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El pasado 13 de octubre de 2018 salió de San Pedro Sula, Honduras, el primer grupo de la llamada “Caravana de migrantes” centroamericanos, conformado por más de 7,000 personas, desplazadas por el contexto de violencia y pobreza generalizadas en Centroamérica. Este grupo estaba integrado por miles de personas con necesidades de protección específicas, entre ellas niñas, niños, adolescentes, familias, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidades, periodistas, integrantes de la comunidad LGBTTI, víctimas de persecución, sobrevivientes de violencia sexual y de género, defensores y defensoras de derechos humanos. Posteriormente, durante octubre y noviembre, se sumaron otros grupos, complejizando las características de este gran movimiento migratorio, y con ello, los retos para atender a sus necesidades, y defender y garantizar sus derechos humanos.

Este fenómeno, también llamado “Éxodo”, demuestra que la región centroamericana se encuentra ante un nuevo paradigma migratorio. Frente a las políticas de violencia, exclusión y despojo vigentes en los países de origen, las personas salieron de la “clandestinidad” para conformar un sujeto migrante colectivo, con voz propia, que decidió caminar en grupo para reducir los costos y los peligros a los que están usualmente expuestos en la ruta migratoria. Las causas sistémicas que motivan a las personas centroamericanas a partir de sus lugares de origen existen y persisten desde hace muchos años, pero la diferencia en la dinámica migratoria actual se ha dado por la coincidencia de diferentes perfiles sociales y en el número de personas que se han ido movilizando contemporáneamente. La crisis social no es nueva en su centralidad como motor de esta migración. El sistema mortal que la nutre la hace cada vez más virulenta e insoportable, y genera, como en esta ocasión un Éxodo Centroamericano continuo y masivo.

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Los pasados días 14 y 15 de marzo, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), desarrollaron una Misión Civil de Observación en Tabasco para documentar, visibilizar y denunciar el agravamiento en la crisis de inseguridad contra las personas migrantes y pobladores locales en rutas migratorias que conducen de la línea fronteriza con Guatemala a la ciudad de Tenosique.

Los integrantes de la Misión de Observación pudieron atestiguar:

• La situación de inseguridad y violencia aumenta de forma preocupante en las rutas migratorias: 292 víctimas han sido acompañadas por La 72 en los últimos dos meses.
• De las carpetas iniciadas por la Fiscalía Especial de Atención a Migrantes de Tenosique desde 2015, menos del 1% han sido judicializadas.
• Misión Civil de Observación sufrió incidente de seguridad mientras realizaba visita de documentación.

Compartimos aquí las conclusiones preliminares con información más detallada de la Misión de Observación:

Este 15 de febrero, la policía de la Ciudad de México agredió, golpeó y detuvo arbitrariamente a personas migrantes y defensores de derechos humanos afuera del albergue temporal Magdalena Mixhuca. Presentamos aquí el reporte de organizaciones de derechos humanos presentes al momento, así como algunos videos y un audio grabado por uno de los detenidos, grabado a bordo de la patrulla.

Ciudad de México, 15 de febrero de 2019.

Denunciamos el hostigamiento, uso de la fuerza y la detención arbitraria de migrantes y personas que acompañan el caminar de las Caravanas del Éxodo Centroamericano por parte de la Policía de la Ciudad de México.

Entre la noche del domingo 10 y el 11 de febrero arribó a la Ciudad de México un grupo de aproximadamente 1500 personas que forma parte de las llamadas Caravanas del Éxodo Centroamericano. Al ingresar el grupo más grande al albergue temporal en el deportivo Magdalena Mixhuca el lunes 11, tuvo lugar un momento de tensión derivado de un desacuerdo con el reglamento interno del albergue, en concreto, la decisión de las autoridades de que la temporalidad de estancia se redujera 3 días, a pesar de que el reglamento indica que las personas pueden alojarse por un periodo de 10 días. En estas discusiones, se registró la denuncia de un migrante que declaró que fue sacado del estadio y le rompieron su tarjeta de visitante por razones humanitarias.

Este incidente derivó en una negociación entre las personas representantes del grupo y las autoridades que llevan el control del espacio, y se logró el acuerdo de que se respetaría el tiempo de estancia de 10 días para que las personas pudieran esperar a sus familias que seguían en tránsito o sacar sus tarjetas de visitante por razones humanitarias.

Sin embargo, en una clara ruptura de este acuerdo, el jueves 14 de febrero las autoridades comenzaron a sacar a familias y grupos, con el pretexto de que se les habían acabado los 3 días de estancia, y estas personas tuvieron que acampar fuera del deportivo. Este viernes 15 de febrero, la policía de la Ciudad de México los empezó a desalojar, diciéndoles que debían continuar su camino, que no podían quedarse a esperar a los demás y que no podían permanecer en la Ciudad de México. Además, los amenazaron con llamar a los granaderos.

En el desalojo hubo forcejeos y se registraron heridos, la Policía quitó la pulsera que permite entrar al albergue a las personas de la Caravana que veían tomando fotografías o videos. Además, los agentes policiales comenzaron a detener personas sin presentar ninguna orden de detención por escrito, utilizando la violencia en contra de migrantes y defensores y acompañantes de la Caravana. Desde las 15:00hrs de hoy tenemos registro de la detención arbitraria y violenta de al menos seis personas: cinco de ellas migrantes y uno de ellos defensor de derechos humanos, que trató de evitar la detención de un migrante. Adicionalmente otras dos compañeras defensoras fueron agredidas por la policía, al igual que otras dos personas migrantes.

Testimonio del defensor de derechos humanos Cristóbal Sánchez, a bordo de la patrulla MX704 N2:
Haz clic aquí para escuchar o descargar

Video de la agresión y detención arbitraria:

Además, el miércoles 13 de febrero se registró una detención arbitraria en las inmediaciones del albergue de la Ciudad de México en la que personas vestidas de civil, sin portar uniforme oficial y sin identificarse, detuvieron y subieron en una camioneta sin logotipos a una persona que llevó rol de liderazgo en esta caravana. Se sabe que fue detenida por agentes del INM porque ya se encuentra deportada en Guatemala.

Preocupaciones:

• Denunciamos la creciente criminalización a las personas migrantes y las personas que viajan con las Caravanas para documentar, acompañar y monitorear su caminar. Desde la frontera Sur se han registrado acciones de hostigamiento y criminalización que llevan incluso a detenciones arbitrarias, uso abusivo de la fuerza y deportaciones, lo cual se ha agravado al llegar a la Ciudad
  de México.
• Nos preocupan las represalias contra las personas migrantes que documentan los abusos policiales
  grabando con sus celulares. Al arrancarles las pulseras que les permiten el acceso, se les niega la
  atención humanitaria y se les pone en una situación de mayor vulnerabilidad.
• Lamentamos el clima de hostilidad percibido en el albergue de la Ciudad de México por parte de
  algunas autoridades hacia las organizaciones de la sociedad civil, lo que ha causado que estas se
  retiren del espacio donde prestaban sus servicios.
• Nos preocupa la discriminación y el hostigamiento a las personas de la comunidad LGBTTI+, incluso
  al interior del albergue no hay espacios diferenciados para las mismas y algunas fueron sacadas
  del albergue sin considerar su condición de vulnerabilidad.
• Urgimos a tener mecanismos accesibles de para la regularización migratoria y a mantener la ayuda
  humanitaria para quienes continúan su tránsito.
• Llamamos a trabajar de manera conjunta desde un enfoque de paz, sensible a las necesidades de
  las personas en situación de vulnerabilidad y que a través de la comunicación efectiva y no desde
  la violencia construyamos un trabajo por las personas y por nuestras comunidades que nos piden
  coincidencias y no violencia.

Exigimos:

A las autoridades el cese al hostigamiento y a las detenciones arbitrarias por parte de la policía de la Ciudad de México y agentes del Instituto Nacional de Migración tanto a personas migrantes como a defensores de derechos humanos.

A las autoridades federales; al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población y a Tonatiuh Guillén, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, el alto al hostigamiento, intimidación, detención y deportación de las personas organizadas en la Caravana y de quienes les acompañan.

Firman:

Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica
Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano
Colectivo Ustedes Somos Nosotros
Programa Casa de Refugiados

La Policía del Distrito Federal acaba (a las 14:45 horas el día 15 febrero) de GOLPEAR y de DETENER ARBITRARIAMENTE a varias personas afuera del Estadio Palillo de la Magdalena Mixhuca en la Ciudad de México. Entre esas personas, golpeadas (no detenidas) están las defensoras de derechos humanos Andrea Gonzalez y Andrea Margarita Nuñez Chaim, y entre los golpeados y también detenidos está el defensor de derechos humanos Cristóbal Sanchez Sanchez y el migrante hondureño Denis Omar Contreras.

A Cristóbal Sánchez y a Denis Omar Contreras lo llevan en la patrulla MX704 N2. Los policías actuaron de forma muy violenta y arbitraria, y no se quisieron identificar.

Urgimos a las autoridades competentes acabar con esta criminalización y caza de defensores de derechos humanos y migrantes. Urgimos también saber el paradero de Cristóbal Sánchez y Denis Omar Contreras y que se liberen junto con las demás personas detenidas.

Foto de portada: Conexión migrante

Los Yes Men, conocidos por su activismo a través de la ironía y del humor, lanzaron una falsa campaña llamada “Somos el Muro”, que desvenda la xenofobia de muchos mexicanos contra los migrantes centroamericanos.

Chiapas, 7 de febrero de 2019

Al Gobierno del Estado de Chiapas
Al Gobierno Federal
A las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos A los medios de comunicación
A la sociedad en general

Denunciamos el hostigamiento y la criminalización hacia las personas migrantes que hemos tomado un papel de liderazgo en el acompañamiento a nuestras hermanas y hermanos migrantes que han llegado a la frontera de México en Suchiate desde mediados de enero del presente año hasta hoy. Nosotras y nosotros somos centroamericanos que hemos caminado anteriormente en las rutas migratorias, nos hemos organizado y nos encontramos en distintos lugares del estado de Chiapas acompañando y apoyando a las personas migrantes que hoy están transitando entre Ciudad Hidalgo, Tapachula, Huixtla, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá y Arriaga.

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• En Tecún Umán, las personas se exponen a la xenofobia y a la desprotección.
• En la aduana, el INM prepara la clausura definitiva del operativo.
• Buena parte del éxodo se interna hacia el interior del país.

La situación en la frontera del Suchiate

Los equipos que hemos monitoreado la frontera en los días 2, 3 y 4 de febrero, observamos del lado guatemalteco, en Tecún Umán, unas trescientas personas entre las que se encuentran numerosas familias con niñas y niños, permanecen bloqueadas en condiciones humanitarias de casi total abandono. Llevan esperando entre cinco y quince días. El INM les insiste que ya no hay cauce para obtener tarjeta de estancia en el Puente, y les disuade de permanecer en él. Han retirado los baños portátiles de la zona.

Ayer lunes pudimos observar que agentes del INM prohibieron cruzar al puente a una camioneta que diariamente transporta agua a las personas del lado guatemalteco. Los mismos agentes insisten a las personas a “que se regresen a sus países”.

A su vez, en Tecún Umán las personas asentadas están siendo rechazadas por parte de la población local, que les intenta confiar en el puente, exponiéndoles a la deshidratación e insolación. Las personas están cada día más desesperadas, especialmente las niñas y niños.

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En la frontera de Estados Unidos y México, la represión por parte de ambos gobiernos en contra de defensores de derechos humanos se hace evidente. En la última semana se expulsó de México a dos abogadas de la organización llamada Al Otro Lado. Misma situación vivió el activista mexicano León Fierro a finales del año pasado, al intentar entrar a Estados Unidos.

El pasado viernes, Nora Phillips, abogada de Los Angeles fue detenida a su arribo al aeropuerto de Guadalajara y enviada de regreso a los Estados Unidos. El argumento que le dieron los agentes de migración mexicanos fue que su pasaporte tenía una “alerta” de parte del gobierno. De acuerdo a la abogada, no dijeron que fue el gobierno de Estados Unidos pero lo insinuaron.
Nora es la directora legal de Al Otro Lado, organización binacional de abogados sin fines de lucro en Tijuana. Desde 2012 el grupo de voluntarios brinda apoyo y consejería legal a deportados. En los últimos dos años su acompañamiento en el proceso de solicitud de asilo a centroamericanos que han llegado por miles a esta frontera ha sido determinante.

Su compañera, Erika Pinheiro, también abogada estadounidense, vivió circunstancias similares el lunes de la misma semana. Al intentar cruzar a pie de San Diego a Tijuana fue detenida por agentes mexicanos de migración que le informaron que el gobierno puso una alerta de seguridad también en su pasaporte.
Miembros de la organización legal aseguran que si, el gobierno de Estados Unidos puso esas alertas etiquetando a las abogadas como “riesgos de seguridad”.

Con ese mismo argumento se le prohibió la entrada a Estados Unidos a León Fierro, reconocido activista del movimiento Mexicali Resiste. En noviembre del año pasado al llegar a la garita de Tijuana para cruzar a San Diego, fue detenido. Un agente de migración le dijo que ellos solo seguían instrucciones del gobierno mexicano. Su visa para entrar a Estados Unidos fue cancelada. León asegura que la medida fue ordenada debido a su lucha en defensa del agua contra la empresa Constellation Brands. Dicha empresa norteamericana, con la anuencia del gobierno local, pretende instalar una enorme planta cervecera en Mexicali.

La prohibición de la entrada a México a las abogadas Phillips y Pinheiro se realiza justo en la misma semana en que se implementan las medidas de los llamados “Protocolos de protección al migrante” de parte de Estados Unidos. Dicho programa estipula que ciertos solicitantes de asolo deberán esperar en Tijuana su fecha de presentación ante la corte de migración. Tendrán que regresar a Estados Unidos en aproximadamente dos meses preparados y con las evidencias que demuestren que son elegibles para recibir asilo. Sin el apoyo y asesoramiento de un abogado es muy poco probable que su caso sea aprobado. La ley de Estados Unidos reconoce que tienen el derecho de recibir ese apoyo legal, pero los abogados cuestan, y sobre todo están del lado estadounidense. Al ser obligados a esperar su proceso en México, Al Otro Lado es la única fuente de ayuda con la que podrían contar.

El grupo de abogados considera que las medidas tomadas por el gobierno de su país es en represalia por demandas que la organización ha entablado en contra del gobierno federal. Una en noviembre de 2017 alegando que oficiales de migración obstaculizan con amenazas e intimidación el proceso de la petición de solicitud de asilo. La segunda demanda presentada en noviembre de 2018 desafió la orden de Trump de negar asilo a quienes no entraran por puertas fronterizas. La demanda se encuentra pendiente pero logró detener la medida.

Al Otro Lado se ha convertido en una piedra en el zapato para la administración Trump. Mexicali Resiste para el gobernador Vega de Baja California. Ambos gobiernos adoptan medidas similares que son apoyadas por su contraparte. Dichas medidas se perciben como un intento colaborativo de ambos países de frenar la lucha social y la defensa de derechos humanos.

EL DISCURSO DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO MEXICANO NO SE HA REFLEJADO EN LA POLÍTICA MIGRATORIA

Fotos: Rubén Figueroa

30 de enero de 2019. México.

Urgimos a las autoridades a que no suspendan la recepción y registro de migrantes en la frontera sur, y que fortalezcan las acciones de seguridad y ayuda humanitaria, no sólo a nivel interinstitucional, sino en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil con presencia en la zona.

 La situación en la frontera del Suchiate

En los días lunes 28 y martes 29 de enero, las organizaciones que monitoreamos conjuntamente el éxodo centroamericano en la frontera del río Suchiate hemos podido constatar la grave situación generada ante dos hechos; por un lado, el estallido de violencia xenófoba del domingo y; por otro lado, la decisión de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración de dar por terminado lo que han denominado “Programa de Emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias”.

Tras el cierre del Puente Internacional por parte del INM, que impide el paso de personas y vehículos, han quedado en Tecún Umán, del lado guatemalteco, varios miles de personas que no pueden ingresar a territorio mexicano para tramitar su tarjeta de estancia por razones humanitarias, ni menos para presentar una solicitud de asilo, dejándoles en un estado de indefensión.

El INM está ultimando su operativo con la entrega de las tarjetas ya tramitadas, y niega al resto la posibilidad de acceso a trámite alguno. En palabras de una compañera:

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Comunicado Urgente
27 de enero de 2019

Habitantes de Tecún Umán (Guatemala) atacan a migrantes hondureños en el puente que cruza el Río Suchiate, que conduce a Ciudad Hidalgo (México). Foto: Luis Villalobos – EFE

• Un grupo de personas vecinas del municipio de Ayutla en Guatemala y de su cabecera, Tecún Umán, provoca un estallido de xenofobia para expulsar a las personas migrantes y refugiadas que se concentran en el centro del pueblo.
• La autoridad guatemalteca no toma acción alguna ante los hechos.
• La autoridad mexicana se ve obligada a admitir en su territorio a las personas afectadas por la violencia, mientras otras huyen cruzando por el río.
• Periodistas y personas defensoras de derechos humanos también son amenazadas y agredidas.

La situación en la frontera del río Suchiate

En la mañana del domingo 27, el equipo de monitoreo hemos encontrado en relativa tranquilidad tanto en Ciudad Hidalgo y las instalaciones del Puente Internacional, como en la propia población de Tecún Umán, en el lado guatemalteco. Las personas desplazadas se encontraban a la espera y soportando el calor pacientemente desde la entrada al Puente, hacia la plaza de Tecún Umán y en la Casa del Migrante, donde nos dieron noticias de que se había convocado una protesta hacia la tarde.

La protesta la encabeza un grupo autodenominado “Ayutlecos Unidos” que desde las redes sociales ha convocado a la población “para sacar esta gente de nuestro municipio”, llamándoles “escorias” y empleando lemas como “#NoMasHondureñosEnAyutla”, “#FueraHondureñosdeAyutla” o #Porunaayutlasanaylimpiadeescorias.

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