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justicia
(Español) Victoria para el maíz nativo en México, niegan amparos a gigantes trasnacionales
Por Vanessa Garcìa Navarro
Foto por Santiago Navarro F
Por este medio se ha informado sobre la larga y compleja disputa legal protagonizada por la Colectividad Demandante en Defensa del Maíz Nativo (Demanda Colectiva Maíz) y las empresas agroindustriales (Bayer-Monsanto Comercial Semillas y Agroproductos S.A. de C.V., PHI-México, S.A. de C.V., Syngenta y Dow Agrosciencies), suscitada a partir de que los magnates agroindustriales solicitaron amparos respecto a las medidas impulsadas por la Demanda Colectiva Maíz para descontinuar la siembra de maíz transgénico para uso comercial en territorios mexicanos.
Esta situación compleja desembocó una lucha prolongadísima (desde el 2013) que se alimentaba del suspenso. No obstante, no existe plazo que no se cumpla ni lucha que no valga la pena porque, a pesar de que Bayer-Monsanto, PHI, Dow y Syngenta creyeron que era posible esquivar la justicia evadiendo las investigaciones requeridas para demostrar científicamente los riesgos de sus procesos y por ende evitar que se pudiera probar la nocividad de sus productos, el día de ayer (13 de octubre), tras desechar los 130 argumentos (insustentables e insuficientes) con los que las multinacionales intentaban defenderse, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) – ¡por decisión unánime! – ha negado los cuatro amparos de las agroindustriales internacionales (al igual que cualquier impugnación).
Enriqueciendo la victoria, la SCJN determinó que siempre y cuando se cumplan los requisitos de la ley, en los juicios de acción colectiva los jueces tienen la facultad de dictar las medidas pertinentes a favor de la colectividad. La Demanda Colectiva Maíz hereda un precedente para las demandas colectivas contemporáneas y futuras. Se ha empoderado a los campesinos, pueblos indígenas y consumidores de maíz para luchar por sus derechos.
La lucha de la Demanda Colectiva Maíz tiene como principal objetivo el proteger y preservar el maíz nativo que está en el riesgo de desaparecer si continua el uso comercial de transgénicos; además de buscar evitar los efectos negativos sobre la soberanía alimentaria y salvaguardar salud de los consumidores del grano, que se comprometía por la usanza de agrotóxicos.
La realidad es que el efecto del fallo igualmente beneficia a la biodiversidad que ha sido dañada con la introducción de otros transgénicos (como la soya), la apicultura (y las abejas).
Aun así, como la misma Demanda Colectiva Maíz se refiere, “aún nos queda un largo camino por recorrer para lograr la prohibición definitiva de maíces transgénicos en México”.
(Español) Familiares y sobrevivientes de tortura en Chiapas se unen por verdad y justicia
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de octubre de 2021
Boletín No. 13
- Fiscalía General del Estado simula justicia en su afán de aplicar el estado de derecho, llenando cárceles con víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Mientras el Estado mexicano niega que la tortura es utilizada como método de investigación por parte de las Fiscalías, en lo que va del año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido 30 casos de tortura por denuncia de familiares o por petición de Jueces del estado de Chiapas para aplicar el Protocolo de Estambul.
Los fiscales y jueces deben excluir de oficio cualquier prueba o declaración donde existan indicios de que fue obtenida bajo tortura o malos tratos o en violación de garantías fundamentales y que tal no se postergue hasta la sentencia.
Desde el 2014, el Relator Especial sobre la Tortura y Tratos o Penas Crueles Inhumanos Degradantes asentó que: “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad, generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información”.1 Además la relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas informó que en el caso de personas indígenas detenidas y procesadas penalmente “enfrentan violaciones de derechos al debido proceso y a la defensa adecuada por motivo de la escasez de interpretes, abogados, defensores y operadores de justicia que hablen lenguas indígenas y conozcan las culturas indígenas”.
Negar o invisibilizar la tortura no la erradica. La impunidad sigue encubriendo la acción y omisión de las autoridades mexicanas y no se garantiza la reparación integral a las víctimas y sus familiares. En Chiapas se simula justicia, su acceso es un laberinto de obstáculos procesales plagado de violaciones a los derechos humanos.
Frente a este panorama sobrevivientes de tortura y sus familiares rompen el miedo y se organizan, generando luces de esperanza para que estos actos no vuelvan a cometerse.
Durante los días 7 y 8 de octubre de 2021, se realizó en San Cristóbal de Las Casas el Encuentro de Familiares y Sobrevivientes de Tortura en Chiapas “Compartir la Esperanza”, en donde recibimos en su mayoría mujeres: abuelas, madres, hermanas, hijas, sobrinas, tías que desde el amor afrontan la impunidad del Estado exigiendo la libertad de sus familiares presos injustamente.
Las y los familiares de sobrevivientes de tortura han denunciado la constante discriminación que enfrentan frente a los operadores de justicia, durante la pandemia los procesos penales están lentos y otros están parados, la situación carcelaria es cada día más precaria no tienen atención médica adecuada en prisión y sin acceso a medicamentos.
El Frayba exige al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones de investigar, identificar y castigar a todos los responsables de cometer actos de tortura, exigiendo a tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier acción de represalia contra los sobrevivientes de tortura y sus familiares y garantizar el derecho a una reparación integral, sin acceso a la justicia los gobiernos federal y estatal son cómplices de los perpetradores de estas graves violaciones a los derechos humanos, además de reproducir y mantener el pacto de impunidad que impregna el sistema de justicia en México.
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