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En Chiapas, defensores presos de Cancuc apelan sentencia condenatoria
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
En portada: Familiares de los cinco defensores presos de San Juan Cancuc protestan en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
Este martes (22), a escasos días de cumplir 15 de meses desde la detención de cinco tzeltales, defensores del territorio del municipio San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, se realizó la audiencia para la apelación de la sentencia de 25 de prisión dictada contra los indígenas.
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Ante ello, organizaciones de derechos humanos, Pueblo Creyente y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Terrritorio (Modevite) acuerparon la denuncia de los familiares de los cinco presos, quienes, mediante comunicado, acusan “a la Fiscalía Indígena y a la jueza de primera instancia María Guadalupe Flores Rocha por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación del caso de los acusados, porque no tomaron en cuenta realmente las pruebas”.
Las familias de Agustín Pérez Velasco, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez, Manuel Santiz Cruz y Martín Pérez Domínguez, quienes se encuentran presos por el supuesto delito de “homicidio calificado” de un policía municipal, enfatizan que la muerte del elemento de seguridad “es responsabilidad de la policía municipal de San Juan Cancuc, porque habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal”.
Mediante comunicado, difundido previo a la audiencia, resaltan que, dentro de las irregularidades en el caso, no se investigó a la patrulla en la que murió el policía Antonio Aguilar Pérez, ni se realizó investigación en el lugar de los hechos donde elementos de seguridad recogieron con vida al agente, para posteriormente entregarlo a su familia muerto, cinco horas después.
A lo anterior se suman “las contradicciones de los supuestos testigos, la necropsia del cuerpo realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de taxología, (además de la) alteración de acta de defunción corregida a mano y con corrector”, señalan los familiares de los presos.
Es por estos elementos que los familiares y las organizaciones exigen la liberación inmediata de los cinco presos injustamente “ya que son víctimas de fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena”.
Fábrica de culpables
A inicios de agosto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, donde argumenta que las detenciones arbitrarias, como en el caso de los defensores de San Juan Cancuc, son un castigo de parte de las estructuras gubernamentales para “quienes se organizan contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización y contra la imposición de proyectos políticos que violan la autonomía de los pueblos originarios”.
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El Frayba resaltó que los cinco indígenas tzeltales forman parte de organizaciones como el Pueblo Creyente, el Modevite y además participan en el Comité de Derechos Humanos de la Parroquia San Juan Evangelista de San Juan Cancuc, mediante las cuales se han posicionado contra megaproyectos que afectan sus territorios, tales como la construcción de una hidroeléctrica en el río Chacté y la ampliación de la denominada “carretera de las culturas”, que pretende conectar a los Altos de Chiapas con el Tren Maya.
“El objetivo de la criminalización a los cinco indígenas fue el de enviar un mensaje ejemplar hacia la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización”, explicaron integrantes del centro de derechos humanos en la denuncia ante la ONU.
Actualmente, los cinco defensores se encuentran presos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5), ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Sus familiares y organizaciones exigieron a los magistrados de la Sala Regional Colegiada Mixta, del Tribunal Superior de Justicia de San Cristóbal de Las Casas, “la inmediata liberación de los compañeros, ya que se ve claro la fabricación de delitos por parte de la fiscalía y la colusión con los jueces”.
“Vemos que para el sistema de justicia y los políticos la justicia es una cuestión de cifras y números para tratar de aparentar que no hay impunidad en Chiapas, pero que acaba con las vidas de personas inocentes y sus familias como el caso de nuestros compañeros quienes se encuentran injustamente presos”, resaltaron.
Tras la realización de la audiencia, los magistrados cuentan con un plazo de tres días para dar a conocer su dictamen.
Pronunciamiento del CIPOG-EZ, continúa el bloqueo de la carretera José Joaquín de Herrera-Chilapa en exigencia de justicia por nuestros muertos, desaparecidos y asesinados
¿ACASO LA PALABRA OBTENIDA BAJO TORTURA SE PUEDE CONVERTIR EN VERDAD? DE CUANDO LOS ARDILLOS ASESINOS QUISIERON LAVAR SU ROSTRO CON LA SANGRE DE NUESTROS MUERTOS.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Misión Civil de Observación Sexta
A las Organizaciones de Derechos Humanos
A los medios de comunicación
Al movimiento social guerrerense
al pueblo en general
22 de agosto de 2023.
Ante los acontecimientos recientes perpetrados contra pobladores de nuestras comunidades, agradecemos la difusión, el acompañamiento y las muestras de solidaridad de todas y cada una de persona de manera individual, de colectivos honestos y que luchan por la
vida, de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones defensoras de
Derechos Humanos y de los medios de comunicación libres, independientes, alternativos o como se llamen y de medios de comunicación; a todos aquellos y aquellas cuya memoria no olvida.
Hechos:
• El 13 de agosto, aproximadamente a las 11:20 de la mañana, Esteban Xochitempa Tepexco (40 años) y su hijo, Juan Xochitempa Macario (16 años), pertenecientes ambos a la comunidad de Xochitempa, habían sido asesinados en la gasolinera de Chilapa, por el grupo narco-paramilitar los ardillos, con el silencio de la policía municipal que opera para los ardillos y pone al servicio de este grupo criminal el sistema de video vigilancia de Chilapa.
• El pasado 17 de agosto de 2023, Nicolás Rodríguez Díaz (25 años), Marcelino Hernández Tecorral (23 años) y Ángel Villalba Salvador (29 años), todos de la comunidad de Zapapexco, fueron secuestrados en el tramo carretero que va de Chilpancingo a Chilapa, en el crucero de Ayahualulco (pueblo del ardillo Celso Ortega), donde hay un retén militar y estatal. Es ahí donde fueron detenidos nuestros compañeros cuando viajaban en una urban rumbo a Chilapa, por 4 hombres fuertemente armados, con ropa de policía Estatal y una patrulla de la Policía Estatal, es aquí donde se mira claramente la vinculación del grupo
narco-paramilitar los ardillos y la policía Estatal de Chilapa, pero también del ejército, por hechos que mencionaremos más adelante. Estos datos fueron aportados por un testigo de una de nuestras comunidades que viajaba en una urban que iba adelante de la urban en la
que viajaban los 3 secuestrados. Este testigo ya había sido interrogado, por los 4 hombres armados, pero dijo ser de una comunidad ajena al CIPOG-EZ, CRAC-PC-PF, pues intuyó que podía ser violentado por estas personas. Lamentablemente, los 3 secuestrados, tenían identificaciones que señalaban que pertenecían a Zacapexco, una de las comunidades del CIPOG-EZ, CRAC-PC-PF, por lo que fueron secuestrados y llevados a Ayahualulco.
• El día 21 de agosto, circularon videos donde Angel Villalba Salvador y Nicolás Rodríguez Díaz, secuestrados el 17 de agosto por los ardillos, en evidente estado de tortura, con las manos atadas a la espalda, hacen declaraciones a difamando al Concejo Indígena y Popular
de Guerrero Emiliano Zapata y a la CRAC-PC-PF, dicen pertenecer a los Tlacos y nombran a nuestro promotor Jesus Plácido Galindo como responsable de enviarlos a pelear contra un grupo delincuencial. Las declaraciones las hacen privados de su libertad, son declaraciones forzadas, bajo tortura, con la desesperanza, el último intento de salvar sus vidas si lo hacen, de jóvenes indígenas, donde aparecen sin playera, con hematomas y signos de tortura y la
mirada fija hacia la cámara.
Destacamos que entre las declaraciones que dieron, hablaron de grupos guerrilleros y dan datos como que en julio de 1996 hubo una emboscada a militares en la comunidad de Ahuejote, entre Chilapa y Tixtla. Mencionan también que hubo otra emboscada en 1998, por parte de la guerrilla a militares en la comunidad de Tepozonalco entre Chilapa y Atlixtac y que en 1992 de diciembre hubo una emboscada de la guerrilla a judiciales en Alcozacán. En estos años ellos aún no nacían y son datos que no tenían los jóvenes. Es clara la insistencia en los ataques al ejército y la exactitud en las fechas y lugares; estos
datos están en la memoria del ejército y del Estado, que no perdona y guarda rencor, por lo que nos sugiere que en el interrogatorio y secuestro no sólo participaron los ardillos y la policía estatal, sino el ejército y el Estado.
• El 21 de agosto, tras los videos, se desata una campaña mediática donde participan medios de comunicación controlados por los ardillos y circulan ampliamente, con la clara intención de borrar la historia de dolor y muerte que nuestras comunidades han vivido, como resultado de la guerra de exterminio que los ardillos han mantenido en contra de las comunidades que pertenecemos al CIPOG-EZ, CRAC-PC-PF.
¿A caso es posible que nuestros muertos y desaparecidos, sean olvidados por unas
declaraciones obtenidas bajo tortura?
¿Es posible que la historia criminal de los ardillos, de asesinatos, tortura, desapariciones, así como su vinculación con los gobiernos municipales y estatales, cambie y ahora sean los ardillos las víctimas y quienes dicen la verdad?
Como si los agresores, asesinos, secuestradores, torturadores, tuvieran “calidad moral” y “credibilidad”, para desacreditar con base en videos donde quienes hablan están secuestrados y están siendo obligados a hablar. La historia no se borra; una larga lista de agravios está escrita con la sangre de nuestros muertos, sangre derramada por los ardillos:
• Más de cincuenta personas asesinadas.
• Más de diez desapariciones forzadas.
• Desplazamiento forzado de comunidades.
• Torturados (descuartizados, quemados, etc).
• Disparos a comunidades, drones con explosivos.
• Ordenes de aprehensión y encarcelados por delitos fabricados.
Delitos de lesa humanidad que van encaminados al exterminio de las comunidades indígenas de la montaña baja de Guerreo que se resisten a pertenecer al grupo criminal los ardillos
(Información que se puede obtener del Informe elaborado por la Misión Civil de Observación, llamado: “Graves Violaciones a los Derechos Humanos en las Comunidades de la Montaña Baja de Guerrero”, se puede consultar en https://www.caminoalandar.org/post/crimenesde-lesa-humanidad-contra-las-comunidades-indígenas-del-cipog-ez-cni-cig-guerrero).
Los delitos anteriormente señalados, aunados a la falta de acceso a los derechos más básicos como lo son: salud, educación, trabajo, acceso a la justicia, seguridad, identidad y al libre tránsito, ya que nuestras comunidades se encuentran cercadas por grupos del crimen organizado que diariamente amenazan, atacan, disparan y nos mantienen en asedio. Es por eso que decimos que el Estado también es cómplice del dolor que viven nuestras comunidades, por el abandono y el silencio que guardan frente a la violencia que vivimos.
Es por lo anterior que sus intentos de desacreditarnos y difamarnos, no nos preocupa; porque sabemos que quienes no olvidan saben que los asesinos son los ardillos. Porque sabemos que quienes han dado seguimiento a nuestro proceso organizativo, así como a los hechos de violencia que hemos vivido, saben quiénes somos, que nuestra palabra ha sido cabal y que no nos vendemos, no nos rendimos y no claudicamos; saben bien que el CIPOG-EZ, es una organización que lucha por la autonomía y por la vida de sus comunidades, no por cargos públicos, ni por recursos económicos.
También decimos con mucha claridad, nosotros y nosotras, las comunidades que nos agrupamos en el CIPOG-EZ, CRAC-PC-PF, nos hacemos responsables por la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Y si llegara a suceder que algún compañero de nuestra organización decide entregarse a los partidos políticos, venderse al crimen organizado y volverse contrario a nuestros principios de la lucha por la vida y el territorio, esto no implica que la organización que se ha mantenido a base de sacrificios y vidas, se tenga que ver implicada con hechos que no correspondan con nuestros principios.
Sepan también que el CIPOG-EZ, CRAC-PC-PF, no es un individuo, que somos 25
comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, con presencia en la Costa Chica y Costa Montaña, cuyo máximo órgano de toma de decisiones es la Asamblea y no un individuo que puede tomar decisiones, sean correctas o incorrectas. Pero sí señalamos en este sentido que Jesus Plácido Galindo, ha sido promotor del CIPOG-EZ y hasta hoy se ha mantenido firme a los principios de defensa del territorio y de la vida, por lo que responsabilizamos al Estado por lo que le llegue a suceder ya que nuestro compañero cuenta con el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
No se confundan, nosotros y nosotras, seguiremos en resistencia, por ahora bloqueando la carretera de José Joaquín de Herrera–Chilapa, por justicia para nuestros muertos, por las exigencias de las investigaciones de los presidentes municipales, de la policía municipales de
Chilapa, de Atlixtac, de Quechultenango y demás municipios controlados por los hermanos Ortega Jiménez; esperando a que las autoridades federales y estatales den la cara por la inoperancia de sus instituciones, la infiltración y vinculación de sus autoridades por el crimen organizado.
Por un Guerrero donde nuestros niños y niñas, abuelos y abuelas, hombres y mujeres, vivan en paz.
VIVAN LOS PUEBLOS INDÍGENAS!
¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA!
¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA!
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
Comisarios, Autoridades y promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)
