A la atención de la Fundación Cristóbal Gabarrón

Nos dirigimos a ustedes para manifestar nuestra opinión sobre la concesión del premio ‘Trayectoria Humana’ 2011, otorgado recientemente al ex-presidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León.
A continuación resumimos de manera concisa, información relacionada con la gestión presidencial de Ernesto Zedillo, específicamente en cuanto a la política represora en el sureño estado de Chiapas, aunque hay diversos casos que, junto con el explicado a continuación, podrían ser presentados en un juicio político.

Nuestra manera de ver y conocer la situación social, política y económica de México, tanto en el periodo durante el cual Zedillo ejerció la presidencia, como actualmente, nos lleva a considerar que el enfoque presentado en cuanto a ‘Trayectoria Humana’ del ex-presidente y pregonado al hacerlo merecedor de este reconocimiento y los hechos históricos en los cuales ha participado es por lo menos, incongruente.
Durante el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1998 -1994), Ernesto Zedillo fue un personaje fundamental en la imposición de reformas y políticas sociales que condenaron a la población más desfavorecida a sumirse en la pobreza de forma cada vez mas pronunciada. Al inicio de su sexenio, una de las crisis económicas más devastadoras que ha padecido el país dejó en la calle a miles de personas.
Posteriormente, Ernesto Zedillo se proclamó como salvador de la economía mexicana al decretar que el pago de la deuda bancaria se hiciera con dinero de las arcas públicas.

Bajo el argumento de haber encabezado el saneamiento y recuperación de la economía, el expresidente Zedillo ha sido alabado por los organismos económicos mundiales, escuelas de negocios y empresas trasnacionales, pero dentro y fuera de México, las y los ciudadanos conscientes no olvidamos los daños generados durante su gobierno.

Aparte de los problemas económicos, generados en gran parte por las políticas impuestas desde el Fondo Monetario Internacional -organismo para el cual pretendía postularse como director gerente en meses pasados-, Zedillo tuvo la opción de hacer cumplir las exigencias de las y los indígenas chiapanecos centenariamente invisibilizados pero en resistencia, representados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pero no lo hizo.

Fue en los inicios de su ejercicio presidencial cuando se establecieron diálogos entre el EZLN y el gobierno federal, el grupo rebelde hizo un llamado previo a todos los interlocutores interesados de la sociedad para establecer foros cuyo resultado es el que se presentó ante la mesa de diálogo con el gobierno, y que al final fueron llamados ‘Los Acuerdos de San Andrés’, que posteriormente dieron base jurídica a la propuesta de reforma constitucional que, entre otras cosas reconocía la autonomía de hecho y de derecho de los pueblos indígenas. Ernesto Zedillo, máximo responsable del gobierno mexicano, no respetó los Acuerdos de San Andrés, por el contrario, el Senado mexicano aprobó una reforma constitucional que ignoraba los acuerdos pactados previamente.

En respuesta, las comunidades indígenas no reconocieron la ley impuesta, cerraron comunicaciones con el gobierno mexicano y crearon los municipios autónomos, una expresión de desobediencia civil pacífica, lo que para una parte importante de la ciudadanía, investigadores, escritores y periodistas críticos, fue una confirmación de la incapacidad e indisposición del gobierno para escuchar y atender a su pueblo. 22 de Diciembre de 1997, Acteal, Chiapas.

De acuerdo a información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), mientras los representantes del gobierno mexicano se sentaban a dialogar por un proceso de paz, el ejército mexicano comenzó la implementación, por órdenes del ejecutivo federal, de una estrategia contrainsurgente descrita como “guerra de baja intensidad”. La estrategia planteaba el entrenamiento de grupos armados al interior de las comunidades indígenas que hicieran el “trabajo sucio” y con eso lograr hacer parecer los ataques como conflictos intra e inter comunitarios, a la par de un desarrollo propagandístico que tiene como objetivo desacreditar la información que incrimine las acciones gubernamentales.

El temor desencadenado como consecuencia del continuo hostigamiento de los habitantes de las comunidades por parte de los grupos paramilitares, llevó al desplazamiento de alrededor de 9.000 personas en el área. El reacomodo poblacional masivo significó numerosas amenazas y la presencia de varios cuarteles militares a la entrada de las comunidades, muchos de los cuales permanecen hasta la fecha.

El 22 de diciembre de 1997, un grupo de indígenas tsotsiles equipados con armas de grueso calibre dispararon en contra de 45 personas (18 mujeres adultas, cinco de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; 7 hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; 4 niños entre los 2 y los 15 años de edad) e hirieron a 26, en su mayoría menores de edad, varios de ellos resultaron con lesiones permanentes.

Las personas atacadas se encontraban refugiadas en la comunidad de Acteal debido al continuo hostigamiento de grupos armados que quemaban sus casas y cultivos, y robaban sus pertenencias. Estaban completamente desarmados. El ataque fue perpetrado por alrededor de 90 personas, según refieren testigos oculares y el hecho de que un puesto de operaciones mixtas (fuerza militar, judicial y de seguridad pública) se encontrara asentado a 200 metros ha servido para justificar las opiniones que apuntan hacia una responsabilidad directa del estado mexicano.

El hecho de que no ha sido investigado ningún funcionario de alto rango, como el ex presidente Ernesto Zedillo o los mandos militares -el primero autor intelectual y los segundos cómplices de la matanza-, hace entender a las comunidades indígenas que los asesinatos se han mantenido impunes, incluso al día de hoy, la mayoría de los responsables materiales de la masacre que en su momento fueron aprehendidos, han sido puestos en libertad recientemente.

Para las organizaciones de Derechos Humanos vinculadas con Chiapas, para la sociedad civil organizada tanto a nivel nacional como internacional, es claro que la trayectoria humana de Ernesto Zedillo, en el contexto de beneficios o avances para la sociedad mexicana es cuestionable y consideramos que debería ser analizada desde un enfoque menos acrítico.

Atentamente.

Grupo de Apoyo a la Zona Costa de Chiapas.
Mexicanxs en Resistencia desde Barcelona.
Adherentes a La Zezta Internacional
Conexión de Recursos para la Acción Comunitaria (CRAC)
Educación para la Acción Crítica (EdPAC)
Grupo de investigación en DDHH y Sostenibilidad Catedra UNESCO en Sostenibilidad
Producciones Informativas Nube Roja
Movimiento Ciudadano de Mexicanos en Barcelona.
Personas a título individual.