This January 15, representatives from Ejido Tila in northern Chiapas denounced yet another attempt at dispossession by municipal authorities. On January 20, the Miguel Agustín Pro Juárez Human Rights Center published a communiqué denouncing a maneuver by the authorities to legalize the dispossession by means of a supposed citizen consultation (read the communiqué in Spanish below).

We spoke with Araceli Olivos Portugal, a lawyer from the Human Rights Center, who explained the situation.

Click here to read the denunciation by Ejido Tila authorities (Spanish).

Read below the communiqué by the Miguel Agustín Pro Human Rights Center:

Nuevo intento de despojo al ejido Tila en Chiapas por parte de autoridades del Ayuntamiento

• El Ejido Tila ha sido despojado del “Casino del Pueblo” sobre el que se pretende realizar un centro comercial.
• El Ayuntamiento pretende mediante una supuesta consulta legalizar el despojo de territorio indígena y de propiedad ejidal.
• El despojo se enmarca en la defensa que durante más de 50 años ha realizado el Ejido contra intentos de diversas autoridades

Las autoridades municipales del Ayuntamiento de Tila iniciaron el día de hoy, lunes 20 de enero, una irregular encuesta con denominada “consulta ciudadana“ con el que se busca convalidar y dar una apariencia de legalidad al despojo del “Casino de Pueblo” y la construcción de un centro comercial.

La semana pasada el ejido Tila realizó una denuncia pública e interpuso un juicio de amparo ya que el Ayuntamiento presentó públicamente en diciembre de 2013 una maqueta informando del proyecto de realización de un centro comercial sobre la superficie que actualmente ocupa el “Casino del Pueblo”.

El “Casino del Pueblo” es un edificio construido alrededor del año de 1930 en terrenos ejidales y funcionaba como recinto de reunión de la asamblea del ejido y de sus autoridades. Hace 23 años fue despojado y ocupado por instancias municipales (protección civil municipal) que actualmente lo administran como un bien inmueble propio, siendo que histórica y legalmente le pertenece al ejido Tila.

El despojo afecta la protección de los valores culturales y de las formas de organización e instituciones propias de los indígenas cho´oles del ejido Tila y la relación que tienen con ese espacio y el significado que reviste, en términos culturales, el “Casino del Pueblo” como un valor cultural y un espacio de interacción comunitaria.

Estas acciones pasan por alto que dicha superficie forma parte del Ejido Tila y que es un territorio indígena que no puede ser afectado sin la autorización de la asamblea ejidal como máxima instancia de autoridad ejidal e indígena. El ejido Tila reivindica su identidad que desde su visión se integra por ser una entidad colectiva integrada por personas campesinas, ejidatarias e indígenas.

La consulta y el consentimiento previo, libre e informado no se colman con dos preguntas insidiosas y de falsa pretensión de un desarrollo económico que implica cambios estructurales en la forma de vida de la comunidad. Debe ser realizada de buena fe, conforme a los procedimientos que utilizan las comunidades y a través de sus estructuras organizativas, además de exhaustiva y garantizar que la información llegue a los destinatarios, lo que incluye diversas formas de comunicación y en su propia lengua. Consecuentemente, la consulta que pretende realizar el Ayuntamiento no cumple con los estándares mínimos sobre este derecho.

Más grave es que las autoridades justifiquen la consulta mediante un signatario anónimo “Ciudadanía de Tila, Chiapas”, que en tanto acto de autoridad encubiertode ninguna manera le provee de legalidad; aunado a que se pretende realizar una encuesta para disponer de un inmueble que no pertenece al Ayuntamiento sino al ejido Tila.

Estos hechos se enmarcan en una acción de diversas autoridades, particularmente del Ayuntamiento, de despojo sistemático sobre parte de la superficie e instalaciones que pertenecen al ejido Tila, que ha venido defendiendo su territorio desde hace más de 50 años. A pesar de fallos judiciales favorables, el Ayuntamiento se ha negado a restituir al ejido la superficie y edificaciones despojadas lo que ha llevado a que en la actualidad el litigio se encuentre ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.