Radio Zapatista

[:es]Fuente: OXFAM Internacional

Desde 2020, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha duplicado. Durante el mismo período, la riqueza acumulada de cerca de 5000 millones de personas a nivel global se ha reducido. Las penurias y el hambre son una realidad cotidiana para muchas personas alrededor del mundo. A este ritmo, se necesitarán 230 años para erradicar la pobreza; sin embargo, en tan solo 10 años, podríamos tener nuestro primer billonario.

Una enorme concentración de poder empresarial y monopolístico está exacerbando la desigualdad en la economía mundial. Siete de las 10 empresas más grandes del mundo tienen un director general milmillonario, o a un milmillonario como su accionista principal. A base de exprimir a sus trabajadores y trabajadoras, evadir y eludir impuestos, privatizar los servicios públicos y alimentar el colapso climático, las empresas están impulsando la desigualdad y generando una riqueza cada vez mayor para sus ya ricos propietarios. Para poner fin a la desigualdad extrema, los Gobiernos deben redistribuir de manera drástica el poder de los milmillonarios y de las grandes empresas hacia el resto de la población. Podremos lograr un mundo más igualitario siempre y cuando los Gobiernos regulen y reinventen eficazmente el sector privado.

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Autorxs: Rebecca Riddell, Nabil Ahmed, Alex Maitland, Max Lawson and Anjela Taneja. Autorxs colaboradorxs: Alex Bush, Alexandre Poidatz, Andrew Gogo, Anthony Kamande, Christian Hallum, Gustavo Ferroni, Henry Ushie, Inigo Macias Aymar, Jonas Gielfeldt, , Lies Craeynes, Mariana Anton, Martin Brehm Christensen, Nafkote Dabi, Rachel Noble, Sunil Acharya, Susana Ruiz, Uwe Gneiting and Yaxkin Rodriguez. Administración: Anjela Taneja
[:en]Source: OXFAM International

Since 2020, the richest five men in the world have doubled their fortunes. During the same period, almost five billion people globally have become poorer. Hardship and hunger are a daily reality for many people worldwide. At current rates, it will take 230 years to end poverty, but we could have our first trillionaire in a decade.

A huge concentration of global corporate and monopoly power is exacerbating inequality economy-wide. Seven out of ten of the world’s biggest corporates have either a billionaire CEO or a billionaire as their principal shareholder. Through squeezing workers, dodging tax, privatizing the state and spurring climate breakdown, corporations are driving inequality and acting in the service of delivering ever-greater wealth to their rich owners. To end extreme inequality, governments must radically redistribute the power of billionaires and corporations back to ordinary people. A more equal world is possible if governments effectively regulate and reimagine the private sector.

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Authors: Rebecca Riddell, Nabil Ahmed, Alex Maitland, Max Lawson and Anjela Taneja. Contributing authors: Alex Bush, Alexandre Poidatz, Andrew Gogo, Anthony Kamande, Christian Hallum, Gustavo Ferroni, Henry Ushie, Inigo Macias Aymar, Jonas Gielfeldt, Lies Craeynes, Mariana Anton, Martin Brehm Christensen, Nafkote Dabi, Rachel Noble, Sunil Acharya, Susana Ruiz, Uwe Gneiting and Yaxkin Rodriguez. Commissioning manager: Anjela Taneja.
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[:es]Fuente: Caitlin Johnstone

Por Caitlin Johnstone

No he escrito mucho sobre Julian Assange últimamente porque he estado muy obsesionado con lo que ha estado sucediendo en Gaza, pero todos deberíamos ser muy conscientes de que los días 20 y 21 de febrero pueden ser la última oportunidad del fundador de WikiLeaks para evitar la extradición a la Estados Unidos enfrentará persecución por el delito de buen periodismo.

Assange y su equipo legal se enfrentarán a dos jueces del Tribunal Superior durante la audiencia de dos días en Londres, quienes luego determinarán si el Reino Unido permitirá o no que el periodista australiano sea arrastrado encadenado a Estados Unidos para un juicio falso y arrojado a prisión. uno de los sistemas penitenciarios más draconianos del mundo por exponer los crímenes de guerra del gobierno más poderoso del mundo.

Algunos legisladores estadounidenses están intentando bloquear la extradición desde el otro extremo con la Resolución 934 de la Cámara de Representantes, que afirma que “las actividades periodísticas regulares están protegidas por la Primera Enmienda, y que Estados Unidos debería retirar todos los cargos e intentos de extraditar a Julian Assange. ” Si se retiraran los cargos, no solo impediría la extradición sino que permitiría que Assange fuera liberado de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, donde ha estado encarcelado por el gobierno británico desde 2019.

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[:es]

 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
25 de enero de 2024
Boletín No. 03

El Pueblo Creyente artesano de la paz

• 13 Aniversario de la Pascua de jTatic Samuel

El Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas cumple 33 años, frente a un contexto de violencia provocado por diversos grupos armados que actúan con la aquiescencia del Estado mexicano. Desde la fe, los pueblos mayas de Chiapas siguen denunciando el abuso de poder, la falta de acceso a la justicia, represión y agresión que se sufren en sus territorios.

La memoria y aprendizajes nos abrazan; el Caminante en el Corazón de los Pueblos con Memoria y Horizontes,  jTatic Samuel sigue iluminando el camino de los constructores de la paz con justicia y dignidad en el 13 Aniversario de su Pascua. El Pueblo Creyente no ha dejado de organizarse, continúa con su trabajo en las comunidades para la defensa de la vida. Su fortaleza parte del análisis de la realidad de sus comunidades en donde se construye su historia.

Desde el 16 de enero de 2023, más de 2300 personas de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia, Chiapas, se encuentran desplazadas por la agudización de la violencia que se vive en sus comunidades; el desplazamiento forzado provocado por la violencia generada por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada por el control del territorio les ha dejado fuera de sus hogares, las personas más afectadas son las mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y ancianos, mientras que el Estado mexicano incumple su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte.

Frente a este contexto es urgente que el Estado mexicano implemente medidas para garantizar la protección integral de la población civil entre quienes se encuentran servidoras de la iglesia y defensoras del territorio.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando junto al Pueblo Creyente con el mismo espíritu de solidaridad, esperanza y humanismo que aprendimos de jTatik Samuel. Hacemos un llamado a todos los pueblos de Chiapas para seguir construyendo la paz, a la sociedad civil nacional e internacional para que con sus acciones exijan el cese a las desapariciones, asesinatos y desplazamientos forzados de la población, así como la reconstrucción del tejido social.

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[:es]Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Familias desplazadas esperan a la orilla de la presa “La Angostura” para cruzar el cuerpo de agua en la búsqueda de refugio tras los enfrentamientos armados en sus territorios. Foto: Ángeles Mariscal/Chiapas Paralelo}

Derivado del incremento de la violencia generada por enfrentamientos de grupos armados, durante los primeros días de enero del 2024, al menos 2,300 personas de las regiones Frontera y Sierra de Chiapas se encuentran en situación de desplazamiento forzado.

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Estos datos fueron divulgados la tarde de este martes (23) por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba), cuya labor de documentación sobre el contexto de violencia que emana de la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada “apunta a una verdadera crisis humanitaria” en la región fronteriza con Guatemala.

Acorde a la organización, el desplazamiento forzado es parte de las formas de acción que utilizan los grupos criminales para el control de la población. Así, desde el 15 de enero familias y comunidades enteras de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia fueron forzadas a abandonar sus hogares.

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[:es]Fuente: Avispa Midia

Por Ñani Pinto

^{En portada: Asistentes al velatorio de la lideresa Maria Fátima Muniz de Andrade condenaron el ataque de ruralistas contra poblaciones indígenas en el sur de Bahía. Foto: Leo Otero.}

Este domingo (21), un ataque de terratenientes y ruralistas -promotores del agronegocio en Brasil- provocó la muerte de la indígena Maria Fátima Muniz de Andrade, quien se desempeñaba como majé (chamán femenina) en su comunidad Pataxó Hã-hã-hãe.

El crimen ocurrió en el municipio de Potiraguá, en el territorio indígena Caramuru-Catarina Paraguassu, reivindicado por el pueblo Pataxó. En el lugar se reportó la detención de dos hacendados por la portación ilegal de un arma; ambos son sospechosos de haber matado a tiros a Muniz de Andrade.

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[:es]

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
23 de enero de 2024

Boletín No. 03 

Urge atender la actual crisis de desplazamiento interno en las regiones Frontera y Sierra de Chiapas

• 2 300 personas desplazadas forzadas desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia.

• Exigimos a los Gobiernos federal y estatal, atender con urgencia a las personas víctimas de desplazamiento Forzado, así como las causas que dan origen.
• El Gobierno de Chiapas niega se trate de un desplazamiento forzado.

En las primeras semanas del mes de enero del 2024 la violencia se ha agudizado en las regiones Frontera y Sierra de Chiapas; la documentación realizada apunta a una verdadera crisis humanitaria traducida en al menos 2,300 personas en situación de Desplazamiento Forzado originarias de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia. Estos hechos se enmarcan en el contexto de violencia que emana de la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada. El Desplazamiento Forzado es parte de las formas de acción que utilizan los grupos criminales para el control de la población.

El pasado 15 de enero en los límites de Nuevo Chejel (Municipio de Socoltenango) y Nueva América (Chicomuselo) se presentó un intenso enfrentamiento entre grupos armados; testimonios refieren: la desaparición de personas, homicidios, reclutamiento forzado, así como impactos psicosociales expresados en pánico colectivo generado por el miedo permanente y la violencia.

El 16 de enero, con la llegada de las Fuerzas Armadas, la población civil de Nueva América intentó evitar su ingreso al territorio ejidal, siendo reprimidos con uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos castrenses, dejando a su paso personas heridas, detonaciones de armas de fuego y estragos por la inhalación de gas lacrimógeno.

A pesar del reto, dificultad y límites que representa la documentación del fenómeno actual derivado del miedo, desconfianza, incertidumbre y dispersión de la población afectada; logramos documentar la existencia de al menos 2 300 personas que se desplazaron de manera forzada para resguardar la vida e integridad personal de las comunidades: Alfonso Corona del Rosal, Julio Sabines, Benito Juárez, Nueva América, Pablo L. Sidar, Raizal, Francisco I. Madero, Nueva Morelia, Limonar, La Lucha, La Unión, San Francisco, La Pinta, San Ignacio, Sabinalito, Las Flores, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Piedra, Labrada, Lázaro Cárdenas (Municipio de Chicomuselo), El Retiro, Rizo de Oro, Guadalupe Maravillas, Perlas del Grijalva, Resplandor, Retiro, y San Isidro (Municipio de La Concordia), así como de Nuevo Chejel, Puerto Rico y Nuevo Resplandor (estos tres últimos del municipio Socoltenanco). Todas estas personas están refugiadas en cabeceras municipales de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango, Tzimol, La Trinitaria, La Concordia y Comitán, algunas más han migrado hacia lugares como Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.

Mayoritariamente, quienes no lograron salir de sus hogares son personas mayores, población enferma o sin capacidad de movilidad, así como algunas que decidieron quedarse para cuidar sus propiedades.

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[:es]

Hacemos una atenta invitación a todo el público en general para que nos

acompañen a la Asamblea Nacional Popular que se llevará acabo el 10 de febrero de 2024 en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa.

¡ Seguimos de píe hasta saber la verdad!

¡ Porque vivos se los llevaron,vivos los queremos!

Padres y madres de los 43

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[:es]

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.
22 de enero del 2024

Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Gracias a nuestro Papá-Mamá Dios, que nos permite vivir un año más para ver la luz de cada mañana y regalarnos el inicio de un nuevo pensamiento y un nuevo corazón en este año 2024, hoy nos encontramos otra vez juntas, juntos, aún en medio de la zozobra por la violencia. Como hace 26 años que decidimos que no podríamos dejar pasar un solo día 22 de mes sin traer a nuestra memoria, junto a nuestros ancianos guardianes y músicos tradicionales, a nuestras 45 hermanas y hermanos Mártires, más los 4 bebecitos inocentes que fueron ultrajados desde antes de poder nacer, cuando atacaron a sus mamás de la forma más terrible que se pueda imaginar. Nos reunimos otra vez para denunciar el crimen contra la humanidad cometido en esta tierra y señalar quiénes fueron los responsables de planear, organizar y llevar a cabo este horrible acto para intentar acabarnos y apagar nuestro grito de paz. Algo que, gracias a nuestro Creador-Formador y a los profetas que han sembrado y abonado en nuestra presencia, como jTotik Samuel Ruiz, los enviados de la muerte no pudieron lograr.

Es así como estamos cumpliendo 25 años de buscar entre nuestros socios, servidores y servidoras que desde la Mesa Directiva de nuestra organización nos relevamos año con año, desde 1998, para aceptar el encargo de organizar el clamor por justicia de Las Abejas y velar por el bien de nuestro pueblo, para hacer lo posible y lo imposible para que el sacrificio y el ejemplo de nuestros Mártires sirva para que no ocurran de nuevo eventos parecidos a lo vivido en Acteal, en ninguna otra parte del mundo, de nuestro país, ni de Chiapas.

Por eso nos duele mucho el corazón al ver que la semilla de la muerte sigue siendo regada y cosechada en Chiapas con impunidad, cobrando valiosas vidas y contaminando a su paso con sufrimiento para las familias que ven con impotencia cómo se imponen por la fuerza los criminales y sus aliados, arrasando a su paso con su tranquilidad, obligándolos a correr y dejar sus casas y pertenencias para ponerse a salvo.

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[:es]Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

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[:es]El pasado viernes por la noche la juez del juzgado segundo de procesos penales federales del Estado de México, convocó a una audiencia de revisión de medidas cautelares de 8 militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin dimensionar la gravedad del caso y lo que significa esta determinación para las madres y padres que exigen castigo a los responsables, la juez sin mayor preámbulo decidió cambiar la medida cautelar por una garantía de 50 mil pesos, con la obligación de presentarse a firmar cada ocho días, procediendo a recoger sus pasaportes para evitar que salgan del país. Como siempre sucede en estos casos cuando hay línea política de las autoridades superiores, se consumó el sabadazo al estilo del viejo régimen. Los militares abandonaron la prisión del campo militar número 1, donde se encontraban recluidos.

El curso de las investigaciones mostró que los militares tenían responsabilidad en un grado de omisión por la desaparición de los 43 estudiantes, además, mantenían vínculos con el grupo delictivo guerreros unidos que operó su desaparición en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 20114 en Iguala, Guerrero. Existen varias circunstancias que ponen en evidencia su involucramiento: el expediente que remitieron las autoridades de Chicago mediante una cooperación internacional. La revisión que hizo el GIEI y la CoVAJ que presidía Alejandro Encinas, donde se encontró información objetiva de que el Ejército supo en tiempo real lo que pasó con los estudiantes, desde su salida de la Normal Rural pasando por la agresión en Iguala y al momento de su desaparición.  Por lo tanto, es importante aclarar que los militares, contra los que se ejercitó acción penal, incurrieron en omisiones que favorecieron la desaparición de los 43 estudiantes.

Con estos elementos de prueba el entonces fiscal especial del caso Ayotzinapa Omar Gómez, ejercitó acción penal contra 20 militares, sin embargo, por presiones políticas del Ejército, el mismo presidente de la república y del fiscal general se cancelaron en el 2022, 16 órdenes de aprehensión. Se trató de una intervención política del presidente para que no se manchará la buena imagen que tanto cuida el ejército. Las madres y padres no cejaron en su lucha, además de exigir la entrega de los 800 folios que el ejército se ha negado a entregar, emplazó a la fiscalía y al presidente para que las mismas órdenes se reactivaran.

En junio de 2023 las órdenes de aprehensión retomaron su curso y fueron detenidos 8 militares acusados por delincuencia organizada, en razón de que tenían vínculos con guerreros unidos y por la desaparición de los 43, en grado de omisión. El 22 de junio se debatió acerca de la medida cautelar que se les debería imponer. La Juez Segunda de Procesos Penales Federales en el estado de México dijo que no estaba justificada la prisión preventiva, pero por ser un caso grave, era procedente la prisión preventiva oficiosa. El abogado de los militares interpuso un amparo contra esta decisión de la Juez. Por su parte, el Juez de amparo resolvió que debería revisarse la imposición de la prisión preventiva en razón de que existen nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen que la prisión preventiva ya no opera de oficio, sino que se debe justificar. Ante este ordenamiento la Juez de la causa citó audiencia a las partes. El ministerio público argumentó y defendió la necesidad de la prisión preventiva. Se logró que se otorgara, sin embargo, el defensor de los militares se inconformó y apeló la decisión mediante un recurso de revisión.  El primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito de la ciudad de México resolvió a favor de los militares, estableciendo que es improcedente la prisión preventiva oficiosa y que la Juez de la causa del Estado de México debería imponer una medida cautelar distinta de la prisión preventiva. Sin abrir debate, la juez decidió cambiar la medida cautelar por prisión preventiva, con el argumento de que no estaba justificada la prisión preventiva oficiosa.

La Juez tenía elementos suficientes para dictar prisión preventiva justificada. Se trata de un caso grave, el tipo de delito de desaparición forzada tiene una penalidad alta. Si en el proceso los militares saben que existe responsabilidad penal por su mala actuación, es muy probable que se den a la fuga, por lo grave del delito. Otro elemento para imponer la prisión preventiva es que los militares son servidores públicos que poseen información relacionada con el caso, y por lo mismo pueden influir en la destrucción o alteración de documentos y testigos, obstaculizando seriamente el proceso. Estos elementos son motivos suficientes para que la juez impusiera la prisión preventiva. Sucedió lo contrario, la balanza se inclinó del lado de los militares al otorgarle libertad a 8 acusados. No importó a la juez el daño inconmensurable que cusa a las 43 familias y a los estudiantes de la Normal. Es sumamente ofensivo para las víctimas que esta medida la hayan otorgado de manera expedita, como si se tratara de una urgencia para poner en libertad a los 8 militares.

Ante esta determinación contraria a los derechos de las víctimas, corroboramos que el caso Ayotzinapa va en franco retroceso. Hay un golpe de timón dado por el presidente de la república para encubrir a los militares e impedir que se procese a todos los que se les dictó orden de aprehensión. Por otra parte, la fiscalía especial del caso Ayotzinapa está casi desmantelada. Está un fiscal que carece de independencia, que está más al servicio del poder ejecutivo. No impulsa las líneas de investigación que son medulares en el caso, por ejemplo la extradición de Tomás Zerón que no se ha tocado. Las líneas de investigación que tienen que ver con el paradero de los 17 jóvenes detenidos, es un asunto marginal para el fiscal. De igual manera sucede con un imputado, Ulises Bernabé, que era director del centro de detención de barandilla en Iguala, que hoy está asilado en Estados Unidos. Tiene una orden vigente, cuenta con una ficha roja de la Interpool y hasta la fecha no ha sido localizado en Estados Unidos. No ha avanzado su proceso de extradición, cuando es un testigo clave que puede ayudar a esclarecer el caso. Vemos que no existe interés en el funcionario en que estas líneas de investigación avancen. Está más enfocado en atender los requerimientos del presidente y en poner zancadillas en lo que publicó el GIEI en sus 6 informes.

Lo mismo acontece con la Comisión para la verdad y el acceso a la justicia, cuyo presidente renunció en condiciones de mucha tensión y en medio de un debate, ante la negativa de los militares de poner a disposición la información relacionada con el caso. Presentó su renuncia el presidente de Covaj, Alejandro Encinas y fue nombrado un nuevo subsecretario, Arturo Medina, con un perfil que no tiene el conocimiento del caso, ni la confianza de las madres y padres. Tampoco posee la fuerza que se requiere para que avancen los trabajos de la comisión. Pasa lo mismo que con el fiscal especial, está al servicio del ejecutivo y está reproduciendo la lógica con la que aborda el caso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se presta para interferir en la organización de las madres y padres de los 43 para fragmentar su unidad. Opta por dialogar con un pequeño grupo de padres que tienen intereses contrarios al esclarecimiento de los hechos y al conocimiento de la verdad, y que están más al servicio de la familia Abarca. Hay un gran empeño en fracturar la organización de los padres y madres de familia. El subsecretario ha ofrecido revisar los archivos del ejército cuando no tiene claro qué expedientes tiene que indagar. Se requiere un conocimiento exhaustivo de las líneas de investigación. No puede hacerse una revisión generalizada sin ton ni son. Sin embargo, como esa es la instrucción presidencial, de ofrecer la apertura total de los archivos, cuyo objetivo es limpiar la imagen del ejército porque seguramente no se podrán encontrar documentos relacionados con los 43. Es una revisión condenada al fracaso porque no está estrechamente vinculada con las líneas de investigación. Al no encontrar nada se lavará la imagen del ejército. El plan es dividir a los padres de familia, confrontar a las organizaciones de derechos humanos que acompañamos y desviar la atención de los 800 folios que solicitan los papás. En medio de este maremágnum, se dio en la madrugada de este sábado 20 la liberación de 8 militares. Hace un mes también le otorgaron la libertad al general Hernández Nieto. Solo permanecen 5 militares acusados de delincuencia organizada: el coronel Rodríguez Pérez que era coronel del 27 batallón de infantería, siendo el de mayor grado. Se encuentran además Eduardo Mota, Fabián Alejandro Pirita y José Martínez Crespo. Los tres últimos también están procesados por la desaparición de los 43 estudiantes. Otro militar que continúa en prisión es Francisco Narváez, quien decidió llevar su defensa de manera separada. Lamentablemente estamos en el mismo escenario de septiembre de 2022, cuando cancelaron las 20 órdenes de aprehensión y renunció el fiscal especial Omar Gómez Trejo. Solo quedan en prisión los que previamente acordaron los mandos militares con el fiscal general. Los pactos de protección e impunidad al ejército siguen vigentes en la 4T.[:]