Por Lourdes Álvarez Nájera

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso a militares en situación de retiro y expolicías, por asesinato, desaparición forzosa, intento de asesinato y delitos de deberes contra la humanidad, que habrían sido cometidos entre 1983 y 1985.

Los señalados son: Edgar Corado Samayoa, ex especialista del Estado Mayor Presidencial (EPM), sargento mayor especialista; a Rone René Lara, Sargento mayor especialista; a José Daniel Monterroso Villagrán, Sargento mayor especialista Estado Mayor de la Defensa Nacional, al coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez, subdirector del centro de adiestramiento Kaibil; a Enrique Cifuentes de la Cruz, Comisario de la Policía Nacional (PN) y jefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PN y a Edgar Virgilio de León Sigüenza, Cabo especialista.

Todos están vinculados con el caso conocido como Diario Militar o Dossier de la Muerte, en el que se documentan las fichas de al menos 183 personas que fueron perseguidas, vigiladas, señaladas, torturadas y detenidas desaparecidas, según organizaciones de derechos humanos y querellantes que señalan a los acusados.

La audiencia para conocer el tipo de medidas de coerción o para saber si quedarán en prisión preventiva, se aplazó para mañana jueves a las 8:30 de la mañana.

Séptimo día de audiencias

El séptimo día de audiencia de primera declaración inició con la intervención del abogado Francisco Javier Gallardo, defensor de Edgar Corado Samayoa, acusado de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de humanidad, debido a que durante el día 6 de la audiencia la mayoría de los abogados logró argumentar y solo quedaba pendiente la defensa de Corado.

El defensor señaló, al igual que sus antecesores, lo que consideró una serie de inconsistencias y cuestionó la autenticidad del diario militar, así como un peritaje denominado archivístico. Dijo que el Diario Militar fue entregado a Kate Doyle, luego de pagar 2 mil dólares a un militar. “Impunidad no se combate con impunidad” señaló y destacó que el archivo se sustrajo de manera ilegal.

“Las pruebas de un delito fueron obtenidas de manera ilícita”.

Otro de los argumentos se refería a que “Esto fue un conflicto armado interno, no fue guerra. Pido falta de mérito por el delito imputado” y solicitó, en atención al principio de “beneficio al reo”, que solo se vinculara a Corado por desaparición.

Juez Gálvez: todas las declaraciones tienen para mí un sentido

Durante su argumentación el juez Miguel Ángel Gálvez se refirió a tres testimonios, entre ellos los de una joven mujer Amatitlán, que logró identificar a personas que perseguían y vigilaban a un comité de vecinos. Ella dio testimonio de que luego esos vecinos comenzaron a aparecer muertos. Ella después fue secuestrada por personas vestidos de policías. ”El Estado estaba militarizado”, indicó Gálvez.

El relato de esa joven narra a detalle el secuestro, torturas con choques eléctricos y constantes violaciones sexuales a las que fue sometida.

“Le presentaron dos opciones, colaborar con el ejército o moriría. Ella por supuesto firmó ese acuerdo pero tenía que informar de todo, a dónde iba, cuándo y con quién. Siempre la iban a vigilar”, dijo.

“Miren las características de esta declaración”, dijo el juez.

Quince días después de estar libre llegaron a pedirle informe a la puerta de su casa. Esto sucedió así durante dos años más.

El juez también habló del testimonio de Aura Elena Farfán y el secuestro de su hermano Rubén Amílcar Farfán y como surgió la idea de crear el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) sobre el que también existió vigilancia.

En ese mismo testimonio se hizo referencia a Rosario Godoy de Cuevas, la violación y asesinato, y el de su pequeño hijo de 1 año, al que también torturaron arrancándole las uñas. ¿A qué nivel se llegó porque no existía control?, reflexionó el juez.

Gálvez también se refirió al testimonio de Wendy Santizo, quien declaró el 11 de junio 1999 que cuando ella tenía 9 años llegó a su casa junto a su pequeño hermano y vio a personas de civil atrancando la puerta. Querían que los niños les dijeran dónde estaban sus papás, la amenazaron con dispararle a su hermano si no decía.

Uno de esos sujetos  la tiró a la cama, la tocó y abusó de ella.

“¿De qué conflicto armado estamos hablando?, ella era una niña de 9 años”, comentó el juez, al afirmar que la relación y el patrón se pueden corroborar.

Sobre los argumentos de la defensa de los exmilitares y expolicías, en relación con la autenticidad del Diario Militar, dijo que no se entregaron archivos militares ni del centro médico militar a organizaciones que los solicitaron ni a la comisión de esclarecimiento histórico.

Información desclasificada dice que se podían tomar medidas a discreción en contra de las personas que eran consideradas guerrilleras, señaló Gálvez.

Sobre el delito de desaparición forzada, comentó que es continuo y se sigue cometiendo en la medida en que no se sepa el paradero de las víctimas.

“Ese delito priva de la vida, de la víctima sin dejar rastro alguno, es un delito que deja a una madre, a una esposa, esposo, esperando que una noche ingrese aquel hijo que ya nunca apareció”.

“La mamá estará pendiente todas las noches de ese hijo. Había padres y madres que no se querían ir de la casa pensando que llegaría su hijo. Desparecer a una persona es como si el aire se la llevara y nadie sabe más de ella, por eso este delito rompe los esquemas”, dijo Gálvez.

Al contexto social y político sobre los años 70, 80 y 90, hasta que se firmaron los Acuerdos de Paz, el juez añadió que se pedía documentos de identificación de vecinos catalogados como subversivos o guerrilleros, al padrón electoral y otras instituciones, se usaban fotografías de cuando llegaban a sacar las cédulas.

Se usaban sobrenombres para ocultar la identidad de los captores, porque se llevaban a la gente en paneles blancas sin presentarla ante tribunales.

“Cómo dicen que hay gente que no se va a recordar de lo qué pasó hace más de 30 años, si hubo personas que los torturaron o violaron. Una mujer nunca olvidará si la violaron”

En ese tiempo también se presentaban procesos y denuncias por los delitos pero no pasaba nada,  eso habla de procesos conexados que se pueden cotejar en el diario militar.

No puedo decir que el diario es ilegal o que no es real. Esta fase no es para conocer eso. Se le debe dar un plazo al MP para que investigue, destacó el juez Gálvez.

Hasta por los peritos estaban protestando, no me puedo meter ahora con ese tema ahora. Y existen testigos con reserva de datos porque la ley los permite”, argumentó.

Dijo que en este momento no está valorando ningún tipo de prueba y explicó sobre la resolución que no estaba prejuzgando si alguien es culpable o inocente.

“Lo importante del proceso es que reconstruyen los hechos. El diario militar es un elemento no es por lo cual se dicta esta sentencia”

En las afueras del Palacio de Justicia, familiares de las víctimas del Diario Militar que pedían una resolución que ligara a proceso a los acusados durante el desarrollo de la audiencia exigían: “Confiesen, digan en dónde están los detenidos desaparecidos”. “Los criminales buscan amnistía, Nosotros exigimos Justicia”, señalaba una manta.

En las gradas fueron colocadas las imágenes con los rostros de las 183 personas incluidas en dicho dossier.

Fallece Beatriz Cano, comunicadora que acompañaba la resistencia del pueblo Nasa (Por Santiago Navarro, vía Avispa Midia):

Beatriz Cano era una comunicadora, que, aunque no nació dentro el territorio rebelde del pueblo indígena Nasa, lo adoptó como su propio pueblo. Porque estas tierras le enseñaron a “vivir sabroso”, le enseñaron a “ver y a vivir de otra forma”, como ella misma decía. El pueblo Nasa de Colombia hoy le llora, junto a sus demás caídos que han defendido con su sangre estas tierras ancestrales. El pasado 7 de junio, de este año 2021, la comunicadora falleció en la clínica Valle del Lili de Cali, tras haber recibido tres impactos de bala en un ataque armado, presuntamente perpetrado por el Frente Dagoberto Ramos, disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La comunicadora formaba parte del tejido de comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. De acuerdo con la organización Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, el ataque fue perpetrado el pasado 4 de junio. Los disparos provinieron de una camioneta negra contra la instalación policial, ubicada en la zona urbana del municipio de Santander de Quilichao. Es así como una comitiva del pueblo Nasa, que viajaba en un Jeep, se quedó en el fuego cruzado.

Entre las victimas se reportaron cuatro comunicadores heridos: César Galarza, Beatriz Cano y su hija, Ayelén Guetio de cinco años de edad. También el comunero Floresmiro Tróchez. Beatriz y su hija, fueron trasladas a la clínica Valle del Lili, dónde posteriormente falleció la periodista. El resto de las víctimas quedaron con heridas graves, incluyendo la niña de cinco años de edad.

Durante los últimos meses han asesinado al menos a cinco indígenas de esta región. “Ella era una antioqueña que echó raíz y dejó semilla acá en el Cauca. Era alegre, rebelde, crítica, fuerte, amaba compartir café y chirrincho y no le temblaba la voz para denunciar las injusticias, hablar y rescatar las luchas y resistencias que se dan por la dignidad de las comunidades”, destacó el Consejo Regional Indígena del Cauca.

La comunicadora de corazón Nasa

En una entrevista realizada por un equipo de Avispa Midia a la comunicadora Beatriz Cano, con mucha alegría compartió sobre su llegada al territorio Nasa. Aquí se caso con un integrante de este pueblo y, también tuvieron a una niña, que con orgullo compartió, “ella si es Nasa al igual que su padre”.

Ella provenía de un proceso de comunicación urbano, pero quiso conocer al pueblo Nasa y se quedó para, “enamorarme del proceso y para defender la tierra”, dijo al equipo de Avispa Midia.

Ella aprendió que la “vida no es tan acelerada” y que en la ciudades hay presión de “cumplir tiempo y de trabajar sin vivir una vida sabrosa”.

A continuación, la entrevista completa de Beatriz Cano, realizada en 2019, durante una acción de recuperación de territorio Nasa, colonizado por el monocultivo de la caña de azúcar:

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Displaced women and families in the municipality of Aldama, after they had to take refuge from the constant attacks from the community of Santa Martha. Photo: Isaac Guzmán

Just this morning, May 26th, we received messages from compañeros in the highlands of Chiapas that gunfire in the direction of the communities of Aldama has become more fierce over the past 4 days. In the municipality of Aldama, which includes the Zapatista support base community of Magdalena de La Paz, consistent paramilitary fire from the Santa Martha community in the neighboring municipality of Chenalhó threatens the lives and livelihoods of its residents. Under these conditions, milpa cannot be sown, coffee can’t be picked, and children cannot go to school.

Under the nose of government officials and with incentives from political parties and “social programs,” territorial conflicts have escalated across the Mexican countryside; and in Chiapas, several such conflicts (Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, and Chilón to name a few) have worsened as the June 6th elections approach. The violence follows a predictable cycle of territorial dispossession, with extractive megaprojects on one hand and militarization on the other. Government programs intended to entice party affiliation and shred the rural social fabric prey on indigenous communities in a perpetual internal colonization.

The twists and turns of the relationship between what is now Aldama and Chenalhó date back to 1921, when the original municipalities of Santa María Magdalena (Aldama) and Santa Martha (Chenalhó) were subordinated under the municipal seat of San Pedro Chenalhó. Over the course of several decades, the families of these indigenous communities struggled together against displacement and submission by wealthy mestizos, sharing territories and celebrations. However, in 1975, a misallocation under the Secretary of Agrarian Reform catalyzed the current day dispute over 59 hectares between the two communities. In 1999, in an attempt to constrain Zapatista support bases in Santa María Magdalena, the Secretary of Agrarian Reform tried to force the two communities under a new municipality of Aldama. But residents of Santa Martha rejected the proposal and strengthened their affiliation with Chenalhó, whose leaders, with ties to the perpetrators of the perpetrators of the 1997 Acteal massacre, have actively fostered paramilitary rule.

Since February 2018, more than 2,000 residents of Aldama have been forcibly displaced from their homes. Among the casualties, a trustee of the municipality and member of the National Indigenous Congress was tortured and murdered, and a nun from a humanitarian brigade was shot in the leg., This past May 8th, Pedro Lunes Pérez of Chocó (Aldama) was killed in his home by paramilitary gunfire, as the National Guard patrolled nearby.

Attempts to resolve the conflict have failed to dissipate the rancor. On the part of officials, they appear to be half-hearted at best, for no effort has been made to disarm the perpetrators of the violence. From carelessness to negligence to all-out corruption, the three levels of government have served only to fan the flames of conflict between communities. Under López Obrador’s administration, militarization continues to intensify throughout southeast Mexico, particularly in zones of Zapatista support, to reinforce the economic advantage and firepower on the side of the paramilitaries.

We might ask why all levels of government have failed so miserably to intervene in a meaningful solution. In fact, the same question might be asked of other global conflicts in the news this past week. And the answer is this: destabilizing the autonomy of the people, catalyzing conflict through inequity, and perpetuating rifts via dis-information are all cornerstones not only of the 4T, but of the hegemonic neoliberal project globally — a project bent on territorial dispossession and plunder.

• Burguete, Cal y Mayor, Araceli. “Aldama-Santa Marta, Chenalho: Las Aristas de un Conflicto.” Chiapas Paralelo. 2019. https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2019/01/aldama-santa-marta-chenalho-las-aristas-de-un-conflicto/
• Hernandez Navarro, Luís. “Noviembre en Aldama.” La Jornada. 2020.  https://www.jornada.com.mx/2020/11/24/opinion/026a2pol
• Hernández Navarro, Luís. “Los Demonios Chiapanecos.” La Jornada. 2019. https://www.jornada.com.mx/2019/06/04/opinion/016a2pol
• Mariscal, Ángeles. “Si no Hay Reconciliación, que Se Aplique La Ley Contra Civiles Armados Piden En Chiapas.” Pie de Página. 2020. https://piedepagina.mx/si-no-hay-reconciliacion-que-se-aplique-la-ley-contra-civiles-armados-piden-en-chiapas/
• Rompeviento TV. 2019. “Aldama, Chenalhó y los paramilitares: AMLO, Alejandro Encinas y Ernesto Ledesma.”  https://www.youtube.com/watch?v=lWOwRiiakzY

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red Nacional contra la Represión
A los medios de comunicación libre

25 de mayo de 2021.

Cuando la lucha por la vida se sostiene, la muerte acecha todo el tiempo pues desprecia la vida y por tanto la ataca con brutalidad.

Así nos ha pasado una y otra vez; lo hicimos saber y lo sabíamos el día que se presentó en la Ciudad de México el Informe «Crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos en la Montaña Baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG-EZ» el pasado 16 de mayo. Se los dijimos a los malos gobiernos y lo sabía la prensa nacional e internacional.

Les dijimos que los grupos narco-paramilitares nos estaban matando y que a cada acción de denuncia contra estos ataques que hacemos, «Los Ardillos» nos responden con ataques y que lo seguirán haciendo mientras los malos gobiernos sigan siendo cómplices de los grupos delincuenciales.

Hoy martes 25 de mayo de 2021 a plena luz del día a las 11:50 am, el grupo narcoparamilitar que desde 2015 violenta a nuestras comunidades lo han hecho de nuevo. «Los Ardillos» desde la comunidad de Zelocotitlán, descendieron a Zacapexco, disparando contra la comunidad. Resultando herido de bala un compañero de nuestras comunidades.

Cabe resaltar que el mal gobierno no nos ha escuchado, al contrario, se ha burlado de nosotros y nosotras, programa reuniones para después cancelarlas y nos quiere ofrecer migajas. En este caso la Guardia Nacional, la Marina y la Policía estatal llegaron hasta las 4 de la tarde, aproximadamente 4 horas después del ataque. Por lo tanto, responsabilizamos a Andrés Manuel Lopez Obrador, a Hector Astudillo gobernador del estado de Guerrero, a Daniel Machaca Portillo jefe de la policía Estatal del estado de Guerrero y al fiscal del estado Jorge Zuriel por el ataque y las consecuencias que éste acarree.

No nos silenciarán, seguiremos denunciando y resistiendo al crimen organizado y a los malos gobiernos.

Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata.

Por Santiago Navarro F

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

     Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

25 de mayo de 2021.

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los defensores de los derechos humanos

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Hoy en esta Tierra Sagrada, nos encontramos presentes autoridades de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre de Acteal, así mismo nos acompañan mujeres representantes del grupo de artesanas “Jolob Luch Maya”, mujeres organizadas en Caja de Ahorro y representantes de comunidades que conforman Las Abejas de Acteal, para denunciar la impunidad que prevalece a 23 años y 5 meses de la Masacre de Acteal.

A pesar de los ataques y estrategias de desgastes hacia Las Abejas de parte del mal gobierno con el objetivo de tapar su vergüenza por su crimen en la masacre de nuestras 45 hermanas y más los 4 bebés no nacidos, cometido el 22 de diciembre en el año de 1997 por paramilitares priistas de Chenalhó, creados por el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y entrenados y armados por el Ejército mexicano.

Y hoy volvemos a reafirmar nuestra convicción de lucha y construcción de la Justicia Verdadera el Lekil Chapanel. Porque no nos hemos cansado, no nos hemos vendido, porque no olvidamos; porque nunca daremos la espalda, ni traicionamos la memoria de nuestros padres y madres, hermanas y hermanos, hijas e hijos y los 4 bebés que nunca vieron la luz del día, sino su maldad y cobardía.

En este día 25 de mayo, sobre esta Tierra Sagrada queremos hacer llegar nuestro reclamo, nuestra sed de justicia verdadera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es urgente que enliste el caso 12.790 Manuel Santiz culebra, y otros (Masacre de Acteal) para que dicte ya el informe de fondo.

Queremos manifestar nuestra preocupación a la CIDH que cada año, que cada mes, que cada semana, que cada día, que cada noche, que cada hora, que cada segundo que pasan, cada vez más se está enraizando la impunidad y en consecuencia México se ha vuelto ensangrentado por la violencia y la muerte provocado por el mismo gobierno junto con sus policías y militares a la par con el crimen organizado.

Le recordamos al pueblo de México y a la CIDH que tanto los autores materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal, gozan de total impunidad, y tienen nombre y apellidos y aquí están sus nombres: 1.- Ernesto Zedillo Ponce de León ex Presidente de México, 2.- Emilio Chuayffet Chemor ex Secretario de Gobernación, 3.- Gral. Enríque Cervantes Aguirre ex Secretario de la Defensa Nacional, 4.- Gral. Mario Renán Castillo Comandante de la Séptima Región militar a cargo de la creación de los paramilitares en Chiapas entre el año de 1994 a 1997 (fallecido pero tiene deudas pendientes con el pueblo), 5.- Julio César Ruiz Ferro ex gobernador de Chiapas (este le ordenó al alcalde de Chenalhó Jacinto Arias Cruz que los priistas también son hombres acaso no pueden matar a los zapatistas y así mandó armas a Chenalhó y el edil de este municipio se encargó de enviar las armas a las comunidades priistas en los vehículos del municipio), 6.- Homero Tovilla Cristiani ex secretario de gobierno de Chiapas, 7.- Uriel Jarquiz Galvez ex subsecretario de gobierno de Chiapas, 8.- Jorge Enríque Hernández Aguilar ex director de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas (este ordenó alteradamente que recogieran rápido los cuerpos de los masacrados en Acteal para que no se diera cuenta la prensa, para tapar ese vergonzoso crimen), 9.- David Gómez Hernández ex subprocurador de Justicia Indígena de Los Altos de Chiapas y 10.- Antonio Pérez Hernández ex secretario de los “Pueblos Indios”. Estos deben ser investigados y encarcelados por acción y omisión en los hechos previos y durante la masacre de Acteal. Si a estos criminales se les dejan libres, serán el ejemplo de sus acciones de los nuevos gobiernos en turno y de policías y militares que matar es el modo de gobernar aquí en México, pero, si se les castiga y paguen en la cárcel todas sus barbaridades y crímenes, entonces los políticos y gobiernos en turno se darán cuenta que el pueblo tiene el poder y hay que respetarlo.

Hermanos y hermanas, la Justicia verdadera es lo que queremos, no nos andamos con juegos o haciendo negocios con la sangre de nuestros mártires, pero tampoco nos gana el odio y la venganza, sino, lo que tenemos en nuestro corazón es el anhelo de justicia y nuestra lucha para detener el plan de destrucción y muerte de los gobiernos contra nuestros pueblos. Es por ello, que les pedimos a todas las mujeres y hombres luchadores sociales, defensoras y defensores de los derechos humanos, estudiantes, académicas y académicos, campesinas y campesinos, obreras y obreros, artistas, periodistas, intelectuales, religiosas y religiosos, laicas y laicos y a toda la humanidad que también piensan como nosotras y nosotros, les pedimos, les solicitamos que se unan a nuestra voz a nuestra demanda de justicia verdadera y de pedirle a la CIDH entre todas y todos, dicte YA el Informe de fondo, eso es lo que queremos.

Por todo lo anterior, reiteramos a la CIDH, que seguiremos insistiendo en pedirle que dicte el informe de fondo, pase lo que pase, porque nuestra misión como organización pacífica y No Violenta es detener la guerra, luchar contra toda impunidad y defender la vida, porque queremos vivir en paz, disfrutando con nuestras hijas e hijos la autonomía que estamos construyendo en nuestro pueblo.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, exigimos:

¡No más masacres!

¡Castigo a los autores materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal!

¡Alto a la violencia en todo Chiapas y México!

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                         Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                     Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez         Pedro Pérez Pérez

Tesorero                        subpresidente

Sebastián Guzmán Sántiz

subtesorero

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

     Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de mayo de 2021.

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los defensores de los derechos humanos

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Estamos reunidos en esta Tierra Sagrada para exigir la justicia que sigue sin llegar para nuestras 45 hermanas y hermanos, más 4 bebés que aún no habían nacido y fueron arrancados del vientre de sus madres, quienes fueron asesinadas y asesinados sin piedad en este lugar, y cuyos responsables materiales e intelectuales siguen impunes. Seguimos pidiendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte ya el Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal). Queremos que ya haga públicos los resultados de sus investigaciones sobre este crimen de lesa humanidad, para que los que idearon, aprobaron, organizaron y ejecutaron el Plan de Campaña Chiapas ’94 en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, enfrenten a la justicia de una vez por todas y vean la consecuencia de sus actos.

Con ésta son ya 281 conmemoraciones mensuales ininterrumpidas que organizamos desde aquel terrible día lunes 22 de diciembre de 1997, para pedirle a Dios Padre-Madre que nos dé un corazón grande para amar y para luchar, para que nos ayude a seguir el ejemplo de nuestro hermano Alonso Vázquez, para que no guardemos odio para los asesinos ni permitamos que el cansancio y la impotencia se apoderen de nosotros, para que no triunfe la violencia sino que brille la verdad, ésa que el gobierno y sus aliados han querido tapar con divisiones y con dinero.

La división ha sido una de las principales estrategias del estado en México para asegurar el control sobre nuestros territorios y así poder garantizar buenos negocios a las corporaciones trasnacionales que quieren apoderarse de nuestras tierras. Pero sobre todo se han dedicado a dividir a las comunidades indígenas que hemos querido vivir con justicia y dignidad, construyendo por muchos años organizaciones de resistencia colectiva frente al sistema social de muerte que se reproduce en todo el mundo. Se trata del mismo sistema de muerte que reprime salvajemente con policías y civiles armados – matando, desapareciendo, encarcelando e hiriendo- al pueblo pobre que protesta contra él en las calles de Colombia, organizando un Paro Nacional que lleva ya cuatro semanas. Y es este sistema de muerte el que apoya con millones de dólares al ejército israelí, que responde a los misiles y ataques de las guerrillas fundamentalistas armadas palestinas con más bombardeos, en una guerra desproporcionadamente desigual y a costa de la vida y la libertad de centenas de civiles palestinos con algunos civiles israelíes muertos, en un espiral inacabable de violencia, tratando de asegurar así el control israelí sobre los lugares santos y el territorio palestino.

Desde esta tierra sagrada, los miembros de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, entre ellos varios familiares de los masacrados y sobrevivientes de la masacre que aquí ocurrió, queremos decirle a las ancianas, ancianos, mujeres, hombres, niñas y niñas del pueblo colombiano, palestino e israelí que entendemos el sufrimiento que están viviendo y que nos unimos al dolor que sienten por sus pérdidas y que los acompañamos en sus luchas por la paz para sus pueblos. Porque nadie tiene derecho a desplazarnos de nuestras tierras o a destruir nuestras casas por defender la vida y la paz para todos, no tienen derecho a amenazarnos de muerte, a golpearnos o acosarnos, a llevarnos presos o asesinarnos, por el sólo hecho de elevar nuestros gritos de protesta ante lo que es injusto. Las Abejas llevamos ya 28 años luchando pacíficamente y hemos soportado todo esto, por lo que pedimos por ustedes, para que no se desanimen en el camino de exigir justicia y verdad.

Y queremos compartirles que también nosotros estamos viviendo una situación muy difícil. Sabemos que para acabar con nosotras y nosotros -los pueblos originarios de México que nos hemos atrevido a decir “no” a este sistema capitalista de muerte, no fueron suficientes la represión, la guerra sucia, las bombas y la militarización. Por eso, ahora el gobierno nos manda también cañonazos de dinero. Y la entrega de dinero a las familias que aceptan entrar en los programas del mal gobierno y ajustarse a sus reglas, como apoyar el sistema electoral con sus partidos políticos, ha sido muy difícil de resistir para muchas y muchos en nuestras comunidades.

Aunque prometieron a la gente que con la administración de López Obrador todo iba a cambiar en México, la verdad es que en nuestros pueblos campesinos, empobrecidos por las políticas económicas neoliberales que sólo han beneficiado a los ricos, vemos que todo lo que requerimos comprar para vivir -como el jabón, la sal y las láminas- sube y sube de precio, mientras que por lo que nosotros producimos para vender -nuestro café y nuestra miel- nos dan el mismo precio bajo de siempre. Por eso y por la carencia de tierras y la dificultad de hacerlas producir en un país que le sigue apostando a generar miles de campesinos despojados de sus tierras comunales o ejidales, muchas veces necesitamos salir a buscar trabajo asalariado a las grandes ciudades, destinos turísticos o grandes campos de cultivo intensivo para trabajar como empleados de comercios, empleadas domésticas, albañiles o jornaleros agrícolas en México o EE.UU para poder ayudar a la familia a subsistir. En este contexto, la tentación de recibir los jugosos apoyos económicos

administrados por los gobiernos en turno, ha causado que muchas familias que pertenecían a organizaciones que antes luchaban de modo independiente, están ahora del lado del gobierno y en contra de sus antiguos compañeros. Ahora se encuentran sacando el mayor provecho posible de los presupuestos municipales, estatales y federales, y en ocasiones, pelean salvajemente entre los integrantes de sus partidos para ver quién controlará el reparto de esos apoyos.

Y es por eso que estamos viviendo un momento muy peligroso en muchos municipios de nuestro estado. Las campañas políticas electorales no sólo son terribles e ilegales porque corrompen a la gente con la compra de votos y otros delitos electorales, además de los abiertos engaños de los candidatos que prometen a la gente cosas que nunca cumplen cuando se hacen gobernantes, sino que ahora están causando asesinatos entre contrincantes y terror entre la población, con el fin de obligar a participar en las elecciones o para obligar a la gente a que apoye a ciertos candidatos, incluso para apoyar a candidatos que se promueven a sí mismos como luchadores de izquierda.

Pero más grave está la situación en nuestro vecino municipio de Pantelhó, donde las campañas de los partidos políticos ya han ocasionado muchos muertos, en una verdadera guerra que se está librando por el poder. Es indignante cómo el gobierno que se hace llamar “gobierno de los pobres” permite tanta violencia e impunidad, no le importa que niñas y niños, mujeres y ancianas y ancianos que no tienen nada que ver con estos pleitos electorales y de poder, estén sufriendo porque tuvieron que abandonar sus casas por el miedo de los disparos de armas de fuego.

Los que hemos vivido el desplazamiento sabemos lo que significa salir por miedo y tener que abandonarlo todo, sin saber cuándo o cómo podremos volver a nuestra casa. Por eso, hoy pedimos con todo nuestro corazón por estas familias desplazadas y por todos los que continúan desplazados en Aldama, Santa Marta y Chalchihuitán.

Damos gracias a Dios porque les permitió por fin regresar a sus hogares a nuestras hermanas y hermanos Abejas del Barrio Río Jordán de la Colonia Miguel Ultrilla los Chorros, que resistieron un año y nueve meses de desplazamiento en el Campamento Los Naranjos de esta tierra sagrada y siguen firmes en nuestra lucha.

También desde Chiapas pedimos por el cese de la violencia armada y por la reconciliación de los hermanos en todos los conflictos por tierras en nuestros pueblos, principalmente en los enfrentamientos que se han vuelto cada vez más violentos y han cobrado ya muchas vidas y hermanos torturados, como el conflicto en Venustiano Carranza, donde dos hermanos fueron asesinados el pasado 5 de mayo con el tiro de gracia y se les encontraron huellas de tortura. También pedimos por el conflicto entre Aldama y Santa Marta, donde siguen las muertes a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a los habitantes de 12 comunidades del municipio de Aldama. El último caído por ráfagas de disparos con armas de grueso calibre, es el joven Pedro Pérez Lunez de 24 años, quien murió el 8 de mayo, con el agravante de que la Guardia Nacional se encontraba muy cerca de la comunidad de Coco’, en Aldama, donde cayó. Exigimos a los tres niveles del gobierno que se encarguen de poner fin a esta masacre a cuenta gotas que lleva ya tanto tiempo causando terror y dolor a nuestros hermanos tsotsiles de Aldama y Santa Marta. Si no lo hace, se vuelve cómplice de estas muertes terribles e injustas, atizando el fuego de la impunidad que provoca que los enfrentamientos se hagan cada vez más encarnizados y crueles.

¿Pero qué podemos esperar del gobierno morenista del estado de Chiapas, que desalojó violentamente y encarceló a 71 futuras profesoras y 24 futuros profesores rurales el pasado 18 de mayo en Tuxtla Gutiérrez, cuando por no ser escuchados organizaron protestas, sólo para demandar que sus compañeros de nuevo ingreso tengan la oportunidad de presentar el examen para entrar a la Escuela Normal Rural Mactumactzá de manera presencial, pues muy pocos estudiantes de bajos recursos tienen la oportunidad de contar con equipos e internet para poder hacer ese examen a distancia? Exigimos su liberación inmediata del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 14, El Amate, donde los están haciendo responsables por delitos graves que no cometieron.

Hermanas y hermanos, para seguir exigiendo verdad y justicia en el caso Acteal, les pedimos que estén atentos a la próxima convocatoria a una Conferencia de prensa que la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y las y los sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre ofreceremos aquí el próximo 25 de mayo por la mañana.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, les pedimos a Dios Padre-Madre, corazón del cielo y de la tierra, a nuestro patrón San Pedro Apóstol y a todas nuestras y nuestros mártires que sigan soplando con su aliento para darnos el ánimo que los poderosos e injustos nos han querido quitar con toda la muerte y destrucción que están trayendo a nuestras comunidades. Que nos sigan dando valentía para que, como ellas y ellos, sigamos defendiendo la vida y trabajando activamente por la paz.

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                 Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                 Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez         Pedro Pérez Pérez             Sebastián Guzmán Sántiz

Tesorero                      sub presidente                           Sub tesorero

• El asedio persiste, durante esta semana suman 61 ataques armados hacia las comunidades de Aldama.

El día de hoy 23 de mayo de 2021, este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recibió información por parte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, refiriendo que aproximadamente las 7:10 horas, se realizaron disparos de altos calibres desde el punto de ataque conocido como “Telemax” ubicado en Santa Martha, Chenalhó, con dirección a la comunidad de Tabac, Aldama. Como resultado del ataque Julio César Pérez Pérez (Julio César) resultó herido en la pantorrilla, mientras se dirigían en vehículo hacia la comunidad de San Pedro Cotzilnam, Aldama.

Julio César fue llevado al Hospital de San Andrés Larráinzar donde se le comentó que no había los materiales necesarios para su atención, por lo que fue de trasladado al Hospital de Las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, nosocomio en el que refieren fue atendido de manera degradante y discriminatoria pues el médico que le atendió se negó a extirpar la bala alojada en su cuerpo refiriendo que “eso de extraerlo solo pasan en las películas de acción”, para después darlo de alta sin mayor atención a su condición médica. Destaca que en ningún momento se apersonaron agentes ministeriales para tomar la declaración de Julio César.

Recordamos que el 23 de abril de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de 12 comunidades de Aldama, que han sido constantemente atacadas, solicitando al Estado mexicano que adopte las medidas de seguridad necesarias, y culturalmente pertinentes, para proteger la vida e integridad personal de sus pobladores. Pese a tal reconocimiento de la gravedad y urgencia de la situación, las acciones del Estado mexicano han sido insuficientes para asegurar que cesen los ataques armados en contra de la población de Aldama, puesto que posterior a dicho otorgamiento han continuado los disparos en contra de los comunidades, resultando asesinado Pedro Lunez Pérez en la comunidad Coco, Aldama el 8 de mayo de 2021.

El Frayba manifiesta su preocupación por la intervención insuficiente del Estado mexicano a fin de cesar la violencia existente en la región. Las autoridades estatales y nacionales perpetúan una dinámica de exclusión y discriminación estructural en contra de las poblaciones indígenas de Chiapas cuyo derecho a la vida, paz e integridad física y emocional parecería no ser un valor importante de proteger. Nos parece indignante que, tras los años de aumento de la violencia en contra de las comunidades de Aldama, situación que además de los asesinados y heridos, ha dejado graves impactos psicosociales en la población y las autoridades siguen interviniendo mínimamente, sin la urgencia y la disposición máxima de recursos que una situación tan grave como esta necesita, tan solo esta semana hemos registrado 61 agresiones armadas hacia las comunidades de Aldama, situación que aun continúa.

Por lo anterior hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que firmen esta acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y escriban a las autoridades mexicanas a fin de que se desactive la violencia crónica que se vive en las comunidades de Aldama, Chiapas.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
23 de mayo de 2021
Acción urgente No. 6

Descarga la Acción Urgente aquí: Julio César herido tras ataque del grupo armado de Santa Martha, Chenalhó.

Ayer, 20 de mayo de 2021, regresaron a sus hogares en el barrio Río Jodrán de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros, Chiapas, las seis familias pertenecientes a la organización civil Las Abejas de Acteal desplazadas hace casi dos años. De la sede en Acteal salió la caravana compuesta por los más de 30 miembros de las familias, decenas de miembros de Las Abejas, el Coro de Acteal, observadores de derechos humanos y periodistas de medios libres. Con ellos viajaba también el dolor y la indignación por las muchas vejaciones sufridas antes del desalojo, la destrucción y saqueo de sus viviendas y la muerte de dos bebés a causa de las condiciones del desplazamiento forzado: Angélica Jiménez Ramírez, de 11 meses, y María del Carmen, de apenas 3 meses de edad.

En el transcurso de la mañana llegó la caravana a la comunidad de Guayabal. De allí, la procesión continuó a pie hasta la casa semidestruída de una de las familias desplazadas en Río Jordán, donde se celebró el retorno, en un acto emotivo que simbolizó la larga lucha por lekil chapanel, la justicia verdadera que nunca llega pero la cual Las Abejas de Acteal continúa buscando por medios siempre pacíficos.

La historia de las mútliples violaciones a los derechos de las familias y su eventual desplazamiento es reflejo fiel de las políticas contrainsurgentes del Estado mexicano, la impunidad otorgada a los grupos paramilitares u oficialistas y el uso de proyectos y recursos gubernamentales para dividir a las comunidades y acabar con la organización y la resistencia.

El conflicto inició en 2015, cuando tres familias de Las Abejas rechazaron en asamblea un proyecto gubernamental de drenaje, argumentando que, por un lado, ellos no lo utilizarían, pues contaban con baños secos que evitan la contaminación ambiental, y por otro, porque estando en la resistencia no aceptan proyectos de gobierno. Por otro lado, un tiempo después se les intentó obligar a asumir cargos para la gestión de una clínica de salud que sólo atendía a quienes recibían apoyos de gobierno por medio del programa Prospera (ve la denuncia aquí), a pesar de que existía el acuerdo previo de que sólo se impondrían dichos cargos a quienes hicieran uso de la clínica.

A partir de entonces el conflicto fue escalando, con la aplicación de multas, detención arbitraria, cortes de luz y de agua y amenazas de todo tipo, denunciadas en diversas ocasiones tanto por Las Abejas como por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. En 2018, las autoridades de Río Jordán detuvieron a José Vázquez, presumiblemente por no tener derecho de usar el camino de la comunidad. Cuando una delegación de diez personas de Las Abejas llegó para revisar su estado de salud y ofrecerle apoyo emocional, los ocho hombres de la delegación también fueron detenidos. Fue la determinación y el valor de 22 mujeres, 13 de ellas sobrevivientes de la masacre y cuatro con bebés en brazos, que, tras una acción pacífica, logró la liberación de los detenidos. Finalmente, el 10 de agosto de 2019, las seis familias fueron desplazadas violentamente, destruyendo sus hogares y saqueando sus pertenencias.

En todo el proceso, las autoridades municipales fueron omisas o abiertamente cómplices con los agresores. Es importante resaltar que, como lo ha denunciado múltiples veces Las Abejas, Los Chorros es la cuna de los paramilitares que cometieron la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997. Y es allí a donde regresaron algunos de ellos después de su indignante liberación por la Suprema Corte de Justicia en 2010, entre ellos Víctor López López, uno de los reconocidos autores materiales de la masacre y uno de los instigadores de las agresiones a las familias de Las Abejas.

Es la persistente resistencia por vías pacíficas y la inquebrantable fe de Las Abejas de Acteal lo que logró finalmente el retorno de las familias desplazadas, tras intensas negociaciones con autoridades locales, municipales y estatales. En el acuerdo que se firmó con las autoridades de Río Jordán el día de ayer, se estableció que las familias aceptarían las obras de drenaje, pero no asumirían cargos en la clínica.

Como afirmó el Frayba en el boletín leído durante la celebración, el retorno se da en condiciones difíciles de violencia y desplazamiento forzado en Chiapas, en particular en los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Chilón, Pantelhó y Venustiano Carranza. Esta victoria de la lucha pacífica contra la violencia y la impunidad es una pequeña luz de esperanza en la búsqueda de la justicia por medio del diálogo y la paz.

Palabras de Las Abejas de Acteal.
Palabras del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Los ejidatarios y sus familias tseltales de los ejidos San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, históricamente han sido defensores de su tierra y territorio contra la militarización y los megaproyectos; la incursión militar y establecimiento de bases y cuarteles militares en territorios indígenas a partir del levantamiento armado en 1994 trajo consigo un despojo territorial. Como ofensiva por parte del Estado mexicano para desarticular el movimiento y la organización sociocomunitaria del pueblo tseltal de Bachajón, municipio de Chilón, enfrentó los efectos negativos de la presencia militar en su territorio como la prostitución, el consumo de drogas, aumento del alcoholismo y la división comunitaria que se acentuó con el tiempo. Con base en su experiencia en la defensa de su territorio así como de su cultura comenzó de nueva cuenta una lucha en contra de nuevas formas de invasión y militarización territorial, como lo es la construcción del Cuartel General de la Guardia Nacional en la comunidad de Juculton, lo cual se hizo en contravención a los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la consulta y a lo no militarización de su territorio.

De acuerdo a los estándares internacionales en materia de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, la implementación de cualquier tipo de proyecto ya sea por parte del Estado o de particulares, tiene como obligación el efectuar una consulta con la finalidad de que los pueblos den su consentimiento de manera libre e informada. La forma organizativa de los pueblos originarios, tiene como base a su autoridad máxima la Asamblea, misma que está prevista por las leyes mexicanas. Sin embargo, autoridades de los tres niveles de gobierno omitieron su responsabilidad puesto que no generaron los mecanismos necesarios para la realización de una consulta, libre previa e informada y con ello, recoger el consentimiento del pueblo tseltal de Chilón sobre la construcción de una de las bases de la Guardia Nacional previstas en la actual administración en el estado de Chiapas.

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