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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinti

“Las 43 familias estamos enojadas, encabronadas, porque desafortunadamente nos vieron la cara durante tres años”, reclamó Mario González, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

La reacción de los familiares de los normalistas desaparecidos se dio tras la publicación del Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), mediante el cual se confirma la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes, así como la actuación de las autoridades para falsear los hechos de la “verdad histórica”.

Así fue como el gobierno de Peña Nieto divulgó la versión oficial en la cual argumentaba que los estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados a miembros del crimen organizado, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero en Cocula.

Esta narrativa fue puesta en duda desde 2015, después de las investigaciones realizadas por el GIEI, quienes participaron para coadyuvar en el caso tras denuncias de irregularidades de la versión oficial.

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La publicación mas reciente de los expertos del GIEI expone un video donde se demuestra que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) intervinieron y manipularon el basurero de Cocula para la construcción de la “verdad histórica”.

Además, el GIEI también resalta que el Ejército diseño una estrategia de contrainsurgencia mediante la cual infiltró la normal de Ayotzinapa para espiar las actividades de los estudiantes. Incluso, el Ejército mantuvo la vigilancia de los normalistas en tiempo real durante los momentos en que fueron atacados por policías y criminales entre la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

Tras las revelaciones, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos demandaron investigar al Ejército mexicano, así como llamar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto para resolver su participación en el caso.

Promesas incumplidas

En conferencia de prensa realizada este martes (29), madres y padres de los estudiantes desaparecidos también demandaron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador con quien, aseguran, no han tenido comunicación desde septiembre de 2021.

María Elena Guerrero, madre del normalista Giovanni Galíndez, aseveró que nunca creyeron posible que después de tres años de que asumiera el cargo el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación”, no exista aún información sobre dónde se encuentran los estudiantes.

Por su parte, Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio, enfatizó que con la información del GIEI se debe proceder con la investigación del Ejército “porque ahí es donde hay obstáculos y no podemos alcanzar la verdad”.

Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete González, reclamó que en México los pobres no tienen justicia y prueba de ello es la manera en cómo se ha realizado la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes, pues desde el gobierno pasado existían motivos suficientes para sospechar del involucramiento del Ejército mexicano en el crimen.

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Navarrete también criticó la actuación de la administración federal actual, pues aseguró que las instituciones no le hacen caso al presidente, pues permanecen los obstáculos para acceder a información y continuar con las investigaciones.

“(El presidente) Debe dejar un poco las mañaneras y enfocarse un poco en los compromisos que ha tenido con el pueblo. Sí da coraje de ver que esas instituciones del gobierno federal siguen guardando información. Si nos ocultaron esto, ¿qué más pueden ocultar? El que miente una vez miente dos veces o tres veces. Y el gobierno solamente utiliza el poder para sí mismo, y no dar justicia al pueblo”, reclamó Navarrete.

Para Mario González, acciones como la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia para el Caso Ayotzinapa, muestran que las instituciones mexicanas han jugado con ellos durante tres años.

González señaló que, a escasos dos días de la toma del poder de AMLO en 2018, las autoridades federales firmaron un decreto en el que se comprometían a entregar toda la información sobre el caso y que los hicieron ir al 27 Batallón “a sabiendas de que no íbamos a encontrar nada”.

“¿Cómo no estar enojado, si a tres años sale una información que debía haber sido entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojado si no sabemos nada de nuestros hijos?”, recriminó González.

¿Justicia?

En la conferencia de prensa también participó Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los normalistas desaparecidos quien aseguró que con la publicación del informe del GIEI queda claro que la manipulación del basurero en Cocula revela que fue una acción para ensuciar el proceso de investigación y ocultar la verdad.

De acuerdo al abogado, este montaje complicó la exploración de otras líneas de investigación en por lo menos cinco años. Así mismo, negó que exista un cambio entre la anterior y la actual administración federal pues a mas de tres años de la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia, los secretarios de la Marina y de la Defensa Nacional se han negado a colaborar con las investigaciones.

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“Una cosa es que se le entregue al GIEI y otra que ya se hagan diligencias concretas para fincar responsabilidad”, reclamó Rosales pues a pesar de la publicación del informe de expertos, esta información no se ha vertido de manera concreta a la investigación, pues el Ministerio Público está teniendo dificultades para darle cauce jurídico a lo difundido por el GIEI.

Cabe destacar que, de acuerdo con el GIEI, el Ejército también realizó actuaciones e investigaciones que no ha compartido para esclarecer los hechos. El grupo de expertos alertó que aún existe información relevante en poder de los militares y de las fuerzas de seguridad  que “ha sido omitida tanto en los documentos entregados al GIEI como a la fiscalía especializada, así como en las declaraciones de los funcionarios militares, entre ellas: información sobre los hechos del Palacio de Justicia en Iguala de una patrulla militar; omisión del reporte de la caseta tres de la carretera, donde se tenían desplegados militares, y la entrada en barandillas de normalistas esa noche”.

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

El pasado viernes (25) un comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incendió las redes sociales.

En el documento, titulado ¿Dónde estaban los pseudoambientalistas cuando hace años empezó la verdadera devastación del sureste de México?, la dependencia reclama que el actual gobierno federal “trabaja en la remediación del desastre socioambiental”, permitido y promovido por administraciones pasadas en dicha región del país.

Uno de los temas que menciona el comunicado de Semarnat por contribuir a la devastación del sureste mexicano es la siembra de cultivos exóticos como la palma de aceite, los cuales demandan grandes cantidades de agua, así como la utilización de agroquímicos que generan severas afectaciones ambientales.

Una semana antes, Avispa Midia publicó la investigación El dilema de La Encrucijada: el lavado verde de la palma aceitera, donde revelamos la existencia de más de 7 mil hectáreas de palma aceitera cultivadas dentro de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, un Área Natural Protegida (ANP) en Chiapas.

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Días después, el comunicado de Semarnat corroboró esta información al referir que existen 8,000 hectáreas de palma aceitera dentro de La Encrucijada, una ANP con extensión de 144 mil hectáreas, la cual alberga los ecosistemas de humedales más importantes del Pacífico Americano.

Lo que no menciona el comunicado de Semarnat, al pretender justificar que la expansión de la palma aceitera es un problema del pasado, es que la agroindustria recibe el apoyo de la actual administración federal por distintas instituciones. Mediante acciones u omisiones, permiten la expansión de los monocultivos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como las Secretarías de Bienestar y la de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), bajo la administración de la autodenominada “Cuarta Transformación”, continúan el trabajo de gobiernos pasados al apoyar el avance de la palma aceitera en el sureste mexicano.

Tal es el caso de la poca o nula fiscalización de la Profepa ante las reiteradas denuncias de contaminación por parte de las plantas procesadoras de aceite de palma ubicadas en Chiapas.

En ese estado, como reitera el comunicado de Semarnat, existen más de 49 mil hectáreas sembradas con ese monocultivo. Chiapas también posee la mayor infraestructura para su procesamiento, lo que en regiones como Benemérito de las Américas, en la frontera con Guatemala, está causando severos problemas de salud.

Apenas el pasado febrero, más de 4 mil personas se movilizaron para denunciar la contaminación que les provoca malestares como nauseas, mareos y dolores de cabeza; sequía, así como afectaciones en las tierras y muerte de ganado.

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La protesta de febrero sucedió tras años de denuncias ignoradas por las autoridades ambientales. Incluso, previamente los habitantes de Benemérito de las Américas enviaron documentos y cartas, tanto a la Profepa como al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin obtener respuesta alguna.

Como documentó Avispa Midia, la expansión de la palma aceitera en la costa de Chiapas obtiene un nuevo impulso con el programa de gobierno Sembrando Vida. Así lo aseguró Juan Carlos Castro, director de La Encrucijada quien alertó que productores palmeros se “colaron” como beneficiarios del programa que pretende atender la degradación ambiental del país.

La organización Earthworm Foundation, quien trabaja con palmeros para alcanzar la “sustentabilidad” del monocultivo, también señaló que dentro de Sembrando Vida existen productores que están combinando sus cultivos de palma aceitera con cacao.

Esto lo confirmó la empresa Nestlé, quien mediante el documento Abastecimiento responsable de aceite de palma de 2020 aseguró que trabajó con el programa de subsidios del gobierno federal con productores dentro de La Encrucijada, quienes suministran a cuatro procesadoras de la región.

Cabe destacar que la multinacional Nestlé es la principal compradora del aceite de palma proveniente de La Encrucijada, lo cual implica numerosas infracciones al manejo del ANP.

Por su parte, la expansión de la palma en México también cuenta con el apoyo de la Sader. Su titular, Víctor Villalobos Arámbula ha mostrado su respaldo a la industria palmera, tanto con productores nacionales como con alianzas con compañías trasnacionales.

“La Sader es un aliado de los productores de palma de aceite, por lo que juntos revertiremos las opiniones infundadas y negativas de su cultivo con argumentos basados en la ciencia y la investigación, lo que redundará en ampliar la producción de aceite”, expresó Villalobos en una reunión de 2019 con representantes de gremios palmeros.

Entre los presentes en aquella reunión se encontraba Jorge Terrones López, Director General del Grupo Oleosur y presidente del Consejo Mexicano para el Desarrollo de la Palma de Aceite. Resalta la cercanía de representantes de Olesur con Sader, debido a que su subsidiaria, Plantaciones del Soconusco, cuenta con plantaciones dentro de la Reserva de La Encrucijada, sin contar con autorización de la Semarnat.

Más recientemente, en 2021, la Sader y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) se han sumado a las metas de PepsiCo a través de su programa “Agrovita”.

En mayo de 2021, Villalobos Arámbula participó en el lanzamiento del programa Agrovita, una iniciativa de PepsiCo Alimentos México, quien anunció una inversión de 20 millones de pesos para la expansión de palma de aceite en Chiapas y Tabasco, lo que se traduce en un renovado impulso para la expansión de las plantaciones de este monocultivo, principalmente en zonas que cuenten con las condiciones climáticas, como la región costa, selva y zona norte de Chiapas.

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Martes 29 de Marzo, Actopan, Veracruz; Al octavo día de andar, la caravana fue recibida en la Casa del Campesino, espacio de los ejidatarios en el municipio de Actopan. Los campesinos, el parroco y activistas se sumaron para compartir los alimentos y escuchar brevemente las palabras de los presentes sobre la problemática actual, una palabra cargada de preocupación y rabia por el acecho que tiene la minería en esta región. Los malos gobiernos han concesionado grandes extensiones del territorio mexicano a los intereses extractivistas mineros, estos tienen pleno acceso, autorización y dialogo con los diferentes niveles de gobierno para realizar sus actividades. El impacto que tienen para el medioambiente es irreversible, las áreas en las que se instaura la minería se vuelven zonas de sacrificio, la recomposición del territorio que generan destruye el ecosistema, saquea y contamina el agua, ademas, descomponen aceleradamente el tejido social para poder dividir consciencias, comprar voluntades, amedrentar o asesinar a sus detractores y opositores. «La mina mata», fue una de las consignas que se gritó, la Caravana escucha este grito y se suman al mismo por un territorio libre de minería, reivindicado el derecho de los pueblos a expulsar megaproyectos extractivos contrarios a la vida y al intéres común por defender la vida de todas y todos. La vida se habrá de defender con la vida misma.

En entrevista, un compañero nos compartió la grave situación que viven actualmente, existen en esta zona de Veracruz dos concesiones a empresas mineras con filiales mexicanas, minera Gavilan, minera Alondra y Candelaria minning, una en el municipio de Actopan y las otras en el municipio de Alto Lucero. La Ley Minera se ha instaurado como el baluarte máximo en beneficio de las empresas, esta ley, valida la depredación del territorio por periodos de 50 años, lo que hace la defensa territorial una lucha de toda la vida. Si bien aun las empresas mineras aun no empiezan la fase de explotación, bajo la fase de exploración han perforado ya 800 barrenos con una profundidad de 800, 1,000 y 1,200 metros, estas perforaciones han quebrado los mantos acuíferos desplazando el agua a una profundidad mayor por lo que en la zona ya existe una grave situación en la disponibilidad del vital liquido, manantiales y pozos que desde generaciones pasadas eran usados ahora se encuentran secos, la laguna en la que anteriormente se podía pescar, ahora es una planicie desertificada, la crisis ya empezó, de no organizarse por la expulsión de estas empresas la situación empeorara para la población.

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30 de marzo, 2022

*Organización en el campo y la ciudad para enfrentar el capitalismo en Apizaco, Tlaxcala.**

La Caravana, en su séptimo día de de viaje, llegó a Apizaco, Tlaxcala, para ser recibida por parte de la Unión Popular Apizaquense Democrática e Independiente UPADI. Han pasado 32 años desde la fundación de esta organización quienes se declaran adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, luchan «en contra del mal gobierno» y la imposición de sus leyes que afectan su vida o trabajo, buscando mejoras urbanas sin reglamentación excesiva. En ese sentido han hecho retroceder al gobierno en sus alzas de tarifas al predial y agua. Actualmente pelean por la expulsión de la empresa Coca Cola del municipio, esta empresa, le fue concedida la perforación de un pozo, denuncian que al interior de sus instalaciones han hecho tres más de forma ilegal. La UPDI también cuenta con miembros ejidatarios de la región de la Malinche que se manifiestan a favor de la semilla criolla frente a una política gubernamental que busca instalar la semilla mejorar y el paquete de agroquímicos que dañan la salud del ser humano y la tierra.

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

     Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Desde los Altos de Chiapas en donde se encuentra la Tierra Sagrada de Acteal, venimos a este lugar para exigir una justicia verdadera y de raíz por el cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro).

La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, sobrevivientes de la Masacre de Acteal, junto con la familia de Simón Pedro y nuestros abogados y compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), nos encontramos en frente del Juzgado de Control del municipio de Cintalapa, Chiapas, para realizar una Acción Pacífica y No Violenta, durante la audiencia intermedia de ofrecimiento y admisión de pruebas, con relación al cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro.

Venimos hasta aquí, para exigirles a la Fiscalía General (FG) y al Poder Judicial del estado de Chiapas (PJE) que lleven a cabo su trabajo en aplicar la justicia e investiguen no solo el delito del autor material del asesinato de Simón Pedro, sino, también a los que dieron la orden de matar y/o responsables del contexto de violencia generalizada en el municipio de Pantelhó, Chiapas.

Queremos reafirmar que a nuestro compañero y hermano Simón Pedro, lo mataron por su lucha y compromiso en la defensa de los derechos humanos, de la Madre Tierra y por la Vida. A nuestro hermano Simón Pedro, lo mataron 7 meses después de haber dejado su cargo de presidente de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas. A Simón Pedro, lo mataron en el contexto de violencia generalizada en el municipio de Pantelhó, y la causa está muy clara, es que Simón Pedro junto a su papá y catequistas de la Parroquia de Pantelhó se solidarizaron con las víctimas y familiares de las personas asesinadas en este municipio, además realizaron jornadas de ayuno y oración para pedir la paz y se detuviera la violencia en dicho municipio, sin embargo como ya es uso y costumbre de los que se dicen llamar gobiernos y policías, así como actuaron los gobiernos y policías en la guerra de contrainsurgencia de Chiapas en el año de 1997, permitieron que los caciques y grupos criminales de Pantelhó, sembraran terror y miedo, asesinando a decenas de personas incluyendo a nuestro hermano y compañero Simón Pedro.

Es por eso que nuestra Acción Pacífica y No Violenta de hoy, recalcamos, que es por la justicia verdadera y se reconozca la verdad, que el asesinato de Simón Pedro fue por su trabajo como defensor de los derechos humanos y que su pérdida, es una pérdida para la familia, la organización y la sociedad al asesinar a una persona que luchaba por los derechos y la vida de todas las personas.

Ante todo lo anterior, exigimos a la FG y la PJE y las autoridades correspondientes que no alarguen el proceso de la aplicación de justicia y agilicen las líneas de investigación hacia los responsables de dar las órdenes de matar a nuestro compañero y hermano Simón Pedro.

Porque ya estamos cansadas y cansados de tanta corrupción, impunidad y violencia en nuestras comunidades y territorios, y para acabar con toda esta desgracia es aplicando la justicia verdadera. Por ello, insistimos a la FG y al PJE de Chiapas, que toda esta violencia y asesinatos en Chiapas, es porque el mismo gobierno y jueces corruptos lo han permitido, desde la liberación masiva de los paramilitares autores materiales de la Masacre de Acteal y premiar a estos asesinos en vez de aplicarles la justicia, se firmó digamos una “ley”, que matar y asesinar a personas inocentes, a defensores de derechos humanos, de la Madre Tierra y la Vida, no serán investigadas.

En nombre de la sangre de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, exigimos a los gobernantes y autoridades correspondientes, que no sigan esas mismas políticas de muerte como lo hicieron sus antecesores. Pero, si las autoridades competentes y gobiernos en turno no acatan el mandato de ley en materia de justicia, entonces, están permitiendo que la impunidad y la violencia se perpetúen, a costa de la vida de las personas defensoras de derechos humanos, de la Madre Tierra y la Vida.

Hermanas y hermanos, por último, queremos agradecerles de corazón a las mujeres y hombres de buen corazón quienes nos acompañaron físicamente y a las que desde algún lugar están pendientes de esta acción Pacífica y No Violenta. Y les pedimos seguir al tanto del proceso de justicia, por la Verdad y la Memoria de nuestro compañero y hermano Simón Pedro.

¡Justicia para Simón Pedro!

¡Justicia para todas y todos quienes han sido asesinados por defender los derechos humanos, la Madre Tierra y la Vida!

Desde, Cintalapa, Chiapas; a 28 de marzo de 2022.

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

25 de marzo de 2022

Boletín No. 12

Poder Judicial y Fiscalía General del estado de Chiapas deben de garantizar la justicia para Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos

No debemos sentirnos tristes, ni solas, debemos tener esperanza[…]

 es importante que tengamos convicción y esperanza de que

lograremos construir dignamente nuestras vidas.

Simón Pedro Pérez López.

El 28 de marzo de 2022, a las 10:00 horas, se llevará acabo la audiencia intermedia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el Juzgado de Control del municipio de Cintalapa, Chiapas, relacionado con el asesinato del catequista y defensor de derechos humanos Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro), por lo que exigimos a la Fiscalía General (FG) y al Poder Judicial del estado de Chiapas (PJE) garantizar el derecho al acceso a la justicia y actuar con la debida diligencia en las investigaciones, asegurando que no haya omisiones en el recaudo de las pruebas y en el seguimiento de las líneas lógicas de investigación de acuerdo a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de tal modo que no solo se investigue el delito, sino el contexto en el que se llevó a acabo.

Simón Pedro era catequista de la parroquia de Santa Catarina del municipio de Pantelhó, integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) y defensor de los derechos humanos; fue asesinado el pasado 05 de julio del 2021 en la cabecera municipal de Simojovel, Chiapas, después de denunciar la omisión del Estado mexicano ante la actuación impune de grupos de la delincuencia organizada. Días después gracias a la exigencia de justicia en el ámbito nacional e internacional el autor material del asesinato de Simón Pedro fue detenido y se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número 14 “El Amate”.

De acuerdo con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos de diciembre del 2018 al 12 de julio de 2021 se habían asesinado 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos, cifra que no se ha actualizado.[1] En lo que va del año han sido asesinados ocho periodistas en nuestro país.[2]

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas junto a la familia de Simón Pedro y Las Abejas de Acteal hemos visibilizado el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos que realizó Simón Pedro y que esta calidad sea reconocida a nivel judicial, además de los impactos que generó el asesinato en los aspectos sociales, comunitarios y familiares, por lo que en la audiencia intermedia deben admitirse todas las pruebas que permitan el esclarecimiento de los hechos, la justicia y la verdad.

La labor de las personas defensoras de derechos humanos es fundamental para la implementación universal de los derechos humanos, son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias.[3]Simón Pedro eligió ser defensor de derechos humanos, caminando junto al pueblo de manera pacífica y no violenta, su vida será alegría para nuestra lucha por generaciones, por eso continuaremos luchando por impulsar la justicia completa para que su caso no quede en la impunidad.

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[1]    Secretaría de Gobernación, “Comunicado”, 2021, disponible en: https://www.gob.mx/segob/prensa/el-mecanismo-de-proteccion-para-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas-por-instruccion-presidencial-informa-lo-siguiente

[2]    Bravo, Jorge, “¡Basta!, Presidente, de periodistas asesinados”, Proceso, 2022, disponible en:https://www.proceso.com.mx/opinion/2022/3/17/basta-presidente-de-periodistas-asesinados-282697.html

[3]    Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos”, 2015, CIDH – OEA, Washington D.C.

Descarga el Boletín 12 en PDF (104.16 KB)

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Cintalapa, Chiapas; 28 de marzo del 2022; @lasabejasdeacteal, @cdhfrayba, @sweformexico @sipaz.chiapas, medios de comunicación y compañerxs solidarixs a las afueras del Centro de a Readaptación Social para Sentenciados No. 14 “El Amate”, en el municipio de Cintalapa, para el el desarrollo de la Audiencia Intermedia sobre el caso del asesinato del defensor de #DDHH, Simón Pedro Pérez López.

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La noche domingo fue asesinado Iván Merino Flores, líder de la Asamblea Popular de los Pueblos Indígenas (#API).

De acuerdo con los integrantes de la API, dos personas a bordo de una motocicletas ejecutaron a Flores cuando se encontraba en el sitio de unidades de pasaje de la región de la cañada, en el centro de Teotitlán de Flores Magón.

El ambientalista quedó gravemente herido y fue llevado en una ambulancia de Protección Civil Municipal al Hospital Básico Comunitario del IMSS, en donde minutos después murió.

A través de un comunicado, la organización indígena responsabilizó a las autoridades de #Oaxaca por este crimen.
“Nuestra más enérgica condena, responsabilizamos al Estado y exigimos el esclarecimiento inmediato, así como la detención de los autores materiales e intelectuales del asesinato.”

Hasta el momento la Fiscalía de Oaxaca no ha informado de manera oficial el asesinado de Iván Merino Flores.

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29 marzo, 2022

La Caravana llego por la mañana a Ahuacatlan en la Sierra Norte de Puebla, comunidad indígena donde conviven Totonakus, Masehuales y Mestizos. En esa comunidad se llevó a cabo la 32ava. Asamblea de las comunidades de la Sierra Norte donde ser reúnen comunidades en resistencia donde destacaron la lucha contra proyectos hidroeléctricos, mineros y la pretensión e instalar un Wallmart, que han sido vencidos por la organización de las comunidades. En el atrio de la Iglesia de la comunidad cientos de personas se reunieron y compartieron el café, el pan y la palabra. Al terminar el día la caravana se dirigió a la comunidad de Zapotitlan donde se pernoctaría para salir al dia siguiente por la mañana.

Por la importancia les compartimos el comunicado del Consejo Tiyat Tlali:

Reunidos en el municipio de Ahuacatlán, los pueblos totonaco, maseual y mestizo de la sierra norte de Puebla, junto con pueblos hermanos de la Caravana por el agua y la vida del Congreso Nacional Indígena compartimos nuestro caminar en la defensa de nuestra Madre Tierra y de nuestra Madre Agua y analizamos los obstáculos que tenemos en nuestro caminar para construir autonomía. Reconocemos que es un momento difícil y doloroso porque se profundiza la violencia hacia los pueblos con las guerras.

A pesar de la situación difícil que vivimos hoy celebramos avances de nuestras luchas y nuestros planes de vida. En el mes de febrero y marzo, después de siete años, el poder judicial resolvió dos juicios de amparo cancelando cinco concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán, Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yaonáhuac. Sabemos que es un logro parcial pues mientras no se cambie la ley minera que antepone los intereses privados al derecho a la libre determinación de los pueblos, al derecho al agua y al territorio, las mineras provocarán más conflictos y daños a nuestra salud y a nuestra Madre tierra.

Reconocemos también que hemos logrado detener la privatización del agua al evitar la construcción de hidroeléctricas para beneficio de las mineras Grupo México, grupo Ferrominero y Walmart en el caso del Proyecto Puebla 1 de Comexhidro, los cuales ponían en riesgo nuestras fuentes de agua. Seguimos aumentando el número de núcleos agrarios y municipios que en actas de asamblea y cabildo prohíben proyectos extractivos en sus territorios.

Reconocemos también la fuerza y valentía de nuestros hermanos de los Pueblos Unidos de la región de las Cholulas que frenaron el robo de 600,000 metros cúbicos de agua diarios durante un año por la empresa francesa Bonafont.

Reafirmamos nuestro compromiso para impulsar como tarea central la protección de nuestras fuentes de agua, la producción de alimentos propios, la recuperación de nuestras semillas criollas y el fortalecimiento de nuestras prácticas y saberes propios para seguir construyendo soberanía alimentaria y autonomía.

Reafirmamos nuestra decisión de impulsar la soberanía energética para y desde los pueblos para romper la dependencia de CFE y de la energía generada con combustibles fósiles que destruyen la vida. Rechazamos la transición energética de las corporaciones que buscan construir grandes proyectos eólicos, fotovoltaicos e hidroeléctricos para la industria pues llevaría a que la minería a cielo abierto en el país se intensifique.

Reconocemos el valioso trabajo de las mujeres campesinas e indígenas, que son mayoría en estas Asambleas, visibilizamos su aporte para sostener la vida campesina y el trabajo de losncuidados en la familia y la comunidad, e invitamos a los hombres asistentes a este evento, a que se sumen a compartir las tareas domésticas, a mostrar a sus hijos e hijas, que existe formas más equitativas de relacionarse hombres y mujeres.

Seguiremos luchando contra la injusticia y ejerciendo nuestro derecho a la libre determinación y a la autonomía, a nuestras formas propias de organización y auto-gobierno, a la construcción de nuestros planes de vida.

Seguiremos organizándonos para terminar con la situación de violencia que se vive en la región pero en especial la que viven los jóvenes, niños y niñas, y mujeres campesinas, indígenas y defensoras del territorio, que se reflejan en un creciente número de feminicidios, trata de persona, trafico de drogas y órganos, y el retroceso en los derechos de las mujeres.

Desde esta Asamblea denunciamos que el gobierno de Estados Unidos para mantener su poder en el mundo está provocando junto con grandes empresas petroleras un caos mundial para debilitar a sus enemigos militares y económicos Rusia y China y mantener vivo el proyecto de muerte capitalista.

Nos indigna la invasión al pueblo de Ucrania a quien tanto Rusia como Estados Unidos y sus aliados europeos de la OTAN están sacrificando en su disputa por la hegemonía mundial, nos duele la agresión a otros pueblos que sufren guerras, y que están siendo silenciadas.

Las consecuencias de la guerra en Ucrania se están viviendo ya en países de Africa que dependen del trigo, aceite y fertilizantes de Rusia y Ucrania y que pasan hambre porque ya no llegan esos productos. En países de América Latina los fertilizantes serán más costosos y el precio del gas, del diesel y gasolina también.

Tenemos claro que así como Ucrania es hoy sacrificada por ser frontera con Rusia, mañana podría ser México el país sacrificado por su proximidad con Estados Unidos. Como hicieron en Ucrania, buscarán dividirnos, enfrentarnos entre hermanos y debilitar al gobierno para que ellos puedan disponer de nuestros territorios y recursos imponiendo un gobierno que se someta por completo a sus intereses.

Es por eso que ahora más que nunca hacemos los siguientes llamados urgentes a todos los pueblos de México:

Un llamado para trabajar con más fuerza por la soberanía alimentaria, la guerra de los países que dominan el mundo hará que se encarezcan los alimentos y que se escaseen. La globalización ha hecho que dependamos más cada día del maíz y el frijol de Estados Unidos. ¿Qué pasaría en nuestras comunidades si ya no llegara el maíz de Diconsa? Ya no producimos lo suficiente para alimentarnos. El trabajo más importante debe ser sembrar milpa, dar vida a los terrenos que hemos dejado de cultivar, no vender la tierra. Los poderosos están acaparando las tierras más fértiles en el mundo para sus proyectos de muerte. Es urgente cultivar y sanar a nuestra Madre Tierra y a nuestra Madre Agua con más fuerza y amor que nunca pues están muy lastimadas; aún se pueden recuperar para seguir dándonos el alimento y la vida.

También hacemos llamado a construir unidad amplia entre los pueblos, entre los y las trabajadoras del campo y la ciudad. Las luchas se han ido fragmentando y nos han alejado; la pandemia desmovilizó a muchos movimientos, los programas de gobierno han debilitado nuestra organización propia, los partidos continúan con sus prácticas corruptas que confrontan y dividen. Las empresas se han vuelto expertas en dividir a las comunidades para poder imponer sus proyectos de muerte. Las presiones de Estados Unidos sobre el gobierno federal sumado a sus contradicciones internas, terminarán sometiéndolo por completo a los poderosos. Los pueblos debemos seguir luchamos por la vida y por construir un proyecto político y una fuerza que empujen hacia la justicia, el respeto y el cuidado de nuestra Madre Tierra y la Vida.

Expresamos nuestra solidaridad profunda a familiares de las miles de personas desaparecidas y asesinadas en nuestro país y demandamos respuesta inmediata del gobierno federal a la exigencia de su derecho de verdad y justicia, en particular en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y de Sergio Rivera; así como de los defensores asesinados Manuel Gaspar, Antonio Estaban y Samir Flores.

Va también nuestra solidaridad con todos pueblos que al igual que nosotros luchan día a día con valentía y dignidad por defender la vida, proteger y cuidar a Nuestra Madre Tierra y ejercer el derecho a la libre determinación.

¡Que no se apaguen las luces de esperanza encendidas, ni la rabia en nuestro corazones para seguir sembrando semillas de vida y justicia!

¡Que la sabiduría de nuestros antepasados y la espiritualidad de nuestros pueblos nos guíen con fuerza en nuestro caminar!

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Integrantes de Kanan ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) y representantes de la infancia de Homún, acompañados de las organizaciones Indignación y Greenpeace, entregaron más de 181 mil firmas digitales para exigir un alto a las afectaciones de las mega granjas de cerdos y en defensa de los cenotes y la selva maya.

Dicha acción ocurrió este jueves (24) en el Juzgado Segundo de Distrito de Mérida, Yucatán, previo a que el juez, Rogelio Leal Mota, resuelva si retira la suspensión que mantiene paralizadas las operaciones de la mega granja porcícola propiedad de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén).

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Durante la entrega se realizó una conferencia de prensa donde Doroteo Hau Kuk, miembro de Kanan Ts’ono’ot, detalló que las firmas son el reflejo de la lucha y resistencia que el pueblo ha realizado durante seis años en contra de los gobiernos estatales, federales y los empresarios en su intento de expandir las granjas porcícolas en la región.

“Nosotros luchamos y defendemos el agua, a ellos no les interesa defender nuestro pueblo y el agua. Son autoridades pasajeras que destruyen y se van, pero nosotros no”, manifestó Hau Kuk.

Por su parte, Viridiana Lázaro Lembrino, integrante de Greenpeace México, contextualizó sobre las implicaciones ambientales de la operación de la mega granja de cerdos en Homún, pues se encuentra en una zona prioritaria para la conservación de la biodiversidad en México

Específicamente se ubica dentro de dos Áreas Naturales Protegidas (ANP): la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes y el Parque Estatal Lagunas de Yalahau, las cuales también son consideradas sitios Ramsar, una categoría que señala la prioridad para la conservación de los humedales y del agua, reconocida a nivel internacional.

Las y los habitantes de Homún que entregaron las firmas aseveraron que éstas son un respaldo para hacerle saber al Juez que “existe mucho interés de la ciudadanía para que esa granja no permanezca abierta. Ya no puede seguir favoreciendo los intereses políticos y empresariales por encima de los derechos de la niñez, del pueblo maya y del medio ambiente”.

Suspensión, en vilo

Mediante comunicado, las organizaciones resaltaron su preocupación porque el pasado 3 de marzo, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Distrito desestimó las quejas presentadas por la niñas y niños mayas de Homún

contra las violaciones a la suspensión definitiva de actividades de la mega granja.

“Ahora, le tocará al juez Leal Mota decidir si se mantiene o no la suspensión con base en un documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), en el que se asegura que la planta de tratamiento de aguas residuales del recinto está lista para funcionar”, reclama el documento.

Acorde a Lázaro Lembrino el juez debe mantener la suspensión de las actividades porcícolas en Homún debido a su magnitud, que implica la cría de 49 mil cerdos. “Ninguno de los tratamientos de agua más sofisticados podrían mitigar los impactos de contaminación de esta granja”, señaló la integrante de Greenpeace.

La organización calcula que serían alrededor de 441 mil litros al día, unas 3 mil tinas repletas de agua, mezcladas con heces de cerdos las cuales serían vertidas al suelo, provocando una grave contaminación del acuífero maya. “No solo traerá daños al medio ambiente, flora, fauna, suelo; sino a la salud por la cantidad de bacterias, compuestos peligrosos y cancerígenos”, sostuvo Lázaro Lembrino.

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Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático recalcó que se debe mantener la suspensión de las actividades de la mega granja tomando en consideración el principio precautorio pues en zonas como la señalada se pueden originar nuevos virus.

“Exhortamos al juez a que mantenga la suspensión y que favorezca y garantice los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud al agua del pueblo maya de Homún y de todos lo mexicanos”, recalcó.

Infancia en defensa del ambiente

Una vez más, la niñez de Homún participó en la defensa de su territorio. Esta vez, acompañaron la entrega de las firmas con dibujos y cartas en las que exigieron respeto a su derecho a vivir en un medio ambiente sano y por el cuidado de los cenotes.

“No podemos permitir que los jueces le den la espalda a la lucha de niñas y niños mayas de Homún (…) Le exigimos al Juez Segundo de Distrito que mantenga la suspensión definitiva contra la mega granja de la empresa PAPO, aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén)”, sostuvieron integrantes de Kanan Ts’ono’ot durante el acto de entrega de firmas digitales.

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A su vez, destacaron que existe documentación y reportes científicos que comprueban la contaminación ocasionada por la industria porcícola, no sólo en Yucatán, sino en Estados Unidos y diversos países de América Latina.

“Así lo ha documentado el informe de Greenpeace “La Carne que está consumiendo al planeta” y el amicus de expertos en salud pública y ambiental en el que se muestran datos alarmantes sobre el impacto de las operaciones de las mega granjas de cerdos en el medio ambiente y en la salud humana”.

Finalmente, recalcaron que la suspensión definitiva no solo fue otorgada por la planta de tratamiento de aguas residuales:  también se impuso esa medida cautelar a la empresa para proteger los derechos de la infancia de Homún a que se conserve un medio ambiente libre de contaminación, saludable e idóneo para llevar una vida digna; por la aplicación del principio precautorio ante el peligro de daño grave e irreversible de afectación al sistema hidrológico de la reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes; y porque en el proceso de obtención de permisos para construir la granja no se respetó el derecho a la consulta y participación de acuerdo a cómo está establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional  del Trabajo (OIT).

Doroteo Hau Kuk reafirmó que la comunidad de Homún no dejará su lucha y resistencia pacífica hasta donde tengan que llegar. “El agua es para todos, es para el mundo”, aseveró.