Encuentro Regional de Pueblos Fumigados, Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Las organizaciones abajo firmantes convocamos el Domingo 22 de mayo, en el marco de la Marcha Mundial contra Monsanto, Bayer, Syngenta, Bioceres, a participar del 1° Encuentro Regional de Pueblos Fumigados por el Buen Vivir, a realizarse en la Escuela N° 45 «Soldado Argentino» (Ruta 151 casi B17 Hugo Rimmele), de 12 a 17hs.
El Alto Valle de Río Negro y Neuquén también es un lugar que sufre las fumigaciones con agrotóxicos, los cuales tienen efecto negativo en la salud humana y de las demás vidas animales y vegetales. El objetivo de esta jornada es visibilizar la problemática, su efecto en nuestra vida cotidiana, la complicidad de los gobiernos con el agronegocio, discutir el acceso a la tierra y la cadena de comercialización, además de compartir modos de producción y consumo alternativos y ancestrales, por un Buen Vivir.
Contaremos con la presencia de trabajadores de la tierra, pequeños productores agroecológicos regionales. Esperamos a toda la población interesada y sensibilizada en la temática.
APCA Neuquén / Chakra La Minga / Corazón del Tiempo/ Red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia / Asamblea por los Ríos Libres. Contactos: Ornella Bellini +5492995958161 / Adriana Senfet +5492994574942
Porque debemos poder decidir colectivamente, quién produce, cómo y para qué! Rediscutiendo el acceso y cuidado de la tierra, rediseñando las cadenas de comercialización y modificando nuestros hábitos de consumo.
*Por todo esto, en el marco de la Marcha Mundial contra Monsanto, Bayer, Syngenta, Bioceres… nos convocamos al ENCUENTRO REGIONAL DE PUEBLOS FUMIGADOS, POR EL BUEN VIVIR!
El pasado 25 de abril del 2022, más de 200 integrantes de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, perteneciente al pueblo Wixárika y ubicada en los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, inició una caravana a pie que busca llegar a la Ciudad de México y exigir al titular del poder ejecutivo federal la restitución de más de 11 mil hectáreas de tierras comunales localizadas en los límites de Jalisco y Nayarit.
En la conferencia:
Oscar Hernández Hernández – Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, habló sobre la lucha agraria de la comunidad y sobre el motivo principal de la caravana, misma que se planeó desde hace un año como estrategia para exigirle al Gobierno Federal la restitución de sus tierras y el respeto para los pueblos originarios de Jalisco y del país. Asimismo, recalco que “no hay nadie detrás de nosotros como pueblo Wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, es la misma gente de la comunidad la que nos ha impulsado a llevar está lucha… ni un partido político nos ha estado financiando… que esté bien claro para todos, de que nadie nos está financiando”.
Carlos González García – Abogado de la comunidad, comentó que la caravana tiene un objetivo central: que se restituya a la comunidad las tierras despojadas a través de décadas. El conflicto legal lleva ya más de 15 años y todas las sentencias han salido a favor de la comunidad, por lo que se le exige al Estado mexicano que, en cumplimiento de sus obligaciones, busque los mecanismos para atender la restitución.
“…Las violaciones que se están cometiendo en contra de la comunidad son graves, por que para el pueblo Wixárika sus tierras son fundamentales para su reproducción económica, productiva, cultural, religiosa, tienen una importancia significativa y el hecho de que no cumpla el Estado mexicano con estas obligaciones que tiene de procurar e impartir justicia a favor de la comunidad, redundan en la destrucción del pueblo Wixárica…”.
Sitlali Chino Carrillo – Presidenta de la Concertación Agraria de la comunidad, quien acompaña la caravana en representación de las mujeres Wixárika, habló sobre la invisibilidad de los pueblos indígenas, pues en México el mismo Estado les despoja de las tierras e identidad. Al final señaló: “es importante visibilizar que también las mujeres estamos en la lucha del territorio y no se nos debe callar, ojalá que la voz de las mujeres defensoras del territorio se escuche en todas partes”.
El Estado mexicano debe garantizar la vida, seguridad e integridad de los habitantes de la comunidad Coyomeapan, Puebla, originarios del pueblo Nahua
Verdad y justicia para asegurar una investigación efectiva y castigo a los responsables.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha recibido información que el día 9 de mayo de 2022, aproximadamente las 17:00 horas, un grupo de integrantes del Movimiento Unidad por Coyomeapan, en el estado de Puebla, fueron emboscados por elementos de la policía estatal quienes ejecutaron a Teófilo Barrera Herrera de 24 años, Marcelo Carrera Reyes de 45 años y Omar Herrera Raymundo de 15 años, todos del pueblo Nahua. Siete personas más resultaron heridas. Los hechos se dieron al momento en que las personas pasaban por la comunidad Zoquitatlán.
La comunidad de Coyomeapan se encuentra en resistencia pacífica por la defensa de su tierra y su territorio, así como por sus Derechos Civiles y Políticos, por tal motivo, 4 personas se encuentran presas en el penal de Tehuacán, Puebla, criminalizados por la defensa de sus derechos, entre ellas se encuentra la defensora de derechos humanos y teóloga Basiliza Montaño Gutiérrez integrante del Movimiento Unidad por Coyomeapan. Así mismo la periodista Claudia Martínez Sánchez fue desplazada de su hogar por ejercer su derecho a la libertad de expresión y dar a conocer la criminalización que enfrentan las comunidades nahuas.
El Estado mexicano debe debe garantizar la vida, seguridad e integridad de los habitantes de la comunidad Coyomeapan, Puebla, originarios del pueblo Nahua para que puedan disfrutar el derecho a la paz, además de prevenir, investigar, identificar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los habitantes de la comunidad indígena de Coyomeapan, particularmente investigando los hechos con la debida diligencia en el caso de las tres personas asesinadas y se castigue a los responsables de los hechos.
Desde el Frayba nos sumamos a la exigencia de libertad de las cuatro personas defensoras del territorio Privadas Arbitrariamente de su Libertad desde el pasado 21 de septiembre del 2021; en especial nos pronunciamos por la libertad de la defensora Basiliza Montaño Gutiérrez a quien le ha sido arrebatado su derecho a defender los derechos humanos y por el retorno de la periodista Claudia Martínez Sánchez garantizando la no repetición de los hechos y el ejercico de su derecho a la libertad de expresión.
Por Colectivo Geocomunes / En portada: Pobladores de Álvaro Obregón se manifiestan contra la imposición de un parque eólico de la empresa Mareña Renovables. Foto: Santiago Navarro F.
Para entender mejor esta nueva ola prevista, es importante analizar primero cuál ha sido el despliegue de proyectos energéticos en la región en las últimas décadas y el para qué y para quién de la energía producida.
¿Cuál es el despliegue actual de la infraestructura energética en el istmo?
En los municipios que han sido involucrados de manera directa en el proyecto del Corredor Interoceánico, existen diversas centrales eléctricas en operación las cuales hasta el 2022 sumaban 4,092 Megawatts (MW) instalados. Pero en esta misma región, diversas empresas se encuentran promoviendo nuevos proyectos eléctricos que de construirse agregarían 2,248 MW a la capacidad de generación operando hasta la fecha.
Para el caso de las centrales de generación eléctrica conocidas como “renovables”, el Istmo de Tehuantepec y en particular su zona sur se ha convertido en un área de expansión masiva de proyectos eólicos. Actualmente en el Istmo existen 28 parques eólicos en operación con una capacidad de generación eléctrica total de 2,700 MW, la cual se reparte en 1,580 aerogeneradores instalados hasta el momento. El área que ocupan estos parques corresponde a una superficie de 31 mil hectáreas (ha). También existen 10 parques en fase de construcción o en proyecto con una capacidad proyectada total de 1,100 MW, repartidos en 404 aerogeneradores previstos a instalarse sobre una superficie total de 13 mil ha. En total son alrededor de 50 mil hectáreas que son ocupadas o amenazadas por proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec.
Las principales empresas dueñas de los parques actualmente operando son: Acciona (6 parques y 596 MW), EDF (4 parques y 391 MW), Iberdrola (5 parques y 277 MW) y Enel Green Power (3 parques y 246 MW). Con la construcción de su nuevo proyecto eólico llamado “Gunaa Sicarú” (252 MW), la empresa francesa EDF se volverá la compañía con mayor capacidad instalada para la generación eléctrica en el Istmo.
Fuente: Realización GeoComunes
Para ver la ubicación y los datos detallados de cada central eléctrica, acceder al mapa interactivo:
Para el caso de las centrales eléctricas que consumen combustibles fósiles, en el Istmo opera 1 central de Ciclo Combinado y 19 centrales térmicas, principalmente ubicadas en la zona norte de la región ístmica (municipios de Coatzacoalcos, Nanchital, Cosoleacaque y Minatitlán). La mayoría de estas centrales funcionan con gas natural, con excepción de las que operan al interior de las refinerías de Minatitlán y Salina Cruz que funcionan con combustóleo y 3 otras centrales que hacen uso de diésel, bagazo de caña y combustóleo. La capacidad instalada de estas centrales acumula hasta la fecha es de 1,356 MW, de los cuales 619.5 MW pertenecen a centrales de PEMEX y los restantes 736.5 MW a empresas privadas como por ejemplo: CYDSA, Grupo Infra, Braskem Idesa y Contour Global PLC.
En la región del Istmo, existen proyectos con permiso autorizado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la construcción de 2 centrales eléctricas, una a base de gas natural con 200 MW de potencia y otra proyectada para consumir bagazo de caña con una capacidad de 28 MW. También existe un proyecto de central de cogeneración en Salina Cruz que consiste en la construcción de una nueva planta a base de gas natural con una capacidad de 812 MW. De realizarse estos proyectos sumarían 1,040 MW de nueva capacidad de generación eléctrica que incrementarían la demanda de combustibles fósiles en la región.
Mucha de esta energía eléctrica con base en el consumo de hidrocarburos alimenta a la misma industria fósil instalada en la región, y el conjunto de proyectos eléctricos fósiles y eólicos planeados para instalarse en el Istmo, responden a estas mismas necesidades energéticas de los proyectos industriales y de transporte masivo de mercancías que el Corredor transístmico promueve.
En el Istmo de Tehuantepec también están ubicadas algunas redes para la transmisión regional de esta energía eléctrica, las cuales se encuentran articuladas al Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) y su Mercado Eléctrico Regional (MER). El SIEPAC está en proceso de conectarse con el subcontinente suramericano por medio de una línea de transmisión que cruzará la frontera Panamá-Colombia, y que se suma a la interconexión eléctrica ya existente entre México y Guatemala, con lo que se está configurando un sistema integrado de trasmisión eléctrica de escala continental.
Sumada a esta red de transmisión articulada hacia el sur del continente también existen proyectos para conectar con una nueva línea de transmisión de alto voltaje (500 KV) el área sur del istmo de Tehuantepec (Ixtepec) con Yautepec, Morelos en el centro del país. Esta nueva línea tiene por objetivo desahogar la electricidad generada por los parques eólicos en el istmo debido a que las líneas actuales se encuentran saturadas, lo que permitiría la construcción de nuevos parques eólicos en la región. Si bien, en 2019 se canceló por parte de la CFE la licitación para este proyecto de trasmisión, no deja de estar en la carpeta de proyectos energéticos a futuro.
El Istmo de Tehuantepec no sólo ha sido utilizado para la generación eléctrica; colindante al norte de esta esta región se encuentra la zona de mayor extracción y reservas de hidrocarburos del país, así como el núcleo industrial de la producción petroquímica nacional y una de las mayores zonas de producción de petrolíferos.
Según datos de la Secretaría de Energía (SENER) en 2021 el 95.6% de la extracción de petróleo y el 79.8 % de la extracción de gas natural en el país, tuvo lugar en pozos ubicados en la región conocida como cuencas del sureste colindante al noreste del Istmo, y es también ahí mismo donde se localiza el 74.8 % de las reservas probadas (1P) de hidrocarburos que se tienen cuantificadas hasta la fecha. Sumada a esta existencia de recursos fósiles cercana al istmo, también existe la concentración de la transformación industrial de los mismos. Para el 2021, el 38.2% de la producción de petrolíferos en el país, tuvo lugar en esta región, proporción que aumentará en los próximos años cuando inicie operaciones la séptima refinería del país ubicada en Dos Bocas, Tabasco. En el caso de la producción de la industria petroquímica, la región concentra la mayor proporción a escala nacional que para el 2021 llegó a representar el 92 % del total de la producción petroquímica.
Fuente: Realización GeoComunes
Esta extracción y transformación de hidrocarburos se encuentra articulada con una red de ductos para el transporte de los productos de la industria fósil. Uno de los elementos que involucra el Corredor Interoceánico es la ampliación de esta red en la región, la cual actualmente está compuesta por ductos de Pemex para transportar gas natural, gas LP, petróleo y petrolíferos, de entre los cuales destacan 2 oleoductos que van de Teapa a Salina Cruz, un poliducto de Minatitlán a Salina Cruz y un gasoducto que corre de Jáltipan a Salina Cruz el cual fue rehabilitado en el año 2014.
Para la ampliación de esta red de transporte de hidrocarburos se han contemplado varios proyectos que han cambiado de nombre con los años, pero que en la actualidad aún se encuentran en el tintero de proyectos energéticos en la región. Los principales son un gasoducto que lleve gas natural desde el norte del Istmo a Salina Cruz el cual estaba considerado en el plan de expansión de ductos impulsado en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que se mantiene en la actual administración como un proyecto para “atender las necesidades del Corredor transístmico”.
El otro proyecto extiende la red de transporte de gas natural desde el sur del Istmo hacia los países centroamericanos el cual también se mantiene en los planes del gobierno actual bajo el nombre de Gasoducto Prosperidad. Con estas dos expansiones de la Red Nacional de Gasoductos entre Jáltipan-Salina Cruz y su extensión de Salina Cruz hacía Tapachula y Centroamérica, se pretende avanzar en la configuración de una red articulada de transporte terrestre de gas entre Estados Unidos, México y los países Centroamericanos.
A esta red habría que agregar el proyecto de instalación de una terminal de licuefacción de Gas Natural Licuado (GNL) en el puerto de Salina Cruz de la que se comenzó a hablar desde 2014, como parte de una segunda fase del proyecto conocido como Cinturón Transoceánico, con el que se planeaba ampliar el transporte de gas natural desde el Istmo hacia Asia y Oceanía. Para la realización de este proyecto de una terminal para la exportación de GNL en Julio de 2019, el director de Operaciones de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), ahora llamada International Development Finance Corporation (DFC) de Estados Unidos, anunciaba la intención de financiar con 250 millones de dólares la construcción de esta planta en el sur de México.
En agosto de 2021, la CFE mediante su empresa subsidiaria CFEnergía, avanzaba en el diseño del proyecto mediante la publicación de una convocatoria para “conocer el interés por parte del sector privado en el desarrollo de infraestructura de licuefacción de gas natural en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca”. Con la construcción de esos gasoductos en el Istmo y en Chiapas para conectarse con centroamérica se cumplirá una de las otras metas previstas dentro del “Proyecto Mesoamérica”, generar una interconexión de gas entre EEUU, México y Centroamérica. Lo que permitiría darle mayor salida a los excedentes de gas mediante la técnica de fracking en EEUU.
Fuente: Realización GeoComunes
¿Para qué y para quién sirve la electricidad producida o proyectada en el Istmo?Análisis de los contratos de autoabastecimiento para parques eólicos en el Istmo y de las empresas que se benefician de ellos
Hasta ahora, 20 de los 28 parques eólicos operando en el istmo están bajo la modalidad de “autoabastecimiento”. Estos 20 parques de autoabasto representan el 75% de la capacidad de generación de los parques eólicos instalada en el Istmo.
La energía que resulta de estas centrales alimenta una parte del mercado paralelo de electricidad en el cual son las grandes cadenas comerciales como Soriana, Walmart o Chedraui las que demandan un cuarto de la energía eléctrica total que se genera en estos 20 parques ubicados al sur del Istmo.
Análisis del consumo de electricidad en el istmo:
En 2018, el sector industrial representó el 53.5% de las ventas de electricidad total en los 79 municipios que conforman el Corredor Interoceánico mientras el sector residencial representó el 36.8%.
Solo 10 municipios concentran el 75% de las ventas de electricidad para este año: Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Minatitlán, El Barrio de la Soledad, Salina Cruz, Cosoleacaque, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Acayucán y San Andrés Tuxtla. Tan solo el municipio de Coatzacoalcos concentra el 37% de las ventas de electricidad en esos 79 municipios.
El gran consumo eléctrico en esos municipios se explica por su vocación industrial, principalmente derivada de los productos petroquímicos en la zona norte del istmo. Solo dos de los municipios de mayor consumo de electricidad se encuentran en la zona sur del istmo. En el caso del municipio El Barrio de la Soledad, este gran consumo eléctrico se debe a la presencia de la cementera Cruz Azul que utilizó en el 2018 el 95% de toda la electricidad consumida en el municipio. Es 4.5 veces más que los 5,635 usuarios domésticos registrados en este municipio.
Tomando en cuenta el papel preponderante que tiene el sector industrial en el consumo eléctrico regional y nacional (la industria consumió en 2018 el 60% de la electricidad generada en México), la instalación de 10 nuevos parques en el istmo aumentará drásticamente la demanda eléctrica en la región.
Para responder a este aumento de la demanda eléctrica se tendrán que instalar nuevas centrales eléctricas en el Istmo aunque por ahora no hay información precisa de cuántos centrales serían, donde se ubicarán y en qué tecnologías se basarán. Se puede, sin embargo, sospechar una nueva ola de proyectos eólicos en la parte sur del istmo, nuevas centrales basadas en gas en la parte norte y también en la zona sur abastecidas por los proyectos de gasoductos previstos dentro del Corredor Interoceánico.
¿Utilidad pública? ¿Quiénes y en dónde no cuentan con acceso a la electricidad en el Istmo?
Habiendo tantos proyectos energéticos, es necesario preguntarnos ¿las poblaciones circundantes tienen acceso a esta electricidad? Conocer si la existencia de estos proyectos se refleja directamente en un mayor acceso a la electricidad de las comunidades aledañas resulta muy importante para valorar su utilidad pública.
En 2010, Veracruz y Oaxaca fueron las dos entidades con mayor número de personas en hogares sin disponibilidad de energía eléctrica, registrando en Veracruz 219 mil 528 personas sin electricidad en sus viviendas, y 185 mil 309 en Oaxaca. Según la encuesta intercensal, en 2015, Oaxaca fue la entidad federativa con un mayor número de personas en viviendas sin acceso a luz eléctrica (183 mil 199), seguida de Veracruz con 136 mil 989 personas en esta situación. Para 2020, el Censo de Población de Vivienda registró en Veracruz 85 mil 742 personas en hogares sin disponibilidad de electricidad, mientras que Oaxaca fueron 78 mil 736 personas. En este último año (2020), la mayor parte de la población en viviendas sin disponibilidad de electricidad era hombre (53% a nivel nacional, 54% en Veracruz, 51% en Oaxaca).
Para el año 2020, tan sólo en los municipios abarcados por el Corredor Interoceánico, hay 11.8 mil viviendas sin electricidad, lo que representa el 1.69% de las viviendas de esos municipios.
A nivel de localidad, los contrastes son más amplios: de los 79 municipios que abarcan el proyecto, 35 de éstos tenían al menos una localidad donde el 50% de las viviendas no tenían acceso a electricidad (16 en Oaxaca y 19 en Veracruz). De estos municipios, 19 tenían al menos una localidad donde el 100% de las viviendas no tenía acceso a la electricidad (9 en Oaxaca y 10 en Veracruz).
Fuente: Realización GeoComunes
Como vemos en el mapa, las zonas donde más se produce electricidad, también es donde se concentra más la carencia de este bien: al norte, la zona adyacente a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque y, al sur la región centrada en San Mateo del Mar, Salina Cruz, Santo Domingo, Juchitán, Santa Maria Xadani, entre otros.
Fuente: Realización GeoComunes
Dentro del debate energético actual, tanto a nivel mundial como nacional, el caso del Corredor Interoceánico, aparece como una cuestión y un sector clave. Por un lado, por el despliegue de una nueva infraestructura de centrales eléctricas, líneas de transmisión y subestaciones para responder a la nueva demanda eléctrica de los parques industriales previstos. Por otro, y de manera complementaria, por el incremento del proceso de extracción de hidrocarburos en la zona norte del istmo con la puesta en marcha de la refinería de Dos Bocas y su procesamiento en los parques industriales previstos, así como su transporte y exportación por medio de la red de gasoductos previstas y de la ampliación de ambos puertos.
De la misma manera que lo que se constató en la publicación anterior sobre el tema del agua, no existe hasta ahora suficiente información sobre los proyectos energéticos concretos previstos para abastecer los nuevos parques industriales. ¿Serán centrales eólicas, de gas, hidroeléctricas, fotovoltaicas? ¿Dónde se instalarán? ¿Quién va a promover esas centrales? ¿La CFE? ¿Empresas privadas? ¿Ambos?
Frente a tantas dudas, una cosa queda clara: cuál sea la decisión o el plan previsto, llevar adelante este proyecto implicará saturar aún más de infraestructura energética la región (de extracción, procesamiento y transporte de hidrocarburos o de generación y transporte de electricidad), cuando esos proyectos energéticos son los detonadores, en buena medida, de los importantes conflictos socioambientales, de agudización de la desigualdad, la violencia y de cambios profundos en los modos de vida de toda la región.
Esas tres publicaciones tenían por objetivo proyectar algunos efectos que sobre los bienes comunes tendrá la imposición del Corredor Interoceánico. Sin embargo, la falta de información clara, precisa y suficiente con la cual avanza actualmente el mismo, dificulta hacer proyecciones suficientemente detalladas, lo cual genera mucha incertidumbre dada la prisa con la que se está imponiendo el proyecto.
Algunos de sus impactos ya han salido a la luz (particularmente en relación a la tenencia de la tierra y los engaños realizadas en los supuestos ejercicios de consulta) pero muchos otros, tal vez más profundos, no han sido visibilizados, como los impactos que podrían generar en el acceso al agua y, en general, aquellos que se verán con el despliegue de un conjunto de megaproyectos de distintos tipos (de energéticos, de transporte, extractivos, etc.) y sus conexiones con los otros megaproyectos regionales (Dos Bocas, Tren Maya, planes migratorios, proyectos en Guatemala). Todo esto, está aún por verse.
En portada: Un grupo de ecologistas protestan contra la destrucción ambiental y cultural causada por las obras del Tren Maya. Playa del Carmen, México, 6 de marzo de 2022. Foto: NurPhoto
La organización Diálogo y Movimiento en Campeche y el Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil interpusieron el primer amparo ante el Primer Juzgado de Distrito de Campeche contra el Tren Maya que, hasta ahora, no tiene resolución definitiva. Lo mismo sucede con otros amparos en los siete distintos tramos del ferrocarril en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.
Una suspensión provisional en 2020 abarcó los cinco estados y, después, la suspensión definitiva para continuar el juicio sólo recayó en Xpujil, Quintana Roo.
En el caso del amparo del primer tramo de Palenque a Escárcega fue interpuesto por la organización Indignación de Mérida, Yucatán. Los jueces argumentaron que no se podían realizar trabajos por la pandemia.
Entonces, López Obrador dijo que las actividades económicas prioritarias no podían detenerse por la contingencia sanitaria del COVID-19 y una de esas fue el Tren Maya. En la actualidad la obra lleva avance del 50% a pesar de la declaratoria por la contingencia sanitaria.
Para Elisa Cruz Rueda, abogada y asesora de Diálogo y Movimiento en Campeche, hubo la violación de derechos porque la declaratoria continúa y, en este contexto, existen recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para detener los trabajos.
En el tramo de Xpujil existe la suspensión por el amparo, pero las comunidades resienten la militarización y las denostaciones, hasta del presidente, contra los defensores de derechos humanos.
Obras del “tren maya”
Ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) también se han enfrentado con bloqueos que han retrasado los procesos judiciales. Cruz Rueda ejemplifica un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal que ordenó acumular todos los amparos del Tren Maya en el Juzgado de Distrito de Mérida, Yucatán, a pesar de no ser la jurisdicción.
“Nos afecta porque nosotros no recibimos recursos para mantener un amparo. Por cada impugnación se detiene la resolución del juicio de amparo porque se tiene que resolver esas pequeñas impugnaciones, pero nuestro amparo sigue bien vivo en términos de que está en el cauce del procedimiento”, explicó la abogada.
La también antropóloga explicó que en todos los casos el Ejecutivo federal pasa por alto la orden del Poder Judicial y esto violenta el Estado de derecho porque parte de éste es justamente la división de poderes.
A este contexto se agrega el decreto por medio del cual declaran como temas de seguridad nacional la realización de proyectos y obras emblemáticas de infraestructura en la cuarta transformación, dijo Cruz Rueda.
En los últimos días de abril de este 2022, la organización ‘Defendiendo el derecho a un medio ambiente sano’ obtuvo una suspensión provisional del Juzgado Primero de Distrito de Yucatán que ordena al Gobierno federal de México a detener las obras de construcción del tramo cinco de Cancún a Tulum. Es la segunda suspensión en dos años de procesos judiciales.
Científicos han alertado que las obras del “tren maya” ponen en peligro sistemas de cuevas vitales. En la imagen, espeleólogos exploran la cueva denominada “Avispa furiosa”, que se ubica en la proyección del tramo 5. Foto: Peter Sprouse
“[Andrés López Obrador] llegó a la silla presidencial con un amplio respaldo popular pero está aplicando técnicas peores que gobiernos anteriores porque justamente como se sienten legitimados por este respaldo y creen que por ser simpáticos y populares pueden pasar por encima de la Ley, cuando tenemos un Estado de derecho que tiene un principio fundamental: la Ley se aplica igual para todos”, dijo la Cruz Rueda.
La abogada recordó que el presidente dijo que no habrían expropiaciones, por el contrario, habló sobre asociaciones con campesinos, entre otras promesas no cumplidas como en gobiernos anteriores, “los engañan y los dejan sin nada”.
Hace tres meses la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció la expropiación de 231 terrenos más en Quintana Roo: Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum.
La defensa
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó, el 30 de marzo de 2022, una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de quienes resulten responsables por la omisión de impartir justicia pronta y expedita a las personas habitantes de comunidades de varios municipios de Quintana Roo, Campeche y Yucatán.
A decir del Cemda las conductas en que ha incurrido el Poder Judicial perjudican el acceso a la justicia, la función jurisdiccional y los principios de profesionalismo, objetividad e imparcialidad que rigen el servicio público.
Coincidió con Elisa Cruz Rueda, al señalar que los Juzgados de Distrito han violado la expedición de justicia pronta, expedita y en un plazo en términos de la legislación nacional y el Derecho Internacional por no haber admitido la demanda para su análisis a casi dos años de interpuesta.
“Por lo anterior, y a sabiendas de que esta situación ya es del conocimiento del presidente de la Suprema Corte, se hace un llamado al Consejo de la Judicatura a atender las preocupantes irregularidades que han ocurrido en este proceso judicial y a garantizar el derecho a la justicia pronta y expedita de las personas demandantes”, reza la última publicación del Cemda.
Pronunciamiento de la coordinadora anarquista de México en contra de las agresiones por parte de grupos paramilitares hacia las bases de apoyo del EZLN como parte de la campaña: Las artes y la ciencia contra todas las guerras.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
11 de mayo de 2022
Acción urgente No. 06
Continúan las acciones de violencia contra la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio
Estado mexicano responsable ante las agresiones a poblados que ejercen la autonomía
De acuerdo a información recabada por las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) instaladas en la comunidad Nuevo San Gregorio del municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas en Chiapas, México (municipio oficial de Huixtán) y la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad”, Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”; refieren el incremento de violencia contra la comunidad lo cual pone en riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de 6 familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El 08 de mayo de 2022, el grupo agresor nuevamente despojó parte del territorio de la comunidad Nuevo San Gregorio, además introdujeron ganado vacuno que destruyó la tubería de agua con la cual se abastecen las Bases de Apoyo EZLN. El 09 de mayo de 2022, continuaron las intimidaciones, el grupo agresor con machetes y resorteras mantuvieron una vigilancia constante, mientras las Bases de Apoyo EZLN arreglaban la tubería de agua. Ese mismo día el grupo agresor comenzó a medir el territorio, fraccionando los últimos trabajaderos de las Bases de Apoyo EZLN. Ese día se documento la presencia de un vehículo tipo tsuru con la calcomanía de la organización Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas Mejor (COMACH).
Todos los días el grupo agresor se mantiene presente en el territorio, provocando a las Bases de Apoyo con amenazas verbales, se despojó de la escuela secundaria autónoma y los potreros del ganado colectivo que ocasionó la muerte de 4 vacas, la destrucción del estanque de crianza de peces y la tala de árboles maderables y frutales, repercutiendo en perdidas económicas a las Bases de Apoyo del EZLN.
Lo anterior ha dificultado la siembra de cultivos y por ende a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, aunado al deficiente acceso al agua potable, así como a la educación de las niñas y niños.
Este contexto de agresiones a territorio zapatista se dan los hechos ocurridos del 2 y 5 de mayo de 2022, en la comunidad de Moisés y Gandhi dónde 83 Bases de Apoyo de EZLN se vieron obligadas a desplazarse de los poblados Emiliano Zapata y La Resistencia, luego del ataque perpetrado por un grupo armado con presencia en el territorio.
Denunciamos el desplazamiento forzado a las Comunidades Zapatistas Poblado La Resistencia y Poblado Emiliano Zapata.
Desde Slumil K´Ajkemk´Op, lxs abajo firmantes denunciamos enérgicamente el ataque armado y el desplazamiento forzado en contra de habitantes de la comunidades Emiliano Zapata y La Resistencia, ambas pertenecientes a la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad”, Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, ubicada en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas, en territorio del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, EZLN.
Los autores de estos delitos consumados y violatorios a los derecho humanos son los miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO, quienes liderados por Tomás Santiz Gómez, José Pérez, Antonio Juárez, Marcos López Gómez y Juan Gómez, realizaron disparos a corta distancia en contra de 54 Personas pertenecientes a 11 familias y provocaron el desplazamiento forzado de 83 personas, todas pertenecientes a las Bases de Apoyo Zapatistas, BAEZLN, quienes pacificas, se vieron obligadas a buscar refugio en el monte, abandonando todas sus pertenencias.
Los delitos fueron documentados por organizaciones independientes de derechos humanos en México.
Esta no es la primera agresión armada en contra de las BAEZLN por parte de la ORCAO, quien a pesar de ser una organización de corte paramilitar y violentar los derechos humanos de los habitantes, goza de la protección de los gobiernos local, regional y federal.
¡Esto ocurre en un gobierno que se autonombra democrático y que ha firmado los acuerdos internacionales de respeto a los derechos humanos!
Desde nuestros respectivos territorios en toda la Europa Insumisa nos unimos a las demandas puntuales y apremiantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), las cuales son:
Cese de los ataques armados contra la población de los pueblos Emiliano Zapata y La Resistencia y demás comunidades de la región Moisés Gandhi.
investigaciones correspondientes, serias y profundas, a fin de sancionar los delitos señalados y las violaciones a derechos humanos.
Generar las condiciones de seguridad para el pronto retorno de las 83 personas BAEZLN a sus comunidades.
Reparación del daño al patrimonio de las familias desplazadas.
Garantizar medidas de no repetición a fin de salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen su derecho a la libre determinación y autonomía en el marco de los acuerdos de San Andrés, el convenio 169 de la OIT y las Declaraciones sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU y OEA.
Investigar la portación de armas de fuego de integrantes de la ORCAO y se sancione a los culpables de las agresiones referidas en los informes.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
A las Organizaciones de Derechos Humanos
A los medios de comunicación
¿Quiénes ponemos a los muertos?
9 de mayo de 2022.
La mañana del 6 de mayo aproximadamente a las 9 de la mañana, dos de nuestros hermanos, de las comunidades que integran al CIPOG-EZ, fueron desaparecidos. Marcos Campos Ahuejote de la comunidad de Xicotlán y Lorenza Chantzin Paxacuasingo de Acahuehuetlán fueron detenidos y desaparecidos. Nos quieren hacer creer “que su camioneta se salió de la carretera y murieron por un accidente automovilístico”, concluyó el gobierno. Fueron encontrados muertos con señales de tortura, la mañana del 7 de mayo en un lugar en el que los familiares y miembros de la organización ya habíamos buscado, sobre la carretera en un tramo con topes, por la mañana y sin que nadie lo notara, así de absurda la forma en la que el gobierno calla la verdad y protege a quienes nos han perseguido por años, asesinando, secuestrando y torturando a quienes pertenecemos a las 26 comunidades de la Montaña Baja de Guerrero y que formamos parte del CIPOG-EZ. La violencia sistemática, guerra de exterminio, el mal gobierno la transforma en accidentes automovilísticos.
Hoy como una escena cotidiana, recibimos los cuerpos de nuestros hermanos Marcos Campos Ahuejote y Lorenza Chantzin Pochacuacingo. Hoy las familias y nuestras comunidades lloran y honran a sus muertos.
Hoy mismo los malos gobiernos hacen como si no pasara nada, para ellos, para ellas, no representamos nada, sólo se incrementan las cifras de muertos, pero mientras no superen el número de muertos de la administración pasada, todo está bien, podrán presumir que en esta administración hubo menos muertos que en la pasada, el número de votantes permanece.
Hoy le decimos a los malos gobiernos que sabemos que ellos son los delincuentes, por acto o por omisión, pues saben que quienes nos matan “Los Ardillos”, están dentro de sus propias instituciones, son parte de la fiscalía, de las policías municipales y del gobierno de Guerrero. Ese grupo narco-paramilitar opera con total impunidad, instala retenes y asesina a nuestros hermanos y hermanas y eso lo sabe la gobernadora Evelyn Salgado, pero no solamente, pues el gobierno federal también guarda silencio frente a la muerte que recorre a nuestro estado y al país.
Hacemos responsable al mal gobierno Federal, al de Evelyn Salgado y a los gobiernos municipales por lo que nos pueda suceder a los coordinadores y promotores del CIPOG-EZ Jesús Plácido, Nicéforo Nava, Delfino Sánchez, Sixto Mendoza, Benjamín Sánchez, Prisco Rodríguez, Adán Linares, Guillermo Morales Hilario, así como a los niños y niñas, mujeres, hombres, abuelos y abuelas de nuestras 26 comunidades, pues se sabe de sobra que “Los Ardillos» se mueven y controlan los tramos que van de Tlapa a Chilapa, de Chilapa a Chilpancingo, de Chilapa a José Joaquín de Herrera. Los nombres de quienes han generado la violencia en la región son de sobra conocidos, “Los Ardillos”, Celso Ortega y la gente que integra al grupo narco-paramilitar, particularmente Audencio Lucas Rosario.
Llamamos a la ONU, a las Organizaciones de Derechos Humanos, a que denuncien los crímenes que el Estado Mexicano permite que ocurran a los habitantes de nuestras comunidades. Llamamos también a las organizaciones solidarias, a nuestros hermanos y hermanas de la Sexta, a seguir al pendiente de nuestra situación, tal como lo han venido haciendo.
No aceptaremos nunca que la tortura, la desaparición, los asesinatos, sean nuestro destino, por más que los malos gobiernos normalicen y oculten esos crímenes. Seguiremos en lucha por la vida de nuestras comunidades.
ATENTAMENTE:
CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA
