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Ante la promoción turística que han hecho institucionalidades públicas y empresas turísticas sobre el eclipse, comunidades, organizaciones y autoridades tradicionales Mapuche, a través de una declaración pública, calificaron dichos actos como irresponsables, denunciando que han mercantilizado y distorsionado saberes ancestrales por medio de prácticas colonialistas.
A su vez, dieron cuenta de las contradicciones con respecto a las medidas sanitarias en el manejo de la pandemia , anunciando controles territoriales en algunas zonas para resguardar espacios e integridad.
A continuación, la declaración pública.
DECLARACIÓN PÚBLICA
Como Territorio Mapunche de Panguipulli, los diferentes lof en procesos reivindicativos, resistencias, y organizaciones territoriales, abajo firmantes, frente a la promoción irresponsable del fenómeno natural conocido como eclipse, de parte de la institucionalidad pública de los gobiernos regionales y local, así como instancias privadas como cámaras de comercio y empresas ligadas al turismo, nos sentimos en la obligación de manifestar nuestra preocupación y advertir las consecuencias de ello, por tanto declaramos lo siguiente:
Kiñeke / Primero les hacemos saber que, para nosotros los mapunche el eclipse no tiene relación con un evento turístico, económico o de festejo, sino muy por el contrario es un momento en el que las personas necesitan permanecer tranquilas y protegidas de las energías que se desprenden durante ese momento, resguardarse para prepararse a los tiempos que traerá dicho anuncio. Con la promoción del eclipse, tanto el gobierno local como regional y los empresarios turísticos, en lugar de respeto al conocimiento propio mapunche, han promocionado la mercantilización de nuestro conocimiento, utilizando lenguajes inadecuado, creando nuevos conceptos afines a sus intereses económicos, ignorando la visión propia mapunche. Lo que trae consecuencias distorsionadas, perpetuando así las prácticas colonialistas y negacionistas, no solo con el ser humano mapunche, también con naturaleza y atropellando lo más trascendental de nuestras vidas, como es la espiritualidad. Lamentamos que en 500 años de convivencia o permanente irrupción, aún no se considere ni respete nuestra visión sobre todo en tiempo de crisis mundial y calentamiento global.
Epuke/ segundo Desde el punto de vista sanitario: constatamos la contradicción en las medidas de manejo de la pandemia que por un lado restringe la movilización social y comunitaria pero no limita las aglomeración que genera la promoción irresponsable de este fenómeno, ya que miles de personas llegaran desde fuera de la región, con el propósito de ver por unos minutos el fenómeno natural. Claramente al día de hoy, fase II, no están dadas las condiciones que protejan a la población que habita y convive en el territorio y es claro darse cuenta, la “utilización de la pandemia” para obedecer a los poderes que tienen intereses económicos en el territorio mapuche, dejando en segundo plano el bienestar y la salud de los habitantes de este territorio. Conjuntamente con esta omisión de deberes que implica la flexibilizacion de las medidas sanitarias, tampoco se ha considerado el colapso de la infraestructura básica, ni los efectos colaterales al medioambiente, también se desconocen las medidas de mitigación y reparación posterior que sin duda, nos afectara a todos. Frente a esto responsabilizamos tanto al gobierno regional como local de los efectos en la salud de las personas y del daño ambiental.
Külake/tercero Desde nuestra preexistencia mapunche en territorio Wallmapu, tenemos el deber, como lo han hecho siempre nuestros antepasados, de defender nuestros territorios de las invasiones, a nuestros lugares de relevancia espiritual, histórica, social y cultural, ejerciendo nuestro derecho ancestral y actual a vivir en paz y armonía, considerando además los convenios y leyes que el propio estado de Chile ha firmado, como es la Reserva de Biosfera, la ley indígena 19.253, Convenio 169 de la OIT. Que establece que; “a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente”. Donde además se define que “La utilización del término «tierras» deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.”. Así como otros instrumentos de derechos que resguardan nuestros derechos sociales, políticos y culturales.
En ese contexto, dejamos claro que seguiremos defendiendo nuestro peweñentu, (parque nacional Villarrica) pu lafken, y otros espacios sagrados ante la invasión de quienes solo los moviliza el interés para la explotación económica empresarial, y atropello a la existencia y formas de vida mapunche como es kümefelen y küme mogen.
Melike/ Cuarto; ante el actual estado de desprotección, los diferentes lof hemos acordado de manera autónoma hacer controles territoriales en algunas zonas para no permitir la entrada a algunos territorios y sitios sagrados dentro la comuna; por otra parte, ante la necesidad económicas de nuestros hermanos mapunche, con y sin emprendimientos que ven en este evento como oportunidad comercial, recordarles que los mapuche hemos sido empobrecidos por el propio sistema neocolonial, a través del despojo de nuestras tierras, las cuales nos ha dado desde siempre el sustento para el buen vivir. Es por ello que, hoy más que nunca debemos cuidar lo que tenemos y recuperar lo que nos han quitado, ejerciendo nuestro derecho como pueblo mapunche.
Finalmente hacemos un llamado a la convivencia en armonía de todos los habitantes dentro un mismo territorio a participar y actuar frente a los problemas que nos amenazan a todos tales como la perdida de agua, la invasión inmobiliaria, la desprotección de ríos y humedales y el acaparamiento de tierras de algunos privilegiados y la falta de un desarrollo construido por los pueblos mapuche y chileno que habita esta comuna.
Firman
Lof Pilinhue mapu,
Lof/comunidad Dionisio Manquel Chepo.
Lof Malchehue mapu.
Lof Kona rupu Futa mapu
Lof Trafun
Lonko Pucura
Lonko Traitraico
Lof tralkapulli mapu
Representante Cultural pu lof Hueitra, Ragintuleufu, Llashkawe.
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Por Juan Peláez, abogado
El 9 y 10 de diciembre la fuerza antimotines de la Policía Nacional Civil – PNC sin respetar los protocolos institucionales para realizar desalojos y los de la pandemia del Covid-19, quemaron las casas de las familias Q’eqchi de la comunidad Tres Lagunas, los agentes se robaron animales, ropa, aperos de labranza y, desalojaron violentamente a las familias de la comunidad Tres Lagunas, quienes tuvieron que quedarse a la orilla de la carretera, denunciaron los campesinos desalojados.
Fueron afectadas aproximadamente 200 familias, más o menos 500 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños. La policía además de quemar sus viviendas, arrancó las siembras y detuvieron a 3 personas, miembros de las Comunidades Indígenas de Oxlajuj Qej y de Tres Lagunas.
No se respeto el debido proceso, la comunidad nunca se enteró de algún proceso penal en su contra, ni quien emitió la orden de desalojo, ya que les presentaron un papel sin sello, sin firma, ni nombre de autoridad competente.
En plena crisis sanitaria y recién pasadas las tormentas tropicales Eta y Iota procedieron a arrasar sus casas. En pleno día de celebración de los derechos humanos se violentaron nuevamente los derechos humanos de las y los guatemaltecos más humildes.
Este es el testimonio de uno de los vecinos afectados por el desalojo en su comunidad
Pese a todo lo ocurrido durante el desalojo, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó en su cuenta de twitter lo siguiente:
“La delegada de la Auxiliatura de La Libertad, Petén, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), observó el respeto de los derechos humanos y las actuaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Juzgado de Paz Penal, en la diligencia de desalojo en la finca El Zapotal, municipio de Sayaxché, departamento de Petén.
En la diligencia se realizó el desalojo de uno de tres grupos que ocupa la finca de forma irregular, sin que se reportaran incidentes; sin embargo, las diligencias de desalojo continuarán por parte de la PNC y el MP.”
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Por Sare Frabes
Tras el bloqueo de la carretera federal 175, que liga los Valles Centrales de Oaxaca con las zonas turísticas de la costa, en la mañana de este lunes (14), 16 comunidades que hacen parte de un frente contra la minería en el estado lograron una audiencia con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart).
La reunión será el próximo miércoles (16), a las 10h, en el Palacio Municipal de Magdalena Ocotlán.
Las comunidades exigen que la autoridad ambiental no emita la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “San José II”, una ampliación del proyecto minero en explotación desde 2011 por la empresa Cuzcatlán, una subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, que explota oro y plata en San José del Progreso.
Según las comunidades, la MIA no tiene fundamentos para proceder. Entre sus argumentos está el hecho de que se realizó una consulta ‘exprés’, con duración de 10 días.
Lea aquí más detalles sobre los motivos presentados por los pueblos.
Mientras la carretera estaba cerrada, el titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de Semanart, Daniel Quezada Daniel, se comunicó con miembros del frente, donde fue posible acordar la apertura de diálogo. Una exigencia de las comunidades es que la reunión sea con la titular de Semanart, María Luisa Albores.
Comunidades del frente contra la minería en Oaxaca en el bloqueo carretero.
Además de las comunidades de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, más directamente afectadas por el proyecto San José, hombres y mujeres de pueblos vecinos participaron del bloqueo y mostraron su preocupación con la falta de informaciones sobre concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal en sus territorios. Por ello, han decidido mantenerse en alerta sobre todo en un escenario de pandemia en el cual los proyectos siguen avanzando. Algunas de las comunidades son: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO).
Obrador
En 2019, las comunidades interceptaron el carro en que viajaba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien pasaba por la región, y lograron exponerle la problemática que viven. El mandatario dijo que mandaría un funcionario para escucharlos. Sin embargo, nunca cumplió.
El 9 de septiembre de 2020, increpado nuevamente en su conferencia que emite por las mañanas, el presidente se comprometió a platicar con María Luisa Albores, de manera que se pudiera establecer un canal de comunicación con estos pueblos.
Hasta la fecha, y solo después del bloqueo, Semanart accedió al pedido de apertura de diálogo.
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Foto de portada: Familias desplazadas de Aldama por Índice político.
Por Sare Frabes
“Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”, denuncia un comunicado difundido por una misión civil de observación en Chiapas.
Realizada durante cuatro días, dicha misión estuvo integrada por 14 organizaciones de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
La misión visitó comunidades en las regiones norte, altos y costa de Chiapas en donde recabaron testimonios de personas que han vivido desplazamiento forzado, el despojo de sus tierras y un contexto generalizado de violencia que va de las amenazas hasta la tortura.
Las comunidades visitadas por la misión de observación fueron Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá. En todas documentaron situaciones de conflicto y violencia contra defensores y poblaciones.
Por ello, destacaron “las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos y de ayuda humanitaria, quienes realizan su labor en un ambiente de violencia generalizada”.
Sin acceso a la justicia
Mediante conferencia de prensa, lxs integrantes de la misión también resaltaron los impactos psicosociales en las comunidades en Zona Altos, Norte y Costa de Chiapas,, así como el efecto diferenciado en las mujeres y las infancias de poblaciones en desplazamiento forzado, quienes viven en situaciones con terror, miedo y preocupación, lo cual les coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.
Integrantes de la misión de observación al término de su informe. Foto Elio Henríquez
“Alarmantes de la situación de insuficiencia alimentaria, inexistentes servicios de salud y medicamentos que se suman a la situación de desplazamiento forzado que amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas”, los cuales “agravan la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que agreden a las comunidades, implica un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos”, expusieron como resultado de la documentación en las distintas regiones de Chiapas.
En su denuncia, las organizaciones enfatizaron también “la falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aun cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados”.
A la exigencia de justicia, la misión de observación también se sumó al llamado “para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia a las agresiones sistemáticas de las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata”.
Hostigamiento a defensores
Nathaniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, destacó que en las tres zonas visitadas por la misión se confirmó la existencia de grupos armados quienes están actuando con facilidades en los territorios para obtener control, poder despojar, invadir y continuar realizando hechos criminales.
Grupo de personas que realizaron la invasión de las áreas verdes. Foto de CDH Digna Ochoa.
“Vemos una fuerte resistencia de defensa del territorio por las comunidades que han procurado tener un espacio de cultivo para proveer alimentos, tranquilidad y armonía, generando una tensión mayor de las comunidades. Por otro lado, todo este contexto propicio agresiones, amenazas, desplazamiento, asesinatos, hasta la fecha el estado se mantiene omiso”, enfatizó el director de la CDH.
Hernández compartió también que en la costa de Chiapas donde realiza su labor, el CDH Digna Ochoa acompaña un proceso de colonia urbana “donde existe una deficiencia de garantía de derechos por parte de las autoridades, donde no hay garantía de los servicios básicos como agua, drenaje, alumbrado, seguridad y vivienda”.
A dicha situación se suma la violencia ejercida por “un grupo que actúa bajo la primicia del gobierno en la región, por lo que, evidenciaron que existe una falta de voluntad para poder atender las situaciones de violaciones a derechos humanos que pone en riesgo a las comunidades y también a quienes acompañan los procesos de defensa de los derechos humanos”, compartió Hernández quien durante las últimas semanas denunció el haber recibido amenazas de muerte debido a su labor.
Agresiones contra tierras recuperadas
Por su parte, Diana Itzu Gutiérrez del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas informó que, en la zona norte del estado del Caracol de Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer, desde 2019 ocurren agresiones violentas contra 155 hectáreas de tierras recuperadas por comunidades base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quienes están sufriendo una invasión de 40 personas que se articulan con la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes han cercado el territorio.
“Invasión, cercamiento de la madre tierra y ambiente de balazos”, video de difusión caravana solidaria por Red Ajmaq.
“Estamos viendo que estos grupos fuertemente armados no solo en el Municipio Oficial de Huitiupán en San Gregorio y en el Municipio Oficial de Ocosingo y Chilón donde el despojo y desplazamiento es parte de esta guerra integral de desgaste”, mencionó Gutiérrez sobre las agresiones contra familias base de apoyo del EZLN quienes por la violencia actual se ven impedidos de cultivar sus alimentos.
Paramilitares
En la región de los Altos, la misión de observación constató una crisis de desplazamiento forzado, situación que viven las y los 1,236 desplazados de Chalchihuitán, así como las comunidades del municipio de Aldama en específico San Pedro Cotsilnam, donde representantes de los 115 comuneros, víctimas, heridos y viudas dieron sus testimonios, constataron de nuevo el abandono del estado ante estas graves violaciones a derechos humanos.
El director del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Pedro Faro, mencionó que tienen el conocimiento de 3,499 personas en situación de desplazamiento debido a las agresiones armadas por parte de grupos de corte paramilitar que mantienen en asedio a la población de las 13 comunidades de Aldama.
El director del Frayba sostuvo que el grupo de corte paramilitar tiene vínculos con funcionarios del municipio de Chenalhó, así como complicidad con los tres niveles del gobierno pues los ataques no cesan a pesar de todos los acuerdos del gobierno y pactos hechos desde las cúpulas del poder.
“Ayer recibimos un reporte más de estos ataques en Aldama y eso nos preocupa mucho, lo que tenemos registrado es que hay 21 heridos y seis muertos, evidenciamos que no hay una atención integral a la situación de los desplazamientos, hombres, mujeres, niños y niñas están viviendo en una alta vulnerabilidad”, denunció Faro durante la conferencia de prensa el pasado 10 de diciembre. El director del Frayba añadió que “lo mismo encontraron con Las Abejas de Acteal, en específico los desplazados de la comunidad de Los Chorros, los hechos fueron perpetrados por autoridades de la colonia Miguel Utrilla de Barrio Río Jordán ubicado en el municipio de Chenalhó”, donde aún hoy dichos grupos armados actúan de manera deliberante y agresiva hacia la sociedad civil Las Abejas de Acteal no permitiéndoles su proceso de construcción de autonomía.
Until March 14, 2020, Cristóbal Sántiz Jiménez worked as a guard at a vocational training centre in San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. That day, he was heading back home when he was arrested by members of the Chiapas Prosecutor’s Office Specialised Police on charges of “aggravated homicide”. Since then, he has been kept under preventive detention for a crime he did not commit.
As the spokesperson of the Permanent Commission of the 115 community members and displaced persons of Aldama, where he comes from, Cristóbal has been publicly denouncing the armed attacks, robbery, destruction of crops, and house arson perpetrated against the Aldama population by a paramilitary group from the municipality of Chenalhó. The root cause of this violence: a conflict between the Aldama and Chenalhó municipalities over 60 hectares of land that dates back to the 1970s and that Mexican and Chiapas authorities have been incapable to adequately address.
Two years before his detention, Cristóbal had already been accused of and subsequently absolved for the crime of “aggravated homicide”. This is not a coincidence. It is rather a prolongation of the harassment perpetrated against him by both State actors and the Chenalhó paramilitary group in retaliation for his work defending the rights of the displaced communities of the municipality of Aldama.
In August 2020, Cristóbal wrote a letter from the detention centre CERSS “El Amate”, in which he analysed the nature of the dreams of his own displaced Tsotsil Mayan communities from Aldama. According to Cristóbal, all their nightmares were echoing the violence they have been subjected to for more than four years.
Today in the Chiapas Highlands this violence continues. None of the three non-aggression pacts signed by the municipalities of Aldama and Chenalhó since June 2019 have resulted in the end of the armed attacks and violence against the Maya Tsotsil communities in this region.
There are currently more than 3,000 people forcibly displaced in the municipality of Aldama, who are mired in a food crisis due to the impossibility to cultivate their lands. They are permanently under attack. In the meanwhile, Cristóbal remains unjustly detained because he has never been scared to defend their rights.
Join our call to release Cristóbal Sántiz Jiménez!
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Pese a las pruebas presentadas por la defensa de los detenidos en la jornada de protestas del 21 de noviembre en Xela, la jueza no aceptó abrir investigación por las agresiones policiales durante las capturas.
Por Gilberto Escobar
El 9 de diciembre en el juzgado de Paz de Quetzaltenango, la juez Mayra de León, leyó la sentencia a las personas detenidas en la jornada de protesta del 21 de noviembre en el municipio de Quetzaltenango.
De los seis acusados por faltas contra el orden público, cinco fueron absueltos; Natalhie Duarte Castañeda, José Ricardo Pérez Ramírez, Willy Fernando Guzmán Marín, Miguel Estuardo Valle Sáenz, Ana Rebeca Guillen Alcahé; a Cesar Ubaldo Boj le dieron una sentencia de 25 días de cárcel conmutables.
En el caso de Boj, la jueza de León consideró suficiente las imágenes de videos en los que se muestra que quemó cohetes contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y que incitó a los disturbios; los videos presentados por su defensa intentaron mostrar lo contrario.
La sentencia
La sentencia se dio en dos audiencias, en la primera se absolvió a tres agentes de la PNC quienes capturaron a José Ricardo Pérez Ramírez, Willy Fernando Guzmán Marín el 21 de noviembre.
En la segunda audiencia, se absolvió a seis policías más, quienes capturaron a Miguel Estuardo Valle Sáenz, Ana Rebeca Guillen Alcahé, Cesar Ubaldo Boj y Natalhie Duarte Castañeda, durante la jornada de protesta del 21 de noviembre.
Ante la petición de las personas agraviadas de iniciar un proceso de investigación la por la violencia policial, la jueza resolvió que no se puede vincular a una investigaciones a los agentes de la PNC por el uso de la violencia en las detenciones, porque en considera lógico que las autoridades utilizaran la fuerza debido a que los detenidos se resistían a ser capturados.
La abogada Luissana Molina, quien fue parte de la defensa, en una entrevista vía telefónica dijo que “el proceso penal que se siguió en este caso por faltas al orden público fue el proceso especifico de juicio de faltas, uno de los principios que se maneja en este proceso es la sencillez y rapidez”.
Foto: Gilberto Escobar.
Molina agregó que “en este proceso de faltas no se necesita presencia del Ministerio Público (MP) debido al proceso que es de delitos menos graves”.
Además Molina dijo “en la competencia de la jueza de paz no correspondía indicar una investigación para los agentes de la PNC”.
Detenciones violentas
En una entrevista realizada el jueves 3 de diciembre Nathalie Duarte mencionó que en su detención del 21 de noviembre fue agredida por la policía con exceso de violencia. “Ese día de la detención fui agredida, me patearon, electrocutaron, y me gritaban perra, cerota ya verás cómo te va ir”, mencionó Duarte.
En esa misma audiencia, César Fernando García, testigo de la agresión contra Nathalie Duarte y también víctima, relató que uno de los agentes de la PNC lo tomó de la cabeza y le roció con gas pimienta en la cara durante la detención.
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Por la zarzamora
En el contexto de una nueva conmemoración del día Internacional de los derechos humanos, las asambleas territoriales, organizaciones sociales, de memoria y derechos humanos del gran Concepción marcharon por las calles de la ciudad exigiendo la libertad inmediata de lxs presxs políticxs del Estallido.
Diversas fueron las convocatorias en distintos territorios para conmemorar pese a todos los atropellos, la existencia de la declaración universal de los derechos humanos, ratificada el 10 de diciembre de 1948, en París, tras los aberrantes crímenes de la Segunda Guerra Mundial.
Este año en Chile, con miles de personas encarceladas tras ejercer su legítimo derecho a la protesta ante un sistema político empresarial indigno corrupto, la demanda generalizadas de los movimientos sociales se articuló en una gran Jornada de Agitación Nacional e Internacional por la Libertad de Lxs Presxs de la Revuelta Social. Dando además por finalizada las jornadas de ayunos colectivos que en distintos puntos del país chileno se llevaron a cabo con el objetivo de solidarizar y visibilizar esta dura realidad.
La jornada de este jueves en Concepción inicio con una concentración en plaza España, para avanzar en marcha hasta la plaza tribunales donde se dio terminó sin incidentes.
Fue camino a sus hogares que cuatro personas fueron detenidas por carabineros tras haber sido seguidas por un dron policial. Sin motivos contundentes fueron liberadas en horas de la tarde pasado el horario límite toque de queda.
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Ta’louk xa ti matanal milel-ulesele.
– Basta ya de asesinatos a personas inocentes con fines de exterminio.
Después de la Masacre de Acteal, en el municipio de Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997; en Chiapas, México, se han cometido otras dos masacres a Pueblos Originarios: La de Viejo Velasco, el 13 de noviembre de 2006 y la de Chincultik, el 03 de octubre de 2008.
Actualmente existe el riesgo de una nueva Masacre, en la región Altos. Grupos civiles armados de corte. paramilitar procedentes de Chenalhó, atacan con armas de fuego a comunidades de Aldama y Chalchihuitán, con la omisión y protección del gobierno de Chiapas.
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida y evitar otras Masacres en México.
Escuchemos a Las Abejas de Acteal en el NotiFrayba.
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El pasado lunes 7 de diciembre, presos del módulo 12 de imputados de la cárcel de Valdivia, rechazaron el alimento como forma de protesta ante problemas graves con la recepción de encomiendas, la falta de luces en sus celdas y la nefasta regularización de las visitas, entre otras necesidades inmediatas. Producto de dicha acción,denuncian haber sido golpeados y torturados por Gendarmería, sin motivos y exigen la presencia del Instituto de Derechos Humanos en el lugar.
Los presos buscan acabar con las paupérrimas condiciones en las que se mantienen recluidos. Carencias dentro del encierro, que agudizan los efectos de la privación de libertad, como la falta de iluminación o impedimentos con las encomiendas, sumado a las consecuencias de violencia institucional que reciben al denunciar estos hechos.
A continuación compartimos relato de los presos del módulo 12 de la cárcel de Valdivia enviado el día lunes 7 de diciembre.
“Lanzamos unas bandejas en contra una reja sin agredir a nadie, menos a algún funcionario, sólo como acto de protesta hacia los hechos que nos aquejan
Hemos sido agredidos de forma física y también psicológica por parte los funcionarios que nos custodian. Ingresaron al módulo disparando una escopeta, siendo que no había nesesidad de usar ese inplemento disuacivo contra nosotros, ya que todos estábamos en un rincón del patio, sin interés de agredir a nadie, ni con ningún objeto contundente, que hiciera presumir que podíamos responder de mala forma, y ellos procedieron a lanzar gas y a golpiarnos de forma discriminatoria, con golpes de puño y con bastones, a todo el que se moviera, siendo que estabamos reducidos de forma casi automática.
Personas que tienen movilidad limitada también fueron rosiadas con gas y mal tratadas de forma muy discriminatora. Unos compañeros fueron agredidos y golpiados hasta mas no poder y siendo que estaban esposados, era imposible que ellos opusieran algun grado de resistencia.
Fueron llevados y trasladados sin motivo, y fueron doblemente golpiados sin haber necesidad ya que estaban esposados
Nuestras peticiones son puntuales y no estan fuera del alcance de gendarmería:
Que autoricen las encomiendas de internos que no son de esta región. Llaque no dejan que llegen mas de una por persona
Que son dos dias a la semana los de bisita y nos tienen solo com un dia
Que los asistentes sociales hagan acto de presencia en el módulo.
Que pongan luces en las celdas ya que las hemos solicitado por conducto regular y la respuesta ha sido nula.
Que regularicen las peticiones, que se hagan sin dejarlas en el olvido.
Ante estas nuevas denuncias contra Gendarmería de $hile, y a 10 años de la peor masacre carcelaria de la historia de este territorio, las negligencias y abusos siguen marcando semana a semana a la nefasta institución, en el actual contexto de crisis.
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En el marco de la conmemoración del día internacional de los Derechos Humanos en Concepción, artistas autoconvocadxs de Concepción salieron nuevamente a las calles para denunciar a través del arte el vínculo de la Universidad de Concepción (UdeC) con la prisión de 11 jóvenes populares acusados de más de 80 delitos.
La propuesta artística tuvo lugar en diferentes puntos de la mencionada casa de Estudios y es descrita en la siguiente declaración:
En la Jornada Nacional e Internacional por la libertad de las y los presxs políticxs de la revuelta, enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de los DD.HH, se realizó la intervención callejera “udec encarcela”, la cual se plantea como un acción de arte y política que reivindica el uso del espacio público como legítimo lugar para ejercer el derecho a la protesta, recordando que es en las calles de la ciudad penquista donde hemos convergido hace más de un año diversas organizaciones sociales, sindicatos, asambleas, movimiento feminista, ciclistas y agrupaciones de trabajadores y trabajadoras del arte como AAA, todes quienes en su conjunto componemos la fuerza del movimiento social que lucha y exige la urgente y necesaria transformación del actual sistema patriarcal neoliberal y extractivista responsable de desigualdad social en chile, de aberrantes y acumuladas prácticas de injusticias, devastación de la naturaleza y empobrecimiento cultural.
Somos todas, todos y todes parte del mismo movimiento social quienes nos manifestamos de diversas maneras, suma que ha posibilitado tanto el logro del retiro del 10%, como el pasado plebiscito del 25 de octubre y la instalación del actual proceso constituyente. Hemos sido testigos también de la forma en que se ha criminalizado la protesta social, bajo diversos mecanismos: persecuciones, amedrentamientos, montajes, detenciones arbitrarias y procesos judiciales que no se ajustan a un debido proceso, sino que más bien, antes de iniciarse operan bajo la lógica de la condena pública, donde los inculpados/as con o sin pruebas con “castigados” mediáticamente dañando su imagen y privándoles de libertad.
¿Cuál ha sido el rol de la Universidad de Concepción en este histórico proceso de transformación social?
“Caso Udec” sintetiza la visión que esta institución tiene hacia la comunidad penquista movilizada y nos demuestran cómo desenvuelve en la práctica su misión frente al actual conflicto que atravesamos como sociedad. Los valores éticos y espirituales del alma mater asocian los enfrentamientos con carabineros al interior de la universidad como actos de violencia, lo que les justifica para facilitar material audiovisual que permitan generar evidencia condenatoria en la querella interpuesta contra 11 personas entre ellos menores de edad, jóvenes y adultos de orígenes socioeconómicos populares que han sido inculpados de más de 80 delitos. Dejando de manifiesto su adscripción a principios punitivos y represivos frente a las y los manifestantes quienes recordemos se enfrentan con carabineros en un contexto ampliamente descrito y reportado por los observadores de organismos internacionales de DD.HH, desmedido y abusivo de la fuerza incurriendo en una sistemática política de violación de derechos humanos por parte de la fuerzas de orden avaladas por el estado. Esta institución ha demostrado en el curso de este año su completa falta de capacidad real en su vinculación con el medio, carente de empatía, dando señales de indolencia frente al padecer de madres, padres, hijos, hijas, vecinos y vecinas que conforman el tejido social del gran Concepción, mostrando su incapacidad de liderar procesos hacia un “desarrollo libre del espíritu” acorde a las necesidades y complejidades de los tiempos que vivimos.
