para que haya impunidad”.
El equipo de esta investigación hizo la solicitud de entrevista al área de comunicación social de Profepa y fuimos atendidos por Rubén Jiménez; no obstante, nunca se garantizó una fecha para la entrevista y, hasta el punto final de esta investigación, no se recibió respuesta alguna de esta instancia.
16 comunidades bloquearon la carretera federal 175, en diciembre de 2020, para exigir una audiencia con la Semanart. También denunciaron la contaminación de Minera Cuzcatlán y la expansión hacia otras comunidades que no han sido consultadas ni informadas. Foto por Santiago Navarro F.
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El eterno suspenso de los pobladores
Las comunidades afectadas nunca supieron cuál era el papel que jugaban las autoridades ambientales para atender este evento que les afectaba con la falta de agua potable y con problemas en la salud. “En ningún momento la Profepa, como instancia pública del gobierno federal, se acercó a las comunidades para brindarles información”, dice el abogado José Pablo Antonio, que asesora a las comunidades.
Aquino Pedro Máximo asegura que ellos nunca se enteraron de la presencia de estos metales. “No tenemos dinero para pagar nuestros propios estudios. Tampoco confiamos en las autoridades, porque parece que ellos trabajan para la empresa en la forma que se comportan. Están más preocupados de que la empresa pueda continuar con sus explotaciones y a ellos no les importa lo que sufrimos”, comparte.
La falta de información caracteriza la violación de derechos fundamentales, sostiene la abogada Gómez Godoy. “Si la gente de las comunidades no tiene información sobre la calidad del agua, pues se está violando una serie de derechos. Primero, el derecho a la información, pero también se viola el derecho humano al agua, a la salud. La información es fundamental para que se garanticen otros derechos”. Además, señala que “es necesario que Semarnat, Profepa y Conagua se adecúen a la nueva realidad de los convenios internacionales de Derechos Humanos que, en México, pasó a tener rango constitucional [desde 1992]”.
Las instancias de salud local tampoco recibieron aviso alguno sobre la presencia de los metales identificados o recomendaciones sobre las posibles afectaciones a la salud. Eiser Ariel Vázquez Salazar es médico coordinador de la Unidad Médica del Instituto Mexicano de Seguro Social del municipio de Magdalena Ocotlán. Ha laborado desde hace seis años en esta comunidad. “Oficialmente no hemos tenido una protocolización con estas instituciones dedicadas a cuidar el ambiente, para saber cuáles son las conductas a seguir”, se queja.
Efrén Sánchez Aquino, síndico municipal de Magdalena Ocotlán, quien asumió el cargo en 2020, muestra su preocupación porque muchas personas se enfermaron. “Yo tuve diarrea y dolores de estómago por varios días. Hoy como autoridad la preocupación es mayor porque tenemos que velar por nuestra comunidad”.
En los últimos años, en especial después del derrame, el médico Vázquez Salazar confirma que notó un aumento de enfermedades de tipo intestinal, problemas relacionados con el hígado, aumento de alergias principalmente en la piel, además de enfermedades bucodentales.
El equipo de este reportaje solicitó informaciones a la Regiduría de Salud del municipio de Magdalena Ocotlán sobre los números de casos y las enfermedades registradas en el municipio en los últimos cinco años. La autoridad de salud municipal sostuvo que no había registros de las enfermedades y orientó el equipo a solicitar directamente a la única unidad rural de salud del municipio, coordinada precisamente por Vázquez Salazar. En entrevista, sostuvo que en la unidad de salud no existen registros sistematizados de las enfermedades en el municipio.
Mediante solicitud de información, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, igualmente cuestionada sobre los registros de enfermedades en Magdalena Ocotlán, no mostró registros en este municipio. También se solicitó información al Instituto de Salud para el Bienestar, que notificó su incompetencia para atender la solicitud, y orientó a que se solicitara información a la Secretaría de Salud de Oaxaca. Dicha dependencia no contestó a la solicitud de información y tampoco hizo caso a las quejas interpuestas.
“No hemos podido tener una valoración o un estudio que nos diga los impactos reales del derrame en la salud de la comunidad”, sostiene el coordinador de la unidad médica de Magdalena Ocotlán. No descarta la relación del aumento de estos padecimientos con el derrame y la actividad minera. “Constatamos que substancias del proceso minero alcanzaron el principal abastecimiento de agua de esta comunidad. Y este es un dato principal que no podemos descartar”.
Por otro lado, el director general del Organismo de Cuenca Pacífico-Sur de Conagua, Miguel Ángel Martínez Cordero, sostiene que el órgano no informó a las comunidades afectadas sobre los riesgos a la salud y al ambiente porque le correspondía a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) avisar a las autoridades de salud para que tomaran medidas.
El equipo de este reportaje solicitó una entrevista con el presidente de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de Semarnat, Daniel Quezada Daniel, quien fue asignado para dar seguimiento a los conflictos entre comunidades y la Minera Cuzcatlán. No obstante, no dio seguimiento a nuestra solicitud.
Indicios de contaminación en el colector de aguas pluviales de la comunidad de Magdalena Ocotlán. Ubicado a 300 metros de Minera Cuzcatlán.
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La historia se vuelve a repetir
El expediente del caso sobre el derrame ocurrido en 2018 está oficialmente cerrado, mientras que las comunidades afectadas hasta el día de hoy desconocen cómo fue el desenlace de este derrame. Pareciera que el tiempo lo cura todo y estas comunidades simplemente pudieron haber olvidado lo ocurrido, pero el 13 de julio del año 2020 volvieron a detectar una nueva contaminación.
Cuando los pastores de Magdalena Ocotlán llevaban a tomar agua a su ganado a un colector de aguas pluviales –se encuentra a menos de 300 metros de las instalaciones de la empresa, en los márgenes del arroyo Santa Rosa–, se percataron de que el agua tenía un color rojizo y una lama blanca.
Dieron aviso a las autoridades del pueblo y estos presentaron una denuncia oficial ante la Profepa. La empresa inmediatamente dijo que no hubo ningún tipo de derrame y, por lo tanto, se deslindó de toda responsabilidad.
Nuevamente, las instancias ambientales realizaron estudios del agua y de los sedimentos. Dos meses después se presentó Ernesto Faustino González Vázquez, jefe de proyecto de impacto ambiental de Conagua, en Magdalena Ocotlán, para entregar físicamente un resumen de los resultados. El equipo de este reportaje se encontraba presente en el lugar. El regidor de Obras, Francisco Rosario Valencia, le preguntó al funcionario si había o no metales pesados en su agua. “Les pusimos en negrita aquellos que están por encima del límite (…) no hay ningún metal pesado, el aluminio es el que está por arriba”, respondió el funcionario.
Metales encontrados en el colector de aguas pluviales de la Comunidad de Magdalena Ocotlán
Se le volvió a preguntar si sabía cuáles son las afectaciones de este metal y dijo: “no soy médico, yo solo sé que está por arriba”.
El informe técnico, al cual tuvo acceso el equipo de esta investigación, arrojaba la presencia de aluminio de hasta 27,337% arriba de las normas CECA para uso en protección de vida acuática en agua dulce. Lo mismo sucedió con el fierro, el cual excedió lo permitido hasta 900%. El nitrógeno amoniacal rebasó 413.33%. El oxígeno disuelto se mostraba por debajo de los límites ideales, “lo que indica carencia de oxígeno que limita el uso para protección de vida acuática”, dice el documento.
En el oficio que presentó el funcionario de Conagua exime a Minera Cuzcatlán de la responsabilidad por la contaminación del agua, con tan solo una revisión ocular de sus instalaciones: “Con los datos obtenidos durante la visita de reconocimiento y las muestras de agua de 6 sitios (en colector de agua), no es posible establecer que el agente causante de una probable contaminación sea la Minera”.
Hasta la publicación de esta investigación, Profepa no ha comunicado cuáles fueron los resultados de los sedimentos. Este expediente sigue abierto. Sin embargo, la historia se repite. Las comunidades están alejadas de las acciones y decisiones tomadas entre empresa y las autoridades ambientales.
Foto de Portada: Alex Vidal Brecas – En el lugar la comunidad leviñanco ta leufu levantó un rewe (sitio ceremonial) donde realizan ceremonias y rogativas.
FedericoValdés Bize
Si caminamos por la región de Los Lagos al sur de Chile, escucharemos hablar del Futawillimapu: el “gran territorio del sur” de los pueblos originarios huilliche-mapuche. Anterior a la colonización española e integración al Estado chileno, es un territorio que persiste y se reinventa. Si ponemos atención, observaremos una constelación de luchas indígenas reivindicando tierras ancestrales y defendiendo territorios de vida ante el avance de proyectos extractivistas.
En estos territorios se enfrentan diferentes maneras de ser, estar y comprender el mundo. Para los proyectos empresariales se trata de espacios con recursos naturales y humanos para la acumulación privada de capital. Para los colectivos indígenas son lugares de subsistencia económica y usufructo, habitación, crianza y reunión social, memoria, creación cultural y conexión con lo sagrado. Son lugares de vida y de reproducción de sus mundos, territorialidades que defienden ante su acelerada destrucción.
La destrucción del bosque en la comunidad autónoma huilliche Leviñanco Ta Leufu ha propiciado la muerte de una gran variedad de aves que habitaban el lugar y sus inmediaciones. Foto: Alex Vidal Brecas
Entre estas luchas de resistencia territorial veremos a la comunidad mapuche Weichan Mapu ante un proyecto eólico en las comunas de Frutillar y Puerto Octay. En la ciudad de Alerce encontraremos la defensa de los humedales urbanos frente a desarrollos inmobiliarios dada por la comunidad Pascual Huanel, el Lof Coñuecar, la Asociación Mapuche Lahuen, la Agrupación Ambiental y Cultural Futa Lawal Mapu y la Comunidad Mapuche Huilliche Pepiukelen. Esta última también ha dado lucha contra las salmoneras en Pargua, Calbuco. Cerca de Osorno presenciaremos la lucha de las comunidades Koyam Ke Che, Leufu Pilmaiquen Maihue, Nehuén Che y Mantilhue ante proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquen. También podremos escuchar a la Agrupación Mapuche Ecológica Artístico Cultural Weñauca manifestándose en Puerto Varas contra la contaminación del lago Llanquihue y un proyecto hidroeléctrico en el río Maullín.
También percibiremos a la comunidad autónoma huilliche Leviñanco Ta Leufu, ubicada en las afueras de la ciudad de Llanquihue a orillas del río Maullín, defendiendo la tierra y el territorio ante la destrucción cometida por el proyecto inmobiliario de Alto Maullin Spa. Aunque violentada, invisibilizada y estigmatizada, esta comunidad resiste exponiendo sus cuerpos. Sobre su lucha por la vida trata este reportaje, que será publicado en dos partes.
El avance de las maquinarias de la inmobiliaria sobre la ladera del río Maullín arrasó con el
patrimonio cultural y la biodiversidad, destruyendo mas de 5mil metros cuadrados de
bosque nativo. Foto: Alex Vidal Brecas
ι PRIMERA PARTE ι
La comunidad huilliche “Águila Veloz del Río”
El werken (vocero) de la comunidad Leviñanco Ta Leufu (“Águila Veloz del Río”), Luis Navarro Navarro, está sentado en una esquina del amplio salón de la sede vecinal, ubicada en la ciudad de Llanquihue. Mientras su esposa e hijos entran y salen, saludan y escuchan en silencio, con rostros severos de tristeza y terror. Es 22 de diciembre de 2020 y hace unos días debieron abandonar su hogar ante el riesgo vital de gigantescas rocas que caían sobre su casa en la ribera del río, lanzadas por retroexcavadoras del proyecto inmobiliario Alto Maullín Spa. Desde entonces pernoctan en un barrio de esta sureña ciudad, localizada junto al lago del mismo nombre. Mientras nos enseña diversos documentos, que toma de una mesa repleta de carpetas, este hombre de 51 años dice “queremos contar esta historia, de cómo vivíamos y cómo queremos vivir”.
Aylin (10) es consolada por su madre al interior de su ruka, luego de ser testigo durante
semanas, de la sistemática destrucción del bosque donde habitan. Foto: Alex Vidal Brecas
Hace tres generaciones y provenientes de la isla Caguach en Chiloé, más de cien kilómetros al sur, la familia Leviñanco (Águila Veloz) migró para asentarse en la ribera del Maullín. Don Luis, a quien su madre no registró con el apellido Leviñanco por la discriminación, relata:
“Los huilliche somos gente sin punto fijo, nos movemos por el territorio, navegando por el río. Hace cerca de veinte años que hemos recorrido distintos lugares del río Maullín. Vivimos del río y del lago (Leufu Maullín y Kalafken Hueñauca), de la pesca desde el bote y del buceo por apnea. En el lecho del río recolectamos camarones y palos, que sacamos para hacer leña. No talamos los árboles del lugar, sino que los podamos. Además nos dedicamos a la recolección de frutos de avellano, que salen desde la segunda semana de febrero hasta marzo. Hace ocho años nos asentamos en un sector del río, donde ahora vivimos y tenemos este problema. Antes era inhabitable. Nosotros construimos una ruka y levantamos un rehue (vivienda tradicional y sitio ceremonial respectivamente), con orientación de los espíritus. Construimos una casa, una huerta y un invernadero”.
Este es un sitio de significancia cultural de la comunidad huilliche porque el uso consuetudinario del territorio comprende también una dimensión sagrada, según explica el werken:
“Al construir nuestro hogar excavamos con herramientas manuales y encontramos muchos metawes (cántaros de estilo mapuche). Incluso hallamos una cantera de greda. Pero no seguimos excavando, porque son propiedad de la ñuke mapu y los kuyfi (la madre tierra y la gente antigua, respectivamente). Sólo pueden sacarse mediante ceremonia. Aquí todo es templo, las aguas tienen ngen (espíritus), el rehue es nuestra conexión. Este lugar es el mundo del agua: el río Maullín es un mallin, es decir un hualve, humedal y pantano. En esta ladera hay dos trayenkos (cascadas). No vemos el leufu (río) como una cosa, lo vemos como un ser vivo”.
Luis Navarro, werken de la comunidad Leviñanco ta leufu, cuenta que su abuela materna
llegó hace tres generaciones, proveniente de la isla de Chiloé para asentarse en la ribera
del Rio Maullín. Foto: Alex Vidal Brecas
El lof (comunidad) Leviñanco, compuesto por alrededor de 20 personas, reivindica la propiedad del lugar que habita junto a la ribera del río, en sus años de posesión efectiva y también en un documento de “reconocimiento de herencia ancestral mapuche”. En este texto otorgado en 2015 por la autoridad regional huilliche del Cacique de Rahue, se señala que los “mapuches somos dueños legítimos de nuestras tierras por herencia ancestral, porque nuestros antepasados son dueños del territorio Butawillimapu, fundamentado en el parlamento de paz” de las Canoas o Rahue de 1793.
Los caciques huilliches son reconocidos en la Ley Indígena N.º 19.253. Señala este Cacique que “por su antepasado doña María Delfina Leviñanco Unquen, reconozco heredero ancestral y dueño legítimo de sus tierras al peñi Luis Enrique Navarro Navarro”, para luego añadir que “el heredero ocupa con posesión material y posesión histórica 57 hectáreas de tierras” junto al río. Un peritaje antropológico realizado en 2019 por Víctor Venegas, docente de la Universidad de Los Lagos, indica que el werken Navarro “tiene una presentación por estas tierras ancestrales en Conadi” (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena). El argumento de ancestralidad se sustenta en la historia del poblamiento huilliche en el Futawillimapu.
Calendarios y geografías del Futawillimapu
Junto a un estero afluente del río Maullín se encuentra Monte Verde, lugar donde se encontraron restos de un asentamiento humano de 14.800 años de antigüedad -de los más antiguos de América-, cuya evidencia sugiere que sus habitantes se movían por el río extrayendo e intercambiando recursos con otros pobladores del área. Antes de la conquista europea esta cuenca ya era hogar del pueblo junco, quienes junto a otros pueblos huilliches (gente del sur) ocupaban los valles y riberas de los ríos del Futawillimapu, conformando verdaderas “sociedades ribereñas”. El siglo XVI vería la conquista española y la posterior rebelión nativa, marcando por dos siglos al río Maullín como la frontera sur de los pueblos libres e insumisos del Futawillimapu y del Wallmapu mapuche. Desde sus fortificaciones los españoles realizaron malocas (sorpresivas internaciones militares) para tomar prisioneros y esclavizarlos, que causaron el despoblamiento parcial de esta zona fronteriza.
Para el huilliche la tierra tiene un sentido que va más allá de lo económico, diferente al
valor que el capitalismo extractivista le asigna. En la imagen, Cristóbal (22), miembro de la
comunidad descansa después de una jornada de pesca. Foto: Alex Vidal Brecas
A fines del siglo XVIII la victoriosa ofensiva militar española permitió disolver la frontera y recolonizar el Futawillimapu, logrando la apertura del camino entre Chiloé y Valdivia. La “pacificación” implicó el Parlamento y Tratado de las Canoas de 1793, donde los huilliches se subordinaron a la corona pero mantuvieron autonomía política. También cedieron territorios aunque conservaron la mayoría, incluyendo los territorios del río Maullín y del lago Llanquihue.
Los territorios y autonomía de los pueblos del Futawillimapu serán expoliados durante el siglo XIX, con su integración al naciente Estado chileno, desconociendo lo acordado en 1793. Los huilliches tuvieron problemas para obtener o registrar títulos de comisario, de merced o de juez y actas de posesión que certificasen su ocupación ancestral. El Estado declaró “tierra de nadie” grandes extensiones territoriales que los huilliches poseían mediante un patrón de ocupación semi nómade. Muchos territorios fueron incorporados como tierra fiscal, mucha de la cual se repartió desde mediados de siglo a colonos europeos, en un extenso “territorio de colonización” que incluía la cuenca del lago Llanquihue y el río Maullín.
Durante excavaciones miembros de la comunidad encontraron restos de alfarería, puntas
de flechas y artefactos líticos utilizados por antepasados que habitaron el lugar. Foto: Alex Vidal Brecas
La colonización implicó un paulatino despojo, compra-venta, apropiación, especulación y concentración de tierras, así como de certificación, radicación y reducción de territorios y comunidades huilliches. También implicó la quema de gigantescas extensiones de selva fría y el incremento en la explotación de milenarios bosques de alerce, cuyas tablas de fina madera se exportaban desde la Colonia.
En el siglo XX la pérdida territorial recluyó a los huilliches del Futawillimapu en pocas tierras reconocidas como indígenas, que defendieron ante el avance del latifundio y las forestales. Organizados en Juntas de Caciques y mediante Memoriales reclamaron territorio y autonomía. Recuperaron tierras y fueron desalojados, a veces con extrema violencia como en la matanza de Forrahue en 1912. Desterritorialización parcial, inquilinaje, migración urbana, proletarización y cambios identitarios son elementos de la incorporación subordinada de los pueblos huilliches a Chile. Es con el colonialismo interno cuando la estela de pueblos juncos y huilliches parece disolverse en las aguas del Maullín. Pero el Censo del 2017 indica que casi el 30% de la población de la comuna de Llanquihue señala pertenecer al pueblo mapuche, en Puerto Varas el 18%, en Los Muermos el 16%, en Puerto Montt el 21%, en Maullín el 21%. Todas son comunas (municipios) por donde pasa el río Maullín.
El río Maullín
El río Maullín (“cascada de lluvia” en lengua nativa) nace como desagüe natural del lago Llanquihue en la zona urbanizada de la comuna del mismo nombre. El lento y sinuoso fluir de sus aguas recorre con calma a través de las comunas de Puerto Varas, Puerto Montt y Los Muermos, para finalmente desembocar como un gigantesco estuario al Océano Pacífico en una zona rural de la comuna de Maullín. Son más de setenta kilómetros de variados paisajes de humedal, con bosques semi sumergidos, hualves, pantanos, turberas, totorales y marismas, con un salto de agua, pequeños rápidos y muchos remansos, que configuran ecosistemas de gran complejidad y biodiversidad. Viven aquí especies nativas, endémicas y migratorias: peces y anfibios, más de ciento cincuenta especies de aves silvestres, mamíferos como la nutria de río huillín, los felinos güiña y puma, el marsupial monito del monte y el ciervo pudú. Especies amenazadas o en peligro de extinción aquí encuentran un corredor biológico hídrico natural en el cual desarrollarse.
La pesca artesanal de subsistencia constituye una de las actividades económicas de esta
comunidad. Foto: Alex Vidal Brecas
En el siglo XX el río Maullín sirvió como medio de transporte, lugar de pesca y recolección, soporte agrícola, ganadero e industrial, y últimamente como atractivo turístico. El habitar junto al río ha generado una identidad ribereña local que, en el último lustro, se volvió regional cuando el río enfrentó la amenaza de una central hidroeléctrica proyectada en sus aguas. Desde el nacimiento hasta la desembocadura, comunidades y organizaciones se han movilizado para defender y proteger su río. Hoy los ribereños valoran la ecología y el patrimonio del río, también los usos sustentables del mismo, para crear estrategias de conservación del río y su cuenca.
En el año 2002 cerca de setenta y cinco mil hectáreas del impresionante paisaje fluvial fueron declaradas Sitio Prioritario de Conservación para la Estrategia Nacional de Biodiversidad. En el 2016 más de mil trescientas hectáreas de sus humedales fueron incorporadas a la Red Hemisférica de Aves Playeras, como sitio protegido a nivel mundial dada su relevancia para aves migratorias. Finalmente en el 2019 el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad declaró la creación del Santuario de la Naturaleza del Río Maullín, que comprende más de ocho mil hectáreas de sus humedales. Estas figuras de conservación territorial relevan el valor y dan protección legal a los ecosistemas del río.
En el interior de la ruka se puede apreciar un makuñ (manta) y la wenufoye (bandera). Foto: Alex Vidal Brecas
Expansión inmobiliaria sobre el río
La salud ecosistémica y biodiversidad del río tiene hoy un inesperado y paradojal correlato: el Maullín y sus riberas forman un atractivo paisaje natural que se mercantiliza en la explosiva especulación inmobiliaria que experimenta toda la región. El negocio de bienes raíces tiene en las “parcelas de agrado” una oferta que se valoriza cada día: “Bosques del Maullín”, “Ríos del Chucao”, “Condominio Bosque Río”, entre otros, son parcelaciones cuya publicidad resalta la prístina naturaleza circundante, la exclusividad del lugar y la alta plusvalía del inmueble.
Esto se realiza en base al Decreto Ley 3.516 de 1980 que establece normas sobre división de predios rústicos, es decir que se encuentran fuera del límite urbano y tienen una aptitud agrícola, ganadera y forestal o se componen de bosque nativo. El decreto prohíbe cambiar el uso rural de los predios subdivididos, sin embargo en la práctica avanza la urbanización irregular de extensos territorios rurales en todo el país y la región, con nocivos efectos socioambientales descritos por urbanistas y ecólogos. Si antes el extractivismo regional tuvo como objeto a esclavos y alerces, hoy el extractivismo inmobiliario es un negocio particular que implica la destrucción de suelos, ecosistemas, paisajes, bienes comunes y formas de vida.
Las rukas (vivienda huilliche) donde habita la comunidad leviñanco ta leufu, fueron
construidas de forma cónica y base circular como las antiguas vivendas huilliche. Foto: Alex Vidal Brecas
El conflicto que aquí exponemos se inscribe en este proceso y se remonta a enero de 2019, cuando un proyecto inmobiliario se instaló en el predio de 50 hectáreas que el Lof Leviñanco reclama. Mediante un vídeo publicado en redes sociales, el werken Navarro denunció que estaban
“siendo amedrentados por unos latifundistas que llegaron de Santiago, ricos que han estado trabajando en temas de construcción de viviendas, que dicen que ahora otro ladrón de tierras les vendió nuestra tierra a ellos y que por eso ellos nos quieren desalojar […] nos ha amenazado de muerte sino salimos de este territorio. Si no le entregamos el río y la ribera del mismo […]
Vista del río Maullín que nace en la ciudad de Llanquihue al sur de Chile, recorre 85
kilómetros antes de desembocar en el océano Pacifico. Foto: Alex Vidal Brecas
Ante esa amenaza, nosotros decimos a este latifundista que puede irse donde quiera con su cagá de plata y con su cagá de amenazas. Nosotros no vamos a abandonar nuestra cultura, no vamos a abandonar nuestra espiritualidad […] Estas tierras son huilliches, y nuestra visión y nuestra tarea y nuestro trabajo y nuestra vida, se va a ir en mantener nuestra cultura y mantener nuestra espiritualidad, cueste lo que cueste”.
Toma de dron por la zona
Finalmente aquel proyecto no se realizó, pero el predio rural fue comprado en octubre de 2019 por la empresa de giro inmobiliario “Alto Maullín SpA”, para desarrollar el proyecto de parcelaciones “Alto Maullín Parque Natural Residencial”. Constituida en mayo de 2019, su gerente general y representante legal es Rolando Winkler Fuchslocher, sus accionistas a partes iguales son Inversiones Alma Sur SpA y Chacra 40 SpA, respectivamente representadas por Germán Egon Strauch y Rolando Winkler Fuchslocher.
Toma de dron por la zona
Rolando Winkler también es socio en Inmobiliaria e Inversiones Winkler & Nasler Limitada, también denominada Inmobiliaria Alto Los Colonos, que desarrolla el condominio del mismo nombre en la comuna de Frutillar, bajo el lema “Olvida el concepto de ‘nueva normalidad’, ven a construir tu propia realidad”. Son más de cien parcelas en venta, por un precio de noventa millones de pesos cada una. Tanto en la parcelación de Frutillar como en la de Llanquihue, Winkler trabaja junto a la empresa Südwind Gestión Inmobiliaria, corredora de propiedades cuyo representante es Walter Arnold Mueller. Las faenas de maquinaria en la parcelación Alto Maullín son hechas por la Constructora Stange Hermanos Limitada. Por otra parte Rolando Winkler es representante de Franquicias Gastronómicas PIM’S, dueña del Restaurant PIM’S en Puerto Varas.
Toma de dron por la zona
El desarrollo inmobiliario “Parque Natural Residencial” de Alto Maullín SpA, en las afueras de Llanquihue, consiste en la subdivisión y urbanización del predio rural. Son ochenta y siete parcelas que tienen desde quinientos metros cuadrados, puestas a la venta a un precio aproximado de ochenta y tres millones de pesos cada una. Se construye también infraestructura de caminos de doce metros de ancho, agua y electrificación subterránea, sistema de agua de pozo profundo, áreas comunes con plazas, jardines y miradores, ciclovía, entrada vigilada por guardia y portón automático. Su publicidad oferta “un estilo de vida natural” desarrollando “un concepto que se adapte totalmente a la naturaleza y futuro de nuestras familias”, acompañando el eslogan con fotografías de paisaje con ríos, bosques y montañas. Sin embargo el desarrollo del proyecto ha estado marcado por el conflicto socioambiental, la violencia hacia la familia Leviñanco y la destrucción del río Maullín.
Toma de dron por la zona
Violencia y destrucción en la ribera
Según archivos judiciales y testimonios recopilados, la disputa entre la inmobiliaria Alto Maullín SpA y el Lof Leviñanco Ta Leufu comenzó el 31 de julio de 2020, al iniciar la empresa los trabajos topográficos para realizar un camino al río desde lo alto del cerro hasta la ribera. Según relata Luis Navarro, Rolando Winkler y otra persona llegaron sin previo aviso y sin mascarilla hasta la ruca del lof Leviñanco, fotografiando a escondidas a su esposa, hijo e hija menor de edad. Cuando los encararon, señala el werken, recibieron burlas y amenazas. Por su parte, Winkler relata que él bajó al lugar, pero al constatar tala de árboles y una ruka volvió a la cima del cerro, donde dice que Navarro le amenazó y dio un puñetazo. Ambos acudieron a la subcomisaría de Llanquihue a presentar las respectivas denuncias.
Toma de dron por la zona
Desde entonces y en el transcurso de los meses, se sucedieron una serie de escaramuzas. Navarro señala que “a medida que pasaron los meses, la gravedad de los avances de la inmobiliaria se fue incrementando”. Entonces junto a su familia comenzaron a difundir vídeos en redes sociales, denunciando los hechos y mostrando el avance de las máquinas sobre el bosque en la ladera del río. Por su parte, Winkler y sus trabajadores hicieron denuncias por amenazas de Navarro si iniciaban las obras, incluyendo una denuncia por retiro de los estacones que servían de guía para la apertura de caminos.
El 4 de agosto en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la inmobiliaria presentó un recurso de protección a favor del representante de la empresa y sus trabajadores en contra de Luis Navarro (1645-2020). El 6 de agosto Navarro se comunicó con la oficina regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) para requerir su intervención en el caso. Navarro acusó ser vulnerado en sus derechos, sufriendo junto a su familia del amedrentamiento de particulares a causa de su lucha por proteger su tierra ancestral. Argumentó que es un lugar de prácticas culturales mapuche, con patrimonio histórico y biodiversidad, que resultaría dañado por las obras proyectadas para abrir un camino y un embarcadero. El 31 de agosto el director regional de la Corporación derivó tal requerimiento al director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), solicitando apoyo y asesoría para la comunidad Leviñanco. También escribió al presidente del Consejo de Monumentos Nacionales solicitando asesoría para proteger el patrimonio histórico de esta comunidad huilliche. No hubo respuesta efectiva de parte de estos organismos del Estado.
Toma de dron por la zona
El 16 de septiembre el tribunal de Puerto Montt dictó sentencia en el recurso de protección presentado por la inmobiliaria, resolviendo que Navarro debía abstenerse de acercarse a Winkler y sus cuidadores, como también abstenerse de realizar en redes sociales publicaciones que afectasen su imagen y honra. Pero el tribunal no ordenó el desalojo, pues esta no era una causa sobre las tierras. Ese día las retroexcavadoras de la Constructora Stange Hermanos comenzaron a abrir el camino al río. Sin contar con los permisos ambientales necesarios para tal obra de urbanización en un Sitio Prioritario de Conservación. Según una denuncia del cuidador del fundo y del operario de retroexcavadora, Navarro se interpuso delante de la maquinaria, “manifestando que no se iba a dejar que trabajara la máquina hasta que esté resuelto por tribunales ya que él estaba en su sector que le corresponde y que son tierras patrimoniales” y “ancestrales”.
El 19 de septiembre Luis Navarro denunció faenas no autorizadas de retroexcavadora en su predio, mencionando la existencia de un litigio en tribunal civil con su vecino y posibles amenazas hacia su familia. Un mes después, en un correo electrónico dirigido al general de Carabineros de la Décima Zona y a la Subcomisaría de Llanquihue, Luis Navarro señalaba:
“me permito informar que el día de hoy 18 de noviembre del 2020 siendo las 11:15 horas, se ha llamado en reiteradas oportunidades de distintos teléfonos de la subcomisaría de Llanquihue, quienes no han respondido al llamado de los habitantes de la comunidad Leviñanco ta leufu, ubicada en la ladera del río Maullín, ante la emergencia ocurrida debido a que en el alto del cerro se encuentra una máquina, tipo excavadora, arrojando rocas de gran magnitud desde gran altura en dirección a las rukas y casas de la comunidad, produciéndose un riesgo inminente de que estas rocas caigan no solo en las viviendas, sino que golpeen a las personas, adultos y niños que habitan el lugar; se requiere presencia policial a fin de evitar heridos en el lugar, por lo que solicito su intervención”. En un correo posterior agrega: “es imperativo informar que el conductor de la retroexcavadora atacó con la máquina al cona [valiente, mocetón] de la comunidad, tratando de aplastarlo. Solicito su intervención para encomendar personal policial en el lugar.”
Toma de dron por la zona
Mientras se denunciaba ante Carabineros y Policía de Investigaciones, en la ladera del río aumentaba la intensidad de las faenas, con retroexcavadoras removiendo bosque nativo y grandes volúmenes de tierra. La Fiscalía y el Juzgado de Garantía de Puerto Varas desestimaban investigar reiteradas denuncias por destrucción ambiental y agresión a la comunidad (3353-2020, 3562-2020 y 346-2021). A principios de diciembre las retroexcavadoras “comenzaron a abrir caminos hacia el interior del bosque, en la parte superior de la colina, generando un socavón que se encuentra inmediatamente cerro arriba de donde se encuentra nuestro hogar y asentamiento”, exponía Luis Navarro en un recurso de amparo patrocinado por el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el 18 de diciembre de 2020 (345-2020, reingresado como Recurso de Protección 1950-2020). En el relato acompañando de imágenes, se explica el peligro y terror sufrido por la comunidad:
“A medida que dichos surcos en el bosque fueron avanzando, comenzaron a lanzarse piedras de gran tamaño cuesta abajo, directamente dirigidas a nuestro hogar. Si bien resultará evidente de las fotografías, me gustaría recalcar que cada una de estas piedras, debido a su tamaño, peso y además, la trayectoria e inclinación desde la cual se lanzan a gran velocidad, implican una amenaza real, objetiva y concreta, a la vida y seguridad de toda mi comunidad” […] “El pasado sábado 12 de diciembre, día en que cayeron gran cantidad de piedras en las cercanías de mi ruca, aproximadamente a las 22 horas […]”
Toma de dron por la zona
“El día lunes 14 de diciembre, según consignamos por un video que haremos llegar a SSI, tuvimos que evacuar con urgencia por vía acuática, llevándonos a nuestros perros, debido al terror de las piedras, tierra y troncos de árboles nativos que comenzaron a caer a nuestro alrededor, con inmenso estruendo, debido a nuevos avances de retroexcavadoras. En el minuto que comenzaron a caer las piedras, mi hija menor (de 9 años) y mi señora, se encontraban trabajando en el invernadero, que fue impactado por una piedra, sin causarles lesiones, pero sí inmenso terror”.
En la sede vecinal de Llanquihue, junto a su familia, el 22 de diciembre el werken explicaba: “tuvimos que desalojar, es inhabitable, el hombre sepultará las rukas”. Ante la violencia de los hechos e inacción de las instituciones del Estado, la familia difundió nuevos videos en redes sociales y el caso se volvió viral a mediados de diciembre. El werken Navarro explica el tono y las palabras usadas en sus grabaciones: “usamos la lengua como arma de lucha, estamos defendiendo la tierra de las retroexcavadoras que Winkler manda. Por eso mi actitud en los videos, necesitamos ubicar a Llanquihue en el mapa”.
Toma de dron por la zona
Aunque la viralización en redes sociales visibilizó la violencia contra la comunidad huilliche y la destrucción del río Maullín, en opinión de la comunidad el actuar de las distintas autoridades y organismos estatales ha sido negligente. Además la inmobiliaria ha presentado el caso como un conflicto de usurpación a un privado que le impide el dominio de su propiedad y ejercer su libertad de empresa, pero de acuerdo a la opinión de la comunidad huilliche, se trata de un problema de racismo, colonialismo y ecocidio que es histórico y estructural. “El newen (vitalidad, fuerza) del río está tocado con esta intervención” señalan desde el lof Leviñanco Ta Leufu. La ribera del río es la frontera de vida donde hoy el extractivismo abre sus caminos de muerte.
Toma de dron por la zona
Una denuncia ciudadana por elusión ambiental, vulneración a Sitio Prioritario y daño ambiental logró que a mediados de febrero el Tribunal Ambiental ordenara la paralización de las obras por 15 días hábiles, pero ¿qué pasará después? En la segunda entrega ahondaremos en los problemas estructurales, así como en los procesos judiciales, el grave daño ambiental y las repercusiones sociales actuales que está teniendo este conflicto territorial y socioambiental.
Fuentes consultadas
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Causas judiciales
Juzgado de Garantía de Puerto Varas: 3220-2020, 3353-2020, 3562-2020, 3694-2020, 346-2021
Corte de Apelaciones de Puerto Montt: 1645-2020, 345-2020, 1950-2020, 8-2021
