Hace tres años fue creada la Guardia Nacional (GN) en México. Desde entonces se ha desplegado esta fuerza militar hacia a las fronteras norte y sur de México con fines de control migratorio.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en julio de 2019, una acción de inconstitucionalidad respecto a la Ley de la Guardia Nacional. La Comisión señala diversas disposiciones de la referida ley que son contrarias a los derechos humanos. Sin embargo, a tres años, la SCJN continúa sin resolverla.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el órgano judicial debe resolver a la brevedad la acción de inconstitucionalidad.

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En este contexto, el Centro Prodh, en conjunto con el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, presentó el 14 de junio a la SCJN un amicus curiae sobre los riesgos de militarizar la política migratoria.

Amicus curiae es una expresión latina que significa “amigos de la corte”. Son presentaciones de terceros ajenos a una disputa jurídica; el objetivo es que aporten a la Corte argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de juicio de manera a colaborar con el Tribunal en la resolución del litigio.

El amicus aborda específicamente las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a este cuerpo de seguridad militarizado. De acuerdo con las organizaciones, la SCJN debe considerar que la GN ha generado violaciones a los derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional.

El documento comparte con la Corte información documentada sobre abusos y violaciones a los derechos humanos de personas cometidas por esta institución, que posee más del 80% de sus elementos proveniente del sector castrense, así como en estructura, capacitación y mandos.

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En particular, se han documentado recurrentes violaciones a derechos humanos de las personas migrantes en la frontera sur, incluyendo agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas migrantes en tránsito; uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante, así como casos de tortura en estaciones migratorias.

Control migratorio

Desde su creación, la GN fue vinculada en gran medida al control migratorio, bajo una lógica de contención en las fronteras. En febrero de 2022, de 99,946 elementos desplegados en México, 15,822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9,298 elementos en estados de la frontera sur, de acuerdo con un comunicado del Centro Prodh.

A lo anterior se suma el despliegue de la GN para tareas de control y verificación migratoria en puntos de revisión al interior del país, como lo son retenes, estaciones de autobuses y aeropuertos. Además de haberle sido asignado el resguardo de las Estaciones Migratorias del país, en las que las personas migrantes y sujetas de protección internacional se encuentran privadas de la libertad por motivos migratorios.

“En el contexto de profundización de la militarización que vivimos y que ha sido señalada con preocupación por diversos organismos internacionales, y ante la documentación de múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional en el ámbito migratorio, es esencial el escrutinio judicial del marco legal que faculta a dicha institución en materia de control y revisión migratoria, lo que debería implicar la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones referidas”, señalan las organizaciones.

Miles de personas migrantes salieron este lunes (6) de Tapachula, para solicitar visas humanitarias para transitar libremente por México durante un año. De acuerdo a la documentación de organizaciones, se trata de la octava caravana que sale desde el Soconusco en Chiapas, sólo este 2022 y quizá la más numerosa.

García Villagrán, defensor de los derechos humanos que acompaña la organización de la caravana, considera que más de 15 mil migrantes caminan en ella, “y se va anexando la gente; es necesario que esta crisis humanitaria se atienda conforme a la ley con visas humanitarias inmediatamente a todos y cada uno”.

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Exigen, además del acceso a procedimientos migratorios, un trato digno de las autoridades. “Sí se puede”, se escuchó al unísono, cuando cruzaron por un cerco de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) en la salida a la carretera a Huixtla que, de otro modo, no hubiesen podido cruzar.

Salieron alrededor de las 6hrs del lunes del Parque Bicentenario, bajo una lluvia leve y constante. Caminaron 14 kilómetros hasta la comunidad Álvaro Obregón donde nuevamente llovió por la noche.

Comunidades religiosas y organizaciones de derechos humanos brindaron agua y algunos alimentos. Hay familias que decidieron comprar arroz y pasta para preparar en la calle. Mientras, la Guardia Nacional los vigila de lejos.

Este mismo lunes, en la estación migratoria Siglo 21, personas de distintas nacionalidades se amotinaron y se subieron a los techos del espacio dependiente del INM para pedir libertad, lo que provocó la presencia militar.

Villagrán espera que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atienda personalmente a los miles de migrantes que se dirigen al norte del país y que planean una visita a Palacio Nacional.

Visa humanitaria por un año

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano declaró acción urgente. “Ante la falta de vías para la regularización migratoria y acceso a refugio, salió un grupo”, el cual está integrado principalmente de familias, incluyendo niños, niñas y adolescentes, así como personas LBTIQ+ y con discapacidad. Villagrán agregó que también hay mujeres embarazadas.

Las organizaciones que integran el Colectivo continúan la documentación del grupo que este martes (7) caminó rumbo a Huixtla. “Hacemos un llamado a las autoridades a garantizar protección y evitar el uso injustificado de la fuerza”.

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Este martes, nuevamente el calor y la humedad provocaron que algunos se adelantaran, otros pidieron aventón a los camiones, tráileres y vehículos de particulares; pero algunos se quedaron en el camino.

La asistencia médica también la otorgan las organizaciones. Las infancias son las más afectadas por la insolación y la deshidratación.

Irineo Mujica, de Pueblos sin Frontera, responsabilizó a la autoridad migratoria de que los extranjeros busquen salir en masa de la ciudad fronteriza. Asimismo, señaló la corrupción que existe al interior del INM, “tenemos un gobierno que ha perdido la cordura, perseguir a las personas migrantes”.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tiene citas hasta agosto y la oficina de regulación hasta finales de septiembre, por lo que temen la cantidad de personas que podrían estar varados y contenidos en Tapachula para esa fecha.

La mayoría de ellos se encuentran en situación de calle, pues los albergues y refugios también se encuentran hacinados. Buscan plazas y parques para acampar y pasar la noche, “o se mueren de hambre o se mueren de tanto odio que hay en Tapachula”, dijo Villagrán.

Más venezolanos cruzan el Tapón del Darién, en Panamá, para después enfrentar la contención migratoria de México, donde sus connacionales organizados con centroamericanos y caribeños se organizaron para salir de Tapachula, Chiapas, en una caravana.

El mas reciente éxodo del año planeó salir de la frontera sur de México este sábado 16 de abril ante la nula respuesta a los procesos migratorios ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración (INM).

Se trata de la tercera salida en grupo con acompañamiento de defensores de los derechos humanos en lo que va del 2022, pues aseguran es la única forma de no enfrentar solos la militarización de la frontera: detenciones, operativos y persecución.

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Pero el Instituto Nacional de Migración impidió que los extranjeros abandonaran Tapachula en caravana; ofreció visas y traslados a otros estados del país para continuar con los trámites migratorias.

Mientras, organizaciones de la sociedad civil insisten en que las personas en contexto de movilidad no necesitan tarjetas humanitarias si no reconocimiento de sus derechos, pues aún con documentos son víctimas de detenciones arbitrarias y deportaciones.

Desde el año pasado, los originarios de Venezuela comenzaron a llegar a México en mayor número que años anteriores. A principios de 2022 protagonizaron protestas junto a otros migrantes en Tapachula para exigir la atención de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración.

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La última actualización de las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria muestra que sólo en enero y febrero de este año, fueron presentadas 2,443 personas de Venezuela ante el INM, la mayoría detenidas en Apodaca, Nuevo León, al norte de México.

Tapón

En un reciente informe, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportaron que son cada vez más las personas de esta nacionalidad que recorren peligrosos caminos por las junglas entre Panamá y Colombia.

El Tapón del Darién comprende 5,000 kilómetros cuadrados de junglas, ríos y montañas escarpadas, topografía que la convierte en una de las rutas más peligrosas del mundo para personas refugiadas y migrantes que pueden tardar hasta diez días en cruzarlo.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de Panamá, alrededor de 2,500 personas de Venezuela cruzaron el Tapón del Darién en los primeros dos meses de 2022 por el impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19 en la vida de estos refugiados y migrantes en distintos países de acogida en América Latina y el Caribe.

Lo grave es que la cifra total se triplicó en comparación con el mismo periodo el año pasado: de 2,928 en los primeros dos meses de 2021 a 8,456 en el mismo lapso en 2022. La cifra de este año incluye 1,367 niñas, niños y adolescentes.

Esta migración se encuentra expuesta a amenazas naturales y también a grupos criminales que perpetran violencia, incluyendo abusos sexuales o robos, por lo general contra adultos jóvenes y familias.

El estudio de la OIM dice que las personas llegan a comunidades indígenas de difícil acceso con hambre y deshidratación, exhaustas y requiriendo atención médica. En 2021 se registró un número récord de 133,000 personas que hicieron la travesía el año pasado, cuando se reportó la desaparición de 51 personas.

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Entonces, la mayoría provenía de Haití, incluyendo su descendencia nacida en Chile y Brasil, seguidos de cubanos, venezolanos y personas de lugares lejanos como Bangladesh, Ghana, Uzbekistán y Senegal.

Según la OIM seis millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela se encuentran en distintas partes del mundo; casi cinco millones residen en América Latina y el Caribe. En 2022, la Plataforma de Coordinación Interagencial para la Situación de Venezuela (R4V) lanzó un plan de 1,790 millones de dólares para satisfacer las crecientes necesidades de personas refugiadas y migrantes de Venezuela y de las comunidades que les han acogido en 17 países en la región.

“Fue una embestida por parte del Instituto Nacional de Migración [INM] y la Guardiana Nacional, gritaban: ¡violencia, violencia!”, relató Luis García Villagrán, defensor de los derechos humanos y acompañante del viacrucis migrante que el pasado viernes (1) salió de Tapachula, Chiapas.

El 18 de marzo cerraron las oficinas de regulación migratoria del INM después de un disturbio y destrozos provocados por las mismos migrantes que hace meses esperan una respuesta a sus trámites en Tapachula, frontera sur de México, una ciudad que no conocen, sin empleo ni acceso a derechos básicos. Además enfrentan discriminación desde las redes sociales, hasta en las aceras de las calles.

El tenor obligó a los extranjeros a organizarse para salir en grupo hacia a la frontera norte de México, previo a la Semana Santa. Antes de partir, junto a defensores de derechos humanos, hicieron pública la solicitud de diálogo con las autoridades migratorias; y directamente al Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez. Pero no hubo retroalimentación.

En esta petición buscaban que se respetara la minuta que representantes federales signaron en diciembre de 2021 y que los compromete a respetar los derechos humanos de personas con necesidades de protección internacional.

Salida

Con alrededor de 700 amparos interpuestos ante un juez federal, acompañados por organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, como Luis García Villagrán, el viernes 1 de abril el ‘viacrucis migrante’ se puso en marcha.

Las personas originarias de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Honduras caminaron 18 kilómetros, precedidos por una cruz blanca de madera y la bandera de Venezuela. En el camino ya habían logrado pasar un muro de las fuerzas federales en el paso a desnivel conocido como Viva México.

Pero en el cruce del poblado Álvaro Obregón, la Guardia Nacional con equipo antimotines se desplegó otra vez, para frenar el objetivo del éxodo.

Con la misma cruz de madera y al grito repetido de ¡libertad!, el éxodo se abrió paso entre la valla de escudos, cuerpos humanos, macanas y gases que hirieron al menos a 30 personas, entre ellos varios menores de edad.

En la persecución, muchos dejaron tirados objetos personales y mochilas completas. Al menos 90 personas fueron detenidas y trasladadas a estaciones migratorias en Oaxaca, mientras otras corrieron entre la maleza para esconderse de los uniformados, “hay personas desaparecidas y familias separadas”, aseguró Luis García Villagrán.

El operativo fue coordinado personalmente por la delegada del INM en Chiapas, Paola López Rodas, agregó Villagrán. “Una mujer de Venezuela de tres meses de embarazo estuvo con complicaciones; mucha gente dañada en este intento de detención y criminalización”.

Las más de 20 organizaciones que integran el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos, en el Sureste Mexicano, evidenciaron que el operativo migratorio se realizó con violencia, con el uso de gases lacrimógenos, la detención de personas y el hostigamiento e intento de detención de defensores de derechos humanos.

Durante el despliegue militar, el grupo del viacrucis corrió y se resguardó en la parroquia de Álvaro Obregón, donde recibieron atención médica por parte de Protección Civil. Durante dos días se refugiaron en ese espacio.

Feligreses y habitantes de la comunidad les proporcionaron alimentación. Por otro lado, medios locales publicaron declaraciones del obispo de Tapachula, Jaime Calderón Calderón, en las que desacredita el viacrucis y a los defensores acompañantes de la causa.

“El obispo crispa más la atención y el odio que hay en contra de la población migrante. Nosotros estamos solicitando diálogo desde antes de salir”, añadió Villagrán cuando recordó las violencias que enfrentan en “la ciudad cárcel”, como llaman los migrantes a Tapachula.

Estos repetidos actos de violencia por parte de las fuerzas federales se ejercieron, según el defensor, a pesar de las medidas cautelares que les otorgó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos antes de iniciar la travesía.

Ciudad cárcel

Las personas en contexto de movilidad humana acamparon por varios meses en el Parque Bicentenario de Tapachula. En un tubo de agua se aseaban todos y la niñez dormía en el piso. “Son condiciones infrahumanas”, explicó Villagrán.

Después de varias semanas de protestas contra la administración del INM, el 11 de marzo, cerca de 800 personas lograron hacerse visibles en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Tapachula.

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Para callar sus voces les entregaron visas humanitarias en Ciudad Hidalgo, razón que motivó a más personas a exigir también la regulación migratoria para poder salir de Chiapas. Pero sin la presencia de López Obrador, no hubo respuesta y la desesperación desencadenó nuevas protestas y reclamos entre migrantes.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano alertó, entonces, sobre la falta de transparencia en las promesas de regularizar a la población migrantes. “Estos conflictos son resultado de las acciones de las autoridades”, y sumó que, de esta manera, se promueve un trato diferenciado entre nacionalidades que generan tensión entre los grupos.

De raíz

Alrededor de las 15h de este domingo (3), el Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado de prensa, que difundió en redes sociales, para llamar al éxodo de migrantes a no autolesionarse, “ni a convertirse en rehenes de intereses de terceros”.

Migración señaló a los defensores de promover acciones que dañan la integridad física y psicológica de los extranjeros, en referencia a la protesta en la que de nueva cuenta se costuraron los labios y a la huelga de hambre que iniciaron en la comunidad Álvaro Obregón, donde fueron reprimidos por las fuerzas federales.

La situación colocó rápidamente a Chiapas a la vista del mundo y la respuesta del INM tampoco demoró. Dos horas más tarde, de la publicación de su comunicado, llegó a un acuerdo con el grupo de migrantes.

Al menos 600 personas en contexto de movilidad aceptaron y comenzaron ser trasladadas en autobuses de la comunidad Álvaro Obregón a Tabasco y Oaxaca, para que puedan avanzar sus trámites de regularización migratoria.

En la documentación del Centro de Dignificación Humana, se detectó la presencia de infiltrados dentro del grupo de migrantes, así como en medios de comunicación, que contribuyen a un contexto de tensión.

“El Estado mexicano no tiene ninguna intención de hacer las cosas conforme a la ley sino todo lo contrario y ha gastado mucho dinero en estas actividades; por ello es responsable de lo que pueda ocurrirnos”, dijo VIllagrán.

Para el defensor, estas violencias que se ejercen son normalizadas por las mismas autoridades, que envía un mensaje erróneo a la sociedad, sin importar que se trate de un grupo vulnerable.

Los defensores de los derechos humanos coincidieron que, además de medidas inmediatas, se necesita mayor capacidad de atención del INM con base en el respeto de los derechos humanos y con conocimiento de leyes y acuerdos internacionales.

En el último comunicado del Colectivo Observación hizo un enérgico llamado para que las autoridades mexicanas detengan la violencia y los operativos. Asimismo, demandaron a la Secretaría de Gobernación, el INM y GN respeto y garantía de la integridad física y emocional de todas las personas que se desplazan.

Al mismo tiempo, las organizaciones pidieron al INM y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) dar debida respuesta a los procedimientos migratorios.

Migrantes originarios de Venezuela representan más del 50% de las personas contenidas en Tapachula, Chiapas, por arriba de la presencia de centroamericanos y haitianos, consideró el Centro de Dignificación Humana.

La violencia vivida en Venezuela provoca la movilidad de personas de forma masiva, pero sus necesidades de protección internacional no son respetadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), explicó el fundador del Centro, Luis García Villagrán.

En el 2020, la estadística de la Unidad de Política Migratoria registró a 183 personas originarias de Venezuela presentadas ante el INM; mientras el 2021 cerró con 2,552.

Desde inicios de ese 2022, venezolanos, centroamericanos, haitianos y africanos realizan manifestaciones en Tapachula para exigir atención a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el INM.

Pero las autoridades no proporcionan información oportuna ni a los extranjeros solicitantes de refugio, a pesar de los llamados internacionales para respetar el derecho de protección internacional.

La oficina de regulación no tiene atención constante y la Comar proporciona citas hasta tres meses después de la solicitud. Espera que se hace eterna por la falta de recursos y oportunidades laborales para sobrevivir.

Para García Villagrán son graves las ‘ilegalidades’ en las que incurren las autoridades migratorias desde el momento de dar solamente dos opciones de regularización cuando existen 26: a través de un vínculo familiar o el refugio. “Nos sustentamos en el sistema electrónico de trámites migratorios que da la certeza de lo que estamos diciendo, actualmente en Tapachula solo son atendidos entre 30 y 50 migrantes a diario, cuando esa oficina tiene capacidad para atender hasta mil personas al día”.

La situación impera en la frontera sur de Chiapas con Guatemala a pesar de los cambios de titulares en el INM, como el caso de Paola Rojas Rodas, que tras su llegada, continúa con la política de contención con agravantes sobre la criminalización y la militarización.

De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana, no existe vigilancia en la frontera de Suchiate, México, con Tecún Umán, Guatemala; dejan entrar a todas las personas migrantes, “y en Tapachula se forma el nudo humano como parte de un acuerdo político de los tres niveles de gobierno y dependencias involucradas en el fenómeno migratorio”.

A las organizaciones les preocupa que la mayoría de las personas en movilidad, varios menores de edad entre ellas, contenidas en Tapachula, enfrentan abandono, encarcelamiento, detenciones arbitrarias, violencia, xenofobia, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Asimismo que estas personas no tienen derecho a la salud y actualmente padecen un bombardeo mediático para criminalizar a los diferentes grupos que buscan mejores condiciones de vida.

Organizaciones aliadas al Centro de Dignificación Humana, como Pueblo sin Fronteras, acompañan a más de mil personas en movilidad para interponer amparos ante jueces federales; y prevén la salida de una nueva caravana desde Tapachula, Chiapas.

^{En portada: Una mujer enciende una vela en el lugar del accidente en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas, México. Foto: Alfredo Estrella}

“Quiero justicia por la muerte de mi esposo, pero no tenemos recursos para buscarla”, dice Yesenia Flores. Su esposo, Leonel Gómez Zepeda, fue una de las 56 víctimas mortales tras la volcadura del tráiler en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, ocurrida el pasado 9 de diciembre.

Leonel Gómez Zepeda, de 37 años, fue un futbolista de Primera División del Deportivo Malacateco en Guatemala. Debido a su edad, el balompié dejó de ser redituable y la crisis económica de su país lo llevó a intentar migrar, por primera vez, a Estados Unidos.

El lunes 6 de diciembre, Leonel se despidió de su familia en Guatemala y unas horas antes del accidente, reaccionó a una foto de su hija en Facebook. Fue la última interacción que Yesina recuerda de su esposo.

El cuerpo de Leonel estuvo en el Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez y después fue trasladado al municipio de Tonalá, en la costa de Chiapas. Yesenia tuvo que viajar varias veces a México, con recursos propios, para localizarlo.

También trasladó a sus hijas desde Malacatán, Guatemala, a Chiapas para las pruebas de ADN que solicitó la Fiscalía General de la República.

El 19 de diciembre, sin avisar, los gobiernos de ambos países trasladaron tres féretros de los muertos en el accidente, uno de ellos con los restos de Leonel, “sólo vinieron a dejar la caja y no supimos nada de ningún gobierno”.

Yesenia Flores lamenta que el único momento en que tuvo atención de las autoridades mexicanas fue para las pruebas de ADN, por la presión que ella misma ejerció. “No tuvimos apoyo ni antes ni ahora”.

Yesenia y Leonel procrearon cuatro hijas, todas aún menores de edad. Leonel buscaba darles una mejor vida que esperaba encontrar en Estados Unidos.

“A mis hijas todavía no les he comprado sus útiles porque aún no encuentro trabajo. Mi esposo por eso se fue, porque la situación aquí es difícil; por eso, aunque quiera darle seguimiento a la investigación para que se haga justicia, no puedo por el gasto que representa”.

Yesenia Flores recuerda que el féretro estaba sellado y le pidieron que sepultara a su esposo de manera inmediata por el estado de descomposición que presentaban. “Escuchar al gobierno de México decir que no hay detenidos, duele en el alma”.

Solicitud de apoyo, sin respuesta

Domingo Giovanni Raymundo Mateo, de 18 de años, salió de su casa en Almolonga, Quetzaltenango, Guatemala, el 8 de diciembre acompañado de su concuño Miguel Laynes Ortega, de 27 años.

Por segunda vez, Domingo se colgó la mochila con el ánimo de ganar dinero para apoyar a sus padres. Su tía les ayudó a contactar un coyote y lograron reunir dinero tras vender pertenencias y pedir prestado.

“Ya se murió el Mingo” dijo Miguel cuando dio la noticia de la volcadura del tráiler que los llevaría a Ohio. Miguel logró brincar del vehículo en movimiento. Resultó con lesiones en brazos y costillas.

En cuanto se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales, la familia maya Ixil en Guatemala solicitó apoyo a las autoridades de ambos países para repatriar el cuerpo del joven que estaba en calidad de desconocido. Entonces no hubo respuesta.

Pedro Raymundo, padre de Domingo, cuenta que se trasladó a Chiapas para pedir el cuerpo de su hijo, “estuve viajando también por el acta de defunción y por eso en Guatemala me cobraron 4 mil quetzales”.

Los gastos de los traslados, alimentación y hospedaje para la realización de trámites también fueron cubiertos por ellos, “nosotros no tenemos dinero tampoco información, no sabemos ni a quién pedirle justicia”, lamenta Pedro en su fracturado español.

Pese a sus esfuerzos, Raymundo aún no cuenta con el acta de defunción de su hijo y la única respuesta que recibió fue por parte del Registro Nacional de las Personas (Renap), entidad guatemala quien aseguró se debe a que la Fiscalía General de la República mexicana aún no envía la información.

Antes de salir de Almolonga, Guatemala, Domingo y su concuño Miguel se dedicaban al campo. Dejó de estudiar hace dos años cuando su familia no pudo solventar los gastos escolares, fue entonces que uno de sus tíos, establecido desde hace un año en EEUU, lo convenció de migrar.

“Dijo que se podía hacer la lucha, porque aquí no hay trabajo ni para las mujeres y estamos en una casa prestada”, agregó Margarita Raymundo, hermana del joven.

Domingo y Miguel, recorrieron 432 kilómetros desde su comunidad hasta el municipio chiapaneco donde ocurrió el accidente. En el lugar, los pobladores locales, aún en shock, prenden veladoras por el descanso eterno de los fallecidos y la recuperación de los heridos.

No hay detenidos

A dos meses de la tragedia, la Fiscalía General de la República se limita a decir que no tiene mayor información sobre el caso porque siguen las investigaciones. Pero en realidad aún no hay detenidos ni avances en la carpeta de investigación. Esto a pesar de que el 14 de diciembre el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que los responsables fueron identificados.

El Instituto Nacional de Migración (INM) también evade los cuestionamientos de la prensa con respecto a los apoyos a las familias que comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana siguiente del accidente carretero.

Los únicos reportes sobre el caso se publican en la página oficial donde recientemente destacaron la repatriación de cuerpos, realizados durante diciembre de 2021 y enero de 2022: 42 de Guatemala; 12 de República Dominicana; una de El Salvador y una más de Ecuador. A finales de enero, informaron que fueron trasladados los últimos restos que corresponden a un adulto y un menor de edad guatemaltecos.

Asimismo, la Secretaría de Salud en Chiapas señala que solo uno de los 114 heridos en el mismo accidente continúa con atención en un hospital de Tuxtla Gutiérrez.

Contubernio

Organizaciones como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste Mexicano, han hecho hincapié en las políticas de contención migratoria, las cuales orillan a las personas en movilidad a tomar alternativas peligrosas para trasladarse de una frontera a otra.

De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula, existe un contubernio de la autoridad migratoria para permitir el transporte de migrantes por el crimen organizado. Esto debido a que pese la presencia de retenes para inspeccionar vehículos en la ruta migratoria en Chiapas, la mayoría no son detenidos. “Estamos pidiendo a la Procuraduría General de la República una investigación exhaustiva sobre esos tráileres y demás unidades que pasan invisibles por Chiapas”.

Para la organización nacional Brigada Callejera, la trata de personas no se podría concretar sin la complicidad de la policía, funcionarios de migración y el Ejército mexicano, sobre todo en las zonas de los Altos, Norte y Selva de Chiapas controladas por narcotraficantes que también se dedican a este delito. “Desde sus países de origen a muchos los engañan, les piden escrituras de casas y terrenos, para llevarlos endeudados y con engaños”.

En estas redes, participan desde pobladores de las comunidades indígenas, donde se encuentran algunas casas de seguridad, hasta transportistas que incurren en otros delitos para que los vehículos en que transportan a sus víctimas no sean descubiertos por la autoridad; hasta los uniformados encargados de la seguridad nacional.

Los grupos del crimen organizado se apropian de caminos de extravío o rutas claves; ofrecen o amenazan a los pobladores para que acepten ser reclutados o trabajar como halcones para la realización de varios delitos.

“Las autoridades se sientan y dicen que van a solucionar el problema e informan que no pasa nada”, lamentó Elvira Madrid de Brigada Callejera.

En el 2018, cuando comenzaron a llegar a México las primeras caravanas migrantes, los representantes el Consulado de Honduras en México, confirmaron que los delitos contra personas migrantes incrementaron, con un mayor número de víctimas por la trata de personas y el secuestro.

Portada: Santiago Navarro F.

Durante el 2021, la migración incrementó por factores asociados a la llegada de Joe Biden al gobierno de Estado Unidos y a los anuncios de las políticas migratorias ‘más justas’, así como a la violencia, la pandemia del COVID-19 y los desastres naturales.

En el mismo año las disposiciones migratorias afectaron negativamente a las mujeres que buscaban protección por las políticas restrictivas, pues siguen vigentes desde el gobierno de Donald Trump.

El reporte Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021 señala los escenarios que viven las mujeres en movilidad humana, resultado de las políticas migratorias.

Son sometidas a actos violentos en razón de género en México, que incluyen violación y agresiones sexuales, secuestros, extorsiones, separación familiar, falta de acceso a la salud, además de que enfrentan más barreras para denunciar los hechos, acceder a la justicia y recibir apoyo.

De acuerdo con el informe, realizado por la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), a menudo las mujeres tienen que esperar sus procesos durante períodos prolongados, en circunstancias precarias y peligrosas, en las fronteras norte y sur de México.

La documentación da cuenta de que estos escenarios exacerban traumas que inicialmente las obligaron a escapar de sus países; y no les permite sentirse seguras en las ciudades de la frontera sur y norte de México, además les preocupa que las puedan seguir sus agresores a este país.

Una encuesta de 2017 de Médicos Sin Fronteras reveló que 31.4% de las mujeres que buscaban protección internacional habían sido agredidas durante su tránsito por México.

Algunas son secuestradas y agredidas sexualmente por sus captores, con frecuencia, frente a sus hijas e hijos. En muchas de las agresiones participan autoridades mexicanas de diferentes niveles.

De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil en Chiapas, muchas mujeres migrantes recurren a métodos anticonceptivos de larga duración para evitar embarazos por violación sexual en territorio mexicano.

Horror

El 72.5% de las mujeres migrantes que ingresaron en 2020 reportaron haber sufrido agresiones físicas en el país de origen y en México a manos de integrantes de pandillas y delincuencia organizada, familia, compañeros de trabajo y principalmente autoridades.

Por ello el Instituto para las Mujeres en la Migración, a través de los reportes que realiza, destaca la importancia de que el gobierno mexicano considere a la violencia de género como un motivo para solicitar protección internacional en el país y en consecuencia reconocerlas como refugiadas.

En 2021, la Comar recibió un incremento histórico de 131 mil 448 solicitudes de asilo, de las cuales 41% fueron de mujeres y 24% de niñez y adolescencia, pero no cuenta con recursos humanos y financieros suficientes para hacer frente al incremento de solicitudes, lo que ha dejado a muchas personas atoradas en el sur de México.

Un informe de las Naciones Unidas de 2015 reveló que aproximadamente 60% de las mujeres entrevistadas solicitantes de asilo de Honduras, Guatemala y El Salvador estaban escapando de violencias de género.

Un informe de 2021 de Kids in Need of Defense (KIND) señala que la violencia contra las mujeres en Centroamérica aumentó drásticamente durante la pandemia de COVID-19 ante el confinamiento que obligó a las mujeres a permanecer encerradas con sus agresores y el control de las comunidades por parte de las pandillas.

Por ejemplo, Liliana, una mujer guatemalteca, platicó al IMUMI que después de escapar de una relación violenta con su esposo, un militar activo, un grupo de hombres la habían secuestrado en Tijuana. Mientras sus secuestradores la tenían los escuchó hablar por teléfono haciendo arreglos para explotarla sexualmente.

Cristina, una mujer guatemalteca, que viajaba con su esposo y sus tres hijos, describió al equipo de WRC el “terror de ser obligados a esperar en Tijuana donde nos pueden encontrar nuestros agresores”.

De acuerdo a la bitácora del albergue Una ayuda para ti mujer migrante AC, ubicado en Chiapas, seis de cada 10 mujeres que llegan en busca de ayuda fueron violadas por integrantes del crimen organizado y uniformados como agentes de migración y otros que “reconocen como los policías de azul”.

Intensifica contención migratoria

En el 2019, México y Estados Unidos acordaron la contención migratoria en las fronteras sur y norte, de forma paralela a la creación de la Guardia Nacional que se desplegó con mayor fuerza en la frontera de Chiapas y Tabasco, México.

Desde entonces los delitos cometidos contra personas migrantes incrementaron, incluso las detenciones bajo presión de la Casa Blanca. El gobierno mexicano tomó una serie de medidas para intensificar sus políticas migratorias de disuasión.

Las restricciones a la libre circulación por el país de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional orillaron a las personas en movilidad a contratar a traficantes y arriesgándose por rutas de viaje más peligrosas.

En el 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM), en conjunto con la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad, realizaron un número sin precedentes de eventos de detención de personas migrantes, de las cuales 30% eran mujeres y 27% menores de edad.

El INM también intensificó las medidas restrictivas en los aeropuertos mexicanos y negó la entrada a un récord de 72 mil 895 personas extranjeras en 2021, el doble de los 31 mil rechazos registrados en 2019. Estas personas no pudieron acceder a la solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.