En Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Ciudad de México y Nayarit fueron las entidades donde el gremio periodísticos se unió a la protesta presencial, el 14 de febrero, por el asesinato de Heber López Vásquez, director del medio digital Noticias Web, el 10 de febrero en Salina Cruz, Oaxaca.

La organización Artículo 19 se unió a la voz de periodistas de todo México que exige justicia desde sus trincheras, pues se trata del periodista cinco asesinado durante este 2022; y el número 30 en el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Exhortamos a las autoridades a atender de manera urgente la crisis mediante una efectiva coordinación interinstitucional en la prevención, protección, acceso a la justicia y reparación para la prensa y sus familiares”, dijo la organización.

Asesinato

Dos sujetos interceptaron a Heber cuando llegaba a su estudio de grabación, ubicado en su domicilio. Como sucedió en la mayoría de los casos de este año, incluso en el asesinato del periodista Fredy López Arévalo el 28 de octubre de 2021.

Heber López ejerció el periodismo por más de dieciocho años como fotoreportero NVI- Istmo en Noticias Voz e Imagen en la región; hace siete años, decidió independizarse y creó su página NoticiasWeb.

El gremio periodístico y la familia de Heber reconocen que era una persona franca, leal, crítica de injusticias y de la corrupción. Cubría principalmente la fuente de corrupción y política en el municipio y sus últimas investigaciones tenían que ver con irregularidades en Salina Cruz y anomalías en torno al proyecto Rompeolas del gobierno federal.

En 2019, denunció amenazas por un guardia de seguridad del entonces alcalde de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas, documentó Artículo 19.

Precariedad

El gremio periodístico de Chiapas a través de un pronunciamiento expresó su preocupación por la responsabilidad política, empresarial y judicial que no es asumida por las empresas periodísticas. Mientras ellas obtienen ganancias millonarias, los periodistas tienen sueldos bajos, sin prestaciones ni seguridad.

Recordaron que en el 2021, la Red Nacional de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer A.C (Cimac) documentó que cada 38 horas, una mujer periodista o comunicadora es sujeta a algún tipo de violencia por su labor de informar. En el documento lamentan los vínculos del crimen organizado con los gobiernos que propician escenarios de inseguridad en el ejercicio.

A escasos dos años de que concluya la llamada “Cuarta Transformación”, como le ha llamado a su gobierno el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (Amlo), los contextos de violencia hacia los pueblos originarios se han agudizado casi simultáneamente. Es “la escalada represiva, que viene de las entrañas del gobierno del capital, que se autonombra 4T”, sostuvieron los pueblos en un comunicado lanzado este miércoles (16).

Los pueblos organizados en el llamado Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejercito Zapatistas de Liberación Nacional (EZLN), en un comunicado que lanzaron conjuntamente,  señalan el aumento de ataques y hostigamiento por parte grupos paramilitares, de la Guardia Nacional y el Ejército en diversas geografías del país.

Condenaron puntualmente el asesinato de Francisco Vázquez, “quien alzó la voz en contra del robo del agua a los ejidos de la región de Ayala para la operación de la Termoeléctrica de Huexca, Morelos”.

Él era parte los ejidatarios que han opuesto resistencia a la ya conocida termoeléctrica de Huexca, que forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).

El campesino, durante una reunión de ejidatarios, ya había alertado que había recibido “amenazas de muerte”, además señaló que si le sucedía algo a él o su familia, “responsabilizaba a Rogelio Plascencia, presidente de ASURCO (Asociación de Usuarios del Río Cuautla)”, revelaron integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM).

“Vemos con tristeza y con inseguridad lo que esta sucediendo, porque estamos expuestos y estamos en alerta. En Morelos ya asesinaron a dos personas por estar en contra del PIM”, puntualizaron los integrantes de la APPM que, por seguridad, decidieron mantenerse en el anonimato.

Desde que inició la “Cuarta Transformación”, los pueblos de Morelos se vistieron de luto por PIM, pues aquí fue dónde también asesinaron al indígena Samir Flores Soberanes, quién expuso su inconformidad sobre el PIM y, esto, le costó la vida.

El CNI y el EZLN han remarcado que el hostigamiento también lo están sufriendo las indígenas Otomí y activistas que han ocupado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), un espacio que resignificaron como “la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes”, ya que este, “ha servido como un órgano replicador del indigenismo y para el control clientelar en nuestros pueblos”, reza el comunicado.

Amlo, desde su llegada a la silla presidencial con aires de cambio y transformación para México, ha implementado un paquete de políticas expansivas de capitales en diversos rubros, principalmente en proyectos estratégicos. Un caso emblemático ha sido las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZEE) que Amlo sostuvo que dejaban de existir, pero solo cambiaron de nombre.

La ZEE de Salina Cruz, en Oaxaca, y de Coatzacoalcos, en Veracruz, marchan viento en popa. Aquí habitan al menos 12 pueblos originarios a los cuales no se le ha dado una información de lo que ya está implicando todo el reordenamiento territorial. Incluso, Adelfo Regino Montes, titular del INPI, ha sostenido que no se ha compartido toda la información necesaria, ya que parte de ella “aún se encuentra en construcción”.

Por ello, también, denuncian “la militarización del Istmo de Tehuantepec”, a través de la cual se busca “imponer el megaproyecto del Corredor Interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos, así como la ilegal ocupación de las tierras de nuestras comunidades para dicho proyecto, como ocurre con la comunidad Binnizá de Puente Madera, perteneciente a los bienes comunales de San Blas Atempa, Oaxaca”, agrega el comunicado.

En la escalada de violencia que denuncia el CNI y el EZLN está el desalojo de los activistas que sostenían la llamada “Casa de los Pueblos Altepelmecalli” en el estado de Puebla. Estas  instalaciones, antes de ser casa de los pueblos, estaban en las manos de la empresa Bonafont, subsidiaria de la francesa Danone. Estos pueblos se vieron empujados a realizar la acción de ocupar tras la explotación de los mantos acuíferos de sus pueblos, demostrando que la empresa extraía más de 1 millón de litros de agua diariamente.

Este lugar fue resignificado como “un espacio cultural y político autónomo que hasta el 22 de marzo de 2021 fue la planta física de la empresa Bonafont, trasnacional que ha robado y sobreexplotado desde hace años los acuíferos de la región cholulteca”, agrega la declaración de estos pueblos.

También denuncian la represión ejercida por la Guardia Nacional contra estudiantes que exigen la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos y, en contraste, la omisión de este órgano de seguridad  ante la violencia que se vive en Guerrero. “Mientras los cárteles del narcotráfico atacan a las comunidades del Consejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata que se oponen a los megaproyectos extractivos y denuncian la complicidad de los gobiernos con los grupos narco-paramilitares, asesinando y desapareciendo a nuestros hermanos”.

El CNI y el EZLN responsabilizan al gobierno federal de México por esta escalada de violencia y exigen que “cesen las acciones de la Guardia Nacional y los cuerpos policiacos en contra de quienes se oponen a la explotación- destrucción de la naturaleza y al despojo de los territorios y del patrimonio comunitario de los pueblos originarios para imponer los proyectos de muerte promovidos desde el Estado Mexicano”.

De la misma forma, hacen un llamado a los pueblos del mundo, organizaciones y colectivos, a estar alertas ante esta oleada represiva que, se prevé, será más agresiva, ya que el gobierno mexicano ha elevado, por decreto, los emprendimientos de “desarrollo” como, “de interés público y de seguridad nacional como pretexto para usar a sus fuerzas armadas en contra de aquellos pueblos que se opongan al despojo y a la destrucción sin precedentes del territorio mexicano”.

El comunicado concluye llamando a la solidaridad. “Las personas, grupos, colectivos, organizaciones y movimientos en los territorios de SLUMIL K´AJXEMK´OP (también conocida como “Europa”) a que se movilicen y se pronuncien en contra de la trasnacional Bonafont-Danone –con sede en Francia-, y las representaciones del actual gobierno federal mexicano en Europa”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) canceló, en una sesión pública en la tarde de este miércoles (16), dos concesiones mineras de la empresa canadiense Almaden Minerals en el territorio de la comunidad nahua de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla. Con la decisión, la SCNJ resolvió el amparo interpuesto, en 2015, por la comunidad Tecoltemi.

Se “determina que lo procedente es ordenar a la Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Regulación Minera, dejar insubsistentes los títulos de concesión minera”, de acuerdo con el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo y aprobado por unanimidad.

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La SCJN determinó que fue violado el derecho a la consulta y al consentimiento de la comunidad nahua y amparó a la comunidad Tecoltemi para que la Secretaría de Energía consulte a los pobladores antes de autorizar la concesión de una mina de oro y plata a cielo abierto. De manera que, no está cerrada la posibilidad de que los órganos de gobierno vuelvan a otorgan los permisos, después de un proceso de consulta.

“La decisión de la Corte es sin duda un gran logro para Tecoltemi y resulta de suma relevancia no sólo para ella sino para otras comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán y del resto del país, siendo ésta la primera vez que la SCJN reconoce la violación al derecho a la consulta y al consentimiento tratándose de concesiones mineras, y que ordena su cancelación como consecuencia de dicha violación”, manifestó la comunidad en un comunicado, conjuntamente con las organizaciones que la acompañan en su defensa legal, Fundar y el Consejo Tiyat Llali.

Por otra parte, la Suprema Corte dejó intacta la Ley Minera, reafirmando su constitucionalidad. La comunidad indígena también había reclamado la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley Minera.

Tecoltemi había reclamado la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la legislación, entre ellos, el 6 y el 19 que determinan que las actividades mineras son de utilizada pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio y que el titular de las concesiones tienen el derecho de obtener expropiación de terrenos así como de aprovechar las aguas presentes en el territorio para las actividades mineras.

El ministro en la sentencia reconoce “la potestad exclusiva de la Federación para aplicar las modalidades que resulten necesarias para el aprovechamiento de los recursos minerales” y que los derechos de los pueblos indígenas “están sujetos a ciertos límites y restricciones”.

Sobre la Ley Minera, no hubo unanimidad en las votaciones de los ministros. La ministra Norma Lucía Piña Hernández votó en contra del proyecto propuesto por el ministro Rebollero, anunciando que emitirá un voto particular, lo que significaría que, a su consideración, el contenido de dichos artículos de la Ley sí podría ser inconstitucional e inconvencional.

En el comunicado, la comunidad lamenta “que la SCJN haya perdido la oportunidad de analizar a fondo una ley que, al dar preferencia a las actividades mineras, viola el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas”. 

Y anuncia que “seguiremos denunciando el contenido violatorio de la Ley y estaremos pendientes de la publicación y notificación, en los próximos días, de la sentencia definitiva con la que se podrán conocer los razonamientos y argumentos finales”.

^{Fotos: Santiago Navarro F.}

Está en las manos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Después de su aprobación, el documento debe ser enviado al Congreso de la Nación para ser evaluado y ser votado por los parlamentarios.

“Sobre todo, es una reforma intercultural porque se nutre de las visiones de nuestros pueblos y comunidades, de las diversas perspectivas culturales que tenemos a lo largo y ancho del territorio mexicano”, dijo el director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, durante el evento organizado por el Congreso, el 16 de febrero, en el marco del foro Pueblos Indígenas en México a 26 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, realizado en la sede del Senado, Ciudad de México.

En diversas ocasiones el titular del INPI, Regino Montes, ha mencionado que “reconocer en la Constitución los aspectos fundamentales de los Acuerdos de San Andrés es uno de los pendientes del Gobierno de México” y que con la reforma en materia de derecho indígena, que se está llevando a cabo, se sanaría esta deuda.

En la sede del Senado, el titular exhortó a todas las fuerzas políticas, a todos los partidos políticos, para que se asuma un compromiso colectivo para aprobar la reforma.

El mismo 16 de febrero, día en el cual se cumple los 26 años del acuerdo, Gilberto López y Rivas, profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que actuó como consejero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) durante el proceso de diálogo que resultó en la firma de los Acuerdos de San Andrés, afirmó que, si fuera objetivo del gobierno actual cumplir con los acuerdos de San Andrés, además “del retórico” y de los “formalismos jurídicos”, tendría que derogar las reformas constitucionales llevadas a cabo que permiten la “recolonización de los territorios de los pueblos indígenas”.

El investigador sostuvo, en un evento en la Casa de los Pueblos ‘Samir Flores Soberanes’, que habría que derogar, por ejemplo, la reforma del Artículo 27 constitucional, que legalizó la privatización de las tierras ejidales. Si realmente están en la tónica de cumplir con el espíritu de los acuerdos de San Andrés, “tendrán que derogar muchas leyes derivadas de las reformas estructurales, entre ellas, la Ley Minera”, que establece la actividad minera como prioritaria sobre cualquier otra actividad, incluso las que dicen respecto a la autonomía de los pueblos.

Para el abogado especialista en derecho agrario e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, que también participó del proceso de diálogo que llevó a la firma de los acuerdos, la multiplicidad de reformas neoliberales desconfiguró por completo el contexto en el cual fueron construidos los acuerdos. Como documento jurídico, “están totalmente rebasados, ya no responden a la realidad del país”.

“Entonces para haber un respeto mínimo a los derechos de los pueblos a nivel Constitucional y legal habría que haber profundas reformas que, con mucho, rebasa el contenido de los acuerdos de San Andrés”, evalúa.

Los acuerdos

Los acuerdos de San Andrés fueron suscritos entre el gobierno federal, el gobierno del estado de Chiapas, los representantes de los partidos integrados en la legislatura federal y del estado de Chiapas y el EZLN.

El compromiso era incorporar los acuerdos a la Constitución política de México, “con el fin de producir una reforma profunda de la estructura del Estado en la lógica de generar un país más justo, más incluyente y más equitativo, donde los pueblos originarios pudieran gozar de los derechos y de las garantías que el resto de los mexicanos tienen”, explicó González.

Además, “se entendía y se entiende que la nación había negado sistemáticamente la existencia y los derechos de los pueblos indígenas”, sostuvo.

En este sentido, los acuerdos de San Andrés contemplaban, desde el punto de vista del abogado, dos aspectos fundamentales. Uno era el derecho al reconocimiento de los derechos territoriales y el otro era el reconocimiento de los derechos autonómicos.

Los derechos autonómicos se establecían como un elemento angular, de manera que los pueblos pudieran ser reconocidos como entidad de derecho público como partes integrantes de la estructura del Estado mexicano y que tuvieran el pleno reconocimiento de sus funciones de gobierno, de sus atribuciones y que pudieran contar con recursos fiscales.

Reforma de 2001

La reforma constitucional, realizada en 2001, plasmó los derechos de los pueblos originarios en el artículo segundo constitucional. Sin embargo, los dos elementos centrales de los acuerdos de San Andrés fueron ignorados.

En lugar de hacer mención a los derechos territoriales de los pueblos y comunidades, se habló de hogares, es decir, espacios individualizados. “El término ‘territorio’ está perfectamente acotado en el derecho internacional, específicamente en artículo 13 del Convenio 169 y otros instrumentos internacionales”, dijo el abogado, pero no fue considerado.

En segundo lugar las comunidades fueron reconocidas no como entidades de derecho público sino como entidad de interés público, es decir, se definió que los indígenas deberían ser tutelados por el Estado. “Fue un giro total de lo que se estaba proponiendo”, afirmó González.

San Andrés: parte aguas

Si los Acuerdos de San Andrés “como documento están rebasados, no lo están como proceso”, sostiene la periodista Gloria Muñoz Ramírez y autora del libro EZLN: 20 y 10 el fuego y la palabra. “Fue un proceso de mucho aprendizaje”. Uno de ellos, recuerda la periodista, es que crearon una nueva forma de dialogar con el Estado.

La mesa de negociación estaba compuesta, en una parte, por representantes del gobierno y, en la otra, por los delegados zapatistas. En la parte del gobierno habían 10 personas, del lado de los zapatistas había 130 personas, representantes de los pueblos, antropólogos, intelectuales, cuenta Muñoz.

“El comandante David dijo: ‘Nosotros no queremos que solo escuchen nuestra palabra, queremos que se escuche las voces de todos los pueblos que luchan como nosotros’”. Había más de 35 representante de pueblos indígenas.

Para la periodista, se inauguró una nueva manera de hacer política. “Ellos decían vamos hacer a un lado el sistema de ventanilla, en el cual los pueblos indígenas llegaban con algún funcionario de gobierno con un pliego petitorio” y el funcionario nada más palomeaba lo que sí se concedería y lo que no.

En el proceso de diálogo de San Andrés, “los pueblos llegan con demandas concretas que no son negociables. Y no solamente eran las demandas del EZLN, eran las demandas de todos los pueblos presentes”, afirma Muñoz.

Lo que siguió

Ante la reforma constitucional de 2001, que fue presionada fundamentalmente por las cúpulas empresariales, los pueblos originarios, específicamente el CNI y el EZLN, decidieron ya no optar por la vía de “solicitar o exigir al Estado su reconocimiento constitucional integral, sino ejercitar sus derechos territoriales, sus derechos de autonomía por el camino de los hechos, sin necesitar de una Constitución que nunca va a llegar frente a los grandes intereses económicos y políticos”, dijo González.

Años después, en 2003, el EZLN anunció la creación de las Juntas de Buen Gobierno que integran la organización de municipios autónomos zapatistas a nivel regional y los caracoles zapatistas como espacio de interlocución con el exterior.

“Así mismo los pueblos del CNI empezaron a caminar con más fuerza en dirección a la autonomía por la vía de los hechos, a ejercitar sus derechos de una manera más contundente en la gestión de sus territorios. Eso ha pasado de una manera más significativa a partir de las grandes crisis de seguridad, que ya se volvieron permanentes en este país”, analizó el abogado.

Así que el camino es “seguir impulsando el ejercicio de los derechos por la vía de los hechos, seguir haciendo la defensa de los territorios e impulsar mayor unidad entre los pueblos originarios”.