Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

México. El Estado mexicano, que señaló de mentirosas a las mujeres sobrevivientes de la tortura sexual durante la represión en Atenco y Texcoco en 2006, ahora busca dar disculpas y lograr una “solución amistosa” por las acciones, que son parte de su fracasada estrategia por frenar la organización de abajo y a la izquierda. Las sobrevivientes lo rechazan y reiteran que seguirán su demanda de justicia, que va más allá incluso de las acciones jurídicas.

En un par de meses se cumplirán siete años de los brutales operativos policiales ocurridos en Texcoco y San Salvador Atenco. Su saldo es bien conocido: cateos ilegales; cientos de detenciones arbitrarias; el asesinato de Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea  a manos de la policía; la tortura física y psicológica de todas las personas arrestadas; y la expulsión ilegal de cinco personas  extranjeras. El caso de las mujeres fue especial, ya que además de padecer la violencia generalizada, fuimos sometidas a la tortura sexual, de la que se documentaron por lo menos 26 casos.

La violencia institucional no sólo se tradujo en cárcel, asesinato y tortura; luego enfrentamos la represión judicial, procesos interminables; sentencias inauditas  -hasta por 112 años de prisión-. Tras conseguir la libertad de todos y todas después de años de movilización y resistencia, no podemos dejar de percibir que la impunidad ha sido el común denominador en este asunto.

En las primeras horas de la detención, en el enorme comedor de visitas del penal de Santiguito, nos encontrábamos las mujeres en silencio, esperando pasar a rendir declaración. Una chica comenzó a relatar la tortura, y reconocí en la mirada de aquellas mujeres mi propio dolor y el agobio del silencio. La rabia nos empezó a hinchar el corazón, la fuerza comenzó a retornar a nuestros cuerpos, comprendimos entonces que estábamos vivas y, desde ese momento, juntas.

Hemos vivido la criminalización y estigmatización. Los diferentes funcionarios del gobierno federal y estatal nos llamaron mentirosas, inventando que seguíamos un manual utilizado por grupos radicales para inculpar falsamente a los agentes policíacos de violación.

La impunidad anunciada.

Acudir a las autoridades para denunciar la represión parecía una locura. Ellos usaban a los medios de comunicación comerciales para anunciar que no existían denuncias formales, cuando según su preciado Estado de derecho debía seguirse una investigación por oficio ante las evidencias físicas de tortura. Nosotras decidimos no legitimar sus mentiras con nuestro silencio: Denunciamos.

Comenzó el largo peregrinar acudiendo a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEVIM) -ahora FEVIMTRA (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas). Pasaron dos años en donde rendimos declaración; ampliamos declaración; nos sometieron a peritajes; más citaciones y demagogia; padecimos a las diferentes fiscales que pretendían hacerse de capital político con nuestra demanda de justicia. Elena Pérez Duarte, entonces fiscal, nos hablaba como madre adolorida por sus hijas caídas en desgracia; después vino Guadalupe Morfín, que con su prepotencia dijo que no había avances y que no nos hiciéramos falsas ilusiones respecto a consignar el caso.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) llevaba una investigación llena de irregularidades. Donde 29 policías habían sido señalados directamente por una compañera denunciante, las autoridades procesaron a 9 de ellos por los delitos de abuso de autoridad y actos libidinosos, pero nunca por tortura. En resumen, todos los policías fueron absueltos y el costo emocional para nuestra compañera fue devastador.

En este contexto acudimos en abril de 2008 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la petición de que investigara lo ocurrido el tres y cuatro de mayo de 2006. Supimos entonces que nos encontrábamos en medio de un proceso que por lo menos se llevaría siete años más.

La simulación ha sido la estrategia del Estado mexicano. En febrero de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su dictamen respecto a la investigación del caso, reconoce “la flagrante violación a las garantías individuales y abuso de autoridad”. Sin embargo, a Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna, Wilfrido Robledo y cualquier autoridad que haya participado en la planeación y ejecución de los operativos se le deslindó de toda responsabilidad del ejercicio de la fuerza pública, argumentando que los policías actuaron por cuenta propia, diluyendo así la responsabilidad de la cadena de mando y de los funcionarios partícipes.

En septiembre del mismo año, la FEVIMTRA, declinó la competencia a la PGJEM, no sin que antes Guadalupe Morfín sacara su tajada política al declarar ante los medios de comunicación la consignación federal del caso en el contexto de su salida de la fiscalía para candidatearse para ser titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¡Qué más da una mentira en la carrera de altos vuelos de la exfiscal!.

Pasaron los años y el Estado mexicano hizo todo lo necesario para perpetuar la impunidad. Fue hasta julio del año pasado, que durante la exanimación a la que fueron sometidas las autoridades mexicanas por parte del Comité CEDAW de la ONU (Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer), realizada en Nueva York, con bombos y platillos se anunció que la Procuraduría había consignado y arrestado a dos policías por actos de tortura en agravio de nosotras. Extraordinaria coincidencia que giraran órdenes de aprehensión el mismo día en que se le cuestionaría al Estado acerca de las investigaciones.

El panorama le cambió a partir del 14 de marzo el Estado mexicano. Durante la audiencia de fondo ante la Comisión Interamericana, en un acto desesperado por mantener intacta su imagen de garante de los derechos humanos ante organismos internacionales, se dirigió a nosotras diciendo ofrecer “disculpas” y exigiendo su derecho de convenir una salida “amistosa”, un derecho que visto desde el poder, está por encima de nuestro derecho de justicia. Dejamos de ser las mentirosas, nos ofrecieron becas y apoyos. De sus bocas salio la palabra “solidaridad”, como si ésta pudiera venir de los de arriba.

No fue difícil tomar una decisión al respecto. ¡No creemos en las promesas de las autoridades mexicanas! Hemos entendido durante estos años que lo que nos ha fortalecido y nos permite seguir explorando los caminos hacia la justicia, la construcción de la memoria y la reparación no está exclusivamente en los espacios jurídicos.

Hemos encontrado eco y solidaridad en nuestras organizaciones y colectivos, incluso en la sociedad en general. Nuestra apuesta sigue siendo la organización y el fortalecimiento de los procesos colectivos. Sabemos que la tortura sexual es una herramienta poderosísima usada para rompernos y desmovilizarnos.

Logramos hablar del tema de forma franca y abierta, sin tabús, desmontamos la victimización y el estigma, logramos colocar el término tortura sexual en un sitio visible, la forma en que se instrumenta y el daño que causa. Avanzamos en estrategias de afrontamiento individuales y colectivas. Nunca fuimos víctimas, somos sobrevivientes, llenas de esperanza por cambiar el actual estado de las cosas. Nuestra lucha no es por becas, programas y terapias psicológicas.

Los hechos en Texcoco y Atenco no fueron la decisión de un par de policías nerviosos a los que se les pasó la mano; fue un acto concertado por los tres niveles de gobierno. Los tres partidos políticos más relevantes (Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática) se hermanaron para reprimir y detener a la organización nacional en torno a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN y La Otra Campaña. Sus crímenes han sido en vano.

Seguiremos caminando abajo y a la izquierda.

Proyecto Mirada Sostenida
Publicado el 18 de marzo de 2013

Fuente:  Desinformémonos

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

“No podemos acostumbrarnos a vivir bajo la permanente amenaza del crimen organizado y muchas de las autoridades infiltradas por el mismo crimen. Nos preocupa este nuevo hecho de inseguridad y por eso hacemos un llamado a toda la sociedad para que se solidarice no solo con nosotros sino con todos los hombres y mujeres que en este país tienen que arriesgar su vida por la defensa de los derechos humanos de los grupos más castigados por el sistema en el que vivimos.” (Fray Tomas González)

“Doblegarnos no es una opción para nosotros, acá continuamos en La 72″

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Nuestro Río Suljaa’, ubicado en territorio Nu Savi y Nancue Ñomndaa, en la Costa Chica de Guerrero, se encuentra en peligro ante la amenaza de despojo impulsada por el gobierno del estado de Guerrero.

Con una obra que pretende entubar el Río de Suljaa’, se busca despojarnos de este invaluable bien natural y llevar el agua del río a la cabecera municipal de Ometepec, sin tomar en cuenta a las comunidades que viven a la orilla de este río.

Con estas acciones, el gobierno del Estado de Guerrero, encabezado actualmente por Ángel Heladio Aguirre Rivero, viola los derecho de los pueblos originarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del estado de Guerrero, y la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas la cual en su artículo 26 dice: Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.

Apoya la lucha del pueblo Nancue Ñomndaa contra el despojo de su territorio.

La Palabra del Agua

The Alberto Patishtán Case

____________________________

The Simojovel Massacre

Chronicle of an (almost) forgotten police massacre

** Seven uniformed (police) were ambushed and killed on June 12, 2000

** The EPR, paramilitaries and Zapatistas were accused

** A week later, Alberto Patishtán, a teacher, was detained

** The PGJE also blamed an indigenous man, Salvador López

By: Hermann Bellinghausen

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, March 22, 2013

The notoriety gained by Alberto Patishtán Gómez’ struggle to attain his freedom has prevented the crime that led to his personal misfortune of spending 12 years in prison (and with 48 more still to serve, according to his sentence) from being forgotten, which is certainly contrary to the wishes of many authorities, at least the state ones, from 2000 to the present, including four governors, literally from every party. What happened on the morning of June 12, 2000 in Las Lagunas de Las Limas, Simojovel? What could be the motive of the perpetrators? What was going on there in those days?

The murder of seven police –the state commander Francisco Pérez Morales, five officers under his command, and the El Bosque municipal commander, Alejandro Pérez Cruz – represented an act of enormous gravity. Today perhaps we have become accustomed to that level of news, but back then, even for the militarized and para-militarized Chiapas, it was extraordinary. It of course occupied all the newspaper headlines the next day.

Three weeks later, the elections would be held in which the PRI would lose the Presidency, and in August the governorship. President Ernesto Zedillo, historically and personally involved with the development of the war against the indigenous of Chiapas, in general, and of those from El Bosque, in particular, was ready to visit the state on Tuesday, the 13th, to inaugurate a highway in the Lacandón Jungle, but suspended his tour. The PRI candidate for governor, Sami David, did the same. The federal Army sent hundreds of soldiers, occupied the place of the ambush, the municipal headquarters, the roads, and immediately entered the Zapatista communities. Nevertheless, the first hypothesis of the Secretary of National Defence was that it could be dealing with “a cell of the Revolutionary Popular Army (EPR, its initials in Spanish)” (La Jornada 13/06/2000), something that surprised people because not then, nor ever, did it have a presence in the zone.

That same day, the hypothesis of the Independent Centre of Farmworkers and Campesinos (CIOAC) seemed more credible, due to their historic presence in the region: they could be “paramilitaries from the Mira” (although with hindsight, the paramilitary group in El Bosque, terrifying and lethal, was known as Los Plátanos from the name of the community where they had settled, together with judicial police: it was from here that they went out on June 10, 1998, to participate in the massacre of Zapatistas in Unión Progreso. This reporter was present in Los Plátanos, months before the ambush, at a “burning for the media” of marijuana plants with the aim, which failed in the end, of blaming the EZLN).

The federal police initially talked about drug traffickers. The movement of marijuana coming from Huitiupán was no secret.

The massacre was on a Monday. The previous Saturday the Zapatistas had commemorated the second anniversary of what happened in Unión Progreso and Chavajeval and the incarceration of the autonomous authorities of San Juan de la Libertad. Diego Cadenas, then a young lawyer with Frayba, stated to La Jornada on the day of the ambush that that on June 10, when he was traveling to Unión Progreso to participate in the religious acts for the second anniversary of the 1998 massacre, at the military checkpoints at Puerto Caté and San Andrés Larráinzar the soldiers told him that: “individual rights were suspended.” This was not the case.

Two days later, a commando force of between 10 and 15 individuals, with barricades constructed and high-powered weapons, efficiently ambushed the dark green pick up coming from Simojovel, in which eight police were traveling with the official driver of the municipality of El Bosque, the younger son of the Mayor Manuel Gómez Ruiz. Gravely injured, the young Rosemberg Gómez Pérez, who was driving the vehicle with the two commanders in the cabin, and Belisario Gómez Pérez, the Public Security agent who was in the back with his compañeros from the (police) corporation, were left for dead by the attackers, and by surviving became the only eyewitnesses.

La Jornada also reported that this was “the eighth ambush” so far in the year 2000. The attacks had already left 20 dead and an equal number injured. The policemen killed in Las Lagunas were Francisco Escobar Sánchez, Rodolfo Gómez Domínguez, Guadalupe Margarito Rodríguez Félix, Arbey Vázquez Gómez and Francisco Pérez Mendoza. Two of them are still remembered today by cement crosses at the bend where they were riddled with bullets. 85 bullets from AK-47 and R-15 rifles were counted.

The EZLN distances itself and investigates

The day following the ambush, the Clandestine Indigenous Revolutionary Committee, General Command of the EZLN declared in a brief communiqué: “According to information, the attack was carried out using the tactics of drug traffickers, paramilitaries or the military. The use of the so-called ‘coup de grâce’ is recurrent in these armed groups. The attack took place in an area saturated with government troops (Army and police), where it would have been very difficult to mobilize an armed group without being detected and without the complicity of the authorities. The attacking group had inside information about movements and the number of people ambushed. This information could only be obtained by people from the government or close to it.”

The rebel commanders pointed out: “The EZLN is investigating to clarify the identity and motive of the attacking group. Everything points to those who carried out the attack being from the government (or under governmental auspices), since this would give them a pretext for increasing the militarization of Chiapas, and for justifying an attack on Zapatista communities or the EZLN. It is noteworthy that this act reinforces the climate of instability, with which the official candidate threatens [the state] if he doesn’t win.

“Open provocation or not, the violent act is already an argument for increasing military presence throughout the state, even in zones very far away from the scene of the crime,” the communiqué adds (13/6/2000), detailing that: “in the last three hours, the federal barracks at Guadalupe Tepeyac, in Las Margaritas; Cuxuljá, in Ocosingo; Caté, in El Bosque, and the municipal headquarters of Simojovel and El Bosque have been reinforced even more. Similarly, the number of armed aircraft and flyovers has increased in the Highlands (Altos), Jungle (selva) and Northern Zones.” And finally, “the EZLN disclaims itself from [responsibility for] this act and calls on public opinion not to permit deceit.”

Patishtán’s capture

Nevertheless, the state government of Roberto Albores Guillén, through their prosecutor, Eduardo Montoya Liévano, immediately fostered the hypothesis that the attackers could be Zapatistas, in alleged revenge for the massacre against them ordered by the very same Albores Guillén two years before, although he also recognized that they could be “robbers.” The convoy attacked, he said, was patrolling to “combat gangsters.”

Senator Carlos Payán Velver, a member of the Cocopa, proposed that the legislative commission travel to the state, because the situation was “grave and critical.” Deputy Gilberto López y Rivas, also a member of the Cocopa, pointed out that it had the appearance of “a provocation from the paramilitaries who were set up by the state government itself” (La Jornada 14/6/2000).

On the same date, Víctor Manuel Pérez López, leader of the CIOAC, revealed that in 1997 the Chiapas government armed and financed “dissidents of the Labour Party (Partido del Trabajo)” to fight the short-lived municipal government of this [Labour] party and the CIOAC. “Everyone in the zone knows who they are,” he said, and: “once the objective” of returning the municipal presidency to the PRI had been fulfilled, they “dedicated themselves to robbery and drug trafficking.” They act, he added, “with complete impunity, in broad daylight, even when the military and police undertake frequent patrols.”

By then, in two previous ambushes, four people had been murdered; according to the CIOAC, they were “Zapatista bases.” On January 13, on the road to Chavajeval, heavily armed masked men murdered Martín Sánchez Hernández, and later, on February 1, Rodolfo Gómez Ruiz, Lorenzo Pérez Hernández and Martín Gómez, all of them Tzotziles.

Deputies of the PRD and PAN accused the secretary of Government, Mario Lescieur Talavera, of negligence, and said that the ambush would be used as a pretext for the arrival of more members of the Federal Preventive Police. The tanks, helicopters and the federal Army’s artillery had already arrived.

The episode was ditched; damage control was urged. The government wanted to attain it, so that President Zedillo could travel to Marqués de Comillas on June 19 to inaugurate his highway. That same day, in the El Bosque municipal headquarters, the Army and the PFP captured the teacher Alberto Patishtán Gómez, without showing an arrest warrant. A group of residents, identified as PRI members, “visibly emotional” (La Jornada, 20/6/2000), requested the state Congress’ intervention, maintaining that the detainee was innocent, “they distanced themselves from the violent acts of June 12” and argued that they were not armed nor did they belong to any paramilitary group. No attention was paid to them, instead they were threatened.

Patishtán was kept for one month illegally “under house arrest” in the Safari Hotel in Tuxtla Gutiérrez. His family, friends and co-religionists occupied the town hall and demanded the teacher’s release. Not even their own party backed them up. And not only that, the then PRI deputy Ramiro Miceli Maza, friend of the mayor (municipal president), and godfather of the young Rosemberg, turned out to be key in intimidating and accusing the teacher and community leader, who ended up imprisoned in Cerro Hueco Prison.

Also on June 19, when giving his opinion on the imminent elections of July 3, 2000, Subcomandante Marcos wrote: “Meanwhile, we are trembling here. And it’s not because ‘Croquetas’ Albores has contracted Alazraki so that ‘he lifts up’ his image (probably Albores already looks for money in the promotion of dog food), not for the six hundred thousand dollars that are going to be paid him (with money originally allocated to ‘solve the conditions of poverty and marginalization of indigenous Chiapanecos,’ Zedillo dixit). Neither is it because of the barks from the ‘puppy’ Montoya Liévano (now he is more nervous because it is being discovered that his ‘boys’ –in other words, his paramilitaries– were the ones responsible for the attack on the Public Security (police) in El Bosque, last June 12). No, we are trembling because we are soaked with rain. And it’s the case that, between helicopters and storms, we can’t find a good roof.”

Now against the Zapatistas

The following July 10, after the federal elections, one month after the ambush, state police detained two EZLN support base residents of Unión Progreso in Bochil, accusing them of participating in the crime. They did this even though the Attorney General of the Republic maintained that the attackers had been a group of PRI dissidents, among them Patishtán. These accusations crossed with Mayor Manuel Gómez Pérez, who they had been attacking for months because of his scandalous corruption.

The State’s Attorney General of Justice (PGJE, its initials in Spanish) had his own lines of investigation. “Resorting to the police posted in Los Plátanos, who know about this, the authorities planted weak evidence of a crime on two indigenous men from Unión Progreso” (La Jornada, 15/7/2000). One of them, Salvador López González, was tortured and interrogated without a translator, he signed an ad hoc confession and was incarcerated. In prison he met his co-accused: Patishtán. Without even knowing each other, both were charged with all the weight of the ambush.

La Jornada reported from Unión Progreso: “The police detachment that detained the Zapatistas has had the marijuana plants in Los Plátanos in sight for a long time. The internal violence in that population centre, controlled by a known paramilitary group, has always served as a pretext for accusing and attacking the neighbouring Zapatistas. According to the representative from Unión Progreso, ‘they accuse us of what they themselves do.’ The federal Army has entered Los Plátanos to destroy these crops, the only ones detected in the area, on at least on two occasions, although without detainees.”

Salvador and his brother Manuel “were seized” on July 10. Their families stated: “The Public Security (SP, its initials in Spanish) police beat them, took off their shoes and clothes, and left Salvador unconscious.” With the detainees were a little boy (“who cried a lot”) and a teenager, who “came to advise that they had taken the compañeros away.”

As the captors were not from Bochil, but rather from El Bosque, “they rented a jail for a while.” The detainees were quickly sent to Cerro Hueco (state prison). “Those from the SP put a handful of marijuana and a handful of bullets” on them and they stole 28 boxes of soft drinks from them. Manuel would soon be released.

Exactly one month before, on June 10, hours before the police killings, the SP quartered in Los Plátanos intercepted a truck from Unión Progreso. The driver was the same Salvador. “They interrogated him about a list of names. Since then they wanted to blame the compañeros,” a representative of his community declared: “We don’t know how many are on the list. At best, we are all accused.” (Curiously, Patishtán’s fellow believers had expressed their respective fear with almost the same words when he was detained).

With two scapegoats as dissimilar as Alberto and Salvador, the case started to be “resolved,” or at least forgotten by the national media.

Originally Published in Spanish by La Jornada

Saturday, March 23, 2013

En español: http://www.jornada.unam.mx/2013/03/23/politica/002n1pol

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

21 de marzo de 2013

Boletín de prensa No. 08

Luchando por la #LibertadPatishtan, festejemos su cumpleaños

19 de abril, 4 mil 686 días en prisión

El pasado miércoles 20 de marzo del 2013, en las instalaciones de este Centro de Derechos Humanos, el Profesor Alberto Patishtán (en adelante Patishtán), preso político de Chiapas, convocó vía telefónica a una nueva etapa en la búsqueda de la justicia y exigencia por su libertad.

Después de la decisión desafortunada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no reasumir el caso, el recurso jurídico sobre la petición de inocencia se resolverá ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en el mes de abril. Por tal motivo, la familia de Patishtán, Organizaciones Civiles, Colectivos y Personas consideramos que es importante realizar acciones para exigir su libertad.

En este marco llamamos a sumarnos a esta etapa nombrada: Luchando por la #LibertadPatishtan, festejemos su cumpleaños.

Para esto se propone las siguientes acciones:

1. Queremos lograr que juntas y juntos lleguemos a la meta de enviar del 21 de marzo al 15 de abril, 4 mil 686 cartas, una carta por cada día que Patishtán ha estado en la cárcel, dirigidas al Presidente Ministro del Consejo de la Judicatura Federal, Juan N. Silva Meza y a los ministros del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. (se anexan cartas modelo).

Puedes mandar tus cartas a las siguientes direcciones:

1. Ministro Juan N. Silva Mesa

Consejo de la Judicatura Federal

• Vía postal: Insurgentes Sur 2417, San Ángel. Álvaro Obregón. C.P. 01000, México D.F.

• Por fax al Teléfono: +52 (55) 5490-8000 extensión 1072

• Por correo electrónico a: luis.angulo.jacobo@correo.cjf.gob.mx,

presidenciacjf@correo.cjf.gob.mx

2.- A los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito

• Vía postal: Palacio de Justicia Federal edificio C, planta baja, ala A Boulevard Ángel Albino Corzo N0. 2641, Colonia las Palmas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29040

• Por fax al teléfono: +52 961 6170294 extensión 1185

• Por correo electrónico a: 1tcc20cto@correo.cjf.mx

Envía copia de tus cartas a la dirección: presoschiapas@gmail.com

Así también convocamos a acciones en las redes sociales:

1. En Facebook a partir del viernes 23 de marzo pedimos que cambiemos nuestra foto de perfil por la libertad de Alberto Patishtán. (la imagen aparecerá en el Facebook de Alberto Patishtán www.facebook.com/alberto.patishtan) y te invitamos a que cada viernes invites a tus amigas y amigos a sumarse a esta acción.

2. En Twitter queremos lograr que cada viernes sumemos 4 mil 686 Retwits por la #LibertadPatishtan; Iniciando este 23 de marzo, y continuando cada viernes, 29 de marzo y 5, 12 y 19 de abril, dele un Retwit #LibertadPatishtan

El # de la etapa proponemos sea: #LibertadPatishtan

1. Otra de las acciones propuestas es que del 21 de marzo al 15 de abril enviemos una foto, un poema, un pensamiento, un dibujo, un cartel, unas mañanitas, etc, por la libertad de Patishtán, en conmemoración de su cumpleaños 42. Puedes enviarlas a la dirección de correo presoschiapas@gmail.com o si gustas de manera física al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, calle Brasil No. 14 Barrio de Mexicanos, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, C.P. 29240.

Con lo que manden servirá para mostrarlo en las movilizaciones a realizar el 19 de abril y posteriormente entregarle a Patishtán todas sus muestras de solidaridad y cariño.

1. Para el 19 de abril, día del cumpleaños de Patishtan, se convoca a acciones de movilización pacífica, de forma simultánea a nivel nacional e internacional, exigiendo la libertad de Patishtán.

Sería importante entregar ese día físicamente cartas en la oficialía de partes o ventanilla de atención:

En la ciudad de México (D.F) en el Consejo de la Judicatura Federal, quien observan el trabajo de los magistrados y jueces en México, en Insurgentes Sur No. 2417, San Ángel. Álvaro Obregón. C.P. 01000, México D.F.

En Tuxtla Gutiérrez en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en el Palacio de Justicia Federal edificio “C”, planta baja, ala “A”, Boulevard Ángel Albino Corzo N0. 2641.

En las acciones mundiales pueden manifestarse y entregar las cartas en las embajadas y consulados de México en sus países de origen.

Les pedimos que nos avisen de sus acciones que realizarán el 19 de abril y nos manden una foto y/o un vídeo de lo que hagan, al correo presoschiapas@gmail.com para poder informar a los medios nacionales y al profesor Patishtán de todas las muestras de apoyo por su libertad.

Si buscas saber más sobre la situación del Profesor Alberto Patishtán te invitamos a consultar www.albertopatishtan.blogspot.mxdonde podrás encontrar información sobre su caso y las acciones por su libertad.

Más nos parece mejor rebelarnos

Y no renunciar ni a la menor alegría

Y rechazar firmemente a los inventores de las penas

¡y, por fin, hacernos habitable el mundo!

Bertolt Brecht

Audio de Patishtán en la Conferencia de Prensa del 20 de marzo del 2013: http://www.goear.com/listen/176cb99/conferencia-nueva-etapa-acciones-libertad-patishtan-alberto-patihtan-

Forward to freedom for Patishtán

A request to send a letter demanding the release of Alberto Patishtán Gomez, from the UK Zapatista Solidarity Network

Compañeras and Compañeros,

The following letter, demanding the release of Alberto Patishtán Gomez, is ready to print out and send. At the end are the addresses of some government officials it can be sent to. It is only necessary to add the recipient and your name and contact information.

You can also send it to your nearest Mexican government office, embassy or consulate, as well as to the media and other organizations.

We send you all an embrace

UK Zapatista Solidarity Network

Here is the letter:

March 2013

Dear ………

We wish, through this letter, to demand freedom and justice for Professor Alberto Patishtán Gómez, the well-known political prisoner and human rights advocate, who the Mexican government has kept unjustly imprisoned for nearly 13 years.

We, the undersigned, have followed closely the actions calling for the release of Patishtán, who is an indigenous Tzotzil and basic education teacher from the municipality of El Bosque, Chiapas, and is currently detained at the National Centre for the Social Reinsertion of the Sentenced No 5, (CERSS No. 5), in San Cristobal de Las Casas, Chiapas, Mexico.

Alberto Patishtán was unjustly sentenced to 60 years in prison for acts that took place on June 12, 2000, in the municipality of El Bosque, Chiapas; acts Patishtán clearly did not commit. Many witnesses testify to his presence many kilometres away at the time of the incident.

According to information from human rights organizations and skilled lawyers, the judgment given to the Professor was the culmination of a series of violations of judicial guarantees and judicial due process which occurred during the course of the procurement and administration of justice. While in prison, his human rights, especially those relating to his health, have frequently been violated.

The Supreme Court of Justice of the Nation has unfortunately decided not to resume its jurisdiction in this case, and therefore has delegated to the Court of the First Collegiate Tribunal of the Twentieth Circuit, based in Tuxtla Gutierrez, Chiapas, the responsibility for making the historic decision to dispense justice and freedom to this political prisoner and human rights advocate.

We appeal to the judges of the First Collegiate Tribunal to comply with their legal duty and to release Patishtán immediately. We demand the Mexican State grant him justice.

The innocence of Patishtán causes us to wonder why the guilty go unpunished? Why is there so much impunity in Mexico? His guilt was fabricated, but the death of seven police has not been investigated, and the culprits are free.

We reiterate our call for the unconditional release of the unjustly imprisoned political prisoner, Alberto Patishtán Gomez.

Sincerely ……….

Some names and addresses:

Lic. Enrique Peña Nieto

Presidente de la República

Residencia Oficial de los Pinos

Casa Miguel Alemán

Col. San Miguel Chapultepec,

C.P. 11850, México DF

Tel: (52.55) 2789.1100 Fax: (52.55) 5277.2376

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong

Secretario de Gobernación

Bucareli 99, 1er. Piso, Col. Juárez,

Del. Cuauhtémoc,

C.P. 06600 México D.F.

Fax: (52 55) 50933414;

Correo:  secretario@segob.gob.mx

Lic.  Manuel Velasco Coello

Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas

Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso
Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056

Extensión 21120. 21122;

Correo: secparticular@chiapas.gob.mx

Dr. Noé Castañón León

Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas

Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 2do Piso

Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Conmutador: + 52 (961) 61 2-90-47, 61 8-74-60

Extensión: 20003;

Correo: secretario@secgobierno.chiapas.gob.mx

Lic. Raciel López Salazar

Procuraduría General de Justicia de Chiapas

Libramiento Norte Y Rosa Del Oriente, No. 2010, Col. El Bosque

C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Conmutador: 01 (961) 6-17-23-00. Teléfono: + 52 (961) 61 6-53-74, 61 6-53-76, 61 6-57-24,

61 6-34-50

Correo: raciel.lopez@pgje.chiapas.gob.mx

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.