Organizaciones sociales advertían del interés gubernamental de aprobar en el anterior periodo vacacional, la Reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que ahonda en el establecimiento de un estado policiaco-militar que abre la vía militar a la represión de movimientos sociales.

Tratan de hacerlo ahora, nuevamente aprovechando otro periodo vacacional y en medio de la faramalla de la liga de fútbol. El Frente Plural Ciudadano y Centro Pastoral de Chihuahua advierten del “peligro del proceso de aprobación inminente a las Reformas a la Ley de Seguridad Nacional y a la Ley Laboral.
Tenemos conocimiento de que existen intenciones de aprobar estas Reforma en este periodo extraordinario de sesiones del Congreso.

La aprobación de las Reformas a estas dos leyes -que se hacen otra vez a espaldas del pueblo, sin consultas públicas y abiertas, sin debates abiertos y públicos- sería un golpe devastador para nuestra sociedad.” En una carta invitación para organizar una jornada nacional contra ambas reformas se dirigen a lxs firmantes del Pacto de Juárez el 10 de junio, a organizaciones sociales y políticas y a mexicanxs, recordando que en uno de los puntos del Pacto Ciudadano se señlaba que ”exigimos que no se apruebe ninguna iniciativa de reforma a la ley de seguridad nacional por el contrario emplazamos al poder legislativo a que elabore conjuntamente con la sociedad una ley de seguridad social y ciudadana”, además de rechazar totalmente la Reforma Laboral en ciernes.

Mientras, la SCJN, la que libera paramilitares de Acteal, dice que los militares podrán ser juzgados en tribunales civiles cuando violen derechos humanos, cosa que no garantiza que se vaya a hacer justicia.

En el marco de las discusiones sobre la LSN, la SCJN que, no olvidamos, contribuyó en el pasado a avalar la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública, siendo corresponsable de la situación de impunidad prevaleciente en la actualidad, aprobó este 12 de julio restringir el fuero militar, basándose en la sentencia de la CIDH.

La Corte Interamericana determinó en cuatro decisiones, que militares habían cometido graves violaciones de derechos humanos contra civiles. Además del caso Radilla, en agosto de 2010, estableció que Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos mujeres indígenas de Guerrero, habían sido violadas y torturadas por miembros del Ejército en 2002. En diciembre de 2010, el tribunal determinó que los militares habían detenido y torturado a dos campesinos ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. La Corte Interamericana ha manifestado, en reiteradas oportunidades, que la jurisdicción militar no debería aplicarse a violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles. México no ha cumplido aún con este requisito.

El primer caso, excepcional, con castigo a militares, es el de Castaños. El 11 de julio de 2006, 14 mujeres que trabajaban en un bar en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, fueron atacadas sexualmente por al menos 20 militares.

Ahora se espera que se resuelva el amparo para continuar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que sólo tres de los violadores están en la cárcel, mientras que el proceso estuvo plagado de irregularidades. Para Raúl Vera, obispo de Salitllo, a pesar de que el juicio de los militares fue un parteaguas en América Latina, hubo un retroceso en el sexenio de Felipe Calderón. El ejemplo más evidente del repliegue en esta materia es el caso de la compañera indígena Ernestina Ascensión Rosario, de 73 años, que fue violada por militares en 2007, aunque su caso no llegó a los juzgados civiles.“Ese caso es paradigmático de cómo el señor presidente Calderón empezó a manejar al Ejército”.

Recordamos también algunos casos de violación por parte de militares en el estado de Chiapas que continúan impunes; como es el caso de las tres hermanas tseltales violadas y torturadas por militares. Otras violaciones que se mantienen en la impunidad, como la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez en 1995; ; o la desaparición forzada en 1999 de José Hidalgo también por parte de militares; o la detención y tortura en 2007 de Roberto Encino, estudiante tseltal, por parte de elementos del ejército. Casos documentados por el Frayba.