Autonomia y Resistencia
Las repercusiones del Tren Maya a las comunidades
(Ve también: Servilleta para un monero indolente, o por qué oponerse a un tren devastador.)
Texto y fotografías: Daliri Oropeza
Mapa: Geocomunes
El Congreso Nacional Indígena realizó un foro para analizar las afectaciones que los proyectos impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador generarían en los pueblos indígenas que habitan las zonas implicadas
A 23 años de los acuerdos de San Andrés Sacamch’en (o Larráinzar), el Congreso Nacional Indígena (CNI) convocó a un foro informativo con abogados, especialistas e integrantes del Concejo Indígena de Gobierno sobre el Tren maya, el Tren transístmico y la Guardia Nacional, tres proyectos que echó a andar desde el inicio de su sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales han sido analizados por las comunidades de la región sureste del país.
Participaron Yamili Chan Dzul y José Koyoc, concejales de la Asamblea Regional de la Península de Yucatán; Adrián Flores, del colectivo Geocomunes; Carlos González, abogado e integrante del CNI; Magda Gómez, quien es investigadora de la UPN y articulista de La Jornada; y Betina Cruz, concejal de los pueblos del Istmo y Juchitán.
A continuación, las siete coincidencias que resultaron del encuentro:
1. Es un proyecto económico regional
No sólo es el Tren Maya, sino el proyecto de interconexión vía terrestre de toda la región sureste de México, del Istmo con la Península, que no se mira de manera integral, pero que da pie a la conexión de la región con el norte del país y con Centroamérica.
Adrián Flores, del colectivo Geocomunes, mostró en mapas cómo este proyecto conecta de manera estratégica las Zonas Económicas Especiales de la Península con las del Istmo, además, abre nuevas posibilidades de transporte por los corredores multimodales ya existentes y da paso a la conexión interoceánica.
Los pueblos resisten la cuarta trasformación en Morelos
Colectivo Paso doble
A tres meses de que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de México, las protestas y los movimientos de resistencia contra sus proyectos desarrollistas, han proliferado en varios estados del país, entre ellos, Morelos, paradójicamente, a punto de cumplirse, este 10 de abril, cien años de la traición y asesinato del general Emiliano Zapata en la hacienda de Chinameca, y habiendo decretado el 2019, como el “Año de Zapata”.
La virtual declaración de guerra contra los pueblos originarios, particularmente del sureste de la República, que significan la continuidad del proceso de militarización, a través de la Guardia Nacional, junto con megaproyectos como el Tren Maya, la siembra de un millón de hectáreas con árboles en la Selva Lacandona y el canal seco en el Istmo de Tehuantepec, entre otros, llega a tierras del zapatismo histórico al pretender imponer el gobierno de la cuarta trasformación, como los gobiernos neoliberales anteriores, el llamado Proyecto Integral Morelos (PIM).
Impulsado e iniciado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, el PIM es un megaproyecto que consiste en poner en marcha dos termoeléctricas, un acueducto y un gaseoducto, cuya finalidad primordial y real es proporcionar energía eléctrica a los enclaves industriales de Morelos, Puebla y Tlaxcala que ya existen, y estimular el proceso de industrialización en otras regiones del centro del país.