Este miércoles (6) fue amenazada una de las representantes de las niñas y niños de Homún, quienes presentaron un amparo contra la mega granja porcícola de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), aparcera de Kekén.

Así lo denuncio el Equipo Indignación, quien destacó que la infancia de Homún y el colectivo Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) han luchado ante el riesgo de contaminación que implicaría el funcionamiento de la mega granja porcícola.

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La representante de la niñez de Homún recibió una llamada telefónica mediante la cual le cuestionaron su labor como activista. “La persona al otro lado de la línea le preguntó si le daba miedo luchar por los cenotes y si no temía que le pasara algo a sus hijos”, refiere el Equipo Indignación.

Esta agresión sucede a unos días de que el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, resuelva si mantiene o no la suspensión de operaciones de la fábrica que pretende criar 49,000 cerdos.

Ante la amenaza, el colectivo Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes), y el equipo Indignación exigieron a las autoridades garantizar la seguridad de la defensora de los derechos humanos y de todas las personas que integran el colectivo.

Agresiones

Mediante comunicado, reiteran que se han reportado varias acciones de intimidación contra defensores de derechos humanos del pueblo maya de Homún. Esta no es la primera vez en que se realizan amenazas contra quienes se han pronunciado ante la contaminación que representa la operación de la mega granja porcícola.

“En el 2018 un integrante de Kanan Ts’ono’ot fue víctima de amenazas e intento de extorsión. En septiembre de ese mismo año, mientras el pueblo de Homún clausuraba simbólicamente la fábrica de cerdos, un equipo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), apoyado por la Policía Estatal, puso sellos de clausura en los cenotes de los cinco miembros de la coordinación de Kanan Ts’ono’ot”, detalla el documento.

También, en mayo de 2021, después de que se ratificara la suspensión definitiva de operaciones de la fábrica de cerdos, la Secretaría de Salud estatal, clausuró los paradores turísticos de algunos integrantes de la directiva del colectivo maya.

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“Además de estas acciones, es importante recalcar que el gobierno estatal ha sido omiso en garantizar nuestros derechos como pueblo maya, en vez de esto, ha favorecido y alentado a dicha empresa porcícola”, denuncian las organizaciones.

Sobre todo, hacen énfasis en que la amenaza más reciente esta dirigida contra la infancia de Homún, “la cual está en su legítimo derecho de defender el agua, los cenotes y su derecho a la libre determinación y a un ambiente sano”.

Más de 660 mil menores en Chiapas no están afiliados, adscritos o con derecho a recibir servicios de salud en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), las instituciones públicas de seguridad social en México o los servicios privados de salud.

De acuerdo al estudio La infancia cuenta en Chiapas 2021, de la Red por los derechos de la infancia en México (Redim), la cifra representa el 31.6% de los más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes que integran la población de Chiapas.

Para Redim, el limitado acceso a la salud de manera oportuna y efectiva vulnera la estabilidad de las familias, pues el costo de la atención de una enfermedad, accidente o malestar puede repercutir negativamente en el ingreso familiar.

En el caso de la población cuyos recursos económicos son limitados, los malestares no son atendidos a tiempo y, en momentos de pandemia por el Covid-19, la situación se agrava.

La carencia por el acceso a estos servicios se presenta en 4 de cada 10 menores; mientras a nivel municipal, en Suchiate, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, cerca de la mitad de las personas menores de 18 años tienen carencia en el acceso a los servicios de salud.

La Libertad es el municipio donde se presenta la situación más preocupante: 7 de cada 10, no tienen acceso a este derecho. En contraste, en Soyaló, Chanal, El Porvenir y Santiago el Pinar menos del 10% de la infancia tiene carencia.

Aunado a esto más de 400 mil menores chiapanecos viven en un hogar donde no tienen buena alimentación, debido a diferentes factores.

A pesar de los indicadores de mortalidad mostrar disminuciones considerables de 2000 a 2015 en Chiapas, la tasa actual de mortalidad de la niñez menor de 5 años es la más alta de México, 18.9 por cada mil.

“Es importante mencionar que la tasa de mortalidad infantil varía con base en el sexo: mientras 17.4 por cada mil niñas mueren en el primer año de vida, 21.4 niños por cada mil mueren”, indica Redim.

La entidad también tiene las cifras más altas a nivel nacional de mortalidad en menores de 5 años por enfermedades diarreicas, 27.0 por cada cien mil, y por enfermedades respiratorias agudas, 47.7 por cada cien mil.

Para la organización, la carencia de acceso a los servicios de salud en la primera infancia es una situación crítica, pues al no existir la garantía sobre los servicios y cuidados necesarios, se pone en riesgo la salud y la vida de la niñez.

“Mi hijo estaba jugando allá adentro cuando una bala cayó en una botella, caen bastantes y hacen un ruido como un ratoncito rascando la tierra; mis chamacos se espantan y salen corriendo a esconderse, ya casi no salen a jugar”.

Juanita tiene cuatro hijos y es habitante de Aldama, municipio de los Altos colindante con Chenalhó. Desde hace cuarenta años inició un conflicto agrario entre ambos municipios de los Altos de Chiapas.

En los últimos tres años las diferencias se acentuaron por el control del territorio, la violencia incrementó y es constante. Organizaciones han documentado los disparos de una montaña a otra.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas  (Frayba) informó que durante el primer mes de 2022, las comunidades de Aldama reportaron 230 ataques provenientes de diferentes puntos de Chenalhó. “La violencia contra las comunidades de Aldama por parte de personas armadas que se encuentran en diferentes puntos de ataque de la comunidad Santa Martha, municipio de Chenalhó, es sistemática y tiene como propósito crear un ambiente de terror generalizado”, sostiene Frayba.

A este panorama se agrega la amenaza de un desplazamiento forzado intermitente de por lo menos 3,499 personas. “Algunas familias se han desplazado en tanto los ataques disminuyan”, pues en el día 3 del mes de febrero, se registraron 28 ataques más, hacia las comunidades de San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco, Xuxchen, Juxton, Yeton, Chivit, Stzelejpotobtik y Cabecera de Aldama.

Los habitantes de 12 comunidades más vulnerables a los disparos, en el lado de Aldama, dejaron de trabajar sus tierras y salen a buscar alimentos a escondidas con temor de ser alcanzados por una bala.

Aunque los disparos son lanzados al aire, han herido a los indígenas tzotziles. “Cuando empiezan las balas salimos corriendo a prestar casa. Mis hijos quieren que nos vayamos de aquí porque tenemos mucho miedo”, relata Juanita.

El único apoyo que reciben es maíz y frijol, además de algunos víveres que les otorgan las organizaciones acompañantes.

En el reciente comunicado de Frayba, la organización cuestionó por qué el Estado mexicano, “no ha logrado identificar a las personas responsables de los ataques, su conformación, estructura y financiamiento, el origen de las armas utilizadas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea”.

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Asimismo, sobre la fuente de adiestramiento y supuestos vínculos con funcionarios estatales o con la delincuencia organizada.

Llamó a adoptar medidas efectivas y proteger la vida de los habitantes y desplazados forzadamente, además de dar certidumbre al resolver el conflicto por límites territoriales mediante procesos de investigación, sanción y reparación integral.

^{En portada: En febrero de 2018 se reportaron 750 personas en situación de desplazamiento forzado por las agresiones de un grupo armado contra las comunidades de Koko, Tabak y San Pedro Coizilnam en el municipio de Aldama, región de los Altos de Chiapas. Foto: CDH Frayba}

Cerca de 20 mil personas se encuentran desplazadas forzadamente de al menos 15 municipios de la geografía de Chiapas, por motivos que en muchas ocasiones están ligados a la violencia por grupos armados que buscan controlar estos territorios.

De acuerdo a la documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), se trata de tres décadas desplazamiento forzado que se convirtieron en un fenómeno histórico y de impunidad.

Entre los años del 2010 al 2021, la organización con sede en los Altos de Chiapas, documentó el desplazamiento forzado de 14, 476 personas por motivos religiosos y conflictos armados internos, principalmente de la comunidad maya-tsotsil de municipios como Chalchihuitán, Chenalhó, Aldama, San Andrés Duraznal y Pantelhó.

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Tan solo en el año 2019, México registró 28 episodios de desplazamiento interno masivo, donde los estados más afectados fueron Chiapas y Guerrero.

“Actos de desplazamientos vinculados al crimen organizado, que actúa con la aquiescencia del Estado y coludidos con células criminales que operan en la región, utilizando conflictos comunitarios para provocar el terror, y controlar a la población”, refiere el informe de Frayba.

Las comunidades desplazadas de Chalchihuitán y Chenalhó cuentan con medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió́ una recomendación, pero el Estado mexicano no ha cumplido en su aplicación.

La organización Sipaz (Servicio Internacional por la Paz) coincide con Frayba en que el panorama de esta entidad al sur de México, es parecido al que se vivió en los años 60, “en muchas regiones del estado, el tiempo sigue detenido; pero más que el tiempo, la justicia”.

Otro conteo realizado por el Centro de Derechos Humanos Ku’untik registró que tan solo en el gobierno de Manuel Velasco Coello (2012-2018) fueron desplazadas más de 5,000 personas y en estos casos también hay medidas cautelares sin cumplir otorgadas por la CNDH.

Sin datos oficiales

En 2012 se echó andar la Ley para la prevención y atención del desplazamiento interno en el estado de Chiapas que en un apartado reconoció no estar incorporada en nuestro orden jurídico nacional. “No existen estadísticas ni cifras oficiales sobre las personas internamente desplazadas, lo que hace complejo el estudio y evaluación del fenómeno”, consideró la legislación en aquel momento.

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Sin embargo, a 10 años de su creación aún no existe un registro oficial de las personas que se vieron forzadas a abandonar sus viviendas, a pesar de ser un tema de gran relevancia social y por las precarias condiciones en que viven las familias, algunas en situación de hacinamiento.

Del total de la población de Chiapas en 2020, el 75,5% se encontraba en condiciones de pobreza, y de esta cifra, el 29% en condición de pobreza extrema, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Más de un tercio de la población presenta rezago educativo; menos del 40% de la población cuenta con acceso a servicios de salud; menos del 80% tiene acceso a seguridad social; únicamente el 20% se beneficia de vivienda de calidad; 55,8% tiene acceso a servicios básicos en la vivienda; y menos de un cuarto de la población, es decir 24,5%, tiene acceso a alimentación de calidad.

A estas condiciones, se suman los efectos físicos, psicológicos y comunitarios que sufren las poblaciones desplazadas por este evento traumático, equiparables a tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, agrega Frayba.