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Frayba

(Español) Boletín Frayba: Desaparición, secuestro, tortura, violación sexual y desplazamiento interno a ejidatarios y vecinos de Busiljá

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 26 de diciembre de 2011
Boletín de prensa No. 25

Tortura, práctica recurrente contra pueblos indígenas en Chiapas

Desaparición, secuestro, tortura, violación sexual y desplazamiento interno a ejidatarios y vecinos de Busiljá, adherentes a La Otra Campaña.

Funcionarios del gobierno del estado de Chiapas, junto a integrantes príistas responsables de  violaciones a los derechos humanos.

Este Centro de Derechos Humanos ha documentado las violaciones graves a los derechos humanos  como la desaparición, secuestro, tortura, detención ilegal, violación sexual y desplazamiento interno cometidas por funcionarios estatales e integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de varias familias tseltales originarias del ejido Busiljá, municipio de Ocosingo, e integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Genaro Vázquez Rojas, adherentes a La Otra Campaña.

De acuerdo a la información recibida por el Centro, Elías Sánchez Gómez (en adelante Elías) fue detenido el pasado 7 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 9:00 hrs., cuando se encontraba con su esposa María Esther Hernández Gómez y su hijo trabajando en su terreno. En la detención participaron dos policías estatales y 15 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del ejido Busiljá, quienes lo golpearon de manera reiterativa en la parte abdominal del cuerpo; al mismo tiempo tres personas se llevaron a su esposa, entre ellas Herlindo López Pérez del ejido Cintalapa, Ocosingo. En su testimonio, Elías refiere que en el momento de la detención escuchó su esposa que gritaba por las agresiones de los perpetradores quienes la amenazaban con violarla sexualmente.

Posteriormente Elías manifiesta que lo llevaron a una montaña en donde lo seguían golpeando, luego lo llevaron a la carretera que va a Palenque, en donde se encontraba más gente de Busiljá, lo siguieron golpeando, lo subieron a una camioneta de la policía del estado de Chiapas y refiere que: ?Cuando llegué a la carretera había más gente, ahí me dijeron todos van a ir a la cárcel, les decía porque me hacen esto, si sólo estoy trabajando; ésta no es tu tierra, no te quiere la comunidad y me taparon la boca. Luego me subieron a la camioneta y tres personas de nombre: Herlindo del ejido Cintalapa, Juan Morales, agente auxiliar de Busiljá y Domingo comisariado ejidal de Busiljá se sentaron en mi espalda?.

Acto seguido a Elías lo llevaron a dos lugares distintos en Palenque; un de los lugares que pudo identificar fue el Ministerio Público, donde le quisieron tomar su declaración, al negarse, fue golpeado con puños y patadas: ?En el ministerio publico de Palenque hay un cuartito, ahí me llevaron y me golpearon en las costillas y querían que dijera dónde estaba mi papá, esto mientras el Ministerio Público hacía los documentos, los que me golpearon estaban vestidos de civil y estaban los tres de Busiljá que se vinieron en la camioneta encima de mí, fueron los policías los que me golpearon, empezaron a dar patadas, preguntando ?¿dónde está tu papá??, me sacaron y no di declaración?.

Ante la negativa de Elías de dar su declaración desde el 7 de diciembre de 2011 fue trasladado al Centro de Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17 Playas de Catazajá, (CERSS No. 17) donde se encuentra actualmente recluido en condiciones de hostigamiento y sometimiento a tratos crueles e inhumanos por parte de ?los precisos? que mantienen un estado de ?control? al interior de los penales en complicidad con las autoridades penitenciarias.

Este Centro ha documentado que la esposa de Elías durante el evento del 7 de diciembre de 2011,  fue llevada por Herlindo López Pérez, Domingo López Hernández y otra persona en un lugar apartado y ahí la violaron sexualmente.  Ella refiere que seis meses antes fue víctima de hostigamiento por parte de los integrantes del PRI de Busiljá, quienes le decían de ?cosas? y le cerraban el camino.

En este mismo evento, el 7 de diciembre de 2011, una familiar de Elías, fue violada sexualmente y agredida cuando pretendía auxiliar a la esposa de Elias, por tres sujetos a quienes identificó plenamente como Benjamín Gómez Sánchez, Manuel Sánchez y Juan Sánchez Morales quienes  durante la agresión Manuel le decía, ?no llores porque te lo mereces, eres mujer?, y Benjamín ?háganlo tan fuerte que así lo merece, porque no deja la parcela?.

El mismo 7 de diciembre de 2011, integrantes del PRI acompañados por cinco elementos de la policía estatal allanaron las casas de Elías Sánchez Gómez (padre), Elías Sánchez Gómez (hijo), José Sánchez Gómez, Fausto Sánchez Gómez y Felipe Sánchez Gómez.

Anteriormente, en otro evento relacionado, el pasado el 17 de julio de 2011, a las 1:00 hrs., en el ejido Busiljá, Ocosingo los Sres. Domingo Gutiérrez Hernández, Herlindo López Pérez, Benjamín Gómez Sánchez, Manuel Pérez Vázquez, Lorenzo Pérez Gutiérrez y Juan Sánchez Morales, quienes iban acompañados por 15 elementos de la Policía Estatal Preventiva irrumpieron en el domicilio de la señora Elena Morales Gutiérrez llevándose a su hija Gabriela Sánchez Morales, de ocho años de edad, por lo cual presentaron una denuncia ante el Ministerio Público de Ocosingo, éste hasta el momento, no ha hecho nada para ubicar el paradero y devolver a la niña a su familia.

El 7 de diciembre Elena Morales Gutiérrez vio a su hija en el domicilio de Benjamín Gómez Sánchez, donde la tienen con vigilancia y con el apoyo de la policía a las orillas del ejido de Busiljá, a veinte minutos de su casa. Avisado al Ministerio Público de Ocosingo, éste hizo caso omiso ?invitando? a los familiares para que ellos como familiares fueran a rescatar de manera personal su hija ?mejor vayan con mi jefe porque nosotros no sabemos nada, y si ustedes saben en donde está la niña vayan a quitárselos porque nosotros no tenemos autorización?.

En otro evento Pablo Sánchez Gutiérrez, joven de 15 años de edad, desapareció el 4 de octubre de 2011, en el barrio Las Lomitas, Ocosingo, cuando iba a comprar tortillas. Pablo es también familiar de Elías y su desaparición, según testimonios, se da en el marco de hostigamiento y amenazas a sus familiares.

En los eventos citados, las víctimas han identificado plenamente la participación de por lo menos nueve personas originarias del ejido Busiljá y a tres del ejido Cintalapa: Herlindo López Pérez, Manuel Pérez Vázquez, Domingo Gutiérrez Hernández, Benjamín Gómez Sánchez, Floriberto Gómez Moreno, Manuel Sánchez Morales, Mario Sánchez Gómez, Miguel Gómez Pérez, Alonso Gómez Pérez, además de por lo menos cinco elementos de la policía estatal y un Ministerio Público.
Por tal razón exigimos al Estado mexicano, en específico al gobierno estatal y a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas:

Investigar de forma urgente los hechos denunciados por los integrantes de La Otra Campaña del ejido Busiljá del municipio de Ocosingo y de manera inmediata garantice la integridad personal de la niña Gabriela Sánchez Morales hija de Elena Morales Gutiérrez.

Investigar y sancionar la participación de los integrantes del PRI, en complicidad con la Policía Estatal de Chiapas, del Ejido de Busiljá en los eventos denunciados.

Castigo a los responsables de las amenazas, hostigamiento, detención ilegal, tortura, violación sexual y desplazamiento forzado  efectuados en contra de las familias integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Génaro Vázquez Rojas, adherentes a La Otra Campaña.

Implementar de manera urgente las medidas que garanticen y protejan la vida e integridad personal de las siete familias que se encuentran desplazadas del ejido Busiljá.

Propiciar las condiciones necesarias y adecuadas para el retorno de las familias que se encuentran actualmente desplazadas, en plantón permanente, en el zócalo de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

La liberación de Elías Sánchez Gómez (hijo) que se encuentra injustamente detenido en el CERRS No. 17 de Playas de Catazajá, en tanto que se garantice y proteja la integridad y seguridad personal, se brinde trato digno y humano a Elías Sánchez Gómez, recluidoen dicho penal.

De acuerdo a lo aquí denunciado, este Centro de Derechos Humanos considera que la situación urgente en el Ejido Busiljá implica una violación múltiple y continuada de derechos humanos esenciales de carácter inderogables y protegidos por los instrumentos internacionales como son el derecho: a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, protección judicial y debido proceso;  así como, a la observancia de Los Principios Rectores del Desplazamiento Interno, que definen los derechos y garantías ante el desplazamiento forzado, por lo que se está violentando el respeto y asistencia para la vigencia de los derechos a la libertad de  transito y de residencia; conocimiento de destino y paradero de familiares; intimidad, privacidad y vida familiar; goce y ejercicio de personalidad jurídica; propiedad e integridad de los bienes entre otros.

Antecedentes
Este Centro de Derechos Humanos ha documentado la situación en la región donde se encontraba la familia de Elías Sánchez Gómez, hoy privado arbitrariamente de la libertad en el CERRS No. 17. Los familiares de Elías han sido objeto de desplazamientos forzados desde 1997, 2001 y 2006 por un grupo de integrantes del PRI vinculados a la organización Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), que han actuado bajo el cobijo de la policía estatal de Chiapas y demás funcionarios estatales que tienen interés en el territorio de los pueblos indígenas, situaciones que este Centro de Derechos Humanos ha denunciado sin que se hayan resarcido sus derechos.

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Frayba

(Español) Palabra del Frayba en el XIV aniversario de Acteal

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
22 de diciembre de 2011

La Memoria como construcción de dignidad e identidad

Han pasado 14 años del 22 de diciembre de 1997, cuando en el campamento de desplazados denominado Los Naranjos, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, se perpetró el asesinato de 45 indígenas tsotsiles (14 niñas, 19 mujeres, cuatro niños y ocho hombres), además cuatro que aún no nacían, pertenecientes a la Organización Sociedad Civil Las Abejas, por un grupo de personas quienes iban con armas de fuego, incluyendo las de uso exclusivo del Ejército mexicano. Mientras ocurría la masacre, elementos de la entonces Policía de Seguridad Pública se encontraban a escasos 200 metros del lugar de este crimen de lesa humanidad.

En el curso de los años el Estado, en lugar de esclarecer los hechos, castigar los autores materiales e intelectuales de la masacre, deslindar la responsabilidad directa en el planear y ejecutar los actos de los perpetradores, continúa ocultando y distorsionando la verdad, alimenta la impunidad y permite una situación de violencia generalizada, de violación sistemática a los derechos humanos – contra hombres, mujeres, niñas y niños – como lo muestra el estado en que actualmente se encuentra el país, en un descontrol social, donde se utilizan las fuerzas armadas en tareas de orden público y se permite el operar impune de grupos criminales y paramilitares, en contra de quienes defienden y reivindican sus derechos. Un ejemplo son las agresiones y asesinatos contra defensores, entre ellos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Ante el vacío y la denegación de justicia, ya que es evidente que el Estado no es capaz de garantizarla; la sociedad, los pueblos, van construyendo otras formas de ejercerla; una de ellas, es a través de la memoria, que recorre una y otra vez en el tiempo la verdadera práctica de identidad, el ejercicio de los derechos y también diversas acciones para que los crímenes ocurridos en el pasado no se olviden ni queden impunes, y en ese sentido, que abonen para que no vuelvan a repetirse.

Los pueblos miran la realidad con el ojo de la memoria; promueven y participan en intercambios de experiencias que los conducen hacia una manera de vivir con dignidad, conciencia y autonomía. Han  aprendido a ver la explotación institucionalizada, de la destrucción de la naturaleza y del medio ambiente, del despojo. Se vive así la necesidad de un cambio para el ejercicio de los derechos humanos, a través del trabajo que personas, comunidades, organizaciones y movimientos realizan.

La memoria es el recuerdo de las personas muertas y desaparecidas quienes, construyendo, han entregado sus vidas. Por ello, un día como hoy, queremos condenar junto con las víctimas de la Masacre de Acteal, todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad que han ocurrido en el mundo, las guerras impuestas e inventadas, los ataques paramilitares, la ocupación militar para el control territorial y poblacional.

En Chiapas queremos recordar los desplazamientos forzados que en la segunda mitad de los años noventa han alcanzado la cifra de 12 mil 80 personas en la sola zona Altos y Norte; el asesinato de 86 personas, la desaparición forzada de 32 hombres y cinco mujeres en la zona Norte. En este día no olvidamos y nombramos también la masacre de El Bosque ocurrida el 10 de junio de 1998, la de la comunidad Viejo Velasco el 13 de noviembre de 2006 y la más reciente en el ejido Miguel Hidalgo, Chincultik, La Trinitaria, ésta cometida durante el ejercicio del actual gobernador Juan José Sabines Guerrero, quien es el mismo que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos por parte de los pueblos a través de una supuesta política de derechos humanos.

La memoria nos permite reflejar, ver atrás, no repetir los errores del pasado, romper ese círculo impuesto, continuar en el camino hacia nuestra identidad que es dignidad. El apropiarse de las herramientas que la memoria nos enseña, permite organizarse para las reivindicaciones de nuestros derechos, poder gozar de ellos sin ser sumisos a imposiciones, sino ser sujetos en el ejercicio de la libre determinación y autonomía, en la administración de nuestra tierra y territorio según la relación que con ella hemos venido aprendiendo.

El poder decidir en plena autonomía, obstaculiza planes establecidos entre poderes – como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla-Panamá), la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida (Plan México) entre muchos – que despojan nuestra identidad y vida.

Es por esto que, un día como hoy, a catorce años recordamos a las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, su valentía hacia la construcción de otro mundo posible; felicitamos el caminar de casi veinte años de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que a pesar del miedo y de las dificultades cotidianas, continúa en su compromiso, en el ejercicio pleno de sus derechos y en la búsqueda de justicia con dignidad. Recordamos también a jTatic Samuel Ruiz y le pedimos que interceda ante Dios Padre – Madre, para que sigamos firmes en la lucha por la justicia, la paz y la verdad.

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Las Abejas

(Español) Comunicado de las Abejas, 22 de Diciembre de 2011

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Organización de la Sociedad Civil Las Abejas

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Ch’enalvo’, Chiapas, México.

22 de diciembre del 2011

A todas las Organizaciones Sociales y Políticas

A todos los Defensores de los Derechos Humanos

A la prensa Nacional e Internacional.

A la Sociedad Civil

A la Otra Campaña y

A la Opinión Pública

Hermanos y hermanas:

Queremos darles la bienvenida a esta su casa, que desde varios pedazos del planeta tierra platicaron con su pensamiento y corazón para que sus pasos se juntaran con otros muchos pasos y encontrarse aquí sobre la madre tierra en Acteal. Nuestro corazón se alegran por ver otras y otros corazones presentes. Hoy, aquí se abrazan y se saludan luchas y resistencias. Juntos venimos a hacer memoria y pedir fuerzas para seguir caminando sin detenernos.

Aquí en Acteal justo por donde descansan los 45 cuerpos de nuestras hermanas y hermanos, hace un poquito más de 14 años, nuestro hermano Alonso Vázquez uno de los catequistas masacrados, soñó que aquí en Acteal habían milpas hermosas, muchas calabazas, era todo bonito. Su sueño para nosotras significa este encuentro, esta conmemoración que se han repetido durante 14 años y durante 14 veces 12.

Hoy no hacemos fiesta como cuando se inauguran obras o migajas que entrega Juan Sabines Guerrero a comunidades y personas no organizadas. No estamos haciendo una fiesta para lanzar un candidato en busca de un hueso en el 2012. No. Sino, que hoy hacemos una conmemoración de un hecho vergonzoso cometido por el estado mexicano aquí en Acteal. Aunque también nuestro corazón hoy siente dolor, pero al mismo tiempo nace alegría y esa alegría se transforma en fiesta, pero en una fiesta por nuestros logros y trabajo por la paz y la justicia durante casi dos décadas de nacimiento de Las Abejas. Esta conmemoración que hacemos no es un teatro o un acto político con intereses electorales y económicos, sino, por los caídos de Acteal y las víctimas de guerra de un gobierno represor y antidemocrático de México.

En estos largos 14 años el mal gobierno gracias a su impunidad y su estrategia de desgaste y política de olvido ha permitido que los amigos de los paramilitares, el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE), Hector Aguilar Camín, Manuel Ansaldo Menéses (dirigente del Frente Cardenista un partido político de paramilitares autores materiales de la masacre de Acteal) y algunos pastores evangélicos como Hugo Erick Flores también dirigente de la asociación política Encuentro Social y amigo de Zedillo; hayan aprovechado la negligencia del estado para promover mediante una campaña mentirosa la liberación de los paramilitares autores materiales de Acteal. La negligencia y omisión del Estado Mexicano, ha hecho que la masacre de Acteal se pisotee y se manipule con intereses políticos y económicos. Recordamos que la Suprema Corte de Injusticia de la Nación también alimentó la impunidad al liberar hasta hoy a 44 personas responsables materiales de la masacre.

A 14 años de Acteal, vemos que el gobierno de Felipe Calderón y de Juan Sabines Guerrero no han hecho justicia más que burlarse de nuestra organización y lucha. El gobierno federal y estatal para nada quieren la justicia, la paz, la libertad. No sólo no quieren hacer justicia, sino que están continuando con las políticas de los gobiernos anteriores y todavía peor. Calderón es ahora responsable de la muerte de más de 60 mil compatriotas a causa de su “guerra contra el narco”. Y Juan Sabines sigue entregando a las trasnacionales minas y recursos naturales de Chiapas además de ser un represor de pueblos organizados, de defensoras y defensores de derechos humanos.

Hoy volvemos a desmentir la demanda contra Zedillo hecha a nombre de 10 “sobrevivientes de Acteal”, que no quisieron dar a conocer su identidad; porque para nosotros solo busca el olvido y burla a la memoria y dignidad de nuestros hermanos y hermanas masacradas. Estas personas quieren vender la sangre de nuestros muertos, porque la demanda sólo es de carácter civil y no penal. Aclaramos que si queremos castigo a Zedillo por su responsabilidad en este crimen de estado, pero no queremos que se profane el respeto y memoria que se merecen los mártires, con intereses oscuros, electoreros y económicos.

Queremos subrayar que se confirma lo que siempre hemos dicho: la masacre de Acteal es un crimen de estado como lo señala el documento de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Estado y aquellos cometidos en el Poblado de Acteal, que en su “balance” dado a conocer en la corte de Estados Unidos, concluye que la matanza de Acteal es responsabilidad del gobierno estatal y federal.

Y tienen nombres y responsabilidades concretas: Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, Julio César Ruiz Ferro, Homero Tovilla Cristiani, Uriel Jarquín Galvez, Jorge Enríque Hernández Aguilar, David Gómez Hernández, Antonio Pérez Hernández y los altos mandos militares: Gral. Enríque Cervantes y Gral. Mario Renán Castillo, son los principales autores intelectuales de la masacre de Acteal.

En este recuento largo de la impunidad en el caso Acteal, queremos denunciar abiertamente que a 14 años siguen las amenazas en contra nuestra, porque ya están aquí los paramilitares paseando libres, gozando de sus regalos que les otorgó Sabines. A 14 años no ha habido tranquilidad en nuestras familias, al contrario los paramilitares que nos quemaron nuestras casas, robaron pertenencias y masacraron a nuestros papás, hermanos, hermanas y hermanitos, quieren volver a desplazarnos y masacrarnos, al respecto les vamos a contar sólo 2 casos más recientes:

1) Hace menos de 2 semanas en la colonia Miguel Utrilla Los Chorros conocido como cuna de los paramilitares, un compañero nuestro fue amenazado verbalmente por un paramilitar con estas palabras “si siguen denunciando a nuestros familiares presos por Acteal, vamos a ver si no huyen otra vez como pasó en el año de 1997”. Este paramilitar está muy molesto porque sus familiares no han logrado su liberación a pesar del plantón que mantienen en la Ciudad de México.

  1. Otro caso muy delicado y preocupante es sobre los cortes de luz que sufren miembros de nuestra Organización. Nuestro acuerdo como Organización Las Abejas es resistencia al pago de la luz, pues el gobierno federal nos debe mucha justicia. Pero vemos riesgos en la comunidad de Javalton. porque por esta resistencia, los priístas amenazan a las Abejas y realizan cortes de luz y robo de cable. Nuestra Mesa Directiva y Juez de Las Abejas han intervenido como es nuestra costumbre y también por escrito para buscar arreglo de esta situación. Sin embargo, las autoridades tradicionales como agente rural, juez municipal y presidente municipal, no han hecho caso de nuestras solicitudes de llegar a arreglos. La actitud de autoridades oficiales es hacer caso omiso como sucedió en Acteal. Al contrario, el mismo agente rural amenaza a la familia de Las Abejas y les reclama que hayan señalado a los autores materiales de la masacre. Con esa actitud de las autoridades, el riesgo es que las agresiones verbales y físicas puedan darse en cualquier momento. También el riesgo de que la gente se desplace, porque no hay respeto ni seguridad para las familias Abejas.

Estos dos hechos, tienen relación, porque en ambos casos tanto el agente rural de Javalton como el paramilitar de la Col. Los Chorros hablan del tema de los presos por Acteal y ambas personas presionan en dejar de exigir justicia por el caso Acteal. Está muy claro que a 14 años no solamente no se ha hecho justicia por la masacre y los hechos previos a ella, sino que están planeando qué van a hacer para acallarnos. Porque saben que ahí tienen sus armas, porque nunca el mal gobierno desarmó a los paramilitares. Y además dicen que ya no temen ir a la cárcel, porque el gobierno los libera y al contrario salen con regalos y con mucho dinero.

A 14 años de Acteal los paramilitares de Chenalhó se están reactivando, mientras en el Norte del país siguen habiendo más muertes por la guerra de Felipe Calderón. Desde Acteal levantamos nuestra voz y gritamos indignados por la muerte del compañero Nepomuceno Moreno Muñoz, convertido durante el último año en activista social, que por luchar y exigir justicia, lo matan también a él. Otro caso es el de Trinidad de la Cruz a quien Policías federales abandonaron a a su suerte en lugar de protegerlo Y el hecho reciente del gobierno de Guerrero que permitió el asesinato de dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero; ¿Qué se puede esperar de un mal gobierno? !Nada justo! Del mal gobierno de Felipe Calderón sólo se espera represión, burla, engaño, robo de nuestros recursos naturales y muerte.

Hermanos y hermanas, esto es un poco de lo que les compartimos de la enfermedad que padecen nuestras comunidades y país por los malos gobiernos. Al respecto exigimos:

  • Castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal.
  • Exigimos investigación y justicia por la muerte de nuestro compañero Nepomuceno Moreno Muñoz y de Trinidad de la Cruz y demás luchadores y luchadoras sociales asesinados.
  • Castigo a los policías que mataron a los 2 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero.
  • Reconexión inmediata de la luz de nuestro compañero de la comunidad de Javalton, si el presidente municipal no interviene y por su omisión propicia desplazamiento y masacre como hizo su antecesor Jacinto Arias Cruz, también será el responsable y tendrá que responder ante la justicia.

A 14 años de Acteal, la lucha por la paz y la justicia, continúa. Hermanos y hermanas juntemos nuestros pensamientos y luchas. Estamos convencidos que la justicia no va a venir de allá arriba, sino, que el pueblo organizado es el que va a decir cómo debe de ser la justicia y la vida. Aunque muchas personas equivocadas nos difamen y calumnien, practicaremos siempre el respeto entre todas y todos, para vivir en equilibrio y armonía entre el hombre y la mujer y la naturaleza.

ATENTAMENTE

La voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas

Por la Mesa Directiva:

Mariano Pérez Vázquez Juan Vázquez Luna
José Ramón Vázquez Entzín Victorio Pérez Paciencia

Mariano Pérez Sántiz

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La Jornada

Review of “Resistir desde la adversidad” of the Cerezo Brothers

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Radio Pozol

(Español) Caminata por la Paz, la Memoria y contra la Impunidad

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RvsR-Chiapas

(Español) Informe Brigadas de Observación y Apoyo a San Patricio Octubre 2011

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Centro de DH Frayba

(Español) Continúan actos de hostigamiento a la familia de David Potenciano Torres, sobreviviente de Tortura

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

14 de diciembre de 2011

Boletín No. 23

Continúan actos de hostigamiento a la familia de David Potenciano Torres, sobreviviente de Tortura

La Tortura sigue en la impunidad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba), manifiesta su preocupación por el hostigamiento a familiares de David Potenciano Torres (en adelante David Potenciano), sobreviviente de tortura y quien se encuentra detenido en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14, El Amate (CERSS No. 14, El Amate), en Cintalapa, Chiapas.

Según la información recabada por este Centro de Derechos Humanos el día 01 de diciembre del presente año, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aproximadamente a las 12.00 hrs., Jorge Luis Mendoza Torres (en delante Jorge Luis), hermano de David Potenciano, mientras conducía su automóvil se percató que era seguido por un vehículo de color oscuro, con vidrios polarizados y sin placas de circulación, por lo que decidió ingresar a un estacionamiento de un centro comercial, hasta donde fue seguido por el mismo vehículo. Después de un tiempo, Jorge Luis se dirigió al CERSS No. 14, El Amate, para visitar a su hermano David Potenciano

Según testimonio de Jorge Luis, dos días después, el 3 de diciembre, aproximadamente a las 15.00 hrs., mientras se encontraba en un autolavado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se percató que el mismo vehículo que lo había seguido dos días antes, estaba dando varias vueltas en el lugar, con claras señales de vigilarlo.

Es importante mencionar que anteriormente el Frayba solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC-287-11 David Potenciano Torres y otros), debido al riesgo a su integridad y seguridad personal por las denuncias realizadas anteriormente y porque, según la valoración de los familiares de David Potenciano, las medidas cautelares otorgadas por el Consejo Estatal de Derechos Humanos resultan ineficaces.

Según información con la que cuenta este Centro de Derechos Humanos, en el expediente 99/2011 radicado en el Juzgado Segundo del Ramo Penal de Tuxtla Gutiérrez, David Potenciano narró a la autoridad como fue sometido a tortura y, a pesar de esto, hasta el día de hoy dicha autoridad no ha realizado las gestiones para que se inicie la investigación correspondiente, tal como lo indica la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura en el estado de Chiapas.

El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere se le impondrá de tres meses a tres años de pena privativa de libertad (…)”

Ante estos hechos anteriormente expuestos el Frayba, tiene el temor fundado que la tortura perpetrada contra David Potenciano continúe en la impunidad, ya que los actos fueron realizados por agentes y funcionarios estatales y de manera específica por integrantes de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO), de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), quienes violaron los derechos a la integridad y seguridad personal y libertad personal; así como por el Juzgado Segundo del Ramo Penal de Tuxtla Gutiérrez, quien violó el derecho al debido proceso y a la protección frente al abuso de poder, tal como se encuentran establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Además, manifestamos nuestra preocupación por los actos de vigilancia y hostigamiento a la familia de David Potenciano, de manera particular por lo ocurrido a Jorge Luis Mendoza Torres y solicitamos que se realicen acciones para el cese inmediato de estos hechos, así como se otorguen medidas de protección adecuadas a él y su familia.

Antecedentes

David Potenciano fue detenido el 25 de mayo del 2011, en la ciudad de Palenque, Chiapas por efectivos de la FECDO, quienes allanaron su domicilio. Fue trasladado a las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en esa misma ciudad, donde le fueron vendados los ojos, así como las extremidades del cuerpo, introduciéndole agua mineral por la nariz, mientras lo acusaban de ser integrante de los Zetas y de haber participado en el asesinato del Presidente de la Unión Ganadera de la zona Norte Pedro Fonz Ramos. David Potenciano fue trasladado a la Fiscalía de Distrito Selva de la PGJE en donde fue golpeado, le pusieron en varias ocasiones una bolsa de plástico en la cabeza, lo obligaron a firmar documentos que no pudo leer en su contenido. El 26 de mayo, fue llevado a las instalaciones de la FECDO en Tuxtla Gutiérrez, en donde le hicieron firmar otros documentos y el día siguiente fue arraigado en la Quinta Pitiquitos, Chiapa de Corzo. A pesar de contar con un amparo y protección de la justicia federal – en el juicio No. 692/2011 del 24 de junio de 2011, otorgado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, por considerar que no existían elementos probatorios para que el Juez de Medidas Cautelares del Estado de Chiapas otorgara el arraigo, por lo que se ordenó a la PGJE la inmediata libertad – el 25 de junio fue trasladado al CERSS No. 14, El Amate y acusado de homicidio calificado, lesiones y delincuencia organizada.

Desde el momento de la detención, los familiares de David Potenciano han denunciado las violaciones a los derechos humanos, así como han demostrado la inocencia del detenido a través de la interposición de recursos legales.

Después de la conferencia de prensa del pasado mes de agosto, en donde la familia denunció que la falta de imparcialidad e independencia de las instituciones en el presente caso, es resultado de la relación de amistad y compadrazgo que el difunto Pedro Fonz Ramos mantenía con el gobernador del estado de Chiapas Juan Sabines Guerrero, los familiares de David Potenciano han sido víctimas de hostigamiento y vigilancia por personas desconocidas. Varias organizaciones internacionales de derechos humanos se han manifestado en apoyo al caso de David Potenciano y a su familia.

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Centro de DH Tlachinollan

(Español) En Fallo histórico: Gana Amparo familia de indígena naua ejecutado extrajudicialmente por elementos del Ejército mexicano

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Familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua de la Montaña de Guerrero ejecutado extrajudicialmente por militares, obtienen amparo contra fuero castrense.

  • En una sentencia histórica, por primera vez la Justicia Federal protege a civiles frente a la ilegal extensión del fuero castrense.
  • Juez determina que el Artículo 57 del Código de Justicia Militar es inconstitucional.
  • SEDENA debe acatar el fallo y la justicia civil concluir con diligencia el juicio.


Tlapa, Guerrero, a 12 de diciembre de 2011.- En una sentencia sin precedentes, familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua que durante el 2009 fue privado arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano, obtuvieron el amparo de la justicia federal en un juicio donde impugnaron la extensión del fuero militar sobre la investigación y el juzgamiento de dicho homicidio.

La sentencia tiene sus antecedentes en los hechos donde fue privado de la vida Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua de la comunidad de Tlatzala, Guerrero, quien el 20 de junio de 2009,  cuando viajaba hacia el Distrito Federal en un autobús de la línea Sur junto con más de cuarenta pasajeros, fue asesinado por soldados del 93 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano que integraban un retén ubicado cerca de la ciudad de Huamuxtitlán, Guerrero, desde el que los castrenses abrieron fuego indiscriminadamente contra el autobús luego de que el conductor reemprendiera su marcha tras ser revisada su unidad por los soldados.

Tras los hechos, fueron iniciadas averiguaciones previas tanto en el fuero civil como en el fuero castrense. No obstante, a la postre se impusieron las instituciones militares de procuración de justicia. Al quedar legalmente enterados de que éstas habían atraído la investigación, los familiares de Bonfilio Rubio Villegas presentaron una demanda de amparo el 22 de junio de 2011, en la que impugnaron tanto la declinación de competencia por parte de las instancias civiles como la asunción de competencia por los castrenses, señalando que se habían realizado mediante la aplicación de una norma contraria a la Constitución y a los Tratados Internacionales ratificados por México: el Artículo 57 del Código de Justicia Militar.

La demanda dio inicio al juicio de amparo 818/2011, inicialmente radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, que con posterioridad conoció el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en Cholula, Puebla, bajo el número 614/2011. Fue en el curso del mismo juicio de amparo que los familiares de Bonfilio Rubio Villegas pudieron tener por primera vez acceso pleno al expediente; así supieron que aunque varios elementos participaron en los hechos sólo un militar estaba siendo juzgado por el delito de violencia contra las personas causando homicidio y que éste, beneficiándose de una investigación deficiente y parcial, había conseguido a través de su defensa la reclasificación del delito que en consecuencia pasó a ser tipificado como mero homicidio culposo. También constataron que, infructuosamente, los militares habían intentado diluir su responsabilidad introduciendo en el lugar de los hechos elementos ajenos al mismo para desvirtuar la evidencia y estigmatizar a la víctima.

El Juzgado Sexto de Distrito emitió su sentencia el 2 de diciembre, misma que se hizo del conocimiento de las partes el pasado viernes 9 de diciembre. En su fallo, el Juez Carlos Alfredo Soto Morales determinó entre otros aspectos: que las víctimas y los ofendidos del delito tienen legitimidad para acudir al Juicio de Amparo ante la aplicación del fuero militar; que el artículo 57 del Código de Justicia Militar desborda los límites impuestos por el artículo 13 Constitucional; y que la extensión del fuero militar a casos que involucran a civiles es contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo ésta vinculatoria para los tribunales mexicanos.

A partir de estos razonamientos, el juzgador resolvió que: “[…] el Juez Sexto Militar adscrito a la Primera Región Militar, a efecto de resarcir a los agraviados en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, deberá: Emitir un auto en el que, siguiendo los razonamientos expuestos en el presente fallo, se declare incompetente para seguir conociendo de la causa penal […L]a declaratoria de incompetencia deberá de hacerse a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con competencia territorial en el lugar donde sucedieron los hechos, pues se trata de una autoridad de naturaleza civil (no militar), facultada para conocer de delitos cometidos por servidores públicos federales […]”.

La sentencia dictada constituye un hito sin precedentes en la lucha contra la impunidad castrense pues por primera vez civiles agraviados por la ilegal extensión del fuero militar han sido beneficiados con el amparo de la Justicia Federal. En esa medida, la lucha que han sostenido los familiares de Bonfilio Rubio Villegas cristaliza los esfuerzos que antes protagonizaron otras víctimas como Rosendo Radilla Pacheco y sus familiares, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, y Reynalda Morales Rodríguez, entre otras.

La privación arbitraria de la vida de Bonfilio Rubio Villegas muestra de manera paradigmática el desproporcionado uso de la fuerza letal que, cada vez con mayor frecuencia, se hace patente en la interacción del Ejército con los civiles. Asimismo, pone de relieve la tendencia a encubrir las violaciones a derechos humanos cometidas por militares mediante la manipulación de la evidencia y la estigmatización de las víctimas, generada sistemáticamente por el propio Ejército. Pero, del mismo modo, la lucha emprendida por la familia Rubio es también ejemplificativa de los esfuerzos que muchas víctimas impulsan para vencer la violencia institucional castrense.

La relevancia de su triunfo legal radica también en que es el primer referente exitoso respecto de la posibilidad de impugnar la extensión del fuero militar mediante el juicio de amparo, por lo que sin duda la sentencia que les ampara guiará la acciones de defensa que muchas víctimas deberán emprender en tanto no sea reformado el Código de Justicia Militar para excluir del conocimiento de dicho fuero todos los delitos que constituyan violaciones a derechos humanos en agravio de civiles, y no sólo algunas de ellas. Por ello, es de esperarse que el compromiso asumido públicamente por el Presidente Calderón en el marco de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en específico cuando instruyó que casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas por instancias civiles, se traduzca en que el fallo no sea recurrido por las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional. De lo contrario, sería exhibida la insuficiencia de ese compromiso ante la creciente ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.

La búsqueda de justicia no ha concluido para los familiares de Bonfilio Rubio Villegas: el juez federal del ámbito civil que conozca el caso deberá instruir con diligencia el proceso en Chilpancingo a efecto de que los militares responsables sean sancionados, de tal suerte que sus conductas sean reprochadas conforme a derecho y atendiendo al grave daño que causaron. En ese tenor, tratándose de una situación inédita, el seguimiento de la opinión pública de este proceso resulta fundamental.

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Communiqué from the Regional Forum for the Defense of Human Rights

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Invitation: International Human Rights Meeting in Solidarity with Honduras