Fuente Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

^{Fotos por Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú}

La Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas fue modificada en abril, mediante la norma 32293, para permitir que se legalicen las posesiones informales de tierras comunales ocupadas entre 2004 y 2015 con fines de vivienda, cuando no estén reconocidas como territorios indígenas u originarios, o en procesos legales de reivindicación.

El riesgo se encuentra en la historia de invisibilización y criminalización contra las poblaciones campesinas; en décadas de desprotección y usurpación de sus territorios. Así, la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura solo incluye a un número mínimo del total de 7,267 comunidades registradas por el Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM).

Hasta el 2016, treinta años después de la aprobación de la ley, que declara de necesidad nacional e interés social la formalización de las comunidades campesinas, aún estaba pendiente regularizar la propiedad de 2,130 comunidades.

En muchos casos, para disponer de terrenos irregularmente, se han manipulado registros de comuneros e instalado en las directivas personas ajenas a la comunidad. También se han creado comunidades de fachada, con fines de lucro. La pérdida de áreas comunales es un grave problema para las sociedades agrícolas.

En la práctica, lo que formaliza el Parlamento es el despojo de territorios comunitarios. Las comunidades campesinas tienen una legislación especial, con el objetivo de garantizar la tenencia de sus tierras. La posesión, decidida por asamblea, es posible solo para los comuneros calificados.

Según la Ley General de Comunidades Campesinas, estas son reconocidas por el Estado como instituciones democráticas autónomas en su organización, uso de la tierra, economía y administración.

Maquinaria de despojo

Las irregularidades de la normativa son múltiples. En primer término, desconoce el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios. La modificatoria es contraria al artículo 89 de la Constitución peruana, garante de la imprescriptibilidad sobre territorios ancestrales.

Asimismo, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no debe permitir que terceros los ocupen sin culminar la titulación. Y toda medida que afecte derechos de pueblos originarios debe ser sometida a consulta previa. Por la falta de este procedimiento, en 2022 el Ejecutivo del destituido presidente Pedro Castillo observó la propuesta.

Aunque carezcan de título por omisión de las autoridades, el derecho de pueblos ancestrales a la propiedad de territorios antes de la existencia del Estado es protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) considera que la nueva ley “da carta abierta a la expropiación de los territorios de las comunidades campesinasy permite su fragmentación”. Advierte, además, que abre la posibilidad de la expropiación de los territorios ancestrales de las comunidades nativas en la Amazonía.

“Señalamos que esta no es una medida aislada, sino que es parte de la maquinaria de despojo y violencia generalizada que es promovida por el Congreso, el Ejecutivo y todo el sistema contra los pueblos indígenas andinos y amazónicos”, recalca la organización.

Concesiones, tráfico de tierras y elecciones

De acuerdo al censo agropecuario de 2012, más de 200 comunidades campesinas de la costa del Perú se encontraban en conflictos por tráfico de tierras y superposición de concesiones mineras y agroindustriales. 

Inicialmente, cuando se promulgó la legislación de las comunidades en 1987, las tierras comunales ocupadas por centros poblados no se consideraron parte del área comunal, como medida excepcional. Desde entonces, se aprobaron varias ampliaciones a la disposición.

Los especialistas señalan que lo que fue concebido como una excepción se ha convertido en una práctica que debilita la protección de los territorios comunales.

El Congreso disfraza el intento de despojo de interés en formalizar la titulación de comunidades campesinas y dar uso a las áreas improductivas. Según la web de la institución, “se beneficiará a todas las familias que residen en las tierras de las comunidades campesinas de la costa que fueron poseídas por estar improductivas o abandonadas”.

Entre las observaciones a la legislación, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) recomendó al Parlamento que esta conlleve procedimientos claros y garantías para procesos regulares.

Sin embargo, no se estableció un reglamento, por lo que la aplicación sería inmediata. Las comunidades estiman que, durante el período de campaña política para las elecciones de autoridades regionales y nacionales en 2026, la entrega de títulos de propiedad de viviendas se usará para captar votos.

Las rondas campesinas -las organizaciones a cargo de la seguridad en zonas rurales- manifestaron su rechazo a la medida. Los pueblos temen que se originen más conflictos territoriales debido a esta nueva amenaza a la débil seguridad jurídica de territorios ancestrales.

Fuente: Avispa Midia

^{por Violeta Santiago y Edrei Durón / Quinto Elemento Lab y A Tiempo TV}

El tono de la carta era de urgencia. El 11 de octubre de 2019, María de los Ángeles Escalón, jefa de enfermeras del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Dr. José María Rodríguez de Saltillo, Coahuila, avisó a tres directivos que el fin de semana habría problemas en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos por la falta de insumos para bombas de infusión.

Fue un llamado de atención porque, desde hacía ocho meses, los materiales se habían encargado a la empresa Interacción Biomédica.

La preocupación escaló. Tras recibir la carta, Alma Rosa Sánchez Rico, subdirectora administrativa del hospital, envió un correo a otros directivos: “Nos está afectando demasiado para dar el servicio y atención con calidad y calidez al derechohabiente de nuestra institución”, advirtió.

En marzo de 2019, Interacción Biomédica obtuvo un contrato del ISSSTE por 2.4 millones de pesos para entregar 85 bombas de infusión, equipo de venoclisis –para administrar medicamentos vía intravenosa– y otros suministros a los hospitales de Saltillo y Torreón, y a las clínicas de Monclova, Piedras Negras, Nueva Rosita, Sabinas y San Pedro.

Las bombas de infusión son equipos para transfundir con precisión soluciones o fármacos a pacientes. Para funcionar necesitan  jeringas, catéteres y mangueras especiales.

Entre lo pactado también había insumos para aplicar con las bombas quimioterapias con paclitaxel, tratamiento utilizado contra el cáncer de ovario, mama o pulmón.

Pero el equipo médico nunca se entregó. La empresa ganó la licitación en 2019, a pesar de que dos años antes había sido declarada Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Acorde con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el concurso dejaba claro que las compañías participantes tenían que contar con capacidad material y no estar impedidas por alguna razón legal.

Parte del procedimiento para garantizar estas condiciones es la entrega de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitida por el SAT, un requisito que Interacción Biomédica no formalizó. Por haber estado listada como empresa fantasma o EFOS definitiva, la compañía tendría una opinión negativa de la autoridad fiscal.

Sin embargo, cuatro funcionarios avalaron el fallo a favor de Interacción Biomédica, entre ellos Sebastián Zepeda Contreras, entonces delegado estatal del ISSSTE en Coahuila, y Álvaro Jaime Obregón Flores, que fungía como subdelegado de administración, quienes además firmaron el contrato.

Fundada en 2012, Interacción Biomédica acumulaba contratos públicos por más de mil 600 millones de pesos, de acuerdo con el informe Facturas falsas: la epidemia en el sector salud, realizado por Impunidad Cero, organización civil que estudia la impunidad en México, y que la expuso como la empresa fantasma que más dinero ha recibido del sector salud en el país.

Quinto Elemento Lab y A Tiempo TV encontraron que, aun cuando ya había sido declarada EFOS, el ISSSTE siguió contratando a Interacción Biomédica por un total de 22.2 millones de pesos, de los cuales 14.3 millones se otorgaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Como lo han revelado otras entregas de esta investigación, en este caso también se ignoró que la empresa estaba en la lista de EFOS desde el proceso de contratación, mientras que la administración no sancionó a los funcionarios ni investigó los contratos indebidos. Las consecuencias de cerrar tratos con una empresa fantasma fueron para la población.

Falta de insumos

El Hospital General del ISSSTE en Saltillo fue el que más padeció el desabasto de bombas de infusión en 2019. Un intercambio de cartas y correos entre el personal y funcionarios, al que Quinto Elemento Lab y A Tiempo TV accedieron por medio de solicitudes de Transparencia, revela que los directivos del organismo en Coahuila sabían del incumplimiento de Interacción Biomédica y de las consecuencias para los pacientes por haber contratado una empresa fantasma, pero no suspendieron el convenio.

Los equipos e insumos debían entregarse en abril de 2019. Solo se reportó el suministro de una parte del material a un hospital de Torreón. Las 85 bombas de infusión nunca llegaron. Además del hospital de Saltillo, las clínicas de Piedras Negras, Victoria, Monclova, Nueva Rosita y San Pedro tampoco recibieron los equipos de venoclisis.

Entonces, el personal médico comenzó a alertar a los directivos sobre la falta de cumplimiento del contrato. Marisol Calzoncit Medrano, jefa del almacén del hospital, se sumó a los cuestionamientos, preguntando por correo sobre las bombas de infusión. En el mensaje advertía que no era la primera vez que había problemas con Interacción Biomédica: “Con el mismo proveedor batallamos el año pasado con las entregas”.

Ante la presión, dos de las personas al frente del hospital escribieron a Lois Alemao Molina Toledo, representante legal de la empresa, para preguntarle cuándo recibirían las bombas de infusión e insumos.

“De todo lo anterior no se ha tenido respuesta alguna y es URGENTE el seguimiento correspondiente al Contrato”, se lee en la tercera y última carta dirigida el 12 de junio.

Cada oficio intercambiado llegó a diversos jefes de área, coordinadores y personal directivo, incluidos Sebastián Zepeda y Jaime Obregón, los funcionarios que firmaron el contrato, así como el entonces subdelegado médico en Coahuila, Francisco Elizalde Herrera, uno de los encargados de avalar la selección de Interacción Biomédica en el proceso de contratación.

A los cuestionamientos por escrito de los funcionarios del ISSSTE, la EFOS solo respondió que tenía problemas para facturar.

La falta de equipos de infusión e insumos para su funcionamiento repercutió en áreas críticas del hospital como las unidades de Cuidados Intensivos y de Hemodinamia —en la que se realizan procedimientos como angiografías y coronariografías (radiografías del corazón) o cateterismos (inserción de una sonda en las arterias del corazón)—, explicó personal médico y de enfermería entrevistado para este reportaje, que solicitó el anonimato por temor a represalias laborales.

Una médica que trabajó en el hospital de Saltillo durante el desabasto ocasionado por Interacción Biomédica en 2019 dijo que otra afectación importante fue la suspensión de cirugías por falta de insumos, lo que provocó que algunos pacientes tuvieran que comprarlos para poder operarse.

Según documentos del Departamento de Recursos Materiales y Obras del ISSSTE en Coahuila, el Hospital General de Torreón fue el único al que la facturera entregó insumos. Un oficio firmado por Dalia Margarita Martínez Moreno, directora médica del nosocomio, precisa que en marzo, junio y agosto de 2019 recibieron 675 piezas de equipos de venoclisis para las bombas de infusión, 270 para aplicación de sangre, 225 para apoyo en cirugía, 69 de nutrición parenteral, y 270 para quimioterapias con paclitaxel, aunque no mencionan las 15 bombas que también se esperaban.

Ni el ISSSTE sabe por qué nada más un hospital recibió insumos. El Departamento de Recursos Materiales y Obras respondió que no contaban con pruebas del cumplimiento del convenio ni de su seguimiento  porque en esa área “solamente se elaboran los contratos” y “no se reciben” los insumos.

Los únicos comprobantes de la entrega del material médico son documentos con el logo de Interacción Biomédica, fechados en Saltillo y sellados de recibido —un mes después— por el hospital de Torreón. Martínez Moreno aceptó dar una entrevista, pero posteriormente se negó.

Para demostrar la entrega de materiales en una contratación pública no basta un registro de papel, dice Gerardo Lozano Dubernard, exdirector del Área Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Tiene que haber una trazabilidad, un simple papel no es suficiente”, considera el experto. “Cada proceso debe estar debidamente documentado, los formatos tienen que estar foliados, debe haber responsables”.

De acuerdo con las bases de la licitación, si se presentan  atrasos o no se entregan los materiales, el contrato debería cancelarse. Sin embargo, la Delegación del ISSSTE en Coahuila nunca lo rescindió, aun cuando el incumplimiento causó problemas en la atención de los pacientes. En Compranet aparece con estatus de “expirado”, como se clasifican los procesos sin terminación anticipada. Es decir, como si se hubiera concluido en tiempo y forma.

La cicatriz de Interacción Biomédica

Un mes antes de las elecciones de 2012, María Cecilia Guadalupe Parada Martínez y Cecilia Guadalupe Orta Sosa —abuela y nieta— fundaron Interacción Biomédica en el Estado de México. La empresa registró como domicilio fiscal un edificio contiguo a unas oficinas del ISSSTE en la zona conurbada de Toluca.

El SAT comenzó a investigar la firma en 2016, según el resolutivo que declaró EFOS definitiva a Interacción Biomédica, al que accedió este equipo periodístico.

El documento establece que la empresa no tenía activos, personal suficiente ni oficinas para cumplir con las actividades que decía realizar: ingresaba hasta 400 millones de pesos anuales operando con solo seis trabajadores, tres camionetas y dos autos.

Un representante legal de Interacción Biomédica explicó al SAT que únicamente necesitaba personal para atender las licitaciones, ya que solicitaba a los proveedores que se encargaran de entregar los pedidos a las dependencias.

Pero el SAT encontró más pruebas de que la empresa cobraba por trabajos que no podía realizar, como un contrato para dar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de frío (almacenamiento de vacunas a una temperatura controlada) del Instituto de Salud del Estado de México. Interacción Biomédica cobró más de 800 millones de pesos por este servicio, pero subcontrató a una persona que se encargó de prestarlo.

Para el exauditor Lozano, esta es una práctica habitual de las EFOS, que considera una simulación porque “se quedan con una parte del dinero y contratan a otras empresas para hacer el trabajo”.

Este equipo periodístico trató de contactar a Interacción Biomédica y a la familia Orta Sosa, sin conseguir una respuesta.

Solo de dinero federal, Interacción Biomédica obtuvo más de 40 millones de pesos, la mayor parte del ISSSTE y cuando ya estaba imposibilitada para facturar, de acuerdo con la base elaborada por Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a partir de datos de Compranet y del listado de empresas fantasma del SAT.

En casi todos los contratos otorgados por el ISSSTE a Interacción Biomédica durante la administración de Andrés Manuel López Obrador no se comprobó la entrega de insumos.

Por ejemplo, en otro contrato con la Delegación del ISSSTE en Coahuila, el personal médico del Hospital General de Saltillo se quedó esperando 10 esponjas quirúrgicas y 14 tubos de ventilación, utilizados en cirugía para drenar líquidos cerca del tímpano y ayudar —sobre todo a infantes— a oír mejor.

Pese a las afectaciones que provocó la contratación de la EFOS, especialmente a este hospital, no hubo mayores sanciones.

En 2020, la ASF revisó una serie de contratos del ISSSTE con Interacción Biomédica. La delegación de Coahuila aseguró que “se realizó la entrega total de los bienes”, pero “no se liquidó ningún importe”.

El Departamento de Finanzas del ISSSTE en el estado contestó a Quinto Elemento Lab y A Tiempo TV que la falta de pago se debió a que la empresa nunca envió las facturas.

La ASF inició un procedimiento administrativo a la institución por otorgar contratos a Interacción Biomédica cuando estaba boletinada por el SAT. Sin embargo, vía Transparencia, la Subdelegación de Administración del ISSSTE en Coahuila negó haber tenido sanciones administrativas por contratar a empresas fantasma.

La Delegación del ISSSTE en Coahuila se negó a responder un cuestionario para esta investigación. No obstante, personal administrativo explicó que la mayoría de los directivos que estaban en 2019 ya no trabajaban en la institución y que, durante los cambios de administración, se suele destruir la documentación relativa a las adquisiciones. Tampoco hubo respuesta de parte de la oficina central del ISSSTE.

Se buscó a los dos funcionarios que firmaron los contratos con Interacción Biomédica, Sebastián Zepeda y Jaime Obregón. Actualmente, ninguno labora en el ISSSTE. Aunque se agendó una cita con Zepeda, al final el médico canceló la entrevista. No fue posible localizar a Obregón.

Zepeda fue delegado del ISSSTE en Coahuila durante el gobierno de Rubén Moreira Valdés; estuvo en el cargo cinco años, hasta su renuncia en 2019. Su salida se produjo antes de la reorganización de las oficinas del gobierno federal en los estados, que desapareció la figura de los delegados de la institución.

Tampoco accedió a dar entrevista Francisco Elizalde Herrera, subdelegado médico, quien firmó el acta en la que se establece que Interacción Biomédica es la ganadora de la licitación.

El 1 de abril de 2020, Elizalde fue destituido de su cargo después de una protesta del personal médico y de enfermería de la Clínica de Alta Especialidad. Años atrás, había reconocido que faltaban insumos de curación, lo que atribuyó a licitaciones fallidas.

Parte del personal médico que reportó el desabasto y sus consecuencias ya se jubiló o dejó de laborar en el instituto. Uno de ellos, Pedro Silva Sánchez, exdirectivo del hospital de Saltillo, fue localizado, pero no quiso hablar del tema.

Debido a los contratos con el ISSSTE, se incluyó a Interacción Biomédica en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la entonces Secretaría de la Función Pública, ahora Anticorrupción y de Buen Gobierno. La inhabilitación terminó a finales de 2024, aunque la empresa sigue imposibilitada para facturar por su estatus definitivo como EFOS.

Sin embargo, una de sus fundadoras, María Cecilia Guadalupe Parada, junto con su esposo, tres de sus hijos, su yerno y tres nietos han creado otras 18 empresas que comparten lazos con Interacción Biomédica. No todas son contratistas gubernamentales y algunas ya fueron liquidadas. Pero varias firmas de la red han seguido recibiendo dinero público del ramo de salud.

Por ejemplo, en 2021 Pasteur Health Care vendió al IMSS tiras reactivas para medir el colesterol y, hasta 2023, recibía invitaciones del Gobierno de la Ciudad de México para concursar por contratos; Soluciones Preventivas Fénix hizo tratos en 2023 con los Servicios de Salud de Jalisco, y Prevención y Soluciones K-B recibió en 2024 adjudicaciones directas de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México y ganó licitaciones del IMSS-Bienestar.

El domicilio de esta última empresa se ubica en la zona industrial de Toluca. Está apenas a 10 minutos caminando de donde Interacción Biomédica tenía sus oficinas.

^{Con información de José Cortez.}

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Entre los Andes del sur de Ecuador se encuentra Nabón, un cantón de la provincia del Azuay. Aquí avanza el extractivismo amenazando con devorar los páramos, contaminar aguas y despojar a comunidades ancestrales. El Valle de Shincata y los páramos del Cerro El Mozo, son parte de la región que irriga con su vital líquido a comunidades enteras y hoy se han convertido en el epicentro de un conflicto socioambiental, donde una reciente alerta emitida por el Frente Nacional Antiminero (FNA) cataloga la situación como de “máxima amenaza”.

Los orígenes de este conflicto se desprenden de la presencia de empresas mineras transnacionales como la canadiense Lucky Minerals que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), de la provincia de Azuay, esta empresa “conforman un bloque de 12 concesiones contiguas” en la región.

Aunque en el boletín de prensa del FNA se menciona que Lucky Minerals fue expulsada en 2022 por la acción comunitaria, también advierte sobre su anunciado retorno. Esta empresa canadiense de exploración minera, con su “Proyecto Fortuna”, representa la punta de lanza del interés extractivo a gran escala en la zona, buscando principalmente oro y otros minerales, tal y como rezan sus propios informes de la transnacional.

El FNA sostiene que esta empresa concentra más de 55 mil hectáreas en las zonas de los páramos de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Azuay. Según esta organización de comunidades en resistencia, las tierras han sido apropiadas a través de testaferros y, además, a ello se suman “al menos tres hidroeléctricas”, denuncian en un comunicado difundido este miércoles (30).

En la provincia de Azuay existen al menos tres hidroeléctricas que suministran energía a diversos centros urbanos, ellas son: Mazar, Paute-Molino y Sopladora, que forman parte del Complejo Hidroeléctrico del Río Paute. Junto a la central Minas San Francisco, suministran el 40% de energía que consume el país según informes el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador.

Como se reconoce incluso en documentos oficiales como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la parroquia Cochapata (2020), esta zona forma parte del Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus, un área de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad andino-amazónica.

Los páramos configuran una zona considerada única por su diversidad biológica, ya que alberga especies endémicas y también por su adaptación a las condiciones extremas de altitud, son cruciales para el ciclo hidrológico. Legalmente, esta región está catalogada como Bosque y Vegetación Protectora, que la propia legislación ecuatoriana considera que “son áreas vitales para la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima y la protección de recursos hídricos”.

Las comunidades inconformes alertan que la presencia de concesiones mineras, la deforestación para monocultivos, ganadería intensiva y la proliferación de la minería ilegal muestran todo lo contrario y, más bien, las autoridades han iniciado una persecución judicial contra las comunidades que resisten. “Ahora al menos 20 comuneros de Azuay y Zamora Chinchipe se encuentran en una situación judicial de emergencia perseguidos por las élites nacionales, quienes amparados en un gobierno que defiende sus intereses y los intereses transnacionales de Lucky Minerals”, sostienen en su comunicado.

Esta estrategia de criminalización no es nueva, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) documentó en 2011 al menos siete casos de comuneros que enfrentaron un juicio por sabotaje y terrorismo tras protestar contra la minera Explorsur S.A. (Grupo El Juri) en el páramo de Shincate.

Tras el acoso judicial que sufren diversos integrantes de estas comunidades en resistencia, también señalan que hay “varios hacendados del Azuay y otras provincias” que, mediante guardias privados, se están posesionando de tierras históricamente comunitarias, presentándose como dueños de los páramos.

Además, el FNA es explícito al denunciar un incidente ocurrido el 16 de diciembre de 2024 donde intervino la guardia privada de un hacendado, tras incumplir acuerdos sobre extracción de pinos y realizar deforestación masiva, “disparó armas de grueso calibre contra pobladores de Nabón” que exigían pacíficamente el retiro de maquinaria.

Los comuneros denuncian que en la región reina la impunidad y la facilidad con la que se obtienen títulos de propiedad bajo el protectorado del sistema judicial y una constante persecución de los defensores ambientales.

Frente a este escenario, las comunidades sostienen una férrea resistencia en defensa de sus territorios, sus fuentes de agua y sus formas de vida. La expulsión de Lucky Minerals en 2022, mencionada en el boletín, es un hito significativo de esta lucha colectiva, por tanto, están alertas a su posible retorno.

La exigencia puntual de las comunidades y del FNA es clara: el cese inmediato de las actividades destructivas (minería legal e ilegal, agroindustria expansiva), la salida de los actores privados que han invadido los páramos, el retiro de las acusaciones contra los defensores y la garantía de protección integral para el Bosque Protector del Valle de Shincata y del Cerro El Mozo.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
30 de abril de 2025

Acción Urgente No. 02

Exigimos la libertad inmediata de las Bases de Apoyo del EZLN José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez

• Represión y ataque directo contra la autonomía zapatista
• Alertamos de un caso más de fabricación de culpables que atenta contra la lucha por la Vida y el Común

Denunciamos enérgicamente la criminalización y represión sistemática del Estado mexicano contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus Bases de Apoyo, José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, quienes fueron privados arbitrariamente de su libertad en un operativo que se efectuó en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama, lo que representa un ataque directo al movimiento zapatista y al territorio donde se construye la Autonomía y la Libre Determinación, en la persistente lucha por la Vida y el Común.

En las primeras horas del domingo 27 de abril de 2025, las BAEZLN fueron ingresados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, bajo acusaciones de secuestro agravado en un proceso plagado de irregularidades.

La detención de las BAEZLN se realizó sin orden de aprehensión y los cateos a sus hogares se llevaron a cabo sin autorización judicial, acompañados de abusos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, robos y violaciones flagrantes a sus derechos humanos. Estas acciones, perpetradas por las fuerzas de seguridad y militares, incluyendo la Guardia Nacional y las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, evidencian un patrón sistemático de represión y violencia estatal en Chiapas.

El caso es un ejemplo más de la estrategia de criminalización utilizada por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que fabrica pruebas y acusa injustamente a personas inocentes, mientras los verdaderos responsables permanecen impunes. Este ataque no solo viola los derechos individuales de José Baldemar y Andrés, sino que también constituye una agresión al territorio y la autonomía de los pueblos zapatistas.

Por lo consiguiente exigimos a los gobiernos federal y estatal:

• La liberación inmediata e incondicional de José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
• El cese de la represión y los ataques contra la autonomía zapatista.
• El fin de la fabricación de culpables y la impunidad en Chiapas.

¡Llamamos a la solidaridad nacional e internacional!

Instamos a todas las personas, organizaciones y movimientos a movilizarse en sus tiempos y modos, para exigir justicia. Es urgente alzar la voz para detener la represión del Estado y garantizar la libertad de los compañeros BAEZLN, quienes hoy son rehenes de un sistema represivo. Manténganse atentos a las actualizaciones de este caso y actúen en defensa de la dignidad, la justicia y los derechos humanos y por la defensa de la autonomía, del territorio y la vida.

Al firmar esta Acción se enviará automáticamente un correo con tu dirección como remitente a autoridades gubernamentales. Más información en la política de privacidad.

https://frayba.org.mx/firma-por-la-libertad-inmediata-de-las-bases-de-apoyo-del-ezln-jose-baldemar-santiz-santiz-y-andres

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Fuente: Avispa Midia

^{por Violeta Santiago y René Valencia / Quinto Elemento Lab}

^{Diseño de portada: Omar Bobadilla}

La gran promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue luchar contra la corrupción. Combatirla no solo era un deber moral, sino una manera de salvar recursos y estirar el presupuesto.

La cruzada de AMLO contra la corrupción gubernamental no tardó en posar los ojos sobre las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), como define el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a las compañías sin la capacidad material o personal para realizar actividades. Factureras, empresas fachada o fantasma son otras formas de nombrarlas.

El entonces presidente propuso tipificar como delito grave la constitución de empresas fantasma o la elaboración de facturas falsas, cuyo uso masificado, llegó a señalar, era culpa de las administraciones pasadas. Las referencias encontraron un lugar en sus declaraciones matutinas: “El mal ejemplo acerca de las facturas falsas lo daba el mismo gobierno”, dijo sobre el fenómeno, al que comparó en gravedad con el crimen organizado, lo llamó “plaga” y refirió que “creció en los últimos años como hongos después de la lluvia”.

“Pero eso se termina”, aseguró en su sexenio.^{En sus conferencias matutinas el expresidente Andrés Manuel López Obrador se refirió en varias ocasiones a las empresas fantasma y las facturas falsas, pero como hechos que ocurrían en administraciones pasadas . Diseño: Omar Bobadilla}

Sin embargo, no ocurrió así. Esta investigación revela que en el sexenio pasado se contrató a empresas inexistentes y se repitieron las irregularidades administrativas de los gobiernos del pasado. En muchos casos eran compañías que habían recibido contratos en administraciones anteriores. 

Entre 2018 y 2022, la administración lopezobradorista asignó 87 contratos a 34 proveedores fantasma por 182.8 millones de pesos (mdp), a través de 23 dependencias federales, cinco universidades, cuatro oficinas estatales y un ayuntamiento en Tabasco. Lo que equivale a 100 mil pesos diarios otorgados a EFOS en los primeros cinco años de su mandato.

Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México cruzaron el listado de EFOS definitivas al 31 de enero de 2023 con los contratos de CompraNet realizados entre 2002 y 2022. El análisis de esta base de datos permitió identificar a las empresas fachada contratadas por la pasada administración.

Como el SAT actualiza este registro periódicamente, es posible que en archivos más recientes haya empresas que no se consideraron en la investigación, así como EFOS definitivas contabilizadas aquí, que podrían haber quedado excluidas de los nuevos listados.

La revisión de los 87 contratos con empresas fantasma –definitivas hasta el corte de enero de 2023– evidenció que en el sexenio de AMLO se mantuvieron prácticas del pasado en las adquisiciones con factureras, como compras de excepción, ocultamiento de contratos o facturas, pagos a proveedores que confirmaron tener escasos trabajadores, carencia de constancias fiscales y de seguridad social, pruebas de cumplimiento únicamente documentales y contratación de empresas multiusos.

Además de posibles sobrecostos o pérdida de recursos, las consecuencias fueron más allá: se abandonó la construcción de carreteras y algunos hospitales sufrieron desabasto de equipo médico especializado. Todo esto mientras el gobierno lopezobradorista emprendía una persecución penal contra las factureras, a la vez que detectaba menos EFOS que sus antecesores.

Domicilios inexistentes y EFOS del pasado

En una tarde de mayo de 2024, sobre la calle Vicente Suárez, en la ciudad de Puebla, de una antigua casa de clase media con un despacho en la planta baja sale una mujer mayor. Se asombra al escuchar la pregunta de si conoce a Medical & Technical Books, una EFOS que se dedicaba a la venta de libros y publicaciones especializadas. Desde un balcón del segundo piso, adornado con macetas y figuras religiosas, un hombre —también de apariencia mayor— responde que la firma estuvo ahí hace unos cinco años.

Los casos de compañías que dan domicilios inexistentes o en viviendas se repiten en otras partes del país.

Para poder emitir facturas, toda empresa debe registrar un domicilio. Pero muchos de los reportados por las 34 factureras contratadas en el gobierno de AMLO corresponden a casas o locales con pocas señales de que ahí opere alguna compañía.

Este tipo de direcciones son una alerta, advierte Denise Tron, de la organización Justicia Justa, pues el “domicilio fiscal no puede ser la casa de uno de los socios o del representante legal, o un domicilio que dio un prestanombres, está regulado en el Código Fiscal de la Federación”.

“Estos domicilios son un problema relacionado con la materialidad porque implican que no tienen las condiciones básicas de infraestructura física, de mobiliario o de elementos tecnológicos para operar y cumplir con la actividad que supuestamente realizan”, agrega Natalia Campos, especialista del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

A las direcciones irregulares se suma el hecho de que, mientras 13 proveedores fantasma se estrenaron como contratistas con AMLO —destacan Cookout Party, Servicios de Limpieza Ecoclorx, Estructuras Arquitectónicas Tholoi, Cubso Construcciones y Productos Mobeqt por haberse constituido en 2018, la mayoría entre noviembre y diciembre—, 21 EFOS eran viejas conocidas de los sexenios de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón, e incluso un par recibió contratos en tiempos de Fox.

Por ejemplo, Construcción Instrumentación y Servicios, compañía imposible de localizar en su domicilio de Agua Prieta, Sonora, y que recibió 92.7 millones de pesos en el periodo de López Obrador para ampliar una carretera en ese estado —que dejó abandonada—, en los sexenios de Calderón y Peña se encargó de pavimentaciones y obras hospitalarias por 11.2 millones de pesos.

López Obrador incluso llegó a exhibir a Peña Nieto, su antecesor, por el uso indebido de facturas falsas, “esas que ahora estamos prohibiendo”. Sin embargo, en su sexenio se mantuvieron tratos con empresas fantasma heredadas del peñanietismo, como Interacción Biomédica o Credimosa.

Fundada en 2012 en un domicilio ubicado junto a las oficinas administrativas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Toluca, Interacción Biomédica pasó a la historia como la empresa fantasma que más dinero público ha obtenido del área de salud.

De acuerdo con un informe elaborado por la organización Impunidad Cero, hasta 2019 la firma facturó a gobiernos de todos los niveles más de mil 600 millones de pesos, la mayor parte con el sistema de salud del Estado de México. Y en el sexenio pasado recibió contratos que sumaron 14.5 millones de pesos.

Mientras que Credimosa —una firma dedicada a la venta de llantas y refacciones que dejó el domicilio que tenía en el edificio donde opera la Fiscalía Regional de Naucalpan para mudarse a un penthouse localizado a 15 minutos a pie de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)—, obtuvo con Diconsa y las Fuerzas Armadas en el lopezobradorismo 7 millones de pesos, que se agregaron a los 73.7 millones recibidos en la época priista.

Según contratos y registros de comercio, detrás de la llantera fantasma está Marcelo Óscar Reyes Jiménez, subdirector de Recursos Materiales del DIF de la Ciudad de México en el gobierno de Marcelo Ebrard. La empresa también proveyó de llantas a dependencias capitalinas desde la gestión de Miguel Ángel Mancera hasta la de Claudia Sheinbaum.

En respuesta a esta investigación la Semar dijo que el procedimiento de contratación de Credimosa se apegó a los lineamientos de CompraNet y que la entrega de los bienes se acreditó mediante actas de entrega-recepción. Reyes y Credimosa respondieron a la consulta de este equipo periodístico.

Fantasmas que no desaparecen

Desde el punto de vista de especialistas consultados, que la cantidad de EFOS contratadas en el sexenio pasado parezca baja se debe a que muchas factureras posiblemente aún no han sido detectadas por la autoridad fiscal.

“El SAT dejó de ejercer esta facultad de poder investigar si los contribuyentes realmente realizaban las operaciones o solo las simulaban”, explica la especialista fiscal Denise Tron. “No es que haya menos empresas fantasma, es que hay menos empresas dentro del listado. Y pues no, no tenemos un dato del número que existe en la realidad”.

Para Vania Pérez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la falla en la detección de factureras también refleja la poca confianza en las autoridades, pues dice que hay un déficit de las denuncias ciudadanas que les permiten enterarse de que “había alguien que estaba haciendo tratos con una EFOS”.

No es posible precisar si la caída en la detección de EFOS es porque ya no existen este tipo de compañías o porque no se les están identificando, pero los expertos coinciden en que se trata de la segunda razón. El mismo planteamiento y otros hallazgos de esta investigación se presentaron al SAT para conocer su posicionamiento, pero la autoridad fiscal no entregó una respuesta.

Y mientras la inhabilitación de empresas fantasma se desplomaba, las EFOS también encontraban la manera de sortear las resoluciones del SAT.

Esta investigación encontró que tres de las 34 empresas fantasma que contrataron en el periodo de AMLO incluidas en la base de datos al corte de enero de 2023, actualmente se encuentran fuera del listado vigente de definitivas y aparecen en un registro público del SAT denominado de “sentencia favorable”, el más reciente, con fecha de actualización del 5 de febrero de 2025.

Una de ellas es Limpieza y Mantenimiento Xielsa. En el gobierno lopezobradorista obtuvo contratos que sumaron 19.8 millones de pesos por servicios de limpieza, adicionales a los 25.8 millones que recibió en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

De los servicios contratados en el sexenio de AMLO por los Centros de Integración Juvenil y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez las pruebas de los servicios son una relación de fechas escritas a mano e información testada.

En una condición similar está Proyectos y Construcciones Roxi, empresa oaxaqueña invitada en 2019 directamente por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a la licitación de la rehabilitación de la Casa del Comedor de la Niñez Indígena “Josefa Ortiz de Domínguez” en Agua de Niño, localidad perteneciente a San Lucas Zoquiápam, uno de los 100 municipios con mayor rezago social en el país.

La obra consistía en una fosa séptica, una cisterna, cercados y el comedor —junto con la instalación eléctrica, y el levantamiento de muros y encimeras—. La justificación del instituto era que la empresa tenía tres contratos similares en CompraNet.

Según dijo la dependencia en respuesta a este reportaje, en el proceso de contratación “no se encontraron irregularidades por parte de la empresa” y cuando se le contrató entregó una Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, es decir, no era EFOS definitiva. Quinto Elemento Lab obtuvo por Transparencia el expediente de contratación con la investigación de mercado, la convocatoria, una guía técnica con especificaciones, el contrato y los comprobantes de pago. Por esa misma vía el INPI no entregó pruebas de la realización de la obra porque negó que hubiera tratos con la constructora.

Sin embargo, los documentos confirmaron que en cinco ocasiones el instituto depositó o expidió cheques por un total de 4 millones 595 mil 478 pesos. El último pago fue de 421 mil pesos y se realizó en agosto de 2021, un año ocho meses después de la fecha en la que debía concluirse la obra y a nombre de otra empresa oaxaqueña. Para entonces el SAT ya había incluido a Proyectos y Construcciones Roxi en su lista de EFOS definitivas por ausencia de activos y personal, falta de infraestructura e incapacidad material.

Antes de publicar esta investigación, por correo electrónico el INPI reconoció que el contrato existía y que la obra se realizó, pero sobre todo destacó que la empresa había salido del listado de EFOS definitivas.

Tanto Limpieza y Mantenimiento Xielsa como Proyectos y Construcciones Roxi se encontraban en calidad de EFOS definitivas cuando se realizó el análisis para esta serie de reportajes. Se buscó a ambas compañías sin recibir una contestación.

Estas firmas salieron del listado de definitivas luego de interponer un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las razones por las que una empresa le “gana” al SAT, dicen especialistas consultados, pueden ser varias: desde acreditar que sí realizó las operaciones facturadas hasta errores en el procedimiento, en los plazos de notificaciones, de alguna firma o cómo se realizó la visita del SAT, por ejemplo.

Si bien la resolución por la que se les declaró definitivas se invalida, para el SAT no significa que la empresa se libere de la responsabilidad de haber emitido facturas “sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que ampararon tales comprobantes, por lo cual, se dejan a salvo las facultades de la autoridad fiscal”, advierte el órgano.

Irregularidades de origen

Cuando López Obrador inició su mandato, el Gobierno federal llevaba al menos cuatro años detectando e inmovilizando EFOS. En 2018 ya se conocían tramas de corrupción gubernamental que las involucraban y se habían revelado algunas de sus características, así como de las constantes irregularidades bajo las que eran contratadas. 

La asignación de contratos por adjudicación directa y por invitación restringida (cuando los proveedores que participan son convocados por la dependencia) son considerados procesos de excepción por las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, permitidos únicamente cuando se trata de compras muy especializadas o de seguridad nacional.

El procedimiento legal consiste en que, por lo general, las contrataciones ocurren mediante licitaciones, concursos públicos en los que cualquier compañía presenta una propuesta y el contratante elige a la mejor en calidad y precio.

No obstante, el 78.2 por ciento de los contratos a empresas fantasma en el sexenio pasado  se entregaron mediante procedimientos de excepción, una proporción casi igual que con Peña Nieto y mayor que con Calderón. Solo 19 convenios se hicieron por licitación pública, pero que los ganaran EFOS hace sospechar de procedimientos con irregularidades, opinan las especialistas entrevistadas.

“El gobierno, cuando da esas licitaciones, esos concursos, realmente son como para decir: sí, cualquier empresa puede concursar. Pero no, realmente ya están otorgadas”, señala Tron, de Justicia Justa.

“Lo que le interesa a quienes permitieron que ocurriera esta contratación es que (…) siga siendo proveedor del Estado”, concuerda Pérez, del SNA. “Para que esto ocurra, una autoridad es responsable”.

Infraestructura en Construcción, una empresa veracruzana que obtuvo más de 124 millones de pesos en la época de Peña Nieto y que también había trabajado con el gobernador Javier Duarte, ganó en 2019 un contrato de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tras simular una competencia con otra compañía con la que compartía socios y pese a carecer del personal especializado requerido por la convocatoria. Ya había sido inmovilizada por el SAT cuando firmó el convenio.

Casi una tercera parte de los tratos con EFOS en el sexenio de López Obrador se otorgaron cuando estas empresas ya habían sido catalogadas como definitivas o mientras estaban bajo investigación del SAT como presuntas factureras, y exhibidas también en un listado público. De entre la decena de dependencias que las contrataron destacan la SICT, el ISSSTE, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Al mismo tiempo, sobre aquellas firmas que todavía no eran sancionadas por la autoridad fiscal había sospechas que se asomaban en los procesos de contratación, pero pasaron desapercibidas para los funcionarios, por ejemplo, durante la revisión de las constancias de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social del IMSS, y de Obligaciones Fiscales del SAT, útiles para advertir si las compañías tienen su situación laboral y fiscal en regla.

Quinto Elemento Lab requirió por Transparencia ambos documentos en los 87 contratos. Solo de la mitad se localizaron constancias positivas del SAT y, en apenas siete casos, las dependencias entregaron el documento de seguridad social, que las empresas estaban obligadas a proporcionar por ley.

Según estos documentos, Credimosa, con solo dos empleados, llegó a venderle al gobierno millones de pesos en refacciones y llantas. Mientras que la empresa Electro Riegos, con un trabajador registrado, fue contratada por 2.6 millones de pesos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para trabajos de rehabilitación de válvulas de emergencia y del tablero de control, así como para la compactación y repavimentación de una superficie de 4 mil 500 metros cuadrados en la presa José López Portillo en Sinaloa.

Electro Riegos quedó inhabilitada por el SAT el mismo día que inició su contrato en agosto de 2019, pero sus dos socios continuaron como contratistas de la Conagua mediante Estudios y Proyectos del Campo, compañía de giro similar, a la que en 2022 y 2023 la dependencia calificó de “empresa confiable” e incluyó en el padrón de un programa de devolución de pagos por suministro de agua en distritos de riego.

En el caso de Interacción Biomédica, la facturera mexiquense que firmó contratos con el IMSS y el ISSSTE para proveer material de curación, insumos y equipo médico, según la constancia de seguridad social resultó tener apenas nueve trabajadores.

Entre las irregularidades también resaltan las compañías con múltiples actividades empresariales y las que se constituyeron bajo un objeto distinto al rubro para el que eran contratadas.

En 2019, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Progreso, la terminal marítima más importante de la costa yucateca, adjudicó dos contratos a Servicios Profesionales BSB para trabajos de configuración y reparación de sensores para el control del acceso vehicular, así como servicios de desmontaje de torres e instalación de cámaras y radios.

BSB ya estaba bajo sospecha del SAT, porque según su objeto social —descrito en su acta constitutiva— se dedicaba a asesorías corporativas, venta de bienes y maquinaria, y cobranza, entre muchas otras cosas, que no incluían servicios de electrónica o informática.

La Asipona Progreso no presentó convenios ni pruebas del trabajo de BSB, a pesar de las solicitudes de información, pero sí entregó comprobantes de pago y facturas. En estas figura el domicilio que reportó la empresa: el 221 de la calle 13 de la colonia Chuburná, en Mérida, una casa que entre 2018 y 2019 exhibía un letrero con el logotipo de BSB y de otra compañía con la que compartía el inmueble, pero que actualmente ya no está señalizada.

Y hay muchos otros casos.

La hidalguense Comercializadora Hisor fue contratada con recursos federales para construir un distribuidor vial en Pachuca, pero igual fue requerida por la delegación de Puebla del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que le proveyera insumos de papelería.

Alyfranz recibió tres contratos por adjudicación directa de la Delegación Regional Zona Sur de la Ciudad de México del ISSSTE, lo mismo para suministrar alcohol de curación, termos sublimados, tazas y vasos conmemorativos, que fólderes, opalinas, cintas de colores con pegamento y hasta líquidos para la prueba de Papanicolaou, fundamental para detectar el virus del papiloma humano relacionado con el cáncer cervicouterino.

El ISSSTE, bajo la administración de AMLO, contrató a Perylsa Suministros y Productos del Antequera para adquirir material didáctico para las estancias del Bienestar, además de alcohol, abrelatas, aspas de licuadora, utensilios de cocina y otros enseres para las unidades médicas. La empresa con domicilio en Oaxaca tuvo dos contratos con la delegación de su estado y también fue requerida por el ISSSTE de Puebla para comprarle alcohol.

En el Estado de México, la Universidad Politécnica de Tecámac utilizó recursos federales para comprar equipos de cómputo a HV MN Tecnología México, una empresa capitalina de marketing y publicidad en redes sociales.

Y la Fiscalía General de la República (FGR) adjudicó un contrato a la mexiquense Servicios Empresariales Neo-Net para que le preparara box lunch de emparedados frescos en la delegación del Estado de México, mientras que el Instituto Mexicano del Transporte le dio un contrato para el servicio de su comedor en Ciudad de México, y el Servicio Postal Mexicano la requirió para hacer trabajos de limpieza en Querétaro.

Ninguna de las dependencias o universidades mencionadas contestó los cuestionamientos de Quinto Elemento Lab respecto a estas contrataciones.

Mucha opacidad, poca fiscalización

Hay poca evidencia de que se haya sancionado a quienes cometieron estas irregularidades.

Quinto Elemento Lab envió solicitudes de información a todas las dependencias que contrataron EFOS en el sexenio pasado. De 87 convenios, en 55 no hubo inconformidades, en dos casos se rescindió el contrato, en uno se aplicó una multa, y para el resto no hubo respuesta.

Este reportaje no pudo precisar el  esfuerzo gubernamental para sancionar los convenios públicos con empresas fantasma. La FGR no proporcionó información estadística sobre cuántas carpetas de investigación inició por delitos relacionados con la contratación de firmas inexistentes en el sexenio de López Obrador.

En cuanto a las faltas administrativas, la Secretaría de la Función Pública —actualmente, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno— se limitó a sugerir la consulta del listado de servidores públicos sancionados. Pero la revisión no arrojó coincidencias. La dependencia tampoco atendió un cuestionario con el que se buscaba saber, entre otras cosas, si puede medir la incidencia y el tamaño del fenómeno de la contratación pública de EFOS y qué acciones realiza para su combate.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió por Transparencia que, entre 2014 y 2023, inició 2 mil 343 querellas por defraudación fiscal —el delito por el que suele perseguirse a las empresas fantasma, mas no a los funcionarios—, pero únicamente 17 fueron a juicio, en 123 casos no se siguió el proceso, y el resto está en trámite. De los casos llevados ante un juez, solo una sentencia resultó condenatoria.

A la falta de quejas se suma el hecho de que las dependencias no cancelaron contratos o tardaron en hacerlo, pese a la evidente falta de cumplimiento de los proveedores.

En obras carreteras de Veracruz y Sonora, la SICT rescindió contratos con empresas fantasma, pero lo hizo después de la fecha máxima de entrega de la obra y a pesar de que en visitas previas se comprobó que no había avances. En Sonora, la SICT pagó por adelantado 36 millones de pesos, que no ha recuperado.

Y el ISSSTE no canceló contratos con Interacción Biomédica, a pesar de que en respuesta a  solicitudes de información admitió que hubo problemas en la atención a pacientes porque la facturera no entregó aparatos y provisiones médicas pactadas en Coahuila.

De las 34 EFOS contratadas en el sexenio de AMLO, las únicas inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública fueron Interacción Biomédica y Limpieza y Mantenimiento Xielsa. Y solo tres compañías fantasma han sido observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por alguno de los convenios revisados por Quinto Elemento Lab. Además, 14 fueron dadas de baja del Registro Nacional de Proveedores del INE —el padrón de empresas que contratan los partidos políticos—.

El único procedimiento administrativo que se encontró donde se menciona a una facturera fue una multa que el INE le impuso a Morena en Jalisco. El partido presentó facturas por servicios que sumaban 1.1 millones de pesos, supuestamente realizados por Cookout Party, que ya había sido boletinada por el SAT.

Cookout Party también fue contratista federal en el sexenio de AMLO con la Secretaría de Bienestar en Nayarit, donde operaba como delegado Manuel Isaac Peraza Segovia. Aunque la dependencia trató de negar la existencia de un contrato de alimentos para el personal, Quinto Elemento Lab lo consiguió vía Transparencia.

Esta EFOS hacía de todo. Además del contrato con Bienestar, se localizaron convenios que no se celebraron con el Gobierno federal, pero que dan muestra de su versatilidad: en 2019 cobró 56 mil pesos por el brindis y el servicio de meseros para el primer informe de gobierno del municipio de Arandas, Jalisco; un año después, ganó un contrato de la Universidad de Guadalajara (UDG) de medio millón de pesos por armar, empaquetar y entregar kits de bienvenida, y de protección y sanitización personal.

En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) también se indica que fue proveedora de alimentos del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, impartió un seminario de titulación para la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior de la UDG, y le rentó baños móviles a la Secretaría de Administración del gobierno de Jalisco.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, la empresa jalisciense tenía nexos con un trío de compañías señaladas por el Departamento del Tesoro estadounidense por lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ni los contratantes de Cookout Party ni la compañía proporcionaron una postura a Quinto Elemento Lab.

Empresas fantasma, obras fantasma

Los millones de pesos asignados a contratos con empresas fantasma debieron materializarse en obras, servicios o adquisiciones en 21 estados del país, principalmente en mejoras hidráulicas en Oaxaca, servicios en oficinas federales, equipo e insumos en unidades médicas de Michoacán y Coahuila, y carreteras en Sonora y Veracruz.

Mediante la PNT, Quinto Elemento Lab requirió facturas y documentos probatorios de los 87 convenios firmados con EFOS durante el sexenio de AMLO. Las dependencias confirmaron la existencia de facturas en 60 por ciento de los contratos fantasma, pero sólo del 39 por ciento se entregaron pruebas de cumplimiento, principalmente bitácoras o listas.

Por ejemplo, para demostrar la adquisición de libros y revistas especializados con Medical & Technical Books, una EFOS de Puebla, las universidades de Guanajuato y Autónoma de Yucatán enviaron fotos de los ejemplares, mientras que las universidades Veracruzana y Autónoma de Ciudad Juárez y El Colegio de la Frontera Norte proporcionaron únicamente listas con los títulos.

La Universidad Veracruzana (UV) respondió que estas contrataciones corresponden a libros de ciencias médicas adquiridos en el periodo de la exrectora Sara Ladrón de Guevara. Los contratos eran firmados por funcionarios que dejaron el cargo en 2021: el abogado general de la UV, Alberto Islas Reyes –actual presidente municipal de Xalapa–, Eric Jesús Galindo Mejía, director de Recursos Materiales, y el Secretario de Administración y Finanzas, Salvador Tapia Spinoso.

De acuerdo con la UV, Medical & Technical Books cumplía los requisitos exigidos en las licitaciones. “Sin embargo, se desconoce si la contrataron por recomendación o indicación”, aclaró la institución.

Un caso muy similar es el del ISSSTE en Coahuila, que mediante comprobantes documentales –como listas de materiales– sostiene que Interacción Biomédica, la facturera más grande del ramo de salud, le entregó equipo médico especializado para apoyo en cirugías, y administrar sangre, alimentos o quimioterapias.

Los documentos probatorios de la compra de llantas y filtros de aire adquiridos a Credimosa que la Semar proporcionó por Transparencia son recibos en los que la única garantía de la entrega de las refacciones son las firmas de tenientes, capitanes y contralmirantes, junto con sellos de la Oficialía Mayor y del Almacén General.

En cuanto a las obras licitadas por la SICT en Chiapas y Oaxaca, las pruebas son reportes, uno fotográfico, en los que la diferencia entre el “antes” y el “después” es bastante difusa y los nombres de los trabajadores y las firmas fueron cubiertos con rectángulos negros. Sobre dos contratos más, la dependencia ni siquiera entregó escritos probatorios, a pesar de que la Ley de Obras indica que debe hacerse un seguimiento detallado mediante bitácoras.

En algunos casos,  hubo pruebas de que se pagaron los contratos, pero no de que se cumplieran. La Conagua admitió haber saldado cuatro facturas a Electro Riegos por trabajos en una presa de Sinaloa, pero no hay constancia de la obra. Diconsa, la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) incluso negaron haber tenido tratos con EFOS, aunque existen convocatorias, contratos y comprobantes de pedidos firmados.

Desde su experiencia como fiscalizador de contrataciones públicas, el exdirector del Área Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Gerardo Lozano Dubernard, pone en entredicho la validez de este tipo de pruebas “de papel” por su falta de trazabilidad. “Si tú me dices: ‘Oye, aquí hay unas hojitas de papel ahí con una firma’, esa no es suficiente evidencia”. La trazabilidad, explica en entrevista, es un registro más extenso, que da seguimiento a las diferentes partes de un proceso, desde la solicitud hasta la aplicación de los bienes o la ejecución de la obra.

Pero más allá de la falta de pruebas que amparen la existencia de obras o compras, lo que queda expuesto son las afectaciones a la ciudadanía.

Pobladores de Veracruz y Sonora no cuentan con los caminos que desde hace tiempo esperaban para conectar sus regiones porque la SICT seleccionó empresas fantasma que abandonaron las obras. Y en Coahuila, el resultado de que el ISSSTE contratara a una facturera fue que el Hospital General de Saltillo y media decena de clínicas se quedaron sin equipos especiales para infundir sangre, soluciones o quimioterapias para combatir el cáncer de pulmón, ovario o mama.

Cómo detener a las fantasmas

La ley no es clara respecto a cómo dejar a las factureras fuera de los concursos de contratos públicos.

“Esta figura de empresas fantasma no solo la usan los contribuyentes para pagar menos impuestos, sino que también la han usado y la siguen usando dependencias de gobierno, pero para otra finalidad, que es el desvío de recursos públicos, o sea, robarse el dinero”, expone Denise Tron, de Justicia Justa.

“Requieren tener alguna relación con una autoridad o parte del gobierno que esté colaborando para que puedan obtener contratos”, coincide Vania Pérez, del SNA.

De acuerdo con la especialista de Justicia Justa, el Gobierno federal ha permitido la proliferación de contratos públicos con EFOS desde que, a más de una década de que se creara este concepto como un problema fiscal para el SAT, “en todas las normas que regulan las contrataciones públicas no se ha incluido esta figura de empresas fantasma”.

Aunque Sarahí Salvatierra, de la organización Fundar, reconoce los avances normativos para limitar el uso de EFOS en el país, señala los vacíos legales en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si bien se sanciona como falta grave la contratación indebida, solo aplica cuando las empresas ya están inhabilitadas o impedidas legalmente en el momento de la asignación del contrato.

Hasta la fecha, ninguna ley castiga la contratación de factureras con dinero público. No hay, dice Salvatierra, “una norma o algo que establezca de manera muy concreta que se prohíbe realizar contrataciones con las empresas que son parte del listado que establece el SAT”.

Los delitos de corrupción en los que pueden incurrir los servidores públicos, según el Código Penal Federal, tampoco mencionan de forma explícita a las EFOS. Si se comprueba el pago de contratos por servicios, obras o adquisiciones que no se realizaron –en los que comúnmente intervienen empresas fantasma–, las autoridades investigan los casos como peculado (desvío de recursos).

Una respuesta de la FGR disponible en la PNT indica que, entre 2022 y mayo de 2024, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició mil 957 carpetas por delitos de corrupción, de las cuales 472 fueron por peculado. De todas las investigaciones abiertas, apenas 138 llegaron a un juez. La FGR no quiso informar en cuántas hubo una sentencia condenatoria.

Pérez también destaca que el sexenio lopezobradorista concluyó sin cumplir uno de los grandes pendientes de la administración pública federal: una Ley General de Contrataciones Públicas.

La iniciativa de Ley propuesta por la SNA y organizaciones como Transparencia Mexicana y el IMCO, entre otras, contemplaba la creación de un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas para homologar regulaciones en el país, pues actualmente existen cerca de 111 marcos legales que dictan cómo se deben realizar los procedimientos de contratación.

También mencionaba la necesidad de aumentar las investigaciones de mercado, contar con un plan anual de compras centralizadas y limitar al 30 por ciento del presupuesto la entrega de contratos mediante procesos de excepción. Sin embargo, la iniciativa tampoco apuntaba de forma explícita al tema de la contratación de EFOS.

La propuesta se llevó al Congreso en 2021, pero no avanzó entre los legisladores, confirman dos representantes de las organizaciones promoventes.

“Para el sexenio de Claudia Sheinbaum deberíamos tener una Ley General de Contrataciones Públicas”, insiste Pérez. “Se había prometido en otros sexenios que íbamos a tener herramientas que iban a estar concentradas desde la Función Pública, hoy la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno”.

Hasta ahora, las referencias de Sheinbaum a las EFOS han sido mínimas. En su tercer día de gobierno mencionó que mantendría el “combate contra cualquier evasión fiscal” de la mano del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero su comentario no se refirió a los contratos públicos.

Lo que sí ha ocurrido es que, en marzo de 2025, la presidenta envió a la cámara de diputados un par de iniciativas para expedir o reformar leyes sobre adquisiciones y obras públicas. Algunos de los cambios propuestos son la sustitución del sistema CompraNet por una Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, incorporar testigos sociales que vigilen las contrataciones y dejar fuera de esta regulación a las Fuerzas Armadas cuando se encarguen de construir obras.

“Es lo más próximo que hemos estado de una Ley General de Contratación Pública”, dice Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.

El IMCO analizó las propuestas y encontró que el mayor desafío, aun con la implementación de una plataforma tecnológica, todavía es evitar la contratación de empresas riesgosas como las Efos. “Hasta ahora no se ha logrado terminar con este fenómeno”.

Para las especialistas en temas anticorrupción, fiscales y de rendición de cuentas, la solución es clara: vigilar las contrataciones públicas, identificar a los verdaderos beneficiarios finales de las firmas contratistas y mucha transparencia.

“Que la regla no sea estarle dando contratos a empresas recién creadas o que tienen un historial de corrupción en los gobiernos anteriores”.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: En febrero del 2022, miles de habitantes de Benemérito de las Américas, Chiapas, participaron para exigir el cierre de dos fábricas de aceite de palma que causan estragos en la salud y el medioambiente en la selva de Chiapas. Una de ellas es propiedad de Oleopalma. Foto: Jeny Pascacio}

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chiapas impuso una clausura temporal parcial a la planta extractora de aceite de palma de Mapastepec, estado de Chiapas, de la empresa Industrias Oleopalma, por descargar más aguas residuales de las permitidas, anunció el órgano ambiental en un comunicado el domingo (27).

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Durante la visita de inspección realizada en los días 24 y 25 de abril de 2025, los funcionarios de Profepa constataron que Oleopalma descargó 31.8% más aguas residuales de las establecidas en su permiso ambiental, “lo que implica un riesgo para el medio ambiente, la salud pública y los habitantes de la zona”.

Además, pudieron constatar que Oleopalma no cuenta con un área de almacenamiento de lodos del sistema de tratamiento, como lo establece la ley ambiental.

El órgano ambiental impuso como medida de seguridad la clausura temporal parcial del área de generación de aguas residuales de la planta y del área de secado de lodos, además de ordenar la implementación de medidas correctivas urgentes para reducir el riesgo de daño ambiental.

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“El exceso de descarga de aguas residuales industriales y la falta de disposición adecuada de lodos representan un riesgo para el suelo, los cuerpos de agua, la biodiversidad y la salud pública, al incrementar la contaminación por compuestos como nitrógeno, fósforo, materia orgánica y bacterias coliformes”, aclara Profepa en el comunicado.

En 2020, Oleopalma se convirtió en la primera empresa mexicana en obtener la certificación RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) para su planta procesadora de Palenque y sus plantaciones ubicadas al norte del estado de Chiapas.

Una investigación realizada por Avispa Mídia, publicada en marzo de 2022, reveló que, en 2021, se registraron deficiencias en la infraestructura sanitaria de Industrias Oleopalma. Trabajadores de la consultora IBD Certificaciones realizaron una visita a las fincas de la empresa, en el municipio de Mapastepec. En el lugar, encontraron que los trabajadores de la empresa no contaban con las debidas protecciones “para el momento de la aplicación de los agroquímicos”, como relatan en un informe. No obstante, se consideró esto como un incumplimiento menor y otorgó la certificación RSPO para cuatro plantaciones de la empresa ubicadas en la región de influencia de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada.

Oleopalma forma parte de un conglomerado de 15 empresas que integran Grupo Oleomex. Este grupo es el principal vendedor de aceite de palma para las multinacionales Cargill, PepsiCo y Nestlé.

En el país existen 18 instalaciones de procesamiento de la palma; Chiapas concentra 12 de ellas. Siete de ellas están establecidas en la región de influencia de La Encrucijada donde también se encuentra la procesadora de Oleopalma.

Otras cuatro clausuras

El 22 de abril, Profepa anunció la clausura de otras tres plantas extractoras de aceite de palma en Chiapas.

El 14 de abril, funcionarios del órgano realizaron una visita de inspección a la empresa denominada Cooperativa Unión de Palmicultores de la Costa de Chiapas, ubicada en el municipio de Acapetahua, donde detectaron que no cuentan con permiso de descarga de aguas residuales, no tienen especificaciones técnicas del sistema de tratamiento, carecen de informes de monitoreo, no cuentan con medidores y puntos de muestreo y hay infiltración de aguas residuales no tratadas al suelo natural y terrenos aledaños.

Como resultado, se impuso una clausura temporal parcial a la planta extractora de aceite de palma; asimismo se dictaron diversas medidas de aplicación urgente con la finalidad de prevenir riesgos ambientales por el manejo inadecuado de aguas residuales industriales.

El 15 de abril, funcionarios de la procuraduría realizaron una visita a la empresa Pakal Consultores en Agronegocios del Sureste, ubicada en el municipio de Villa Comaltitlán y encontraron las siguientes irregularidades: no cuentan con permiso de descarga, no presentaron la documentación que acredite el adecuado tratamiento y monitoreo de calidad y volumen de descarga de las aguas residuales, son omisos en el pago de derechos y sus aguas residuales se infiltran al suelo natural.

Por eso, se impuso la medida de seguridad de clausura temporal parcial de las instalaciones en el área correspondiente a la fuente generadora de aguas residuales. Además, se le impusieron diversas medidas de aplicación urgente para la reducción del riesgo ambiental.

El 16 de abril, inspectores realizaron otra visita al establecimiento “Aceitera Chiapaneca La Palma Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada”, ubicado en camino rural al Pataste al Ejido 15 de Abril, en el municipio de Acapetahua, Chiapas.

Durante la visita también detectaron irregularidades en el manejo de aguas residuales. Además, no cuentan con título de concesión, permiso de descarga, no tienen especificaciones técnicas de sistema de tratamiento, ni informes de monitoreo de aguas tratadas, no presentan los pagos de derechos federales ni cuentan con registros del volumen y calidad de las descargas realizadas entre enero de 2024 y abril de 2025.

Además, se constató que las aguas residuales industriales generadas por el proceso de extracción no están recibiendo el tratamiento adecuado, lo que ha provocado su infiltración y vertido al suelo natural, bajo la laguna de oxidación y en terrenos aledaños.

Ante estos hechos se impuso como medida de seguridad la clausura temporal parcial de las instalaciones, específicamente de la planta extractora de aceite de palma, y se dictaminó medidas de urgente aplicación para reducir los riesgos ambientales derivados del manejo inadecuado de aguas residuales.

El 7 de abril, Profepa también anunció la clausura de forma temporal parcial de la planta extractora de aceite de palma de la empresa Seopalma S.A. de C.V., ubicada en el municipio de Mapastepec, Chiapas, debido a irregularidades en el manejo de sus aguas residuales industriales.

Durante una visita de inspección realizada el 4 de abril de 2025, los inspectores de la Profepa encontraron que la empresa no contaba con la documentación legal y técnica para demostrar que las aguas residuales generas son tratadas de conformidad con la norma NOM-001-SEMARNAT-2021, además, se constató que la empresa vierte directamente sus aguas residuales al suelo, “lo que representa un riesgo grave para los ecosistemas y para la salud pública”, sostuvo el órgano.

La Profepa informó que dará seguimiento técnico y jurídico al cumplimiento de las medidas impuestas y “realizará la integración del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades y sanciones conforme a la legislación ambiental vigente”.

Fuente: Avispa Midia

^{Por Violeta Santiago / Quinto Elemento Lab}

^{Diseño de portada: Omar Bobadilla}

Durante los últimos cuatro sexenios el gobierno mexicano ha otorgado más de 11 mil 492 millones de pesos en contratos con dinero federal a Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), también conocidas como empresas fantasma, fachada, inexistentes o factureras.

Se trata de compañías que no contaban con la capacidad operativa ni los recursos para cumplir con los servicios que prometían. Sin embargo, accedieron a grandes sumas de recursos públicos por el equivalente a 1.5 millones de pesos diarios a lo largo de 20 años.

Al mismo tiempo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó de cobrar 7 mil 239 millones de pesos en impuestos a estas mismas empresas, debido a cancelaciones o condonaciones de adeudos fiscales.

Por primera vez, una investigación cuantifica de forma global cuántos recursos federales se entregaron a empresas fantasma a lo largo de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Quinto Elemento Lab, en colaboración con el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizó este análisis a partir de una base de datos en la que se cruzaron los contratos federales disponibles en CompraNet (2002–2022) con el listado más actualizado del SAT de EFOS definitivas al 31 de enero de 2023. Dado que este registro se actualiza periódicamente, algunas empresas consideradas como definitivas al momento del análisis podrían haber sido excluidas en versiones posteriores.

Esta investigación revela un sistema de contratación que permitió —y toleró— la participación de empresas fachada durante dos décadas, sin consecuencias reales para los responsables, con pocas sanciones y menos denuncias: un fenómeno transexenal de consecuencias públicas.

El patrón transexenal

En las últimas dos décadas el gobierno federal ha mantenido una relación constante con EFOS. Los primeros registros de contratos con empresas fantasma se ubican desde la presidencia de Vicente Fox. En el sexenio de Felipe Calderón fue cuando estas empresas obtuvieron más dinero federal. Con Enrique Peña Nieto se multiplicaron los convenios. Y, pese al discurso anticorrupción, durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador siguieron contratando a firmas inexistentes y se desplomó la identificación que hace el SAT de estas compañías.

Entre 2002 y 2022, la administración pública federal firmó 3 mil 529 contratos con 834 EFOS, que operaron en promedio 8.1 años hasta ser detectadas. Muchas fueron contratadas en su primer o segundo año de existencia y lograron mantenerse activas incluso tras escándalos de corrupción o cambios de sexenio.

La mayoría de los contratos se firmaron antes de que estas empresas fueran oficialmente señaladas por el SAT, pero todas terminaron incluidas en el listado 69-B, que identifica a las EFOS definitivas.

Para comprobar si los servicios o productos contratados realmente se entregaron, Quinto Elemento Lab solicitó facturas y probatorios de una muestra de mil 311 contratos (el 37 por ciento del total, pero que concentraban el 66 por ciento del monto global). La revisión abarcó 87 EFOS, seleccionadas por haber acumulado más dinero, más contratos, o por haber sido contratadas cuando ya figuraban como empresas definitivas.

Los resultados son alarmantes: de los 7 mil 400 millones de pesos que representa esta muestra, solo se encontraron pruebas de cumplimiento en una cuarta parte (mil 241 millones). Para el 48.8 por ciento de los contratos (que representan más de 2 mil 698 millones), no hubo ninguna evidencia documental. Y para el resto, las respuestas fueron evasivas: expedientes perdidos por incendios o inundaciones, documentos ilegibles, información clasificada o incluso la negación de la existencia del contrato. Algunas dependencias entregaron facturas, pero admitieron no tener probatorios del servicio prestado.

Un sistema que permitió su existencia

El reparto del dinero tampoco fue equitativo: algunas empresas lograron hacerse de muchos contratos pequeños y otras acumularon grandes cantidades de dinero por medio de pocos convenios. Y apenas diez empresas fantasma concentraron casi la mitad de los recursos públicos que terminó en manos de EFOS.

El dinero público fluyó hacia estas compañías a través de 486 instituciones de los tres niveles de gobierno. El 90 por ciento de las secretarías de Estado y buena parte de las entidades paraestatales contrataron EFOS en algún momento. Incluso el SAT, autoridad fiscal encargada de bloquearlas, también les adjudicó contratos.

Y tan solo cuatro instituciones —la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)— concentraron una cuarta parte del dinero total otorgado a empresas fantasma.

Las EFOS facturaron todo tipo de servicios: cursos, asesorías, mantenimiento, publicidad, renta de equipo, artículos de oficina, limpieza, mobiliario, ropa, maquillaje. A menudo, los contratos les fueron adjudicados de manera directa.

Casi la mitad del dinero destinado a estas empresas debía usarse para infraestructura esencial: construcción y mantenimiento de carreteras, mejoras en escuelas, equipo médico, medicamentos, redes de agua potable o pavimentaciones.

Sin embargo, en el peor de los casos no hay pruebas de que las obras o servicios se hayan realizado. En otros, existen documentos que sugieren su cumplimiento, aunque persisten dudas sobre sobrecostos o deficiencias en la calidad.

Así que esta no es una historia más de corrupción. Son dos décadas de contratos con dinero federal asignados a compañías inexistentes, que no debieron recibir esos fondos: una de las más grandes entregas transexenales de recursos públicos en la historia reciente de México.

Esta es la primera parte de “Fantasmas del erario”, una serie de reportajes de investigación presentada por Quinto Elemento Lab que documenta cómo las empresas fantasma se incrustaron en los procedimientos de contratación pública en México para obtener millones de pesos del erario mientras provocaron afectaciones directas a la sociedad mediante la simulación de servicios y obras o la ejecución de proyectos a sobrecosto o con deficiencias.

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación de México, es señalada por la sociedad civil de México, Honduras, Guatemala y El Salvador de no atender, ni dar certeza jurídica a las personas con necesidades de protección internacional que buscan refugio en México, luego de ser desplazadas de sus países por la violencia criminal, persecución del Estado y despojo de los territorios, principalmente. 

Tapachula, estado de Chiapas, es un punto neurálgico en la ruta migrante hacia Estados Unidos, donde miles de personas procedentes de Centroamérica y otras regiones convergen para buscar la regularización de su estatus migratorio. La ciudad registra el mayor número de solicitudes de refugio en México y es escenario de frecuentes detenciones de migrantes, lo que la convierte en un punto crítico para la protección de derechos y la gestión migratoria en el país.

Durante el 2023, la Unidad de Política Migratoria reportó 229,379 detenciones de personas que clasificó en situación migratoria irregular en Chiapas, de las cuales, 70,665 sucedieron en Tapachula. Solo de enero a agosto de 2024 la cidra se superó con 315,887 detenciones; 114,131 ocurrieron en la citada ciudad. La estadística mensual de 2025, aún no está disponible debido a un proceso de reestructuración, se lee en el portal de la unidad.

En el recuento del abogado y defensor de los derechos humanos, Luis García Villagrán, la migración disminuyó desde enero con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pero no se detuvo, las personas continúan llegando por las deportaciones desde Estados Unidos y buscan el refugio en México, pues regresar a sus países no es opción.

“La presión que ejerce Trump a México, arrastra al país a una política idéntica a la de él: racista, elitista y clasista. Lo que pasa en el norte tiene todo que ver con lo que sucede en la frontera sur (de México)”, refiere Villagrán sobre el acceso parcial al derecho de protección internacional. 

Estadísticas versus realidad

La Comar reportó un total de 140,720 personas que solicitaron refugio en 2023. En 2024, la cifra disminuyó 56%, con 78,975 solicitudes contabilizadas, de las cuales, 50,742 se tramitaron en Tapachula y 14,367 en la Ciudad de México.  

Del total de solicitudes que recibió la Comar en 2023, 41.8% fueron de mujeres y 19.1% niñas, niños y adolescentes, máxime de Haití, Honduras, Cuba, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Brasil, Chile, Colombia y Afganistán. En 2024, los solicitantes fueron en su mayoría de Honduras, Cuba, Haití, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Chile.   

La Red Regional de Protección (RRP) en el informe “Acciones realizadas en 2023”, que documentó el contexto de la movilidad humana de 2022 a 2024 en México, Honduras, El Salvador y Guatemala, da cuenta de los cambios en las prácticas migratorias en México. Según el informe, las barreras en el acceso a la solicitud de asilo provocan esta disminución estadística. 

Pero eso no quiere decir que disminuyó el número de personas que llegan a las instalaciones de gobierno para pedir el asilo o refugio. El trabajo directo de la RRP con las personas en movilidad muestra que la búsqueda por solicitar refugio incrementó de forma gradual en los últimos tres años, también las tendencias de nacionalidad y composición familiar, con más mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGBTTTIQ+. Sin embargo, son detenidos y etiquetados como migración irregular, lo que les impide hacer formalmente la solicitud, representando una merma en las estadísticas de la Comar, aunque no es el único motivo. 

Para Villagrán, a la comisión le beneficia señalar que existe una baja en las solicitudes, aunque en la realidad la mengua, de igual modo, se debe a la corrupción vinculada con altos mandos de la Comar y del Instituto Nacional de Migración (INM). 

“La tramitología ha superado la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en México […] A pesar de todo lo que diga la Comar, están vendiendo las citas, las constancias y las respuestas positivas, es decir, todos los trámites”, denuncia Villagrán para Avispa Mídia. 

Cuando una persona acude a las oficinas de la “Comar 1” para hacer el trámite, en la periferia de Tapachula, le indican que recibirá un correo electrónico que demora varios meses y, en el peor de los casos, nunca llega. 

En el mensaje electrónico les dan una fecha para presentarse en las oficinas de “Comar 2” (en el centro de la ciudad) y estando vuelven a citarlos en semana o dos para continuar con el procedimiento, pero no les dan ningún documento que les brinde certeza jurídica. 

Pasado el tiempo acuden a las oficinas, pero no hay respuestas, entonces las personas con necesidades de protección internacional se ven obligadas a contratar los servicios de un abogado para interponer un amparo ante el Juzgado de Distrito para hacer valer sus derechos como refugiados. 

A decir de Villagrán, los abogados están coludidos en este negocio redondo. “Los abogados, estoy seguro, están en contubernio con la Comar. En Tapachula uno de ellos cobra de 2,000 a 25,000 pesos a las personas en movilidad humana, pero solo el 10 por ciento (de los solicitantes) tiene para pagar esa representación ante los juzgados de distrito”, explica Villagrán. 

Continua, “podría decir que la mitad de las solicitudes es atendida por orden de un juez federal. En Tapachula son cuatro juzgados, de ellos, el tercero y el cuarto se dedican a atender los juicios de garantías para que la Comar reciba las solicitudes de refugio, sin embargo, tampoco es garantía del respeto a los derechos”. 

En caso de que la persona logre acceder al refugio en México, la Comar la envía a las oficinas del INM para que pida una Visa por Razones Humanitarias, pero el trámite también debe agilizarse a través del juez. 

Pero eso no quiere decir que disminuyó el número de personas que llegan a las instalaciones de gobierno para pedir el asilo o refugio. El trabajo directo de la RRP con las personas en movilidad muestra que la búsqueda por solicitar refugio incrementó de forma gradual en los últimos tres años, también las tendencias de nacionalidad y composición familiar, con más mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGBTTTIQ+. Sin embargo, son detenidos y etiquetados como migración irregular, lo que les impide hacer formalmente la solicitud, representando una merma en las estadísticas de la Comar, aunque no es el único motivo. 

Para Villagrán, a la comisión le beneficia señalar que existe una baja en las solicitudes, aunque en la realidad la mengua, de igual modo, se debe a la corrupción vinculada con altos mandos de la Comar y del Instituto Nacional de Migración (INM). 

“La tramitología ha superado la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en México […] A pesar de todo lo que diga la Comar, están vendiendo las citas, las constancias y las respuestas positivas, es decir, todos los trámites”, denuncia Villagrán para Avispa Mídia. 

Cuando una persona acude a las oficinas de la “Comar 1” para hacer el trámite, en la periferia de Tapachula, le indican que recibirá un correo electrónico que demora varios meses y, en el peor de los casos, nunca llega. 

En el mensaje electrónico les dan una fecha para presentarse en las oficinas de “Comar 2” (en el centro de la ciudad) y estando vuelven a citarlos en semana o dos para continuar con el procedimiento, pero no les dan ningún documento que les brinde certeza jurídica. 

Pasado el tiempo acuden a las oficinas, pero no hay respuestas, entonces las personas con necesidades de protección internacional se ven obligadas a contratar los servicios de un abogado para interponer un amparo ante el Juzgado de Distrito para hacer valer sus derechos como refugiados. 

A decir de Villagrán, los abogados están coludidos en este negocio redondo. “Los abogados, estoy seguro, están en contubernio con la Comar. En Tapachula uno de ellos cobra de 2,000 a 25,000 pesos a las personas en movilidad humana, pero solo el 10 por ciento (de los solicitantes) tiene para pagar esa representación ante los juzgados de distrito”, explica Villagrán. 

Continua, “podría decir que la mitad de las solicitudes es atendida por orden de un juez federal. En Tapachula son cuatro juzgados, de ellos, el tercero y el cuarto se dedican a atender los juicios de garantías para que la Comar reciba las solicitudes de refugio, sin embargo, tampoco es garantía del respeto a los derechos”. 

En caso de que la persona logre acceder al refugio en México, la Comar la envía a las oficinas del INM para que pida una Visa por Razones Humanitarias, pero el trámite también debe agilizarse a través del juez. 

“Es muy grave porque todo se hace en los juzgados federales, pero el migrante que no tiene para pagar un abogado queda fuera del asilo y refugio, aunque sea potencialmente un perseguido político, religioso, de la comunidad LGBTTTI u otro sector”, explica Villagrán, que acompaña alrededor de 20 casos ante los tribunales. 

Pasan los meses y sin un documento que le de certeza, se encuentra en un limbo burocrático. “Es corrupción, el burocratismo hace omisión y la omisión es corrupción”, expone que estas prácticas han ido evolucionando en 10 años, “nada ha cambiado”.

Aunado a todo lo mencionado, si no cuentan con los documentos o el trámite correspondiente, las personas son más vulnerables a ser extorsionadas por la policía municipal y por agentes del propio INM o detenidos y deportados en la frontera de comunidad Honduras y Guatemala. 

De manera reciente, la comunidad migrante contenida en Tapachula hizo pública una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que manifiesta su preocupación por la “emergencia social” en la frontera sur de México, que se agrava sin el acceso a los servicios básicos.

En el texto, destaca que la situación es particularmente preocupante y es necesario el apoyo del gobierno mexicano a través del Programa para el Bienestar, para acceder a necesidades básicas de alimentación, medicamentos, entre otras

También explica, a grandes rasgos, la compleja situación laboral en Tapachula y otras ciudades del territorio chiapaneco en las que encuentran varados. Buscan la manera de sobrevivir, pero, sin documentos, resulta más difícil conseguir empleo o bien, les pagan 80 pesos al día por trabajos pesados. 

“Le solicitamos que se tomen las medidas necesarias lo más pronto posible para garantizar el apoyo a las personas que ya son beneficiarias del programa federal y que no reciben el recurso desde el primer mes de 2025”, dice el escrito. 

La larga espera para regularizar su estancia en México, los mantiene en situaciones precarias, viviendo en los parques públicos, aceras y terminales de autobuses, bajo altas temperaturas. 

“A partir del artículo 1o y 133 de la Constitución México está obligado a cumplir todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre otros temas; con el Pacto de San José de la OEA y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, especifica Villagrán. 

Entre los casos que acompaña Villagrán, una madre e hija con una condición de salud especial están en riesgo de ser deportadas por la dilación del trámite ante Comar. 

La gallera 

A principios de octubre de 2024, Julio Rodríguez, de 35 años de edad y origen venezolano, tomó la decisión de huir de su país junto a su esposa y su hijo, por la persecución que vivió por el gobierno de Nicolás Maduro. 

“Lastimosamente yo trabajaba cerca de los puntos de concentración de las manifestaciones pacíficas de la oposición al chavismo. Yo pasaba por ahí y salí en fotografías de un periódico en las que me catalogaron como alguien que hacía disturbios y tuve que abandonar Venezuela”, relata Julio para Avispa Mídia. 

La travesía por cinco países hasta llegar a Guatemala fue a pie y por transporte público. Al pisar territorio mexicano fueron secuestrados y trasladados a una casa de seguridad que Julio recuerda como sombría y con ventanas totalmente tapadas. “No éramos los únicos, habían muchas más personas de diferentes nacionalidades y no podíamos huir porque los secuestradores estaban armados. Nos pidieron 100 dólares a cada uno para que nos llevaran a Tapachula y debíamos conseguirlo a como diera lugar”, recuerda. 

Julio tuvo que rogar para que le aceptaran 260 dólares que habían reunido para llegar al norte de México. Aceptaron, “luego nos enviaron a otra casa donde nos pusieron un sello en el brazo con la imagen de un gallo, nos trasladaron a una gallera y luego caminamos por varias horas hasta llegar a unos taxis que nos llevaron a Tapachula”.  

Desde que entraron a la llamada “Perla del Soconusco”, el 9 de diciembre, Julio comenzó a buscar trabajo e indagó sobre los trámites para la CBP One, pero cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, los planes de Julio y su familia cambiaron. 

“Presentamos una carta ante Comar el 17 de febrero, nos debieron regresar un correo, pero nunca nos llegó. Entonces tuvimos que hacer un documento de apelación para que nos atendiera y, en eso, el defensor Luis García Villagrán nos está acompañando”.

Julio confirma que los abogados cobran sumas excesivas para llevar el proceso, pues al no contar con la nacionalidad mexicana, no pueden acceder al recurso sin un representante legal. “No es simple, nos ponen muros a pesar de estar huyendo de un país en crisis y Comar no nos escucha porque no le estamos pagando el trámite”. 

Esto sucede a pesar de que México es uno de los siete países que participan en el Marco Integral de Protección y Soluciones Regionales (MIRPS), compromiso que fue adoptado en 2017, como contribución regional al Pacto Mundial sobre Refugiados, entre otros acuerdos internacionales. 

“La movilidad es multifactorial pero las personas que caminan por esta parte de México huyen de las pandillas, de las extorsiones, los secuestros, la criminalidad que incrementa en Honduras. La pobreza es un factor muy importante en El Salvador, no hay empleo. El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela siguen siendo de los países muy pobres y persiste una migración forzada, no tienen de otra”, enfatiza Villagrán. 

En febrero de 2018, Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno federal y admitió el posible colapso del Sistema de Protección a Refugiados en México. Entonces se contabilizaron 14,596 solicitudes iniciadas, 60% no fueron atendidas (7,719) y por la suspensión de operaciones en su oficina de la Ciudad de México.

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Tras ocho días hospitalizado, el histórico dirigente del CECOP falleció debido a las heridas provocadas en un atentado en Acapulco. Organizaciones exigen una investigación exhaustiva y castigo a los responsables.

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

Ciudad de México, 25 de abril de 2025.- Después de luchar durante ocho días por su vida en un hospital privado, este viernes se confirmó el fallecimiento de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), quien fue atacado a balazos el pasado 18 de abril mientras salía de la playa Icacos en Acapulco, Guerrero.

El asesinato de Suástegui no es un hecho aislado. De acuerdo con diversas organizaciones sociales, se enmarca en una estrategia sistemática de represión y hostigamiento contra quienes defienden la tierra, el agua y los derechos colectivos en México.

El líder campesino fue atacado por un hombre armado que le disparó en múltiples ocasiones, dejándolo gravemente herido. Aunque su familia logró trasladarlo de inmediato a un hospital, las heridas fueron letales. El atentado ocurrió en un contexto de creciente violencia en Acapulco, donde las organizaciones criminales han fortalecido su control frente a la pasividad —y en algunos casos la complicidad— de las autoridades locales y federales.

Una vida de lucha y represión

Desde que asumió la defensa del territorio comunal de Cacahuatepec frente al megaproyecto hidroeléctrico La Parota, Marco Antonio Suástegui enfrentó criminalización, amenazas de muerte, encarcelamientos arbitrarios y la desaparición forzada de su hermano Vicente Iván Suástegui en 2021. A pesar de contar con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las organizaciones denuncian que estas fueron insuficientes e ineficaces.

Según el comunicado firmado por colectivos como Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), entre otros, Suástegui seguía siendo acosado de forma constante. “Hombres armados llegaban a la playa buscándolo o le pedían que se fuera de ahí”, denunciaron.

Pese a las constantes alertas sobre el peligro que enfrentaba, el Estado mexicano no implementó mecanismos efectivos para salvaguardar su integridad, lo que hoy culmina en una tragedia que pudo haberse evitado.

Las organizaciones firmantes adviertieron que el asesinato de Suástegui es parte de un patrón de violencia que afecta particularmente a quienes se oponen a megaproyectos, defienden los territorios y denuncian la colusión del crimen organizado con las autoridades locales.

Denunciaron también que el grupo criminal presuntamente responsable de la desaparición de Vicente Iván Suástegui es el mismo que habría perpetrado el ataque contra Marco Antonio. A pesar de que existen mapas oficiales que identifican las zonas de operación de estas células delictivas, no se ha actuado para detenerlas ni para proteger a las víctimas.

Ante este nuevo crimen, las organizaciones sociales exigen una investigación pronta, imparcial y profunda que sancione a los responsables materiales e intelectuales. También demandan medidas de protección reales para la familia Suástegui y para todas las personas defensoras del territorio en Guerrero.

“No se trata de un caso más de violencia: es un mensaje de terror para quienes se atreven a defender sus derechos y su territorio. Urge que el Estado mexicano actúe antes de que más voces sean silenciadas”, alertaron en su pronunciamiento.

Catorceava parte: El desenlace

  Arriba la luna, aliviada al fin, sonríe.

  Una niña sueña.  Sueña que, con otros niños, detrás de un balón corre.  No para huir de bombas y balas, sino para soñar que al fin es posible jugar en esa geografía que llaman Palestina.  Ahí las niñas sueñan, por eso las matan.  Sueña la niña una canción:

احلم يا صغيري
حلم أنك تلعب أنك تحلم
يحلم بأن «الحرية» هي شكل آخر
لتسمية الحياة
حلم الفتيات
لهذا السبب يقتلونهم
لإسكات الحرية
يقتلونهم

(sueña, pequeña mía / sueña que juegas a que sueñas/ sueña que «Libertad» es otra forma / de nombrar la vida / las niñas sueñan / por eso las matan).

-*-

  México.  La puerta de la impunidad, el cinismo, la desidia, la complicidad, el desprecio, esconde detrás suyo las ausencias (como la puerta donde se lee “Fiscalía de Colima” y cobran $200,000 pesos para entregar pedazos de cuerpo).  Por eso, las buscadoras no sólo llevan pico y pala.  Ahora cargan con mazos y hachas.  Así de desafiante es su empeño.  Con sus manos y corazón adoloridos, tocan, palpan la puerta que se cree poderosa, eterna, irrompible.  No suplican esas manos, no ruega ese corazón.  Sólo calculan dónde descargar su digna rabia y encontrar, al fin, verdad y justicia.

-*-

Previously:

  En contra de todos los derechos y los izquierdos, el Fiscal ha argumentado las acusaciones en ausencia del acusado.  El jurado ha escuchado con atención la brillante disertación del jurisconsulto, así como el interrogatorio a una infanta con la blusa manchada de dulce y polvo.  Cuando se esperaba que el fiscal pidiera la pena de muerte o algo peor (se insinuó obligar al culpable a consumir sopa de calabaza… ¡por una semana completa!), mediante un retorcido giro de su razonamiento, se demandó la prescripción de los delitos y la satisfacción de las demandas económicas y/o en especie que cubrieran los honorarios del escarabajo.  El siniestro patíbulo fue convertido, ante la desilusión del colectivo de ciencias, en un templete para teatro, danza, música, poesía, cine y ya no me acuerdo qué más, en el encuentro de artes.  Gatito y Jerman (un viejo perro, con un humor ídem y enamoradizo) se dieron de alta en el Comando Palomitas, por lo que la Verónica creó una fuerza especial: el GRRR (“Grupo de Reacción Retardada Reiterativa”) …  Oh, oh, ha llegado el colectivo “Tacomún”, con el Manuel encabezándolo y la Marijose de lugarteniente.  Se sospecha que el mencionado grupo ha venido a apoyar al Capitán, su más asiduo consumidor (cliente no, porque nunca paga -siempre pide fiado-).  Se espera que haya disturbios y aglomeramientos… en el comedor Común, claro.  El Manuel organiza a su tropa para resistir.  El desenlace es inminente.  Hagan sus apuestas, señores, señoras y señoroas. ¿Inocente o culpable?

-*-

  Cuando el Capitán llegó al Juzgado “Veni, Vidi, Vinci” (en lenguaje jurídico: “Vine. Vi. Cobré”), la comunidad artística hizo valla para increparlo y gritarle “shame, shame, shame”, con evidente nostalgia -pese al pésimo final de “Juego de Tronos”-.  El Capitán respondió con una mueca despectiva, digna de la peor Cercei.

  Podemos suponer que el acusado hizo contacto previo –y tal vez acuerdos- con los musicales, porque, justo al entrar, empezó a escucharse “I am a man in constant sorrow”, versión de The Soggy Bottom Boys (“¿O Brother, Where Art Thou?”, 2000, Joel y Ethan Cohen).  Aunque, hay que decirlo, el peine musical no lograba simular siquiera al violín, la coreografía del futuro condenado fue bastante aceptable.  El apuesto y encantador Capitán reacomodó su paso al estilo folk country y se llegó al centro del estrado.

  En un insinuado plagio del poema “El Brindis del Bohemio” (Guillermo Aguirre y Fierro), el Capitán, por todos estrechado, alzó su pipa frente a la siniestra asamblea desbordante de rencor y de odio.  Los envolvió en la luz de una mirada, sacudió su pasamontañas deshilachado y dijo así, con inspirado acento:

  “Soy un hombre que vive penando.  ¿Dónde está el arma homicida?”

  La pregunta desconcertó a todos, incluyendo al escarabajo magistrado.  Un silencio angustiante se generalizó en la asamblea.  Sólo la Doña Juanita sonreía.  Hubo entonces un intercambio de miradas entre el Capitán y el escarabajo.  Después las opiniones se dividirían: unos dirían que fue una mirada de complicidad; otras, que de reproche.

  Se suponía que el arma homicida sería una cuchara, según fue insinuado por el abogado artrópodo, pero nunca fue presentado ningún utensilio semejante.

  El Capitán se veía confiado y seguro de sí mismo.  Aunque las apuestas que organizó el mismo abogado-fiscal-juez le eran desfavorables, el acusado sonreía coqueto, vivaracho y retozón.  Cuando todos empezaron a sospechar que el Capitán tenía escondido un as bajo la manga, ¡zas!, el acusado se llevó la mano a la manga izquierda de su camisola y extrajo… ¡una pipa! (¿a quién se le ocurre guardar una pipa en la manga de la camisa?).  La cargó de tabaco y, con parsimonia, la encendió y expulsó el humo con grandes bocanadas.  Todavía por entre la niebla, se escuchó la varonil voz del Capitán diciendo:

  “No hay arma homicida; ergo, no tienen elementos que no sean circunstanciales para condenarme.  No sólo eso, la argumentación del fiscal deja mucho que desear y presenta graves contradicciones.

  Por ejemplo, argumenta mi explicable y comprensible aversión a “eso”.  ¿Cómo, entonces, me supone cerca de una paila o cacerola repleta de ese letal elemento?  ¿Cómo es posible que, dada esa animadversión, yo me arriesgara a manipular eso en abundantes cantidades, lo dispusiera en senda cuchara y apuntara a las personas que forman esta comunidad?

  Ni siquiera pueden asegurar que yo estuviera presente.  Concedan, pues, que mi sensual figura hubiera llamado la atención suficiente como para no pasar desapercibido. Porque, lo que sea de cada quien, la naturaleza ha sido pródiga en mi ser, sobre todo en mi voluptuosa cintura, -que bien hace quedar los trazos de Botero como tímido manga japonés-.

  Porque ya debieran saber que, en cuestión de tentaciones, atrae más lo mullido, acolchonado y esponjoso, que las ásperas líneas de un lavadero manual.  Oh, no tengan pena, que en cuestión de gustos se rompen y multiplican los géneros.  Si algo he aprendido en mis vidas anteriores, es que el deseo que desvela nace de la palabra.  A ella sucumben las más inaccesibles fortalezas, y es que hay sed que sólo la imaginación sacia.  Así que espabilad y dejad los afeites y tik-tok´s de una belleza tan falsa, que el calendario la derrota al poco.

  Antes de concluir mi alegato, me dirijo a ustedes, artistas y científicos:

  Si revisan, con un mínimo de honestidad, y un poco de humildad, la palabra y la práctica de estos originarios, se darán cuenta de que ellos no sólo les piensan en el día después.  También les consideran necesarios.  ¿Es que creen que, con la presencia y actividad de ustedes, habrá más posibilidades de no repetir el viejo mundo en el reto que avizoran para el día después?  ¿Es una cuestión de humanidad?  ¿O es un reproche por la lástima, caridad y compasión con las que ustedes se han dirigido a ellos en no pocas ocasiones?  Y, a pesar de la mirada despectiva, estos originarios no sólo les incorporan en su empeño.  También luchan por darles un espacio en el mañana…

  Echen un vistazo a lo que los de arriba contemplan para el día después.  No les toman en cuenta.  Es más, planean suplantarles.  Sueñan con una Inteligencia Artificial que se desarrolle lo suficiente como para poder simular la “vocación”, la “chispa”, el “ingenio”, la “creatividad”, el “alma” o como quieran llamar a “eso” que les hace humanos.

  ¿Creen ustedes que están a salvo de la tormenta?  Escuchen a alguien de quienes ya la padecen.  Escuchen a Buscadoras, a pueblos originarios, a todas esas personas que viven al día, trabajando de oscuridad a oscuridad por unos centavos.  Sabrán entonces que son o eran personas normales, que se pensaban a buen resguardo con lo levantado con su propio esfuerzo.  Conozcan cómo la pesadilla entró pateando sus puertas.  Cómo la angustia se hizo cotidiana.  Cómo cambió su agenda y su cotidianeidad.  Escuchen decirles “Confié mi seguridad en los gobiernos y ellos apadrinaron mi dolor”.  Comprendan que nadie está a salvo en ningún lugar, sin importar su color de piel, su género, su posición social, su playlist.

  Ya termino:  Volvamos a su injusta acusación:

  Según lo que refieren ustedes mismos, mis acusadores, varios recibieron los proyectiles en forma simultánea o casi simultánea, lo que es imposible de lograr con una sola cuchara y sólo un par de brazos.  La puntería fue certera, es cierto, pero eso requería no sólo conocer los parámetros de deriva, alcance y rasancia, también de peso y consistencia del proyectil; así como el conocimiento de altura, largo y ancho de un recinto cerrado.  Tienen razón en que se trató de algo planeado, pero eso requiere una mente perversa, corrupta y maléfica.  Y yo soy sólo un hombre en constante pena y dolor.  Además de que, ocupado como estoy en descubrir los secretos profundos que permitan impulsar una bicicleta por siempre jamás, no tendría ni el tiempo ni la paciencia para hacer todos los cálculos.

  Ahora voy a suponer que ustedes son personas medianamente inteligentes y que serán capaces de seguir mi razonamiento:

  Puesto que es evidente que ningún ser con dos extremidades superiores podría conseguir tal efecto demoledor –.  Una pausa, mirando primero de reojo, luego ya directamente hacia el lugar ocupado por el escarabajo juez-fiscal-defensor.  Después, así, muy casual, el Capitán sentencia: sólo alguien con varios pares de extremidades y capaz de elevarse a pequeñas alturas podría conseguir el efecto que les aquejó en sus deplorables vestimentas.  Por lo tanto, ¡el culpable no es otro que Don Durito de La Lacandona, el escarabajo todo terreno!

  El colectivo de ciencias aplicadas aplaudió y se felicitó entre sí.  Ellos y ellas habían llegado a la misma conclusión desde el inicio, por eso se abstuvieron de participar.  Y si diseñaron la plataforma para colgar al Capitán fue porque, según sus cálculos, las posibilidades de que saliera inocente eran mínimas.

  La comunidad artística, por su parte, mutó en “modo gorsodomo” y se lanzó sobre el pequeño bichito, quien, aprovechando la falta de coordinación de artistas y similares, voló y se retiró en graciosa huida.  Así las cosas, el linchamiento quedó en un intento frustrado.  Los musicales tuvieron que improvisar y cambiaron su playlist: habían preparado, previendo la condena mortal del Capitán, “Cerró sus ojitos, Cleto”, pero cambiaron a “La Tertulia” (ambas de Chava Flores).

  En la taquería, el Manuel sacaba del escondite una orden de tacos al pastor.  Porque él y la Marijose no pusieron atención al juicio, sino a la Doña Juanita.  Viendo la sonrisa de la doña, el Manuel sentenció: “La va a librar el Capitán”.  “¡Sí!”, aplaudió la Marijose.  “Ya daba yo por perdidas todas las deudas del Capitán.  Ahora hay esperanza de que algún día nos pague”, terminó el Manuel con un suspiro.

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  Mientras tanto, en la cueva del Capitán, el exonerado encendía su pipa y cavilaba sobre la naturaleza humana y escarabajil, así como en otras cosas de igual importancia.  Al poco llegó Durito, agitado pero divertido.  Sacó de su caparazón la pipa que le había tomado “prestada” al Capitán y, fumando, dijo:

  “Un éxito rotundo.  Ahora soy un convicto.  Ya puedo llegar a presidente de una nación, senador, diputado local o federal, al menos presidente municipal de algún cártel.  Ahora sólo me falta plagiar una tesis de derecho y llegar a la Suprema Corte de Justicia.  De ahí… ¡el mundo!”

  Atardece y la noche se recuesta entre árboles y techos.  Sombras en las sombras, “ya suben los dos compadres hacia las altas barandas / (…) / Temblaban en los tejados / farolillos de hojalata / Mil panderos de cristal, / herían la madrugada (Romance Sonámbulo, Federico García Lorca).

  El escarabajo dice:

  “Fue un fraude digno de “El Golpe” (1973, George Roy Hill).  Claro, yo soy Robert Redford y tú eres Paul Newman.”  “Sueñas”, respondió el Capitán: “yo soy Redford y tú el otro”.  “Ni pensarlo”, replicó Durito, “la taquilla es lo que importa, así que, ergo, yo soy la estrella”.  “Bueno”, repuso el Capitán, “mientras no terminemos como Butch Cassidy y The Sundance Kid (1969, George Roy Hill)”.

  A media loma el Capitán tropieza.  No se da cuenta, pero de su raída y vieja chamarra cae algo.  Siguen su camino.  La cámara enfoca el objeto abandonado.  Close up…

  ¡Un momento!  ¿No es eso una cuchara de madera?

Fade out.
Tan-tan.

(ya no continuará)

El Capitán.
Abril del 2025.

P.D.- Entrevistada por los Tercios Compas, la Doña Juanita declaró: “Sí, yo los miré a los dos antes de la comida.  Cuando esos dos se juntan, es que traman alguna travesura.  Cuando empezó la llovedera de dulce de calabaza, imaginé que algo tenían qué ver.  Y cuando los artistas y científicos empezaron con lo de acusarlo al Capitán, entendí que ése era su plan.  ¿Que de quién fue la idea?  Eso ya no importa.  El Capitán técnicamente es culpable, y además de asociación delictuosa.  Bueno, ¿van a ayudar a lavar los platos o nomás están haciendo bulto?”.

Imágenes de Tercios Compas Zapatistas
Música Rude Boys «Yo sigo en pie»; Soggy Bottom Boys «I am a man of constant sorrow» de la película «O brother, where art thou?»; «Resistencia» de ska-p; «The entertainer» de Scott Joplin.