^{En portada: A un mes de la masacre de Juliaca, región de Puno, movilizaciones exigen justicia por el asesinato de 19 manifestantes. Foto: Juan Zapata / Wayka}

El régimen cívico-militar de Dina Boluarte encargó a la Policía y el Ejército el “control del orden interno” en las regiones del Perú donde fueron asesinadas decenas de víctimas en dos meses bajo dictadura. La tensión entre militares y manifestantes es alarmante en la frontera de la región Puno y Bolivia.

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El jueves (9), a un mes de la masacre de Juliaca (región Puno), en la que fueron victimadas 19 personas, se registraron 23 heridos, tres con impactos de bala -uno es un menor de 11 años-, en un nuevo intento de tomar el aeropuerto de la ciudad, tras una concentración masiva en memoria de los mártires.

En Apurímac, una persona fue victimada y al menos 80 fueron detenidas irregularmente, denunció la Asociación Pro Derechos Humanos. Mientras que en el Centro de Lima se desplegaron más de 10 mil policías, en una delirante exhibición de fuerzas de un Gobierno de facto policializado.

El estado de emergencia advierte a la movilización popular la disposición a la violencia estatal en las zonas más vulneradas por la represión. En Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Tacna, Moquegua y Madre de Dios, departamentos del sur andino y amazónico, la militarización se extenderá por dos meses, hasta la primera semana de abril. Para Puno se especifica que las acciones “se encuentran a cargo de las Fuerzas Armadas” y se decretó inmovilización social obligatoria entre las 8 pm y las 4 am, hasta el 16 de febrero.

La ampliación del mando de las fuerzas estatales en el Altiplano tiene el objetivo de liberar las vías bloqueadas. El principal paso fronterizo peruano-boliviano, en el distrito binacional de Desaguadero, se encuentra bloqueado por cientos de camiones. En estos momentos hay fricciones entre militares y protestantes indígenas en diversos puntos de la zona.

El despliegue del Ejército genera desconfianza en la población quechua y aimara, que alerta a la comunidad internacional la posibilidad de otras matanzas y violaciones a los derechos humanos.

En este contexto, el historiador y excanciller Héctor Béjar recordó que para las Fuerzas Armadas “esta gente no merece vivir, están de más, son nuestra carga, esa actitud permanece hoy”. Desde el racismo de las instituciones militares, “los aimaras siguen siendo vistos como raza inferior, bárbara. (…) Ahora que se han movido las comunidades de una manera sorprendente, están asombrados y buscan explicaciones tontas, como que son terroristas, los bolivianos los están financiando (…)”.

En la zona fronteriza, los tramos de carreteras despejados en las madrugadas por los uniformados son nuevamente interceptados. “Dejaremos que los chicos (los soldados) hagan ejercicio, al rato volveremos a bloquear, a ver quién se cansa, ellos o toda la nación aimara”, señaló una autoridad comunitaria a Diario Sin Frontera de Puno.

Según la Defensoría del Pueblo, hasta la fecha el estallido en el Perú deja 48 civiles (incluyendo a la última víctima en Apurímac) asesinados por la represión y un policía fallecido, además de 11 muertes por accidentes y hechos vinculados a las manifestaciones.

La lucha se extiende al norte

Con un paro nacional, este jueves (9) la población movilizada respondió a los 60 días de represalias y criminalización por parte del Estado.  Las organizaciones campesinas, estudiantiles y obreras encabezaron las protestas masivas de las últimas semanas, reafirmando las demandas de elecciones presidenciales este año, la instalación de una Asamblea Contituyente, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso.

La movilización popular se fortalecerá en los próximos días, cuando la Macro Región Norte encabece un paro entre el 17 y 20 de febrero. Al igual que en el sur, los departamentos de Cajamarca, Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Amazonas y San Martín se sumarán a las medidas de fuerza.

La propuesta de adelantar las elecciones antes de 2024, incluyendo un referéndum sobre el cambio de Constitución, los dos principales reclamos de las protestas, fue rechazada por tercera vez en el Congreso el jueves 2 de febrero. A menos de 24 horas del cierre de la presente legislatura, a cumplirse este viernes (10), el Parlamento discutía la posibilidad de volver a pasar el proyecto por votación.

La responsabilidad del Congreso en la crisis se refleja en un 7% de aprobación ciudadana. El 76% desaprueba a Boluarte, de acuerdo a la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En Lima, reacia antes de las movilizaciones, ahora el 57% está a favor de la Asamblea Constituyente.

Por su parte, el régimen acelera el financiamiento de la represión. Esta semana el Ministerio de Defensa recibió una partida de 233 millones de soles para afrontar el conflicto en Lima. La alianza compuesta por la ultraderecha, militares y poderes económicos mantiene sus falsas acusaciones contra la protesta social, aumenta las detenciones de dirigentes y se estrena en la persecución de “apología al terrorismo” en redes sociales. Para este peligroso fin, el Ministerio del Interior habilitó canales de recepción de denuncias ciudadanas.

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En la provincia de San Román (Puno), la Policía agredió a periodistas locales y de medios internacionales. Los ataques a la prensa se multiplican en todo el país.

La escalada de la violencia del conflicto es visible en la sociedad peruana en forma de agresiones contra manifestantes por parte de seguidores de la ultraderecha y civiles armados, organizados y financiados por intermedio de las fuerzas del orden. En Cusco, retuvieron y torturaron a un joven; en Junín fueron captadas bandas de civiles disparando armas de fuego a huelguistas; en Lima, un grupo neofascista violentó un acto cultural por las víctimas y vándalos azuzados por policías atacaron a protestantes cerca del aeropuerto de la capital.   El régimen dictatorial del Ejecutivo de Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, el Congreso y las instituciones armadas, entramado por la oligarquía empresarial, solo se sostiene por la represión y la intimidación, con imágenes como las de los batallones policiales en Lima que resuenan a los gobiernos totalitarios más violentos del pasado y el presente. Frente al terror, las movilizaciones diarias en todo el país enuncian y reafirman que el miedo se perdió.

Fuente: Avispa Midia

Por Eugenia López

^{Cover image: The Batwa indigenous people are currently facing multiple challenges. The cultural crisis, the lack of recognition of their territorial rights and the reappropriation of their lands by multinationals make the communities that live by and for the forest even more fragile.}

With its rivers, forests, savannas and freshwater swamps, the Congo Basin – the second largest rainforest in the world after the Amazon – is a patchwork of treasures. It is home to approximately 10,000 species of tropical plants, as well as more than 400 species of mammals, 1,000 species of birds, and 700 species of fish, including several endangered species such as forest elephants or mountain gorillas.

Humans have shared the Congo Basin forests with these other species for tens of thousands of years. Today, the forests still provide food, fresh water and shelter to more than 75 million people.

I had the privilege of talking to Blair Byamungu Kabonge, an Indigenous Batwa descendent who was born in the South-Kivu region of the Democratic Republic of the Congo (DRC), where the Congo Basin connects with the Great Lakes region. Growing up in these lands, he has not only been a witness to nature’s beauty, but also its tragic ongoing destruction.

Together with its wildlife, Blair’s region is extremely rich in oil, diamonds, gold, copper, and minerals like cobalt, tin, cassiterite and coltan. This makes it ripe for extraction and exploitation, as these materials are used to produce new technologies such as smartphones and tablets as well as electric vehicles, solar panels and other so-called ‘green’ or ‘clean energy’ technologies.

Decades of violence

The economic interests in the minerals, timber and wildlife located in the region has attracted the interest of foreign countries and transnational companies over the past centuries, which has led to the explosion of violence.

This started with the colonisation of the territory by Belgium from the end of the 19th century. Attracted by its abundant wealth in rubber, ivory and minerals, the belgium crown, together with concessionary companies, undertook the brutal exploitation of its natural resources and population. Between 1880 and 1926, half of the inhabitants were killed, to the point that some historians refer to this period as a “forgotten holocaust”.

After the official independence of the country in 1960, the economic interests didn’t vanish, and more countries started to get involved in natural resources extraction, such as the United States, Canada, South Africa, the European Union or China, principally.

Locals and NGOs working in the region have long been calling out the direct link between the exploitation of natural resources and continuing armed conflicts in DRC.

Today, the Kivu region is still highly insecure, with multiple armed guerrilla groups, and a heavy presence of the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo (FARDC) which are guilty of violently exploiting civilians to extract valuable minerals to sell on to transnational companies.

“The wars we have are linked to the quest for control and domination over ecosystems,” Blair tells me. “But the rich countries chose to cover their ears. They do not seek to establish peace in eastern Congo; they know what they have to gain in this story. If the production of coltan stops in the Congo, what are you going to use to make your phones?”

The race for natural resources has been responsible for significant environmental damages, with devastating destruction of humid primary forests. According to Global Forest Watch, the total area of humid primary forests in South-Kivu decreased by 6.6% between 2002 and 2021.

The hypocrisy of international conservation plans

In light of the ever-worsening climate crisis – and despite the fact that local communities had been trying to give the alert for far longer – combating deforestation has begun to be seen by international institutions as a crucial step in limiting the impacts of climate change, as the world’s forests absorb roughly one-third of carbon emissions annually.

During COP26 in 2021, leaders from more than 100 countries pledged to halt deforestation by 2030.

A group of 11 countries, along with the Bezos Earth Fund, agreed to contribute $1.5bn toward restoration efforts in the Congo Basin region. At the latest COP conference that took place in November 2022, a Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP) was launched to unite actions by governments, businesses and community leaders to implement the commitment made at the COP26.

However, this seems unrealistic given that there was a similar plan adopted in 2014, which sought to halve global deforestation by 2020 and end it by 2030… with absolutely no results so far.

Like many others, Blair does not really believe in international mechanisms that promote environmental protection. “After each international conference, agreements are signed, but if we get to COP27, it’s because it’s useless,” he says. “The initiators of these policies take people for idiots.”

The hypocrisy of these international declarations is hard to ignore, knowing that the countries that promote them are often the ones who benefit the most from (and contribute the most to) nature’s destruction.

“The same nations that run the COPs are the ones that own the industries that are destroying the planet,” agrees Blair. “So, are we going to start taking action, or are we going to stay distracted and carry on as if nothing is happening?”

I ask Blair what he thinks the answer should be. “What we need is for countries like France, the United States and Russia to reduce their production,” he says. “If we want to conserve the planet, we have to reduce! But which of these countries is taking real action? None!”

He continues: “Everybody says that the DRC is a poor country. And if you come here, it’s true, you’re going to find poor people. But these countries which you think are poor are still rich in forests – and that’s because the people have preserved them. We accept to live in misery, but we preserve nature. You refuse to live in misery, but you destroy the Earth!”

Conservation failures

During his lifetime, Blair has witnessed the failure of multiple conservation plans, one of which is directly linked to his homeland. His village is located at the edge of the Kahuzi Biega National Park (KBNP), a protected area of 6,000 square km situated near Lake Kivu and the Rwandan border. Established in 1970, it became a UNESCO World Heritage Site in 1980, and has been largely funded by the US and German governments. But far from providing protection, it seems like that designation has actually created the conditions for the acceleration of the sale and exploitation of animals and soils in the area.

“My village is located in the middle altitude of the Kahuzi-Biega National Park. As a child, I saw elephants. The park was one of the parks that attracted a lot of attention from tourists. Before the area officially became a national park, even if we made our livelihoods from hunting, there was everything. But when the white man came here and decided to create the park, that’s when the destruction started. The elephants are gone. Who organised the illegal sale of ivory? Who came to exploit the soils? The local communities or the people of the park, in collusion with the so-called “donors” who finance the park?” Blair challenges.

Blair left his region some years ago and now works in the North-Kivu region, near the city of Goma.

Here, he observes a similar case in the Virunga National Park. “Today, this park is the home of armed groups. And it’s called world heritage, it’s registered with UNESCO – and that makes me laugh. If it’s a world heritage, then what is the international community doing to knock the rebels out of the park? These armed groups threaten ecosystems and communities, they trade in species, they trade in minerals. But when the minerals come out of the park, they become “pure” in the eyes of white people, where in fact, they are made of blood.”

Sadly, this terrible situation is not specific to DRC: there are several other cases of conservation plans (designed by the UNESCO or other institutions and organisations) leading to a significant increase of violence and destruction throughout the world, such as in Central America.

Nature keepers

Blair is not just a witness, he has dedicated his life to defending the forests and Indigenous and local communities’ right to self-determination and self-organisation in their own land, because he knows that their destinies are closely related.

In fact, Indigenous peoples have been, and continue to be, nature’s best guardians on Earth: although they now represent only 6% of the world’s population, they protect 80% of the biodiversity that remains on the planet.

From speaking to Blair, it is clear that the land which Indigenous communities live on, and the natural resources which they depend on, are inextricably linked to their identity, culture and livelihoods, as well as their physical and spiritual well-being.

“For Congolese forest communities, the forest is everything,” Blair explains. “An inhabitant of a forest community can spend a year without buying anything, he does everything thanks to the forest: if he wants meat, he finds meat there; if he needs plants to heal himself, he finds them in the forest, if he wants to build, he doesn’t need nails since he finds ropes in the forest. The forest is life. The traditions of the people here conserve the forest.”

Yet now, the communities are faced with the risk of losing the forests on which their ways of life depend. Blair continues: “they know that if they end up being displaced, they have no place in the outside world, their way of life is absolutely different. They think: our life is here. To move us is almost to take us to the guillotine. We are not going to adapt to the way of life in the cities.”

Community forestry to protect the land

Throughout the world, Indigenous peoples often lack formal recognition of their lands, territories and natural resources. This puts them in a vulnerable situation and in a permanent state of war against companies and governments that seek to take control over their territories in order to exploit their natural resources.

Since 2017, Blair has been working as a community facilitator with the National Alliance for Support and Promotion of Indigenous and Community Heritage Areas and Territories in the DRC (ANAPAC-DRC). One of his main missions has been to support Indigenous communities to manoeuvre the slow bureaucracy and long legal processes necessary to assert their rights on their lands and forests.

In DRC, the soils and subsoils of protected forests belong to the State. However, according to Article 22 of the 2002 Congolese Forest Code, local communities can request a proprietary title on their forest, even if they are located in protected areas, if they can prove that they have a historical relationship with this territory.

When the communities receive their titles – which are collective and permanent, meaning that they won’t need to be renewed by future generations – they also obtain the right to manage their land in autonomy: they gain access to the right for self-determination and self-organisation in their territory.

With his organisation, Blaire has helped the Bambuti Indigenous community win land titles in the forest territory of Kisimbosa Chamsaka in the province of Nord-Kivu in 2019, becoming the first community forest in the region.

“It helps solve a lot of land issues. Without this, outsiders can easily come from Kinshasa and impose concessions. This brings a certain security”, explains Blair, even if he knows that there is no absolute guarantee that the communities won’t suffer from industry and economic pressure, and that the violence is not going to disappear with land titles.

However, he is sure that all of this is not just about property rights: the entire process also promotes collective organisation and solidarity between communities, which can be decisive when facing any type of threat.

“After obtaining their titles, communities are able to build projects such as schools at their local level, and then also open them up to other communities. One of our most important goals is connection: sometimes communities have a lot in common without realising it. Meeting each other allows them to learn from each other and to join forces for the protection of ecosystems,” he clarifies.

Building international awareness and solidarity

At the end of our conversation, I asked Blair about the responsibility of other people in the world with this same reality, and more precisely, what the people that will read his story can do to support local communities in Congo in their struggle for life.

One of the main things Blair says is building consciousness, especially among people that live in the Global North and asking: what are the impacts of living in rich countries on other peoples, and especially Indigenous peoples all over the planet?

Then, it is crucial to start holding the companies that are benefiting from the land’s destruction accountable for what they are doing: Which industries, and which products are made with blood? What can be done to stop them?

We must also build solidarity, and support those who are fighting everyday to protect not only their own lives but the planet we are all living on. Because, as Blair urges: “the biodiversity we have here in Congo is not just for ourselves, it is for everyone.”

^{A version of this text was published in See. Hear. Act. Do.}

^{En portada: Autoridades ambientales han puesto en marcha una operación en la selva amazónica para expulsar a miles de mineros ilegales de oro a los que se acusa de provocar una crisis humanitaria entre el pueblo yanomami.}

La minería para extraer oro en el norte de la Amazonía brasileña está destruyendo la tierra del pueblo Yanomami. Así lo han expresado integrantes de dicho pueblo indígena, quienes resaltan las consecuencias fatales contra sus comunidades: violencia y daños a la salud, así como contaminación de ríos y muerte de fauna.

Ante la gravedad de la situación, Davi Kopenawa Yanomami, chamán y líder del pueblo Yanomami, apunta como principal responsable al ex presidente Jair Bolsonaro, quien huyó a los EEUU al finalizar su mandato el 31 de diciembre del 2022.

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“Quien mató a mis parientes, a mis hermanos, a mi familia, fue el [ex] presidente Jair Bolsonaro. En los cuatro años que apoyó a los mineros trajo enfermedades, coronavirus, paludismo, gripe, disentería, verminosis y otras enfermedades. Fue él quien mató. Mató y se fue”, sostuvo Kopenawa durante una entrevista para Amazônia Real.

De acuerdo a la organización Cultural Survival, debido al avance de la minería ilegal en sus tierras, familias Yanomami se han visto forzadas a desplazarse miles de kilómetros de sus territorios para resguardar su vida.

Debido a esto, Davi Kopenawa es uno de los representantes Yanomami que actualmente se encuentran recorriendo los EEUU para denunciar la situación de emergencia de su pueblo. Ante funcionarios de instituciones como la ONU, Kopenawa exige la detención de Bolsonaro.

Genocidio

En el año 1992, el gobierno federal demarcó el territorio Yanomami al certificar una extensión de 9.4 millones de hectáreas entre los estados de Amazonas y Roraima, cerca de la frontera con Venezuela, el territorio indígena más grande de Brasil. Esto sucedió años después de una larga campaña internacional donde Kopenawa se involucró para defender su territorio y expulsar a los cerca de 40, 000 mineros que invadieron las tierras Yanomami.

No obstante, a pesar del reconocimiento oficial del territorio indígena, un año después un grupo de mineros entró a la comunidad de Haximú y asesinó a 16 indígenas yanomamis, entre ellos a un bebé, por lo cual cinco personas fueron juzgadas por genocidio.

En los tiempos recientes, como registra Amazônia Real, durante el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, las acciones a nivel federal y estatal promovieron la extracción de oro y estaño en tierras indígenas Yanomami. Así, se calcula que entre 20,000 y 30,000 mineros han invadido el territorio, que cuenta con una población de 30,400 indígenas y 386 comunidades.

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Sumado a la minería también ingresó el crimen organizado por medio de actividades como el lavado de dinero procedente de la venta de oro extraído de los territorios Yanomami. Ante esta situación Kopenawa, quien funge como presidente de la Asociación Yanomami Hutukara, califica la minería depredadora en su tierra de “oro de sangre Yanomami”.

Para Darío Kopenawa, vicepresidente de la Asociación, ésta es una situación de emergencia que vienen denunciando desde 2019, cuando comenzó el incremento de muertes entre los indígenas. “Hutukara lleva casi cuatro años haciendo campaña por Fora Garimpo, Fora Covid (Fuera minería ilegal, Fuera Covid). Llamamos la atención del Estado brasileño y, principalmente, de la sociedad brasileña, llamamos la atención del mundo entero. El gobierno pasado [de Bolsonaro] ni siquiera nos atendió en Brasilia. Así que esta es una situación que se está produciendo y que venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo”.

Crisis sanitaria

Acorde a Darío, el gobierno de Bolsonaro lideró una estrategia para debilitar la salud del pueblo Yanomami. Desmanteló la red pública de salud en la región, al mismo tiempo que permitía el ingreso de personas no indígenas quienes contagiaron con enfermedades a la población indígena.

Apenas el pasado 23 de enero, el Ministerio Público Federal también apuntó como responsable por esta situación al gobierno. “La grave situación sanitaria y de seguridad alimentaria que sufren los pueblos Yanomami es consecuencia de la omisión del Estado brasileño a la hora de garantizar la protección de sus tierras”.

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Ante la inacción del Estado, distintas organizaciones han emprendido campañas para recoger alimentos que son enviados a las comunidades más afectadas por la desnutrición extrema y las condiciones de violencia.

Además, la vulnerabilidad de algunas poblaciones Yanomami aumenta al considerar que permanecen sin contacto, es decir, no mantienen relaciones con foráneos, ni siquiera con otras comunidades Yanomami. “Los pueblos indígenas no contactados son los más vulnerables del planeta y los invasores podrían aniquilarlos”, alerta Cultural Survival en un llamado de emergencia.

Desde este lunes (6), autoridades ambientales han puesto en marcha una operación en la selva amazónica para expulsar a miles de mineros ilegales de oro a los que se acusa de provocar una crisis humanitaria entre el pueblo yanomami.

“El avance de la minería, alentado por el último gobierno, resultó en una crisis humanitaria en la tierra indígena”, dice un comunicado del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama). “La policía federal investiga el crimen de genocidio contra los yanomami”, sostiene el documento difundido en el contexto del operativo.

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: AMLO durante reunión con el enviado especial presidencial para el Clima de los Estados Unidos, John Kerry y el embajador de dicho país, Ken Salazar}

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo este miércoles (8) que, de la primera ronda de licitaciones de 10 áreas para parques industriales en el Istmo de Tehuantepec, al sur de México, cuatro serán destinadas para la generación de energía eólica. Esta medida fue tomada como parte de un acuerdo que se ha establecido con los Estados Unidos en materia de cambio climático.

Obrador también agregó que el enviado especial presidencial para el Clima de los Estados Unidos, John Kerry, pisará por 7ª ocasión el territorio mexicano el 19 de marzo para supervisar las áreas destinadas para la generación de energía eólica en el Istmo, donde se están creando las condiciones físicas y legales de la zona franca denominada Corredor Interoceánico.

“Este es un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para contribuir a enfrentar el problema del cambio climático”, puntualizó el mandatario mexicano.

El presidente de México también aseguró que los cuatro complejos de generación de energía renovable que, se suman a 29 parques eólicos que ya están en operación en el Istmo de Tehuantepec, serán parte de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE). Además, enfatizó que serán financiados por Estados Unidos o bancos de este país, “con tazas (de interés) muy bajas” y que serán construidas “por empresas mexicanas y estadounidenses”.

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El enviado especial estadounidense, junto al embajador en México, Ken Salazar y otros funcionarios, se reunirán desde el día 19 de marzo con el presidente mexicano y el canciller Marcelo Ebrard con quien ya habían presentado, en el marco de su participación en la COP27, los compromisos que ambos países habían trazado para hacer frente al cambio climático con una inversión de 48 mil millones de dólares.

Entres los objetivos que han planteado para justificar la creación de nuevos complejos de generación de energía renovable, está el aumento de las proyecciones para reducción del 22% al 35% de emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 8 años. Esto implica doblar la infraestructura en territorio mexicano para generar el doble de la emisión actual de energía renovable hasta 2030, encaminado a la producción de 40 gigavatios (GW) más.

“Estas metas le permitirán a la región de América del Norte tener una de las transiciones energéticas más eficientes […] La decisión del presidente López Obrador significará miles de nuevos empleos y la expansión de la economía verde de México”, celebró el canciller Ebrard en la COP27.

La Coalición internacional

Las decisiones actuales en materia de energía renovable en México son la continuidad de los acuerdos establecidos con Estados Unidos y Canadá en la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) celebrado en 2021. El gobierno mexicano se comprometió a desplegar más de 30 GW adicionales de capacidad eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica combinada para el año 2030, procurando alcanzar los 40 GW que EEUU necesita sumar en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs, por sus siglas en inglés).

Aunque ésta no es la única medida que EEUU está tomando en materia de las renovables. Recientemente se reunió con los llamados Emiratos Árabes Unidos para el Cambio Climático, para fortalecer lo que han denominado como la “Coalición entre EEUU y la Unión Europea para Acelerar la Energía Limpia”.

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Esta Coalición fue anunciada por el presidente estadounidense Joe Biden en asociación con el Foro Económico Mundial durante la COP26, asegurando que son los impulsores “para que las empresas aprovechen su poder adquisitivo y sus cadenas de suministro a fin de crear mercados tempranos para tecnologías innovadoras de energía limpia”.

En la actualidad, la Coalición cuenta con más de 65 miembros corporativos, que han prometido un total de 12 mil millones de dólares para incrustarlos en las nuevas cadenas productivas y los nuevos complejos de generación de energía renovable.

Siendo así que los Emiratos Árabes Unidos se suman a los socios gubernamentales que ya forman parte de esta Coalición: Dinamarca, Alemania, India, Italia, Japón, Noruega, Singapur, Suecia y el Reino Unido. Todos ellos se han comprometido a promover la coalición y a acelerar el desarrollo de tecnologías innovadoras de baja emisión de carbono a escala mundial.

México juega un papel importante en las determinaciones de los EEUU en relación a la creación de los nuevos complejos de energía renovable. Por ello Ken Salazar ha justificado que, “el compromiso de nuestros gobiernos con las energías limpias y la transición energética beneficia a nuestras naciones y al planeta”.

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El embajador estadounidense pone de ejemplo el avance de las inversiones de empresas estadounidenses en México, “pueden verse en Baja California, donde Sempra Infrastructure (subsidiaria mexicana de Sempra Energy) desarrollará un parque eólico con una capacidad de 300 megavatios y anunció la firma de un acuerdo de compra de energía por 20 años para suministrar energía renovable a distintos puntos de California”.

También resaltó la presencia de capitales de la multinacional Invenergy quien “invertirá 70 millones de dólares en el Centro Energético La Toba, Baja California Sur, para una planta solar de 40 megavatios (MW)”, argumentó el embajador Ken Salazar durante su misión por el norte de México a finales del 2022.

El pasado jueves 2 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos decretos que consolidan la expropiación de 412 hectáreas de tierras comunales en Ciudad Ixtepec y de 502 en Santa María Mixtequilla, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para la construcción de dos parques industriales o polos de desarrollo para el bienestar (Podebis) que harán parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Ambas áreas fueron compradas por el gobierno federal a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe).

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De acuerdo con el decreto, el cual establece la expropiación de las tierras en Ciudad Ixtepec, el gobierno mexicano pagó 111 millones 447 mil pesos a los comuneros y posesionarios.

En el decreto que expropia las tierras en Santa María Mixtequilla, se menciona que el gobierno federal aportó un anticipo de 40 millones de pesos de un total de 130 millones de pesos que deberá cubrir en su totalidad el CIIT.

El gobierno ha anunciado que serán 10 parques construidos a lo largo del corredor. Tres de ellos se prevén en el Istmo de Tehuantepec. De esta manera, aún falta el decreto expropiatorio de alrededor de 300 hectáreas de tierras de El Pitayal, en la comunidad de Puente Madera, del municipio de San Blas Atempa.

Por su parte, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera se ha movilizado y ha logrado detener la venta de las tierras. Comuneros presentaron una demanda de nulidad contra la asamblea comunal de 14 de marzo de 2021, donde se autorizó la venta de las tierras para la instalación de un parque industrial. Alegan que hubo registro de firmas de personas fallecidas.

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En declaraciones a medios de comunicación, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, ha puntualizado que, de los 10 parques industriales, se buscará que entre tres y cuatro sean para empresas que produzcan energías renovables.

A finales de febrero, adelantó Buenrostro, se presentará un programa para “generar un modelo de negocio” sobre los 10 parques industriales. “Queremos hacerlo tipo subasta para ver qué se coloca ahí”, comentó la funcionaria.

Salomón Jara Cruz, gobernador del estado de Oaxaca, ha anunciado en los medios que, para el próximo abril, la Secretaría de Economía del Gobierno Federal lanzará la convocatoria para la licitación de los parques industriales a empresas nacionales e internacionales.

BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que dispone entre 1,800 y 2,800 millones de dólares en los próximos tres años para financiar proyectos de mudanza de empresas hacia México en medio del proceso de reconfiguración de las cadenas globales de valor y dijo que habría prioridad a los proyectos que decidan mudarse al CIIT.

Al cierre de esta edición se registra un operativo policiaco masivo en las inmediaciones del bosque de Weelaunee. Según informes de los residentes, la policía está repartida a lo largo del perímetro del bosque. Esto sucede momentos antes de una rueda de prensa convocada por la familia del defensor del bosque asesinado en enero y ante el llamado de una semana de movilizaciones.

En Georgia, Estados Unidos, la Fundación de la Policía de Atlanta (APF, por sus siglas en inglés), en contubernio con empresas y funcionarios locales, pretende destruir más de 150 hectáreas del bosque Weelaunee para construir un enorme complejo cuyo objetivo es entrenar a policías de todo el mundo en tácticas policiales militarizadas.

El proyecto, impulsado por la APF junto a inversiones de corporaciones trasnacionales como UPS, Home Depot y Delta Airlines, así como capital de bancos tales como Wells Fargo y JPMorgan, representa una inversión de 90 millones de dólares para imponer una “Ciudad de los Policías” (Cop City en inglés).

El proyecto considera transformar el bosque, también conocido como “parque del pueblo Weelaunee”, con edificaciones para simular una población entera, donde además se incluyen campos de tiro, zonas para entrenamiento con explosivos y una pista de aterrizaje para helicópteros militares Black Hawk.

Desde el anuncio de Cop City, en 2021, el rechazo de distintas organizaciones y residentes de Atlanta no se hizo esperar. Surgieron críticas y movilizaciones que se oponen al proyecto tanto por la devastación ambiental, así como por la amenaza que supone, para las comunidades negras y pobres, un plan de expansión policial masivo en un contexto de constante abuso y violencia de los agentes de seguridad.

Como protesta, durante los dos últimos años, cientos de personas han ocupado y vivido en zonas del bosque de Weelaunee en tiendas de campaña e, incluso, edificando casas en los árboles. Los defensores del bosque buscan impedir su destrucción a manos de la corporación policial.

Violencia policiaca

La respuesta estatal ha sido la criminalización y persecución contra quienes se han movilizado para detener la Cop City. El 13 de diciembre del 2022, la policía ejecutó una redada contra manifestantes pacíficos y detuvo a cinco defensores de los bosques, quienes fueron acusados de terrorismo doméstico bajo leyes del estado de Georgia.

Lo peor ocurrió un mes después cuando, el 18 de enero pasado, policías asesinaron a un defensor del bosque. Manuel Esteban Páez Terán, conocido como ‘Tortuguita’, quien participaba en la defensa del bosque de Weelaunee, cayó abatido por una docena de disparos de fuego durante una redada policial.

Este viernes (3), los resultados de una autopsia privada, difundidos por la familia de ‘Tortuguita’, indican que el defensor del bosque recibió mas de 13 disparos, provenientes de distintos elementos policiacos, contradiciendo la versión de la policía de Georgia quien argumentó que sus agentes actuaron en defensa propia. Pese a que elementos de la policía de Atlanta contaban con cámaras corporales en el momento de la redada, la corporación se niega a hacer públicas las grabaciones de que disponen para aclarar lo ocurrido.

‘Tort’, como también era conocido, coordinó acciones de apoyo mutuo, entre otras, la construcción de viviendas en zonas de Florida afectadas por huracanes.

De acuerdo al Colectivo de Prensa Comunitaria de Atlanta, aquel día de enero, agentes fuertemente armados de la policía local y estatal cerraron los accesos al bosque y, junto a maquinaria pesada, ingresaron para continuar con la destrucción del mismo.

“La policía ha conducido redadas en muchas ocasiones en este parque público, destruyendo jardines comunitarios e instalaciones artísticas, atacando a los manifestantes con armas químicas y balas de goma, y amenazando con usar fuerza letal. Durante las últimas redadas, la policía ha aumentado la violencia en sus tácticas contra manifestantes pacíficos sentados en los árboles para protegerlos o contra quienes están caminando”, contextualiza el colectivo de prensa.

“Después del fatal disparo, la operación continuó con la maquinaria pesada de Brasfield y Gorrie (contratista de Cop City) ingresando al bosque y los policías disparando gases de pimienta a las personas que permanecian en el parque, como si nada hubiera pasado. La pérdida de nuestras vidas no significa nada para la policía. La policía mató a une defensore del bosque por amar a esta tierra, por oponerse a la continua destrucción del planeta y de su gente”, subrayó un comunicado difundido por el Colectivo de Prensa Comunitaria de Atlanta.

Los defensores del bosque señalan que esa es precisamente una de las razones por las cuales habitantes de Atlanta han exigido la cancelación de la ciudad policial. “A medida que los políticos invierten en más policía, en militarización, los presupuestos policiales aumentan. Mientras tanto, los asesinatos policiales alcanzaron su punto máximo en 2022: la policía estadounidense mató alrededor de 100 personas al mes”, detalla el documento.

Defender

La propuesta de CopCity, conocida oficialmente como Centro de Formación de Seguridad Pública, se anunció públicamente en 2021, aunque medios locales señalan que la APF trabaja en el proyecto desde 2017. La fundación destaca por financiar proyectos del Departamento de Policía de Atlanta, además de complementar el presupuesto policial de la ciudad.

El lugar propuesto para su construcción, el bosque Weelaunee es considerado uno de los cuatro “pulmones” de la ciudad de Atlanta y cobra relevancia pues por este lugar atraviesa el río Sur, el cual también sería afectado por el proyecto policiaco.

Medios norteamericanos enfatizan que, además del apoyo estatal y empresarial, el proyecto de Cop City también recibió respaldo de medios de comunicación locales como el Atlanta Journal-Constitution (AJC), el cual difundió artículos para validar su construcción en beneficio de su dueño, Alex Taylor, quien encabeza una campaña privada para recaudar 60 millones de dólares para la construcción del centro de entrenamiento policiaco.

Ahora, tras el asesinato de ‘Tortuguita’, el gobernador de Georgia, la policía y sus aliados han redoblado sus esfuerzos para imponer la construcción de Cop City, y han intensificado el proceso de criminalización contra los manifestantes. Siete de ellos fueron detenidos en la redada en enero y están siendo acusados por cargos de “terrorismo doméstico”.

Las protestas contra Cop City han destacado por ser parte de un movimiento descentralizado y diverso, sin portavoces ni líderes. Sus acciones van desde marchas con participación destacada de niños, hasta acciones directas como la ocupación del bosque que se pretende arrasar. Ahí, los defensores del bosque organizan comidas, fiestas y colectas de alimentos. Además, han plantado huertos comunitarios y han construido y reconstruido asentamientos dañados por las reiteradas incursiones violentas de la policía.

El pasado lunes (30), más de 1,300 grupos que trabajan por justicia climática se sumaron a la exigencia de una investigación independiente para esclarecer el asesinato de ‘Tortuguita’, además de demandar la renuncia del alcalde Andre Dickens quien, a pesar de tener facultad de rescindir los contratos para la construcción de Cop City, no se ha pronunciado al respecto.

“Cop City repercutirá en la organización (por la justicia climática) de todo el país, se trata de una cuestión nacional. La justicia climática y la brutalidad policial están interconectadas, por eso nos unimos a los llamamientos a la acción de Stop Cop City con las comunidades de primera línea de Atlanta”, declaró ikiyA collective, miembro del comité directivo de People vs. Fossil Fuels, una entre las miles de organizaciones firmantes.

^{En portada: Frans Timmermans en reunión con el secretario de relaciones exteriores de México.}

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, realizó una visita de tres días a México, del 28 al 30 de enero, después de haber visitado Colombia y Brasil. El objetivo fue discutir la “transición verde” de México y “oportunidades para impulsar la cooperación” entre México y la Unión Europea (UE), según informó Timmermans en sus redes sociales.

El bloque europeo es el segundo mayor inversionista en México. Las relaciones bilaterales se rigen por el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, conocido como Acuerdo Global, que entró en vigor en el año 2000. “El Acuerdo Global es una base sólida de nuestra relación económica”, manifestó el enviado de la UE, quien lidera las negociaciones climática internacionales de la UE.

Sin embargo, apuntó, “podemos expandir más para el desarrollo sostenible, la eletromovilidad, energías limpias, protección ambiental”. De acuerdo con Timmermans, las empresas de la UE ya son las principales inversoras en el sector mexicano de las energías renovables.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien mantuvo reuniones con el representante europeo, reveló que en las discusiones estuvo la posible “modernización del Acuerdo Comercial”.

En un artículo publicado en El Economista, anterior a la visita, Timmerman dijo que estaba ansioso para conocer los planes de México para instalar 40 gigavatios adicionales de capacidad eléctrica renovable, capturar las emisiones de metano, ampliar las áreas naturales protegidas y reforestar amplias zonas del país. “En todos estos ámbitos, la Unión Europea está dispuesta a colaborar con México”.

Según él, la inversión en energías renovables está creciendo de forma exponencial. “Rápidamente, se está desarrollando una economía global del hidrógeno y México, con su gran potencial solar y eólico, puede beneficiarse ampliamente de ello”.

Timmermans se reunió también con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, y con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

Brasil

En su visita a Brasil, el representante europeo declaró que pretende que el acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la UE sea ratificado a mediados de este año. El acuerdo ha sido criticado por diversas organizaciones de la sociedad civil y gremios de trabajadores porque consideran que es abusivo y reproduce las relaciones coloniales de siglos. Por ejemplo, la agricultura y la minería son los principales sectores en los cuales se prevén un gran crecimiento en los países suramericanos.

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Un estudio de la organización GRAIN indica que, con el acuerdo, habrá un crecimiento de por lo menos 540% en la exportación de etanol, 55% en la exportación de carne de aves, 60% en café y 50% en carne bovina. Todos estos productos llevarán tarifa cero de exportación. Minerales como el hierro también tendrán sus tarifas reducidas a cero en un plazo de diez años.

Pacto Verde

La Unión Europea anunció su Pacto Verde en diciembre de 2019. “Un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050”, como lo explica la propia UE en su página web, y así cumplir sus compromisos en el marco del Acuerdo de París.

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La aceleración de la “transición energética”, propuesta por el pacto, fue anunciada también como una estrategia para impulsar la economía en crisis, agravada con la pandemia. “Será necesaria una transformación de la sociedad y de la economía europeas, que tendrá que ser rentable, equitativa y socialmente equilibrada”, menciona la UE en sus documentos.

Mónica Bruckman, científica social y coordinadora del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) sobre Geopolítica e Integración Regional, sostuvo que el acceso a los recursos naturales es definido, en los documentos del Pacto Verde, como una cuestión de “seguridad estratégica” para la misión de avanzar con dicho pacto.

Por tanto, uno de los requisitos para volver la transición una realidad es garantizar el suministro de materias primas, en particular, aquellas críticas necesarias para las tecnologías limpias, aplicaciones digitales, espaciales y de defensa.

Todos estos recursos críticos no están en el territorio europeo. Están principalmente en territorio africano y, sobretodo, en territorio sudamericano. Entonces acceder a estos recursos es un requisito indispensable para cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo y eso significa acceder a nuestros territorios”, analiza la investigadora.

El acuerdo entre la UE y el Mercosur abre las puertas de los países suramericanos para que Europa acceda a estos recursos.

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Mientras se piensa en descarbonizar la industria y el consumo de los países del norte, “este mismo proceso, va a ampliar de manera violenta y brutal la actividad extractiva en [nuestros] territorios”.

^{En portada: Entrada de miembros de la comunidad garífuna al centro comunitario Truinfo de la Cruz antes del acto cultural y ceremonia espiritual para recibir a la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos en 2015.}

El pasado sábado (28) fue asesinado Ricardo Arnaúl Montero, joven integrante del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, en la costa atlántica de Honduras.

Arnaúl formaba parte del equipo de resguardo y seguridad del sector del Rio Gama, en las inmediaciones del territorio recuperado “Secundino Torres”, cuya propiedad comunal garífuna esta amenazada por la sobreposición de un área de conservación denominada Parque Nacional Punta Izopo.

Ya en el año 2015, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la razón a la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y responsabilizó al Estado de Honduras por violar el derecho ancestral y colectivo al territorio de sus habitantes.

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En la conclusión de dicha sentencia, la CIDH constató que no se respetó el derecho a la consulta de la comunidad afroindígena “en ninguna de las fases de planificación o ejecución de los proyectos turísticos ‘Marbella’ y ‘Playa Escondida’, [tampoco en] la adopción del Decreto que estableció el área protegido Punta Izopo y la aprobación del Plan de Manejo” del parque nacional.

Con ello, la CIDH confirmó la titularidad de la comunidad de Triunfo de la Cruz, quien además cuenta con un título de propiedad otorgado por el Estado hondureño en 1993 y evidenció la amenaza que representan los proyectos turísticos y de conservación que se sobreponen a las tierras garífunas.

Amenazas

Mediante comunicado, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) enfatizó que han denunciado reiteradamente, “con nombre y apellidos, las amenazas a muerte en contra de los miembros del comité de tierra y la comisión de cumplimiento de la sentencia de la comunidad; hasta la fecha no hemos visto reacción de la policía ni de las demás autoridades del país”.

Además, la organización informa que, el 3 de febrero del año 2022, presentaron a las autoridades policiales y al Mecanismo de Protección, las cinco zonas de mayor riesgo y de mayores amenazas contra los defensores del territorio de la comunidad, dentro de las cuales se incluye el sector del Rio Gama donde recientemente fue asesinado Arnaúl.

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Ofraneh también contextualiza que, en el mes de octubre del 2022, presentaron a la comunidad de Triunfo de la Cruz ante Natalie Roque, actual ministra de los Derechos Humanos. Denunciaron las amenazas a muerte en contra de varios líderes de dicha comunidad.

“En esta visita, la comunidad solicitó a la ministra no solo investigar estas amenazas, sino que además que (…) acelere el cumplimiento de la Sentencia [de la Corte IDH] a favor de la comunidad”, detalla el documento difundido tras el asesinato del joven defensor garífuna.

En este contexto, la comunidad de Triunfo de la Cruz denunció el permanente hostigamiento y amenazas de Playa Escondida, “un complejo turístico usurpador que se ha apoderado del territorio y ha prohibido el paso al cementerio ancestral de esta comunidad”. Cabe resaltar que la ubicación del proyecto turístico ‘Playa Escondida’ forma parte de uno de los lotes de tierra que la Corte IDH ha ordenado sea devuelto y restituido a la comunidad de Triunfo de la Cruz.

La Ofraneh señala que, hasta la más reciente agresión contra la comunidad garífuna, no se ha investigado las denuncias de amenazas de muerte contra líderes de la comunidad. “No tenemos información sobre el paradero de los desaparecidos desde el 18 de julio del 2020 y tampoco tenemos indicios sobre el cumplimiento de la sentencia a favor de la comunidad”.

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Ante la respuesta oficial, que señalan se limita a publicar indignación en redes sociales, “sin llevar a cabo los mandatos establecidos para liberar, titular y sacar nuestros territorios y mucho menos tocar las estructuras que mantienen en terror y zozobra nuestras comunidades”, la Ofraneh aseveró que no normalizará la violencia, muertes y desapariciones contra las comunidades garífunas.

Por ello, la organización garífuna exigió una investigación exhaustiva “de este vil y cobarde asesinato y de los demás asesinatos ocurridos en nuestras comunidades que no solo han traído dolor y luto, sino que se han constituido en el principal disuasivo para entregar nuestro territorio a la mafia del capital que domina el país mismo que en muchas de las oportunidades se disfrazan de ´empresarios y de funcionarios´”.

Cabe recordar que en octubre del año pasado se registraron amenazas de muerte contra el fiscal del Comité de Defensa de Tierra de Triunfo de la Cruz, Alfredo López Álvarez, quien fue intimidado para abandonar la comunidad y la lucha por la restitución de sus tierras ancestrales.

Recientemente, organizaciones de derechos humanos, de Honduras y Centroamérica, condenaron el asesinato del joven defensor garífuna. Aunado a ello, este lunes (30) la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) solicitó al gobierno hondureño que efectue una investigación exhaustiva por el asesinato del defensor. Por su parte, Alice Shackelford, la representante de la ONU en Honduras, lamentó la violencia contra los defensores de derechos humanos. “Me solidarizo con su familia así como con Ofraneh. ¡Es necesaria la protección de personas defensoras de DDHH y justicia en este tipo de casos! ¡No más muertes!”, señaló la funcionaria.