Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

Luis Rey García Villagrán, reconocido defensor de migrantes en la frontera sur de México, fue exonerado tras acusaciones por trata y delincuencia organizada promovidas por el Instituto Nacional de Migración (INM). La Fiscalía General de la República (FGR) no logró sostener los cargos, pese a señalamientos públicos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Me da mucha pena contradecir a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y al Gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, siento mucha pena por los mexicanos que tenemos esa presidenta y este gobernador. El juez decretó mi auto de libertad porque dijo que no pertenecíamos a la delincuencia organizada, sino que pertenecíamos al Centro de Dignificación Humana AC, reconocido desde hace más de nueve años por la Secretaría de Gobernación”, dijo el activista, al salir del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 3.

Seis días después de haber sido arrestado por la Fiscalía General de la República (FGR), Sedena, Marina, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Nacional, este lunes, 11 de agosto, se celebró la audiencia de vinculación a proceso, la cual se prolongó por más de dos horas, hasta que el juez federal determinó que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso, por lo que ordenó su libertad inmediata.

El activista de 62 años abandonó el penal vestido con una camisa blanca, pantalón café, tenis y una mochila azul al hombro. Primero abrazó a su familia y, después, se detuvo unos instantes para responder algunas preguntas de los medios de comunicación que presenciaron su liberación.

En la audiencia

“Uno de los puntos que defendió el abogado fue el señalamiento de que él (Villagrán) no es activista y de que no existía la asociación civil. Pero se comprobó que todo lo que decía la carpeta de investigación era mentira”, dijo la familia del defensor a Avispa Mídia.

Lograron acreditar el riesgo derivado de su labor en la frontera sur de México, por lo cual fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2020. El mismo mecanismo instaló un sistema de seguridad en la casa del defensor y le fue otorgado un botón de pánico.

“Es un expediente falso, completamente plagado de mentiras e incongruencias, incluso tiene una acusación de recibir dinero en fechas que él estaba hospitalizado por un atentado que sufrió, pero eso sí, en ese expediente de más de dos mil hojas no aparece el atentado que sufrió y que fue muy grave”, agregó la familia. 

El atentado mencionado por la familia de Villagrán se trató de un ataque de un grupo criminal en la vía pública, el 17 de octubre de 2023, que le dejó fracturas de dedos, costillas, piernas y rostro desfigurado por los golpes. “Pasó una patrulla de la Guardia Nacional y los llamamos, pedimos auxilio y no se detuvieron; la FGR entonces, no hizo nada”, explicó Villagrán en entrevista a Avispa Mídia.

De acuerdo con el abogado defensor José Antonio Martínez Sánchez, el delito que se le imputó a Villagrán es delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de personas y la denuncia fue iniciada por el Instituto Nacional de Migración (INM), “acusándolo de que él era el encargado de realizar las caravanas [de migrantes] con otras tres personas más”. 

El abogado dijo que la carpeta comenzó a integrarse en 2022 y siguió hasta febrero del 2024. “Las autoridades hicieron actos de investigación (a Luis Villagrán) en fuentes abiertas y en sus redes sociales”, dijo Martínez Sánchez. 

Además, su teléfono móvil fue parte de la supuesta investigación. “Usaron una técnica para que una compañía de teléfono [Telcel] entregara sus datos conservados, es decir, todo lo que es mensajería y telefonía, pero no se pudo acreditar que hubiera esa delincuencia que se le había acreditado”, explicó Martínez Sánchez.

El derecho a disentir 

En conferencia de prensa, este 12 agosto, Luis Villagrán explicó que un juez autorizó por un año y medio, en tres momentos diferentes, la intervención de redes sociales y teléfono móvil, “y no encontraron nada”.  

Mientras tanto, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, señaló que obtuvieron cerca de 75 pruebas en su contra y que, ahora, no solo apelarán la decisión del juez que absolvió al defensor, también iniciarán otra carpeta de investigación.

“Las pruebas son entrevistas de policías federales de hace tres años a migrantes. Es inverosímil, son entrevistas que no cuentan con tiempo, modo y lugar y por lo tanto no se acreditan como pruebas”, enfatizó el defensor en el Parque Bicentenario de Tapachula.

“Había pensado quedarme callado, pero ante las mentiras e infundios de tan altos tribunales, no me queda más remedio que morir luchando”, dijo y, de nuevo, pidió al gobierno federal a respetar el derecho a disentir, “y no tomarse personal los señalamientos de corrupción en INM y Comar”.

También mostró partes de la carpeta de investigación donde se observan imágenes de sus hijos y nietos. “Si así investigaran a los administradores del río Suchiate, ya estuvieran presos; el cartel cualquiera y el INM son lo mismo”.

Luis Villagrán dijo que la libertad llegó porque aún no se aplican los cambios con motivo de la reforma judicial. “Estamos antes de la etapa de los jueces que van a estar a modo de ellos [gobierno federal]. Esta reforma al poder judicial nos deja a nosotros los activistas en manos de un terrorismo de Estado”, lamentó.

En los próximos días, acudirá ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). “El Estado mexicano es un narcoestado y ahora quiere ejercer el narcoterrorismo, primero, en contra de migrantes, defensores y, luego, van con ustedes, los periodistas”, insistió.

A los pueblos originarios de México y del Mundo
A todas las organizaciones religiosas
A las organizaciones defensoras de derechos humanos e indígenas
A los Medios de Comunicación Nacionales e Internacionales
A los Tres Niveles de Gobierno
A la Sociedad En General

Hoy, día internacional de los pueblos originarios, nos convoca el clamor de la Madre Tierra, el espíritu de sabiduría de nuestras raíces indígenas, la resistencia histórica del pueblo maya. Hoy nos convoca el espíritu de nuestros ancestros, el espíritu de vida que susurra con fuerza en nuestros cerros, manantiales, caminos y comunidades. Hoy nos convoca el anhelo de paz y justicia en nuestros pueblos, una deuda que por años hemos buscado con esperanza activa.

No estamos en un mitin, no estamos en una marcha, no estamos a favor o en contra del gobierno o de un partido político, no somos una organización de la sociedad civil. Somos Pueblo de Dios que peregrina por el sí a la vida desde la espiritualidad de la no violencia. Somos iglesia autóctona enraizada con rostro tseltal, nos mueve la fe como seguidores y seguidoras del espíritu de Jesús que busca dignificar todos los rincones de la vida.

Iniciamos nuestra peregrinación desde Jalalal y San Martín Cruztón, dos comunidades que simbolizan a los pueblos que quieren honrar, cuidar y defender la Madre Tierra; ancianos, ancianas, sabios/as rezaron y se unieron a la oración en los cerros y manantiales, sembraron una cruz como signo de paz y nos prepararon el camino que hemos recorrido en un solo corazón. Armonizamos nuestros pasos con el territorio y en nuestro camino sembramos 3 ceibas, árbol sagrado de los pueblos mayas, símbolo de vida, grandeza, conexión entre el cielo y la tierra, sembrados como signo de comunión con la casa común y como deseo de recibir la sabiduría ancestral. Hemos orado alrededor del altar maya al ritmo del caracol, para pedir el respeto a la sacralidad de nuestro Territorio, porque cada rincón de nuestra tierra,
cada montaña, cada ojo de agua, cada árbol, es sagrado. No se trata de un pedazo de tierra que se pueda vender o destruir para hacer espacio a proyectos que prometen beneficios aparentes, es de nuestro hogar del que estamos hablando. Somos indígenas, somos tseltales, aquí nacimos, aquí vivimos, en el territorio está la historia de nuestros y nuestras ancestros/as, es nuestra identidad, es nuestra espiritualidad y nuestra forma única de ser y estar en el mundo.

Sin embargo, a pesar de la dignidad que tenemos, en este día internacional de los pueblos originarios recordarnos que las comunidades indígenas son ricas por sus territorios abundantes de biodiversidad, pero viven empobrecidas por un sistema que las excluye. Es sistemática la discriminación a nuestra cultura, evidente la amenaza a nuestros territorios y grosera la manera en que el falso progreso deja con hambre a nuestros hogares. El sistema nos expulsa, violenta nuestros derechos, rechaza nuestra cultura y despoja nuestro territorio. Pobreza, despojo y discriminación cultural van de la mano. Bien lo dijo el Papa León en su mensaje para la jornada mundial de oración por el cuidado de la Creación: “Parece que aún no se tiene conciencia de que destruir la naturaleza no perjudica a todos del mismo modo: pisotear la justicia y la paz significa afectar sobre todo a los más pobres, a los marginados, a los excluidos. En
este contexto, es emblemático el sufrimiento de las comunidades indígenas”.

Por esto, hoy alzamos nuestra voz por los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos de la Madre Tierra. No estamos en contra del progreso, estamos a favor del cuidado de la Casa Común y de los pueblos originarios y desde ahí anunciar y denunciar, por eso, nos pronunciamos como Iglesia en los siguientes puntos.

1) Denunciamos la irregularidad en la reactivación de la “Autopista de las culturas”:

a. Por la violación al derecho a la consulta al no hacerse ni previa ni informada y al dejar al margen la voz de las comunidades ya que las casillas sólo fueron instaladas en las cabeceras municipales. Por publicarse el Manifiesto del Impacto Ambiental (MIA) después de que el Gobierno Estatal hiciera la consulta pública, y al ser pagado por la empresa interesada en la construcción, no refleja los daños reales que va a ocasionar al territorio.

b. Denunciamos que a pesar de que el pueblo no fue consultado y de no contar con las MIAs evaluadas y aprobadas, el gobierno del Estado de Chiapas dio el banderazo de inicio el 08 de junio de 2025.

c. Denunciamos que el despojo ha iniciado con amenazas, falsas promesas, así como la extracción de grava sin consentimiento de los propietarios.

d. Exigimos a las autoridades correspondientes atención a los dos amparo ingresados y se atiendan bajo derecho sus demandas.

2) Basta ya de la criminalización a defensores de Derechos Humanos:

a) Nuestros hermanos defensores del territorio y constructores de la autonomía, han sido criminalizados por el sistema político y judicial, enjuiciados por crímenes que no cometieron, juicios amañados por jueces corrompidos como son el caso de Pedro Cortés y Diego Mendoza, condenados a 110 años de cárcel; el sistema de injusticia, muerte, corrupción y de violencia se perpetúa en el municipio de Pantelho’ en donde la paz está cada vez más lejana. Denunciamos que el arresto de estos hermanos nuestros fue arbitrario, ya que nunca se les mostró la orden de aprehensión; fue realizado con¡e violencia;, se les obligó a firmar papeles desconociendo su contenido y se atentó contra el derecho fundamental de contar con un intérprete tseltal.Exigimos que se revise este caso y se garantice un juicio con todas las garantías y derechos fundamentales al debido proceso.

b) Así también, nuestro cinco hermanos de San Juan Cancuc sentenciados a 25 años por homicidio, del cual el grupo de la ONU sobre Detención Arbitraria concluyó que el arresto de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco fue arbitraria y contraria al derecho internacional. Nos unimos a la exigencia de la ONU sobre estos hermanos nuestros de San Juan Cancuc: Liberación inmediata, que se les otorgue una indemnización y otras reparaciones conforme al derecho internacional, se investiguen las circunstancias que llevaron a su detención y se determinen responsabilidades por la violación a sus derechos.

c) También exigimos el alto a la difamación y hostigamiento a sacerdotes, hermanas, diáconos, catequistas y demás hombres y mujeres servidores eclesiales y cuidadores de la Madre Tierra.

3) Exigimos cese al Asesinato de defensores de derechos humanos:

a) Nuestro hermano y pastor el padre Marcelo Pérez, sacerdote indígena tsotsil, reconocido nacional e
internacionalmente como defensor de los pueblos indígenas, asesinado el 20 de octubre de 2024, el autor material fue sentenciado el pasado 6 de agosto a 20 años de prisión, una burla en comparación con los años de sentencia a Pedro Cortés, Diego Mendoza y nuestros hermanos de San Juan Cancuc.

b) Exigimos a los gobiernos alto a la criminalización y asesinato de nuestros hermanos, hermanas que buscan la paz y justicia del pueblo.

Hacemos un llamado a la comunidad en general por la justicia climática y la casa común, que exijamos, sin miedo, pero con respeto, a nuestros gobiernos y autoridades la protección de los pueblos y comunidades locales vulnerables al cambio climático y amenazados por conflictos sociales y ecológicos, reconociendo su rol clave en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

“Reiteramos que la Iglesia, en su misión profética, no cesará de alzar la voz ante las injusticias ecológicas y sociales, recordando que el clamor de la Tierra es también el clamor de los pobres (Laudato si’, 49).

Como iglesia peregrina con los pobres y en las periferias decimos:
“Sí a la Madre Tierra, sí a los pueblos originarios”
“No a la economía del descarte, No al despojo”

Atentamente:
Pueblo de Dios de las cinco vicarías de la Misión de Bachajón
Bachajón, Chilón, Chiapas a 9 de agosto de 2025

Fotos: Radio Pozol

Fuente: Avispa Midia

Por Rocío Heredia

Saúl Rosales Meléndez es un líder indígena y defensor del bosque, originario de la comunidad nahua San Pedro Tlalcuapan, localidad perteneciente al municipio de Chiautempan en el estado de Tlaxcala. Antes de su aprehensión, hace tres años, Saúl habitaba en las faldas de Matlalcuéyetl, una preponderante montaña en el centro-oriente de la ciudad. Desde ahí, Saúl se dedicaba a trabajar la tierra y a su tienda de abarrotes además de integrar el grupo de guardabosques de su comunidad, nombrado Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan (CSRMT). Debido a su ardua labor comunitaria, en 2022 fue electo como presidente de San Pedro.

Alicia Meléndez, esposa del defensor territorial, originaria de San Pedro y dedicada a las labores del hogar, comparte para Avispa Mídia que poco después de la elección de su esposo como presidente, el 15 de abril del 2022, mientras en la comunidad celebraban el “Viernes Santo” – día clave en la celebración cristiana de la Semana Santa -, sobre la calle Constancia, dos personas intentaron robar una vivienda. Pobladores lograron detener a uno y lo llevaron a la presidencia, pero debido a los ánimos del momento, lo sacaron para después lincharlo entre aproximadamente 400 personas. Fue la primera vez que en la comunidad recurrieron a ese tipo de solución para un conflicto.

Rosales no se encontraba en la localidad hasta que recibió una llamada por parte de su secretaria, quien le informó sobre la detención de un presunto ladrón. De camino a San Pedro, Rosales se comunicó con el director de seguridad del municipio para solicitar apoyo. En la comunidad la gente estaba alterada al punto de sustraer al acusado y desconocer a Saúl como presidente para luego retenerlo en la presidencia. Horas más tarde lo liberaron y se entera del linchamiento.

Tres meses después de los hechos, Saúl fue detenido bajo el cargo de homicidio calificado y preso en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, pues le impidieron llevar su proceso penal en libertad el cual duró 1 año y 8 meses.

El 25 de marzo del 2024, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, sentenció a Saúl a 20 años de prisión luego de un juicio lleno de irregularidades: tomaron testimonio de dos policías y un comandante de la policía municipal que afirmaron la presencia de un grupo conformado por al menos 400 personas y la nula actuación de las autoridades ante el temor de ser agredidas. También omitieron tres testimonios más donde afirmaron que Saúl trató de calmar a la multitud y entregar a la persona detenida, pero esto fue imposible debido al coraje e intensidad de la gente.

Posterior al dictamen del Tribunal de Enjuiciamiento, el 8 de julio de 2024, Rosales apeló la sentencia condenatoria. No obstante, la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala confirmó el veredicto sin advertir violaciones procesales ni de derechos humanos en el caso.

Una de las últimas acciones legales que tomó Rosales fue que, ante la falta de opciones para su defensa, el 23 de diciembre de 2024, presentó una demanda de amparo en contra de la resolución de apelación, a la cual se le dio el número de amparo directo 5/2025 ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito.

Falta de perspectiva intercultural

Las juezas que dictaminaron la sentencia de Rosales se basaron en la idea estereotipada de que el ‘acto de linchar’ forma parte de los usos y costumbres del pueblo originario de San Pedro Tlalcuapan. En suma, y pese a no contar con pruebas suficientes, de acuerdo a la defensa jurídica de Rosales, las juezas afirmaron que el defensor ambiental no actuó de manera diligente para evitar el homicidio de la persona y que, por el contrario, este auxilió al grupo de personas reunidas al exterior de la presidencia de la comunidad.

Familiares de Rosales aseguran que las autoridades judiciales no realizaron una investigación efectiva para recabar pruebas que les hicieran saber cuáles son los usos y costumbres de San Pedro Tlalcuapan y sus formas de resolución de conflictos, por lo que se confirma que hubo una ausencia de perspectiva intercultural en el caso.

Alicia ha observado que las instancias encargadas de impartir justicia en Tlaxcala, “no cuentan con personas preparadas o con el conocimiento sobre la perspectiva intercultural” y, además, afirma que la negativa de incluir esta perspectiva en el proceso de Rosales, responde a la conveniencia de las autoridades, pues de “aplicarla él saldría libre”.

A lo largo de los tres años que la comunidad lleva buscando justicia para Saúl, ha aprendido que hay una situación permanente de falta de respeto a la autonomía de los pueblos indígenas, discriminación y persecución sobre todo para quienes defienden sus territorios, comparte la esposa del defensor territorial.

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Un pretexto para frenar la defensa territorial

Rosales ha sido uno de los líderes en la defensa de La Malinche, una zona reconocida como Área Natural Protegida desde 1938, que alberga al menos 937 especies de flora y fauna, de acuerdo con su programa de manejo. En 2019, los guardabosques comunitarios solicitaron la intervención de autoridades estatales y federales para mitigar la plaga del escarabajo descortezador, pero no hubo atención al caso y San Pedro Tlalcuapan perdió aproximadamente el 80% de su bosque.

De acuerdo con el CSRMT, hubo empresas contratadas por el gobierno estatal para aprovechar la plaga y talar árboles con fines comerciales. Dicha situación generó un ambiente tenso entre autoridades y guardabosques.

Culpar a Rosales de homicidio en un linchamiento cometido colectivamente, fue tan sólo un pretexto para llevarlo a prisión por su labor como defensor territorial y de su comunidad, afirma Alicia.

Además de Rosales, el tiaxca (servidor comunitario) y defensor territorial Raymundo Cahuantzi también fue detenido. En marzo del 2024 Cahuantzi fue puesto en libertad después de permanecer en prisión un año y 7 meses junto a Saúl.

Sobre la repercusión que la detención de Saúl generó en el pueblo, Alicia considera que “afectó a la comunidad ya que el era nuestro representante, y pareciera que fue un escarmiento a los pueblos y/o colectivos por levantar la voz y defender el territorio”.

Solidaridad con Rosales

La lucha por la justicia y libertad para Saúl Rosales ha sido acompañada por la solidaridad de varios colectivos y organizaciones. Alicia reconoce que “son diversos colectivos y organizaciones a nivel local, nacional e internacional” quienes los han apoyado, entre estos: “el Centro Fray Julián Garcés, el Centro Prodh, la red TDT, La RAE, Geo-grafías comunitarias, Territorios de Paz de Colombia, entre otros, así como diversas comunidades de Tlaxcala y de toda la república”.

Frente al temor de que la resolución para Saúl se retrase más tiempo debido a que con las elecciones judiciales, del pasado 1 de junio, la conformación del Tribunal Colegiado cambiará en el mes de septiembre de este año, familiares e integrantes del CSRMT realizaron la mañana del pasado martes (5) una manifestación pacífica a las afueras de Ciudad Judicial en Tlaxcala, para exigir una inmediata resolución.

Al calor de la manifestación, Marisol Flores García directora del “Centro ‘Fray Julián Garcés’ Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.” emitió un oficio dirigido a los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, documento en el que expone las irregularidades en el caso de Rosales y exhorta a los magistrados a emitir un resolutivo con base en la aplicación de “los más altos estándares en materia de derechos humanos y de interculturalidad”.

La comunidad de San Pedro Tlalcuapan, grupos solidarios y familiares de Saúl continuarán organizándose para la planeación de diversas acciones en busca de justicia. Alicia invita a la sociedad en general a sumarse a la exigencia de libertad para Rosales y a no callar ante las injusticias.

Los 5 de San Juan Cancuc —Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco—, son defensores del territorio; maya tseltales, fueron detenidos arbitrariamente en mayo de 2022.

La Opinión No. 21/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, advierte que tres de los cinco defensores fueron víctimas de desaparición forzada durante 24 horas; todos fueron sometidos a prisión preventiva oficiosa por un año, y privados de un proceso judicial justo, sin acceso a una defensa adecuada ni a un intérprete en su lengua materna.

Escucha el episodio de NotiFrayba sobre el caso:

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Pobladores de San Juan Cancuc participan de una peregrinación rumbo al CERSS No 5 para exigir la liberación inmediata de los defensores tzeltales. Foto: Sipaz}

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió semana pasada un dictamen dirigido al gobierno de México en el cual confirmó la criminalización y detención arbitraria de los defensores de derechos humanos tzeltales Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Augustín Pérez Velasco.

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Originarios del municipio de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, los cinco presos políticos permanecen recluidos, desde hace más de tres años y dos meses, en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) n° 5, acusados, sin pruebas contundentes y en medio de irregularidades, por el asesinato de una persona, sucedido en mayo del 2022.

El organismo de las Naciones Unidas emitió su opinión acerca del caso el 4 de abril del 2025, después de un análisis derivado de una visita al estado de Chiapas realizada en septiembre del año 2023 y, tras recibir información de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos a las autoridades mexicanas durante julio del 2024. 

Criminalización

Acorde a una misiva firmada por nueve organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas, Amnistía Internacional, Front Line Defenders y el Movimiento Sueco por la reconciliación (SweFOR), la opinión del pasado abril destaca una serie de violaciones a los derechos humanos contra los cinco presos, desde su arresto como durante el desarrollo de sus procesos judiciales.

Estimadas Señoras y Señores,

Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de los cinco defensores tzeltales criminalizados Manuel Santiz Cruz, Agustín, Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, arbitrariamente detenidos en 2022 y desde entonces presos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado (CERSS) n° 5, a la luz de la reciente publicación de la opinión emitida el 4 de abril de 2025 por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias acerca de su caso.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU realizó una visita a México y al Estado de Chiapas en septiembre de 2023, y tras recibir información sobre el caso de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos al Gobierno de México el 22 de julio de 2024. La respuesta del Gobierno fue recibida el 18 de octubre de 2024. El 4 de abril de 2025 el Grupo de Trabajo emitió una opinión en la que se destacan una serie de deliberaciones referentes a las violaciones de derechos humanos cometidas contra los cinco detenidos en el marco tanto de su arresto como de su proceso judicial:

• La detención de los cinco se realizó sin una orden de aprehensión y sin que los detenidos fueran informados de los cargos que se les imputan. Tampoco fueron llevados ante un juez una vez fueron arrestados. La orden de aprehensión fue emitida a posteriori, pero antes de que la Fiscalía la solicitara, lo que evidenciaría la parcialidad del Juez en el desarrollo del proceso penal.

• No existían razones para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, revelando la aplicación arbitraria de un mecanismo que debe ser la excepción y no la norma.

• Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron sometidos a desaparición forzada durante las 24 horas que siguieron a su detención.

• Los detenidos no tuvieron acceso a un intérprete español–tzeltal ni en el momento de su detención ni en su proceso judicial hasta la reposición de las audiencias.

• Las pruebas presentadas por la Fiscalía en los dos juicios muestran incongruencias como la falta de datos sobre la ubicación de la víctima durante un período clave, la omisión del protocolo de primer respondiente, deficiencias en la determinación de la causa de la muerte, contradicciones entre la necropsia y los dictámenes periciales, ausencia de identificación formal del fallecido, peritos sin cédula profesional y conclusiones médicas que no se corresponden con el contenido del dictamen. A su vez, las lesiones descritas no coinciden entre los distintos informes ni con el cadáver.

Además, el Grupo de Trabajo reconoce a los cinco sentenciados como defensores de derechos humanos, y considera que su criminalización se debe precisamente a su labor de defensa de la tierra y el territorio y al hecho de pertenecer a la etnia tzeltal, discriminación que se extiende incluso a su falta de dominio del español.

En consecuencia, solicita que:

Fuente: Avispa Midia

El juez de Huautla de Jimenez, Oaxaca, Constantino Santiago, reconoció en la mañana de este viernes (11) que la profesora mazateca de la comunidad Eloxichitlán de Flores Magón, Olga Maribel Betanzos Fuentes, es inocente en relación a los delitos que se le acusaban de robo y incendio, bajo a los cuales se le habían liberado cinco órdenes de aprehensión. Otras 55 personas de la comunidad son acusadas por los mismos delitos, supuestamente cometidos en 14 de diciembre de 2014. 

En contexto – Oaxaca: Juez decidirá el destino de una profesora mazateca con cinco órdenes de captura 

“Hoy por supuesto vamos a celebrar y vamos a tronar cohetones porque Maribel ha sido declarada inocente y es libre, pero tenemos otros compañeros en riesgo todavía”, alertó la abogada Argelia Betanzos, de la colectiva Mujeres por la Libertad, tras la decisión del juez.

A pesar de que el juez declaró la inocencia de Maribel, la decisión judicial sigue sosteniendo que los delitos son vigentes, a pesar de que existen siete resoluciones anteriores a nivel del Tribunal Superior y a nivel federal que establecen la prescripción de los delitos.

“El hecho de que este juez vuelva a decir que sí existe, no solo es una grosería, es un crimen. Hay que denunciarlo. Hay que denunciar esa necesidad criminal de volver a decir que un delito sí existe en contra de siete resoluciones. Eso ya no podemos permitirlo como comunidad. Que sigan jugando con nosotras de esta forma. ¿Por qué?”, sostuvo la abogada.

El próximo 18 de agosto tres habitantes más de Eloxochitlán, que cuentan con órdenes de captura, acudirán al juzgado para que se resuelva también sobre sus libertades. 

Firma la petición aquí.

• La Fiscalía General del Estado de Puebla lo mantuvo incomunicado durante un tiempo prolongado
• Renato Romero cuenta con medidas vigentes del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.

Ciudad de México, 02 de julio de 2025
AU 004/2025

La Secretaría Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) recibió información documental de familiares del señor Renato Romero Camacho de la detención arbitraria del defensor del medio ambiente quien estuvo incomunicado durante más de 12 horas, bajo custodia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, lo que implica el riesgo a su vida e integridad, además de negarle el derecho a una defensa adecuada.

El defensor de derechos humanos fue detenido de manera arbitraria cuando se dirigía a la comunidad de Nealtican, Puebla, en donde se realizaría el cabildo abierto que abordaría el tema de la defensa del agua y el territorio dada la exigencia de la comunidad de que se cancele el convenio por el cual se extrae agua para las zonas residenciales e industriales de la ciudad de Puebla. Familiares informaron que Renato no recibió citatorios previos por parte de alguna autoridad, su defensa el día de ayer no pudo acceder al expediente para revisar la correcta integración de la causa.

Renato está incorporado al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México, de la Secretaría de Gobernación, dado el nivel de riesgo derivado de su labor como persona defensora del medio ambiente que acompaña la lucha por el agua en Puebla y Veracruz, de manera destacada en la comunidad náhuatl de Cuenca Libres Oriental, señalando a empresas como Coca-Cola, Agua de Puebla Para Todos, Granjas Carroll, Audi y Driscolls.

La detención e incomunicación bajo custodia representa también una amenaza para otras personas defensoras y comunicadores comunitarios que participan en la defensa del medio ambiente en Puebla, al no tener acceso al expediente se desconoce si otras personas más podrían estar señaladas y buscadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Ante el riesgo inminente en la que está la vida e integridad del defensor Renato Romero solicitamos a las autoridades correspondientes:

• Libertad inmediata de Renato Romero Camacho, defensor del medio ambiente, beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras.
• Garantías de seguridad y protección a las personas defensoras de los derechos humanos, comunicadores comunitarios y periodistas en Puebla que ejercen su derecho a defender derechos y a la libertad de expresión.
• Suspensión de los proyectos de desarrollo que ponen en riesgo los recursos naturales y la biodiversidad de la Cuenca Libres-Oriental y otras regiones de Puebla con alto valor ecológico.

Favor de enviar sus llamamientos a las siguientes autoridades:

Presidencia de la República: Lic. Claudia Sheinbaum Pardo
Correo: atencionciudadana@presidencia.gob.mx

Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración: Felipe Arturo Medina Padilla
Correo: subsedhpm@segob.gob.mx

Titular de la Unidad de Derechos Humanos: Dr. Froylan Vladimir Enciso Higuera
Correo: fenciso@segob.gob.mx

Comisión Nacional de Derechos Humanos: Lic. Rosario Ibarra Piedra
presidencia.cndh@cndh.org.mx

Gobierno del Estado de Puebla: Gobernador Alejandro Armenta
Correo: quejasydenuncias@puebla.gob.mx

Fiscalía General del Estado de Puebla: Lic. Idamis Pastor Betancourt
Correo: fge@fiscalia.puebla.gob.mx

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC)

Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla

Renato Romero de Cuenca Libres Oriental fue arrestado de manera arbitraria a las 7 de la mañana el día de hoy 1 de julio 2025, cuando se dirigía a acompañar y solidarizarse con la comunidad de Nealtican, en Puebla, que defiende el agua y el territorio. Ante la celebración de un Cabildo Abierto el cual se convocó para asentar las bases de la defensa del agua del municipio, la comunidad exigió que se cancele el convenio por el cual se llevan el agua desde hace 30 años para dársela a las zonas residenciales e industriales de la ciudad de Puebla, con respecto a esta exigencia Renato Romero ha manifestado abiertamente su solidaridad y compartido su experiencia de lucha, sosteniendo la consigna de que la unión entre pueblos es fundamental para defender el agua y la vida.

Renato Romero ha acompañado la lucha por el agua en muchas ocasiones por todo el estado de Puebla y Veracruz, y en la Cuenca Libres Oriental – una comunidad de origen náhuatl – ha participado activamente, desde hace años, en la defensa del agua en contra de las empresas criminales Coca-Cola, Granjas Carroll, así como contra Audi y Driscolls.

Su arresto es una clara provocación, amenaza y criminalización en la que se legítima la violación sistemática y grave de los Derechos Humanos en contra de defensores del territorio y comunicadores comunitarios saboteando su participación en procesos organizativos legítimos. Es un castigo por enfrentarse de manera directa contra los intereses capitalistas.

Esta detención arbitraria, claramente dirigida desde el gobierno estatal de Puebla, representa una afrenta en contra de quienes defienden el agua y el territorio, contra quienes se organizan contra el despojo que grandes corporaciones imponen en las comunidades y contra quienes se solidarizan con los pueblos originarios. El arresto de Renato Romero ocurre dentro de un contexto de intensificación de espionaje y militarización en Puebla y en todo el país.

Los delitos que le son adjudicados son daño en propiedad ajena y despojo agraviado, estas acusaciones se enmarcan en una práctica común del gobierno para fabricar delitos con los que justificar la criminalización de la protesta y la defensa del territorio.

Por lo anteriormente descrito, los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio exigimos:

Se deje en libertad inmediata e incondicional a Renato Romero Camacho.
Se garantice su integridad física y psicológica.
Se deje de amenazar, acosar y criminalizar en medios de comunicación la defensa del agua y el territorio.

Y responsabilizamos a los tres niveles del gobierno y sus representantes de la integridad física de Renato Romero, a:

-Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República
-Alejandro Armenta Mier, Gobernador del Estado de Puebla
-Idamis Pastor Betancourt, Fiscalía General del Estado de Puebla
-Dr. Juan Carlos Moreno Guillén, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado
-Dr. Moisés Abraham Espinosa Mota, Secretario particular
Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
-Lic. Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación de México
-Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República
-Lic. Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretaria de Derechos Humanos, Migración y Población

La justicia se gesta desde la digna rabia convertida en acción de rebeldía de las personas de buen corazón desde abajo y a la izquierda del pueblo organizado por lo tanto solicitamos encarecidamente su fuerza para:

Intensificar las acciones por la libertad de Renato Romero Camacho a quien se le violenta el derecho a la manifestación, la libre asociación y el derecho de los pueblos a la autonomía y autodeterminación en la defensa del agua y la vida.

Las acciones pueden ser movilizaciones en Puebla, en cada región de México y otros países: mítines, videos, comunicados, arte urgente; movilizaciones en fiscalías, juzgados, CONAGUA y empresas saqueadoras del agua. Y todo lo que su digna rabia les convoque a realizar de acuerdo a sus tiempos y formas hasta lograr la libertad de nuestros presos políticos.

Enviar cartas por correo electrónico en los mismos términos y a las y los funcionarios que aparecen listados.

contacto@claudiasheinbaum.com.mx
atencionciudadana@segob.gob.mx
ofproc@pgr.gob.mx
atencionciudadana@segob.gob.mx
presidencia.cndh@cndh.org.mx
secretariaparticular.sgg@gmail.com

¡LIBERTAD INMEDIATA PARA RENATO ROMERO CAMACHO!
¡DEFENDER EL AGUA NO ES UN DELITO!
¡Presos políticos libertad!
El agua es vida y la vida se defiende
¡Alto al control y la militarización!
El agua es del pueblo y no del mal gobierno

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD
Hasta que la dignidad se haga costumbre
ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

^{Foto de portada: Santiago Navarro F}

La comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, México, se presentó en la mañana del martes (24) ante el Juzgado Mixto de la ciudad de Huautla de Jiménez para acompañar a la profesora Olga Maribel Betanzos Fuentes, una de las ocho mujeres mazatecas que, desde el 31 de marzo, tiene diversas órdenes de aprehensión en su contra. 

Además de las órdenes contra las ocho mujeres, fueron emitidas también contra otros 48 mazatecos, totalizando más de 200 órdenes de captura. Varios de ellos ya habían sido detenidos hace más de 10 años por delitos que prescribieron o que no se pudieron fundamentar.

Olga Maribel tiene cinco órdenes de aprehensión por los delitos de robo e incendio que presuntamente fueron realizados el 14 de diciembre de 2014, cuando la asamblea comunitaria, que elegía por usos y costumbres su autoridad, fue balaceada por un grupo de hombres que, según los comunitarios que vivieron los hechos, hacen parte del grupo “neocaciquil” de la familia Zepeda, con intereses partidistas. A partir de entonces se inició un proceso de persecución política y jurídica contra estos mazatecos que defienden los usos y costumbres, sistema con el que eligen a sus autoridades.

La primera misión de observación realizada el pasado fin de semana, en Eloxochitlán de Flores Magón, registró las consecuencias de más de una década de persecución.