El pasado viernes (6) el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó en Quintana Roo, durante la conferencia matutina que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la Guardia Nacional ya tiene 2 mil 454 elementos en esta entidad y “tendrá tres mil 200 guardias nacionales adicionales”, para cubrir la seguridad del Tren Maya y para que las “obras se ejecuten en paz”.

En total son 6 mil 694 elementos federales en Quintana Roo que actualmente cuidan las obras del Tren Maya. Además de la Guardia Nacional, también hay presencia de 1 mil 598 elementos del Ejército y Fuerza Aérea y de la Secretaría de Marina, 1 mil 896.

A ello se suman 658 elementos de la policía estatal, 4 mil 339 de las policías municipales. “Tenemos un total de 10 mil 110 elementos operativos realizando trabajos de manera coordinada”, con el gobierno de Mara Lezama, desde el primer día de su administración, dijo Cresencio Sandoval.

De los elementos de la Guardia Nacional se desprende el llamado batallón turístico conformado por 550 integrantes quienes ejecutan un plan que desarrolló el gobierno de esta entidad en conjunto con Sedena para protección a turistas.

Hasta el momento Quintana Roo tiene una coordinación estatal de la Guardia Nacional y cuatro coordinaciones regionales que están ubicadas en Benito Juárez, Cozumel, Othón P. Blanco y Solidaridad. Además, se tiene proyectada la construcción de una base de operaciones más en Benito Juárez.

Así mismo, el secretario de la Secretaría Nacional de la Defensa (Sedena) agregó que a la estrategia de seguridad en la región se suman 3 nuevas bases aéreas de la Fuerza Aérea Mexicana y 5 aeronaves destinadas exclusivamente para la seguridad del tren, así como el uso de drones. “Esas aeronaves estarán haciendo recorridos en todo lo que es la trayectoria y estarán desplegados también en lo que es las bases aéreas que se consideraron dentro de este proyecto”, señaló el secretario.

Para endurecer la seguridad de este megaproyecto, el cual está provocando una reconfiguración del territorio y las relaciones sociales cotidianas, también se agrega una inversión de 2 mil millones de pesos para la adquisición de 689 unidades vehiculares, 507 chalecos balísticos y un helicóptero para el fortalecimiento de la seguridad de la población, declaró Cresencio Sandoval.

^{En portada: Pueblos indígenas de los Altos de Chiapas reunidos para celebrar la integración de sus representantes al Concejo Indígena de Gobierno en julio del 2017. Foto: Medios Libres Chiapas}

El Congreso Nacional Indígena (CNI) conmemorará el 12 de Octubre, día de su 27 aniversario, con una acción global para exigir el alto a la guerra contra los zapatistas y los pueblos originarios de México y del mundo. “Nosotros los pueblos no tenemos que festejar, sino decir que seguimos en lucha, resistiendo y diciéndole al gobierno que no vamos a vendernos ni a claudicar”, dijo para Avispa Mídia Isabel Valencia de la comunidad Otomí de Santiago Mexquititlán, Querétaro, e integrante del CNI.

Son varios los pueblos de México y el mundo que se unirán a la convocatoria del CNI para participar, desde sus trincheras, en esta acción dislocada. El llamado sigue y se dará a conocer con mayor detalle en el Foro “Militarización y despojo contra los pueblos originarios” que se realizará a las 16hrs del sábado, 7 de octubre, en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas ‘Samir Flores Soberanes’, en la Ciudad de México y en las redes sociales de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.

Se adelantó que el 12 de octubre las actividades iniciarán a las 9hrs en la Casa de los Pueblos, para que las comunidades reunidas en la Ciudad de México hablen sobre lo que ocurre en todo el territorio mexicano. Habrá también una rueda de prensa y, después, a las 16hrs iniciará la marcha que partirá del Ángel de la Independencia y culminará en el Zócalo.

Además de las acciones simultáneas en otros puntos del mundo, “queremos vernos, ser visibles y llamar a todos los pueblos que luchan y resisten para decirles que aquí estamos resistiendo y luchando junto con el Congreso Nacional Indígena porque el gobierno no nos quiere ver, pero somos muchos”, agregó Isabel.

Para el CNI alzar la voz siempre ha sido una necesidad, ahora más con el contexto actual de los territorios de los pueblos originarios que tienen presencia del Ejército y el crimen organizado, “el narco Estado, pues entre todos ellos se comete el despojo”.

En este tenor, Isabel recordó los asesinatos y amenazas en Ostula, Michoacán, o el grave panorama de Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Querétaro, Morelos o Puebla, donde el Ejército es parte de las intimidaciones contra quienes denuncien despojos y otras violaciones a los derechos humanos.

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“Es muy preocupante todo lo que ahorita el gobierno está haciendo. Si vas a hacer una denuncia no procede, no te hacen caso, y es ahí donde decimos no hay justicia para los pueblos, no hay justicia porque no nos escuchan”, destacó.

Por ahora, la denuncia pública es la mayor arma de quienes están en la defensa de la vida, pues a través de ésta se ha conocido la devastación ocasionada por el Tren Maya en las comunidades, así mismo, la violencia criminal que rompe la tranquilidad de las comunidades.

El tema de las desapariciones de jóvenes en diferentes puntos de México se habla en los conversatorios, refirió Isabel, “y en muchos casos son niños… es impresionante, porque hasta ahorita tampoco sabemos nada de los 43 normalistas desaparecidos precisamente por el Ejército, aunque digan que no, no pueden actuar los de abajo si los de arriba no ordenan”.

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Ahora, en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, el paisaje no es alentador, pues el gobierno continúa con “el dedazo” y las viejas prácticas de los partidos políticos, “lo mismo” pero con un falso discurso de izquierda y a favor de los pueblos. “Definitivamente estamos viendo que la lucha es por el reordenamiento territorial y pues lamentablemente para nosotros como pueblos originarios, ahí entran las transnacionales con los megaproyectos”.

En voz del CNI, Isabel hizo hincapié que seguirán derrumbando el hermetismo sobre la verdad y los repetitivos discursos que señalan a los pueblos como responsables de las violencias y los conflictos, “como sucede en Chiapas, donde el discurso de arriba justifica la guerra como una disputa territorial entre pueblos indígenas”.

Las y los participantes en las actividades de la acción dislocada del próximo 12 de octubre podrán registrarse en cnicomunicacion@gmail.com

^{En portada: Durante los últimos días de septiembre, centenas de militares incursionaron en las calles de Frontera Comalapa después de dos semanas de bloqueos y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Testimonios enfatizan que pese a su presencia, continúa la violencia criminal.}

Esta es la segunda entrega de la serie Chiapas: Desaparecer en la Frontera Sur de México, producida por Avispa Mídia. En la primera entrega presentamos una contextualización del conflicto que ha explotado en los últimos meses en Chiapas.

En los textos que siguen, mostraremos el rostro de las estadísticas que apuntan centenas de desaparecidos principalmente en la frontera de México con Guatemala. Ahora traemos la historia de Armando Agustín, un taxista de Ciudad Cuauhtémoc que desapareció mientras trabajaba. Su familia sigue en su búsqueda.

Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Frontera Comalapa, se localiza en los límites de Chiapas, México, con Guatemala, por lo que es clave para el tráfico de personas, drogas, gasolina, armas, entre otros ilícitos, y es parte del territorio en disputa de dos cárteles del crimen organizado.

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Desde el 2021 los habitantes no tienen derecho a una vida digna, “hace dos años comenzó nuestro infierno”, relata Ángeles Espinosa con voz molesta porque a la par recuerda los dichos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en las conferencias matutinas.

Hace dos semanas no hay clases en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, las tiendas de abarrotes incrementaron los costos de los productos debido al desabasto, incluso de gasolina y gas LP, “y así ha sido durante dos años, pero ahora se pone peor”.

Los bloqueos promovidos por los cárteles continúan en puntos que conectan con vías de comunicación de la Costa, Sierra y la Meseta Comiteca Tojolabal, que se han convertido en las más peligrosas de transitar a pesar de la presencia militar.

“Al igual que Guatemala, el presidente envió a los militares y no hacen nada, frente a ellos pasan las camionetas con gente armada; aquí no hay seguridad, aquí a diario desaparecen personas”, reitera Ángeles.

En Ciudad Cuauhtémoc también se han quedado sin energía eléctrica por varios días y de forma recurrente la luz falla por las noches; y ya es común escuchar balaceras y ver desfilar camionetas con personas armadas, incluso de día.

Uno de los grupos señalados de operar en la zona es el “Maíz”, vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para obligar a los habitantes a realizar actividades que les favorecen en la estrategia, incluso mediática, de sacar al Cártel de Sinaloa de la región.

“Al parecer es gente que ha sido coaccionada a sumarse, provienen de las mismas localidades y algunas de otros municipios”, agrega Carla Zamora Lomelí, investigadora del grupo de Estudios Socioambientales y Gestión Territorial en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

Pero es tan solo uno de los grupos señalados por posibles desapariciones de personas, principalmente de hombres jóvenes y fuertes.

Armando Agustín, el taxista

Hace dos años, el 1 de septiembre de 2021, Armando Agustín Martínez Díaz, de oficio taxista, fue contratado para un viaje de Ciudad Cuauhtémoc a Comitán de Domínguez, del que no tuvo retorno.

Armando Agustín fue de los primeros desaparecidos que coinciden con el incremento de casos de violencia generalizada, relacionada con la disputa del territorio entre el cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación en Chiapas.

Es originario de Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Frontera Comalapa, y tenía 36 años cuando desapareció. Ese 1 de septiembre fue contratado por una pareja para realizar un viaje a las 9hrs rumbo a Comitán.

Después de recorrer un aproximado de 80 kilómetros, a las 10hrs, Armando se comunicó con su familia, dijo haber llegado bien a Comitán y que ya iba de regreso. Pero fue su última comunicación.

Al notar que el tiempo transcurrió y Armando no regresó a casa, la familia y amigos enviaron mensajes y marcaron su número de móvil infinidad de veces. Pero siempre estuvo fuera de servicio.

La familia interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que publicó la ficha de búsqueda, pero nunca investigó. Por ello, durante las primeras semanas la familia buscó a Armando en Comitán, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, en separos y hospitales, pero sin éxito.

La vía de comunicación, desde hace varios años, se ha convertido en una de las más peligrosas de la geografía chiapaneca. Desde hace dos años, habitantes de Chicomuselo y Frontera Comalapa denunciaron en redes sociales el riesgo de transitar por esa carretera, incluso a plena luz del sol.

Como sucedió el 22 de marzo de 2023 con la desaparición de siete autoridades ejidales de Nueva Libertad, Frontera Comalapa, que previamente fueron vistos a bordo de una camioneta Ram color rojo y se dirigían a Palenque. Días después fueron liberadas en diferentes momentos.

A las 17hrs del 18 de mayo del mismo año, Tomás López Gómez perdió comunicación con su familia. Tomás conducía un vehículo tipo Urvan del transporte público Estrella de la Frontera Sur que recorría la carretera de Ciudad Cuauhtémoc a Comitán, pero hasta ahora no hay noticias de su paradero.

Las calles en silencio

Para 2020, Ciudad Cuauhtémoc registra cerca de 2,788 habitantes de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y, a decir de Humberto Salas, familiar de tres personas desaparecidas, en la localidad hay más de 50 casos, pero la mayoría de las personas prefiere no denunciar.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha dado cuenta que, por la falta de confianza en las autoridades, la incertidumbre y las constantes amenazas que reciben por diferentes vías, muchas familias prefieren no denunciar.

La violencia logró lo que la pandemia no, encerrarlos por completo. Las niñeces viven con miedo, incluso para ir a la escuela, pues en más de una ocasión las balaceras han sucedido mientras están en clases.

Las ferias de fin de año en honor al Niñito Fundador y a la Virgen de Guadalupe no se hacen desde hace tres años. Las calles lucen vacías, el transporte es intermitente y los negocios cierran al ocaso.

Muchos comercios quebraron, por los cobros de derecho de piso, incluso dejó de ser ruta recurrente de las personas en movilidad humana que llegan a México, porque también las desaparecen.

En todo momento, los habitantes contactados destacaron la ausencia de fuerzas de seguridad. “Casi no hay presencia militar”. A diario observan más vehículos del crimen organizado que militares y los violentos bloqueos son constantes.

Todo lo anterior, a pesar de que a 14 minutos existe un destacamento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la localidad El Jocote; uno más de la Guardia Nacional en el tramo carretero Paso Hondo-Frontera Comalapa.

Los habitantes dijeron que observan más ‘desfiles’ de carros monstruos, motocicletas y camionetas con personas a bordo portando armas de fuego que de militares salvaguardando la integridad de los mexicanos.

“A todos nos cambió la vida, nos sentimos inseguros, escuchamos ruidos de carros o motocicletas y pensamos rápido que son ellos y que nos van a volver a atacar”, lamentó Raquel Molina. “Somos personas humildes y trabajadoras, pero estamos pagando por cosas que no hicimos”.

*Los nombres de las personas que accedieron a dar testimonios fueron modificados por razones de seguridad.

^{En portada: Familias migrantes en los alrededores de una estación de autobuses en Tuxtla Gutiérrez}

Fueron 12 las personas en movilidad humana que perdieron la vida la semana pasada en diferentes momentos, pero no fortuitos. A decir de los defensores de los derechos humanos, la situación responde a una política violenta e inhumana que implementa el Estado mexicano.

El jueves 28 de septiembre, un camión tipo volteo se volcó a la altura del kilómetro 125 de la vía terrestre Malpaso-La Herradura, en Chiapas. En el vehículo viajaban hacinadas 52 personas, de las cuales dos fallecieron y 27 fueron llevadas a atención médica a Tuxtla Gutiérrez, entre ellas seis menores de edad.

Un total de 24 son originarias de Guatemala, una de Ecuador, una de Venezuela y de una persona no se logró determinar su nacionalidad.

La madrugada del 1 de octubre, una segunda volcadura terminó con la vida de 10 mujeres, de 27 personas de origen cubano que trasladaba la unidad tipo tortón. El accidente ocurrió en el kilómetro 134 del tramo carretero Pijijiapan-Tonalá, Chiapas, donde estos sucesos se han vuelto recurrentes.

Las 17 personas restantes, resultaron con heridas de gravedad: 16 fueron trasladadas al Hospital de Pijijiapan y una más fue canalizada al Hospital de Huixtla, pero la dependencia de salud permanece hermética sobre la condición de los hospitalizados.

“El Estado debe realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre las causas y responsabilidades de este accidente y brindar atención a las víctimas y sus familiares”, se pronunció el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur.

Integrado por diversas organizaciones con presencia en Chiapas, el Colectivo reiteró que los hechos no son aislados, sino consecuencia directa de la política que restringe, contiene y detiene los flujos migratorios.

“Es preocupante que estas políticas generen un contexto de violencia, precariedad y riesgo para miles de personas que por diversas razones han tenido que salir de sus países”, señaló el Colectivo, pues les obligan a recurrir a vías inseguras, clandestinas y expuestas al abuso, la extorsión y la muerte.

Pidió respeto al derecho a la identidad y dignidad de las personas fallecidas, facilitar la identificación y entrega a familiares, así como el traslado y la sepultura, “que se repare el daño integral a las víctimas y sus familias”.

Los defensores que integran el Colectivo exigieron justicia, pues recordaron que hace dos años en el accidente del tramo Chiapa de Corzo-Tuxtla en el que fallecieron 55 personas y 114 resultaron heridas, las familias nunca encontraron reparación del daño.

Se expande la contención en Chiapas

El pasado 26 de septiembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que el comisionado Francisco Garduño Yáñez “despresurizó” a 8,152 personas que esperaban turno en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, Chiapas.

Es decir, trasladaron a las personas en movilidad humana usando 189 autobuses y 73 camionetas tipo Van a Tuxtla Gutiérrez, Huixtla, San Cristóbal y Palenque, Chiapas; además de Villa Hermosa, Tabasco y Acayucan, Veracruz.

Pero estos traslados no son nuevos, comenzaron poco después del incendio de la estancia migratoria del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua. “Los traslados se hacen desde el puente de ingreso en Suchiate hasta Tuxtla y recientemente a otros estados de la república”, explicó a Avispa Mídia Karen Martínez, del Servicio Jesuita a Refugiados.

“Oaxaca es otro de los estados que se ha estado saturando porque los autobuses también las llevan para allá, pero el INM no brinda información clara y no indica a cuántas personas ha traslado en total, tampoco hay un control”, dijo Martínez.

Las organizaciones del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur han documentado la salida de al menos 10 autobuses a diario desde Suchiate y Tapachula, que viajan con alrededor de 40 personas a bordo.

En testimonios recabados de personas migrantes y solicitantes de asilo que llegaron a Tuxtla Gutiérrez por esta vía, el traslado se les otorga a cambio de firmar documentos en los que pierden sus derechos para regularizar su estatus o acceder a la protección internacional.

Pero si las personas intentan irse de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México son interceptadas en alguno de los cinco retenes del tramo Chiapas-Veracruz, en los que incluso participa la Fiscalía General de la República (FGR), y son retornadas a la capital chiapaneca.

Yannet Gil Ardon fundadora del albergue “Una ayuda para ti mujer migrante” dio cuenta que las personas en movilidad que son detenidas en el norte de México también son trasladadas a Tuxtla Gutiérrez, “el INM las viene prácticamente a tirar a las terminales de autobuses y les quitan o destruyen sus documentos oficiales”.

“La nacionalidad más acentuada es de Venezuela y regularmente son familias”, dijo la defensora a Avispa Mídia. Además, mencionó que están incrementando los casos de personas desaparecidas, “llegan sujetos a las terminales a ofrecerles ayuda, se las llevan y no sabe más de ellas”.

Paran los números

Tras el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que 40 personas perdieron la vida, la dinámica del INM cambió de forma superficial. Se anunció el cierre de poco más de 30 estancias provisionales migratorias a razón de un diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las condiciones de las mismas.

El estudio se realiza sin tomar en cuenta a las principales víctimas de las violaciones a los derechos humanos en esos espacios y que, por años, han sido documentadas por periodistas y defensores de los derechos humanos.

Desde julio las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) no se han actualizado, pero hasta ese mes reportó la “entrada irregular” de 317,334 personas: 93,732 mujeres y 223,602 hombres.

Un total de 140,671 son procedentes de América del Sur y que supera por mucho a Centroamérica con 102,106 entradas. Con 87,063 registros, Venezuela es la nacionalidad con mayor reporte de migración irregular, seguido por Honduras con 50,655, Guatemala con 35,426 y Ecuador con 30,252, por mencionar algunos países.

Este reporte también menciona que 117,076 personas fueron detenidas en Chiapas en la primera mitad del año, con mayor número en Tapachula (58,447), Suchiate (11,541), Huixtla (11,223), Arriaga (8,859), Huehuetán (7,151) y Palenque (4,718).

Mientras que, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados publicó que hasta agosto registró 99,881 solicitantes, 33,127 más que en el mismo periodo pero de 2022. En la actualidad, Haití, Honduras, Cuba, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Brasil y Chile, encabezan la lista.

Sin embargo, los números no muestran la realidad de la cantidad de personas esperando ser atendidas en los diferentes municipios de Chiapas. Algunos testimonios refieren que incluso no pueden hacer la cita por la plataforma digital, pues la geolocalización les pide estar en el norte del país, a donde, por más intentos que hagan, no pueden avanzar.

^{En portada: Habitantes de la comunidad maya de Homún mantienen acciones de resistencia para cerrar la mega granja que alberga casi 50 mil cerdos y contamina el agua y suelo de la región.}

La ubicación estratégica de la Península de Yucatán ha facilitado la expansión de la industria porcina. A la fecha, Mercy For Animals documentó la existencia de 872 granjas de cerdos en la Península de Yucatán, siendo que muchas de ellas albergan hasta 100 mil cerdos.

En el estado Yucatán, donde se encuentra el mayor número de granjas, tras la crisis de la industria henequenera, el gobierno comenzó a impulsar la porcicultura a finales de la década de los sesenta; y a partir de los noventa, en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (TLCAN), la producción de cerdo tuvo un crecimiento acelerado.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la media de producción de carne en el Estado pasó de 17,662.2 toneladas entre 1984 y 1992, a 38,278.6 en 1993 y 1994, con lo que se cubrió el 95% de la demanda regional. En 2019 la producción tuvo un crecimiento 4.5 % anual, mayor a las cifras en Sonora (2.6%) y Jalisco (1.7%), que por años ocuparon los primeros lugares de producción nacional de carne de cerdo.

A partir de la exigencia de las comunidades y por los fundamentos científicos presentados en las denuncias, se realizó el Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola de Yucatán publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en marzo de 2023.

En este estudio, la dependencia federal identificó 507 coordenadas de posibles granjas solo en el estado de Yucatán. Fueron localizadas en 83 de los 106 municipios, pero con mayor presencia en Mérida, Izamal, Tizimín y Acancéh, Tetiz, Ticul, Telchac, Tixkokob y Motul. Por lo tanto, las comunidades donde hay una mayor densidad de granjas son: Conkal (27), Telchac (22), Homún (15), Tizimín (15), Umán (15), Chicxulub (15), Tixkokob (14), Tetiz (14), Izamal (12), Ticul (11).

Las investigaciones de organizaciones y expertos coinciden en que una cantidad considerable de las granjas opera fuera de la ley y no cuenta con una evaluación de impacto ambiental (EIA). Por ejemplo, en el 2020 Greenpeace documentó la existencia de 257 granjas; el 47% se localizó dentro de las áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad.

La mayor parte de la producción porcícola de esta zona se exporta a Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Estados Unidos y Canadá.

Zonas kársticas

Este año, los investigadores de Mercy For Animals hicieron sobrevuelos en algunas instalaciones y confirmaron la deforestación que propician las mega granjas industriales construidas en selvas tropicales en las que antes no existía ninguna afectación.

Encontraron, además, evidencia de un potencial colapso ambiental, pues observaron edificios con miles de animales y millones de litros de desechos de animales a la intemperie que contaminan el suelo, el aire “y, posiblemente, el agua de los cenotes”.

Aunque algunas instalaciones tienen biodigestores para tratar los desechos, éstos sobrepasan la capacidad de los tanques, contaminan los suelos y, posiblemente, se filtra a la red subterránea de cenotes.

“El impacto ambiental provocado por las actividades de estas granjas es desgarrador, pues contribuyen a la deforestación de la selva, la erosión y contaminación del suelo y a la emisión de gases de efecto invernadero”, señaló la organización en un informe de septiembre de 2023.

“Y no hay sistema que pueda soportarlo, es imposible que estas zonas kársticas puedan retener y transformar tantas cantidades y volúmenes”, pues el cerdo produce cuatro veces más residuos que un humano, destacó Yameli Aguilar Duarte, Doctora en Geografía Ambiental por la UNAM, durante las sesiones del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones.

Se suma que el dictamen de la Semarnat identificó 205 títulos de aprovechamiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) relacionados a la actividad de granjas porcícolas que, a su vez, corresponden a 343 permisos de descargas, según el Organismo de Cuenca de la península de Yucatán.

De las 507 coordenadas de las posibles granjas en Yucatán, el 60% de estas granjas no se logró identificar algún título de concesión o permiso de descarga de aguas residuales, sólo el 30% cuentan con algún título.

Hallazgos

El estudio publicado este año por la Semarnat integró los análisis de calidad del agua que arrojaron concentraciones elevadas de E. Coli, indicativo de contaminación difusa de excretas de seres vivos de sangre caliente.

“Los ácidos nucleicos o metabolitos finales como la urea y el ácido úrico; como materia orgánica está sujeta al consumo por parte de microrganismos, los cuales lo procesan y transforman el nitrógeno presente en amoniaco, al cual denominamos nitrógeno amoniacal”.

El análisis se hizo en 22 pozos de agua potable y 20 cenotes identificados a fin de realizar el muestreo correspondiente a la calidad del agua. En la zona sur y este de Mérida se identificó hasta 3 veces la concentración de Nitrógeno amoniacal en el agua subterránea.

En la misma zona se identificó contaminación con fósforo, mientras el este y noroeste, convergiendo con los municipios con mayor densidad de cerdos por hectárea. Existe señal de un efecto inducido por las granjas porcinas, destaca el estudio.

Por otro lado, en la primera aproximación sobre las concentraciones ambientales de contaminantes atmosféricos en tres granjas en Yucatán, la Semarnat encontró niveles importantes de concentraciones de amoniaco y ácido sulfhídrico, aun en condiciones atmosféricas de un Norte, donde las altas velocidades del viento diluyeron las concentraciones.

La peste que impide vivir

Entre otras afectaciones se encuentran el despojo de tierras y de los derechos de quienes habitan la región y buscan defender la biodiversidad, pues se violenta, incluso, el derecho de los pueblos a una consulta previa e informada, genera problemas de salud en la producción local, en las formas de organización social y de vida de las comunidades.

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En el caso de la comunidad maya de Siltipech, municipio de Izamal, Yucatán, donde se concentran 12 granjas, los habitantes iniciaron la lucha por su derecho a la vida hace poco más de dos años cuando se activó una mega granja de 49 mil cerdos de la empresa Kekén, muy cercana a sus viviendas.

“La gente ya está presentando erupciones en la piel y malestares estomacales. No hay bienestar porque incluso la peste les impide vivir en armonía… Aunque sabemos que hay sistemas de tratamiento sabemos que no funcionan adecuadamente”, y se le suma las condiciones del clima, agregó Aguilar Duarte.

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En este tenor, Mercy For Animals llamó de manera urgente a la Conagua, Conanp, Profepa y Semarnat para que dejen de otorgar permisos que abonan a la proliferación de esta industria, además de supervisar y clausurar las que no cuentan con los permisos correspondientes.

La investigadora de la UNAM lamentó que los gobiernos municipal y estatal se enfoquen en apoyar cada vez más a toda la industria. “Información científica hay mucha desde hace 20 años, incluso sobre sistemas de tratamiento que funcionan para ciertos aspectos, pero no para el impacto de suelos y acuíferos”.

Otras contaminaciones

Salvador Castell, fundador de la organización Va por la Tierra, aseguró a Avispa Mídia que la urgencia por la contaminación del agua en Yucatán va más allá de la industria porcícola, pues incluye a toda la producción pecuaria.

Consideró, por ejemplo, que el uso de agroquímicos en la agricultura que, además de ser tóxicos y cancerígenos, son persistentes, algunos se acumulan y se usan sin ninguna regulación.

Sin embargo, el también académico dijo que es necesario no dejar de vigilar a la porcicultura, ni toda actividad que tenga descargas que puedan tener un impacto en el ecosistema, como la industria textil y cervecera que también es una problemática en la entidad.

^{En portada: Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene}

El proceso contra el indígena asháninka Ángel Pedro Valerio por un caso de desaparición de personas en Perú, en base a testimonios anónimos, es un peligroso precedente para los defensores de territorios que se enfrentan al narcotráfico.

El investigado es presidente de la Central Asháninka del Río Ene (Care), organización que representa a 19 comunidades nativas, 25 anexos, dos pueblos en aislamiento y dos en contacto inicial, en la Amazonía peruana.

A inicios de septiembre, el Poder Judicial notificó al dirigente que se le imputa haber participado en los hechos ocurridos entre el 14 y 15 de abril en el distrito Río Tambo (región Junín), durante un paro en protesta por el asesinato del líder indígena Santiago Contoricón a manos del crimen organizado.

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la policía pidió al Ministerio Público declarar en reserva la investigación, sostenida por declaraciones de tres supuestos testigos oculares que señalan a Ángel Pedro Valerio en la retención de los hasta hoy cuatro desaparecidos.

De esta forma, el órgano policial y la fiscalía evitaron que se le informara sobre la investigación al imputado hasta la proximidad de la orden de captura. El montaje se descubrió al demostrarse que los días en que los testigos lo ubican en el escenario del delito el dirigente participó en el Congreso Ordinario Asháninka, celebrado a 12 horas del lugar. Hay videos y testigos que lo confirman.

“La Dirincri creó la figura del testigo protegido, (pero) la fiscalía tiene la obligación de informar de la investigación, no emitir directamente una orden de detención. Es grave, estamos en situación de que a cualquier persona la declaren testigo protegido y solo basta su testimonio para limitar derechos, como la detención preliminar. Se pueden crear testigos. Vemos que pasan de defensores a investigados, este es el caso más fuerte, pero no el único, hay otras autoridades o jefes que denunciaban tala, deforestación y ahora los acusan de ello”, señaló a Avispa Mídia Irupé Cañari, abogada del dirigente indígena.

Además, para la defensa de Ángel Pedro Valerio, llama la atención que entre los ocho acusados se incluya a dos dirigentes del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), cuando la protesta fue convocada por líderes de comunidades fuera de esta zona.

De momento se le retiró la orden de detención preliminar, pero no se le excluyó del proceso.

Avance de la coca

El avance de los cultivos de coca en territorios ancestrales de la etnia asháninka crece en los últimos años. Como resultado, al menos 20 dirigentes de la Care se encuentran bajo amenazas de las mafias de tráfico de drogas y tala ilegal. Las comunidades que conforman la organización se localizan dentro del Vraem, zona declarada en emergencia, desde 2008, por la actividad del narcotráfico en alianza con remanentes de Sendero Luminoso.

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“Desde hace muchos años luchamos contra el narcotráfico, el cultivo ilegal. Denunciamos cuando hay invasiones en territorios comunales, pero no vemos respuestas inmediatas. La semana pasada el Ejército y la Marina ingresaron a las comunidades, por primera vez, pidieron firmar documentos en blanco. Como pueblo, es una criminalización. Queremos que lo excluyan definitivamente de la investigación”, declaró para Avispa Mídia Janet Velasco, integrante del consejo directivo de la Care.

“El narcotráfico se ha agudizado, tiene como fachada a cocaleros pobres, es la fachada. Se ha visto un crecimiento del cultivo de la coca que vulnera territorios indígenas. El narcotráfico y los cocaleros con influencia en el Estado aprovechan estas desapariciones para evitar la erradicación (del cultivo ilegal)”, considera la defensa del líder asháninka.

Herramientas legales

Un inminente nuevo instrumento legal para intimidar, estigmatizar y judicializar a la población será la Policía del Orden y Seguridad. El Congreso aprobaría antes de fin de año la propuesta del Ministerio del Interior (Mininter) de implementar una nueva categoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), integrada por agentes con solo un año de preparación y licenciados de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo al Mininter, el cuerpo policial brindará “servicio de prevención de la delincuencia y de proximidad para la convivencia pacífica”.

Desde diciembre de 2022, policías y soldados asesinaron a 50 personas durante protestas en regiones de mayorías quechuas y aymaras. En las últimas marchas masivas contra el gobierno, en julio, se siguió utilizando policías de civil para detener a manifestantes y se sumaron las denuncias de torturas.

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Ante estas formas habituales, los colectivos reunidos en el Comité Nacional Unificado de Lucha advierten que se busca la formación de un escuadrón militarizado, con fines políticos.

Los modelos citados por la cúpula de las fuerzas de seguridad del Perú son la Esmad de Colombia y los casos recientes de Chile y Francia, donde se registran cientos de asesinatos, mutilaciones y violaciones a los derechos humanos. La brutalidad policial en los estallidos sociales de los últimos años en estos países es el ejemplo “exitoso”.

El ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, sostiene que la Policía del Orden reforzará la seguridad en zonas rurales. Eso se traduce, para pueblos y colectivos, en más violencia racial aplicada con letalidad en territorios de poblaciones originarias y campesinas. Como ejemplo, la represión estatal contra las manifestaciones massivas en los últimos meses cuenta con 49 víctimas en localidades andinas y una en la capital, Lima.

La violencia racista también se reproduce en los discursos públicos, en la cabida a mensajes de odio en medios de comunicación locales, lo que fue denunciado este mes ante el Ministerio de Cultura por parte de la organización asháninka, sin respuestas relevantes.

Desde el Estado, además, se pretende criminalizar y censurar a la prensa, con un proyecto de ley que considera como instigadores de disturbios a periodistas que informen sobre convocatorias de protestas. El Ejecutivo propone modificar el Código Penal para incluir en este delito a “comunicadores que utilizando medios de comunicación han convocado a marchas, incluso incitando la violencia”. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen, que pasará a votación definitiva.