^{En portada: Aspectos de la mina de oro en el cerro de San Pedro, San Luis Potosí, donde la actividad a cielo abierto se realiza a escasos metros de la comunidad, lo que orillo el desplazamiento de cientos de familias. Foto: Aldo Santiago}

El pasado 20 de abril se hicieron públicas las más recientes reformas a la ley Minera en México, las cuales se centraron en colocar la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio para ser realizada de manera exclusiva por el Estado.

En un contexto de disputa entre la inversión privada y estatal por el aprovechamiento del mineral, la discusión para cambiar la ley minera dejó a un lado los daños sociales y ambientales de dicha industria que han sido denunciados por organizaciones como la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).

“La auto-llamada 4T no ha respondido a la demanda de alto a la minería que desde muchas organizaciones sociales hacemos, ni ha respondido a la exigencia de justicia por la persecución, crímenes y daños que la minería ha generado en el país”, enfatiza la REMA mediante comunicado difundido este viernes (29).

En México, actualmente existen más de 24 mil concesiones vigentes para la extracción minera, las cuales cubren una superficie de más de 17 millones de hectáreas y pese al discurso oficial de no otorgar más concesiones, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha continuado con la autorización de proyectos de exploración y explotación minera.

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De acuerdo a la REMA, sólo en los últimos tres meses de este 2022, el valor del litio se ha incrementado en un 250%. Esto se debe a que este mineral es considerado fundamental para la denominada transición energética.

“Pero sabemos también los gravísimos daños sociales y ambientales que han dejado la explotación de este mineral en el mundo y por ello, desde la REMA, llamamos a la sociedad a debatir más allá de las narrativas dicotómicas y simplistas sobre lo público y lo privado, impuestas por los partidos políticos, empresas y algunos medios de comunicación”, remarca la red en el documento.

Reforma

Pese a la propaganda oficial, la REMA asegura que con la reforma a la ley minera aún existe la posibilidad de que la empresa pública y descentralizada que se conforme para la explotación del litio se pueda asociar con capitales privados, tanto nacionales como extranjeros.

“Empresas como Peñoles (de los Bailleres), Frisco (de Slim) y Grupo México (de los Larrea), empresas sobre las que penden grandes exigencias de rendición de cuentas, remediación de daños, y señalamientos sobre crímenes, podrían sumarse a este festín. Eso sí, en compañía de la instancia creada para tal fin por el Estado”, advierte la red.

A esto, se suma la preocupación por el anuncio del Servicio Geológico Mexicano (SGM) que llevará a cabo trabajos de prospección para identificar posibles yacimientos de litio en 82 localidades de 18 estados de la república: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, y Zacatecas.

“¿Qué pasará con las comunidades donde se encontrarán cantidades suficientes de litio para ser explotadas? Seguramente el gobierno desplegará todas sus fuerzas para avanzar con esos proyectos, sin importar lo que opinan las comunidades locales, acelerando y/o brincándose los permisos necesarios, manejando información a modo, como está pasando ahora con otros proyectos emblemáticos de la 4T como el Corredor Interoceánico o el Tren Maya”, cuestiona la REMA.

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También, la red añade que existe el riesgo que se lleven a cabo procesos de expropiaciones, con el pretexto de “utilidad pública” y bajo el discurso de la soberanía energética nacional.

Estrés hídrico

Según la REMA, en los estados donde el SGM llevará cabo los trabajos de prospección para extraer litio ya sufren estrés hídrico, así como problemas de escasez y contaminación del agua.

Por ello, enfatizan su preocupación frente a la explotación del mineral, dado que uno de los principales impactos denunciados por los pueblos de la región de los salares andinos en Sudamérica es la alta cantidad de agua que requiere el proceso de evaporación, ligado a la extracción de litio en salares o salmueras.

“Por esta razón la extracción del litio ha sido denominada ‘minería del agua’. Ciertos estudios realizados en el salar de Atacama señalan que ‘Para producir una tonelada de litio se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular’”, detalla REMA.

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Otra de las consecuencias de la extracción del litio, son las graves modificaciones sobre los flujos de aguas subterráneas. “¿Cómo se puede hablar de un decreto y una propuesta ‘en favor del pueblo mexicano’ cuando pondrá en peligro uno de sus bienes más importantes y, tal vez, el más vital, como lo es el agua?”, cuestiona la red.

Demandas

Aunque el discurso oficial menciona que se cancelaran los permisos para privados en la explotación del litio, la REMA aclara que esto no es sencillo, pues existen mecanismos para que las empresas recurran a tribunales de arbitrajes privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, mediante los cuales pueden exigir una indemnización por la cancelación de sus proyectos en México.

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Un ejemplo de esto es el caso del proyecto minero de Bacanora en Sonora, adquirida por la empresa china Ganfeng Lithium, quien controla actualmente la mitad de la producción mundial de litio, “y quién seguramente no se saldrá tan sencillamente de este jugoso negocio”, remarca REMA.

“Esos mecanismos son permitidos por los 14 Tratados de Libre Comercio que México ha firmado con 50 países y los 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs). Tratados que han sido en ciertos casos reafirmados por el gobierno de la 4T y sobre los cuales no existen el mismo supuesto discurso crítico cuando, de fondo, son los mecanismos que realmente ponen en jaque una posible soberanía nacional”, afirma el comunicado.

^{En portada: Instalaciones de la mina de níquel en El Estor, Izabal}

Un grupo de periodistas y académicos, dentro y fuera de Guatemala, han investigado las actividades ilegales de la mina de níquel que las empresas CGN y Pronico operan para la compañía ruso-suiza Solway en El Estor, Izabal.

Desde el año de 2017 se ha documentado el asesinato de un pescador a manos de la Policía Nacional Civil (PNC), la criminalización de líderes, autoridades ancestrales y periodistas maya Q’eqchi’.

Cuatro años después se cubrió la imposición de una consulta con la complicidad del Estado, sobre todo durante las presidencias de Jimmy Morales y Alejandro Gimmattei, para que la mina operara ilegalmente cuando tenía que estar clausurada tras la resolución de la máxima corte constitucional, la cual ordenó su cierre por no haber consultado a las comunidades afectadas y por funcionar, durante 22 años, sin los estudios ambientales correspondientes.

En el contexto de la colaboración de periodistas de 20 medios internacionales en The Store Project, Avispa Midia se une al esfuerzo para difundir los trabajos de investigación que develan los secretos más oscuros de la mina.

A continuación, puedes consultar los reportajes que revelan el pago de apoyos constantes a la PNC para garantizar su colaboración en el desalojo de comunidades Q’eqchi’ de tierras apetecidas por la mina; el uso de tácticas de espionaje y vigilancia para criminalizar a líderes indígenas y a periodistas locales críticos de la actividad minera; el ocultamiento de la contaminación ambiental, sobornos y la tolerancia del Estado de Guatemala a las irregularidades de la empresa ruso-suiza.

Гватемала: Guatemala se escribe en ruso

El gobierno de Guatemala ha permitido la operación ilegal de la mina de níquel en El Estor, Izabal.

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La mina espía y criminaliza para controlar El Estor

Dos militares guatemaltecos implementan tácticas de inteligencia en contra de quienes se oponen a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), ubicada en El Estor, Izabal.

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Guatemala: La versión caribeña de una red criminal entre rusos, suizos y chapines

La minera de níquel opera violando leyes, produciendo contaminación y atropellando a las personas que se declaren en oposición.

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Гватемала: los señores del polvo rojo y los señores del polvo blanco

La mina también se relacionó con el cartel de Los Mendoza, uno de los más grandes y violentos de Guatemala. Documentos prueban que la compañía otorgó al menos 7 contratos a una de las empresas del clan.

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^{Foto de portada: Manifestación de campesinos del Valle del Aguán para exigir alto a la violencia y represión.Octubre, 2021. René Estrada, CESPAD.}

En la región del Valle del Aguán se agudiza nuevamente la violencia. Apenas el pasado domingo (24), la presidenta Xiomara Castro declaró estado de excepción en el departamento de Colón, norte del país, tras el asesinato de tres policías.

De acuerdo a organizaciones, cooperativas y movimientos campesinos que integran la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán (COPA), los elementos policiacos asesinados habrían respondido a agresiones contra un grupo campesino durante otro ataque ocurrido el 21 de abril.

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Aquel día, un grupo armado despojo a familias campesinas de la Empresa Asociativa Campesina de Producción la Auxiliadora. En comunicado, la Plataforma afirma que el grupo de hombres fuertemente armados, “manifestaron que su jefe Oscar Nájera ordeno llevar dicho desalojo ubicado en la comunidad de Cuacú del municipio de Santa Rosa de Aguán”, en referencia al ex diputado del Partido Nacional.

Nájera, diputado durante más de tres década, es un conocido socio comercial del cártel de la droga de “Los Cachiros” y fue acusado por el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga de recibir sobornos a cambio de protección. También fue incluido en la lista de funcionarios corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica y Reino Unido lo sancionó por corrupción.

La Empresa Asociativa Campesina de Producción la Auxiliadora es una de las organizaciones que, el pasado 22 de febrero, firmaron un convenio con una Comisión Presidencial para investigar los conflictos por tierras en el Aguán.

Alerta

La Plataforma Agraria difundió la alerta de que la mas reciente ola de violencia se ha agravado “con una campaña pública por parte de supuestos productores de palma quienes en medios nacionales amenazan de atacar a comunidades campesinas quienes defienden sus legítimos derechos históricos y constitucionales”.

Coincidentemente, en este contexto también se dieron las declaraciones del ex diputado Nájera “y el Gobernador de Colón y a la vez alcalde de Tocoa, Adán Funes, en la cual prácticamente hacen un llamado a hacer uso de las armas en el departamento, solicitando así la derogación del decreto de desarme 117-2012”.

También manifestaron su preocupación acerca de que los asesinatos de los policías ocurrieron horas después del nombramiento de una comisión jurídica “que se encarga de revisar los reclamos históricos del sector campesino del Bajo Aguán contra el despojo ilegal de tierras de la reforma agraria”.

Según las organizaciones campesinas, el mas reciente despojo “fue realizado por grupos económicos que forman parte de las redes criminales que durante los últimos doce años han asaltado al Estado y el pueblo de Honduras”.

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A su vez, denunciaron que se mantiene impune la operación de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte “quienes atacan a comunidades campesinas y controlen fincas de palma africana de la reforma agraria”.  Acorde a los campesinos, los grupos criminales actúan en coordinación con empresarios de palma aceitera, así como con oficiales del ejército hondureño.

Boicot

La Plataforma Agraria y COPA también sostuvieron que existe la intención, por parte de terratenientes y agroindustriales palmeros, de boicotear los acuerdos firmados en el convenio de febrero pasado.

Según los campesinos, una de las acciones sería generar una crisis económica e interna en las familias campesinas mediante el cierre de la agroindustria en la región, en señal de protesta en contra de los campesinos.

“Sería algo fatal”, detalló Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, en referencia a la pretensión de cerrar la procesadora de aceite, pues son cientos de pequeños productores quienes dependen de la extractora para vender los frutos de la palma.

“Si los agroindustriales cierran las plantas extractoras, inmediatamente, procederemos al cultivo de granos básicos y hortalizas para desarrollar una verdadera soberanía alimentaria, con el fin de garantizar el retorno a la producción de alimentos en nuestra región del valle del Aguán”, afirmaron las organizaciones campesinas.

Por último, las organizaciones campesinas instaron a las autoridades a investigar los más 150 asesinatos de defensores de la tierra ocurridos en el marco del conflicto agrario que han quedado en impunidad durante los últimos doce años.

Voces de pueblos y organizaciones de la península de Yucatán expusieron las irregularidades y afectaciones que ya se evidencian con la construcción de los tramos del denominado “tren maya”.

A la cuestión ambiental, se añaden problemas sociales como el desalojo de familias; el engaño y la simulación de consultas a las comunidades; firma de convenios irregulares que derivan en extorsiones y fraudes contra ejidatarios; hostigamientos y condicionamiento a programas sociales, todo en un contexto de creciente militarización de la península.

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Estas y otras problemáticas fueron expuestas en el foro “Tren Maya: miradas y aproximaciones desde las comunidades”, realizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM.

Desde Campeche participaron Sara López, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) y María Hernández del Ejido Don Samuel en Escárcega. A su vez, desde Yucatán participó Wilma Esquivel Pat, del Congreso Nacional Indígena (CNI) y Ángel Sulub, indígena maya del Centro Comunitario U Kúuchil Ch’i’ibalo’on en Quintana Roo.

Engaños

María Hernández, ejidataria del ejido Don Samuel, detalló cómo, mediante engaños, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) validó reuniones para simular la consulta a las comunidades, quienes a pesar que desde 2019 exigen información clara y detallada sobre el megaproyecto, aún no se les ha compartido.

En un principio, compartió Hernández, Fonatur realizó un diagnóstico político para extraer información sobre los grupos, organizaciones y lideres de los ejidos y para diciembre del 2019, el ejido Don Samuel fue elegido como sede para las asambleas regionales que permitiría la votación para la aprobación del tren.

Hernández explicó que en aquel momento solo se habló de desarrollo y generación de empleos, argumentos con los cuales consiguieron convencer a la gente para dar su voto a favor del tren. No obstante, aún recuerda la preocupación entre los ejidatarios en el momento que se abordó la creación de nuevos núcleos urbanos mediante los denominados Fideicomisos para infraestructura y Bienes Raíces (Fibra).

La idea tras Fibra, como promocionaba en aquel entonces titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, era que “no se venda la tierra, sino que se rente la tierra, sobre todo a los desarrolladores” con el objetivo de permitir la construcción de complejos para vivienda, espacios comerciales y públicos, que podrían elevar el valor de la tierra.

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Hernández no fue la única a quien el tema de Fibra le resonó y cuestionó porqué negociar con empresas extranjeras y “no se creaba empresas sociales, porque lo que queremos es que desde las comunidades se de este cambio, de mejorar la situación económica, de mejorar nuestros ingresos, de tener más escuelas, mejor área de salud”.

La ejidataria enfatizó que aún cuando solicitaron la información mediante documento firmado por las autoridades, hasta la fecha aún no han obtenido ninguna respuesta sobre los fideicomisos.

“Se dio por realizada la consulta este día, sin que supiéramos que era una consulta indígena. No se habló de ningún impacto, se habló simplemente del desarrollo”, reclamó María Hernández por la manera en que las autoridades simularon la consulta para obtener la aprobación del megaproyecto.

Por su parte, Sara López remarcó que, de origen, el proyecto estuvo mal planificado, “pues no se consultó a los habitantes de las comunidades si lo querían o no, y de ser así ¿qué beneficios tendría para la comunidad?”, cuestionó por el incumplimiento del carácter libre, previo e informado de la consulta.

Desalojos

Un ejemplo del atropello contra las comunidades es el desalojo de familias en Campeche, quien de acuerdo a Sara López llevan seis meses sin casa pese a que el gobierno les prometió una vivienda. “Nos da una rabia e impotencia al ver como las máquinas destruyen el patrimonio de las personas, lo que con muchos esfuerzos lograron tener”, lamenta.

María Hernández remarccó el problema de que a las personas que vivían al lado de la vía siempre les llamaron invasores, “aunque tuvieron 30 años viviendo ahí, en el caso de (ejido) Samuel no hubo la opción de reubicación, estoy hablando de 19 mil, 20 mil personas”.

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Pese a las denuncias por los desalojos, Hernández señaló que las familias que reclaman han sido criminalizadas y amenazadas por grupos de choque, “nosotros hemos estado con muchos daños, desde lo moral, lo patrimonial”, subrayó en torno a los perjuicios.

Otro de los problemas es que viviendas que se localizan en las proximidades de las obras ya están presentando agrietamientos. Se trata de casas a 30 metros de distancia, las cuales están siendo afectadas debido a la vibración, así como la contaminación por el ruido, cuestión que nadie contempló pero que está perjudicando a los pobladores.

Extorsión

Otro de los problemas expuestos es el fraude realizado por la empresa Barrentos y Asociados, quien extorsionó a los ejidatarios para conseguir el derecho de vía para el proyecto del “tren maya”.

“En 2020, se presenta esta empresa, que es encargada de liberación de vía, y también entra la pandemia. En este periodo no se llevan a cabo asambleas representativas. Estuvo en esta asamblea y se da votación con 45 ejidatarios, somos alrededor de 210. Se vota el cambio de uso de suelo”, contextualiza María Hernández del ejido Don Samuel.

Otro problema fue que la empresa consiguió que los ejidatarios firmaran documentos sin entregar copias en la comunidad. “No supieron realmente lo que firmaron en este momento, no tienen copias – eran los convenios de ocupación previa a título gratuito. No les dejaron leer y no les dieron copia”, denuncia Hernández.

Para mayo del 2020, la empresa traslado a las autoridades ejidales al Palacio de Gobierno del estado de Campeche para repartir dinero que en teoría estaba destinado a los ejidatarios, para luego exigir una parte del pago en efectivo.

Como documentó Avispa Midia en junio de 2021, el proceso de negociación que la empresa Barrientos y Asociados operó en las comunidades estuvo plagado de vicios y se cometieron irregularidades y actos de corrupción.

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Hernández compartió que fue en ese momento cuando las comunidades se organizaron y formaron la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya, desde donde han señalado los hostigamientos y condicionamientos de los programas públicos.

Los comisariados, por ejemplo, han estado en total sometimiento al Estado, sostiene Henández, pues acuden solos a reuniones con funcionarios federales cuando deberían estar acompañados por los núcleos ejidales. Por ello, “ya no se confía en las instancias federales”, remarca la ejidataria.

Militarización

Sara López externó su preocupación por el incremento de militares en toda la península. “Vayas a donde vayas” se encuentran efectivos militares, la Marina y la Guardia Nacional como forma de control, para “meter miedo y terror a los pueblos”.

Ángel Sulub también abordó el tema, al referir que la Península de Yucatán se ha “militarizado”, con el pretexto de la seguridad, pero principalmente para disuadir la resistencia de las  comunidades indígenas ante la construcción del tren.

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Sulub compartió que el Ejército ha sido comisionado para construir el polémico Tramo 5, que va de Cancún hacia Tulum. Dicho trazo atraviesa un sistema de cenotes en medio de un suelo frágil, “no adecuado para soportar el peso de trenes pesados para el transporte de turistas, mercancías e hidrocarburos”, como mencionan cientos de científicos mediante carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador a principios de abril.

Además, los militares también tienen a su cargo las obras del tramo 6 y 7, desde Tulum hasta Escárcega. “Su presencia no obedece a la paz o a la seguridad, sino de cuidar y proteger los intereses de los inversionistas y de los gobiernos detrás del tren”, sostuvo Sulub.

Wilma Esquivel destacó lo documentado sobre las consecuencias contra las mujeres en zonas militarizadas. “Hay una idea errónea de que nos va a traer seguridad, pero en la experiencia de muchos pueblos, los cuerpos de las mujeres terminan como carne de cañón”, compartió además de cuestionar cómo será el futuro de la población local en términos de garantizar acceso a recursos como el agua ante el incremento turístico y urbano que vendrá con el tren.

María Hernández recordó que la militarización viene desde los procesos de consulta, pues en las asambleas llegaban con elementos de la Guardia Nacional. “No te están poniendo las armas directamente, pero estás ahí mirando las armas, hay una intimidación de alguna forma. Preguntábamos que hace el ejercito aquí, de que es que Fonatur tiene que cuidarse, si nosotros no tenemos armas, no agredimos nada. Nosotros somos agricultores, vivimos de apicultura, de la ganadería”, contrastó sobre el actuar de las autoridades.

^{En portada: Una de las alertas más importantes que han hecho los pueblos en las movilizaciones es que el proyecto de ley 191 permitirá la explotación minera en territorio indígena.}

Este lunes (26), un tribunal federal confirmó la suspensión de la licencia ambiental para lo que sería la mayor mina de oro a cielo abierto en la selva amazónica en Brasil, un proyecto de la empresa canadiense Belo Sun Mining Corp.

En una votación de 3-0, el tribunal mantuvo su sentencia anterior. Como lo hizo en 2017, la empresa minera había apelado la sentencia la cual consideró que la consulta de la empresa con los pueblos indígenas locales y el estudio sobre los impactos socioambientales del proyecto no cumplían los criterios exigidos por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).

Volta Grande es el nombre de la mina que se mantiene suspendida y que pretende operar a orillas del río Xingu, en el estado de Pará. El proyecto abarca 2,400 hectáreas para extraer oro, a solo 20 kilómetros de distancia de la central hidroeléctrica de Belo Monte.

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El cauce del río Xingu ya fue alterado por la construcción de Belo Monte hace más de una década. A la reducción de su caudal y la afectación a la reproducción de los peces, ahora los pueblos Xipaya y Kuruaya, amenazados por el proyecto Volta Grande, temen el envenenamiento de las aguas y tierras.

“Mi comunidad no fue consultada sobre el proyecto de Belo Sun”, sostuvo Lorena Curuaia, líder de la aldea Iawa. “Belo Monte ya ha tenido un gran impacto en el Xingu. Un segundo proyecto podría significar la muerte de los pueblos locales”.

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Por su parte, Belo Sun ha argumentado que, pese a que la comunidad más cercana está a más de 10 km de distancia, ya consultó a los pueblos indígenas.

Tal como durante el proceso de construcción de la hidroeléctrica, los pueblos dicen que no fueron consultados sobre el nuevo emprendimiento minero, denuncia que es corroborada por el Ministerio Público Federal (MPF).

Dicho organismo afirma que la empresa sólo tuvo en cuenta las áreas oficialmente demarcadas, y que las comunidades indígenas que se encuentran fuera de estos lugares también deberían ser tomadas en cuenta.

Lorena Curuaia, de la comunidad Iawá, también se queja de que, después de ocho años, siguen siendo ignorados, pues fue desde 2014 cuando la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Sostenibilidad (Semas) concedió a Belo Sun una licencia preliminar para el proyecto.

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Belo Sun puede apelar la decisión ante un tribunal superior. En el contexto de la posible aprobación del proyecto de ley 191/2020, que libera la actividad minera en territorios indígenas, las decisiones de tribunales pueden sentar un precedente para definir las normas sobre cómo deben realizarse las consultas con pueblos tradicionales.

^{En portada: Cierres de infraestructura clave, como el Puerto de Ningbo-Zhoushan, Zhejiang en China, han creado “cuellos de botella” en la circulación de productos industriales alrededor del mundo.}

El Banco Mundial (BM) ha alertado que, por la guerra entre Rusia y Ucrania, están aconteciendo pérdidas económicas severas en la región de Europa, Asia Central y el resto del mundo. Este escenario es considerado, por este organismo, como la segunda crisis más importante en estos dos años, así como la sexta recesión global más grave.

Las previsiones son benéficas para las empresas y gobiernos productores de petróleo, pero los impactos más severos recaen en las poblaciones y países más pobres. El BM señala en su documento llamado Guerra en la región: Europa y Asia Central, presentado este 2022, que se prevé que 40 millones de personas podrían cruzar el umbral de pobreza extrema. No obstante, en 2021, con la COVID-19, el Banco ya había documentado que al menos 100 millones de personas se sumaban a este umbral.

Además, la Organización de las Naciones Unidas ya registraba que, en 2019, la pobreza mundial rebasaba 1,300 millones de personas que viven por debajo de 1.90 dólares al día.

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El BM, en su documento recién lanzado, muestra su preocupación por el ritmo de producción de mercancías y servicios, ya que en 2022 prevé una caída del doble de lo que fue la recesión sufrida en 2020. “Los países de la región ya se estaban preparando para una ralentización de la recuperación del COVID-19 que comenzó en 2021, debido a la reducción del crecimiento”, pero con la guerra empeoró la situación señala el Banco.

El documento anuncia que las continuas interrupciones en las economías, por la COVID-19 y la escalada de las tensiones geopolíticas, ya deja sentir los impactos a través de múltiples canales, como los mercados financieros y de materias primas, los vínculos comerciales y migratorios y en la confianza de los inversores.

Estos contextos han golpeado principalmente los bolsillos de los consumidores con la subida de precios de los energéticos y los alimentos a nivel mundial. Esto es uno de los factores, al que atañe el BM, “han llevado a un número significativo de personas a la pobreza extrema”.

Tras la guerra en Rusia y Ucrania, la región Euro-Asiática sintió inmediatamente los efectos y, posteriormente, en escalada, ha impactado al resto del planeta.  Rusia es un importante exportador de energía y metales industriales, pero, además, entre los dos países en conflicto bélico, suministran conjuntamente más del 25% de las exportaciones mundiales de trigo.

“Europa depende especialmente de la energía rusa, de la que importa el 47% del gas natural y el 25% del petróleo. Armenia, Georgia, Kazajstán y Turquía importan más del 75% de su trigo de Rusia y Ucrania, y muchos países de Oriente Medio y África dependen de las importaciones de trigo y otros productos básicos provenientes de Rusia y Ucrania, lo que podría provocar inseguridad alimentaria”, alerta el Banco Mundial.

El escenario actual ha fragilizado los tejidos de la llamada globalización económica y financiera, al interrumpir la conectividad de las rutas comerciales, lo que ha provocado no solo el aumento de los costes de producción, sino que, también, tensiones en las cadenas de los principales sectores industriales en el mundo. Desde la industria alimentaria, la automovilística, la construcción, la petroquímica y la del transporte.

La migración

Junto a los impactos económicos, también se está desprendiendo una ola migratoria y de refugiados provenientes tanto de Rusia como de Ucrania, así como de los países impactados. El Banco Mundial registra que más de 4 millones de personas han huido de Ucrania. Más de la mitad han cruzado a Polonia y otros más se han dirigido hacia Hungría, Moldavia y Rumanía. “Se calcula que el número de refugiados aumentará en los próximos meses, por lo que los países de acogida tendrán que afrontar el reto de acogerlos”, según este organismo.

Desde que el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, anunció que recibiría hasta 100 mil personas que están huyendo de la guerra, en Tijuana, la frontera de México, cada día sigue llegando gente proveniente de Ucrania, Rusia y de otros países. Este nuevo reflujo migratorio se suma a los miles de personas que esperan cruzar hacia EEUU, provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Venezuela y Haití.

“Habrá que movilizar rápidamente recursos financieros adicionales y ayuda humanitaria para aumentar la capacidad y garantizar la prestación de servicios básicos. En Ucrania, se calcula que ya hay 6,5 millones de personas desplazadas internamente y que aproximadamente un tercio de la población necesita ayuda humanitaria de emergencia”, señala el documento del BM.

Mientras tanto, EEUU recibe a los miles de migrantes en unas de sus peores crisis. De acuerdo la Oficina de Estadísticas Laborales el Índice de Precios al Consumidor de este país ha alcanzado uno de los niveles de inflación más altos en los últimos 40 años. Alcanzó un incremento de 8,5% para el año que finalizó en marzo y lo mismo sucede en América Latina.

El impacto de la guerra en las perspectivas económicas de la región depende de cómo evolucione el conflicto en curso. “Un conflicto más prolongado podría incrementar los costes humanos y económicos, aumentar la incertidumbre política, fragmentar la integración regional y perturbar los vínculos críticos de comercio e inversión”, prevé el organismo financiero mundial.

Transición energética

El Banco Mundial ha aprovechado los diversos escenarios de crisis para acelerar las políticas que permitan el reemplazo de la matriz energética, sobre todo en los sectores productivos, como una necesidad para sostener el ritmo de producción de mercancías y servicios y así, el engranaje de las principales economías pueda funcionar.

Por ello, este organismo llama a los Estados-nación a “mantener la atención en la mejora de la eficiencia energética y la transición verde para asegurar un futuro sostenible”.

Según el BM, la guerra y el aumento de los precios de la energía convencional, “demuestran aún más el atractivo de las energías renovables y la importancia de la transición de los sistemas energéticos hacia una energía más barata, limpia y fiable”, ya que ello asegurará “el uso de innovaciones tecnológicas que podrían permitir a las economías de la región mitigar el impacto de la guerra en el crecimiento económico”.

^{Fotos por Futuros Indígenas}

Las políticas neoliberales, incluidas las del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), están provocando, junto a un acelerado deterioro de la naturaleza, el despojo continuo y creciente de los territorios de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas.

Por ello, reunidos en la “Primera Asamblea del pueblo nahua de Morelos en contra de la minería y los megaproyectos de muerte”, delegad@s y autoridades agrarias, tradicionales y civiles de comunidades indígenas de todo el país, decretaron prohibir la minería, así como la construcción y operación de la infraestructura del Proyecto Integral Morelos (PIM).

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Como resultado de la asamblea, realizada el fin de semana pasado en la comunidad Nahua de Cuentepec, los pueblos decretaron la prohibición para la instalación de parques industriales y actividades extractivistas de tierra y agua en los territorios sobre los que el pueblo nahua del estado de Morelos guarda una ocupación tradicional, lo anterior con independencia del régimen de propiedad que pueda existir en dichos territorios.

Minería, al acecho

Reunidos en asamblea, los pueblos nahuas denunciaron el proyecto minero “paradójicamente denominado ‘Esperanza’”, para la explotación, en tajos a cielo abierto, de oro y plata. Esta concesión, para las empresas canadienses Alamos Gold y Zacatecas Silver, se encuentra a solo 500 metros del sitio agrado de Xochicalco.

Según los pueblos nahuas, el proyecto “afectará en forma grave nuestras tierras y territorios ancestrales, los ecosistemas de la región, la sub cuenca del Río Apatlaco, la cuenca del Río Amacuzac y el Acuífero de Cuernavaca, incluidas sus zonas de recarga hídrica y mantos freáticos, así como la vida y la salud de aproximadamente unos 200 mil habitantes que viven en las comunidades, colonias y municipios aledaños”.

Aproximadamente el 70% del territorio mexicano tiene potencial minero y el 35% ha sido entregado entre los años 2000 y 2010 mediante más de 29,000 concesiones. “A marzo de 2019, las concesiones mineras vigentes eran 25,607 que cubren una superficie de más de 22 millones de hectáreas. Las actividades mineras, de entre todas las actividades industriales, se caracterizan por tener en muchas ocasiones un alto potencial destructivo de los ecosistemas y poblaciones humanas cercanas a los sitios donde estas empresas se instalan”, argumentan los pueblos en el decreto.

En el mismo tenor, la destrucción del agua no es menos grave que la destrucción de la tierra, en ocasiones, montañas completas son excavadas y procesadas con agua concentrada con cianuro, elemento sumamente tóxico que separa el oro del resto de los componentes de la tierra, indican las comunidades, quienes cuestionan también el uso preferencial de agua para la industria.

“La actividad minera es conocida en muchos casos por los impactos negativos sustanciales en la calidad y en la disponibilidad de los recursos hídricos locales. Los impactos causados por la reducción del nivel de aguas subterráneas puede incluir la reducción o eliminación de flujos de aguas superficiales; la degradación de la calidad de aguas superficiales y del beneficio de sus usos; donde se reduce también, o se elimina, el acceso tradicional al agua mediante pozos de abastecimiento doméstico”, detallan en el documento.

PIM

El Proyecto Integral Morelos es un megaproyecto energético regional que afecta a los pueblos nahuas que viven en las inmediaciones al volcán Popocatépetl, entre los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El PIM consta de dos centrales termoeléctricas, una de ellas instalada a solo 300 metros de la comunidad de Huexca, Morelos. Estas son alimentadas por la imposición de un gasoducto de 160 kilómetros “que peligrosamente atraviesa las faldas del Volcán Popocatépetl, una zona volcánica y de alta sismicidad”, denuncian los pueblos nahuas.

También señalan el despojo de agua, pues actualmente se construye un acueducto pretende extraer 580 litros por segundo de agua de riego a los ejidos de la región de Ayala.

“Este proyecto pretende ser impuesto en forma definitiva por el actual presidente de la república mediante el uso de la Guardia Nacional desde el año 2020 y la realización de una simulada consulta un año antes, en cuyo contexto se dio el sangriento asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes”, señalan en el documento.

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Mediante el decreto, los pueblos indígenas enfatizan que el PIM no es un proyecto para favorecer la soberanía energética de México, sino que “obedece a una lógica de mercado para introducir el gas natural de Estados Unidos al país, abaratar los costos de transporte del gas e incrementar su velocidad de producción en beneficio de empresas trasnacionales como Saint Gobain o las españolas Elecnor, Abengoa y Enagas”.

Por ello, calificaron como innecesaria la construcción y funcionamiento de estas centrales eléctricas, “altamente contaminantes y depredadoras de la naturaleza, pues en el país existe una capacidad de generación eléctrica de casi el doble de lo que se consume en fechas pico”.

Decreto contra las violencias

Durante la asamblea, l@s representantes de pueblos originarios también denunciaron el aumento de los feminicidios, desapariciones, trata de personas y diversas violencias hacia las mujeres, quienes ante un gobierno indiferente han decidido organizarse para enfrentar y erradicar al patriarcado de sus vidas y territorios.

Entre sus argumentos, los pueblos reconocieron que el actual desarrollo económico, basado a escala planetaria en la prominencia del capital financiero, apoyado en la gran industria militar y en el extractivismo, en guerras y epidemias, está llegando a un límite que pone en peligro las condiciones de la vida en el planeta

Ante esta situación, basados en el inalienable derecho de libre determinación, fue que los pueblos indígenas acordaron el decreto para prohibir los proyectos de muerte.

La Asamblea señaló que estas acciones también son una respuesta a las acciones del gobierno federal, quien “lejos de reconocer y respetar nuestros derechos fundamentales y proteger a la naturaleza de los graves daños que causan a la vida y a nuestros territorios los megaproyectos”, emite decretos como el acuerdo presidencial, firmado por AMLO en noviembre del 2021, para imponer los megaproyectos de muerte sin tomar en cuenta la libre determinación de las comunidades indígenas del país.

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El documento señala que dicho decreto “se considera obligatorio para tanto para los integrantes del pueblo nahua del estado de Morelos, como para cualesquier persona o entidad pública y/o privada extrañas al pueblo nahua de Morelos y su validez y obligatoriedad será vigilada por cada una de las comunidades que integran el pueblo nahua dentro de su ámbito territorial y de acuerdo a sus formas de organización y gobierno propios”.

^{En portada: Militares de EEUU y México en reunión de preparación para los ejercicios “Tradewinds 2022”}

A pesar de que el gobierno de México se ha comprometido con los Estados Unidos para ser coanfitrión de los ejercicios militares denominados “Tradewinds 2022”, a última hora, el Senado de la república mexicana discute si se permite el acceso a 341 militares extranjeros a territorio mexicano. No obstante, una delegación de 84 militares extranjeros ya hizo acto de presencia entre los días 31 de enero al 5 de febrero en Chetumal, Quintana Roo, momento en que arrancó la primera fase de este programa militar.

Tradewinds es un ejercicio multidimensional centrado en la seguridad del Caribe que se lleva a cabo en los dominios terrestre, aéreo, marítimo y cibernético. Las fuerzas estadounidenses comandan estos ejercicios con las naciones participantes como un entrenamiento conjunto, combinado e interagencial.

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Desde el pasado 8 de abril, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió el Oficio no. 100-125 a través de Adán Augusto López Hernández, secretario de gobernación, para solicitar al Senado la autorización para permitir que 128 elementos de la Armada de México pudieran salir de los límites del territorio mexicano para poder participar en los ejercicios multinacionales “Tradewinds 2022”.

AMLO también ha solicitado que se permita el “ingreso de las tropas y buques militares extranjeros (341 elementos) para el mismo ejercicio”, que se llevara a acabo entre los territorios fronterizos de México y Belice del 7 al 21 de mayo de 2022, de manera simultánea.

El mandatario mexicano argumenta que la petición se desprende de una invitación que le hace el Comando Sur, uno de los diez comandos de combate unificado de los EEUU. “En ese sentido, hago de su conocimiento que se recibió invitación del Comando Sur de los Estados Unidos, para que México participe y organice de manera conjunta con Belice y el referido Comando, el Ejercicio Multinacional Tradewinds 2022”, justificó AMLO a Olga María del Carmen Sánchez Cordero, presidenta del Senado.

La presidenta presentó al parlamento esta petición el pasado 19 de abril, no obstante, solo se determinó que es de competencia de la fracción parlamentaria que se ocupa de estos asuntos, “la Comisión de Marina”, quien tiene en sus manos la última palabra para que las tropas puedan ingresar a México.

El acuerdo

Aunque el permiso se ha solicitado hasta este momento, desde el 31 de enero al 5 de febrero, en Chetumal, Quintana Roo, la marina mexicana, el Comando Sur e integrantes de Seguridad Pública de las regiones del Caribe, Centroamérica y Europa, realizaron reuniones previas para estos ejercicios.

Participaron 84 militares de las Fuerzas Armadas de 23 países tales como: Belice, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Francia, granadinas, República Dominicana, Reino Unido y Reino de Países de Bajos.

Esta es la primera vez que México es coanfitrión de Tradewinds, desde que el ejercicio se realizó por primera vez en 1984. Para este ejercicio se espera la participación de, al menos, 1,500 militares y civiles, de los cuales 341 pisarán territorio mexicano.

AMLO, en el documento que envió al senado, argumenta que este programa militar permitirá fortalecer la capacidad de las fuerzas armadas participantes, “para contrarrestar amenazas comunes, tales como el crimen transnacional y desastres naturales”.

El mandatario mexicano también sostiene que las fuerzas armadas de México ya han sido participes de estos ejercicios militares en otros países, al menos, en seis ocasiones. Parte de los 341 militares provienen de Belice, una sección de 24 elementos de las Fuerzas Armadas con 24 fusiles M4, calibre 5.56 milímetros (mm), y 32 pistolas Glock 19 mm, calibre 9 mm, todas ellas sin munición.

Mientras que de Colombia participaran 32 militares con las mismas armas, salvo el agregado de ametralladoras M-2HB/QCB, calibre 7.62 mm, también sin municiones.

Canadá participará con 83 elementos y el buque llamado Harry Dewolf HMCS “que significa, navío canadiense de su majestad, en referencia a la reina Elizabeth II del Reino Unido”, un tipo de embarcación que ha brindado apoyo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tras el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Los militares de EEUU son 100 y portaran las mismas armas, además de equipo táctico de la Guardia Costera y el buque USCGS “ISAAC MAYO”. También, de Reino Unido, se suman el buque llamado Medway y 24 militares más, el buque Pelikaan de Países Bajos, con 26 militares armados; nueve elementos más de Surinam y dos de Guayana.

En 2017, el jet Gulfstream IV (C20-F) de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), ingresó a territorio mexicano, aterrizando en el hangar de la Marina en la frontera sur en la ciudad de Tapachula, Chiapas. En esta aeronave viajaba Lori Robinson, la entonces jefa del Comando Norte de Estados Unidos y Kurt Tidd, ex comandante del Comando Sur, así como la Embajadora, Roberta Jacobson. Fue una reunión con autoridades mexicanas. De acuerdo con fuentes del medio británico, Reuters, los asistentes pidieron el anonimato.

Inversiones de EEUU

Mientras se crea el escenario de un teatro de operaciones bélicas en el mar Caribe, EEUU y Canadá pretenden reafirmar y reforzar los acuerdos de seguridad con el gobierno de AMLO, ya que, aparte del ejercicio Multinacional Tradewinds 2022, también se le suman las operaciones de la iniciativa para la Protección Marítima de América del Norte (NAMSI por sus siglas en inglés), que comprenden procedimientos normalizados en un tiempo de reacción mínima, con los cuales responden a las amenazas y operaciones marítimas.

NAMSI es coordinado por EEUU, Canadá  y la Armada de México, como parte de la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN), un acuerdo establecido desde el año 2008 entre los tres países. México seguirá participando cada año en los programas militares NAMSI.Aunque la alianza no solo es de seguridad de América del norte, también implican acuerdos comerciales, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que inició en julio del 2020, que reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).

Además, el mandatario mexicano se reunió este 22 de abril, en el estado de Veracruz, con políticos y empresarios de los Estados Unidos y Canadá para llevar a cabo la Cumbre de Desarrollo del Istmo en San Juan de Ulúa, donde se anunció la apertura de este territorio franco a la inversión nacional y extranjera.

Previo al evento, el mandatario mexicano, en su conferencia de prensa, expreso que, el “Plan del Istmo”, que incluye toda la región sur-sureste de México, participan el secretario de la Defensa y Marina, porque “la secretaría de Marina es la encargada de atender toda la zona del Istmo y el proyecto en general”, para cuidar casi mil kilómetros de vías férreas.

Mientras tanto, el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que en 20 días se estarán licitando 800 kilómetros del tren del Istmo de Tehuantepec para su rehabilitación, puntualizando que ya hay “seis empresas  que están concursando”.

Durante esta reunión el embajador estadounidense, Ken Salazar, también anunció que la empresa cervecera Constellation Brands invertirá, en el sureste mexicano, mil 300 millones de dólares. “Va a crear dos mil empleos directos, más de diez mil empleos indirectos y mil 300 millones de pesos en inversiones”, señaló el embajador.

Ken Salazar también sostuvo que EEUU ve un futuro compartido en la región Sur-Sureste de México. En la Cumbre también hicieron acto de presencia más de 30 empresarios norteamericanos, canadienses y mexicanos, de las industrias automotriz, de autopartes, alimenticia, energética, química, transporte, logística y comunicaciones.

Entre ellos estuvieron representantes de: Cargill; American Chamber of Commerce México; Constellation Brands México; Pacific Limited; Invenergy; AES México; EDP Renewables para América del Norte; AECOM; Kansas City Southern Mexico; Freightliner & Detroit Diesel; AT&T; FedEx; TC Energy, entre otros.

Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, anunció a las empresarios participantes en esta cumbre que los 10 predios para los parques industriales están listos para que puedan inicar con sus actividades. En conjunto abarcan 3,378 hectáreas. También agrego que “en el norte del Istmo es muy factible que se desarrolle un corredor energetico, dada la vocación de la zona donde tenemos gas, pétroleo, petroquimica”.

El embajador estadounidense por su parte, calificó esta Cumbre como “histórica”, ya que  según él, “es muestra del compromiso de nuestros gobiernos con la prosperidad de su gente. Junto con sus inversiones, las empresas estadounidenses apoyan el desarrollo del capital humano mexicano y de la economía digital”.

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“A través de la inversión estamos avanzando las prioridades conjuntas de Estados Unidos y México para abordar la prosperidad económica del istmo y de México”, dijo el embajador, mientras tanto, la decisión del Senado, en cuanto a la presencia de militares extranjeros a territorio mexicano, esta por decidirse.