A las tribus, pueblos, barrios y naciones del Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
A la Sexta Nacional e Internacional
A los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen
A los dignos pueblos que luchan, resisten y se rebelan
A las organizaciones y compañer@ solidarias que nos acompañaron en nuestro caminar

Compañeras, compañeros

Nos da mucha alegría verlos, los últimos años han sido muy difíciles para todas y todos, pues la pandemia y la guerra contra los pueblos se ha llevado a compañeras y compañeros que caminaban con nosotros, aunque no estén presentes, los corazones de compañeros y compañeras que nos acompañaron en este largo caminar están aquí, aquí está su esfuerzo, aquí esta su semilla, la libertad, eso por lo que luchamos casi 10 años, hoy podemos verlo, sentirlo, abrazarlo.

La injusticia y el mal sueño que nos hizo pasar el estado teniendo como prisioneros a 8 compañeros quienes no tenían delito alguno nos hizo despertar a la realidad: injusticias, despojos, desprecio, desaparición, prisión, hostigamiento, exterminio. Todo eso que se vive en muchas comunidades del país, a nosotros nos tocó con el encierro, más de 12 años presos nuestros compañeros, familias incompletas y nada de resolución por los gobiernos.

Después de caminar con los pueblos del CNI, informarnos y leer lo que pasaba en otros pueblos, comprendimos que nuestra problemática era un asunto de represión más que de justicia pues sin una investigación profunda, las ordenes de aprensión van sobre los compañeros más visibles en la lucha por la defensa del agua.

Toda esta situación nos costó y mucho, hasta que en noviembre de 2014 decidimos levantar la voz y hacer algo por ellos, buscamos, preguntamos, platicamos con personas desconocidas que al final se volvieron compañeros, compañeras, hermanos, hermanas.

Durante casi 10 años compañeras y compañeros nos acompañaron en nuestro dolor, lo hicieron suyo y hoy queremos compartirles esta dicha y felicidad de ver a nuestros compañeros en casa, pues también debe ser suya, ustedes que con paso firme y determinación hacen suyo cada dolor, cada rabia e injusticia que vive este país, que juntos con organización colectiva y solidaridad nos ayudan a construir nuevos caminos, abriendo la grieta de los muros del poder y del capitalismo.

Hoy queremos agradecer y hacer un reconocimiento infinito a los compañeros del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y del Congreso Nacional, por abrazar nuestra lucha y hacerla suya, así mismo un reconocimiento y agradecimiento a la Asamblea del Congreso Nacional Indígena celebrada en 2018 en CIDECI-UNITIERRA, en San Cristobal de las Casas Chiapas por el acuerdo de la Segunda Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno a realizar la campaña nacional e internacional unitaria por la libertad de los compañeros presos de Tlanixco y Fidencio Aldama de la Tribu Yaqui.

Así como a la Sexta Nacional e Internacional, a la red contra la represión y por la solidaridad, por abrirnos foros, difundir y compartir nuestra palabra para exigir la libertad de nuestros compañeros.

A los colectivos, redes universitarias y compañeros de buen corazón y dignidad rebelde nacionales e internacionales, queremos decirles gracias, gracias por que a pesar de la distancia levantaron la voz para exigir la libertad de nuestros compañeros.

A todas y todos los compañeros individuales, artistas, músicos, muralistas, periodistas, talleristas, diversos que nos acompañaron gracias por compartir con nosotros su conocimiento, sus obras, su alegría, la lucha no hubiera sido igual sin ustedes.

También queremos agradecer a la comunidad, a todas las personas, compañeras, compañeros que no dudaron en ningún momento de estar con nosotros, apoyarnos y acompañarnos a diversos lugares para llevar la palabra de nuestra lucha sin importar el frio, el cansancio, dejar el hogar, el qué dirán, a los que hoy están y no están, nunca olvidaremos el caminar que hicieron con nosotros, ustedes nos dieron fuerza y ánimos de seguir.

A todas y todos gracias
Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanixco

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

^{En portada: Integrantes de la XVI Caravana de Movimiento Migrante Mesoamericano rindieron homenaje por los 56 migrantes fallecidos en Chiapas durante volcadura de trailer y protestaron contra las políticas migratorias en México.}

Lilian Korina Ramos Mata desapareció hace cinco años. Tomó una mochila y partió de El Salvador rumbo a Estados Unidos para ganar dinero y mejorar la vida de su hijo y de su madre Rosa Edith Mata, quien ahora integra la XVI Caravana de Movimiento Migrante Mesoamericano en busca de migrantes desaparecidos en territorio mexicano.

Es el segundo año que Rosa participa. En 2019 también hizo el recorrido, pero después se suspendieron las actividades presenciales por la alerta sanitaria del Covid-19 y el cierre de las fronteras en varios países de América.
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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

El pasado domingo (1) por la noche, al menos ocho individuos armados llegaron a la casa de Zury Quintanilla, secretaria del patronato y presidenta del comité de salud de la comunidad garífuna de Rio Tinto, en el caribe hondureño.

En aquel lugar se encontraba Alonso Salgado Cabalero, dirigente de la comunidad, a quien, sin mediar palabra, los agresores le dispararon quitándole la vida. Después se dirigieron al interior de la vivienda en donde dispararon también contra Quintanilla, dejándola gravemente herida.

Mediante comunicado, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) declaró que este constituye un acto más en contra de la comunidad de Rio Tinto, donde fue asesinado el dirigente Edwin Fernandez en 2020, cuyo caso no ha tenido ninguna investigación policial por lo que se mantiene en impunidad, reclamó la organización.

Desde hace meses, la Ofraneh ha denunciado incidentes en los que personas han llegado a amenazar y causar daños a la comunidad; sin embargo, las fuerzas de seguridad hondureñas no han investigado las agresiones.
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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{Foto de portada: Santiago Navarro F.}

Este lunes (2), una comisión de mujeres indígenas chontales acudió a las oficinas del comisionado del Registro Agrario Nacional (RAN), en Oaxaca, para entregar dos solicitudes que demandan el reconocimiento de 39 mujeres como comuneras ante el órgano estatal.

Para ellas, este trámite está en sincronía con acciones que han emprendido sus comunidades para la defensa del territorio. “Para nosotras, la tierra significa trabajarla, cuidarla y el territorio, cuidar de nuestros aguajes, de nuestros bosques, de toda la fauna”, comparte la comisión en entrevista con Avispa Midia.

Las mujeres señalan la importancia de esta iniciativa, pues en el pasado no eran consideradas en las tomas de decisiones en el interior de sus comunidades. “Estamos luchando para ser reconocidas como comuneras, ya nos dieron ese derecho y nos reconocieron en la comunidad, ahora nada más estamos esperando la respuesta legalmente”.

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Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

^{Foto de portada: Onamiap}

Los pueblos originarios y comunidades campesinas del Perú requieren participar en las decisiones sobre el uso de sus territorios y recursos naturales. En el papel, la consulta previa, promulgada por ley en 2011, es un mecanismo para el diálogo, el consenso. Un derecho que el Tribunal Constitucional desconoció como fundamental en una sentencia dictada en febrero de este año, en contra de convenios internacionales.

Frente a la desatención de la justicia del Estado en favor de los extractivismos, hay voces en las comunidades que proponen alternativas de participación directa, en un país que no ratificó el Acuerdo de Escazú y que en 2021 fue el quinto con mayor deforestación en el mundo, de acuerdo a Global Forest Watch.

Para las lideresas indígenas, el problema radica en replantear el mecanismo. Cuestionan cuándo y con qué fines se les consulta, por qué de antemano la condición es la ejecución de actividades industriales, las que contaminan el medio ambiente y destruyen sus fuentes de vida.
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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

La familia de Mariano Abarca Robledo solicitó investigar a la Embajada de Canadá en México por la presión que ejerció sobre el Gobierno de Chiapas para detener las protestas contra las operaciones de la minera Blackfire Exploration en el municipio de Chicomuselo.

A sus 52 años de edad, Mariano Abarca fue asesinado el 27 de noviembre de 2009, pero dos años antes la Embajada de Canadá comenzó a monitorear la resistencia que él encabezó contra la minera canadiense.

Las autoridades mexicanas nunca investigaron y liberaron a las personas que en su momento fueron detenidas. Esta falta de acceso a la justicia llevó a la familia de Mariano a iniciar una indagación independiente sobre los hechos.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Considerando solamente registros del 2019, la Unión Europea (UE) exportó más de 6,5 millones de kilogramos de plaguicidas prohibidos o nunca autorizados en su territorio hacia los países que forman el bloque comercial del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Empresas trasnacionales como Bayer/Monsanto, BASF y Syngenta, líderes en la producción de agrotóxicos en Europa, en alianza con grupos de presión favorables a los agroquímicos como SINDIVEG y Croplife Brasil, son los principales promotores del acuerdo comercial que permite la venta de peligrosos productos químicos en Sudamérica.

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Fuente: Avispa Midia

Por Avispa

^{por Colectivo Geocomunes / Foto de portada: Santiago Navarro F.}

La siguiente es la primera de una serie de tres publicaciones para documentar los efectos que, sobre los bienes comunes de la región del Istmo de Tehuantepec, se empiezan a observar con el despliegue del proyecto Corredor Interoceánico. Pondremos atención a tres bienes comunes, esenciales para la vida y cultura de la región, pero que también son insumos indispensables a la instalación de actividades industriales: la tierra, el agua y la energía.

En esta entrega analizamos cómo se genera un proceso de industrialización y el efecto que causa en la privatización y especulación de la tierra, conllevando un cambio profundo en el uso que tienen en las comunidades de Veracruz y Oaxaca que hoy en día las poseen.

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El proyecto de Corredor Interoceánico prevé, en una primera etapa, la instalación de 10 parques industriales (cinco en Veracruz y cinco en Oaxaca) llamados oficialmente “Polos de Desarrollo para el Bienestar” (PODEBI).

A este listado se puede agregar el PODEBI de San Blas Atempa en Oaxaca, un polo de desarrollo que si bien no aparece en los últimos documentos oficiales del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), corresponde a un caso donde se llevó a cabo un proceso de consulta para la instalación de un parque industrial, en la comunidad de Puente Madera, y que ha generado un rechazo de la población por la serie de simulaciones e irregularidades en el proceso de consulta para la aprobación del parque.

Cuatro de estos once parques tienen los terrenos adquiridos, mientras que los demás siguen en proceso de negociación con los dueños de la tierra, que son principalmente núcleos agrarios. Por ello, el proceso de negociación para la posible venta de terrenos para los otros seis parques pone en riesgo de privatización 1,566 hectáreas de tierras ejidales y 866 hectáreas de tierras comunales, principalmente ubicadas en el istmo sur.

Tan sólo considerando la superficie directamente afectada por los 10 parques industriales planeados, se trata de 3,542 hectáreas. A esto hay que sumar las 334 hectáreas del polo proyectado en San Blas Atempa, Oaxaca, y considerar que el de Jáltipan, en Veracruz, aún no especifica superficie.

^{En Veracruz, desalojan con violencia tierras destinadas al Corredor Interoceánico. Audio por Avispa Midia}

Además, en un documento oficial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se menciona que se estima una demanda de suelo para industrias de 15,700 hectáreas en la región, lo que representa 4.5 veces más que la superficie anunciada para esos 11 parques industriales. Esto se explica por el hecho que a los 10 u 11 primeros parques industriales, llamados zona primaria, se planea sumar posteriormente otros 19 parques (10 en Oaxaca y 9 en Veracruz) en lo que en el documento oficial llaman zonas secundarias y marginales.

Puedes visualizar la ubicación, la superficie ocupada y la tenencia de la tierra de los parques industriales previstos en el siguiente mapa interactivo:

^{Para ver las poligonales previstas para los parques industriales (PODEBIS) de la zona primaria, la capa Polígonos PODEBIS (parque industrial) tiene que estar activada y hay que hacer zoom al mapa. La ubicación de los puntos de los parques de la zonas secundarias y marginales es indicativa ya que no existe información todavía sobre la ubicación exacta de esos parques.} 

Si la implementación de parques industriales para las zonas “secundarias” sigue siendo a lo largo de las vías del tren Coatzacoalcos a Salina Cruz, para las zonas “marginales” se expande hacia otras zonas istmeñas, principalmente hacia pueblos que quedan cerca de las vías del tren en proceso de rehabilitación, entre Coatzacoalcos y Palenque, para conectarse con el Tren Maya (como Agua Dulce o las Chopas), o entre Ixtepec y Tapachula (como Unión Hidalgo o Chahuites). Llama la atención los parques industriales previstos en la zona de los Tuxtlas (San Andrés Tuxtlas y Catemaco), regiones que quedan alejadas de las vías del tren, pero que se pretenden conectar con la llamada modernización (ampliación y rehabilitación) de distintas carreteras.

Especulación sobre las tierras

Ahora bien, para considerar la afectación real que la puesta en marcha de estos polos de desarrollo tendría sobre la propiedad de la tierra, habría que considerar la privatización y cercamiento de tierras que se dispararía por el proceso de expansión urbana, siempre asociado a la creación de nuevos polos industriales.

También es necesario considerar el peso que la apertura de procesos de especulación tendría sobre la privatización de tierra, derivado de la puesta en venta de lotes de inversión situados a proximidad de los parques industriales anunciados o a lo largo de las vías del tren.

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Este fenómeno especulativo, que dio inicio desde que se dieron los primeros anuncios del proyecto, tiene como resultado una presión sobre la venta o renta de tierra de propiedad social. Algo que detona conflictos en las asambleas agrarias, por la intervención de intereses individuales internos o ajenos en los procesos de toma de decisión, en un contexto de presión para que algunas parcelas del núcleo agrario pasen a dominio pleno, para luego poder venderlas como parcelas privadas para usos industriales o inmobiliarios.

Algunos ejemplos de anuncios de ventas de terrenos en las cercanías del Corredor Interocéanico:

Al momento de dimensionar los posibles impactos y el alcance territorial de este proceso de industrialización y urbanización es importante tomar en cuenta que el corredor transístmico forma parte de un proceso más amplio de reconfiguración territorial del sureste de México, donde se relaciona con otros proyectos, como el llamado Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Programa Sembrando Vida y la Guardia Nacional.

Estos proyectos buscan funcionar juntos para permitir la circulación de mercancías, muchas de las cuales serán producidas en estos corredores industriales, así como la extracción de recursos como el petróleo, los minerales, el agua, la tierra, la biodiversidad y su tránsito por tren (Tren Maya y Transístmico) para exportarlos a mercados en Asia, Estados Unidos, y Europa.

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Además, forman parte de la estrategia de control migratorio que exige Estados Unidos a México para hacer “tapones” que bloquen el tránsito de la población de migrantes más allá de la zona del istmo, insertándola como mano de obra barata en estos corredores industriales.

Por el medio de la rehabilitación de las vías del tren de Coatzacoalcos a Palenque y de Ixtepec a Tapachula, se conectarán los proyectos del Tren Transístmico con el Tren Maya. Existe también la posibilidad de conectarlos con otros dos proyectos ferroviarios anunciados en Guatemala: el Tren Bicentenario Ecológico (interconexión con México en Ciudad Hidalgo y trazo hasta Tecún Umçan y Puerto Quetzal en el Pacífico) y el Tren Rápido (que conectará hacia el mar del Caribe en Puerto Barrios).

Con la puesta en marcha y la interconexión de esos proyectos ferroviarios entre ambos países se completará uno de los objetivos previstos en el Plan Puebla Panamá y en el posteriormente llamado Proyecto Mesoamérica: interconectar los países mesoamericanos con EEUU por el medio de carreteras, red eléctrica y vías de tren.

Con la construcción del CIIT el riesgo de división comunitaria, de erosión, especulación y privatización de la propiedad social es muy alto.

Una vez que la tierra comunal o ejidal se renta o se vende para cualquiera de estos proyectos, no hay vuelta atrás: al desarrollar los parques industriales, se despliegan actividades sumamente contaminantes, y no hay manera que se vuelva a reconstituir en esas tierras la vida comunitaria que se sostenía antes.

Es el territorio el que sostiene a la comunidad y por esto resulta imposible mantener o recuperarla cuando ésta se enajena. Si los pueblos y sus comunidades dejan entrar estos proyectos, las tierras dejarán de sostener la seguridad alimentaria de los pueblos, y convertirán sus tierras en áreas de vocación industrial, y a ellos mismos en mano de obra para las fábricas propuestas, o en migrantes desposeídos navegando en grandes urbes.

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En la segunda parte de esta entrega, abordaremos el tema de cómo la instalación de estos parques industriales ejercerá una presión fuerte sobre el agua, en una región donde los problemas hídricos son ya patentes, tanto para los propios hogares como para las actuales actividades productivas.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Aspectos de la mina de oro en el cerro de San Pedro, San Luis Potosí, donde la actividad a cielo abierto se realiza a escasos metros de la comunidad, lo que orillo el desplazamiento de cientos de familias. Foto: Aldo Santiago}

El pasado 20 de abril se hicieron públicas las más recientes reformas a la ley Minera en México, las cuales se centraron en colocar la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio para ser realizada de manera exclusiva por el Estado.

En un contexto de disputa entre la inversión privada y estatal por el aprovechamiento del mineral, la discusión para cambiar la ley minera dejó a un lado los daños sociales y ambientales de dicha industria que han sido denunciados por organizaciones como la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).

“La auto-llamada 4T no ha respondido a la demanda de alto a la minería que desde muchas organizaciones sociales hacemos, ni ha respondido a la exigencia de justicia por la persecución, crímenes y daños que la minería ha generado en el país”, enfatiza la REMA mediante comunicado difundido este viernes (29).

En México, actualmente existen más de 24 mil concesiones vigentes para la extracción minera, las cuales cubren una superficie de más de 17 millones de hectáreas y pese al discurso oficial de no otorgar más concesiones, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha continuado con la autorización de proyectos de exploración y explotación minera.

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De acuerdo a la REMA, sólo en los últimos tres meses de este 2022, el valor del litio se ha incrementado en un 250%. Esto se debe a que este mineral es considerado fundamental para la denominada transición energética.

“Pero sabemos también los gravísimos daños sociales y ambientales que han dejado la explotación de este mineral en el mundo y por ello, desde la REMA, llamamos a la sociedad a debatir más allá de las narrativas dicotómicas y simplistas sobre lo público y lo privado, impuestas por los partidos políticos, empresas y algunos medios de comunicación”, remarca la red en el documento.

Reforma

Pese a la propaganda oficial, la REMA asegura que con la reforma a la ley minera aún existe la posibilidad de que la empresa pública y descentralizada que se conforme para la explotación del litio se pueda asociar con capitales privados, tanto nacionales como extranjeros.

“Empresas como Peñoles (de los Bailleres), Frisco (de Slim) y Grupo México (de los Larrea), empresas sobre las que penden grandes exigencias de rendición de cuentas, remediación de daños, y señalamientos sobre crímenes, podrían sumarse a este festín. Eso sí, en compañía de la instancia creada para tal fin por el Estado”, advierte la red.

A esto, se suma la preocupación por el anuncio del Servicio Geológico Mexicano (SGM) que llevará a cabo trabajos de prospección para identificar posibles yacimientos de litio en 82 localidades de 18 estados de la república: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, y Zacatecas.

“¿Qué pasará con las comunidades donde se encontrarán cantidades suficientes de litio para ser explotadas? Seguramente el gobierno desplegará todas sus fuerzas para avanzar con esos proyectos, sin importar lo que opinan las comunidades locales, acelerando y/o brincándose los permisos necesarios, manejando información a modo, como está pasando ahora con otros proyectos emblemáticos de la 4T como el Corredor Interoceánico o el Tren Maya”, cuestiona la REMA.

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También, la red añade que existe el riesgo que se lleven a cabo procesos de expropiaciones, con el pretexto de “utilidad pública” y bajo el discurso de la soberanía energética nacional.

Estrés hídrico

Según la REMA, en los estados donde el SGM llevará cabo los trabajos de prospección para extraer litio ya sufren estrés hídrico, así como problemas de escasez y contaminación del agua.

Por ello, enfatizan su preocupación frente a la explotación del mineral, dado que uno de los principales impactos denunciados por los pueblos de la región de los salares andinos en Sudamérica es la alta cantidad de agua que requiere el proceso de evaporación, ligado a la extracción de litio en salares o salmueras.

“Por esta razón la extracción del litio ha sido denominada ‘minería del agua’. Ciertos estudios realizados en el salar de Atacama señalan que ‘Para producir una tonelada de litio se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular’”, detalla REMA.

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Otra de las consecuencias de la extracción del litio, son las graves modificaciones sobre los flujos de aguas subterráneas. “¿Cómo se puede hablar de un decreto y una propuesta ‘en favor del pueblo mexicano’ cuando pondrá en peligro uno de sus bienes más importantes y, tal vez, el más vital, como lo es el agua?”, cuestiona la red.

Demandas

Aunque el discurso oficial menciona que se cancelaran los permisos para privados en la explotación del litio, la REMA aclara que esto no es sencillo, pues existen mecanismos para que las empresas recurran a tribunales de arbitrajes privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, mediante los cuales pueden exigir una indemnización por la cancelación de sus proyectos en México.

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Un ejemplo de esto es el caso del proyecto minero de Bacanora en Sonora, adquirida por la empresa china Ganfeng Lithium, quien controla actualmente la mitad de la producción mundial de litio, “y quién seguramente no se saldrá tan sencillamente de este jugoso negocio”, remarca REMA.

“Esos mecanismos son permitidos por los 14 Tratados de Libre Comercio que México ha firmado con 50 países y los 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs). Tratados que han sido en ciertos casos reafirmados por el gobierno de la 4T y sobre los cuales no existen el mismo supuesto discurso crítico cuando, de fondo, son los mecanismos que realmente ponen en jaque una posible soberanía nacional”, afirma el comunicado.

Fuente: Avispa Midia

Por Avispa

^{En portada: Instalaciones de la mina de níquel en El Estor, Izabal}

Un grupo de periodistas y académicos, dentro y fuera de Guatemala, han investigado las actividades ilegales de la mina de níquel que las empresas CGN y Pronico operan para la compañía ruso-suiza Solway en El Estor, Izabal.

Desde el año de 2017 se ha documentado el asesinato de un pescador a manos de la Policía Nacional Civil (PNC), la criminalización de líderes, autoridades ancestrales y periodistas maya Q’eqchi’.

Cuatro años después se cubrió la imposición de una consulta con la complicidad del Estado, sobre todo durante las presidencias de Jimmy Morales y Alejandro Gimmattei, para que la mina operara ilegalmente cuando tenía que estar clausurada tras la resolución de la máxima corte constitucional, la cual ordenó su cierre por no haber consultado a las comunidades afectadas y por funcionar, durante 22 años, sin los estudios ambientales correspondientes.

En el contexto de la colaboración de periodistas de 20 medios internacionales en The Store Project, Avispa Midia se une al esfuerzo para difundir los trabajos de investigación que develan los secretos más oscuros de la mina.

A continuación, puedes consultar los reportajes que revelan el pago de apoyos constantes a la PNC para garantizar su colaboración en el desalojo de comunidades Q’eqchi’ de tierras apetecidas por la mina; el uso de tácticas de espionaje y vigilancia para criminalizar a líderes indígenas y a periodistas locales críticos de la actividad minera; el ocultamiento de la contaminación ambiental, sobornos y la tolerancia del Estado de Guatemala a las irregularidades de la empresa ruso-suiza.

Гватемала: Guatemala se escribe en ruso

El gobierno de Guatemala ha permitido la operación ilegal de la mina de níquel en El Estor, Izabal.

Consulta el reportaje completo

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La mina espía y criminaliza para controlar El Estor

Dos militares guatemaltecos implementan tácticas de inteligencia en contra de quienes se oponen a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), ubicada en El Estor, Izabal.

Consulta el reportaje completo

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Guatemala: La versión caribeña de una red criminal entre rusos, suizos y chapines

La minera de níquel opera violando leyes, produciendo contaminación y atropellando a las personas que se declaren en oposición.

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Гватемала: los señores del polvo rojo y los señores del polvo blanco

La mina también se relacionó con el cartel de Los Mendoza, uno de los más grandes y violentos de Guatemala. Documentos prueban que la compañía otorgó al menos 7 contratos a una de las empresas del clan.

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