Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Sobrevivientes del conflicto armado interno se reúnen frente a la Corte Suprema, antes de una audiencia en el juicio por genocidio Ixil, en Ciudad de Guatemala, marzo de 2024. Foto: Cristina Chiquin} 

En Guatemala se realizan las audiencias en el juicio por genocidio contra Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor y quien se desempeñara como general del Ejército del país centroamericano entre los años de 1978 y 1982.

Es durante ese periodo que organizaciones sociales e indígenas señalan fueron cometidos crímenes de lesa humanidad contra la población campesina e indígena, en el marco del conflicto armado interno que se desarrolló entre 1960 a 1996.

Acorde al informe Guatemala Nunca más, coordinado por la iglesia católica en 1998, sólo en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, ubicados en el departamento de El Quiché y donde radican comunidades mayas ixiles, el número de víctimas por la contrainsurgencia militar es de 12,400 personas.

De acuerdo a la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA, por sus siglas en inglés) solo en la época del gobierno militar de Romeo Lucas García, entre 1978 y 1982, la política de genocidio saldó con más de 1,700 víctimas de genocidio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad por las operaciones militares desplegadas en la región maya ixil.

Por estas acusaciones, además de Lucas García, de 91 años, también se juzgará a Manuel Antonio Callejas y Callejas, quien se desempeñara como jefe de inteligencia militar y a quien se le juzgará en otro proceso debido a que argumentó demencia. Los dos acusados ya fueron condenados en el año 2018, acusados por violación, tortura y desaparición forzada de la activista política Emma Molina Theissen, así como por la desaparición forzada de su hermano, acontecida en 1981.

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A pesar de que se anunció el inicio de las audiencias desde enero de este año, fue hasta el mes de abril que comenzaron las presentaciones de las pruebas y testimonios. Tras el anuncio de la separación de los juicios, la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR), organización que representa a las víctimas, declaró que, hasta el momento, han muerto 40 ancianos y mujeres “sin ver la justicia y frente a un Estado que sigue negando nuestra memoria del genocidio”.

El juicio

El juicio por genocidio contra la población Ixil es realizado por el Tribunal de Mayor Riesgo y prevé la participación de 125 testigos, entre ellos 30 mujeres víctimas de violencia sexual. Además, se contempla la presentación de 160 peritajes presentados por 80 peritos de los cuales 14 son expertos internacionales.

Mediante conferencia de prensa, al anunciar el inicio de las audiencias programadas para marzo, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala señaló que entre las pruebas se presentarán, además de los testimonios de víctimas, documentos militares, algunos de ellos desclasificados por parte del Departamento de Estado de los EEUU con los cuales respaldan las acusaciones contra Lucas García.

Cabe destacar que, si bien desde el año 2000 la AJR presentó la denuncia penal, fue hasta los años 2018 y 2019 que el caso fue judicializado con el proceso penal contra tres miembros de la cúpula militar, durante el gobierno militar de Romeo Lucas García, entre 1978 a 1982. Así, fue hasta el año 2020 cuando el poder judicial guatemalteco aceptó las acusaciones contra Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas y César Octavio Noguera Argueta, este último fallecido el 21 de noviembre de ese año.

Genocidio, nunca más

Acorde a la AJR, cuando Lucas García dirigía el Ejército en los años 1981 y 1982 – durante el gobierno de su hermano, el presidente Romeo Lucas García – fue el responsable de ordenar más de 30 masacres, así como de la destrucción de 23 aldeas en la región maya ixil.

Por su parte, la defensa del general retirado ha negado los cargos y, acorde a medios internacionales, han solicitado al tribunal la sentencia absolutoria con libertad inmediata.

El actual juicio se suma a los previos procesos penales que han investigado los crímenes de lesa humanidad acontecidos durante el conflicto armado interno en Guatemala. Acorde a Jo-Marie Burt, investigadora de la Oficina em Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), los tribunales guatemaltecos han determinado en dos ocasiones que el Ejército de ese país cometió una política estatal de genocidio durante el gobierno sucesor de Lucas García, encabezado por el general fallecido Efraín Ríos Montt.

Montt fue delcarado culpable por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la población maya ixil, en el norte de Guatemala, en el año 2013, aunque posteriormente la Corte de Constitucionalidad anuló la condena de 80 años de prisión. 

A su vez, en el año 2018 un tribunal determinó por unanimidad que el Ejército guatemalteco cometió genocidio contra comunidades maya ixil. Sin embargo, José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia militar y miembro del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, quien fuera juzgado en ese proceso fue absuelto de todos los cargos.

Las audiencias en el juicio deben ser finalizadas en el mes de junio, por lo que desde su inicio, en marzo, organizaciones como la AJR han realizado un llamado de solidaridad, nacional e internacional para respaldar a las víctimas y sobrevivientes y así garantizar un proceso justo que evite la impunidad.

Desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”…

DENUNCIAMOS ACOSO POLICÍACO Y EXIGIMOS UN ALTO TOTAL A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA EN CONTRA DE NUESTRO COMPAÑERO DIEGO GARCÍA.

No basta con la criminalización de la lucha social de nuestra comunidad, pues el pasado 2 de mayo, policías de investigación visitaron el domicilio de nuestro Compañero, para hacer un reconocimiento del lugar, ante una posible orden de aprehensión.

Nuestro compañero Diego García es representante de la UPREZ Benito Juárez y acompaña, en la exigencia por sus derechos a la salud, educación, trabajo, alimentación, vivienda, autodeterminación y autonomía de Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, desde hace más de 25 años.

Denunciamos que desde el pasado martes, dos sujetos con porte de la Policía de Investigación, se han apostado en las inmediaciones de la Casa de los Pueblos, observando y vigilando los movimientos de la Comunidad. Viste uno de ellos con traje y lleva consigo un gafete.

El día de hoy 9 de mayo a las 12:00 Hrs., llamó mucho la atención, pues al pasar frente a la Casa de los Pueblos, sus comentarios que por demás, esta decirlo, lo dijeron muy fuerte, justo para que la guardia del inmueble lo escuchara…

“SOLO ESTAMOS ESPERANDO UNA ORDEN JUDICIAL, PARA ENTRAR Y QUE ESTO VALGA MADRES”

Solo esto alcanzaron a escuchar los compañeros de la comunidad y se alejaron, para quedarse en la jardinera de la acera de la Casa de los Pueblos que hace esquina con la calle de Puente de Xoco. Posteriormente, a las 13:00 Hrs. Se retiraron y se metieron a la torre de City Tower, que se encuentra a 10 metros de la Casa de los Pueblos.

Ante esta grave situación de persecución política, llamamos a los pueblos, comunidades y organiza sociales y de DH a estar alertas ante un acto de represión en contra de nuestro Compañero Diego García. Primero su casa, ahora la Casa de los Pueblos, mañana donde será???

Exigimos al Gobierno de la CDMX y al Gobierno Federal, así como al traidor de los Pueblos, Adelfo Regino Montes, para que pongan un alto a esta campaña de persecución política, que justo la hacen en medio de su farsa electoral.

SI TOCAN A UNO, TOCAN A TOD@S!!

Zapata Vive, la Lucha Sigue!!

Tener Techo es un Derecho!!

No a la Criminalización de la Lucha Social!!

Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!!

Alto al la GUERRA contra los los Pueblos ZAPATISTAS!!

Hoy la Alianza Yoreme integrada por los Pueblos de Bachoco, El Alto, Buaysiacobe, Cohuirimpo y Masiacahui, se manifiesta en algunas dependencias públicas de la capital de Sonora y marcha por sus calles en protesta al «cochinero electoral» han brotado indígenas desde los círculos empresariales y las cúpulas partidistas para usurpar derechos que se niegan a los nativos Yoreme.

A un mes de haber cerrado el Instituto Estatal Electoral y ante la farsa de sus procesos y la omisión de sus obligaciones como la consulta previa, libre e informada; así como el curso de su registro sin respetar las celebraciones sagradas de la Cuaresma, la obligación es hacer notar la discriminación hacia el Pueblo Yoreme Mayo por parte del IEE Cuyo representante el Mtro Nery Ruiz sigue sin dar respuesta a las demandas que desde hace meses se le han hecho llegar.

Fuente: CTXT.es

Por Gideon Levy

Todo israelí decente debe hacerse las siguientes preguntas: ¿está su país cometiendo crímenes de guerra en Gaza? Si es así, ¿cómo deberían detenerse?, ¿cómo debe castigarse a los culpables?, ¿quién puede castigarlos?, ¿es razonable que no se persigan los delitos y se exculpe a los criminales?

Por supuesto, se puede responder negativamente a la primera pregunta –Israel no está cometiendo ningún crimen de guerra en Gaza–, con lo que el resto de las preguntas resultan superfluas.

Sin embargo, cabe preguntarse cómo se puede responder negativamente a dicha pregunta ante los hechos y la situación en Gaza: unas 35.000 personas muertas y otras 10.000 desaparecidas, alrededor de dos tercios de ellas civiles inocentes, según las Fuerzas de Defensa de Israel; entre los muertos hay aproximadamente 13.000 niños, casi 400 personas que pertenecían al personal sanitario y más de 200 periodistas; el 70 % de las viviendas han sido destruidas o dañadas; el 30 % de los niños sufre desnutrición severa; dos personas de cada 10.000 mueren cada día de hambre y enfermedades. (Todas las cifras proceden de Naciones Unidas y organizaciones internacionales).

¿Es posible que estas espantosas cifras se hayan originado sin que se hayan cometido crímenes de guerra? Hay guerras cuya causa es justa y cuyos medios son criminales; la justicia de la guerra no justifica sus crímenes. No es posible que la matanza y la destrucción, el hambre y los desplazamientos a esta escala hayan ocurrido sin cometer crímenes de guerra. Hay individuos responsables de estos y deben ser llevados ante la justicia.

La hasbará israelí, o diplomacia pública, no intenta negar la realidad de Gaza. Se limita a alegar antisemitismo: ¿por qué se meten con nosotros?, ¿qué pasa con Sudán y Yemen? La lógica no se sostiene: un conductor al que paran por exceso de velocidad no se libra argumentando que no es el único. Los crímenes y los criminales permanecen. Israel nunca procesará a nadie por estos delitos. Nunca lo ha hecho, ni por sus guerras ni por su ocupación. Un buen día enjuiciará a un soldado por robar la tarjeta de crédito de un palestino.

Sin embargo, el sentido humano de la justicia desea ver a los criminales ante los tribunales y evitar que cometan crímenes en el futuro. Según esta lógica, solo podemos esperar que el Tribunal Penal Internacional de La Haya haga su trabajo.

Todos los patriotas israelíes y todos los que se preocupan por el bien del Estado deberían desearlo. Solo así cambiará la norma moral de Israel, según la cual se le permite todo. No es fácil desear la detención de los jefes de tu Estado y de tu ejército, y aún más difícil es admitirlo públicamente, ¿pero hay alguna otra forma de detenerlos?

La matanza y la destrucción en Gaza han sobrepasado a Israel. Es la peor catástrofe a la que se ha enfrentado el Estado. Alguien ha llevado al país hasta allí –y no, no ha sido el antisemitismo, sino sus líderes y oficiales del ejército–. Si no hubiera sido por ellos, después del 7 de octubre no habría pasado tan rápidamente de ser un país querido que inspiraba compasión a convertirse en un Estado paria.

Alguien debe ser juzgado por todo esto. Del mismo modo que muchos israelíes desean que Benjamin Netanyahu sea castigado por la corrupción de la que se le acusa, también deberían desear que él y los artífices subordinados a él sean castigados por crímenes mucho más graves, los crímenes de Gaza.

No se puede permitir que queden impunes. Tampoco es posible culpar únicamente a Hamás, aunque haya participado en los crímenes. Somos nosotros los que matamos, llevamos la hambruna, desplazamos y destruimos a una escala tan masiva. Alguien debe responder ante la justicia por ello. Netanyahu es el máximo responsable, por supuesto. La imagen de su encarcelamiento en La Haya junto con el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de las FDI es el material de las pesadillas de todo israelí. Y, no obstante, probablemente esté justificado.

Sin embargo, es muy poco probable que ocurra. La presión que Israel y Estados Unidos están ejerciendo sobre el tribunal es enorme (y equivocada). Pero la táctica del miedo puede ser importante. Si los funcionarios realmente se abstienen de viajar al extranjero en los próximos años, si realmente viven con miedo por lo que pueda venir, podemos estar seguros de que en la próxima guerra se lo pensarán dos veces antes de enviar a los militares a campañas de muerte y destrucción de proporciones tan demenciales. Al menos podemos hallar un poco de consuelo en eso.

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Este artículo se publicó el 5 de mayo en Haaretz.

Traducción de Paloma Farré.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Niños y jóvenes, hijos de campesinos, descansan después de jugar futbol en las tierras recuperadas de la cooperativa El Chile. Foto: Santiago Navarro F}

A la par de un camino de terracería yacen pequeñas estructuras de madera. Cubiertas con nylon, cuentan con techos de lámina y hojas de palma. Champitas, les llaman a estos albergues que ocupan cientos de familias campesinas para defender la recuperación de estas tierras de manos de la industria de palma aceitera, en el valle del Bajo Aguán, municipio de Tocoa, que fueron designadas en los años 70s a la reforma agraria y acaparadas durante los 90s por Corporación Dinant.

Hace ya 16 meses que aquí la resistencia es cotidiana. Pero la lucha por estas tierras es mucho mas añeja. Wendy Castro, joven de 26 años y madre soltera, quien nos muestra la recuperación, por parte de la cooperativa El Chile, aborda las razones de su presencia: “somos hijos, sobrinos, nietos de socios anteriores que fueron afectados por el despojo de las tierras de reforma agraria”, cuenta sobre la legitimidad de sus acciones.

Fuente: Avispa Midia Por Karen Castillo

^{Portada: Marcelino Miramón de regreso a Eloxochitlán, después de un año en prisión. Foto: Radio Zapote}

Marcelino Miramón, mazateco indígena de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, fue liberado la madrugada del pasado 20 de abril del 2024 después de pasar 11 meses en prisión.

Marcelino fue detenido el 22 de mayo del 2023, acusado del delito de incendio en la causa penal 16/2016. Su defensa argumentó desde un inicio que no había fundamentos legales para dictar la prisión de Marcelino ya que había precedentes dentro de la misma causa penal que demostraban que el delito de incendio no existía.

Desde ese momento, su esposa, Alejandra, y sus diez hijos e hijas emprendieron la lucha para arrancar la libertad de Marcelino Miramón junto con las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán.

Pronunciamiento en solidaridad y exigencia de un cese a los actos de persecución política

07 de mayo de 2024

El 3 de mayo de 2024 el activista Diego García Bautista dio a conocer que durante estas semanas ha sido amedrentado en su domicilio por elementos de la policía de investigación y que además han recibido visitas similares en la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes” ubicada en Benito Juárez, Ciudad de México. Estos actos nos colocan en un estado de alerta ante posibles repercusiones del gobierno en turno como consecuencia del activismo y la defensa que durante años ha llevado a cabo nuestro compañero, en pro de los pueblos originarios y su derecho a la vivienda digna.

Esta muestra de persecución política nos alerta ante presuntas carpetas de investigación u órdenes de aprehensión giradas en contra de nuestro compañero Diego García Bautista, colocándolo en riesgo a él y a sus círculos cercanos más inmediatos. Denunciamos que esta criminalización de la lucha social está estrechamente vinculada con la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) desde octubre de 2020.

Responsabilizamos directamente de estas acciones represivas a Adelfo Regino Montes, titular del INPI, pues en abril de 2021 señaló que existían denuncias penales contra quienes ocuparon dichas instalaciones. Manifestamos nuestra preocupación ante estos actos, que más allá de mostrar una voluntad política del gobierno solo complejizan y vulneran la situación en la que se encuentra la Comunidad Indígena Otomí. 

Nos preocupa un elemento más. En recientes días han acudido personas autodenominadas como “Servidores de la Nación” con carpetas de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y escoltados por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX. En la puerta de la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes” afirmaron que ahí se vio por última vez a al menos 8 personas menores de edad desaparecidas entre 2019 y 2023

Le preguntamos al gobierno ¿Qué buscan con estos actos? ¿Justificar una entrada para ahora sí desalojar a quienes mantienen tomada la Casa de los Pueblos? Eso que intentaron el 16 de octubre de 2023, cuando más de 500 elementos policiacos intentaron desalojar la toma, golpearon a niñ@s, mujeres, hombres y periodistas; no obstante, en días posteriores un grupo de choque accionó sus armas de fuego contra ell@s, ¡No olvidamos!

La actuación del Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal evidencian un nulo interés por otorgar una resolución ante la demanda de vivienda que durante más de tres años ha mantenido la Comunidad a través de la toma del edificio antes denominado como oficina central del INPI. Reprobamos estos actos de intimidación, hostigamiento y represalias por motivos políticos. 

Reconocemos su trabajo en defensa del agua y la vida. Las acciones en su contra afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas, por la labor que ha realizado nuestro compañero Diego García Bautista.

Lo reconocemos como defensor del derecho a la vivienda y su constante demanda por el derecho a la Ciudad que históricamente ha sido negada para los pueblos originarios. Quienes hemos trabajado de cerca con él sabemos de su compromiso y labor histórica en defensa de los derechos humanos y su convicción por la presentación de los desaparecid@s, especialmente por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

(Continuar leyendo…)

Fuente: Avispa Midia

Por Crimethinc

El 24 de abril, estudiantes, profesores y miembros de la comunidad se reunieron en el campus de la Universidad de Texas en Austin para manifestarse contra la complicidad de la administración universitaria en el genocidio en curso en Gaza. Temiendo que se repitieran los disturbios ocurridos en la Universidad de Columbia y en otros lugares del país, las autoridades del campus movilizaron a un gran número de policías. Sin embargo, a pesar de las detenciones y la violencia, los y las manifestantes se impusieron a la policía. En el siguiente informe, las personas que participaron describen lo que aprendieron.

Hace ya seis meses que se llevan a cabo acciones de solidaridad dirigidas por estudiantes en las universidades. En la última semana, sin embargo, se han intensificado, con acampadas y paros en más de 40 campus de todo el país. Estudiantes de lugares tan lejanos como Australia, Italia y Francia han organizado sus propias acampadas y otras protestas en solidaridad. En las últimas 48 horas, han aparecido nuevos campamentos en al menos catorce campus estadounidenses, incluidos al menos tres campamentos -en Atlanta, Filadelfia y Washington DC- que son colaboraciones interinstitucionales. La policía ha desalojado algunos de ellos, pero otros siguen resistiendo. Durante el mismo periodo de tiempo, al menos seis escuelas han acogido manifestaciones. Dos acampadas escolares tomaron edificios del campus.

A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena CNI-CIG
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas
A las Organizaciones Sociales, Civiles y Políticas
A los Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen

Hacemos un llamado urgente a los colectivos, organizaciones, pueblos, comunidades, redes e individu@s, para sumarse y estar alertas a esta denuncia pública, pues justo en medio de esta farsa electoral, –perdón, “proceso electoral”–, a la clase política y a los dueños del poder y del dinero, nada importa, que no sean las encuestas, los votos, los debates y quién pega y paga más fuerte las descalificaciones al enemigo a vencer. Justo en medio de esta tormenta y vacío transicional [es decir, a “rio revuelto, ganancia de pescadores”] es muy probable que se abran demandas penales, hostigamiento, persecuciones, criminalización de la lucha social, represión al movimiento de resistencia, como recientemente vimos en la región Cholulteca, y pues la Comunidad Indígena Otomí, con la toma del INPI, no puede ser la excepción, así que frente a este clima de inseguridad y revanchismo de la clase política, denunciamos:

Primero. El día 2 de mayo, alrededor de las 13:00 hrs., se presentaron a mi domicilio tres personas: dos hombres y una mujer con evidente perfil de “policía de investigación”. De acuerdo con los videos de seguridad vecinal que tenemos, descendieron de un vehículo blanco sin placas tres personas, uno de ellos se queda en el vehículo, dos más caminan hacia la unidad habitacional, el hombre de traje obscuro portaba un gafete que traía oculto en el saco. La mujer recibe del hombre de traje unos documentos que parecieran “expedientes”.

Ambos se dirigen a la puerta principal de la unidad y acceden al interior con facilidad ya que la puerta se encontraba abierta debido a que en ese momento los vecinos estaban tirando la basura. Entran y caminan hasta el fondo, sin lograr ubicar el domicilio preciso; al no ubicarlo y después de unos minutos, deciden salir, a su paso se encuentra a una persona que se disponía a tirar la basura, algo le preguntan, y al no encontrar respuesta, revisan un tablero con información interna y privada de los condóminos. Es de destacar que para este momento el hombre de traje oscuro ya no porta el gafete, es decir, ya se lo había retirado, (¿cuál es la razón?, ¿para no ubicarlo como policía de investigación?, ¿para no identificar la dependencia de la que llegan?).

Al salir de la unidad, se dirigen a una reja contigua que está en aun lado de la puerta principal y desde ahí pregunta por mi persona, dieron nombre completo y apellidos, “argumentan que primero fueron a buscarme a las oficinas del INPI que se encuentran en la línea dorada, y que ahí les proporcionaron mi domicilio”. Argumentaron que “me buscaban con el interés de que yo les ayudara a comercializar sus artesanías”, pues dijeron que a eso me dedico, “que me conocieron y platicaron conmigo el día 8 de marzo en la marcha de las mujeres”. Situación que es rotundamente falsa; además, señalaron que tienen conocimiento que yo trabajo con comunidades indígenas.

Las personas con las que platicaron les preguntaron por mis características personales (para conocer su respuesta), y respondieron con referencias totalmente equivocadas. Les pidieron que se identificarán y solamente proporcionaron los datos de la mujer, que dijo llamarse: “María Angélica Landero, con el teléfono núm. 56 3576 5253”.

También les informaron que donde podrían encontrarme sería en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”; señalaron que en ese momento irían al lugar. Cabe señalar que esto nunca sucedió, hasta el momento.

Segundo. Esta situación de hostigamiento se suma a que el pasado 20 de abril, alrededor de las 11:00 hrs. de la mañana, se presentaron a las puertas de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” la Sra. Vilchis Fuentes Hilda y el Sr. Israel Puga Díaz, quienes se presentaron como “Servidores de la Nación”, que según ellos “coadyuvan” con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y tan es así que se hicieron acompañar de una patrulla de la misma Secretaría de Seguridad Pública para indagar en el domicilio de la Casa de los Pueblos lo referente a la desaparición de varios niños y niñas. Pues refieren que, según sus investigaciones, “ahí es el lugar donde se les vio por última vez”.

L@s niñ@s desaparecidos son:
1. Esmeralda N., mujer de 12 años, edad actual 15 años. Desapareció el día 2 de agosto de 2020.
2. Daniela N., mujer de 15 años, edad actual 17 años. Desapareció el día 22 de agosto de 2021.
3. Marisol N., mujer de 14 años, edad actual 15 años. Desapareció el día 6 de noviembre de 2022
4. Juan Mateo N., niño de 13 años, edad actual 17 años. Desapareció el día 20 de julio de 2019.
5. Erica Natalia N., mujer de 0 años, edad actual 3 años. Desapareció el día 9 de abril de 2021.
6. Carlos N., hombre de 17 años, edad actual 17 años. Desapreció el día 7 de junio de 2023.

Entre otros casos a los que ellos mismos hicieron referencia pero sobre los que no tuvimos acceso a la información.

Sin embargo, en los documentos que traían consigo, todos refieren: “POSIBLE UBICACIÓN EN EL DOMICILIO. VIALIDAD: MEXICO-COYOACAN. ASENTAMIENTO: XOCO. C.P.03330” y dan como referencia: “EDIFICIO DE SEIS NIVELES CON ENTRADA PRINCIPAL EN CRISTALES Y CORTINA EXTERIOR. CERCA DE LA CINETECA NACIONAL. ALCALDÍA COYOACAN”.

Como podrán ver, las presuntas “desapariciones” a las que se refieren se registran antes y después de la toma del INPI. Son 6 casos que pudimos documentar con los expedientes que nos mostraron. En los más de tres años que llevamos de la toma, ninguna autoridad correspondiente acudió a la Casa de los Pueblos a informar al respecto. Acudieron apenas hace unos días, con el objetivo según ellos, de que la comunidad informe “si los vimos ahí o no”, ya que ellos “no podrían cerrar la carpeta de investigación hasta que no tengan mayor referencia”. ¿Qué buscan con querer involucrar a la Comunidad Otomí en estas desapariciones? ¿Fincar alguna responsabilidad, directa o indirecta? Exigimos una explicación pública la Gobierno de la Ciudad de México y particularmente de la Fiscalía General de Justicia CDMX.

Tercero. En abril de 2021, denunciamos que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México “judicializaron” la Toma del INPI; es decir, judicializaron la lucha social. Es por ello que en aquellos mese denunciamos que, mientras públicamente se decían “dispuestos al diálogo” en los medios de comunicación y en las redes sociales, “al mismo tiempo anunciaban denuncias penales” contra quienes resulten responsables por la Toma del edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Particularmente la denuncia se orientaba contra quien ubican como su “líder”, Diego García, representante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, UPREZ-Benito Juárez, que acompaña las luchas de diversos pueblos indígenas residentes en la Ciudad de México desde hace más de 30 años.

Lo dijimos en abril de 2021 y lo ratificamos nuevamente: cualquier acto de denuncia penal, hostigamiento, persecución, instigación o detención forma parte de la criminalización de la lucha social y representa una justificación clara y abierta para romper cualquier posibilidad de diálogo con la comunidad. Alertamos ante estos hechos, pues en todas las Mesas de Diálogo ha existido el común denominador respecto a la urgente necesidad del Gobierno, local y federal, por recuperar el edificio tomado.

NUESTRA RESPUESTA TAMBIÉN TIENE UN COMÚN DENOMINADOR Y ES DEFINITIVO: EN TANTO NO SE RESUELVAN LAS DEMANDAS QUE NOS LLEVARON A TOMAR EL INPI, DIFICILMENTE ESTAREMOS EN CONDICIONES DE ESTABLECER UN ACUERDO RESPECTO A LA TOMA.

Por otro lado, después del intento de desalojo de la Comunidad Indígena Otomí en octubre de 2023, han transcurrido más de 7 meses y las mesas de diálogo se han congelado; es decir, los pocos acuerdos en los que pudimos avanzar como comunidad con el gobierno de la CDMX y el INVI, actualmente se encuentran prácticamente suspendidas; peor aún, recientemente nos cortaron la luz y a partir de la presión para la reconexión de la misma, se logró una fecha para retomar las mesas de diálogo con el Secretario de la SEDUVI, la Subsecretaría de Gobierno y la Representación del INVI; sin que, hasta la fecha podamos hablar de avances significativos.

Denunciamos incluso en las mesas de trabajo que al interior del Gobierno de la 4ª Transformación hay “fuego amigo”, pues ellos mismos nos informaron que quien da la instrucción de cortar y reconectar la luz, si se le pega la gana, es el traidor de los pueblos, Adelfo Regino, titular del INPI. Además argumentan que las acciones que lleva a cabo la comunidad para exigir las mesas de diálogo y la reconexión de la luz en este periodo electoral, “solo le hacen el juego a la derecha en Benito Juárez” y que “estas acciones”, en “nada abonan al proyecto”. ¿De qué proyecto hablan? ¡Nosotr@s no tenemos militancia ni compromiso alguno con partidos políticos! Sean el color que sean, todos se disputan no una “democracia”, no un proyecto político, sino lo que realmente está en disputa en este periodo electoral, es quién se chinga a quién, para poder administrar libremente este negocio que para ellos, se llama México.

Por todo lo anterior, estos hechos que denunciamos son parte de una guerra contra los pueblos y comunidades indígenas, contra las organizaciones sociales que se oponen a una transformación simulada, es por ello, que la represión se inclinas más contra quienes asumimos responsablemente caminar y acompañar la lucha y la resistencia de los pueblos y comunidades indígenas; es decir, contra tod@s aquell@s que se opongan al despojo y resisten por el derecho a la vida.

ATENTAMENTE

¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!
¡Tener Techo es un Derecho!
¡No a la criminalización de la Lucha Social!
¡Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!
¡Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatista!

Diego García, Representante.
Unión Popular Revolucionaria “Emiliano Zapata”, UPREZ Benito Juárez

Ciudad de México a 3 de mayo de 2024

03 de mayo de 2024

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería repudiamos la brutal represión el pasado 30 de abril por la noche, donde un operativo de la guardia nacional y policías de los municipios de Calpan, Huejotzingo, Xoxtla, Tlaltenango, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, dispararon contra la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua, que mantienen un plantón pacífico dese el 21 de marzo del presente en el basurero intermunicipal ubicado en San Pedro Cholula, en el Estado de Puebla, que está contaminando aire, suelo y los mantos freáticos, afectando la salud de 250 mil habitantes.

La “Planta Procesadora de Residuos Sólidos Urbanos” operada por la empresa Pro Faj Hidro Limpieza S.A. de C.V., cuyo dueño es Cuauhtémoc Ochoa, candidato a senador por Morena, se instaló desde abril de 2016 y recibe los desechos de 21 municipios de la región sin ningún tipo de manejo previo.

El 9 de abril la PROFEPA clausuró el basurero a cielo abierto ya que la empresa no cumplió con medidas urgentes como el manejo de los lixiviados, control de fauna nociva y monitoreo de la calidad del agua, lo que contradice a Norma Angélica Sandoval, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, quien dijo “que el basurero funciona correctamente no contamina y cumple con la NOM 083”. Sin embargo, el 29 de abril, supuestos trabajadores de la empresas retitraron los sellos de clausura.

Nos unimos solidariamente a las exigencias de cese inmediato a las agresiones y al hostigamiento de la fuerza pública; cierre definitivo del baurero a cielo abierto, su programa de remediación, y un plan de manejo responsable de la basura; que cada municipio se haga responsable d por su basura; respeto total a la autodeterminacion de los pueblos originarios y su derecho a defender la tierra, el agua y la vida.

Responsabilizamos al gobernador Sergio Salomón Céspedes y los presidentes municipales de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula de cualquier daño que puedann sufrir las y los miembros Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua.

¡RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

¡VIVA LA LUCHA POR LA VIDA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA