El Estado y las empresas deben cumplir con el respeto a los derechos colectivos a la autonomía así como a la tierra y el territorio de los pueblos

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La responsabilidad de empresas y Estado mexicano en la violación a derechos humanos en comunidades y pueblos en Chiapas, forma parte de la información presentada por más de 100 organizaciones, comunidades y redes de la sociedad civil al Grupo de Trabajo Sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de la visita oficial del organismo internacional a México, del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016.

El Comité Ejidal de Chicoasen y el Frayba asistieron a la Reunión del Grupo de Trabajo Sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, realizado el día 4 de septiembre de 2016, en la comunidad de San Francisco, Xochicuatla, Estado de México; donde reiteraron la obligación del Estado mexicano de asegurar la protección de los derechos humanos de manera integral y universal, incluyendo los relacionados con tierra, territorio y ambiente.

El Frayba evidencia que los megraproyectos en Chiapas, en su mayoría mineros, hidroeléctricos, de turismo y plantaciones siguen una lógica de despojo: implantación autoritaria, falta de consulta previa e informada a las poblaciones afectadas, contubernio entre autoridades de los tres niveles de gobierno, modificación de normas y leyes, violencia, criminalización y judicialización para quienes se resisten o se oponen. Graves violaciones a los derechos humanos sobre los pueblos indígenas, lo cual se suma a la histórica y actual exclusión de la que son objeto.