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Noticaribe

(Español) LA RUTA CRÍTICA DEL TREN MAYA: Advierten que proyecto presidencial, con perfil neoliberal, impactará en comunidades rurales y núcleos ejidales de la Península de Yucatán

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Fuente: Noticaribe

Defensores del medio ambiente, especialistas en el tema y pobladores advierten que el Tren Maya, uno de los principales proyectos de infraestructura del Gobierno federal, se perfila bajo un modelo neoliberal que resulta contradictorio con la abolición al neoliberalismo decretada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

BACALAR, MX.- Expertos en temas ambientales y ejidatarios advierten que el Tren Maya impactará severamente a las comunidades en la tenencia de la tierra, en lo ambiental y en lo social.

“Deberíamos ir a un proyecto más participativo, sin prisa por hacer asignaciones directas a empresas internacionales y sin traer un montón de turistas sin haber atendido antes la problemática local ambiental”, alertó Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Entre los problemas que deben resolverse antes, dijo, está el esquema de gestión de residuos sólidos urbanos y la contaminación hídrica.

Durante su participación en el “DEBA-TREN ‘MAYA’”, que tuvo lugar en esta comunidad, Leticia Merino, investigadora de la UNAM, alertó sobre el riesgo de despojo de tierras a las comunidades.

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CNI-CIG-EZLN

Communique from the CNI-CIG and the EZLN in Response to the Recent Violence Against Originary Peoples

Communique from the CNI-CIG and the EZLN in Response to the Recent Violence Against Originary Peoples

To the peoples of the world:
To the CIG support networks:
To the national and international Sixth:
To the media:

Neoliberal capitalism is marking its steps with the blood of our peoples as war is intensified against us wherever we refuse to cede our land, our culture, our peace and our collective organization, and because we refuse to give up our resistance or resign ourselves to dying off.

We denounce the cowardly attack on May 31 against the indigenous Nahua community of Zacualpan, which is part of the CNI, in the municipality of Comala, Colima, where narco-paramilitaries fired high-caliber weapons at a group of young people, killing one and critically injuring three more.

We hold all three levels of bad government responsible for this event, in particular the head of public security, Javier Montes García, as it is the bad government that allows these narco-paramilitary groups to operate in the region. We demand full respect for the traditions and customs of the Nahua indigenous community of Zacualpan.

We condemn the aggression and destruction carried out in the early morning hours of May 31 against the Rebollero and Río Minas communities, part of the Binizza community of San Pablo Cuatro Venados in the municipality of Zachila, Oaxaca. There, a group armed with high-caliber weapons and heavy equipment came in firing on the community, destroying dozens of homes and forcing the population, including children, to flee. In all, 24 homes were demolished in the attack and the communities’ corn and other food supplies set on fire, including seeds saved for planting. The group also burned the families’ personal items such as clothing and shoes and stole their livestock, power generators, and water pumps.

We condemn the repression and displacement of our compañeros and compañeras of the Otomí indigenous community who have maintained a temporary encampment at #7 Londres Street in the Juárez neighborhood in Mexico City since the September 19, 2017 earthquake. At 11 am on May 30, they were violently evicted by shock troops sent by the bad government and real estate companies, working alongside hundreds of riot police at the service of Néstor Núñez, mayor of the Cuauhtémoc district.
We condemn the narco-paramilitary siege sustained by criminal groups—supported and protected by the bad government and all of the political parties—against the communities of the Emiliano Zapata Popular Indigenous Council of Guerrero (CIPOG-EZ) in the municipalities of Chilapa and José Joaquín de Herrera, who struggle peacefully to build their autonomy.

We call on all the peoples of Mexico and the world to be attentive to and in solidarity with the struggle of the Guerrero communities and to break the violent siege against them which limits their access to food and medicine and is waged in the interests of the capitalist appropriation of indigenous territory. We urge support for the collection of provisions to be sent to the affected communities, including corn, rice, beans, canned chili peppers, sugar, sardines, tuna, toilet paper, diapers, and medicine, to be collected at the UNIOS headquarters in Mexico City, #32 Carmona y Valle Street, Colonia Doctores.

We reiterate that our Mother Earth is not for sale to big capital or to anybody, that our existence is not up for negotiation and thus neither is the resistance of our peoples.

Attentively,
June 2019
For the Full Reconstitution of our Peoples
Never Again a Mexico Without Us
National Indigenous Congress
Indigenous Governing Council
Zapatista Army for National Liberation

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Agencia SubVersiones

(Español) Acciones en solidaridad con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y con el Congreso Nacional Indígena se replican en países.

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En México, se realizan acciones en más de 10 estados.

En tan sólo tres meses, cinco defensores del territorio que se organizaban en torno al Congreso Nacional Indígena (CNI) han sido asesinados. Se trata de Samir Flores Soberanesde Amilcingo, en el estado de Morelos y de Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote, Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián; estos últimos pertenecientes al Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata.

En el mismo lapso de tiempo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas publicó un informe en el que da cuenta de la intensificación de la estrategia contrainsurgente  contra Pueblos Originarios Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahí se informa que “desde fines del 2018, se duplicó el número de incursiones del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las Margaritas). Las BriCo observaron 19 patrullajes terrestres, (con soldados armados con metralletas) y 5 sobrevuelos desde helicópteros, de enero a abril de 2019. Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de los movimientos militares en el último mes”.

Ante esta grave situación, organizaciones, redes, colectivos e invidualidades se han dado a la tarea de organizar una serie de movilizaciones en diferentes partes de México y del mundo para mostrar su solidaridad con el EZLN, y reivindicar la lucha por la Vida y contra la Guerra en todo el mundo.

Hasta el miércoles 29 de mayo, había registradas más de 20 acciones en México, Argentina, EUA, Grecia, Francia y Austria. La información sobre dichas actividades pueden consultarse en la página Porque Acordamos Viviry registrarse al porqueacordamosvivir@gmail.com

Para sumarse a la acción desde redes sociales, también se convoca a utilizar los #NosotrxsConElEZLN #NosotrxsConElCNI y #JornadasPorLaVidaEZLNyCNI

En la Ciudad de México, la cita fue a las 07:00am en la entrada de Palacio Nacional, por la tarde también se llevaron a cabo otras actividades.

 

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Tercer Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones «Aquí Decidimos Sí a la Vida No a la Minería»

(Español) DECLARATORIA: Tercer Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones «Aquí Decidimos Sí a la Vida No a la Minería»

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Bajo el cobijo del cerro del Jaguar, lugar sagrado zapoteca, nos hemos reunido los días 17, 18 y 19 de mayo del 2019 en la comunidad de Santa Catarina Lachatao y Capulálpam de Méndez. La energía de nuestras ancestras y ancestros nos ha acompañado para que nuestras comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Zapoteco, Mixteco, Chontal, Cuicateco, Ikoots y Mixe, nos encontremos para reflexionar e intercambiar las situaciones que amenazan a nuestra madre tierra, a través de diversos proyectos extractivos que violentan nuestra forma de vida comunitaria, nuestros cuerpos, nuestra relación: con la tierra, con nuestro maíz, con nuestra agua, con nuestra espiritualidad y con nuestros territorios sagrados.

A través del intercambio de experiencias y visiones desde nuestro ser comunitario, coincidimos que es necesario escuchar y atender el reclamo de la madre tierra, toda vez que es ella la que nos da vida, sustento y después de nuestro caminar nos recoge y nos abraza para volver a ser parte de ella.

Nosotras-nosotros, mujeres y hombres, aquí reunidos, coincidimos que tenemos un Estado colonialista, con doble discurso respecto a los derechos de los pueblos indígenas, servil a las inversiones extranjeras y fiel defensor de las empresas extractivas, que sigue causando daño a la madre tierra. Desde este lugar sagrado denunciamos qu el actual gobierno que ha dejado en el olvido los compromisos para la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas como prometió en campaña, así como el reconocimiento pleno en los ámbitos constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas.

Seguimos practicando nuestra comunalidad como fundamento de nuestra vida a través de: la fiesta, el tequio, la lengua, las asambleas comunitarias, el territorio colectivo, las formas de impartición de justicia; estas instituciones son nuestras fortalezas para evitar el despojo al que intentan condenarnos los gobiernos pasados y la autollamada Cuarta Transformación. Reafirmamos el compromiso de seguir resistiendo como comunidades y como pueblos, velando y trabajando por el bien común y fortaleciendo nuestra espiritualidad como elemento fundamental para la defensa de nuestros territorios.

“Negamos el desarrollo que nos niega a nosotros”, No queremos un desarrollo que signifique despojo y la continuidad del nuevo colonialismo que intenta eliminar nuestros usos, prácticas, lenguajes y espiritualidad para legitimar las acciones de sus políticas públicas individualistas y de despojo hacia los territorios indígenas, no vemos políticas públicas a favor de los pueblos indígenas, sino para atender a los pobres en el ámbito individual, siguiendo las instrucciones de las instituciones multilaterales que impulsan la globalización neoliberal.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando de manera organizada y colectiva en el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, con el objeto de exigir el respeto y protección de nuestra madre tierra, la defensa del territorio, nuestros bienes naturales y la soberanía alimentaria.

  • Reconocemos la organización comunitaria de Santa Catarina Lachatao por el ejercicio de su derecho a la autonomía para el fortalecimiento de su comunidad y la defensa del territorio contra las concesiones mineras.
  • Exigimos la cancelación de las concesiones minerías otorgadas en la Sierra Norte de Oaxaca y nos solidarizamos con la lucha y exigencia de las comunidades de Capulalpam de Méndez y del Rincón de Ixtlán de Juárez. Demandamos el monitoreo ambiental de la Cuenca del Río Grande, afectado por la contaminación generada por más de 200 años de explotación minera, misma que se ha realizado en los últimos años por la Compañía Minera la Natividad y Anexas, y que actualmente sigue realizando explosiones de manera clandestina, con la complacencia del gobierno de López Obrador, quien ha hecho caso omiso de la información que se le ha solicitado al respecto.
  • Nos solidarizamos con las luchas que confluyeron en este encuentro, como las del Consejo Tiyat Tlali, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua, Tierra y Vida Atcolhuac, de Ixtacamatitlán Puebla, así como la de San Miguel del Progreso, Maninaltepec Guerrero.
  • Nos solidarizamos con la asamblea del Pueblo Chontal y nos unimos a la exigencia de cancelación de la concesión minera Zapotitlán I.
  • Exigimos que las autoridades responsables de la Protección Ambiental rindan información pública y veraz respecto de la situación de la contaminación del Rio Puerta, ubicado en la Sierra Sur, en la comunidad de Independencia de Santa Cruz Itundujia, en colindancia con el municipio de Santiago Amoltepec, Sola de Vega y así como del Rio Coyote ubicado en la comunidad de Magdalena Ocotlán, contaminado por la empresa Fortuna silver Mine.
  • Reconocemos la lucha que mantienen el Frente No a la Minería, por un Futuro de Todos y Todas, y nos sumamos a su exigencia de cancelación de las concesiones mineras otorgadas en los Valles Centrales, al mismo tiempo exigimos a la SEMARNAT que no autorice la Manifestación de Impacto Ambiental – Modalidad Particular del Proyecto San José II.
  • Reconocemos y nos sumamos a la exigencia del respeto y el reconocimiento de los derechos territoriales para el uso, disfrute y administración del agua, que mantienen la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua (COPUDA) de la micro-región Xnizaa en los Valles Centrales, contra el Decreto de Veda de 1967.
  • Rechazamos categóricamente el proyecto del Canal Interoceánico Seco que pretende realizarse en el Istmo de Tehuantepec que va más allá de la instalación del Tren Transísmico, pues se trata de la entrega de los territorios Zapoteco, Mixe, Ikoots, Chontal, Zoque, Popoluca, Nahua, a los capitales chino y estadounidense, así como realización de la simulación de consultas, que contravienen los acuerdos y convenios internaciones ratificados por el estado mexicano y convocamos a la campaña “El Istmos Es Nuestro” para la defensa del territorio.
  • Exigimos castigo a los autores materiales e intelectuales quienes han provocado los incendios forestales y la tala ilegal en la selva de los Chimalapas, así como la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en este territorio.
  • Exigimos alto a la criminalización de las y los defensores de derechos humanos y a las comunidades en resistencia contra los megaproyectos, así como castigo a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos contra los defensores del territorio.

OAXACA, TERRITORIO PROHIBIDO PARA LA MINERÍA

Si a la vida, no a la minería.

Ni oro ni plata, la minería mata.

De la Sierra hasta el desierto, ni en túnel ni a cielo abierto.

No queremos anillo de oro ver, sino tlayuda para comer.

Comunidades participantes: Santa María Zapotitlán, San Juan Yaeé, Zanatepec, San Matías Petacaltepec, Santa María Yaviche, San Critstóbal Amoltepec, San Francisco Ixhuatan, Santiago Nundiche, Santa Lucía Mecaltepec, Santiago Teotlasco, Santa Cruz Itundujia, Independencia Itundujia, San Francisco del Mar Pueblo Viejo, Tehuantepec, Tlaxiaco, Santo Domingo Tehuantepec, La Ventosa Juchitán, Asunción Lachixila, Santa María Alotepec, Santiago Xiacuí, Santa Catarina Lachatao, San Martín de los Cansecos, San José del Progreso, Ixtlán, Tehuacán, Capulálpam de Méndez, San Juan Mixtepec, Jaltepec de Candayoc, San Juan Chicomezuchil, Santa María Yavesía, Tlalixtac de Cabrera, San Martín Tilcajete, Maguey Largo, San Matías Chilazoa, Santa Ana Zegache, Yalalag, Tepeuxila, Santiago Apóstol, El Porvenir, Santa Cruz Papalutla, El Almacen-Apasco, Alotepec, Magdalena Ocotlán, San Agustín Etla, Santo Tomás Jalieza, San Pedro Yodoyuxi, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Magdalena Teitipac, Tlapa de Comonfort-Guerrero, Zautla-Puebla, Los Ocotes, San Miguel del Progreso-Guerrero, Malinaltepec-Guerrero, Ixtacamatitlán-Puebla, Coatepec-Veracruz, San Miguel el Grande, Santa Cruz Yagavila, San Sebastián Tutla, El Espinal.

Organizaciones participantes: Laboratorio Popular de Medios Libres, APIITT, CDH Tepeyac, Servicios para una Educación Alternativa-EDUCA A.C., Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca-REDECOM, Ojo de Agua Comunicación, Enlace, Comunicación y Capacitación A.C., Asamblea del Pueblo Chontal, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán-COPUVO, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca-UNOSJO S.C., Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Servicios del Pueblo Mixe-Ser A.C., Grupo de Mujeres en Defensa del Territorio de Santa Catarina Lachatao, Centro de Estudios de la Región Cuicateca-CEREC, Oxfam-México, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Tequio Jurídico A.C., Uken Ke Uken-Centro Cultural, Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua-COPUDA, Ollin Tlahtoalli A.C., Frente Regional de la Sierra Sur en Defensa de los Recursos Naturales y la Autodeterminación de los Pueblos, Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac, Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, Agua y Vida Atcolhuac, Frente Popular Revolucionario, CCMSS, Código DH, CESDER, Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, Colectivo Liquidámbar, Unitierra, Colmena-Red de Apoyo al CIG-CNI, Sección XXII.

Investigador@s, estudiantes, docentes: Centro de Estudios Universitarios Xhidza, Colegio de San Luis, UAM-Azcapotzalco, Instituto Superior Intercultural Ayuuk-ISIA, Universidad de la Sierra Juárez-UNSIJ, CIIDIR-Oaxaca, Universidad Autónoma de la Ciudad de México-UACM, Centro Educativo de Formación Académica Comunitaria “CEFAC Benne Zaa”, Benemérita Universidad de Puebla-BUAP, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca-UABJO, Observatorio Ambiental UNAM.

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Avispa Midia

(Español) Consulta de AMLO sobre Proyecto Integral Morelos incumplió con el Convenio 169 de la OIT

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Por Eugenia López

El primer y segundo tribunales colegiados en materia administrativa dieron la razón a ocho comunidades de Puebla, Morelos y Tlaxcala que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM).

Uno de los objetivos principales del PIM es el transporte de gas para una termoeléctrica para responder al crecimiento y desarrollo industrial de la zona. El camino del gasoducto atraviesa toda la zona del volcán Popocatépetl, desde Tlaxcala hasta por Puebla. La inversión total, asumida por las empresas españolas Elecnor y Abengoa, es cercana a los 1,600 millones de dólares.

Los tribunales ordenaron a los jueces que acepten el amparo que interpusieron en febrero pasado las comunidades de Huexca, Jantetelco, Amayuca, Amilcingo, Santa María Zacatepec, San Damian Texoloc, San Jorge Tezoquipan y San Vicente Xiloxochitla contra la Consulta Ciudadana efectuada por el gobierno federal para resolver sobre la viabilidad del PIM.

Leer también – México: a 2 días de que se realice consulta sobre la Termoeléctrica en Morelos, es asesinado un activista

El amparo, por el mal uso de las consultas

El pasado 18 de febrero, dos días antes del asesinato del indígena Nahua Samir Flores, las comunidades mencionadas habían promovido las demandas 199/2019 y 209/2019 ante los juzgados Primero y Cuarto de Distrito.

De acuerdo con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, con esas demandas las comunidades se oponían al hecho de que el proyecto pueda ser aprobado mediante la Consulta Ciudadana promovida y realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien, el mandatario declaró que gracias a esa consulta la decisión recaerá “en el pueblo”, las comunidades indígenas afectadas lo acusan de violar sus derechos a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, así como a la autodeterminación, reconocidos por la Constitución de México y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Como lo afirmaron las comunidades, la Consulta Ciudadana no remplaza la obligación del Gobierno Federal de realizar una Consulta Previa e Informada enmarcada en los estándares internacionales.

Rechazo

En una primera instancia, los juzgados primero y cuarto rechazaron las demandas de las comunidades indígenas, alegando que le presidente no es “autoridad responsable” del supuesto agravio y que usó la consulta como fundamento moral y no legal, para dar continuidad a la termoeléctrica, acueducto y gasoducto.

Además, citando como antecedente la consulta pública para decidir el futuro del aeropuerto en Texcoco realizada en noviembre de 2018, sostuvieron que en la zona directamente involucrada no existen comunidades consideradas indígenas, sino comunidades con un interés “simple”, como “el resto de los mexicanos”.

En respuesta, los pueblos acudieron a los tribunales colegiados.

Reconocen daños a derechos de pueblos

El primer y segundo tribunal colegiados determinaron que fueron erróneos los criterios emitidos por los jueces primero y cuarto de distrito con sede en Puebla, al desechar los amparos 199/2019 y 209/2019 y permitir la realización de la consulta, a pesar de que incumplía con la ley.

El primer tribunal colegiado reconoció que los quejosos acreditaron violaciones a la ley que los dejaron sin defensa. El juez consideró que los juzgados de Distrito no habían tomado en cuenta el acervo probatorio ofrecido por los quejosos y validó como pruebas del interés de los quejosos sus constancias de residencia, el acta de hechos de su asamblea general, las múltiples firmas en hojas anexas, donde manifestaban «yo no estoy de acuerdo por el paso de gasoducto por mi comunidad», así como las actas de Cabildo que negaban autorización al PIM.

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Por su parte, el segundo tribunal aceptó que la consulta abrió la puerta a la continuación del proyecto, sin garantizar la participación efectiva de los pueblos en las medidas administrativas que puedan impactar su entorno o hábitat. También reconoció el argumento de que la metodología de aplicación no cumplió con los parámetros del Convenio 169 de la OIT, para dar a los interesados una adecuada participación.

En un comunicado, las comunidades agraviadas pidieron que el criterio del segundo tribunal colegiado sobre el PIM siente precedente para otros casos de resistencia a megaproyectos como los trenes Transístmico y Maya en el sureste del país.

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Frente de Pueblos Morelos-Puebla-Tlaxcala

(Español) Comunicado del Frente de Pueblos Morelos, Puebla -Tlaxcala a 3 meses del asesinato de Samir Flores

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TRES MESES DESDE EL ASESINATO DE SAMIR SIN JUSTICIA Y CASTIGO A LOS CULPABLES

El día de hoy 20 de mayo del 2019 se cumplen tres meses del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, incansable luchador social y defensor del territorio y los derechos humanos. Tres meses ya han pasado y no hay ningún avance en las investigaciones sobre su asesinato desde la Fiscalía General del Estado.

Aunque las líneas de investigación se ampliaron hacia su labor tanto de periodística, como de sus actividades de lucha ante el PIM, los avances sobre estas líneas son nulos. La falta de seriedad y las formas de cómo se ha ido ejecutando la investigación nos preocupa.

Casi un mes después del asesinato de Samir se presentaron los investigadores de la Fiscalía al lugar de los hechos para levantar pruebas, incluso se les tuvo que prestar herramientas, ya que no iban preparados con lo necesario. Solo se han presentado a declarar a personas sospechosas pero a la par, hemos recibido citatorios compañeros que defendemos el territorio, con el argumento de ser parte de la investigación, situación que pareciese, más que una investigación, una forma de amedrentarnos.

Los abogados de la familia han dado elementos para que se citen a ciudadanos que pueden aportar para la investigación pero pareciera que para la Fiscalía no es importante ya que ha postergado citarlos para declarar. El Fiscal del Estado está más preocupado en dar declaraciones irresponsables para justificarse diciendo que “todo va bien y que están por salir ordenes de aprehensión contra los presuntos responsables materiales”, sin que haya sucedido nada, a casi un mes de las declaraciones.

Por su parte el super delegado federal Hugo Erik Flores declara que el asesinato de Samir fue por la delincuencia organizada debido a su labor periodística, sin explicar cómo obtiene la información que asegura, ya que no puede conocer la carpeta de investigación sin haber sido citado antes, por ser uno de los sospechosos en las líneas de investigación. Declaraciones del delegado sin fundamento, ya que Samir, durante su labor periodística, no hablaba o se refería a situaciones realizadas por la delincuencia organizada, por lo que esta versión del super delegado, pretende posicionarse como una verdad histórica para quitarle el peso político a su asesinato y reducirlo solo a un hecho de la delincuencia.

A raíz de la muerte de Samir, diversos compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua y de la Resistencia de Amilcingo han temido por su seguridad e integridad física, además de actos de hostigamiento y amedrentamiento laboral que han sufrido algunos, situación que los llevó a incorporarse al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, a petición del mismo Mecanismo, pues señalaron, “el Gobierno Federal está muy preocupado por nuestra seguridad”, pero lamentablemente hasta el momento se han implementado una mínima parte de todas las medidas que se evaluaron eran necesarias para la protección de las y los compañeros. Por lo que exigimos al Mecanismo de protección cumpla ya con las medidas programadas para mejorar las condiciones de seguridad de la comunidad de Amilcingo y de los compañeros en riesgo. También nos preocupa la falta de información y conocimiento de las autoridades gubernamentales y educativas respecto a las implicaciones de estar incorporado al
mecanismo, situación que está generando complicaciones y posibles represalias laborales hacia algunos de los beneficiarios de este mecanismo. Exigimos se respeten las medidas estipuladas por el mecanismo que permitan garantizar la seguridad e integridad de nuestros compañeros.

Denunciamos que la complicidad de los poderes de gobierno para imponer el Proyecto Integral Morelos continúa para Amilcingo, pues en el mes de abril, el ejido de Amilcingo interpuso un amparo contra la ilegal instalación del Gasoducto Morelos en tierras ejidales, sin embargo, el Juez Noveno de Distrito con sede en Morelos, desechó infundadamente el amparo al señalar que el ejido tenía 15 días para ampararse, cuando el plazo establecido en la Ley de Amparo para núcleos agrarios es de 7 años.

¿Cómo quieren que no pensemos que el gobierno no está involucrado en el asesinato de Samir por su oposición al PIM, si fue asesinado en medio de un ambiente de discurso de descalificación y odio promovido por López Obrador? ¿Si fue asesinado 3 días antes de la consulta y la consulta se impuso a la fuerza? ¿Si los amparos interpuestos por la consulta dos días antes de la muerte de Samir fueron desechados de manera injusta para permitir la consulta? ¿Si el super delegado Hugo Erik declara conclusiones de la investigación sin tener acceso a la misma? ¿Si aunque existe la línea de investigación sobre el asesinato a Samir a causa del PIM, esta línea no ha avanzado en nada, permitiendo a los sospechosos como Hugo Erik Flores, querer sembrar verdades históricas en la opinión pública? ¿Si el proyecto se quiere seguir imponiendo a través de diversos operadores, ocultando todas las irregularidades que tiene? ¿Si a las comunidades indígenas y ejidos que no queremos el PIM se nos desechan los amparos de diversas formas tan ridículas? ¿A quién le conviene que las comunidades y defensores contra el PIM vivan con miedo y sin medidas de protección para seguir realizando su labor de organización y defensa?

Ya son tres meses sin nuestro compañero, tres meses sin sus programas al aire, sin su presencia en la asamblea, en su casa, en nuestras vidas. Tres meses que el pueblo de Amilcingo junto con otros pueblos, colectivos, organizaciones hemos exigido justicia. No permitiremos que su caso quede impune, no permitiremos que nos quieran imponer “verdades históricas” ni chivos expiatorios sobre su asesinato.

El asesinato de Samir es un asesinato político, porque sucedió en un contexto político y fue por su labor de defensa de derechos humanos y comunicador indígena. No permitiremos que desdibujen las razones de su muerte a versiones infundadas que pretendan desviar la gravedad de su asesinato en un contexto donde se ha incrementado gravemente el asesinato de defensores de derechos humanos, del territorio y periodistas en México, sin que el gobierno haga nada para detener este ataque.

¡Exigimos que la Fiscalía General del Estado realice su trabajo seria y verazmente!
¡Exigimos que el Mecanismo de protección a periodistas y defensores proteja verdaderamente a los defensores y periodistas!
¡Justicia para Samir! ¡No al PIM! ¡Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos!

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Varias organizaciones

(Español) Foro “En defensa del Valle de Tehuacán y la Sierra Negra” – Chapulco, Puebla, 19 de mayo

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Comité Organizador de las «Jornadas por la Vida y contra la Guerra»

Invitation to create and strengthen the “Campaign for Life and against War”

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Redes de Resistencia y Rebeldía en Apoyo al CNI-CIG, individuos y colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, así como organizaciones que luchan contra el capitalismo y el mal gobierno en México y el mundo, reunidos en la Ciudad de México, el 8 de mayo de 2019, DENUNCIAMOS que:

A tan solo 5 meses de gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha declarado una guerra en contra de las comunidades autónomas zapatistas y de los integrantes del CNI-CIG, aumentando la presencia de efectivos y operaciones militares en territorios zapatistas; permitiendo el asesinato de Samir Flores Soberanes, defensor del agua y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM); así como los recientes secuestros y asesinatos del concejal José Lucio Bartolo Faustino y del delegado Modesto Verales Sebastián, ambos integrantes del Congreso Nacional Indígena y promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata.

Existe una guerra contrainsurgente llevada a cabo por el ejército, la policía y los grupos narco paramilitares que operan en el país con el propósito de continuar con las políticas de despojo del territorio a los pueblos originarios; evidencia de esto son el incremento de la frecuencia y agresividad de estos grupos y la incursión de espías e informantes en territorio zapatista, así como la reaparición de sobrevuelos de aviones, helicópteros militares y vehículos artillados.

Con falsas consultas y violando el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas a cuidar y conservar su territorio, el mal gobierno se empeña en imponer el “Tren Maya”, el Corredor Transístmico, el Proyecto Integral Morelos, la siembra de monocultivos en territorios indígenas y los megaproyectos mineros e hidroeléctricos; pese a la oposición de los pueblos que se han declarado en contra, porque sólo traerán beneficios económicos a los empresarios; porque las fuentes de empleo que estos proyectos generarán, solo ofrecen a los hombres y a las mujeres indígenas trabajos como servidumbre y mano de obra barata;  porque significa la destrucción y contaminación de la tierra.

La guerra contra la vida se extiende por todo el país y es una guerra contra los pueblos originarios, contra las mujeres, contra la infancia, contra nuestra madre tierra. Es una guerra que nos afecta a todas y a todos. Es por ello que frente a esta terrible guerra que padecemos es necesario organizarnos para la defensa de la vida, del camino de la autonomía y de la digna resistencia que encabezan el EZLN y el CNI-CIG contra los megaproyectos de muerte.

Por todo lo anterior colectivos y colectivas de la Sexta nacional e internacional, redes de resistencia y rebeldía de México y el mundo, hombres y mujeres anticapitalistas y antipatriarcales, nos conformamos como COMITÉ ORGANIZADOR y anunciamos que damos inicio a las JORNADAS POR LA VIDA Y CONTRA LA GUERRA, con el fin de llevar adelante tareas que en conjunto, nos permitan visibilizar esta guerra de despojo, explotación, desprecio y represión. Es por esto que

CONVOCAMOS

A las Redes de Resistencia y Rebeldía en Apoyo al CNI-CIG, a las y los colectivos Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,  a las organizaciones que luchan contra el capitalismo y el mal gobierno en México y el mundo, a todos los hombres y las mujeres honestas y de buen corazón; a formar parte y fortalecer entre tod@s las  JORNADAS POR LA VIDA Y CONTRA LA GUERRA, a partir de las siguientes

ACCIONES

UNO: Tal como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, salir a las calles a informar, visibilizar y denunciar –con perifoneos, volanteo, exposiciones, teatro, música, cine, utilizando las ciencias y las artes– este escenario de guerra. Instalar mesas informativas en diversos puntos de la Ciudad de México, en otras ciudades del país y fuera de México. (Continuar leyendo…)

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NotiFrayba

(Español) NotiFrayba: La militarización no es la solución

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La militarización de Chiapas se da en el contexto de una apuesta del Estado mexicano por el paradigma de la guerra. El Frayba ha documentando hostigamientos en contra de pueblos que construyen autonomía y defienden su derecho al territorio. En esta región históricamente el Ejército mexicano es responsable de crímenes de lesa humanidad.

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Oakland Institute

The Highest Bidder Takes It All: The World Bank’s Scheme to Privatize the Commons

The Highest Bidder Takes It All: The World Bank’s Scheme to Privatize the Commons details how the Bank’s prescribes reforms, via a new land indicator in the Enabling the Business of Agriculture (EBA) project, promotes large-scale land acquisitions and the expansion of agribusinesses in the developing world. This new indicator is now a key element of the larger EBA project, which dictates pro-business reforms that governments should conduct in the agricultural sector. Initiated as a pilot in 38 countries in 2017, the land indicator is expected to be expanded to 80 countries in 2019. The project is funded by the US and UK governments and the Bill and Melinda Gates Foundation.

The EBA’s main recommendations to governments include formalizing private property rights, easing the sale and lease of land for commercial use, systematizing the sale of public land by auction to the highest bidder, and improving procedures for expropriation. Countries are scored on how well they implement the Bank’s policy advice. The scores then help determine the volume of aid money and foreign investment they receive.

Amidst myriad flaws detailed in the report is the Bank’s prescription to developing countries’ governments, particularly in Africa, to transfer public lands with “potential economic value” to private, commercial use, so that the land can be put to its supposed “best use.” Claiming that low-income countries do not manage public land in an effective manner, the Bank pushes for the privatization of public land as the way forward. This ignores the fact that millions of rural poor live and work on these lands, which are essential for their livelihoods while representing ancestral assets with deep social and cultural significance.

The Highest Bidder Takes It All is released as part of the Our Land Our Business campaign, made up of 280 organizations worldwide, demanding an end to the Enabling Business of Agriculture program.

 

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