as marchas silenciosas de miles de zapatistas en cinco cabeceras de Chiapas, el 21 de diciembre, lograron recordar a la sociedad dos cosas: la capacidad organizativa del EZLN y su vigencia política. Contra aquellos que decían que el zapatismo era cosa del pasado, los aproximadamente 40 mil indígenas que participaron en las movilizaciones demostraron el fracaso de la estrategia contrainsurgente que han aplicado los diferentes gobiernos durante los pasados 18 años. La marcha también demostró la renovación de las bases del movimiento, con la participación de nuevos cuadros de jóvenes hombres y mujeres que han crecido en el mismo periodo y, a pesar de todas las agresiones en contra de sus comunidades autónomas, mantienen vivas las demandas. Como en otras ocasiones, los zapatistas escogieron un día fuera del calendario de los partidos políticos para llevar a cabo estas marchas. Al contrario, celebraron el inicio de una nueva era maya y al mismo tiempo afirmaron la actualidad y vigencia de las luchas de los pueblos indígenas por sus derechos colectivos y la autonomía.

Aunque la movilización demuestra una vez más su capacidad organizativa, es preciso no olvidar las consecuencias de las agresiones en su contra a lo largo de estos 18 años. El zapatismo ha tenido que defenderse del Ejército Mexicano y de los diversos grupos paramilitares, los cuales, dentro de una política contrainsurgente implementada desde enero de 1995, han intentado desgastar a las bases de apoyo y crear las condiciones propicias para dividir comunidades y sembrar el miedo. El alto grado de organización que los zapatistas demostraron el 21 de diciembre también se ha manifestado en casi dos décadas de resistencia para no caer en las provocaciones de sus opositores y así seguir construyendo alternativas autónomas.

Por lo tanto, es preocupante que los grupos paramilitares sigan operando en el estado. A lo largo del 2012 las cinco Juntas de Buen Gobierno (JBG) zapatistas difundieron varias denuncias de agresiones de grupos armados que buscan quitarles tierras o robarles los productos del trabajo de las comunidades. Un ejemplo reciente es la agresión de miembros del grupo Desarrollo, Paz y Justicia a la comunidad Nuevo Poblado Comandante Abel, ubicada en el municipio autónomo La Dignidad (oficialmente, Sabanilla) en la zona norte de Chiapas.

Según el Informe de la Caravana de Solidaridad y Documentación al Nuevo Poblado Comandante Abel (www.sipaz. org/images/stories/boletines/Informe_Caravana_.pdf), el 6 de septiembre unos 55 agresores armados llegaron a la comunidad y tiraron balas para agredir a los zapatistas. El grupo invasor construyó su propio campamento y trincheras a la orilla de un río donde se posicionaron para amenazarlos con armas. En pocos días, el número de este grupo creció a 150 y sus integrantes tomaron la mitad de las 147 hectáreas de la comunidad. Los observadores de la caravana constataron que las balas habían alcanzado las paredes de la escuela autónoma y las tiendas cooperativas. En vez de enfrentar a los agresores, la mayoría de las bases de apoyo zapatistas salieron y, después de caminar en el monte por dos a tres días, encontraron refugio en otra comunidad, San Marcos. Durante este lapso, las mujeres y niños sufrieron enfermedades y hambre, mientras los zapatistas que se quedaron en la comunidad no pudieron salir a sus milpas. Una situación similar vivieron cuatro familias que tuvieron que salir de la comunidad Unión Hidalgo debido a amenazas de un grupo de priístas. Historias como estas eran muy comunes en los años 90, sobre todo durante las semanas después de la ofensiva militar del 9 de febrero de 1995, ordenada por el entonces presidente Ernesto Zedillo. El hecho de que estas agresiones aún ocurran con frecuencia debe llamar la atención para que se tomen acciones con la finalidad de detenerlas y, en su lugar, poner en práctica los Acuerdos de San Andrés.