^{En portada: Mujeres buscadoras participan de las movilizaciones en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Agosto, 2020. Foto: Centro Prodh}

Es urgente que el Estado mexicano adopte una política pública integral de prevención a las desapariciones, de búsqueda en vida y forense, y el reconocimiento de la responsabilidad directa e indirecta en los casos en el país, coincidieron organizaciones de madres buscadoras y de la sociedad civil que esperan una respuesta del ejecutivo federal en los siguientes días.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, conformado por 80 organizaciones, dijo que la grave situación de desapariciones es reiterada en el reciente informe del Comité de la ONU para la Desaparición Forzada, resultado de la primera visita que hizo a México desde su conformación.

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Los grupos de familiares de víctimas de desaparición se reunieron con el Comité e hicieron propuestas que fueron retomadas por la ONU en la emisión de las recomendaciones para el Estado mexicano.

“Exigimos al gobierno adoptarlas e implementarlas de manera urgente y contundente”, enfatizó el Movimiento respecto a la actitud pasiva del gobierno frente a un patrón de desapariciones que permanecen en la impunidad, contexto que, de acuerdo a la ONU, debe ser reconocido y atendido con una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas. 

“Para la cual se deben cumplir ciertas condiciones mínimas que garanticen su efectividad”, como el abandono del enfoque de militarización y hacer visible la información sobre los casi 100,000 desaparecidos.

Una década sin acciones

En este tenor, las organizaciones coinciden en la relevancia de implementar debidamente el marco normativo, jurídico y jurisprudencial en todo el país. Sobre la petición de aplicar el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité priorizó valorar antes las observaciones del gobierno de México.

Humberto Guerrero, del Centro Fundar y parte del Movimiento, dijo que se puede reevaluar y de ser necesario solicitarán la revisión de esa decisión del Comité de la ONU.

Grace Fernández, directora de Buscando Desaparecidos México, pidió congruencia al gobierno de México, “porque en teoría los desaparecidos son prioridad y no estamos dispuestas a esperar otros 10 años para que haya un cambio”. Parafraseando al presidente, recordó que la historia también los juzgará.

Hace una década, en la visita de otro grupo de la ONU, el organismo también alertó sobre el inicio de una crisis de desapariciones. Entonces no hubo respuesta del gobierno en turno y ahora 95 mil 121 personas están desaparecidas y 52,000 cuerpos sin identificar en las morgues del país.

Para Adela Alvarado de la Fundación Mónica Alejandrina es preocupante porque hasta los periodistas dejaron de informar sobre estos temas porque existe temor. Además, recordó un caso de desaparición en un reclusorio.

La mujer acudió a visitar a su pareja, su madre la acompañó y esperó afuera del penal. La madre de la mujer dice que nunca la vio salir y cuando preguntó con los encargados dijeron que no había registro de la entrada de su hija.

“Son situaciones verdaderamente alarmantes porque tenemos desapariciones en diferentes formas, de diferentes grupos, incluso podemos ver que hay en las desapariciones los migrantes, aquí se desaparecen en grupos bastantes grandes y no hay información ni una búsqueda ni nada”. Alvarado mencionó que, en el caso de las personas migrantes, las familias se enteran años después de la desaparición a pesar de que las Fiscalías tienen información.

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Son responsables las autoridades si no buscan y no localizan a las personas desaparecidas y en caso de muerte si no se devuelven los cuerpos a los familiares y allegados de forma digna y más general, cuando incumplen con sus obligaciones con las víctimas, añadió Grace Fernández.

En la actualidad, está en discusión en la Cámara de Diputados la iniciativa de la reforma constitucional para establecer el derecho de toda persona a ser buscada sin importar la fecha de su desaparición.

Resguardo genético 

Las dilaciones injustificadas para iniciar las búsquedas y la falta de presupuesto se suman a las recomendaciones que hizo la ONU. Las comisiones estatales solo cuentan con el presupuesto federal y la Comisión Nacional de Búsqueda tuvo una reducción del presupuesto de 2020-2021: el 29% destinado para gastos operativos en el 2021 se redujo al 12%.

En este contexto, existe preocupación del Comité por el manejo y resguardo del material genético que las familias entregan a las autoridades, es decir, no sólo las donaciones de sangre para los perfiles genéticos sino también los indicios recuperados en las búsquedas de los colectivos y familias en campo.

“México debe cerrar la brecha que hay entre la Ley y los hechos, porque el problema no es de leyes si no de prácticas”, dijo Humberto Guerrero de Fundar.

Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de creación del Centro Nacional de Identificación Humana para atender la crisis forense, “exhortamos al Senado de la República a que apruebe el dictamen en el presente periodo de sesiones a efecto de que la ley se promulgue y el Centro Nacional de Identificación Humana entre en funcionamiento a la brevedad posible”, publicó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en redes sociales.

La niñez 

A estas exigencias se unió la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), pues dijo que se debe combatir la impunidad y prevenir, sin militarización, la desaparición de niñas, niños y adolescentes.

Desde que empezó el sexenio de López Obrador, 19,445 niñas, niños y adolescentes fueron registrados como desaparecidos; de éstos, 5,102 continúan desaparecidos a la fecha (24.30%), siendo 2,232 de ellas mujeres y 1,797 hombres.

Los números proporcionados por Redim muestran que las mujeres representan 55.2% de estos casos. Las restantes 65,950 personas de 0 a 17 años fueron localizadas, aunque 1% de estas desapariciones (710 casos) fueron halladas sin vida.

Los estados donde se han reportado más niñas, niños y adolescentes desaparecidas son el Estado de México con 3,740 casos, Tamaulipas con 1,704 y Jalisco con 1,231 casos. En estas tres entidades se concentra 40.8% de las desapariciones de personas de 0 a 17 años, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 11 de abril de 2022.

De acuerdo con el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, esta tendencia se agudizó durante la pandemia del COVID-19 y señala que la delincuencia organizada se convirtió en el perpetrador central.

La desaparición de mujeres en algunas entidades de México supera ampliamente el promedio nacional de 25%. En Chiapas, por ejemplo, el número de fichas de la Fiscalía General del Estado sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes es 12 veces mayor que en el Registro Nacional; de acuerdo a organizaciones esta ausencia de información dificulta el combate y la atención a las causas.

En 2021, la Fiscalía de Chiapas subió a su plataforma 625 fichas de menores con reporte de desaparición, pero en el registro nacional sólo aparecieron 51 casos, “y esto seguramente se repite en otros estados del país”.

En la participación de Jennifer Haza, de la organización Melel Xojobal con sede en San Cristóbal de Las Casas, destacó que la tendencia en la geografía chiapaneca va al alza desde el año pasado con un registro de 625 menores desaparecidos; tres veces más que en 2019 cuando se documentaron 183 casos.

En términos de estrategias de prevención, dijo que no se tiene información pública de qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que desaparecen, “si son reclutados por el crimen, si son víctimas de trata, si están muertos o si están vivos.

Esta información nos tendría que permitir estrategias eficientes de búsqueda, investigación, atención y construir estrategias de prevención”, dijo Haza, pero con los factores preexistentes de desigualdad y de exclusión social la tarea se vuelve más compleja.

La entidad tampoco cuenta un registro electrónico de las huellas dactilares a partir de las actas, inclusive cuatro de cada 10 menores no tienen acta de nacimiento antes de cumplir el año de edad, “entonces necesitamos valorar todos los hechos, estos factores existentes en torno a la desaparición”.

En este contexto, Haza destacó también los casos de los huérfanos de los hijos de las personas desaparecidas y parafraseando a los familiares de las víctimas, dijo “son los olvidados del sistema”.

“No tienen ningún programa social destinado de forma específica y aquí hemos identificado casos que pueden resultar anecdóticos pero que si llevaran registros podríamos tener más información”, además de menores que quedaron a cargo de otros familiares cuando su padre o madre desaparecieron.

De enero al 13 de marzo de 2022 tienen documentada la desaparición de 112 menores en Chiapas, el 52 por ciento fueron localizados: ocho sin vida, entre ellos dos de Honduras, uno de Guatemala y uno de Haití. Del total, el 75% son mujeres, “de todos esos datos que tenemos de las propias fichas no están en el registro nacional”, dijo Jennifer Haza y se unió a la exigencia de la atención a las recomendaciones de la ONU.

El Estado mexicano tiene cuatro meses para emitir las observaciones sobre las recomendaciones que hizo el Comité de la ONU que, a partir de entonces, deberá realizar el seguimiento. Pero las madres buscadoras esperan que el presidente Andrés Manuel López Obrador de respuestas el próximo 10 de mayo cuando se realice la “Marcha por la Dignidad Nacional. Madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos”.

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Las 80 organizaciones que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos esperan la aceptación del Estado en conjunto y una propuesta de egresos de la federación que refleje la importancia a las recomendaciones que hizo el Comité.

Asimismo, la presentación de un plan de trabajo de la Fiscalía General de la República sobre cómo cumplirá con el Banco Nacional de Datos Forense y la base genética, pues incluso el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez tiene un litigio sobre el tema.

^{Foto de portada: Sociedad Civil Las Abejas de Acteal}

Para la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal un juicio abreviado solo servirá para ocultar la liberación de los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Simón Pedro Pérez López. Esta es su postura en referencia a la propuesta presentada por la defensa del acusado.

En la audiencia intermedia, realizada el pasado mes de marzo en el Centro de Reinserción para Sentenciados ‘El Amate’, el ofrecimiento de la defensa fue reducir la condena a homicidio simple, cuando en un principio fue considerado como homicidio calificado.

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Al mismo tiempo el juicio abreviado incriminaría de forma individualizada a su presunto asesino material, sin mencionar, dimensionar o entender el contexto en que sucedió el crimen del defensor de los derechos humanos tzotzil.

“El sistema penal debe incorporar el análisis de contexto para entender la dimensión de los asesinatos ocurridos en un marco de violencia generalizada. El asesinato de Simón Pedro no se entiende sin el contexto en el que él trabajaba”, expresaron Las Abejas mediante comunicado.

Simón Pedro fue presidente de la Sociedad Civil Las Abejas. Después continuó su camino en las comunidades, escuchando a quienes ahora lo recuerdan como un luchador contra las injusticias y por la verdad, “eso fue su pecado”.

Los sobrevivientes de la Masacre de Acteal exigieron que se lleve a cabo un juicio cabal, con todas las investigaciones necesarias para dar con los responsables materiales e intelectuales del homicidio de Simón Pedro el 5 de julio de 2021.

Otras luchas

Las Abejas se solidarizaron con los tzeltales del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón por la represión que enfrentaron con la imposición de un cartel de la Guardia Nacional que provocó la detención José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, “para torturarlos y meter miedo”.

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La demanda es que se reconozca la inocencia de los acusados, las violaciones a los derechos humanos y que se respeten los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación en la zona tzeltal de Bachajón-Chilón.

Además, la Sociedad Civil se pronunció por la paz entre Aldama y Chenalhó, pero llamó a los representantes de este último municipio a respetar los acuerdos firmados con anterioridad.  A nivel nacional, Las Abejas respaldaron la lucha de las organizaciones que recorrieron nueve estados del país en la Caravana por el Agua y la Vida, “nos están mostrando cómo fuera de Chiapas también hay muchos pueblos sembrando la semilla de la vida, defendiendo la tierra y su salud del despojo y la depredación capitalista”.

Voces de pueblos y organizaciones de la península de Yucatán expusieron las irregularidades y afectaciones que ya se evidencian con la construcción de los tramos del denominado “tren maya”.

A la cuestión ambiental, se añaden problemas sociales como el desalojo de familias; el engaño y la simulación de consultas a las comunidades; firma de convenios irregulares que derivan en extorsiones y fraudes contra ejidatarios; hostigamientos y condicionamiento a programas sociales, todo en un contexto de creciente militarización de la península.

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Estas y otras problemáticas fueron expuestas en el foro “Tren Maya: miradas y aproximaciones desde las comunidades”, realizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM.

Desde Campeche participaron Sara López, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) y María Hernández del Ejido Don Samuel en Escárcega. A su vez, desde Yucatán participó Wilma Esquivel Pat, del Congreso Nacional Indígena (CNI) y Ángel Sulub, indígena maya del Centro Comunitario U Kúuchil Ch’i’ibalo’on en Quintana Roo.

Engaños

María Hernández, ejidataria del ejido Don Samuel, detalló cómo, mediante engaños, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) validó reuniones para simular la consulta a las comunidades, quienes a pesar que desde 2019 exigen información clara y detallada sobre el megaproyecto, aún no se les ha compartido.

En un principio, compartió Hernández, Fonatur realizó un diagnóstico político para extraer información sobre los grupos, organizaciones y lideres de los ejidos y para diciembre del 2019, el ejido Don Samuel fue elegido como sede para las asambleas regionales que permitiría la votación para la aprobación del tren.

Hernández explicó que en aquel momento solo se habló de desarrollo y generación de empleos, argumentos con los cuales consiguieron convencer a la gente para dar su voto a favor del tren. No obstante, aún recuerda la preocupación entre los ejidatarios en el momento que se abordó la creación de nuevos núcleos urbanos mediante los denominados Fideicomisos para infraestructura y Bienes Raíces (Fibra).

La idea tras Fibra, como promocionaba en aquel entonces titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, era que “no se venda la tierra, sino que se rente la tierra, sobre todo a los desarrolladores” con el objetivo de permitir la construcción de complejos para vivienda, espacios comerciales y públicos, que podrían elevar el valor de la tierra.

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Hernández no fue la única a quien el tema de Fibra le resonó y cuestionó porqué negociar con empresas extranjeras y “no se creaba empresas sociales, porque lo que queremos es que desde las comunidades se de este cambio, de mejorar la situación económica, de mejorar nuestros ingresos, de tener más escuelas, mejor área de salud”.

La ejidataria enfatizó que aún cuando solicitaron la información mediante documento firmado por las autoridades, hasta la fecha aún no han obtenido ninguna respuesta sobre los fideicomisos.

“Se dio por realizada la consulta este día, sin que supiéramos que era una consulta indígena. No se habló de ningún impacto, se habló simplemente del desarrollo”, reclamó María Hernández por la manera en que las autoridades simularon la consulta para obtener la aprobación del megaproyecto.

Por su parte, Sara López remarcó que, de origen, el proyecto estuvo mal planificado, “pues no se consultó a los habitantes de las comunidades si lo querían o no, y de ser así ¿qué beneficios tendría para la comunidad?”, cuestionó por el incumplimiento del carácter libre, previo e informado de la consulta.

Desalojos

Un ejemplo del atropello contra las comunidades es el desalojo de familias en Campeche, quien de acuerdo a Sara López llevan seis meses sin casa pese a que el gobierno les prometió una vivienda. “Nos da una rabia e impotencia al ver como las máquinas destruyen el patrimonio de las personas, lo que con muchos esfuerzos lograron tener”, lamenta.

María Hernández remarccó el problema de que a las personas que vivían al lado de la vía siempre les llamaron invasores, “aunque tuvieron 30 años viviendo ahí, en el caso de (ejido) Samuel no hubo la opción de reubicación, estoy hablando de 19 mil, 20 mil personas”.

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Pese a las denuncias por los desalojos, Hernández señaló que las familias que reclaman han sido criminalizadas y amenazadas por grupos de choque, “nosotros hemos estado con muchos daños, desde lo moral, lo patrimonial”, subrayó en torno a los perjuicios.

Otro de los problemas es que viviendas que se localizan en las proximidades de las obras ya están presentando agrietamientos. Se trata de casas a 30 metros de distancia, las cuales están siendo afectadas debido a la vibración, así como la contaminación por el ruido, cuestión que nadie contempló pero que está perjudicando a los pobladores.

Extorsión

Otro de los problemas expuestos es el fraude realizado por la empresa Barrentos y Asociados, quien extorsionó a los ejidatarios para conseguir el derecho de vía para el proyecto del “tren maya”.

“En 2020, se presenta esta empresa, que es encargada de liberación de vía, y también entra la pandemia. En este periodo no se llevan a cabo asambleas representativas. Estuvo en esta asamblea y se da votación con 45 ejidatarios, somos alrededor de 210. Se vota el cambio de uso de suelo”, contextualiza María Hernández del ejido Don Samuel.

Otro problema fue que la empresa consiguió que los ejidatarios firmaran documentos sin entregar copias en la comunidad. “No supieron realmente lo que firmaron en este momento, no tienen copias – eran los convenios de ocupación previa a título gratuito. No les dejaron leer y no les dieron copia”, denuncia Hernández.

Para mayo del 2020, la empresa traslado a las autoridades ejidales al Palacio de Gobierno del estado de Campeche para repartir dinero que en teoría estaba destinado a los ejidatarios, para luego exigir una parte del pago en efectivo.

Como documentó Avispa Midia en junio de 2021, el proceso de negociación que la empresa Barrientos y Asociados operó en las comunidades estuvo plagado de vicios y se cometieron irregularidades y actos de corrupción.

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Hernández compartió que fue en ese momento cuando las comunidades se organizaron y formaron la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya, desde donde han señalado los hostigamientos y condicionamientos de los programas públicos.

Los comisariados, por ejemplo, han estado en total sometimiento al Estado, sostiene Henández, pues acuden solos a reuniones con funcionarios federales cuando deberían estar acompañados por los núcleos ejidales. Por ello, “ya no se confía en las instancias federales”, remarca la ejidataria.

Militarización

Sara López externó su preocupación por el incremento de militares en toda la península. “Vayas a donde vayas” se encuentran efectivos militares, la Marina y la Guardia Nacional como forma de control, para “meter miedo y terror a los pueblos”.

Ángel Sulub también abordó el tema, al referir que la Península de Yucatán se ha “militarizado”, con el pretexto de la seguridad, pero principalmente para disuadir la resistencia de las  comunidades indígenas ante la construcción del tren.

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Sulub compartió que el Ejército ha sido comisionado para construir el polémico Tramo 5, que va de Cancún hacia Tulum. Dicho trazo atraviesa un sistema de cenotes en medio de un suelo frágil, “no adecuado para soportar el peso de trenes pesados para el transporte de turistas, mercancías e hidrocarburos”, como mencionan cientos de científicos mediante carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador a principios de abril.

Además, los militares también tienen a su cargo las obras del tramo 6 y 7, desde Tulum hasta Escárcega. “Su presencia no obedece a la paz o a la seguridad, sino de cuidar y proteger los intereses de los inversionistas y de los gobiernos detrás del tren”, sostuvo Sulub.

Wilma Esquivel destacó lo documentado sobre las consecuencias contra las mujeres en zonas militarizadas. “Hay una idea errónea de que nos va a traer seguridad, pero en la experiencia de muchos pueblos, los cuerpos de las mujeres terminan como carne de cañón”, compartió además de cuestionar cómo será el futuro de la población local en términos de garantizar acceso a recursos como el agua ante el incremento turístico y urbano que vendrá con el tren.

María Hernández recordó que la militarización viene desde los procesos de consulta, pues en las asambleas llegaban con elementos de la Guardia Nacional. “No te están poniendo las armas directamente, pero estás ahí mirando las armas, hay una intimidación de alguna forma. Preguntábamos que hace el ejercito aquí, de que es que Fonatur tiene que cuidarse, si nosotros no tenemos armas, no agredimos nada. Nosotros somos agricultores, vivimos de apicultura, de la ganadería”, contrastó sobre el actuar de las autoridades.

“Nos están matando, violando, mutilando, torturando, empalando, embolsando, desapareciendo, ‘suicidando’, enterrando vivas, vendiendo, y que la Justicia no llega, que la Justicia no se ve, que la Justicia no existe”.

Lo anterior es parte de un comunicado difundido por las redes, colectivas y organizaciones que el domingo (24) salieron a las calles de diferentes entidades para alertar sobre la imparable violencia feminicida que enfrentan en las mujeres en México.

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En las protestas de Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Ciudad de México, Veracruz, Baja California, Nuevo León, por mencionar solo algunos estados, las cartulinas y lonas mostraron nuevamente los nombres y rostros de mujeres víctimas de feminicidio y desaparición. Miles de casos que permanecen en la impunidad.

La movilización fue convocada a nivel nacional por la indignación derivada del caso de Debanhi y el hallazgo de más víctimas de feminicidio en Nuevo Léon, al norte del país. “La desolación, inseguridad y violencia va en aumento”, reclamaron las mujeres.

“El panorama es desolador”

De enero a marzo de 2022, el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene el registro de 229 casos de feminicidios: 78 en enero, 81 en febrero y 70 en marzo. Según la dependencia federal estos números reflejan una disminución de 34%.

La lista la encabeza el Estado de México con 39 feminicidios, Nuevo León con 21 y Veracruz 21; le siguen la Ciudad de México, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Chiapas y Tabasco. El riesgo feminicida en el Estado de México es tan grave que Amnistía Internacional mantiene una petición en su plataforma por cuatro feminicidios, “la mayoría de los asesinatos quedan impunes”, recalca.

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En cada demarcación la petición es una sola: justicia. Las mujeres solicitaron a las Fiscalías del país, así como al Poder Judicial atender la situación jurídica de las mujeres, incluso las que están privadas de su libertad injustamente.

En las pancartas demandaron que feminicidas, golpeadores, violadores, acosadores, pedófilos y hostigadores sexuales dejen de pisar las calles y se les dicte auto de formal prisión.

Nadie volvió a pronunciar su nombre 

“La Fiscalía de Chiapas no hace su trabajo”, dijo Margarita Zenteno, mamá de Paulina Gómez Zenteno, asesinada en Tuxtla Gutiérrez, al tomar el micrófono en el mítin frente a Palacio de Gobierno de Chiapas. Desde entonces, la búsqueda de justicia de Margarita se convirtió en un calvario por la falta de perspectiva de género en las Fiscalías y discriminación por parte de derechos humanos.

“Hace seis años mataron a mi hermana Yuri Lisseth Méndez Trejo, enfermera de 21 años. Necesitamos que el Estado haga su trabajo, hoy la Alerta de Género nos sigue debiendo”, dijo Itzel Molina Trejo.

El 24 de noviembre de 2016, Yuri fue hallada sin vida en el interior de una bolsa negra. Uno de los feminicidas fue detenido por la lucha incansable de la familia que acompaña todas las marchas contra la violencia hacia las mujeres que se realizan en la capital de Chiapas.

El 27 de agosto de 2021, la activista animalista Adriana Vera, fue asesinada a golpes por su pareja en Chiapa de Corzo. Compañeras activistas de Adriana señalaron que la Fiscalía General de Chiapas dio carpetazo a la investigación por posible “suicidio”.

“Nadie volvió a pronunciar su nombre. Exigimos que la recuerden porque ese tipo (el feminicida de Adriana) está con su nueva novia por ahí y ella puede ser la siguiente”.

La movilización a nivel nacional se dio a partir de los seis hallazgos en Nuevo León y la presentación del informe del Comité de la ONU Contra las Desapariciones Forzadas. El estudio dice que uno de cada cuatro desaparecidos en México es mujer.

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La media nacional de 25% de desaparición de mujeres es superada por Campeche con 67 % y más del 60 % en Chiapas, Tabasco y Yucatán; en su mayoría, casos de niñas y adolescentes de entre 10 a 19 años.

^{En portada: Tras casi 34 horas de persecución y agresiones en su contra, aún se registra el cerco policial contra las familias triquis.}

Después de una jornada de protestas y represión, alrededor de 30 personas, en su mayoría mujeres y niños triquis, pertenecientes a familias desplazadas de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, aún se encuentran cercados por policías antimotines de la CDMX.

“No hemos comido, no hemos hecho nada de nuestras necesidades, nosotros exigimos en este momento salir del lugar que estamos porque ahorita seguimos secuestrados por los granaderos”, denuncia una mujer triqui mediante video.

“Ahorita no tenemos acceso a nada. Acá afuera nosotros tenemos a los granaderos, mas de 300 granaderos en contra de 30 personas”, señala la mujer triqui sobre las condiciones en que se encuentran las personas, en su mayoría mujeres y niños, retenidas al norte de la ciudad, cercadas por aproximadamente 1,000 policías.

Las personas agredidas mantenían un campamento en el centro de la CDMX, desde donde protestaban para exigir el retorno seguro a su comunidad, en la mixteca oaxaqueña, tras haber sido desplazadas por un grupo paramilitar.

Sin respuesta y tras 15 meses de permanecer en la ciudad, fueron desalojad@s la madrugada del lunes (25), sin previo aviso y mediante un operativo con cientos de policías.

Desalojo

De acuerdo al gobierno de la CDMX, el desalojo de la comunidad triqui derivó de una queja anónima por las condiciones de insalubridad del sitio.

Poco después de la medianoche del lunes (25), cientos de policías cercaron el campamento de las familias triqui. Al mismo tiempo, personal de limpieza de la ciudad desarmó el campamento y arrojó las pertenencias de las personas a camiones de basura.

En el lugar también se apersonaron funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), quienes de acuerdo a testimonios presionaron y amenazaron a las mujeres para trasladarse a un albergue improvisado por el gobierno de la ciudad.

Después del desalojo, policías antimotines retuvieron durante horas a las mujeres triqui, quienes rechazaban trasladarse al refugio en una colonia al norte de la ciudad.

Según la versión oficial, el espacio ofrecido cuenta con dormitorio, baños y servicios médicos y para niños. No obstante, acorde a registros y denuncias de las familias desplazadas, el “albergue” consiste en un estacionamiento cubierto parcialmente con una carpa y catres en condiciones insalubres y denigrantes.

Por ello, durante la tarde del martes (26), las mujeres triqui protestaron, rompieron la cerca y salieron para cerrar una avenida cercana, para con ello protestar por el desalojo y las precarias condiciones en que se encontraban.

Protestas

La respuesta policiaca no se hizo esperar. En un instante, elementos antimotines “encapsularon” -como se conoce a la estrategia policial de bloquear el libre tránsito de las manifestaciones- a un grupo de aproximadamente 50 personas que participaban de la protesta.

Por horas, l@s manifestantes permanecieron retenidos. Hasta el lugar se unieron integrantes de organizaciones sociales en solidaridad con las familias triquis. Integrantes de la Sección 9 de la CNTE, así como de la Caravana por el Agua y la Vida, así como estudiantes hicieron acto de presencia para apoyar la manifestación.

Tras el refuerzo, l@s manifestantes consiguieron romper el cerco, con lo cual tomaron rumbo hacia el Zócalo. Sin embargo, el despliegue de cientos de policías consiguió cercar de nuevo a las personas y cortar su paso hacia el centro de la ciudad.

De acuerdo a un comunicado difundido por el Congreso Nacional Indígena, alrededor de las 8 de la noche, el encapsulamiento de los antinmotines mantenía retenid@s alrededor de 70 personas indígenas triquis, otomís, nahuas, alemanes, medios de comunicación y residentes de la ciudad de México.

El documento señala que en ese momento la movilización fue reprimida “generando la persecución de decenas de personas, golpead@s y detenciones, reportándose hasta ahora la desaparición de un niño hijo de triquis de nombre Samuel y sin saber el paradero de vari@s compañer@s”.

Hasta ese momento, detalla el comunicado, se registraron dos encapsulamientos “ubicados en: Calle Plomo 65 y Ferrocarril Hidalgo con alrededor de 17 personas encapsuladas por un grupo de 250 granaderos entre los que se encuentran 10 compañer@s de la comunidad otomí, entre ellos el compañero Diego García y el concejal otomí Filiberto, así como Ricardo Renteria de la comunidad de Milpa Alta que fue herido en la cabeza; así como 7 mujeres triquis; y otro en calle Mapimi 5 Y Calle Plomo con un grupo de 30 personas en donde también hay 5 niñ@s  y alrededor de 100 granaderos, entre los que se encuentran periodistas como Juan Rulfo y compañeras alemanas de Lutzerath”.

Según información de la comunidad otomí residente en la CDMX, quienes se sumaron a las movilizaciones, las familias triquis se refugiaron en una unidad habitacional de la colonia Valle Gómez para no regresar al “albergue” improvisado por la ciudad. En aquel momento de la madrugada se mantenía el cerco policiaco.

La mañana de este martes (26), tanto en la ciudad de Oaxaca como en la CDMX, se registraron diversas movilizaciones en solidaridad con las familias triqui desplazadas, desalojadas y perseguidas.

En la CDMX se movilizan en el Ayuntamiento de la ciudad para manifestarse contra la brutal represión a los pueblos originarios. Al cierre de esta edición, tras casi 34 horas de persecución y agresiones en su contra, aún se registra el cerco policial contra las familias triquis.

^{Fotos por Futuros Indígenas}

Las políticas neoliberales, incluidas las del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), están provocando, junto a un acelerado deterioro de la naturaleza, el despojo continuo y creciente de los territorios de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas.

Por ello, reunidos en la “Primera Asamblea del pueblo nahua de Morelos en contra de la minería y los megaproyectos de muerte”, delegad@s y autoridades agrarias, tradicionales y civiles de comunidades indígenas de todo el país, decretaron prohibir la minería, así como la construcción y operación de la infraestructura del Proyecto Integral Morelos (PIM).

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Como resultado de la asamblea, realizada el fin de semana pasado en la comunidad Nahua de Cuentepec, los pueblos decretaron la prohibición para la instalación de parques industriales y actividades extractivistas de tierra y agua en los territorios sobre los que el pueblo nahua del estado de Morelos guarda una ocupación tradicional, lo anterior con independencia del régimen de propiedad que pueda existir en dichos territorios.

Minería, al acecho

Reunidos en asamblea, los pueblos nahuas denunciaron el proyecto minero “paradójicamente denominado ‘Esperanza’”, para la explotación, en tajos a cielo abierto, de oro y plata. Esta concesión, para las empresas canadienses Alamos Gold y Zacatecas Silver, se encuentra a solo 500 metros del sitio agrado de Xochicalco.

Según los pueblos nahuas, el proyecto “afectará en forma grave nuestras tierras y territorios ancestrales, los ecosistemas de la región, la sub cuenca del Río Apatlaco, la cuenca del Río Amacuzac y el Acuífero de Cuernavaca, incluidas sus zonas de recarga hídrica y mantos freáticos, así como la vida y la salud de aproximadamente unos 200 mil habitantes que viven en las comunidades, colonias y municipios aledaños”.

Aproximadamente el 70% del territorio mexicano tiene potencial minero y el 35% ha sido entregado entre los años 2000 y 2010 mediante más de 29,000 concesiones. “A marzo de 2019, las concesiones mineras vigentes eran 25,607 que cubren una superficie de más de 22 millones de hectáreas. Las actividades mineras, de entre todas las actividades industriales, se caracterizan por tener en muchas ocasiones un alto potencial destructivo de los ecosistemas y poblaciones humanas cercanas a los sitios donde estas empresas se instalan”, argumentan los pueblos en el decreto.

En el mismo tenor, la destrucción del agua no es menos grave que la destrucción de la tierra, en ocasiones, montañas completas son excavadas y procesadas con agua concentrada con cianuro, elemento sumamente tóxico que separa el oro del resto de los componentes de la tierra, indican las comunidades, quienes cuestionan también el uso preferencial de agua para la industria.

“La actividad minera es conocida en muchos casos por los impactos negativos sustanciales en la calidad y en la disponibilidad de los recursos hídricos locales. Los impactos causados por la reducción del nivel de aguas subterráneas puede incluir la reducción o eliminación de flujos de aguas superficiales; la degradación de la calidad de aguas superficiales y del beneficio de sus usos; donde se reduce también, o se elimina, el acceso tradicional al agua mediante pozos de abastecimiento doméstico”, detallan en el documento.

PIM

El Proyecto Integral Morelos es un megaproyecto energético regional que afecta a los pueblos nahuas que viven en las inmediaciones al volcán Popocatépetl, entre los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El PIM consta de dos centrales termoeléctricas, una de ellas instalada a solo 300 metros de la comunidad de Huexca, Morelos. Estas son alimentadas por la imposición de un gasoducto de 160 kilómetros “que peligrosamente atraviesa las faldas del Volcán Popocatépetl, una zona volcánica y de alta sismicidad”, denuncian los pueblos nahuas.

También señalan el despojo de agua, pues actualmente se construye un acueducto pretende extraer 580 litros por segundo de agua de riego a los ejidos de la región de Ayala.

“Este proyecto pretende ser impuesto en forma definitiva por el actual presidente de la república mediante el uso de la Guardia Nacional desde el año 2020 y la realización de una simulada consulta un año antes, en cuyo contexto se dio el sangriento asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes”, señalan en el documento.

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Mediante el decreto, los pueblos indígenas enfatizan que el PIM no es un proyecto para favorecer la soberanía energética de México, sino que “obedece a una lógica de mercado para introducir el gas natural de Estados Unidos al país, abaratar los costos de transporte del gas e incrementar su velocidad de producción en beneficio de empresas trasnacionales como Saint Gobain o las españolas Elecnor, Abengoa y Enagas”.

Por ello, calificaron como innecesaria la construcción y funcionamiento de estas centrales eléctricas, “altamente contaminantes y depredadoras de la naturaleza, pues en el país existe una capacidad de generación eléctrica de casi el doble de lo que se consume en fechas pico”.

Decreto contra las violencias

Durante la asamblea, l@s representantes de pueblos originarios también denunciaron el aumento de los feminicidios, desapariciones, trata de personas y diversas violencias hacia las mujeres, quienes ante un gobierno indiferente han decidido organizarse para enfrentar y erradicar al patriarcado de sus vidas y territorios.

Entre sus argumentos, los pueblos reconocieron que el actual desarrollo económico, basado a escala planetaria en la prominencia del capital financiero, apoyado en la gran industria militar y en el extractivismo, en guerras y epidemias, está llegando a un límite que pone en peligro las condiciones de la vida en el planeta

Ante esta situación, basados en el inalienable derecho de libre determinación, fue que los pueblos indígenas acordaron el decreto para prohibir los proyectos de muerte.

La Asamblea señaló que estas acciones también son una respuesta a las acciones del gobierno federal, quien “lejos de reconocer y respetar nuestros derechos fundamentales y proteger a la naturaleza de los graves daños que causan a la vida y a nuestros territorios los megaproyectos”, emite decretos como el acuerdo presidencial, firmado por AMLO en noviembre del 2021, para imponer los megaproyectos de muerte sin tomar en cuenta la libre determinación de las comunidades indígenas del país.

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El documento señala que dicho decreto “se considera obligatorio para tanto para los integrantes del pueblo nahua del estado de Morelos, como para cualesquier persona o entidad pública y/o privada extrañas al pueblo nahua de Morelos y su validez y obligatoriedad será vigilada por cada una de las comunidades que integran el pueblo nahua dentro de su ámbito territorial y de acuerdo a sus formas de organización y gobierno propios”.

^{En portada: Militares de EEUU y México en reunión de preparación para los ejercicios “Tradewinds 2022”}

A pesar de que el gobierno de México se ha comprometido con los Estados Unidos para ser coanfitrión de los ejercicios militares denominados “Tradewinds 2022”, a última hora, el Senado de la república mexicana discute si se permite el acceso a 341 militares extranjeros a territorio mexicano. No obstante, una delegación de 84 militares extranjeros ya hizo acto de presencia entre los días 31 de enero al 5 de febrero en Chetumal, Quintana Roo, momento en que arrancó la primera fase de este programa militar.

Tradewinds es un ejercicio multidimensional centrado en la seguridad del Caribe que se lleva a cabo en los dominios terrestre, aéreo, marítimo y cibernético. Las fuerzas estadounidenses comandan estos ejercicios con las naciones participantes como un entrenamiento conjunto, combinado e interagencial.

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Desde el pasado 8 de abril, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió el Oficio no. 100-125 a través de Adán Augusto López Hernández, secretario de gobernación, para solicitar al Senado la autorización para permitir que 128 elementos de la Armada de México pudieran salir de los límites del territorio mexicano para poder participar en los ejercicios multinacionales “Tradewinds 2022”.

AMLO también ha solicitado que se permita el “ingreso de las tropas y buques militares extranjeros (341 elementos) para el mismo ejercicio”, que se llevara a acabo entre los territorios fronterizos de México y Belice del 7 al 21 de mayo de 2022, de manera simultánea.

El mandatario mexicano argumenta que la petición se desprende de una invitación que le hace el Comando Sur, uno de los diez comandos de combate unificado de los EEUU. “En ese sentido, hago de su conocimiento que se recibió invitación del Comando Sur de los Estados Unidos, para que México participe y organice de manera conjunta con Belice y el referido Comando, el Ejercicio Multinacional Tradewinds 2022”, justificó AMLO a Olga María del Carmen Sánchez Cordero, presidenta del Senado.

La presidenta presentó al parlamento esta petición el pasado 19 de abril, no obstante, solo se determinó que es de competencia de la fracción parlamentaria que se ocupa de estos asuntos, “la Comisión de Marina”, quien tiene en sus manos la última palabra para que las tropas puedan ingresar a México.

El acuerdo

Aunque el permiso se ha solicitado hasta este momento, desde el 31 de enero al 5 de febrero, en Chetumal, Quintana Roo, la marina mexicana, el Comando Sur e integrantes de Seguridad Pública de las regiones del Caribe, Centroamérica y Europa, realizaron reuniones previas para estos ejercicios.

Participaron 84 militares de las Fuerzas Armadas de 23 países tales como: Belice, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Francia, granadinas, República Dominicana, Reino Unido y Reino de Países de Bajos.

Esta es la primera vez que México es coanfitrión de Tradewinds, desde que el ejercicio se realizó por primera vez en 1984. Para este ejercicio se espera la participación de, al menos, 1,500 militares y civiles, de los cuales 341 pisarán territorio mexicano.

AMLO, en el documento que envió al senado, argumenta que este programa militar permitirá fortalecer la capacidad de las fuerzas armadas participantes, “para contrarrestar amenazas comunes, tales como el crimen transnacional y desastres naturales”.

El mandatario mexicano también sostiene que las fuerzas armadas de México ya han sido participes de estos ejercicios militares en otros países, al menos, en seis ocasiones. Parte de los 341 militares provienen de Belice, una sección de 24 elementos de las Fuerzas Armadas con 24 fusiles M4, calibre 5.56 milímetros (mm), y 32 pistolas Glock 19 mm, calibre 9 mm, todas ellas sin munición.

Mientras que de Colombia participaran 32 militares con las mismas armas, salvo el agregado de ametralladoras M-2HB/QCB, calibre 7.62 mm, también sin municiones.

Canadá participará con 83 elementos y el buque llamado Harry Dewolf HMCS “que significa, navío canadiense de su majestad, en referencia a la reina Elizabeth II del Reino Unido”, un tipo de embarcación que ha brindado apoyo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tras el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Los militares de EEUU son 100 y portaran las mismas armas, además de equipo táctico de la Guardia Costera y el buque USCGS “ISAAC MAYO”. También, de Reino Unido, se suman el buque llamado Medway y 24 militares más, el buque Pelikaan de Países Bajos, con 26 militares armados; nueve elementos más de Surinam y dos de Guayana.

En 2017, el jet Gulfstream IV (C20-F) de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), ingresó a territorio mexicano, aterrizando en el hangar de la Marina en la frontera sur en la ciudad de Tapachula, Chiapas. En esta aeronave viajaba Lori Robinson, la entonces jefa del Comando Norte de Estados Unidos y Kurt Tidd, ex comandante del Comando Sur, así como la Embajadora, Roberta Jacobson. Fue una reunión con autoridades mexicanas. De acuerdo con fuentes del medio británico, Reuters, los asistentes pidieron el anonimato.

Inversiones de EEUU

Mientras se crea el escenario de un teatro de operaciones bélicas en el mar Caribe, EEUU y Canadá pretenden reafirmar y reforzar los acuerdos de seguridad con el gobierno de AMLO, ya que, aparte del ejercicio Multinacional Tradewinds 2022, también se le suman las operaciones de la iniciativa para la Protección Marítima de América del Norte (NAMSI por sus siglas en inglés), que comprenden procedimientos normalizados en un tiempo de reacción mínima, con los cuales responden a las amenazas y operaciones marítimas.

NAMSI es coordinado por EEUU, Canadá  y la Armada de México, como parte de la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN), un acuerdo establecido desde el año 2008 entre los tres países. México seguirá participando cada año en los programas militares NAMSI.Aunque la alianza no solo es de seguridad de América del norte, también implican acuerdos comerciales, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que inició en julio del 2020, que reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).

Además, el mandatario mexicano se reunió este 22 de abril, en el estado de Veracruz, con políticos y empresarios de los Estados Unidos y Canadá para llevar a cabo la Cumbre de Desarrollo del Istmo en San Juan de Ulúa, donde se anunció la apertura de este territorio franco a la inversión nacional y extranjera.

Previo al evento, el mandatario mexicano, en su conferencia de prensa, expreso que, el “Plan del Istmo”, que incluye toda la región sur-sureste de México, participan el secretario de la Defensa y Marina, porque “la secretaría de Marina es la encargada de atender toda la zona del Istmo y el proyecto en general”, para cuidar casi mil kilómetros de vías férreas.

Mientras tanto, el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que en 20 días se estarán licitando 800 kilómetros del tren del Istmo de Tehuantepec para su rehabilitación, puntualizando que ya hay “seis empresas  que están concursando”.

Durante esta reunión el embajador estadounidense, Ken Salazar, también anunció que la empresa cervecera Constellation Brands invertirá, en el sureste mexicano, mil 300 millones de dólares. “Va a crear dos mil empleos directos, más de diez mil empleos indirectos y mil 300 millones de pesos en inversiones”, señaló el embajador.

Ken Salazar también sostuvo que EEUU ve un futuro compartido en la región Sur-Sureste de México. En la Cumbre también hicieron acto de presencia más de 30 empresarios norteamericanos, canadienses y mexicanos, de las industrias automotriz, de autopartes, alimenticia, energética, química, transporte, logística y comunicaciones.

Entre ellos estuvieron representantes de: Cargill; American Chamber of Commerce México; Constellation Brands México; Pacific Limited; Invenergy; AES México; EDP Renewables para América del Norte; AECOM; Kansas City Southern Mexico; Freightliner & Detroit Diesel; AT&T; FedEx; TC Energy, entre otros.

Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, anunció a las empresarios participantes en esta cumbre que los 10 predios para los parques industriales están listos para que puedan inicar con sus actividades. En conjunto abarcan 3,378 hectáreas. También agrego que “en el norte del Istmo es muy factible que se desarrolle un corredor energetico, dada la vocación de la zona donde tenemos gas, pétroleo, petroquimica”.

El embajador estadounidense por su parte, calificó esta Cumbre como “histórica”, ya que  según él, “es muestra del compromiso de nuestros gobiernos con la prosperidad de su gente. Junto con sus inversiones, las empresas estadounidenses apoyan el desarrollo del capital humano mexicano y de la economía digital”.

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“A través de la inversión estamos avanzando las prioridades conjuntas de Estados Unidos y México para abordar la prosperidad económica del istmo y de México”, dijo el embajador, mientras tanto, la decisión del Senado, en cuanto a la presencia de militares extranjeros a territorio mexicano, esta por decidirse.

Hasta noviembre de 2021, entre el 2% y el 6% de casos de desaparición de personas en México fueron judicializados y sólo se emitieron 36 sentencias a nivel nacional. De acuerdo al Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, funcionarios públicos y la delincuencia organizada son los responsables de las desapariciones.

El informe se basa en la documentación realizada por la representación que visitó México en el último trimestre de 2021, pues la situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional impera en la impunidad casi absoluta y la revictimización.

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Las desapariciones tuvieron un aumento en el 2006, cuando Felipe Calderón ocupaba presidencia de México. Afectaron mayoritariamente a hombres de entre 15 y 40 años, aunque también existe un alza en desapariciones de niñez de 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó durante la pandemia por la Covid-19.

En algunas entidades la desaparición de mujeres supera ampliamente el promedio nacional de 25%. En Campeche alcanza el 67 % y más del 60 % en Chiapas, Tabasco y Yucatán; en su mayoría, casos de niñas y adolescentes de entre 10 a 19 años.

En el caso de las desapariciones forzadas, aún son cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal y la delincuencia organizada se considera perpetradora central de estos crímenes.

La impunidad es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento; pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, dice la ONU. Pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador enfatizó, tras la presentación del informe, que ningún organismo internacional “va ponernos en el banquillo de los acusados” y aseguró que su gobierno trabaja con humanismo en esos casos, “ellos no tienen toda la información y no están actuando con apego con la verdad”, respondió negando los datos de Naciones Unidas.

Sectores

Durante su visita en noviembre del año pasado, los representantes de la ONU encabezaron reuniones con organizaciones, grupos, familiares de víctimas y autoridades de 31 entidades en el recorrido que hicieron por Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Ahora, en el estudio, el Comité menciona las desapariciones por la labor de defensores de los derechos humanos, las ocurridas en el contexto carcelario, así como las detenciones de personas migrantes en estaciones migratorias que son difundidas como “rescates humanitarios”, en los que reconocen la falta de información, lo que constituye desaparición forzada en virtud del artículo 2 de la Convención.

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Desde 2016 se han interpuesto 124 denuncias por desaparición de personas migrantes, a través de los consulados de México en Guatemala, El Salvador y Honduras. Al 21 de octubre de 2021, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas incluía a 2,522 personas extranjeras, pero “no refleja de manera fidedigna los casos”, pues las personas en contexto de movilidad por lo general no reportan las desapariciones por temor a ser detenidas.

En cuanto a las comunidades indígenas también se han visto afectadas por desapariciones, principalmente en el contexto de conflictos sociales y territoriales vinculados con el desarrollo de megaproyectos de índole minera o energética o tras el despojo o acaparamiento de tierras para explotación económica por parte de grupos del crimen organizado u otros actores privados.

En el reporte, se señala que las desapariciones de personas LGBTIQ+ fueron cometidas por fuerzas de seguridad, o por la delincuencia organizada con distintos niveles de connivencia de las autoridades.

En algunas entidades federativas existen patrones de desaparición, independientemente del perfil de las víctimas. Por mencionar los casos de feminicidios de Nuevo León y un importante número de desapariciones relacionadas con el tráfico de combustibles en el norte del país.

Crisis forense

“No se han creado un banco nacional de datos forenses, un registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, ni un registro nacional de fosas, y que tampoco se haya emitido el Programa Nacional de Exhumaciones”, detalla el informe de la ONU.

Para el Comité, la crisis forense es una realidad de profunda preocupación por las más de 52,000 personas fallecidas sin identificar que yacen actualmente en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense.

“Esta cifra, a pesar de su magnitud, no incluye los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen semanalmente en las fosas clandestinas”, contextualiza sobre las estadísticas.

Según varios expertos entrevistados por el Comité de la ONU, en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día.

Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71,73% de los cuerpos no identificados; y los servicios forenses son insuficientes.

Esta crisis fue reconocida por el Estado debido al alza de los niveles de violencia desde el año de 2020, cuando se registraron 27,8 homicidios por cada 100,000 habitantes y en el gran número de personas desaparecidas. En fosas comunes en los panteones de la Ciudad de México, Puebla, Sonora y Veracruz, el 47,2% de las personas inhumadas son no identificadas.

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Por ello, insiste la ONU en la necesidad de una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas que aborde el conjunto de las observaciones y recomendaciones presentadas. Debe ser integral, atender y combatir las causas de las desapariciones forzadas y apuntar a su no repetición.

“Tomando en cuenta el carácter continuo de las desapariciones, su fecha de inicio no precluye las responsabilidades actuales del Estado parte conforme a la Convención”. Para lo que cita algunos criterios a valorar como la responsabilidad de servidores públicos y erradicar la impunidad.

Abandonar la militarización 

Naciones Unidas se remonta a los noventa para recordar el enfoque de seguridad pública adoptado por el Estado, fomentado por la reforma legislativa del 2006 y caracterizado por la militarización.

Entre 2006 y 2021 se produce un crecimiento exponencial con el 98% de las desapariciones en el país, que evidencian la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Pero el informe expone, al igual, la adopción de recientes reformas normativas y operacionales al respecto como el Decreto de 26 marzo de 2019, que reforma el artículo 21 de la Constitución y crea la Guardia Nacional; el Acuerdo Presidencial publicado en mayo de 2020, que ordena a la Fuerza Armada permanecer en las funciones de seguridad pública; la Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional de Uso de la Fuerza y Ley Nacional del Registro de Detenciones, adoptadas en 2019.

La Guardia Nacional se integra por 101,182 elementos, el 58% provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 26% de la ex Policía Federal y 16% de la Secretaría de Marina (Semar).

Entre 2007 y 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un total de 162 recomendaciones a la Sedena y la Semar por violaciones graves a los derechos humanos, 15 de ellas relacionadas con casos de desaparición forzada.

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En 2021, la Sedena y la Guardia Nacional se colocaron entre las diez autoridades más mencionadas en expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos registrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La Sedena y la Semar también están entre las cinco con mayor número de recomendaciones en trámite.

Registro

El Comité señala que recibió información, tanto de autoridades como de víctimas, sobre la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas que afectan a la gran mayoría de las entidades federativas.

Por ello, señala la urgencia de implementar los puntos tratados en el informe, tanto para los casos que se iniciaron en el pasado, como para los perpetrados recientemente, debido a los reportes preocupantes de las personas entrevistadas por la ONU en cuanto a las duplicaciones, errores en los datos registrados o información incompleta y las dificultades existentes para solicitar correcciones o actualizaciones.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, por otro lado, no permite una visión clara sobre la proporción de casos registrados que podrían corresponder a desapariciones forzadas, por lo que recomendó la actualizado constante.

En esto, el Comité resalta la riqueza de las herramientas existentes en México para abordar las desapariciones, pero lamenta las graves deficiencias encontradas en su implementación. Después de cuatro años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, su reglamento todavía no ha sido publicado.

La mayoría de entidades mexicanas carecen de política pública en materia de desaparición de personas. Solo Coahuila, Guerrero y Estado de México, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, cuentan con Fiscalías especializadas.

Según las cifras oficiales disponibles al 26 de noviembre de 2021 se encontraban registradas 95,121 personas desaparecidas, de las cuales 112 desaparecieron durante la visita del Comité. El Registro Nacional, administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación (Segob), es el único en funcionamiento de los previstos por la Ley General.

Y son las propias autoridades las que siguen señaladas, además, por dilaciones injustificables en la ejecución de diligencias, exigiendo que hayan pasado 72 horas después de una desaparición para recibir una denuncia, “impidiendo así que se busque a la persona desaparecida de forma inmediata”, dice la ONU.

La Comisión Nacional de Búsqueda carece frecuentemente de los recursos necesarios para su funcionamiento y las comisiones tienen que anular las actividades programadas o buscar formas alternativas de financiamiento.

El Comité asegura que los registros de huellas dactilares constituyen una herramienta esencial para la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas, pero dicho sistema no es aplicable a los menores de edad, por lo que las recomendaciones son valoradas por las diferentes organizaciones de la sociedad civil que documentan casos de desaparición en México.