Las organizaciones abajo firmantes informamos que tras una serie de reuniones entre autoridades y representantes del Refugio para Personas Migrantes “La 72” en el Estado de Tabasco, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de esta institución siguen sin cumplirse cabalmente, en un contexto en donde la violencia contra migrantes y amenazas a sus defensores se agudiza cada semana.

Un ejemplo paradigmático de lo vivido diariamente por las personas defensoras de migrantes en La 72 ocurrió el pasado lunes 15 de julio en Tenosique. Ese día, pasó el tren por la tarde y las y los voluntarios de La 72 acompañaban a las personas migrantes quienes fueron víctimas de extorsión por parte de delincuentes que les decían: “… para subirse a la bestia se tiene que pagar, [a]l que no pague… lo aventamos. Yo sé lo que les digo, tengo tiempo en esto…”. Las personas que escuchaban esto fueron aproximadamente quince.

Ante esta situación, Fray Tomás González se dirigió a las vías, no sin antes informar a la Policía Municipal; la Policía Federal cuyo acompañamiento se prevé dentro de las medidas cautelares no estaba de manera permanente hacía días. La Policía Municipal llegó a las vías y los defensores le señalaron a una de las personas que estaban causando daño, quien eventualmente fue detenida. Más tarde, en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, las personas migrantes agraviadas, acompañadas por sus defensores, intentaron denunciar lo ocurrido. Uno de los secretarios les indicó que por la hora recibiría las declaraciones por la mañana del día siguiente. Las personas agraviadas se presentaron a las 9:30 de la mañana del día siguiente, pero cerca de las 13:00 se les informó que no los atenderían. Antes, un asesor jurídico del Ministerio Público les dijo que no valía la pena que pusieran la denuncia, ya que el detenido después de una multa quedaría libre.

Fray Tomás se comunicó con el Lic. Juan Sibaja, Subprocurador de Derechos Humanos de la PGJ–Tabasco, quien le indicó que llevara a las y los agraviados para que fueran atendidos en ese momento, pero por lo sucedido ya no quisieron denunciar. Ante esta situación, la persona detenida habrá quedado en libertad, representando un riesgo para las personas migrantes quienes la señalaron, y para el personal de La 72. De manera más amplia, la violencia vivida por personas migrantes y el enriquecimiento que obtiene el crimen organizado y autoridades coludidas de ésta, no son temas ajenos al resto de la población tabasqueña, sino que aumentan el clima de inseguridad para todas y todos.

A pesar de este contexto de riesgo extremo que se suma a una serie de amenazas por parte del crimen organizado, las medidas cautelares ordenadas por la CIDH desde abril, así como las medidas de protección dictadas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos desde marzo, siguen pendientes de cumplirse cabalmente. En la reunión de seguimiento celebrada el pasado 8 de julio en Villahermosa, las autoridades postergaron nuevamente la implementación de medidas de seguridad y seguimiento a denuncias penales hasta la presente semana (22 y 23 de julio), cuando se trataba de medidas cuya implementación en muchos casos se comprometió para mayo del presente año.

En la nueva reunión sostenida el lunes 22 de julio, las autoridades federales y estatales de procuración de justicia presentaron información sobre las denuncias penales relacionadas con delitos cometidos contra migrantes. La PGR presentó 9 casos, en los cuales, principalmente o no tienen elementos o requieren alguna actuación de parte de migrantes o de defensores, situación que se dificulta debido a que las personas migrantes agraviadas suelen continuar su camino hacia el norte. Por su parte, la PGJE presentó 49 casos, en los que sólo uno cuenta con sentencia, e informó que se encuentra realizando un mapeo de actores del crimen. Efectivamente, ante el panorama expuesto, es urgente dejar de investigar tales hechos caso por caso de manera aislada y asumir un modelo de analizar el contexto, los patrones y modus operandi de los responsables como un paso fundamental para poder responder adecuadamente ante las denuncias de personas migrantes.

Por otra parte, en la reunión sostenida el martes 23 de julio, a la que estaban citadas autoridades policiacas de los tres niveles de gobierno, fue preocupante la ausencia del representante de la Policía Estatal de Tabasco, así como la pretensión de la SEGOB de asegurar el cumplimiento de acuerdos cuando esto no es verdad, llegando a la aberración de presentar una bitácora como evidencia del acompañamiento permanente de la Policía Federal cuando el mismo ha sido muy inconsistente. La dinámica de esta reunión no permitió acordar una implementación de mecanismos capaces de garantizar la vida de los defensores de la 72. Entre otros, las autoridades buscaron centrar la discusión en medidas de infraestructura que si bien son deseables, no son las medidas más urgentes.

Las organizaciones que acompañamos al albergue La 72 reiteramos que para cumplir con lo ordenado por mecanismos tanto internacionales como nacionales, es necesario priorizar el avance en las investigaciones penales y una verdadera procuración de justicia con capacidades de desarticular las bandas del crimen que operan en la zona con permisividad de autoridades, además de la garantía irrestricta de la integridad de migrantes y defensores bajo la presencia policiaca permanente en un esquema de coordinación.