paramilitares
(Español) México: Ataques contra personas defensoras de la tierra y el territorio del Pueblo Maya Tseltal de Chilón y hostigamiento contra integrantes del Frayba
LLAMADO URGENTE – EL OBSERVATORIO
MEX 005 / 1020 / OBS 112
Detención arbitraria / Criminalización / Malos Tratos
Restricción al derecho de expresión y reunión /
Uso excesivo de la fuerza
México
21 de octubre de 2020
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en México.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido con grave preocupación información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A. C. (Frayba) sobre los ataques contra personas defensoras de la tierra y el territorio del Pueblo Maya Tseltal de Chilón (Estado de Chiapas) incluyendo la detención arbitraria, los malos tratos y la criminalización contra los Sres. José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano. Además, se produjo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para reprimir una manifestación pacífica que dejó un saldo de 13 personas heridas, así como distintos actos de hostigamiento, amenazas e intimidaciones contra integrantes del Frayba cuando acompañaban a las víctimas de estos hechos, obstaculizando su derecho al debido proceso y garantías procesales.
Según la información recibida, el 15 de octubre de 2020, en horas de la mañana, se había convocado una movilización pacífica por parte del ejido -propiedad rural de uso colectivo- San Sebastián Bachajón en el municipio de Chilón (Chiapas) en contra de la construcción de una base de la Guardia Nacional en su territorio. Este ejido solicitó también el apoyo y la solidaridad de otro ejido en el mismo municipio, San Jerónimo Bachajón y el acompañamiento como observadores de los abogados y defensores del Frayba. Entre las 10:00 y las 11:00 horas, un operativo de alrededor de 300 miembros de la Policía Estatal, Municipal, Sectorial y de la Guardia Nacional reprimieron la manifestación dirigiendo fuertes ataques y golpes contra las personas concentradas en el lugar.
Los Sres. José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, presentes en la manifestación, fueron detenidos de manera arbitraria, golpeados, puestos a disposición del Ministerio Público y acusados del delito de motín. Durante el desalojo de la manifestación y las detenciones, la Secretaría de Seguridad Pública también decomisó vehículos y otros efectos personales como teléfonos móviles de 5 de los manifestantes, incluido los del Sr. José Luis Gutiérrez.
El 16 de octubre y antes de que venciese el plazo legal de 48 horas establecido por el nuevo sistema de justicia penal mexicano, por el cual un Juez de Control debía decidir si los detenidos, los Sres. José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quedaban en libertad o eran vinculados a un proceso judicial, ambos detenidos fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) Nº 16, en Ocosingo, Estado de Chiapas.
En la misma fecha se convocó a una audiencia de control en la que estaban presentes abogados defensores del Frayba, representando los derechos de los Sres. José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano. Sin embargo, durante la audiencia, el Secretario de Acuerdos del Juzgado, les negó el acceso a la información del procedimiento, y se les intimidó con presencia policial en la sala. Finalmente, el Secretario de Acuerdos decidió cancelar la audiencia y solicitó el traslado de los acusados al Juzgado de Control de Cintapala, adjunto al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 14, “El Amate”. El 17 de octubre de 2020, a las 13:50 se llevó a cabo una audiencia donde el Juez de Control decretó como legal la detención y mantuvo en prisión preventiva a los Sres. José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, en “El Amate”, donde se encuentran actualmente. El 22 de octubre de 2020 a las 11:00 horas, está convocada nueva audiencia donde se decidirá si se vincula a los imputados a un proceso o se les deja en libertad.
El Observatorio condena la obstaculización de la defensa de los derechos humanos por parte del Frayba, violando su derecho a defender derechos humanos. El Observatorio destaca que dicha restricción a la labor de Frayba se enmarca en un contexto en el que se han producido una serie de actos de intimidación y amenazas dirigidas contra integrantes de Frayba, así como a las organizaciones y pueblos indígenas que acompaña, desde noviembre de 2019 por su trabajo en la defensa de los derechos humanos[1].
El Observatorio condena asimismo la detención arbitraria de los Sres. José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, en un contexto de criminalización y crecientes restricciones a la libertad de expresión y de manifestación y protesta social en México, especialmente para desarticular las reivindicaciones de los pueblos indígenas y de los movimientos en defensa de la tierra y territorio. Por todo lo anterior, el Observatorio insta a las autoridades de Chiapas y de México a liberar inmediata e incondicionalmente a los Sres. José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano y a investigar de manera efectiva todos los ataques denunciados en este Llamado Urgente.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de México urgiéndolas a:
- Adoptar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la vida, la seguridad e integridad física y psicológica de los Sres. José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano;
- Liberar de manera inmediata e incondicional a los Sres. José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano;
- Poner fin a todo tipo de ataques y hostigamiento, incluido a nivel judicial, y abstenerse del uso indebido del derecho penal contra los Sres. José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano y contra todas las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos en México, respetando su derecho al debido proceso;
- Poner fin a todo tipo de ataques a la seguridad e integridad física y psíquica en contra de todas las personas del Pueblo Maya Tseltal que ejercen sus derechos a la libertad de expresión, reunión y a la manifestación pacífica por la defensa del derecho a la tierra y territorio; respetando sus derechos como pueblo indígena, ejercidos de conformidad con el derecho internacional
- Investigar el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas policiales en la movilización pacífica del 15 de octubre de 2020
- Tomar medidas urgentes para garantizar que ni el Frayba ni otras organizaciones de derechos humanos enfrenten restricciones indebidas en su derecho a documentar violaciones de derechos humanos, particularmente en el contexto de personas privadas de libertad;
- Incluir como tema central en la agenda de derechos humanos del gobierno federal el establecimiento de una política integral de garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en México, con amplia participación de la sociedad civil;
- Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2;
- De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.
Direcciones:
- Sr. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Twitter: @lopezobrador_
- Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación. E-mail: secretario@segob.gob.mx,
- Sr. Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos y Población, Secretaría de Gobernación (SEGOB). E-mail: ajencinas@segob.gob.mx
- Sr. Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario De Relaciones Exteriores. E-mail: canciller@sre.gob.mx
- Sra. Martha Delgado Peralta, Subsecretaria Para Asuntos Multilaterales Y Derechos Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). E-mail: mdelgadop@sre.gob.mx
- Sra. María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). E-mail: presidente@cndh.org.mx/ correo@cndh.org.mx
- Sr. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas. E-mail: secparticular@chiapas.gob.mx
- Sr. Ismael Brito Mazariegos, Secretario General de Gobierno en Chiapas. E-mail: secretariaparticular.sgg@gmail.com/ secretariaparticular.sgg@gmail.com
- Sr. Juan José Zepeda Bermúdez, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. E-mail: presidencia@cedh-chiapas.org
- Sra. Embajadora Socorro Flores Liera, Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: / sflores@sre.gob.mx
- Sr. Embajador Mauricio Escanero Figueroa, Misión de México ante la Unión Europea y Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Ducado de Luxemburgo. E-mail: embamex@embamex.eu / hacosta@sre.gob.mx
- Sr. Embajador Jorge Lomónaco, Misión Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos. E-mail: mexico.oea@sre.gob.mx / jlomonaco@sre.gob.mx
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.
***
Ginebra-París, 21 de octubre de 2020
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
- E-mail: Appeals@fidh-omct.org
- OMCT: + 41 22 809 49 39
- FIDH: + 33 1 43 55 25 18
(Español) Campaña total por la liberación de Fidencio Aldama Pérez
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
A las comunidades que defienden el agua, el territorio y la vida
A las Redes de Resistencia y Rebeldía o como se llamen
A la Sexta nacional e internacional
A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad
Compañerxs
Nos dirigimos a quienes luchan contra el Sistema para destruirlo, no para entrar en negociaciones con sus representantes ni para pedir audiencia con algún funcionario. Sabemos que la boca de los gobiernos está llena de mentira y que de los de arriba sólo podemos esperar desprecio, engaño y traición. Nada tenemos que pedirle a quienes nos han arrebatado todo, porque contra ellos es nuestra lucha.
Nos dirigimos ustedes porque sabemos que en sus oídos nuestra palabra será escuchada; que en sus compañías encontraremos el apoyo que sólo pueden dar los que luchan; sabemos que ustedes podrán llevar a otras geografías las causas por las que lucha el digno pueblo y Nación yaqui: por el agua, por la tierra, contra los megaproyectos, por la vida y por la libertad de Fidencio Aldama Pérez.
En abril de 2016, el pueblo yaqui de Loma de Bácum interpuso un amparo contra la construcción de un gasoducto que atravesaría por 90 kilómetros de la región, en su tramo Guaymas-Oro. A partir de entonces las menazas contra los habitantes se han intensificado y el problema sigue sin solución.
El proyecto pretendía construir 835 kilómetros de gasoducto por los estados de Sonora y Sinaloa, para llevar gas natural desde Arizona a los estados del oeste del país, sin embargo, el segundo de los tramos se detuvo por la negativa de los pobladores a que su territorio se viera afectado por una obra que ningún beneficio les traería y sí afectaría sus modos de vida con una falsa “consulta” y vulnerando los principios establecidos por el Convenio 169 de la OIT, siete de los 8 pueblos que integran la Nación yaqui en la zona habían dado “su consentimiento”; pese a ello, y tras haber demostrado que no se había tomado en consideración la opinión de todos los pobladores, ni se les había informado con veracidad, claridad y suficiencia sobre las características de esas obras, a pesar del consentimiento de siete de las ocho tribus que conforman la tribu yaqui en la zona, las obras se detuvieron.
La construcción, estaba a cargo de la empresa Infraestructura Energética Nova (IEnova), había empezado en 2013, pero se suspendió en 2016 luego de que los habitantes de Loma de Bácum consiguieron el fallo a su favor, por parte del Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Ciudad Obregón. Y empezó una escalada de amenazas contra los pobladores, para que se desistieran de la defensa de su territorio.
Entre calumnias, amenazas y muertes comenzó entonces una campaña de calumnias contra los opositores al gasoducto y de dádivas repartidas entre “líderes” de los que habían “aceptado” que se instalara el gasoducto.
Entre abril y octubre de 2016 se dieron varios hechos de violencia contra la comunidad: dispararon contra la madre de otra compañera y asesinaron a uno de sus primos; las amenazas continuaron; ni la empresa ni el gobierno se iban a detener ante nada con tal de eliminar el último obstáculo para construir su gasoducto.
Y llegó octubre del 2016 el día 21, personas armadas, acarreadas desde otros pueblos, ingresaron a Loma Bácum, y llevaron adelante una agresión contra la asamblea, se pretendía hacer pasar ésta como un “enfrentamiento entre comunidades” que están a favor o en contra del gasoducto, a “favor o en contra del progreso”; en entrevistas, algunos de los acarreados dieron a conocer sus motivos: los gobiernos estatal y federal los amenazaron de suspender todos los programas sociales.
Además, la tribu yaqui tiene usos y costumbres ancestrales para resolver sus diferencias. Por Ley, y en derecho consagrados por la Constitución DESDE 1917, los yaquis tienen un gobierno nombrado por la comunidad, ellos definen a sus autoridades tradicionales, nombran a sus guardianes y establecen las sanciones para los infractores de las reglas comunitarias; todas y cada una de sus grandes decisiones se adoptan después de largos procesos de consulta interna y, sólo cuando todas la comunidades están conformes, se toman los acuerdos; es decir, el gasoducto no avanzaría aún si fuera sólo una de las comunidades la que mantuviera su rechazo.
La agresión contra Loma de Bácum trajo como consecuencia la muerte de una persona, víctima de una bala de calibre 22.
Seis días después, el 27 de octubre, la policía estatal secuestró a Fidencio Aldama Pérez, guardia tradicional de Loma de Bácum, acusado sin testigos que lo señalaran, sin acreditar su participación en el hecho y sin que el arma que portaba LEGALMENTE, una calibre 45, pudiera haber disparado un proyectil de calibre 22.
El juicio contra el compañero Fidencio Aldama Pérez ha estado plagado de irregularidades; nadie lo señala como autor del crimen, ni siquiera hay testigos que indiquen que disparó su arma; no hay una prueba pericial que señale que existe una trayectoria posible entre el lugar en que se encontraba el guardia tradicional y el muerto. ¿Pruebas?: ninguna.
Según la ley es la autoridad la que debe demostrar la culpabilidad del procesado y no el acusado probar su inocencia; pero las leyes chuecas, las autoridades veniales, los jueces corruptos y gobiernos al servicio de los de arriba son los que mantienen tras las rejas a nuestro compañero.
No se trata de impartir justicia; más de una vez lo han insinuado, en corto, si Loma de Bácum desiste de su amparo, el secuestrado, que ya ha sido reconocido por el gobierno federal como un preso político, es decir, un rehén del Estado. sería liberado. Pero, hay un problema con esa “generosa propuesta” la comunidad de Loma de Bácum, una y otra vez ha dicho no al gasoducto; en su cara se lo han expresado a la gobernadora y al AMLO: Los derechos no se negocian. La tierra se defiende.
Las agresiones contra la comunidad de Lomas de Bácum no cesaron, se trata de vencer la resistencia de la comunidad mediante el miedo. El 14 de diciembre, un comando armado secuestró a dos opositores al gasoducto.
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Compañerxs: sabemos que no será por una resolución legal que Fidencio recupere su libertad; porque no es preso en cumplimiento de alguna ley ni por haber cometido delito. Fidencio permanece secuestrado, ilegal e ilegítimamente; por lo que no será ningún abogado quien logre “demostrar” su inocencia. El Estado sabe que Fidencio no es culpable.
Llamamos a quienes luchan por la vida a nombrar a Fidencio en cada acto, en cada documento, en cada acción que se realice en defensa de la tierra, del agua, de la vida, contra el mal gobierno y sus megaproyectos que sólo representan muerte para nuestros pueblos.
Llamamos a una campaña TOTAL hasta lograr su liberación. A que en toda resistencia y rebeldía, el nombre de Fidencio se escuche y resuene, será la lucha de abajo y a la izquierda la que lo logre libre.
Desde las sagradas tierras yaquis y otras geografías solidarias exigimos: ¡¡Libertad para el guardián tradicional de Loma de Bácum. Fidencio Aldama Pérez!!
21 de octubre de 2020
Carmen García de Aldama y Grupo de trabajo por la libertad de Fidencio Aldama Pérez
