Fuente: Congreso Nacional Indígena

¡DENUNCIA URGENTE! “LOS ARDILLOS” DESAPARECEN A 2 HERMANOS DEL CIPOG-EZ

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
A las Organizaciones de Derechos Humanos
A los medios de comunicación

7 de mayo de 2022.

La mañana del 6 de mayo aproximadamente a las 9 de la mañana, dos de nuestros hermanos, de las comunidades que integran al CIPOG-EZ, fueron desaparecidos. Marcos Campos Ahuejote de la comunidad de Xicotlán y Lorena Chantzin Paxacuasingo de Acahuehuetlán fueron detenidos y desaparecidos cuando se dirigían a Chilapa, en el crucero de la Carretera a la altura de Atzacualoya, municipio de Chilapa de Álvarez, lugar en el que el grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” instala retenes. Sabemos que fueron “Los Ardillos”, Celso Ortega y la gente que integra al grupo narcoparamilitar, particularmente Audencio Lucas Rosario, quien está operando en la zona de Chilapa asesinando y secuestrando.

Sin embargo, éste grupo narco-paramilitar, opera en la región con el conocimiento y complicidad de las autoridades municipales, estatales y federales, a quienes responsabilizamos por la desaparición de nuestra hermana Lorena Chantzin y de nuestro hermano Marcos Campos.

Denunciamos que la fiscalía y la gobernadora Evelyn Salgado no han hecho nada por detener los asesinatos, desapariciones, torturas y demás acciones de “Los Ardillos” ni mucho menos por buscar a nuestros desaparecidos, como a Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, desaparecidos el 25 de enero de 2022 por la policía municipal de Atlixtac. Exigimos la aparición con vida de Lorena y Marcos Campos. Es insostenible lo que estamos viviendo y responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por lo que pueda pasar.

Les pedimos hermanos y hermanas de México y del mundo, estar atentas a lo que pueda suceder.

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red Nacional contra la Represión

A los medios de comunicación

A las Organizaciones de Derechos Humanos

A un día de la conmemoración de los 103 años del asesinato del General Emiliano Zapata, a un día también de la Consulta de Revocación de Mandato. Abismal diferencia de hechos. Por un lado, Zapata defendiendo la tierra, la vida, la libertad, justicia y ley. Por el otro una disputa por el poder, allá arriba, donde quien llega se olvida de mirar abajo pero ahora le dice al abajo que puede cambiar a su verdugo cada 3 años y no 6, le dice al abajo que tiene que agradecer porque el mandón seguirá mandando, destruyendo la tierra, las selvas, los bosques, el agua, entregando el país al capital extranjero y nacional, privatizando los bienes naturales y explotando a los trabajadores, permitiendo que el crimen organizado asesine y extorsione, pero ahora nos van a preguntar acá abajo, si todo bien o si preferimos que todo lo anterior descrito, lo haga el mismo u otro, otra, un éxito completo ¿De algo servirá que el verdugo cambie cada 3 años?

11 de abril de 2022

Mientras tanto, la realidad sigue golpeando nuestras caras, nos sigue despreciando, asesinando. En el país y en nuestro estado, Guerrero, creen que se puede resolver con discursos, dicen que ya todo lo están arreglando y que todo está bajo control. Tal como hacen en la respuesta del 30 de marzo de 2022 al Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, respecto a la denuncia que hicimos por la desaparición de nuestros hermanos Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, ocurrida el 25 de enero de 2022 en manos de la policía municipal de Atlixtac y encubierta por la fiscalía, el gobierno municipal, por el gobierno de Guerrero y ahora por el gobierno federal.

1. El Estado mexicano le dice al Comité de las Naciones Unidas: “tengan por presentado el informe […] tenga por atendida la solicitud de información solicitada por el Comité respecto a Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez”. De manera contundente, no dicen nada. Explican que se han reunido con la familia, que han hecho búsquedas y mas reuniones. Pero ninguna detención, es decir, hay desaparecidos y perpetradores, dicen buscar a los desaparecidos, pero no detienen a quienes los desaparecieron, saben que fueron detenidos por la Policía municipal de Atlixtac, que a su vez es protegida por el Municipio, la fiscalía y por el mismo gobierno del Evelyn Salgado, del partido Morena. El Estado se protege a sí mismo, habla bien de sí, cuando dentro del mismo están los culpables y sus cómplices.

2. El mismo 30 de marzo de 2022, día en que el Estado Mexicano le responde al Comité Contra la Desaparición Forzada que “están trabajando y redoblarán esfuerzos”, se reunió la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, para modificar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de tal forma que:

• El acompañamiento para las personas beneficiadas del Mecanismo de Protección será de un máximo de 5 días al mes.
• Se deberá solicitar el Mecanismo con 72 horas hábiles de anticipación e itinerario correspondiente.
• Los acompañamientos dependerán de la disponibilidad de los elementos.
• Las medidas son de carácter temporal.

Como si la violencia en contra de periodistas no fuera tan brutal. Como si la vida de quienes hacemos el trabajo del Estado Mexicano de brindar seguridad a nuestros pueblos, enfrentando a la delincuencia organizada y a los grupos narco-paramilitares, no estuviera en riesgo todo el tiempo, dentro de nuestras comunidades, en las carreteras, dentro de los municipios, los grupos delincuenciales se mueven con holgura y son informados, solapados y apoyados por las mismas autoridades, como sucedió en Atlixtac donde siguen impunes y fuera de investigación quienes desaparecieron a nuestros hermanos Pablo y Samuel.

Es por lo anterior que como Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, responsabilizamos a los 3 ordenes de gobierno por lo que le pueda suceder a nuestros hermanos y promotores Jesus Plácido Galindo, Isaías Posotempa Silberio, Adán Linares Silverio, Benjamín Sánchez Hernández, a las familias de los desaparecidos Pablo Hilario y Samuel Hernández, así como a cada integrante de nuestra organización. Sepan que los ojos de la comunidad internacional están atentos a la forma en la que nuestros derechos son vulnerados y al desprecio con el que nos miran, la forma en la que mientras dicen trabajar por la aparición de Samuel y Pablo, dejan en total abandono a quienes, si solicitamos el Mecanismo de Protección, no fue por sentirnos importantes o para ganar votos para tener un puesto en el gobierno -tal como ustedes se manejan-, sino porque nuestras vidas están en riesgo y no sólo las nuestras, sino las de miles de personas que en México luchamos por un mundo donde podamos vivir en paz y libertad.

¡BASTA DE SIMULACIÓN!

¡EXIGIMOS LA PROTECCIÓN DE QUIENES LUCHAN POR LA DEFENSA DE LA VIDA!

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinti

“Las 43 familias estamos enojadas, encabronadas, porque desafortunadamente nos vieron la cara durante tres años”, reclamó Mario González, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

La reacción de los familiares de los normalistas desaparecidos se dio tras la publicación del Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), mediante el cual se confirma la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes, así como la actuación de las autoridades para falsear los hechos de la “verdad histórica”.

Así fue como el gobierno de Peña Nieto divulgó la versión oficial en la cual argumentaba que los estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados a miembros del crimen organizado, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero en Cocula.

Esta narrativa fue puesta en duda desde 2015, después de las investigaciones realizadas por el GIEI, quienes participaron para coadyuvar en el caso tras denuncias de irregularidades de la versión oficial.

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La publicación mas reciente de los expertos del GIEI expone un video donde se demuestra que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) intervinieron y manipularon el basurero de Cocula para la construcción de la “verdad histórica”.

Además, el GIEI también resalta que el Ejército diseño una estrategia de contrainsurgencia mediante la cual infiltró la normal de Ayotzinapa para espiar las actividades de los estudiantes. Incluso, el Ejército mantuvo la vigilancia de los normalistas en tiempo real durante los momentos en que fueron atacados por policías y criminales entre la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

Tras las revelaciones, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos demandaron investigar al Ejército mexicano, así como llamar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto para resolver su participación en el caso.

Promesas incumplidas

En conferencia de prensa realizada este martes (29), madres y padres de los estudiantes desaparecidos también demandaron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador con quien, aseguran, no han tenido comunicación desde septiembre de 2021.

María Elena Guerrero, madre del normalista Giovanni Galíndez, aseveró que nunca creyeron posible que después de tres años de que asumiera el cargo el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación”, no exista aún información sobre dónde se encuentran los estudiantes.

Por su parte, Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio, enfatizó que con la información del GIEI se debe proceder con la investigación del Ejército “porque ahí es donde hay obstáculos y no podemos alcanzar la verdad”.

Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete González, reclamó que en México los pobres no tienen justicia y prueba de ello es la manera en cómo se ha realizado la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes, pues desde el gobierno pasado existían motivos suficientes para sospechar del involucramiento del Ejército mexicano en el crimen.

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Navarrete también criticó la actuación de la administración federal actual, pues aseguró que las instituciones no le hacen caso al presidente, pues permanecen los obstáculos para acceder a información y continuar con las investigaciones.

“(El presidente) Debe dejar un poco las mañaneras y enfocarse un poco en los compromisos que ha tenido con el pueblo. Sí da coraje de ver que esas instituciones del gobierno federal siguen guardando información. Si nos ocultaron esto, ¿qué más pueden ocultar? El que miente una vez miente dos veces o tres veces. Y el gobierno solamente utiliza el poder para sí mismo, y no dar justicia al pueblo”, reclamó Navarrete.

Para Mario González, acciones como la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia para el Caso Ayotzinapa, muestran que las instituciones mexicanas han jugado con ellos durante tres años.

González señaló que, a escasos dos días de la toma del poder de AMLO en 2018, las autoridades federales firmaron un decreto en el que se comprometían a entregar toda la información sobre el caso y que los hicieron ir al 27 Batallón “a sabiendas de que no íbamos a encontrar nada”.

“¿Cómo no estar enojado, si a tres años sale una información que debía haber sido entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojado si no sabemos nada de nuestros hijos?”, recriminó González.

¿Justicia?

En la conferencia de prensa también participó Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los normalistas desaparecidos quien aseguró que con la publicación del informe del GIEI queda claro que la manipulación del basurero en Cocula revela que fue una acción para ensuciar el proceso de investigación y ocultar la verdad.

De acuerdo al abogado, este montaje complicó la exploración de otras líneas de investigación en por lo menos cinco años. Así mismo, negó que exista un cambio entre la anterior y la actual administración federal pues a mas de tres años de la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia, los secretarios de la Marina y de la Defensa Nacional se han negado a colaborar con las investigaciones.

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“Una cosa es que se le entregue al GIEI y otra que ya se hagan diligencias concretas para fincar responsabilidad”, reclamó Rosales pues a pesar de la publicación del informe de expertos, esta información no se ha vertido de manera concreta a la investigación, pues el Ministerio Público está teniendo dificultades para darle cauce jurídico a lo difundido por el GIEI.

Cabe destacar que, de acuerdo con el GIEI, el Ejército también realizó actuaciones e investigaciones que no ha compartido para esclarecer los hechos. El grupo de expertos alertó que aún existe información relevante en poder de los militares y de las fuerzas de seguridad  que “ha sido omitida tanto en los documentos entregados al GIEI como a la fiscalía especializada, así como en las declaraciones de los funcionarios militares, entre ellas: información sobre los hechos del Palacio de Justicia en Iguala de una patrulla militar; omisión del reporte de la caseta tres de la carretera, donde se tenían desplegados militares, y la entrada en barandillas de normalistas esa noche”.

Por Ángel Huerta | Avispa Midia

Los gritos pidiendo justicia de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, hacen eco en los edificios en la Ciudad de México. Desde la desaparición, hace siete años, el 26 de cada mes familiares se movilizan del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. Los estudiantes fueron desaparecidos, en Iguala, Guerrero, al sur de México, por los aparatos de seguridad del Estado y narcotraficantes.

El último 26, madres y padres de los estudiantes estuvieron acompañados de un grupo reducido de personas. En esta ocasión, las camisetas y cascos rojos de marabunta, el lazo que rodea a los padres y las decenas de camarógrafos que regularmente acompañan la movilización por los normalistas, se ausentaron.

Por otro lado un grupo de personas, los otomíes de la casa de los pueblos Samir Flores, colectivos, artistas, normalistas de Ayotzinapa y representantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSUM) recorrieron la icónica avenida del paseo de la reforma, que se ha convertido ya en una imagen a la que los capitalinos se han habituado, es parte del paisaje de cada mes.

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A Andrés Manuel López Obrador
A los estudiantes de Ayotzinapa
A los padres y madres y los estudiantes de Ayotzinapa
Al pueblo de México

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) condena enérgicamente la represión que la Guardia Nacional y la policía del Estado de Guerrero ejercieron en contra de nuestros compañeros estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el día viernes 4 de febrero, de la que resultaron presos 5 compañeros (ya en libertad) y algunos más heridos. Esta represión se dio por segundo viernes consecutivo, después de que los estudiantes de Ayotzinapa se manifestaban pacíficamente en la caseta de la carretera de Palo Blanco, Guerrero, para exigir la presentación con vida de nuestros compañeros, sus compañeros de clases y lucha, desaparecidos desde hace ya más de 7 años. Los videos de la represión documentan claramente la criminalización de la protesta social de la que son nuevamente víctimas nuestros compañeros: durante la protesta en la caseta, decenas de elementos de la Guardia Nacional encapsularon a los estudiantes, amenazándolos con avanzar en su contra con toletes, escudos y gases por delante.

¿Cuándo veremos al Estado actuar de forma tan decidida para dar con el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos? ¿Cuándo veremos a la Guardia Nacional avanzar para capturar a los criminales que perpetraron su desaparición y el asesinato de algunos de ellos? ¿Cuándo veremos que Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam o Tomás Zerón pisen las cárceles y le rindan cuentas a los padres y madres de nuestros compañeros desaparecidos y asesinados? ¿Cuándo veremos justicia para Julio César Mondragón y para los demás compañeros asesinados y heridos? ¿Cuándo veremos el fin de la criminalización de la protesta social y de la exigencia de verdad y justicia? Las acciones de nuestros compañeros de Ayotzinapa, desde la protesta pacifica en las casetas de carretera hasta cualquier otra que sea necesaria para romper el cerco de la policía cuando la represión amenaza, no pueden juzgarse sin tener en cuenta estas preguntas, cuyas respuestas no parecen llegar nunca. Las acciones de nuestros compañeros corresponden a un escenario en el que todavía impera la impunidad de la que gozan los verdaderos criminales, y en el que se impone la falta de verdad y justicia en el caso. La continuidad de este escenario es lo que debe indignarnos, y nunca las acciones de nuestros compañeros que exigen su fin; la represión en su contra es lo que debe señalarse, y nunca lo que ellos hacen para responder a su amenaza.

Lamentamos que ese escenario continúe después de mas de 7 años, tiempo que incluye a su presidencia. Y nos llena de rabia que ahora se les reprima también. Por ello, le demandamos que haga lo necesario para que Evelyn Salgado, gobernadora del Estado de Guerrero, detenga inmediatamente la represión que ella ha iniciado contra los estudiantes de Ayotzinapa desde que asumió el cargo. Para que Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, intervenga de inmediato para que se detenga la represión hacia nuestros compañeros. Todavía más: para que Alejandro Encinas, como responsable de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, cumpla ya con el compromiso que usted como presidente le hizo a los padres y las madres de los estudiantes de Ayotzinapa y al propio pueblo de México para alcanzar definitivamente la verdad y la justicia.

El tiempo pasa y la noche de Iguala no parece terminar. Por el contrario, la injusticia se extiende. No es tiempo de “dar detalles de los avances”; es tiempo de acabar ya con la impunidad y dar paso a la verdad y a la justicia. En la medida en la que ello no ocurra, nuestros compañeros estudiantes de Ayotzinapa, los padres y madres que luchan por sus hijos normalistas desaparecidos y asesinados, tienen todo el derecho de protestar. Y advertimos: corren el peligro de ser víctimas de nuevas injusticias. Y de todo ello seguirá siendo responsabilidad del Estado.

El FPDT reitera su compromiso con la lucha por verdad y justicia para nuestros compañeros de Ayotzinapa, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y asesinados. Para nuestros compañeros y compañeras normalistas, todo nuestro respaldo y solidaridad. Y reiteramos que mantendremos el machete en alto hasta no ver que cese la represión en su contra y que los verdaderos criminales estén en la cárcel. ¡Hasta no ver a nuestros compañeros desaparecidos vivos y de regreso!

¡Alto a la represión a los estudiantes de Ayotzinapa!
¡Verdad y justicia para Ayotzinapa!
¡Vivos de los llevaron, vivos los queremos!
¡Zapata vive, la lucha sigue!

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Communique from the Popular Indigenous Council of Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denouncing the disappearance of two of their members at the hands of the police, and announcing a highway blockade to protest insecurity in their communities

To the Zapatista Army of National Liberation

To the National Indigenous Congress

To the Indigenous Governing Council

To the National and International Sixth

To the Networks of Resistance and Rebellion

To the Network Against Repression and for Solidarity

To the Human Rights Organizations

January 27, 2022

Brothers and sisters. In the afternoon of January 25 at approximately 5:40pm, our compañeros Pablo Hilario Morales of the community of Tula, and Samuel Hernández Sánchez of the community of Zapapexco—both part of the CIPOG-EZ and CNI-CIG—were detained by municipal police of Atlixtac. We continue not knowing of their whereabouts.

As an organization, we are seeking information regarding their location. The authorities say they do not know anything, including in Atlixtac, where they even denied information to the National Human Rights Commission. We fear for the lives of our brothers, but the authorities seem to not care about life. It is more than evident that the government of Guerrero is afraid of confronting the criminal groups who move at will, kidnapping, assassinating, torturing, and shooting the population throughout the state. Acapulco, Chilapa, different parts of the Sierra, the Tlapa mountain region, Chilpancingo, are all scenes of extortion and assassination. The inaction of the authorities shows clearly that they are colluding with criminal and narco-paramilitary groups. We have denounced this to exhaustion, but the municipal, state, and federal authorities turn a deaf ear and look at us with contempt, as if we are only seeking charity, social programs, or crumbs to shut us up.

It is not only municipal authorities and municipal presidents. The National Guard, SEDENA, state and local police who are supposedly in charge of security, they also cover their eyes ignoring those who carry out crimes against the communities. At the same time, they continue claiming that they are engaged in actions to provide security. They do not understand that the criminals, the narco-paramilitary groups, must be sought out from within their own structures, inside the municipal police, prosecutor’s office, and municipal governments. With one hand they collect their salary from the taxes of the people, and with the other they collect pay from organized crime groups for their complicity and silence.

What good is a dialogue offered by the AMLO Administration, Evelyn Salgado Pineda, and the other levels of government, if when it comes to confronting organized crime, they don’t do it? We affirm that they are only acting as if they are truly listening to the people. We say to them, if they cannot provide security, they should resign. If they do not dare to confront organized crime groups, then they should get out of here. For the authorities, the lives of our people are just numbers, votes, political commodities. They only administer death, and resort to lies to avoid exposing their ineptitude.

The power vacuum that exists in Guerrero is visible. It is not possible that the government is afraid of confronting organized crime and narco-paramilitary groups. Just yesterday around 5:00pm, in the Valley of Ocotito, in the municipality of Chilpancingo, men armed with military grade weaponry and armored cars fired rounds for more than an hour against community police. No authority was there was confront these criminal groups. Not the army, ministerial police, nor the National Guard have acted to carry out arrests or stop the violence that plagues the state. This demonstrates that the criminal groups have the capacity to attack and move around as they please. It proves that they control the police who share with them inside information so that they can circulate and terrorize the population, assassinating those who decide to defend life.

For this, we demand the alive appearance of our brothers Pablo Hilario Morales and Samuel Hernández Sánchez.

• We demand that the municipal police of Atlixtac, of Chilapa, and of José Joaquín de Herrera, be purged. It is well known that they are in collusion with the criminal narco-paramilitary group, “Los Ardillos.”
• We demand the investigation and purge of municipal presidents. They are the ones who coordinate and dispute the resources of the people. They are also the ones who are allowing that the criminal groups operate with complete freedom.
• We demand that SEDENA and the National Guard began to actually do their job of stopping organized crime, “Los Ardillos,” and those who allow these groups to kill and terrorize the population.

We hold responsible the municipal president and municipal police of Atlixtac for the disappearance of our brothers. We also hold responsible the three levels of government because they know what is happening in Guerrero. Denunciations have been made to all government agencies. There has not been a clear response on how to end the violence in our communities, and in the state of Guerrero as a whole. As the CIPOG-EZ, we will maintain a blockade on the highway which runs from Tlapa to Chilapa, and we will carry out more actions until the return of our brothers Pablo Hilario and Samuel Hernández, until the governments assume their responsibility to the people. We call on the different organizations, networks, collectives, and human rights organizations, to share, denounce, and be attentive to the situation.

Sincerely,

Popular Indigenous Council of Guerrero-Emiliano Zapata