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Por Renata Bessi | Avispa Midia

_{En portada: Miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala, se movilizaron a las afueras de la Casa de Justicia, en Cholula, para exigir un alto a la criminalización contra el defensor del río Metlapanapa.}

La Comisión Estatal del Agua de Puebla (CEA) concedió, en audiencia realizada ayer miércoles (29) en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, el “perdón” por dos de los tres cargos que levantó en 2020 contra el indígena náhuatl Miguel López Vega, defensor del río Metlapanapa. El río es amenazado por la contaminación de descarga de aguas residuales del parque industrial de la Ciudad Textil Huejotzingo.

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Los cargos son consecuencia de manifestaciones de la comunidad de Santa María Zacatepec, en 2019, contrarias a los trabajos de drenaje industrial y pluvial del parque industrial, obra que está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción por desvío de recursos.

Los dos cargos “perdonados” fueron: oposición a ejecución de una obra pública y ataques a la seguridad en los medios de transporte. “Dicen ellos que me perdonan, como si yo fuera un delincuente (…). No es que esta dependencia (la casa de justicia), un monumento a la corrupción, esté apoyándonos como pueblos originarios (…), mas bien fue la forma que encontraron de desistir, porque no encontraron pruebas de que somos criminales”, declaró López Vega, que es concejal del Congreso Nacional Indígena (CNI) e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala (FPDTA-PMT).

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El Paso, Texas – The National Network for Immigrant and Refugee Rights expresses its deepest condolences for the families of the 39 migrants who lost their lives, and for the 29 migrants who were injured in a fire at a migrant detention center in Ciudad Juárez on Monday night.

We also use this opportunity to call attention to the dual and unequal nature of the migration regime that enables the mobility of those privileged to own passports and visas while controlling and criminalizing the mobility of primarily people of color, who are escaping poverty, climate, social, and military disasters.

The Instituto Nacional de Migración (National Institute of Migration) of Mexico confirmed there were a total of 68 men from Central and South America in the detention facility, indicating that every person detained was harmed or killed in the fire.

This tragedy, like the many others that have become a normal feature of our immigration and asylum systems,  will continue to happen if policymakers are unwilling to transition to rights-centered policies to address international migration. Despite the thousands of documented deaths, disappearances, and systematic human rights abuses, the Biden administration continues to enact policies that restrict access to live-saving protection, including asylum bans and outsourcing asylum responsibilities to other countries. International displacement and survival migration should not be criminalized and people in vulnerable situations should never be detained.

NNIRR stands in solidarity with the families of migrants who have perished, those who were injured, and the thousands of others who have disappeared or lost their lives along their migration journeys. Deterrence policies, militarization, and the criminalization of those internationally displaced cannot continue to be the default response to migration. We urge the Biden administration and governments in the region to  address the dual crisis of human rights and humanitarian protection at the border.

NNIRR joins our partners and allies in calling on the administration and congress to save lives and expand the availability of pathways for regular and safe migration, and to take measures that guarantee the full recognition of migrants’ human rights, their dignity, integrity, and well-being, regardless of immigration status.

Cover photo: Reuters

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Son por lo menos 40 migrantes muertos y 28 heridos tras un incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez. La mayoría de las víctimas son centroamericanos (28 de ellos guatemaltecos), además de un ecuatoriano, un colombiano y 12 venezolanos.

El incendio empezó el lunes en la noche. Alrededor de las 9 pm, según algunos medios de comunicación, los migrantes empezaron a inconformarse pues en todo el día no les habían dado de beber. Ya el presidente López Obrador afirmó que la inconformidad se dio al enterarse que serían deportados. Como quiera que sea, a las 9:30 pm empezaron a quemar las colchonetas para forzar a los guardias a abrir la puerta, lo que resultó en la tragedia.

Muchas de las víctimas habían sido detenidas ese mismo día en un operativo del INM para retirarlos de las calles, donde vendían dulces o artesanías. Otras habían sido deportadas de Estados Unidos bajo el polémico Título 42, una antigua legislación que permite deportar a migrantes extranjeros, inclusive a los solicitantes de asilo, por motivos sanitarios, la cual fue utilizada por Donald Trump para expulsar a migrantes centroamericanos, alegando el peligro del coronavirus. En su campaña presidencial, Joe Biden prometió anular la legislación, pero, al contrario, se continúa aplicando.

Las deportaciones de Estados Unidos y la crisis económica y social centroamericana han transformado a Ciudad Juárez en una olla de presión. Sólo en 2022, 2.76 millones de personas fueron detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos. El número de personas detenidas en la frontera saltó de 40 mil en diciembre de 2019 a más de 250 mil en diciembre de 2022.

Al mismo tiempo, las denuncias de las condiciones inhumanas en los centros de detención se han multiplicado, así como las protestas. A principios de este mes, más de 30 organizaciones y albergues publicaron un comunicado denunciando la creciente criminalización de extranjeros en Ciudad Juárez así como detenciones arbitrarias y extorsiones por parte de agentes municipales.

En los próximos días, se tienen planeadas manifestaciones y protestos en varias ciudades, en repudio a la criminalización y abusos cometidos contra migrantes en el país.

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En un comunicado publicado ayer, 27 de marzo, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) relató la intensificación de la resistencia contra las afectaciones por la modernización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, como parte de las obras del Corredor Transístmico.

El día de hoy se cumple un mes desde que campesinos de Mogoñe Viejo, Guachicovi, instalaron un plantón para impedir la continuación de las obras en el tramo Mogoñe Viejo–Vixidu.

Pequeños propietarios de Vixidu expulsaron este 27 de marzo a una cuadrilla de trabajadores, a pesar de las amenazas de un pistolero de nombre Alan Méndez y de la intimidación por elementos de la Marina.

En Hierba Santa Guichicovi, pobladores mixes expulsaron a otra cuadrilla de trabajadores.

La asamblea de ejidatarios de Estación Mogoñe demandó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la denuncia penal de cinco representantes del ejido por parte de la empresa que trabaja en el tramo de Estación Mogoñe.

Se presentó queja formal ante la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca por la agresión cometida contra ejidatarios por parte de policías estatales y marinos.

Finalmente, en otro comunicado los ejidatarios de Mogoñe Viejo solicitan la intervención de la presidencia para que se abra un espacio de diálogo.

Todo esto sucede al tiempo que, por tercera vez, el pasado 24 de marzo, civiles armados y policías estatales atacaron el plantón de los campesinos de Mogoñe Viejo, hiriendo a dos de ellos.

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Por la libertad de Miguel López Vega y todos los presos políticos

Nos acompañan compañeras y compañeros perseguidos y familiares de presos políticos por el mal gobierno de la #4t:

• Miguel López Vega Congreso Nacional Indígena (Puebla)
• Argelia Bet Zep Mazatecas por la Libertad (Oaxaca)
• Aabogados y familiares de Fidencio Aldama y Miguel Peralta (Sonora y Oaxaca respectivamente)
• Karla y Magda
• Carlos Beaz UCIZONI (Oaxaca)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0azNDvdhcvBnVeX7t5X4TdpmQfK3tN12jKeHwiFiv5cU4Hf1cAGS42sk6bnNdwKJhl&id=100011669875752&mibextid=Nif5oz

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Desde el año de 2013, el Corredor Industrial Ciudad Textil de Huejotzingo en coordinación con los municipios de Juan C. Bonilla, Huejotzingo y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento en Puebla (#CEAS) pretenden construir un colector de desechos industriales que desemboque directamente al río #Metlapanapa, afluente del río Atoyac. Este corredor industrial desecha actualmente, en completa impunidad, metales pesados como plomo, arsénico, cianuro, zinc, entre otros químicos altamente mortales en los mantos acuíferos de Juan C. Bonilla al estar en contacto con la flora, fauna y sociedad. A pesar que estos metales tienen gran riesgo de provocar enfermedades mortales como cáncer, insuficiencia renal, malformaciones congénitas, abortos, infertilidad y diversidad de tumores y enfermedades gastrointestinales.

Durante varios años las guardianas y guardianes del río Metlapanapa conformados por los pueblos de Calpan, Zacatepec, Nextetelco, Cuanalá, Ometoxtla, Almoloya, Texintla, San Diego los Sauces, Momoxpan, Cuautlancingo, Colonia Zavaleta, San Matías Cocoyotla, Coronango, colindantes al río Metlapanapa se han organizado para frenar este proyecto de muerte y la industrialización de la región que dañaría la salud y la vida de todo el territorio. Pero en el año de 2019, los empresarios de Ciudad Texti, la CEAS-Puebla, el gobierno Estatal y municipal de Huejotzingo y Juan C. Bonilla, pretendieron concretar este proyecto de muerte, por lo que la organización de los pueblos detuvo las obras; sin embargo, la represión del capital y el Estado no se hizo esperar. El 30 de octubre de 2019, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército reprimieron a los pueblos que protestaban contra este proyecto de muerte.

El 24 de enero de 2020, el Estado y el Capital detuvieron y encarcelaron al defensor del territorio Miguel López Vega convirtiéndolo en el primer #PresoPolitico de la #4T. Inculpándolo de tres delitos: 1. obstrucción de obra pública, 2. Daño a las vías de comunicación y 3. Daño a los medios de transporte por medio de una supuesta bomba molotov qué quieren equiparar a uso de explosivos. Delitos que nunca cometió y de los cuales fue absuelto de 2 de ellos y liberado el 29 de enero del mismo año.

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