Presos
Bloque de Organizaciones Sociales Anticapitalista toma la sede de Derechos Humanos en Oaxaca
A los medios de comunicación honestos
A las organizaciones de derechos humanos
A los pueblos y comunidades oaxaqueñas
A siete meses del arribo de la actual administración a la gubernatura del estado, las mujeres, hombres, muchachos y niños de las organizaciones que integramos el Bloque Anticapitalista: Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” *(CIPO-RFM)* Frente de Izquierda Revolucionaria *(FIR)*, Unión de Pueblos Originarios *(UPO)*, Unión Cívica Democrática de Barrios Colonias y Comunidades *(UCIDEBACC)*, y la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha *(UACOL)*, hemos tenido que dejar nuestra casa, nuestro pueblo porque la justicia no ha llegado para nosotros, no hay solución a las demandas que desde el primer día planteamos a este gobierno encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, bajo la indiferencia y falsa protección de los derechos humanos por parte de la DDHPO que encabeza Arturo Peimbert Calvo, Ombudsman de nuestro estado.
En este sentido, señalamos que en el discurso oficial se ha resaltado la disposición al diálogo y a la construcción de acuerdos, por lo que en un acto de buena fe y credibilidad nuestras organizaciones han esperado se resuelvan los casos con justicia, sin embargo nos encontramos que las distintas mesas de dialogo a que fuimos convocados, han sido simples medidas de contención y dilación mientras continua la violación de nuestros derechos como pueblos.
En el caso del compañero abogado defensor de Derechos Humanos, Librado Baños Rodríguezse ha hecho caso omiso de su grave deterioro de salud, y a pesar de la opinión A/HRC/WGAD/2015/19 del Grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU que pide su libertad inmediata y atención médica especializada, se sigue padeciendo la indolencia del gobierno estatal y federal que hasta el día de hoy amenazan con suspender la atención medica al compañero y su reingreso a un centro penitenciario, no importando que eso pueda significar un desenlace fatal debido a su complicado estado de salud.
Con respecto al caso del compañero indígena y defensor ecologista Pablo López Alavés que desde hace dos años se ha incumplido la recomendación11/2015 del expedienteDDHPO/1651/(06)/OAX/2014 y que recientemente se fortalece con la opinión 23/2017, emitida por el Grupo De Trabajo Sobre Detención Arbitraria de la ONU, quienes hacen notoria la intencionalidad por parte de los tribunales estatales para que Pablo no sea puesto en libertad a pesar de las graves violaciones a sus derechos humanos ya plenamente documentadas en su caso.
Estos dos casos ampliamente documentados, ejemplifican las graves violaciones a los derechos humanos y como hasta el día de hoy la criminalización de la lucha social se mantiene como una política de estado plenamente vigente en Oaxaca. Más allá de los discursos donde se repite hasta el cansancio que se trabajará para solucionar las graves problemáticas por administraciones anteriores, la triste realidad es que esas palabras se pierden en la maraña de escritorios de funcionarios que no solo actúan burocráticamente, en un sentido contrario a la palabra del gobernador, sino que abiertamente boicotean cualquier salida posible y agravan aún más el estado de las cosas actuando con soberbia, arrogancia y despotismo.
Para resumir, nada ha cambiado, y peor aún, parece que solo quisieron ganar tiempo para apoderarse de los cargos que les permitan seguir en el saqueo y la represión a nuestros pueblos.
Por esto, hoy los niños, jóvenes, mujeres y hombres hemos caminado bajo la lluvia desde nuestras comunidades olvidadas para ocupar esta oficina en donde despachan los que se dicen defender los derechos de los pueblos de Oaxaca, pero que su actuar es complaciente con los funcionarios violadores de nuestros derechos y omiten sus recomendaciones por eso declaramos que permaneceremos aquí hasta que el “defensor” Arturo Peimbert, que se pasea por las oficinas de WASHINTON dando discursos sobre como defiende los derechos en nuestro estado se digne a venir y dar respuestas concretas a nuestras demandas de justicia.
Exigimos que el gobierno de solución inmediata a estos problemas que solo contribuyen a crear más inestabilidad y zozobra a nuestros pueblos. Exigimos que abandone la ruta de criminal displicencia, así como un alto a su intento de seguir engañando con mesas infinitas que no solucionan nada.
Por el Bloque de Organizaciones Sociales Anticapitalista:
CIPO-RFM. FIR. UPO. UCCIDEBAC. UACOL.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 10 de Julio de 2017
MARCHA Y MITIN POR LA LIBERTAD DE MUMIA EN FILADELFIA
Volvieron a marchar ayer en Filadelfia por la libertad de Mumia Abu-Jamal. En particular, insistieron en que la Fiscalía entregue todos sus archivos que tienen que ver con la actuación del ex Fiscal/ex Juez Ronald Castille en su caso.
En una reciente decisión en el caso Williams vs Pensilvania, la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que un juez no puede escuchar un caso en el que tuvo un papel importante como fiscal.
Castille era sub-Fiscal durante el juicio de Mumia en 1982 y Fiscal cuando su oficina se opuso a las apelaciones de Mumia en 1988. Cuando el caso de Mumia llegó a la Suprema Corte de Pensilvania, el entonces Juez Castille se negó a recusarse y negó todas las apelaciones de Mumia.
En una audiencia celebrada en el tribunal del juez Leon Tucker el 24 de abril de 2017, Mumia Abu-Jamal y otras 16 personas argumentaron que Ronald Castille hizo el papel de juez y parte en cada uno de sus casos—un conflicto de interés y violación de la Constitución.
El juez Tucker ordenó que la Fiscalía entregara antes del 30 de mayo todos los archivos que tienen que ver con la actuación de Ronald Castille en su caso de Mumia. Pero la Fiscalía sólo entregó unas 50 páginas de lo que ya era del record público.
El juez estableció una nueva fecha para la entrega de todos los archivos—el 7 de julio. La desconfianza total en la voluntad de la Fiscalía de cumplir con este requisito fue el motivo para la marcha de ayer y un mitin solidario en Oakland, California.
También hay una campaña internacional de hacer presión a través de actividades y llamadas telefónicas para exigir la entrega de los archivos necesario para fundamentar una nueva apelación. La presión pública podría resultar la revocación de la sentencia de culpabilidad de Mumia y su libertad.
Hagamos llamadas a 001-215-686-8000 a la sub-Fiscal Kathleen Martin con este mensaje:
Please turn over all files about the role of Ron Castille in the case of Mumia Abu-Jamal.
