México

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

Convocatoria 4ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

Fecha:28 Feb 2024

23 y 24 de Marzo de 2024. La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala

¡LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS Y LA DEFENSA DE LA VIDA

NO SON UN CRIMEN!

AL CCRI CG EZLN

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN

A los Gobiernos Autónomos Locales, GAL

A los Colectivos de Gobierno Autónomos Zapatistas, CGAZ

A las Asambleas de Colectivos de Gobierno Autónomos ZAPATISTAS, ACGAZ

A la Comisión Sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Indígena, CNI

Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG

A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG

A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios

que nunca fueron conquistados

A los 60 municipios de Tlaxcala

A las y los habitantes de las comunidades tlaxcaltecas nahuas y yuhmüs

A las organizaciones que defienden los derechos colectivos, el territorio, el agua y por ende la vida

A las autoridades comunitarias que defienden su organización autónoma

A los Pueblos que luchan y resisten en la Cuenca del Anáhuac

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde

A quienes firmaron la Declaración por la Vida

A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…

Nonelhuayo

Nonelhuayo huitz canin in mahuan oquichihuiliaya in tepetatl

canic timonapaloah ican in tzotzonaliz xochitlahtoltzin

canic in tlacatzintli, tlaoltzintli mopatla

canic in tonalmeh mopatla ilhuitzintli

canic in cocemalotl motlahquiti ipan telal

canic in auhhyaliztl tlaxcalmeh ihza in apiztl

canic in tepemeh techtlahpaloa ica in mixmeh huan quiahuitl

canic in citlallimeh quimachilia in tlanequiliztli

canic in tocayotl noicnimeh moihcuilo ica in atl

ica in xochitl teotl

ica in teotlac

ica in tezcatl ameztli

ica in tlapalmeh cemanahuac

ica netzahualla

ica in xopantla

Ica in patlanil in cuauhtli

Ica in cahualiztli

Ica in cuamaitl

Ica in yoloxochitl

Ica in cocoliztl

Ica in tlanextzin

Canic nicahtehua, noxochitlahtoltzin patlani inahuac in papalotzitzin.

Mis raíces

Mis raíces vienen de aquellas manos que moldearon el barro,

donde te abrazan con la música de la poesía,

donde el hombre, es maíz

donde los días son fiesta,

donde el arcoíris se teje en la urdimbre,

donde el aroma de la tortilla despierta el hambre,

donde los cerros te saludan con las nubes y la lluvia,

donde las estrellas tocan los sueños,

donde los nombres de mis hermanos se escriben con el agua,

con la flor de dios,

con el atardecer,

con el espejo de la luna,

con el ayuno,

con los colores del universo,

con la primavera,

con el vuelo del águila,

con la nostalgia,

con las ramas de los árboles,

con el corazón de la flor,

con el dolor,

con el crepúsculo,

donde dejo volar mis palabras con las mariposas.

Ethel Xochitiotzin Pérez

Herman@s Tod@s

Reafirmando. Que el 1º de enero de 2021, miles de rabias, resistencia y rebeldías, desde distintos rincones del Planeta Tierra, junto con nuestr@s herman@s del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, suscribimos “UNA DECLARACIÓN… POR LA VIDA” y, declaramos que “…hacemos nuestros los dolores de la tierra: la violencia contra las mujeres; la persecución y desprecio a los diferentes en su identidad afectiva, emocional, sexual; el aniquilamiento de la niñez; el genocidio contra los originarios; el racismo; el militarismo; la explotación; el despojo; la destrucción de la naturaleza.”; así mismo, asumimos el “… compromiso de luchar, en todas partes y a todas horas –cada quien en su terreno-, contra este sistema hasta destruirlo por completo. La supervivencia de la humanidad depende de la destrucción del capitalismo. …”. Nuestra lucha es por la Vida, es decir, por el Agua.

Recordando. Que el 27 y 28 de agosto de 2022 se llevó a cabo la primer Asamblea Nacional por el Agua y la Vida en Santa María Zacatepec, Juan C. Bonilla, Puebla. Ahí reunidos, pueblos, comunidades, organizaciones y colectivos de distintos estados del país nos dimos cita para visibilizar y enlazar las luchas en defensa del agua a lo ancho y largo del territorio nacional. En estas mismas tierras, un año y medio antes, los pueblos nahuas de la región Cholulteca liberaron el vital líquido con el que la empresa Bonafont-Danone lucraba, ocasionando sequía y daños ambientales irreparables al auspicio de los gobiernos municipales, estatales y federales, quienes operan con toda impunidad. La empresa Bonafont-Danone con sede en San Mateo Cuanalá, Puebla, permanece cerrada y desde el 22 de marzo del 2021 no ha podido robar ni una gota más del vital líquido, generando con ello que los pueblos nahuas de la región cholulteca recuperaran el agua de sus pozos, ríos y ameyales, como resultado de la resistencia, organización y solidaridad de los pueblos.

Recordando. Que en febrero del 2023, en Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro, territorio Hñöhñö, se llevó a cabo la Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. En esta asamblea hicimos eco a la denuncia contra el saqueo del agua, el despojo del territorio, las desapariciones forzadas, la criminalización contra de los pueblos originarios y el asesinato de los defensores de la Madres Tierra. La resistencia y organización del pueblo Otomí contra el despojo del agua, determinó que desde el día 31 de marzo del 2021, se mantenga la toma del pozo de agua en Barrio 4°, con ello, se detuvo completamente el saqueo del agua orquestado por CONAGUA y CEA Querétaro en beneficio de la iniciativa privada y particulares, como resultado de dicha acción, la laguna de Barrio 4° se ha recuperado completamente.

Recordando. Que los días 12 y 13 de agosto del 2023 en el pueblo originario de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, CDMX, se llevó a cabo la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. En esta ocasión, unimos nuestras voces para exigir un alto total a la guerra contra los pueblos y comunidades zapatistas; así mismo, contra la represión y hostigamiento que existe contra todos los pueblos originarios y comunidades indígenas del país. San Gregorio Atlapulco, con la movilización y resistencia, logró cancelar la obra hidráulica con la que pretendían despojar del agua a las comunidades de Xochimilco, y pese a usar la represión, los pueblos organizados lograron parar un proyecto de muerte en su territorio. En el marco de estas acciones, el pasado 27 de octubre de 2023, el pueblo de San Gregorio tomó las instalaciones de la Biblioteca de la Comunidad, para darle un verdadero uso comunitario y la renombró, la “Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco”, en ella se llevan a cabo, diversas actividades para fortalecer la autonomía, la cultura e identidad del Pueblo de San Gregorio Atlapulco.

Recordando. Que después de dos días de trabajo en la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida y, habiendo llegado a distintos acuerdos en defensa del agua, el territorio y la vida, la plenaria acordó la realización de una Cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, los días 23 y 24 de marzo en el digno territorio de La Magdalena, Tlaltelulco, Tlaxcala y…

CONSIDERANDO

Primero. Que el día 22 de marzo, como cada año lo hace, la Organización de la Naciones Unidas, ONU convoca a “celebrar” en todo el mundo, el Día Mundial del Agua, declarando como lema y campaña, “AGUA PARA LA PAZ”, y señala, además, que “El agua puede crear paz o desencadenar conflictos.”. Esta declaración y lema de la ONU, no solamente es propagandística; sino que busca negar, que el despojo del territorio y por ende el saqueo del agua contra los pueblos originarios y comunidades indígenas no solo en México, sino en todo el mundo, prácticamente, es ya, una guerra capitalista por el derecho al agua, es decir por el derecho a la vida.

Segundo. Que el Agua es un elemento esencial para la vida, pero disponible sólo para unos cuantos millonarios. En contraste, la CONAGUA informó hace unos días que la sequía y la falta de agua en todo el territorio nacional se debe a dos factores, la falta de lluvia y el aumento de la temperatura. Incluso adelantó que el “Día Cero” en la Zona Metropolitana del Valle de México llegará el 26 de junio del presente año (que oportuno, justo pasando las elecciones). Por otro lado la iniciativa privada exige, que para garantizar la demanda futura del agua, el Estado mexicano requiere “actualizar” los marcos legales y regulatorios que rigen el manejo del agua, así como modernizar la infraestructura hidráulica del país; el capataz de la Cuarta transformación obediente al capital financiero, el pasado 5 de febrero, en el marco de la Reforma Constitucional, entre otras, envió a la Cámara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Derecho a la Alimentación, Medio Ambiente Sano y Derecho al Agua.

Tercero. En esta guerra por el agua, CONAGUA no solamente opera con impunidad y complicidad en beneficios de la iniciativa privada, las transnacionales y al gran capital financiero; una reciente investigación realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana indica que un reducido grupo de políticos y empresas son responsables del saqueo y despojo del agua entre los que destacan: la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, con un despojo de agua de 143.7 mil millones de litros al año, Mexicana del Cobre, con un despojo de agua de 445 mil millones de litros al año y Compañía Industrial Minera, con un despojo de agua de 8 mil millones de litros al año. También se sabe que las empresas de productos chatarra extraen (roban) 133 mil millones de litros de agua al año, con solamente Coca Cola robando 55 mil millones de litros de agua al año. Según la propia Conagua, Danone extrae 15 mil millones de litros de agua al año y Nestlé 10 mil millones de litros de agua al año. Y así, sigue la lista, con Bimbo, Bachoco – empresa de pollo, Walmart, empresas inmobiliarias, y muchas más recibiendo toda el agua que quieran, mientras muchas personas y familias no tienen.

Cuarto. Que desde el ámbito gubernamental y legislativo, se pretende legitimar e institucionalizar el despojo del agua, por ejemplo, en Querétaro, Tlaxcala y Puebla la privatización del agua pretende hacerse Ley a través iniciativas como: la Ley para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el estado de Tlaxcala y sus municipios; Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla y, Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro. Por otro lado, en todo el país se vive un reordenamiento acelerado que implica la transformación y destrucción total de los territorios, como lo vemos con los megaproyectos emblemáticos de la Cuarta Transformación: El tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Proyecto Integral Morelos. En Querétaro, CDMX, Tlaxcala y Puebla, el reordenamiento se nombra: Tren México-Querétaro, Programa General de Ordenamiento Territorial, Programa Metropolitano de Puebla-Tlaxcala respectivamente. Estos planes y programas son diseñados y orquestados por un puñado de personas que pretenden decidir sobre la vida de pueblos completos, para satisfacer su ambición y atender las demandas de los grandes inversionistas diseñando la muerte y la destrucción de nuestras comunidades.

Quinto. Existe una guerra abierta contra todos los pueblos, como ocurre con nuestras hermanas y hermanos palestinos víctimas de genocidio orquestado por el Estado asesino de Israel, la máxima expresión de la criminalidad del sanguinario sistema capitalista.

En México, la organización y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas son objeto de ataques letales por parte del Narco-Estado capitalistas prueba de ello, son las ejecuciones de nuestro hermano Samir Flores Soberanes en Amilcingo, Morelos en el año 2019; de los compañeros Isaúl Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano Juan Medina, y Lorenzo Froylán de la Cruz, de Santa María Ostula, Michoacán, comunidad que continúa bajo ataque del CJNG con la venia y complicidad del mal gobierno; el asesinato del compañero, integrante del Congreso Nacional Indígena, Carmen López Lugo del Ejido de Tila en Chiapas y la desaparición forzada y sin avances en la investigación de nuestros compañeros Antonio Díaz y Ricardo Lagunes en la comunidad de Aquila, Michoacán.

Por otro lado, la defensa del agua, el territorio y la vida es criminalizada, perseguida y encarcelada, como ocurre con los compañeros Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Francisco Durán, Marcelino Miramón del pueblo de Eloxochitlán de Flores Magón que continúan presos desde hace 9 años aunado a las carpetas de investigación abiertas contra diez pobladores que son acusados de los mismos cargos que los compañeros mencionados, la cárcel y persecución forman parte de los múltiples ataques a la autodeterminación de este pueblo mazateco orquestados por el gobierno de Oaxaca a cargo de Salomón Jara y Eliza Zepeda actual representante del Instituto de la mujer en Oaxaca. En julio del 2022 defensores y líderes comunitarios de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, Saúl Rosales Meléndez, presidente de comunidad y Raymundo Cahuantzi Meléndez, Tiaxca, fueron detenidos arbitrariamente, aduciendo que participaron en un linchamiento, cometiendo varias violaciones a sus derechos humanos desde el momento de la aprehensión, llevan más de un año injustamente presos, reflejando claramente un hecho de criminalización, represión, intimidación y violación a nuestros derechos. En enero del 2023 el compañero David Hernández Salazar fue detenido por oponerse al Polo de Desarrollo industrial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) en su comunidad, Puente Madera, Oaxaca, recientemente recibió una sentencia de 46 años por defender la vida y el territorio.

Sexto. El actual gobierno de Tlaxcala pretende consolidar (ejecutar) proyectos empresariales que se han venido gestando desde años atrás. El discurso ha cambiado en apariencia, con un supuesto interés por proteger los “recursos naturales” mediante el aprovechamiento sustentable, con estrategias elaboradas, el mapeo de nuestros pueblos, la disposición de las dependencias ambientales de trabajar en conjunto con los interesados, las consultas públicas simuladas y las firmas a puerta cerrada de presidentes municipales cediendo derechos de intervención al gobierno según sus intereses, los planes y legislación para el manejo y concesión de los bienes comunes, dicen que están trabajando por el medio ambiente y en favor de la población, pero sabemos de sus intenciones empresariales de lucrar con nuestro territorio, con el agua, la vida y el bienestar de nuestras comunidades. No es casualidad que el mismo gobierno que utiliza conceptos como mercado o inversión al tratar temas ambientales responda a la protesta social y a la organización con represión y criminalización.

En las comunidades de Tlaxcala se vive la sobreexplotación de pozos de agua a través de la instalación de industrias, los ejidos de cultivo son vendidos a bajo costo con empresas inmobiliarias que no tienen ningún tipo de regulación, las empresas transnacionales con sus energías verdes llegan a privar a la población de las lluvias y el agua para las cosechas, estos proyectos de “desarrollo” contaminan el suelo, el aire y las aguas que llegan a ríos y lagos, dañan la salud de las y los pobladores; empresarios y familiares de los gobernantes, invierten en el turismo, en torneos de voleibol, y los mal llamados pueblos mágicos, que lo único que hacen es desplazar a los habitantes originarios, estableciendo hoteles que acaparan el agua, las tradiciones y costumbres de sus pobladores que se convierten en mercancías de turistas.

La modernización, los programas de desarrollo del gobierno y el capital, llevan siglos queriendo romper nuestra organización, pero es la organización y autonomía de nuestras comunidades la que ha cuidado de nuestros bosques, montes, ríos y lagos, nuestra forma no es lenta, ni antigua, es el conocimiento vivo de nuestros antepasados para cuidar nuestro territorio y todas las formas de vida.

Séptimo. En el municipio de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, la población se ha tenido que enfrentar a situaciones de despojo por parte de empresas inmobiliarias, y más peligroso aún, del despojo autoritario y violento de los pozos de agua pertenecientes a la comunidad ejidal, poniendo en riesgo su única fuente de subsistencia que es la agricultura, pero también la vida comunitaria con sus dinámicas y formas de organización propias y autónomas.

La imposición de mega proyectos por parte del gobierno estatal y federal violenta nuestros territorios, generando desmonte, tal como sucede en el monte de “Malpais”, Calpulalpan, donde el bosque de encinos fue destruido para instalar el parque fotovoltaico Nueva Xcala, que entre otras afectaciones está la captación de agua.

En San Francisco Tetlanohcan, el bosque de la Malinche ha sido afectado severamente desde la década de 1990, por la tala clandestina y la extracción de arena y piedra. A partir de la introducción de motosierras, camionetas de carga y sobre todo el respaldo de presidentes municipales a los taladores, ha provocado que se convierta en una situación incontrolable, sobrepasando a la organización de los propietarios legítimos.

El papel del Estado a partir de la declaración del territorio de la Malinche como Área Natural Protegida ha sido el de obstaculizar el cuidado y el manejo del bosque por los propietarios y pobladores; disputándose entre dependencias, taladores y personajes políticos de la comunidad los bienes comunes, lo que afecta al territorio local y su ecosistema, los mantos acuíferos que alimenta esta montaña y a los pozos de agua de las poblaciones cercanas.

En suma, los montes y bosques de Tlaxcala, representan para nosotrxs, sus habitantes, el lugar donde nacen nuestras raíces, que se alimentan de su agua, en el que coexistimos con plantas, animales, hongos, árboles, un complejo enramado de vida, por eso lo defendemos de las motosierras, de los carros que se llevan la piedra y tierra, de los técnicos e ingenieros del gobierno y sus malas prácticas, de los caciques formados por los partidos políticos, de las empresas madereras y constructoras, de las inmobiliarias y gasolineras; de las empresas transnacionales, que ven como mercancías a nuestras ramas y raíces; lagos, manantiales y ríos; a nuestra tierra, y a nuestra vida.

Octavo: Los territorios que habitamos resisten ante las dinámicas de despojo capitalistas desde el cuerpo-territorio, entendiendo que el territorio que habitamos sostiene nuestra vida y encarnamos en nosotras mismas la violencia extractivista del estado y el capital privado. Nos posicionamos como mujeres racializadas frente a las lógicas patriarcales que condicionan nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos y que restringen nuestra participación en la lucha colectiva; contra las lógicas heterosexuales que dicen que la disidencia sexual no existe en las comunidades. Luchamos, defendemos y resistimos desde nuestra misma existencia y nos sostenemos en la construcción de cuidados colectivos en la búsqueda de la autonomía de nuestros cuerpos-territorios tejiendo redes comunitarias por la defensa de la vida.

Noveno. El México actual ya no es el mismo, antes y después de la Pandemia, vivimos una crisis estructural consecuencia del reacomodo del sistema capitalista; las organizaciones y el movimiento social después de la pandemia quedaron desarticuladas; la crisis económica y desempleo siguen sin recuperarse; la inseguridad pública cobró un mayor auge en todos los sectores de abajo; el crecimiento del crimen organizado, así como la proliferación de grupos paramilitares, se incrementaron al amparo de la clase política y el gobierno en turno; el objetivo, contener la resistencia y organización de los pueblos. Así mismo, en medio de esta crisis global, el gobierno de la Cuarta Transformación, decidió militarizar el país para imponer sus megaproyectos como el mal llamado Tren Maya, El Corredor Interoceánico, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y el Proyecto Integral Morelos, entre muchos otros. La militarización, los ataques paramilitares y el papel que juega el crimen organizado para socavar la organización y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas zapatistas, es parte de una guerra contrainsurgente declarada desde la 4ª Transformación en contra del EZLN y las bases de apoyo. Así lo vemos con la reciente inauguración de la fábrica de armas llamada Complejo Industrial Militar en el municipio de Oriental, Puebla. La antesala de la represión para imponer los programas de despojo-reordenamiento territorial.

Décimo. El pasado 31 de diciembre, 1 y 2 de enero, acudimos a territorio zapatista a celebrar con nuestr@s herman@s del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, el 40 Aniversario de la Fundación del EZLN y el 30 Aniversario del Inicio de la Guerra contra el Olvido; ahí fuimos testigos e invitados a conocer la nueva etapa que han decidido las comunidades zapatistas, “El Común y la No Propiedad”, y que para llegar a esa propuesta, “Señalaban al trabajo colectivo como la tierra fértil para ese cambio. Es decir, el trabajo organizado que no tenía como destino el bienestar individual, sino el del grupo. Para “El Común”, dice el Subcomandante Insurgente Moisés, que “Tal vez alguien de ustedes pueda valorar el sentido profundamente rebelde y subversivo de esto en lo que, para no variar, nos jugamos la existencia.” Finalmente nos preguntan, ¿LE ENTRAS O NO LE ENTRAS?

Por todo lo anteriormente expuesto y porque desde su nacimiento la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida se declaró anticapitalista, antipatriarcal y antipartidista, autónoma y autogestiva y, reprobamos cualquier acto de violencia, discriminación, racismo y/o proselitismo; quienes la integramos y participamos en ella, suscribimos estos principios. Por lo tanto y en el marco de la solidaridad entre nuestros pueblos para derrotar al sistema capitalista, hacemos pública la siguiente…

CONVOCATORIA

4ª ASAMBALEA NACIONAL por el AGUA Y LA VIDA

23 y 24 de Marzo de 2024. La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala

¡LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS Y LA DEFENSA DE LA VIDA

NO SON UN CRIMEN!

Que se llevará a cabo bajo el siguiente:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Sábado 23 Marzo 2024

7:00-9:00 Hrs. Registro y desayuno

9:00-10:00 Hrs. Ceremonia ritual

10:00-11:00 Hrs. Plenaria Inaugural y participación de Invitados

– Colectivos por la defensa de la identidad y territorio de Tlaxcala (CODITET)

–Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

–Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de GobiernoConsejo Indígena de Gobierno

11:00-11:15 Hrs. Indicaciones y presentación de dinámica en mesas de Trabajo

11:15-14:00 Hrs. Mesas de trabajo

1. Militarización, crimen organizado y violencia de Estado-empresas contra defensor@s del territorio

2. La participación y resistencia de las Mujeres en la Defensa del Agua y la Vida

3. Autonomía y autodeterminación de los pueblos frente a políticas gubernamentales contra el despojo del agua

4. Los bosques y montes como forma de vida amenazada

5. Ordenamiento territorial, proyectos de urbanización y turismo como mecanismos de despojo

6. Frente a la Guerra Capitalista construyamos “EL COMÚN”

14:00-15:00 Hrs. Comida

15:00-17:30 Hrs. Continuidad de las seis Mesas de Trabajo

17:30-18:30 Hrs. Actividades Culturales

18:45-21:00 Hrs. Cena

21:15 Hrs. Descanso

Domingo 24 de Marzo 2024

07:00-09:00 Hrs. Desayuno

09:00-11:00 Hrs. Redacción de relatoría y conclusiones por mesas.

11:00-13:30 Hrs. Plenaria:

– Presentación de trabajos de las infancias

– Conclusiones y Acuerdos

– Propuestas organizativas para la 5ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

13:30-14:00 Hrs. Clausura de los Trabajos de la 4ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

14:00-15:00 Hrs. Comida

Nota:

Durante toda la asamblea, habrá espacio destinado para tianguis-trueque, así como actividades para las infancias.

Inscríbete en el Formularios de Registro:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel1_HYoyDDQ-CzSCYROJI3a39zWiurGyRIPsKwrXDYe9_Ocw/viewform

Indicaciones generales: llevar plato, vaso, cuchara, bolsa y/o cobija para dormir, casa de campaña, lámpara y se recomienda el uso de cubrebocas.

ATENTAMENTE

Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos

Un Nosotrxs sin Estado

Alto a la Guerra en contra de los Pueblos Zapatistas

Zapata Vive, la Lucha Sigue

Samir Vive la Lucha Sigue

Hasta que la Dignidad y la Justicia se hagan costumbre

Presxs políticxs, Libertad

Porque Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos

No al Tren Maya

No al Proyecto Integral Morelos

No al Corredor Interoceánico

Viva el EZLN

Viva el CNI-CIG

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno/ Comité de Defensores de la Identidad y Territorio de Tlaxcala (CODITET)/ Colectivo 16 de Octubre, Calpulalpan / Yoloaltepetl / Colectivo de saneamiento y restauración de la Malintzi Tlalcuapan (CSRM) / Mujeres Colibrí Colectiva LesBica Indígena / Colectivo 4 de Octubre / Colectivo en defensa del territorio de Tlaltelulco / Comunidades en defensa de la Matlalcueyetl / Ollin Teatro/ Brigada “San Pedrito” por la Matlalcueitl / Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán / Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes / Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre / Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Puebla, Morelos y Tlaxcala / Guardianes del Río Metlapanapa / Radio Comunitaria Santa María Zacatepec / Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco / Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac / Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco / Resistencia Chinampera / Colectivo Chicuarotes Icnohuan / Radio Chikuarote / #YoProtejoElHumedal / OIT-UNITONA de Huehuetla / Consejo Tiyat Tlali / Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG: Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México / Café “Zapata Vive” / UPREZ Benito Juárez / SUTIEMS (Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México) / Laboratorio Popular de Medios Libres / Regeneración Radio / Noticias de Abajo / Brigada de Salud Zapatista Pantitlán / Escuelita Autónoma Otomí / Individu@s: Roxana Bolio, Roberto Rodríguez Contreras “Gato”, John Pablo Almaráz (cantautor), Marcos Ik (Poeta) y 33 / IMDEC / Geo-grafías Comunitarias / Consejo Regional Totonaco / Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo al CNI-CIG Puerto de Veracruz / Red en Defensa del Agua y la Vida-REDAVI/ NODHO de Derechos Humanos / Mazatecas por la Libertad / Un salto de Vida, Jalisco / Taller por la defensa de los territorios / Unificación de pueblos y colonias contra la minería en Morelos / Organización Campesina de la Sierra del Sur Tepetixtla O.C.S.S / Unión Popular Apizaquense Democrática e Independiente/ Consejo Nacional Urbano y Campesino (CNUC) Tlaxcala/ Colectivo de L@s Hij@s del Maíz Tlaxcala/ Tejiendo Voces / Mujeres y la Sexta – Abya Yala / Red Universitaria Anticapitalista (RUA) / Red de Apoyo Iztapalapa Sexta / Red Movimiento y Corazón Zapatista

Avispa Midia

Bacalar, en la defensa de su territorio Maya

Fecha:26 Feb 2024

Fuente: Avispa Midia

^{Por Haizel de la Cruz*}

^{En portada: Jóvenes mayas disfrutan la Laguna de Huay-Pix, que se encuentra en el extremo sur de Quintana Roo, y forma un gran sistema lagunar junto a la Laguna de Bacalar y al río Hondo. Enero, 2021. Foto: Haizel de la Cruz.}

Bacalar es un pueblo maya que nuestras abuelas y abuelos más primeros eligieron porque hay una laguna: la mayoría de los pueblos en la Península de Yucatán se fundaban alrededor de alguna fuente de agua. Su nombre significa “rodeado de carrizo”, de las palabras mayas Bak’, que significa alrededor y jalal que significa caña o carrizo.

Es conocido como La laguna de los siete colores, que en realidad son siete tonalidades de azul; también tiene tres cenotes. En Bacalar, que se ubica en el estado costero de Quintana Roo, la gente vive de la milpa, siembra maíz, calabaza, frijol, papaya, piña, plátano, mango y otros, además de la apicultura y el turismo comunitario.

Antes la gente de Bacalar vivía alrededor de la laguna, pero el panorama ha cambiado: hoy a la orilla vemos grandes hoteles, restaurantes y servicios de turismo.

En la última década la laguna se ha convertido en un parque acuático para los turistas, generando una derrama económica para los empresarios. Hoy, en Bacalar se pretende poner una estación del mal llamado Tren Maya, afectando no solo la salud de la laguna, sino también del pueblo maya. Ya tenemos claro que los impactos de estas megaobras dañan nuestro tejido social, económico, organizativo, político y cultural.

Hace poco más de 15 años, Bacalar fue nombrada “Pueblo Mágico” por la Secretaría de Turismo . El secretario de esta dependencia, Miguel Torruco, dijo al anunciar la designación que venían cosas mejores para Bacalar. Las declaraciones del secretario reflejan su interés únicamente por el turismo de masas. Cuando dice que vienen cosas mejores, la pregunta que tenemos nosotros es: ¿para quiénes?

Como mayas, vimos con mucha preocupación cómo nuestro territorio comenzaba a ser invadido por diversos megaproyectos. De ahí nos hemos organizado a nivel peninsular a través de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal, en la que soy integrante.

Esta asamblea tiene por objetivo la defensa de la vida maya, para esto construimos algunos acuerdos: No vendemos ni rentamos la tierra, No a las religiones, No a los partidos políticos, Sí a la cultura y lengua maya, Sí a la defensa de nuestros derechos como pueblos mayas, Sí a la identidad como pueblos mayas.

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Nuestra vida, como pueblo maya, es una vida familiar que tenemos con los animales, con las aves, con las piedras, con el viento, con el fuego, con el agua, con los Yuum (guardianes).

Nos preocupa que hoy nuestra vida familiar maya toda se ve amenazada por los megaproyectos, entre ellos la soya transgénica, las granjas porcícolas, el turismo de alto impacto, la energía fotovoltaica y eólica y ahora el tren mal llamado Maya. En enero, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal, cuyo nombre significa “caminamos juntos”, cumplió seis años como organización. En el marco de la celebración de los seis años, conversé con una persona integrante de la asamblea en Bacalar.

A lo largo de la entrevista, el entrevistado señaló el crecimiento de la violencia en esa zona con la llegada del megaproyecto Tren Maya. También manifestó su desacuerdo con la postura de Torruco y otros funcionarios del gobierno federal, por asumir que el turismo de alto impacto es algo deseado por los “pobladores mayas” del lugar.

Enfatizó que las comunidades no están de acuerdo con el tren, que más bien la gente está desinformada porque la información no está llegando a las comunidades. La persona que entrevisté ha pedido que su nombre quede en el anonimato por temor a represalias. Nuestra conversación ha sido ligeramente editada por claridad y extensión.

*^{Hoteles, restaurantes, centros turísticos, se establecieron en la orilla de la Laguna de Bacalar, desplazando a sus habitantes. Diciembre 2023. Foto: Haizel de la Cruz.}*

Haizel de la Cruz: Para empezar, cuéntanos un poco de Bacalar.

Compañero de Bacalar: Es un pueblo que tiene una historia bastante larga, más de 1,500 años de historia desde que nace Bacalar como un pueblo maya, antes de la llegada de los españoles. Se ha ido poblando: la población es maya y de estados vecinos. Hasta hace una década, o 15 años, digamos, hace relativamente poco, casi todos se conocían en el pueblo. Yo creo que eso de alguna forma mantuvo segura a la población, orque, pues, conoces a tus vecinos. Todos se llevan, todos tienen algún tipo de amistad o cercanía entre familias; muchas son de la misma familia. Entonces Bacalar era bastante tranquilo, podías transitar por sus casas, por sus calles, ir por sus brechas, ir a tu terrenito, a tu milpa sin ningún problema.

El narcotráfico era algo inexistente, todo bastante tranquilo, como ha sido en las comunidades mayas desde siempre. Hasta la propia población se cuidaba, la propia población aseguraba esa tranquilidad, sin que hubiera ni policías, ni militares en la población. Estaba segura, ella misma estaba segura.

De ahí para acá vemos que la violencia inició y se fue incrementando con este empuje que el gobierno ha estado insistiendo de que Bacalar crezca como un pueblo que recibe al turismo, que este lo convierte en “pueblo mágico”.

HdlC: ¿Tú crees que esta violencia la empiezan a vivir ante el anunció de la llegada del Tren?

CdB: La violencia la viene desencadenado principalmente el megaproyecto del Tren y a los megaproyectos asociados al él, que son los aeropuertos, los hoteles, todo ese tipo de proyectos. El propio Estado los está imponiendo en el territorio y los dueños son principalmente de la [Secretaría de la Defensa].

Nosotros hemos visto que los megaproyectos vinieron también a inaugurar la violencia del crimen organizado. Viene este megaproyecto del tren que no es maya, y ahí ya viene una ola enorme de violencia, una violencia, pues, jamás vista por esta zona, por todo este territorio maya.

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Está relacionada a secuestros, a extorsiones, a desapariciones forzadas, a levantones, a descuartizados. Ese tipo de violencia era impensable. No es propia de acá. No es algo que hayamos visto antes.

HdlC: ¿Cuál es tu interpretación de la violencia en tu comunidad?

CdB: Nosotros vemos [la violencia] como algo integral: donde mete la mano el gobierno imponiendo megaproyectos, llega el crimen organizado.

El gobierno, siendo pues también un narcogobierno, llegan de la mano con el mismo propósito de despojar a los pueblos indígenas de sus tierras, de su agua, de sus montes, por eso también vemos que es absurdo que digan: “Nosotros estamos militarizado la zona por el bien de la población”.

Realmente están militarizando para defender a sus narcos y defender sus megaproyectos que llegan con una demanda del turismo. También las drogas llegan, no tanto para consumo sino para venta y distribución.

Este movimiento de drogas era bastante mínimo, tal vez en las comunidades ni existía este tipo de cosas, pero sí lo veíamos en las zonas más turísticas de la península de Quintana Roo, como Cancún, Playa [del Carmen], Tulum, Mahahual, pues es donde más se mueve este tipo de sustancias.

La forma en la que esto llega le llaman desarrollo: el gobierno ve que Cancún es una ciudad desarrollada para ellos, es un ejemplo, nosotros la vemos con temor.

*^{Flor náab (flor de loto) en la Laguna de Bacalar, abril 2017. Foto: Haizel de la Cruz.}*

HdlC: Tú hablabas de que lo que quiere el estado es generar una división en la comunidad y así es mucho más fácil despojar y controlar el territorio, ¿Cómo percibes esto?

CdB: Ellos [el gobierno] saben cómo meterse en las comunidades y cómo ir rompiendo la propia comunidad.

Con el auge del turismo, toda esta zona la ven como una oportunidad económica. Mucha de la población que está [trabajando] en estos hoteles es explotada. No saben bien cómo se manejan ese tipo de negocios, pues viven un poco engañados, piensan que está bien trabajar tanto y no recibir un sueldo como debería de ser, por eso la mayoría de la población juvenil vive cada vez más en la pobreza.

Se les hace más difícil acceder a la educación, a las universidades. Eso tiene que ver también con el despojo de tierra, con el incremento de las cosas básicas, de la alimentación, de la electricidad, de la luz, porque se encarece realmente Bacalar. No va a la par con los sueldos, ni con la capacidad que tenemos para poder tener ese nivel de adquisición.

[El narco] está captando a la población joven, que es la fuerza que va naciendo de la comunidad, que debería de ser esa fuerza que esté aprendiendo a defender su tierra, que esté aprendiendo a ser más fuerte. Son los herederos de este territorio.

Ahora, en lugar de estar pensando en defender su tierra, pues están pensando en defender a su cártel, están pensando en defender a su jefe y, ¿dónde va a quedar entonces quien defienda la tierra? Si ellos son los jóvenes.

*^{Dibujos realizados por niña maya. Fotos: Haizel de la Cruz.}*

HdlC: Por último, ¿cómo se organizan en tu comunidad a partir de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal?

CdB: Algunas de las cosas que hacemos van enfocados en llevar información a las comunidades, tejer poco a poco ese tejido comunitario, platicar con nuestra comunidad, estar en contacto, expresar esto por medio de textos, de pequeñas asambleas dentro de las comunidades. Nosotros intentamos acercarnos e ir escuchando sus temores, sus dolores, ir buscando cómo apoyarlos, hemos puesto amparos, hemos recurrido a esta parte legal también, porque es parte del caminar.

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También tenemos la No-Radio Múuch’ Xíimbal y usamos este espacio para dar la información de lo que estamos viviendo en nuestras comunidades y para reforzar nuestra identidad y nuestro pensamiento crítico respecto a lo que estamos viviendo.

Cada vez la gente afortunadamente está cuestionándose: ¿qué realmente es la Cuarta Transformación? ¿Es una transformación? ¿Eso da una pauta para hacer algo más? Eso es para pensar qué vamos a hacer como comunidades. Así es un poco lo que andamos haciendo en la Asamblea.

^{*Haizel de la Cruz es fotógrafa maya e integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal}

Avispa Midia

Minera canadiense avanza silenciosamente para explotar oro en Los Chimalapas

Fecha:26 Feb 2024

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

Campesinos en el campo los vieron pasar con sus equipos, era el año 2021. Pusieron atención porque era gente que no es común en esta zona. No le dieron mucha importancia en un primer momento, pero, eran ingenieros y técnicos que estaban haciendo exploración minera en los municipios de San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, una de las mayores zonas selváticas de México. Los mineros confirmaron que, en las entrañas de estas montañas, se encuentra un gran yacimiento de oro y cobre.

Un poco antes de internarse en esta región donde habita el pueblo Zoque, la empresa canadiense Minera Minaurum Gold S.A. de C.V., en el año 2021, había vendido 23 mil acciones en Canadá, de donde pudo recabar 9,2 millones de dólares canadienses para continuar con sus procesos de exploración y lo que consideran fines generales de explotación de sus proyectos mineros en México. Uno de ellos es el proyecto bautizado con el nombre de Santa Marta.

El comisariado de bienes comunales de San Miguel Chimalapas, Vicente Contreras, dijo para Avispa Mídia que los habían visto pasar en 2021. “Decidimos armar unas brigadas para recorrer el territorio y encontramos que en algunos lugares habían removido la tierra. Entonces nos movilizamos porque no queremos minería en nuestro territorio”, señaló.

De acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Plataforma de Transparencia, las solicitudes de los permisos de Santa Marta, habían sido desechados mediante el acuerdo establecido en el oficio UGA-0687-2021, dictamen que fue notificado a la empresa el 25 de junio de 2021, vía correo postal certificado.

Un mes después del supuesto dictamen de Semarnat, en julio del mismo año, Minaurum, para dar certeza a sus accionistas, anunció que veía “más oportunidades desbloqueadas en algunos de los proyectos de exploración menos avanzados de la empresa, en particular Santa Marta, un proyecto de sulfuro masivo volcanogénico (de cobre y oro) potencialmente muy grande”.

Incluso, el anuncio de la empresa se daba con bombo y platillo argumentando que uno de sus inversionistas más importantes, la empresa de activos Crescat Capital, equiparó Santa Marta con el yacimiento de oro y cobre de categoría mundial Hod Maden en Turquía, un proyecto que concentra reservas minerales de 8 mil 696 toneladas de oro y cobre.

Aunque Semarnat sostiene en respuesta a las peticiones de información que los permisos de Santa Marta habían sido desechados en junio de 2021, oficialmente en su plataforma el proceso continuó hasta el 17 de agosto del 2021 sin haber hecho público los resolutivos. Por el contrario, en las peticiones de información sostiene que es información “reservada o confidencial”.

Minaurum solicitaba un permiso de exploración por un periodo de 12 meses. Si esto hubiera surtido efecto, entraría en vigor en agosto del 2021 hasta agosto del 2022, justo en las fechas cuando vieron pasar a los mineros por la región.

En el portal de la empresa hay fotos de sus recorridos por este lugar, aunque no mencionan las fechas.

^{Geólogos de Minaurum en la mina Santa Marta}

La novedad es que la empresa sostiene en un informe de este año 2024, que el muestreo de roca histórico realizado “ha arrojado valores de cobre que oscilan entre 1% y 3,7% de cobre y valores de oro que alcanzan los 3 g/t (gramos por tonelada en bruto de roca)”, según su informe llamado “Perspectivas de Exploración 2024”.

Es así que la empresa Minaurum ha avanzado con el proyecto Santa Marta y anuncia que ha actualizado sus actividades de exploración para 2024, incluyendo un nuevo trámite presentado para una solicitud de permiso de 3 mil metros de perforación, lo que implica una nueva MIA y un nuevo proceso que tiene que aprobar Semarnat. Mientras tanto, Minaurum está obligada a dar avances a sus inversionistas que han invertido los 9,2 millones dólares canadienses.

^{Brigadas que recorren el territorio de San Miguel Chimalapa}

La estrategia

El proyecto Santa Marta abarca dos concesiones que se ubican entre los municipios de San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec, los mismos que tienen conflictos legales en cuanto a sus limítrofes de las tierras. “El problema de límites comprenden más de 13 mil hectáreas y es ahí donde está este proyecto”, dijo el comisariado de San Miguel Chimalpa.

Lo interesante es que a Minaurun, a la hora de solicitar sus permisos de exploración en 2021, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) realizada por Asesores en Impacto Ambiental y Seguridad, S.C., presentó una copia de resolución del conflicto legal de linderos entre San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec. Pero el comisariado sostiene que “el problema agrario aún no se ha resuelto. Porque hemos metido un recurso de revisión que aun está en los tribunales, entonces el conflicto no está resuelto”.

En el año 2019 Semarnat ya le había negado una autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la empresa según el oficio SEMARNAT-SGPA-UGA-0021-2019, con la cual solicitaba autorización para la realización de obras y actividades en los dos lotes del proyecto.

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Pero cuando Minaurum volvió a solicitar la aprobación de una nueva MIA y los permisos de exploración, en 2021, el apoderado legal de la empresa, el Maestro Daniel Jesús Ventura Uribe, presentó más documentos, pero ahora solo para hacer exploración en el lote Jackita. Complementando con una copia certificada de notario público con el permiso de la comunidad La Cristalina, perteneciente a San Miguel Chimalapa.

Es ya sabido que las empresas mineras en México recurren a diversas estrategias para poder proceder con la exploración y explotación de los minerales, una de ellas es dividir a las comunidades y recargarse en un grupo. “Es lo que pasó con la comunidad de La Cristalina, quien supuestamente les dio el permiso para ingresar a nuestro territorio para hacer exploración”, lamenta el comisariado Contreras, quien lleva dos años con el cargo.

Para el Comisariado esto es totalmente ilegal, ya que pasaron por alto a la máxima autoridad. “Aquí ninguna comunidad está facultada para dar este permiso, ni si quiera yo como comisariado. Porque el propio estatuto comunal establece que la última palabra la tiene que dar la asamblea general, donde participan todos y todas las comuneras. Por ello, La Cristalina no está facultada para dar este permiso. Esto es una ilegalidad”, puntualiza el representante agrario de la comunidad.

Los dos lotes mineros Reducción Mar de Cobre y Jackita, con número actualizado de títulos correspondientemente 246936 y 225472, suman la exorbitante dimensión de más de 6 mil 400 hectáreas, casi el equivalente a nueve veces lo que comprende a Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente esta empresa, a través de su filial Minera Zalamera, S.A. de C.V., cuenta con 9 concesiones vigentes en el estado de Oaxaca en fase de exploración que suman más de 27 mil hectáreas. También tiene una concesión en Puebla, una en Morelos, dos en Guerrero y tres proyectos en Sonora.

Dependencia del agua

El resguardo de región de Los Chimapalas es de ámbito internacional, ya que es esta región, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), hay zonas consideradas de “extrema prioridad para su conservación”, porque se trata de un gran corredor que, sumado a otros ecosistemas, hacen del Estado de Oaxaca el más rico en diversidad biológica del país.

Por la región cruza la Sierra Atravesada, la Sierra de Tres Picos y la Sierra Espinazo del Diablo y las cuencas de los ríos Corte y el Alto Uxpanapa. Comprende la totalidad de los Municipios de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapas, así como parte de los Municipios de Matías Romero y San Pedro Tapanatepec colindando al este con el estado de Chiapas.

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El comisariado de San Miguel Chimalapas destaca que la mayoría de las personas en estas comunidades se dedica al campo y dependen del agua. “Que vamos hacer si se contaminan los mantos acuíferos. Chimalapas alimenta a una gran cantidad de comunidades, por eso nos preocupa, porque no vamos a comer oro, vivimos del campo. Dependemos del agua”, alerta.

Ni la empresa ni el Estado les ha dado información hasta el momento de lo que implica la exploración y posible explotación de estos lotes mineros. “La única información que hemos obtenido es a través de foros que han organizado los propios jóvenes de la comunidad”, dice Contreras, representante agrario de esta comunidad.El comisariado sostiene que las comunidades son tajantes en no permitir el extractivismo. “En distintas asambleas hemos acordado no permitir la explotación minera en nuestro territorio. Vamos a defender nuestras tierras”, remarca el indígena Zoque.

^{Foros informativos realizados por jóvenes de san Miguel Chimalapa}

Avispa Midia

Quinto aniversario de un Amilcingo sin Samir Flores

Fecha:23 Feb 2024

Fuente: Avispa Midia

^{Texto: Camila Plá

Fotografías: Esthel Vogrig}

Durante la mañana del 20 de febrero en Amilcingo, estado de Morelos, México, muchas mujeres y hombres fueron llegando poco a poco a la casa de la familia Flores Velazquez, la mayoría iba con un ramo de nube blanca bajo el brazo y, como es costumbre en la región, un jarro de barro para colocarlas. Con rostro solemne se sentaron a escuchar a los padres y la seminarista que comenzaron la misa en honor a Samir Flores.

Mientras tanto, Liliana Velázquez, quien fue su esposa, corría de un lado a otro sin que los pendientes le dieran tregua, sus hijas se encontraron con sus amigas y entraron a su casa a jugar, los vecinos se saludaron con un rápido apretón de manos y un colibrí picotea las flores que adornaban la mesa donde se encontraban los retratos del difunto.

Este martes 20 se cumplieron 5 años del asesinato a Samir, es aniversario de cuando un grupo armado tocó su puerta y le dio dos balazos, cambiando su historia, la de su familia y de toda la comunidad. Hace ya 5 años que no hay justicia.

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Ha pasado tanto tiempo, pero a la vez, parece que fuera ayer que él estaba caminando por el pueblo, saludando a todos sus vecinos y compartiendo las noticias en la radio. En Amilcingo se siente cerca su presencia, su nombre sigue vivo. Y es que su vida y muerte marcaron la historia de la comunidad porque Samir fue asesinado por defender el territorio en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM), un megaproyecto de muerte que surca tres estados de la República: Morelos, Puebla y Tlaxcala y que cruza el territorio de la comunidad de Amilcingo.

El megaproyecto implicó la construcción de un acueducto, una termoeléctrica de ciclo combinado y un gasoducto, este último es el que cruza el pueblo natal de Samir. Fueron tres los gobiernos implicados en su construcción e imposición; muchos de los primeros impulsores del megaproyecto siguen formando parte del actual gobierno, aunque el color que gobierna cambie con las elecciones. Las formas en que han operado y los usos discursivos han cambiado al mismo tiempo que los sexenios, pero en los tres casos los pueblos han resistido y han demostrado su inconformidad con el PIM.

Los padres que llevan la misa recuerdan que la historia de Samir es de lucha por la defensa del territorio, la tierra, el campesinado y el agua. Y es que el PIM es un riesgo en la crisis hídrica que actualmente se vive en gran parte del país y sobre todo en la zona central donde se encuentra Amilcingo.

Los habitantes de la comunidad tienen muy claras las implicaciones de los megaproyectos, y es que el PIM no es la primera lucha que ha llevado a cabo el pueblo, sino la última de una larga historia de organización popular. Se remonta hasta la Revolución cuando sus habitantes se unieron al Ejército Zapatista, la División del Sur, para luchar por tierra y libertad, los mayores en la comunidad todavía cuentan las hazañas de sus padres y madres, manteniendo viva la memoria del zapatismo.

Posteriormente muchos de sus habitantes se volvieron jaramillistas y en la década de los setenta se llevó a cabo una organización popular por la autonomía de los pueblos frente a los terratenientes del municipio. Dicha lucha resultó en la conformación del municipio de Temoac- actual municipio de la comunidad- y desembocó en la defensa de las normales rurales, la cual fue liderada por el normalista y luchador social Vinh Flores Laureano.

Vinh fue asesinado junto a dos de sus compañeros antes de que se fundara la Normal Rural Emiliano Zapata de Amilcingo, pero el pueblo lo sigue recordando con cariño y dolor, tanto que la calle donde vivió Samir lleva su nombre. Curiosamente, Vinh fue tío de Samir.

Al terminar la misa, las personas asistentes comenzaron una caminata hacia el panteón del pueblo. En procesión, la familia y los amigos cercanos encabezaron a les caminantes, les niñes de la Escuela Primaria se unieron con carteles y pancartas con el nombre de quien años atrás fue su maestro de agricultura orgánica.

La primera parada fue frente a la radio comunitaria donde Samir era locutor en dos programas, además de que fue quien la fundó. En la radio esperaba La comparsa, grupo con máscaras, que con música guapachosa y de protesta recibió a la procesión. La radio es la vivienda de una familia que hace ya diez años prestó su casa como sede. El muro que da a la calle está pintado con un mural con diversos rostros, referentes de la lucha popular, se encuentra Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, el Sub, una Adelita y desde hace menos de cinco años también está el rostro de Samir.

La segunda parada fue en la Escuela Primaria que actualmente lleva su nombre. Que exista la escuela se debe a que la comunidad impidió que, tras el sismo del 19 de septiembre del 2017, el Estado demoliera la primaria que históricamente había sido la única del pueblo. La intención estatal era tirarla para dividir a la comunidad y obligar a reubicarlos en una escuela construída con fondos del gasoducto a las afueras de la comunidad.

Durante casi dos años, la escuela no tuvo reconocimiento oficial, sin embargo la comunidad se organizó para continuar impartiendo clases de forma autónoma. Fue entonces que Samir entró como maestro de agricultura orgánica. En marzo del 2019, el pueblo consiguió el reconocimiento oficial de la escuela y cambió su nombre a Escuela Primaria Samir Flores Soberanes. La directora habló sobre la vida de Samir y los responsables de su asesinato y tras las presentaciones de les niñes, se continuó con la caminata hacia el panteón, donde actualmente descansa Samir junto a los antepasados del pueblo.

Desde que fue asesinado, el nombre de Samir ha resonado en varias geografías, surcando territorios que en vida no llegó a conocer, siendo nombrado y respetado por personas que quizá nunca conoció ni le conocieron. Pero su nombre, vida y lucha es ahora un referente al hablar de la defensa del territorio y del agua. Recordar su nombre y seguir exigiendo justicia es también un acto de resistencia frente a la guerra contra los pueblos originarios.

Durante estos cinco años, la memoria ha resultado indispensable para los habitantes de Amilcingo. Recordar no es únicamente un acto de resistencia, sino que es una herramienta para la construcción de alternativas. Es desde la remembranza de lo que fue que se puede vislumbrar y construir una alternativa al despojo. Como explica Jorge Velázquez del Frente de Pueblos: “nosotros seguiremos resistiendo, continuaremos con lo que nos enseñaron nuestros abuelos”.

A tu memoria, compañero.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Hoy, de nuevo los sobrevivientes de la Masacre de Acteal y demás miembros de nuestra organización, amanecimos ayer con la zozobra de escuchar numerosos disparos de armas de uso exclusivo del ejército en las inmediaciones de esta Tierra Sagrada

Fecha:22 Feb 2024

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

22 de febrero del 2024

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Hoy nos encontramos conmemorando, una vez más, los terribles acontecimientos que sucedieron en esta tierra hace 26 años y dos meses, donde les fuera arrancada la vida, del modo más cruel, a nuestras 45 hermanas y hermanos mártires, y a los 4 bebés a quienes violentaron aún dentro del vientre de sus madres, en un operativo ejecutado por paramilitares priístas y cardenistas de Chenalhó; planeado, financiado, protegido y encubierto con la coordinación contrainsurgente de los tres niveles del gobierno criminal y cuyos responsables siguen en la total impunidad.

Hoy, de nuevo los sobrevivientes de la Masacre de Acteal y demás miembros de nuestra organización, amanecimos ayer con la zozobra de escuchar numerosos disparos de armas de uso exclusivo del ejército en las inmediaciones de esta Tierra Sagrada. Hoy, de nuevo vimos los patrullajes por tierra y aire de los militares que no resuelven ni intervienen para parar la violencia.

Sólo que esta vez no se trata del Plan de contrainsurgencia Chiapas 1994. Esta vez, se debe a los enfrentamientos entre grupos rivales del crimen organizado que se disputan el control de nuestra región, así como desde 2021 grupos parecidos imponen su ley en la zona fronteriza con Guatemala, como documentan nuestras compañeras y compañeros de la Red TDT (Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes”) en un valioso informe que presentaron este mes, cuyo nombre describe también perfectamente lo que estamos viviendo hoy en Chenalhó y Pantelhó: el “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”.

Como si no valiera el sufrimiento de los ya 10,000 desplazados que han tenido que huir de la violencia en Chiapas desde que iniciaran las peleas por la plaza entre distintos grupos del crimen organizado en 2021, el gobierno no hace justicia sino que se alegra cuando los pueblos nos enfrentamos entre nosotros mismos, garantizando que se haga mayor la violencia y sigan impunes todas las ejecuciones, masacres, feminicidios, desplazamientos forzados, torturas, cobros de derechos de piso, amenazas, violaciones, desapariciones, persecución a los periodistas que dicen la verdad y a las organizaciones de derechos humanos. Y con su remilitarización de Chiapas, sólo ha aumentado la violencia, la violación a los derechos humanos de los hermanos migrantes centroamericanos, la prostitución y el consumo de droga y alcohol alrededor de los puestos militares.

En nuestros municipios de Chenalhó, Pantelhó y Simojovel hay muchísimas armas. Están las armas de los paramilitares de fines de los años noventa, que hoy se encuentran libres y nunca fueron desarmados, sino al contrario, fueron premiados y siguieron siendo pagados por el gobierno. Además, se han formado en muchos casos, nuevos grupos de apoyo armado con el dinero de candidatos y funcionarios de los partidos políticos activos en nuestras comunidades. Y también hay nuevas armas que han entrado a las comunidades, financiadas por distintos cárteles de narcotraficantes. Y es con la ayuda de todas estas armas que hoy seguimos acumulando el número de personas ejecutadas, asesinadas por balas perdidas, y resguardando desplazados, en un despliegue diario de terror y miedo, que las autoridades encargadas de velar por la seguridad de los mexicanos están aprovechando en Chiapas y el resto del país, para imponer sus megaproyectos y hacer sus negocios, muchas veces aliados a los narcos y sicarios, deshaciéndose así de las defensoras y defensores de la tierra, el territorio y la Vida.

Es así que hoy, más que nunca, entendemos y nos hacemos eco de las exigencias de nuestras compañeras y compañeros de la Comunidad Indígena Nahua de Santa María Ostula (fundadores del CNI) que siguen repeliendo ataques de comandos armados como el que sufrieron el pasado primero de febrero, mientras que la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía del estado de Michoacán solapan y protegen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pero criminalizan a la Guardia Comunal de Ostula.

Es por eso que todas Las Abejas hoy le mandamos nuestro aliento a todas y todos los que están sufriendo por estas tremendas injusticias, como los hermanos y hermanas zapatistas de la región autónoma de Moisés y Gandhi (del Caracol Patria Nueva, ubicado en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas) que el pasado 11 de febrero resistieron más de cien disparos de integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), provenientes de las comunidades 7 de febrero y San Antonio Las Flores, a una distancia de 150 metros del poblado, donde de por sí se encuentran desplazadas, desde el pasado 19 de enero, 28 personas Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuyas casas y pertenencias fueron destruidas y forzadas a huir de su comunidad La Resistencia, atacadas por un grupo de más de 40 integrantes de la ORCAO, quienes portaban armas de fuego, machetes y palos y permanecen protegidos por el gobierno, impunes por causar este despojo y desplazamiento forzado. Exigimos el cese de estos ataques armados a nuestros hermanas y hermanos zapatistas y justicia para las familias desplazadas.

También queremos seguir enviando ánimo y apoyo a nuestras hermanas y hermanos desplazados de Frontera Comalapa y Chicomuselo, así como a todos los familiares de las personas ejecutadas y desaparecidas en esta guerra cruel.

Y también recordamos especialmente a los familiares y compañeros de nuestro maestro, hermano defensor y comunicador comunitario Samir Flores, en el Quinto Aniversario de su asesinato que también sigue impune. Nosotros sabemos que la única línea de investigación que no ha querido seguir el gobierno, la que involucra su papel de defensor de la tierra y el agua de los pueblos contra la imposición del Proyecto Integral Morelos, es la verdadera causa de que lo hayan eliminado, precisamente en vísperas de la amañada consulta que organizó López Obrador para aprobar la construcción del gasoducto en su tierra.

Y es la misma razón por la que el derecho a la tierra y el territorio de los pueblos originarios de México, de nueva cuenta es mutilado de la propuesta de ley indígena que acaba de enviar el Presidente al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero, con la que Andrés Manuel López Obrador quiere aparentar que hace justicia a los pueblos indígenas y afro-mexicanos reconociéndonos como sujetos de derecho, después de la traición que nos hicieron los tres poderes de gobierno, que en el año 2001 garantizaron que no se llevara a la Constitución lo que se había pactado en la Mesa de Diálogo sobre Derechos y Cultura Indígena con el EZLN y los Pueblos Indígenas de toda la república mexicana. La nueva iniciativa de ley es engañosa y mañosa porque está llena de mentiras y falsedades. Por un lado nos quieren dar y reconocer el derecho a ser sujetos, titulares de los derechos, pero por otro lado, el gobierno federal nos quiere seguir quitando legalmente nuestras tierras, que nos pertenecen, incluso antes de que la corona española otorgara a nuestros pueblos la cedula real de posesión y devolución de las tierras que les quitaron a nuestras abuelas y abuelas. Así mismo, en la iniciativa de la nueva ley, el Presidente de la República quiere lavarse las manos como Herodes, diciendo que las empresas o particulares son las responsables de hacer las consultas a nuestros pueblos. El señor Presidente está siendo incongruente con sus discursos. No está a favor de nuestros pueblos, nada de que primero los pobres, “devolverle al pueblo lo robado” encubre el verdadero interés que es entregar al gran capital lo poco que nos queda de nuestras tierras y territorios. Le recordamos al gobierno que con ley o sin ella, reconocidos o no en la Constitución como sujetos de derecho, seguiremos siendo sujetos de nuestras historias, haciendo ejercicio de nuestra ley interna comunitaria mal llamada por el poderoso como “Usos y costumbres”. Nuestra autonomía y libre determinación la seguiremos ejerciendo como lo hemos hecho antes y después que llegaron los españoles.

En días pasados se cumplieron exactamente 28 años de que se firmaron los acuerdos de San Andrés, de donde salió la propuesta de la entonces Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación), que contenía las reformas mínimas a la Constitución Mexicana con las que estuvieron de acuerdo el EZLN y numerosas organizaciones indígenas independientes del gobierno, que luego nos conformamos como Congreso Nacional Indígena (CNI), para reglamentar el acceso de los Pueblos Indígenas a los derechos que ya se nos reconocían internacionalmente en el Convenio 169 de la OIT, que aunque México ha firmado, han sido violados sistemáticamente en nuestro país con todas las reformas estructurales neoliberales y aún peor en el sexenio de López Obrador. Pues como sabemos, AMLO ha sacado adelante, cueste lo que cueste, los Megaproyectos del Tren Maya, Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y Proyecto Integral Morelos, destruyendo irreversiblemente reservas de la biósfera, despojando bienes comunales y ejidos a su paso, reordenando los territorios de nuestros pueblos a la lógica de los grandes capitales, criminalizando o eliminando a todos los que se oponen a estos planes.

Prueba de ello es que sólo en este mes de febrero, se sostuvieran las órdenes de aprensión contra 17 habitantes de la localidad de Puerto Madera, Oaxaca y se condenó a 46 años de prisión, una multa y pago millonarios al defensor oaxaqueño David Hernández Salazar por la defensa de las Tierras de Uso Común del Pitayal. Exigimos que se revoque esta absurda sentencia y que se desistan de la causa penal 446/2022 para devolver la tranquilidad a los compañeros que tienen órdenes de aprensión, cuyo único delito ha sido defender sus tierras para que no sean despojados por el Parque Industrial y el Megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que en total lleva ya 52 hermanos indígenas ayuuk y binniza imputados penalmente.

Es el colmo que, además de rasurar la Ley Cocopa, el gobierno de López Obrador, quitando toda mención al derecho de los pueblos indígenas a propiedad, la gestión y cuidado de sus tierras colectivas y territorios, además quiere que le agradezcamos que le entregue en charola de plata a las empresas que quieren despojar y contaminar nuestro territorio, el financiamiento y la organización de las consultas necesarias para obtener el consentimiento de los pueblos en la entrega de sus recursos. De la misma manera como hace años organizó un “ritual para pedirle permiso a la Madre Tierra” para ultrajarla adecuadamente en la construcción del Tren Maya. Exigimos que, si se aprueban estas reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, por lo menos se garantice el derecho a una verdadera consulta a los pueblos, de acuerdo a lo que estipula la Declaración Internacional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y no de la forma mañosa como se han organizado este tipo de consultas para el consentimiento del despojo a los indígenas y campesinos que hemos visto en este sexenio.

Pedimos especialmente por las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que han sido víctimas nuevamente del hostigamiento y el desprecio del gobierno federal, que, como hizo con nosotros, intenta dividirlos, teniendo ahora como interlocutores a un pequeño grupo de cuatro familiares, que fueron convencidos para favorecer los intereses de la familia Abarca y la banda delictiva Guerreros Unidos, si quieren dar con el paradero de sus hijos. Le pedimos al Dios de la vida que siga sosteniendo su digna lucha por encontrar a sus hijos y encontrar y castigar a los verdaderos responsables de su desaparición, caiga quien caiga.

Y con las fuerzas que nos quedan, nutridas de la gracia que nos regalan nuestros Mártires, para resistir en estos tiempos de tribulación, seguiremos denunciando todos los esfuerzos que sigue haciendo el mal gobierno para dividir a las organizaciones en resistencia contra la injusticia, la mentira y la impunidad y pidiendo a nuestro Dios Creador, Formador, Padre-Madre que nos fortalezca en nuestra lucha por la verdadera justicia y la construcción de nuestra autonomía y el ejercicio de nuestra libre determinación como pueblo tsotsil, desde nuestra forma de vida y de lucha que es la No-violencia.

Por eso les pedimos a quienes nos han apoyado y acompañado de distintas maneras durante todos estos años a seguir exigiendo con nosotras Las Abejas de Acteal que se publique ya el Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como vía para iniciar la rectificación del río de impunidad en el que tenemos tantos años teniendo que navegar. Que la CIDH se desista ya de las posibles dudas que tiene o que el Estado mexicano le ha sembrado por sus falsos argumentos y acciones falsas y engañosas.

¡Alto a la violencia! ¡Cese al fuego entre grupos criminales rivales en nuestros pueblos!

¡Justicia para nuestro hermano Samir Flores Soberanes de Amilcingo, Morelos y todos los ejecutados y desaparecidos por defender la tierra y la paz!

¡Alto a los ataques armados contra el pueblo organizado y la sociedad civil!

¡No más desplazamientos forzados, justicia para todas las familias desplazadas de Chiapas!

¡Alto a la criminalización de los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y la Vida!

¡Garantía constitucional a una verdadera consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a los pueblos en cualquier asunto que los afecte!

¡Alto a la guerra contra el pueblo Palestino!

¡Castigo a los responsables materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal, que evite futuras masacres en Chiapas, México y el mundo!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Por la Mesa Directiva:

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Avispa Midia

En cuatro décadas se ha acelerado la extracción de aguas subterráneas

Fecha:22 Feb 2024

Fuente: Avispa Midia

^{Por Rafael Paz*}

Un equipo de investigadores de la Universidad de California, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, la Universidad de Rutgers, el Colegio Universitario de Londres y la Universidad Rey Abdulaziz analizó 1,693 sistemas acuíferos y los datos arrojados por 170 mil pozos de seguimiento ubicados en 40 países alrededor del mundo, encontrando que el 30 % de los sistemas sufre sobreexplotación y está en niveles críticos.

El estudio, titulado “Rapid groundwater decline and some cases of recovery in aquifers globally”, fue difundido por la revista Nature y subraya que la información muestra que “las rápidas disminuciones del nivel de las aguas subterráneas (>0.5 m al año) se han generalizado en el siglo XXI, especialmente en regiones secas con extensas tierras de cultivo. Fundamentalmente, también se observa que la disminución del nivel de las aguas subterráneas se ha acelerado en las últimas cuatro décadas en el 30 % de los acuíferos regionales del mundo”.

Asimismo se añade: “En el 30 % de estos sistemas acuíferos, el decremento del nivel de las aguas subterráneas se aceleró, y las disminuciones del nivel de las aguas subterráneas de principios del siglo XXI superaron a las de finales del XX. Estos casos de descenso acelerado del nivel de las aguas subterráneas son más del doble de frecuentes de lo que uno esperaría de fluctuaciones aleatorias en ausencia de tendencias sistemáticas en cualquiera de los periodos”.

Los especialistas consideraron que “la mayoría (>80%) de los sistemas acuíferos que exhiben descensos acelerados del nivel de las aguas subterráneas también experimentaron una disminución en las precipitaciones a lo largo del tiempo (es decir, una precipitación anual promedio más baja a principios del siglo XXI que a finales del XX). El descenso de las precipitaciones puede causar que los niveles de agua subterránea caigan, como resultado tanto de impactos indirectos (por ejemplo, aumento de las extracciones de agua subterránea durante las sequías) como de impactos directos (es decir, tasas de recarga reducidas durante las sequías)”, sostienen.

También apuntan que los resultados muestran un vínculo potencial entre la variabilidad climática a escala decenal y la aceleración de los descensos del nivel de las aguas subterráneas. Y que “es probable que la aceleración de la disminución del nivel de las aguas subterráneas, independientemente de sus posibles causas, igualmente acelere las consecuencias de esos decrementos, incluidos los hundimientos de la tierra y los pozos que se secan”, advierten.

Falta de lluvias

Uno de los puntos en que hace énfasis el estudio está relacionado con el clima. Al analizar las tasas de precipitación durante las últimas cuatro décadas en los sistemas hídricos subterráneos seleccionados, se encontró que “la mayoría (>80%) de los sistemas acuíferos que exhiben descensos acelerados del nivel de las aguas subterráneas también experimentaron una disminución en las precipitaciones a lo largo del tiempo (es decir, una precipitación anual promedio más baja a principios del siglo XXI que a finales del XX)”.

La disminución de precipitaciones, comentan, es la posible causa de que los niveles de agua subterránea caigan como resultado tanto de impactos indirectos (uno de ellos sería el “aumento de las extracciones de agua subterránea durante las sequías”) como de impactos directos (por ejemplo, “tasas de recarga reducidas durante las sequías”).

“Nuestro hallazgo [que las tasas de precipitación de principios del siglo XXI fueron más bajas que a finales del XX en la mayoría de los sistemas acuíferos que exhiben descensos acelerados del nivel de las aguas subterráneas] destaca un vínculo potencial entre la variabilidad climática a escala decenal y la aceleración de los descensos del nivel de las aguas subterráneas. Es probable que la aceleración de la disminución del nivel de las aguas subterráneas, independientemente de sus posibles causas, también acelere las consecuencias de esas disminuciones, incluidos los hundimientos de la tierra y los pozos que se secan”, alertan.

Casos de éxito

Sin embargo, asegura el estudio, no todo son malas noticias. De los sistemas acuíferos subterráneos que se analizaron, el 16 % mostró que “el descenso del nivel de las aguas subterráneas se invirtió, definiéndose como los casos en los que el nivel de las aguas subterráneas disminuyó a finales del siglo XX, pero aumentó a principios del XXI”; mientras que en el 13 %, “el nivel de las aguas subterráneas se incrementó tanto a finales del siglo XX como a principios del XXI”.

Para los investigadores, si se toman medidas oportunas respecto a “la gestión de la recarga de acuíferos y los desvíos de aguas superficiales”, existe el “potencial de recuperación de los sistemas acuíferos agotados”.

Es un punto en el que coincide Alejandro Jaramillo Moreno, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), quien insiste en la importancia de sistemas de aguas subterráneas para los ecosistemas e, históricamente, para nuestra vida diaria.

“Es el agua fresca que tenemos más disponible como sociedad, porque ésta en el planeta es alrededor de un dos y medio por ciento del agua total. Es muy poca y la gran mayoría se encuentra en glaciares y casquetes polares, es difícil acceder a ella. Como los recursos de agua superficial de ríos y lagos no son tantos como quisiéramos, el agua subterránea se vuelve nuestra principal fuente”, recalca Jaramillo Moreno y pone como ejemplo a Ciudad de México, donde el 70 % del agua que se consume proviene del subsuelo.

El universitario hizo un llamado para tomar medidas ante la explotación que experimentan estos sistemas, ya que de no hacerlo, además de perder la fuente de agua dulce más importante, se presentan otros problemas, como la compactación del suelo que provoca hundimiento en ciudades como la capital del país y la contaminación del recurso hídrico después de su utilización.

Sobre la posible recuperación de estos sistemas subterráneos, señala que “el problema es que los tiempos en los que se recuperan los acuíferos pueden ser desde periodos enormes de tiempo en escalas geológicas, hasta cortos, como sucede en los más superficiales. En otros, el agua no se va a volver a recuperar. Cada acuífero tiene una dinámica diferente”.

Hay estrategias para recuperarlos, como regresar o entregarle nuevamente al acuífero agua a una tasa más o menos parecida a la que se extrae. “Pero ésta se tiene que tratar adecuadamente, porque si se entrega con mala calidad va a contaminar, se daña al acuífero en términos de calidad, entonces ya no se puede seguir usando para consumir”, considera.

Y concluye: “También estamos contaminando el agua todos los días y cuando ésta va a regresar al suelo, contaminamos ese recurso subterráneo. Ése es un problema muy grande, porque si el acuífero se contamina, es muy difícil descontaminarlo, ya que está justamente en el suelo. No es tan fácil como decir: ‘vamos a sacar el agua y la limpiamos’”.

El 76.21 % del territorio nacional sufre algún tipo de sequía, es decir que sólo el 23.79 % se encuentra libre de sequía. Esto de acuerdo con el informe semanal más reciente –difundido el 13 de febrero– del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). “La sequía extrema y excepcional persiste en el noroeste, noreste y centro de México, ocupando 28.98 % del país. En tanto, 31.47 % del territorio nacional tiene sequía moderada y severa, y 15.76 % está en condiciones anormalmente secas”.

En su reporte del 5 de febrero, la Conagua había apuntado que “específicamente en el centro del país, la sequía moderada y severa se incrementó en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Puebla, mientras que la excepcional aumentó en Querétaro e Hidalgo. En contraste, la sequía moderada y severa disminuyó en Tlaxcala y el oriente de Puebla”, y apuntó que del 1 de enero al 4 de febrero de 2024 se presentó 41.4 % menos lluvia que lo registrado habitualmente en ese lapso.

En cuanto al nivel de llenado de las 210 principales presas del país, que en conjunto tienen la capacidad de almacenar 92 % del agua de los embalses del país, la Subdirección General Técnica de Conagua resaltó que, al 12 de febrero de 2024, se ubica en 50 %, lo que representa un punto porcentual menos que lo informado el día 5.

Conagua resaltó que hay una diferencia respecto al promedio histórico –87,296 Mm³– de la capacidad almacenamiento de agua en el país de 22,766 Mm³, ya que actualmente ubica en 63,759 Mm³, lo que equivale a un un déficit de 26 %.

La situación del nivel de llenado conjunto de las tres presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala (El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria),encargadas de suministrar el 25 % del abasto de la Zona Metropolitana del Valle de México, no ha modificado su tendencia desde el informe del 31 de enero.

Hasta el 12 de febrero, la presa de El Bosque se encontraba al 58.7 % de su capacidad; Villa Victoria, 30.2 %; y Valle de Bravo, 32.5 %.

^{*Una versión de este texto se publicó en Gaceta UNAM}

Avispa Midia

México: Justicia de Oaxaca, instrumento de tortura contra los presos políticos de Eloxochitlán

Fecha:21 Feb 2024

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Plantón de las mujeres mazatecas en frente al palacio de gobierno de Oaxaca. Fuente: Redes sociales de Presos Políticos Eloxochitlán de Flores Magón y Observatorio Memoria y Libertad}

Mujeres del pueblo Mazateco, del estado de Oaxaca, sostuvieron por tres días una huelga frente al palacio de gobierno de esta entidad, ubicada al sur de México, exigiendo la libertad de los presos políticos de Eloxochitlán. El plantón ocurrió entre los días 18 y 20 de febrero.

Cuarenta hombres y mujeres de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, de la Sierra Mazateca, en Oaxaca, han sido criminalizados en los últimos nueve años, por un grupo “neocaciquil”, como nombran las mujeres mazatecas.

De acuerdo con el grupo de mujeres, a los presos les han tratado de “fabricar delitos para contener la lucha de esta comunidad originaria y para evitar que defiendan su territorio”, sostiene Argelia Betanzos, hija de uno de los ex presos políticos, Jaime Betanzos.

Cuatro de ellos continúan, desde hace años, encarcelados a pesar de no tener sentencia condenatoria. Ellos son Alfredo Bolaños, Francisco Durán, Fernando Gavito y Marcelino Miramón, a quienes se les imputa la tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda Lagunas, actual titular de la Secretaría de la Mujer del gobierno de Oaxaca, y de su padre, Manuel Zepeda Cortés.

Según las activistas, en los hechos acontecidos en dicha comunidad mazateca en diciembre de 2014, hombres armados, vinculados al grupo “neocaciquil”, con intereses partidistas, atacaron a la asamblea de la comunidad, nombrada por usos y costumbres.

Estas cuatro personas son las únicas que permanecen en prisión de un total de 21 que han sido detenidas y encarceladas. Durante estos nueve años, los presos políticos han obtenido su libertad, ya sea por el cambio de medida cautelar o porque fueron absueltos, por la falta de pruebas de la acusación y por violaciones al debido proceso. “Estas decisiones no nos fueron regaladas, las conseguimos con mucha lucha y con pruebas”, mencionó Betanzos, quien también es abogada indígena.

Una de las demandas de las mujeres mazatecas, no atendida durante el plantón, es una audiencia con el gobernador del Estado, Salomón Jara. “Salomón Jara, persona zapoteca, se niega a mirar los rostros de sus hermanas mazatecas (…). Él está dando la espalda a nuestro caso y está evitando mirarnos a los rostros, rostros de mujeres indígenas que representamos familias de víctimas de fabricación de delitos”, dijo Betanzos.

Lo que exigen las mazatecas “no es estar en mesas de trabajo infructuosas, donde nos escuchan y no hacen nada; eso no se llama atención; atención es tener el valor de reconocer que es un caso de injusticia, y que todos los presos de Eloxochitlán deben ser libres ya; eso sí sería atención, todo lo demás es hipocresía”, señala la abogada.

“Nosotros no estamos pidiendo ningún favor, nos sobran sentencias de libertad, amparos ganados, nos sobra demonstración jurídica para exigir, ya no para pedir, la libertad que nos corresponde”, agrega.

También exigen que el gobierno de Salomón Jara comience el proceso para la reparación integral de daños en favor de las 40 familias criminalizadas, como consecuencia de las violaciones a derechos humanos derivadas de nueve años de prisión y persecución política ilegal.

Otra de las exigencias, tampoco atendida durante el plantón, es la toma de nota del caso de los presos políticos de Eloxochitlán por parte de la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, electa en enero pasado por un periodo de cuatro años.

Con la toma de nota, las mujeres mazatecas buscan enterar a la nueva presidenta de la lucha que sostienen los presos y ex presos políticos, y las inúmeras violaciones en los procesos cometidas por la justicia de Oaxaca. “Se le expondrá cómo el Tribunal Superior de Justicia lleva cuatro años cooptado por Elisa Zepeda Lagunas y se le ha convertido en un instrumento de tortura de los presos indígenas de Eloxochitlán”, aclara Betanzos para Avispa Mídia.

Concretamente quieren exponer prácticas tales como: “Revocación de libertades que se ganaron después de largos procedimientos, ejemplo Miguel Peralta y Paul Reyes, y después de instar ante varias instancias, incluidas federales. La negación de las libertades a partir del año 2020, cuando en tan solo un año negó cinco libertades, lo cual va en contra de los antecedentes de libertad ganados entre los años 2015 y 2019”.

A la fecha, nuevamente, Elisa Zepeda apeló al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca en lo que respecta a siete casos para revocar las libertades ya ganadas por los mazatecos. Se trata de las libertades de Jaime Vidauria, Artemio Vidauria y Ranulfo Vidauria, Jaime Betanzos, Herminio Monfil y Omar Hugo Morales.

“La toma de nota puede evitar que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca siga siendo usado como instrumento de tortura al prolongar el encarcelamiento de los mazatecos de Eloxochitlán”, resume Betanzos.

Sin embargo, la falta de respuesta a la solicitud de reunión con la magistrada Berenice Ramírez, “es una prueba de la interrelación entre los poderes de Estado”, resaltan las mujeres mazatecas en un comunicado anunciando el fin del plantón.

Protección federal

Los cuatro presos políticos acaban de ganar amparos federales. Tres de ellos – Alfredo Bolaños y Fernando Gavito, que llevan nueve años encarcelados, y Francisco Durán, que lleva cinco años recluido – ganaron los amparos ya que se reconoció que fue ilegal que un juez de Huautla se haya negado a retirarles prisión preventiva pese a que llevan varios años sin sentencia.

Marcelino Miramón ganó el amparo al reconocerse que el delito de incendio por el que se le aprisionó no existe y el delito de daños está prescrito.

“Todos los amparos ganados están sujetos por la propia ley de amparo a la posibilidad de que la contraparte interponga el recurso de revisión y busque, con ello, revertir el resultado”, explica la abogada Betanzos.

En el caso de Marcelino la revisión ya fue interpuesta por Manuel Zepeda. “Se espera que pronto se conozca el resultado el cual creemos confirmará el amparo ganado. Si eso ocurre, el trámite siguiente será que el Juez de Huautla deberá someterse al contenido del amparo y emitir el auto de libertad en favor de Marcelino”, sostiene.

Con relación al amparo ganado por Alfredo, Fernando y Francisco se esperan los 10 días hábiles que tiene la contraparte para interponer el recurso de revisión. “Si no se presenta este recurso, el amparo quedaría firme y tocaría al Juez de Huautla obedecerlo y, en consecuencia, conceder el cambio de medida cautelar a los tres presos; en lugar de la prisión preventiva podrán firmar quincenalmente, por ejemplo, hasta que se acabe el juicio”.

Además, en 2022, el Tribunal de Oaxaca también había revocado la libertad de Miguel Peralta quien ha tenido que llevar su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tener acceso a la justicia.

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La larga persecución

Las 40 personas fueron criminalizadas a partir de 2014, acusadas, entre otros cargos, de homicidios y tentativa de homicidio. “La finalidad de esta fabricación de delitos fue la desarticulación de nuestra organización comunitaria. Las personas acusadas tienen representación comunitaria, son activistas y defensoras del territorio”, cuenta Betanzos.

Como sostiene la abogada, entre 2010 y 2014 “surgió un grupo neocaciquil, así lo llamamos, con intereses partidistas, articulado desde el gobierno del Estado, para que azotara todos los intentos de autodeterminación, todos los intentos de ejercicios asamblearios de nuestra comunidad”.

La comunidad entonces empezó a pelear por sus derechos políticos electorales basados en los usos y costumbres. “Lo ganó a nivel de tribunal electoral federal. Y este grupo caciquil azotó a la comunidad, con represión hasta llegar a la tortura”.

Hay dos casos documentados antes de 2014 por la fiscalía y por organizaciones de Derechos Humanos. “Pero cuando llegó al poder judicial, el juez dijo que no había torturas, que no había culpables. Así que este grupo caciquil empezó con el pie derecho gozando de total impunidad”.

En el 14 de diciembre de 2014, la tortura transcendió a una balacera contra la asamblea de la comunidad. “Seis compañeros resultaron heridos de bala. Sin embargo, la fiscalía archivó este asunto en 201, volviendo a dejar en total impunidad al grupo neocaciquil”.

En cambio, las acciones de la comunidad en el intento de defenderse contra el ataque armado del 14 de diciembre como, por ejemplo, “cuando decidieron armar una barricada y utilizaron humo para impedir que la balacera continuara, el Estado utilizó estas imágenes para decir que las 40 personas mataron personas, hicieron destrozos”.

A partir de entonces, las 40 personas empezaron a ser criminalizadas. Los ataques han sido “con la finalidad de deshacer cualquier intento de oposición a sus políticas invasoras y de despojo”.

Agua que fluye

La comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón es una tierra donde fluye el agua, donde hay bosque, donde hay arena y grava.

“Es un hecho que lo que hay por detrás de eso [la persecución] es un intento de despojo. Manuel Zepeda Cortés [padre de Elisa], desde 2011, fue denunciado por extractivismo. Hasta ahora, sigue con esta práctica. Habiendo desarticulado nuestra comunidad, manteniéndonos en prisión y persecución, ha tenido toda la libertad, para seguir consumiendo nuestro río de manera ilegal, sacando camiones de grava y arena todos los años”, sostiene Betanzos.

“Estas personas que dicen que fueron víctimas en 2014, que dicen que los intentamos matar, o que los matamos, no son víctimas. Luego arrebataron el poder municipal, luego se hizo diputada y sigue en el poder”, comparte la abogada refiriéndose a Elisa Zepeda.

Prisión preventiva

Una de las principales herramientas jurídicas que se ha utilizado en contra de los presos políticos de Eloxochitlán es la prisión preventiva, es decir una prisión anticipada sin una sentencia condenatoria.

“Los jueces no los pueden condenar. Nunca los van a poder condenar porque no alcanza la fabricación de delitos para una condena. Por eso les ponen la prisión preventiva. Eso es lo que el estado de Oaxaca está imponiendo”, reclama Betanzos.

El abogado argentino especialista en Derechos Humanos y responsable por la defensa del ex presidente de Perú, Pedro Castillo, que sufrió un golpe de Estado en 2022 y que se encuentra en prisión preventiva, alertó en la mañana del domingo (18), durante una conferencia en el plantón de las mujeres mazatecas, que la prisión preventiva ha sido utilizada cada vez más en todo la América Latina para criminalizar pobres, indígenas y luchadores sociales.

La prisión preventiva, explica el abogado, se supone que debería ser utilizada en situaciones excepcionales como, por ejemplo, en casos de riesgo de que la persona investigada se escape o de que cambie la prueba. “Pero en general hoy se volvió un mecanismo represivo contra la pobreza y líderes políticos”.

La prisión preventiva tendría que ser el caso de 2% de las personas que están en la cárcel, señala el abogado, pero representa la mitad de los presos. “Eso no es una realidad de México o Argentina, es un problema de toda América Latina”.

Además de violar el principio de inocencia, que está presente en la legislación de todos los países de América Latina, esta herramienta jurídica ha sido utilizada para generar la inversión de la carga de prueba. “Como ya se presupone que la persona es culpable, la misma persona tiene que demostrar su inocencia estando presa. Y no es lo mismo defenderse estando presa que estando en libertad. (…) Viola el derecho de defensa en juicio”, explica.

Las mujeres mazatecas entregaron ayer a las autoridades oaxaqueñas una petición con más de 10 mil firmas para que, entre otras demandas, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca otorgue Medidas Cautelares Urgentes para las familias de los presos y perseguidos políticos, así como para las familias que luchan por la Libertad y en general para la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, “pues es inminente la consumación de cualquier daño físico o psicológico contra ellas en estos momentos”, sostienen en el documento.

Y avisan: “No vamos a detener las movilizaciones. No vamos a cansar de decir que el gobernador tiene que decidir entre si es sordo, ciego o hipócrita”, señala Argelia Betanzos.

Avispa Midia

En Yucatán, Guardianes de los Cenotes obtienen revocación de autorización ambiental para megagranja porcícola

Fecha:21 Feb 2024

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Manifestación de pobladores de Homún, en la capital de Yucatán, para exigir que la Secretaría de Desarrollo Sustentable acate la orden judicial y revoque los permisos ambientales para la operación de la megagranja porcícola, propiedad de PAPO, ubicada en la localidad maya. Foto:Tapanco Centro Cultural.}

El pasado jueves (15), habitantes de Homún e integrantes del Colectivo Maya Kanan Ts’ono’Ot (Guardianes de los Cenotes) se movilizaron en la ciudad de Mérida, Yucatán, para exigir a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) que acate la sentencia de un juez federal, quien, un día antes, resolvió una demanda de amparo ordenando la cancelación de autorización ambiental para la operación de una megagranja porcícola ubicada en la comunidad maya.

Mediante comunicado firmado por la comunidad y organización maya, y difundido por el Equipo Indignación, enfatizan que la resolución judicial corresponde a una demanda de amparo interpuesto por habitantes de Homún, en la que se determinó que autoridades de Yucatán incurrieron en omisiones y violaron derechos al autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que permitió la operación de la megagranja porcícola, propiedad de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), en dicho municipio.

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Como parte de la resolución, el juez también ordenó a la SDS la realización de una consulta previa al pueblo maya de Homún, toda vez que es requisito para cualquier empresa presentar una MIA para obtener la autorización de cualquier permiso ambiental, en este caso, para la operación de la megagranja porcícola. En la resolución, se hace alusión a que dicha consulta deberá cumplir “los más altos estándares y [se deberá] emitir una resolución distinta que atienda todo lo relativo al medio ambiente sano y al derecho fundamental al agua y que pondere de manera específica y amplia la posible afectación al anillo de los cenotes como reserva protegida”, cita el comunicado.

No obstante la orden para revocar los permisos ambientales de la mega granja porcícola, las y los habitantes de Homún consideran que la resolución es parcial y la decisión del juez es “tibia y tardía”, pues pone en evidencia lo que consideran como un procedimiento ilegal, al reiterar que se requiere la realización de una consulta previa antes de autorizar cualquier MIA, ignorando que ya existe una autoconsulta donde la población de Homún se posicionó por un rotundo NO a la operación de la megagranja.. Acorde a la comunidad y organización maya, “todas las granjas operan sin autorización de los pueblos mayas a los que afectan, por lo tanto todas son ilegales”.

Cabe recordar que, mediante el Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola de Yucatán, publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en marzo de 2023, se identificaron 507 coordenadas de la ubicación de posibles granjas solo en este estado de la península.

Con fundamentos científicos y para dar seguimiento a las denuncias presentadas durante años por dversas comunidades de la región, la Semarnat ubicó una mayor presencia de las granjas en municipios como Mérida, Izamal, Tizimín y Acancéh, Tetiz, Ticul, Telchac, Tixkokob y Motul. Entre las localidades con mayor densidad de granjas se encuentra Homún, con 15 instalaciones para la cría de animales para la agroindustria.

Ante la victoria legal y mediante la protesta, los pobladores y organizaciones demandaron a la SDS que se abstuviera de impugnar la resolución. El plazo para solicitar la revisión de la resolución judicial vencía este lunes (19). La secretaría no incurrió en dicho procedimiento.

Exigen respeto a autoconsulta

Sostienen que realizaron por su cuenta una consulta para decidir sobre la operación de la mega granja propiedad de PAPO.

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“Como pueblo maya de Homún y en ejercicio del derecho de auto determinación, decidimos realizar nosotros mismos la consulta que el gobierno omitió. La realizamos el pasado 8 de octubre de 2017, después de un proceso de información y deliberación, tal como establecen las directrices en la materia. Alrededor de 790 personas salieron a votar, de las cuales 732 expresamos rechazo a la mega granja”, recordaron.

Por esta razón, exigieron a la SDS que respete los resultados de su consulta, la decisión del pueblo maya de Homún de rechazar la mega granja y también la reparación de los daños ocasionados por la operación de esta industria en la región.

“¿Quién puede autorizar la MIA? ¿La Secretarıá de Desarrollo de un gobierno que ha litigado a favor de la empresa? ¿El gobierno federal? Nosotras y nosotros sostenemos que sólo Homún puede autorizar una granja y en este caso ya hemos expresado nuestro rechazo”, reiteraron los pobladores mayas.

Siete años después

La comunidad maya de Homún destaca que, tuvieron que transcurrir siete años para obtener una resolución a su favor.Esto debido a que desde noviembre del 2017, tras la aprobación de la MIA, el pueblo de Homún promovió el juicio de amparo debido a que argumentaron omitió estudios decisivos, y tampoco consideró posibles afectaciones al anillo de los cenotes ni su importancia como reserva protegida.

Desde aquel momento, denuciaron lo que consideraron una autorización irregular de la MIA y que, en consecuencia, cualquier operación de la megagranja constituía una ilegalidad.

“Hoy la resolución del juez lo confirma, pero son siete años de pelear en contra de un sistema racista: contra las empresas PAPO y Kekén, contra el gobierno que autoriza ilegalmente y que litiga a favor de las empresas en vez de defender los derechos del pueblo maya; contra el juez que inicialmente rechazó el amparo y ahora amparó pero sólo parcialmente y ‘para efectos’”, afirmaron en referencia a la orden de realizar una consulta, a pesar de que el pueblo de Homún ya tomó una decisión para no permitir la operación de la megagranja porcícola.

Según la comunidad maya de Homún, este largo proceso demuestra que “la ‘justicia’ no es justicia para el pueblo maya”. Además, enfatizaron que la reciente sentencia no contempla la reparación del daño. “Este es un amparo. Hay otro amparo que no se ha resuelto aún, el de la infancia, de cuyo resultado estamos atentas y atentos. Es insostenible para los pueblos asumir estos procesos tan largos y costosos. ¿Cuántos pueblos pueden hacerlo?”, cuestionaron mediante su declaración ante la resolución judicial.

Avispa Midia

Gobierno niega conflicto armado en Chiapas, mientras violencia exacerba crisis humanitaria

Fecha:21 Feb 2024

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: El 30 de mayo del 2023 se realizó el Despliegue de Fuerza de Tareas dirigido por la Sedena acompañado por la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal rumbo a la región frontera entre Chiapas y Guatemala que ha sido azotada por la violencia entre grupos armados. Foto: Isabel Mateos/Cuartoscuro}

Violencia y crimen es la realidad en poblaciones de 12 municipios de la región frontera y sierra de Chiapas, quienes viven atrapadas entre la disputa de distintos grupos armados por el control de territorios y rutas para la circulación de mercancías, servicios, personas y productos, legales e ilegales.

Así lo compartieron este martes (13) redes de organizaciones de derechos humanos, durante conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, el cual da cuenta del conflicto armado que se ha acentuado en los últimos dos años y medio en el sur de México, región limítrofe con Guatemala.

Sólo entre junio del 2021 y noviembre del 2023, se registró el desplazamiento de 7 mil 500 personas, provocado por enfrentamientos de grupos criminales, quienes con armamento de guerra, uso de explosivos y drones artillados, siembran el miedo y terror entre la población.

*^{Desplazados de la región frontera y sierra de Chiapas}*

A este éxodo, se suma el desplazamiento forzado de otras 3 mil personas, ocurrido en las primeras semanas del 2024, con lo cual la cifra supera los 10,000 habitantes que abandonaron sus hogares para resguardar su vida.

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En contraste, acusan organizaciones de derechos humanos, autoridades de los tres niveles de gobierno han sido omisas en atender a la población desplazada y se niegan a reconocer la crisis provocada por las estructuras criminales que operan en la región con alcance trasnacional.

*^{El Ejército de Guatemala ha reforzado su presencia en la frontera con México.}*

Apenas el pasado 8 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró desconocer el número exacto de personas desplazadas en el sur de Chiapas y lo calificó como “no significativo”, minimizando la gravedad de la situación.

Pero más allá de las estadísticas, están las afectaciones en la vida comunitaria en los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista, donde en conjunto albergan una población de más de 400 mil habitantes.

Macrocriminalidad

Desapariciones, secuestros, extorsiones, abuso y explotación sexual; asesinatos y reclutamiento forzado; vigilancia, cooptación y represión, son algunas de las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional que afectan a la población local y a defensores de derechos humanos y del territorio en la región frontera de Chiapas.

Así lo registra el informe, elaborado por el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala – México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT).

Acorde a Carlos Ogaz, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Grupo de Trabajo Región Frontera, el documento, construido con testimonios directos de la población civil, análisis de medios y fuentes secundarias, da cuenta de lo que sucede en lo que constituye una “zona silenciada” en medio de la “sumisión y aquiescencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno” frente a la actuación de los grupos criminales.

“Las estructuras criminales se han apropiado del corazón de los pueblos y de su vida interna, de las asambleas ejidales y comunitarias, se toman barrios y se les obliga a alinearse”, detalla el informe sobre el control de instituciones sociales por parte de lo que denomina “macrocriminalidad”, una forma de gobernanza criminal donde los derechos humanos de todas las personas que habitan la región fronteriza-sierra son violentados de forma grave, sistemática y generalizada.

Además, señala que dicho control se consolida por la interacción de funcionarios del gobierno con la delincuencia organizada, “conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”, sostiene el documento.

*^{Rastros de los enfrentamientos entre grupos armados por la disputa territorial de la frontera de Chiapas y Guatemala.}*

Es en este contexto que los grupos criminales cooptan organizaciones de diferentes ramos, tales como transportistas, comerciantes y autoridades ejidales, mediante lo cual obtienen la desmovilización de organizaciones sociales, campesinas y de otra índole al acaparar líderes mediante amenazas y presiones. “En todos estos procesos de cooptación se deciden cuestiones fundamentales como la introducción de la extracción minera contra la voluntad de las asambleas”, ejemplifica el documento en referencia a la minería ilegal de barita que, como documentó este medio, acontece en Chicomuselo desde mayo del 2023.

El documento asevera que, con estas estrategias, las estructuras criminales controlan todo el territorio donde las comunidades desarrollan su vida social: los caminos, espacios públicos e incluso mediante la ocupación física de las parcelas donde trabajan los campesinos de la región, limitando la siembra y, por tanto, su acceso a alimentos. “Se trata de un proceso de control territorial que vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras”, denuncia.

Chiapas, geoestratégico para 4T y crimen trasnacional

Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales, refiere el análisis. El estado en el sureste mexicano también es relevante para la operación de tres de los megaproyectos de la autodenominada “cuarta transformación” impulsada por el gobierno federal: El tren maya, el corredor interoceánico y la refinería de Dos Bocas.

*^{Mapa de megaproyectos, mineria y rutas de tráfico en Chiapas.}*

A su vez, todo el territorio chiapaneco forma parte de rutas que son utilizadas para la circulación de todo tipo de mercancías. Según el informe, desde 1998 la zona de la selva, en su frontera con Guatemala ha sido considerada por la administración de los EEUU como corredor clave de estupefacientes. También señala que el propio ejército mexicano identifica seis rutas de tráfico de drogas que conectan a Chiapas con el interior del país y con rumbo a los EEUU.

En medio del conflicto armado, otra actividad económica fortalecida por los grupos armados es la explotación de los cuerpos, en particular de personas en movilidad internacional. “Mujeres y adolescentes originarias principalmente de Centroamérica, pero también de otras zonas del país son víctimas de explotación sexual en cantinas, prostíbulos y en casas ocupadas por los grupos delincuenciales. A menudo se dan las desapariciones forzadas temporales de estas mujeres con estos fines de agresión y explotación sexual”, detalla el informe.

Las desapariciones también se mantienen a la alza y constituyen delitos con alta dificultad de seguimiento. “El fenómeno de la desaparición, por ejemplo, es muy difícil de documentar en la región fronteriza, precisamente también debido a la escasez de denuncias (…) tan sólo entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023, en Chiapas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene a 812 personas registradas”, detalló Sandra Suaste, integrante de la RedTDT durante la presentación del informe en la Ciudad de México.

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La escasez de denuncias, argumenta el informe, se debe a la falta de confianza en las autoridades y el miedo al que está sometida la población. Según los registros, del total en Chiapas, solo existen denuncias de 83 desapariciones en la región frontera-sierra.

“Sobresalen personas líderes de comunidades, comisariados ejidales y voceros de organizaciones, lo que revela que uno de los principales objetivos de la desaparición de personas es acallar las voces de procesos organizativos”, denuncia el informe.

Militarizacion, otro frente contra la población

Para entender la crisis actual, el informe también retoma el contexto de militarización que ha vivido el estado sureño a lo largo de tres décadas, a partir de las acciones de contrainsurgenia desplegadas por el ejército y paramilitares mediante el Plan de Campaña Chiapas 94 como respuesta al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Según el análisis, las distintas agrupaciones paramilitares, que perpetraron graves violaciones a derechos humanos en las regiones de Los Altos, Norte y Selva de Chiapas, nunca fueron judicializadas, desarticuladas ni desarmadas, razón por la cual han mantenido poder e influencia regional, “insertándose y consolidándose en los diferentes niveles de la política local y comunitaria. Como en los años noventa, estos actores configuran una diversidad de grupos armados que a menudo difícilmente se diferencian de la delincuencia organizada o los separa una línea muy delgada”, asevera el documento.

Ya en el año 2018, con el arribo de Obrador al poder, arranca un proceso de remilitarización el cual incluye a una nueva fuerza armada: la Guardia Nacional (GN), que junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR) suman más de 15,000 elementos castrenses operando en Chiapas.

*^{Militares patrullan la región frontera entre Chiapas y Guatemala, sin que ello se traduzca en la reducción de la criminalidad y los enfrentamientos armados.}*

El estado alberga 71 campamentos militares. También contabiliza la construcción de 10 cuarteles de la GN en los municipios de Villaflores, Tonalá, Huehuetán, Tapachula, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Bochil, Palenque y San Cristóbal de Las Casas. Su presencia, justifica la administración federal, es para controlar los flujos migratorios y el narcotráfico. No obstante, “este despliegue no ha tenido un efecto consistente para frenar la escalada de la violencia”, argumenta el informe.

Minería, ilegal y bajo cobijo de autoridades

Durante el año 2023 se registraron dos picos de violencia en la región frontera-sierra. Uno de ellos se conoció como “la guerra de los cuatro días”, ocurrida en el mes de mayo con el enfrentamiento de grupos criminales en la comunidad de Nueva Independencia, impactando a comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa. En ese momento se contabilizó el desplazamiento forzado de 3,500 personas.

Para el mes de septiembre, se multiplicaron los eventos violentos en los municipios de Motozintla, Frontera Comalapa, La Grandeza y Siltepec. Más de 300 organizaciones denunciaron las tácticas de guerra de los grupos criminales. “La población civil fue tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa”, denunciaron defensores de derechos humanos sobre la situación.

Uno de los elementos económicos, clave en la disputa por el dominio territorial para el control de bienes naturales, se evidencia con lo que aconteció durante esos meses en el municipio de Chicomuselo durante los enfrentamientos del cártel de Sinaloa (CDS) contra el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para controlar un territorio minero. Acorde al informe, en esta zona, “se ejemplifica el funcionamiento del estado de las cosas en la región frontera de la mano de empresas privadas, delincuencia organizada y gobierno”.

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Según la documentación, en Chicomuselo existen 12 concesiones mineras vigentes y dos vencidas. Después de una larga historia de resistencia contra la minería, la cual obtuvo una pausa en la extracción de barita a partir de 2009, fue desde octubre del año 2022 cuando “estructuras criminales, en colusión con las empresas y con la aquiescencia de los distintos niveles de gobierno”, reiniciaron las actividades extractivas.

Pese a múltiples denuncias de habitantes locales, quienes desde enero y febrero del 2023 señalaron la entrada de mineros, acompañados del crimen organizado, “las autoridades han argumentado que no existen condiciones de seguridad para poder abordar cualquier indicio de minería ilegal”, cita el informe.

Testimonios anónimos señalan que, desde el año 2022, organizaciones y comisariados pidieron la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). “Les visitaron dos veces, y la segunda vez los estaba esperando el Maíz -en referencia a una facción criminal ligada al CJNG-. Se pusieron violentos y amenazaron a Semarnat/Profepa y golpearon al chofer en presencia del Ejército y de la Guardia Nacional y no intervinieron”, relata uno de los testimonios recopilados en el informe.

*^{Imagen ilustrativa de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).}*

Acorde a la población de Chicomuselo, los incidentes violentos por parte de la delincuencia organizada han sido falseados y negados por parte de la Profepa. “La Profepa me escribió por correo electrónico ‘en tal fecha hubo una delegación de la Profepa, llegó para verificar el predio minero, y resulta que en el camino encontraron a un grupo ejidatario que le manifestaron a la Profepa que estaban de acuerdo con la minería’. La Profepa y la Semarnat saben bien que no son ejidatarios, que son grupos del crimen organizado. Pero así responden, nosotros somos tan ignorantes que no lo vamos a creer’”, detalla uno de los testimonios sobre el encubrimiento de la actividad criminal por parte de las autoridades ambientales.

Debido a las acusaciones de la población local sobre supuestas colusiones entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, algunas comunidades tomaron acuerdos para intentar impedir los patrullajes del ejército y GN.

Las sospechas se acrecentaron cuando, según testimonios, durante los enfrentamientos en mayo del 2023, sujetos armados transitaban con total impunidad frente a las instalaciones militares. “En Chicomuselo está el cuartel del ejército mexicano más grande en el estado y pues bueno, la contención no ha sido para los grupos criminales, por el contrario como hemos visto en las últimas semanas, la contención, el uso de gases lacrimógeno, la dispersión con armas de grueso calibre ha sido en contra de la población civil”, señaló Ogaz durante la presentación del informe.

Alertas, ignoradas

Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la situación actual no emerge del vacío. Muchas fueron las alertas que durante los últimos tres años indicaban el incremento de la violencia y la impunidad con que operan los distintos grupos criminales en todo el estado de Chiapas.

Para Aguirre, el trabajo compilado en el informe se suma a los trabajos de la sociedad civil de Chiapas y las propias comunidades, así como las distintas comunidades de fe, para denunciar una situación crítica que sigue sin ser atendida.

^{Conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, realizada en las instalaciones del Centro Prodh.}

“No es normal, contrario a lo que se ha dicho desde la más alta tribuna presidencial. Desde 2021 empezamos a escuchar voces que alertaban sobre que Chiapas se encontraba al borde de la guerra civil. Esas denuncias se acrecentaron en 2022. En 2023, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas alertó en su informe ‘Chiapas un desastre’, que la situación continuaba deteriorándose. En diciembre, tuvimos llamados enérgicos de la diócesis de San Cristóbal, y hoy tenemos este informe que nos muestra un panorama desolador y crítico, específicamente en los 12 municipios que comprenden la región fronteriza de Chiapas”, sostuvo durante la presentación del informe.

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“Con los pronunciamientos de ‘todo normal en Chiapas’ –en referencia a la declaración del presidente tras un desfile de hombres armados pertenecientes al CJNG en la región frontera durante septiembre del 2023-, Andrés Manuel López Obrador ofrece públicamente un discurso de negación del conflicto que condena a la población a un estado de desprotección”, enfatiza el documento.

Además, alertan que durante el período de precampaña para las elecciones a nivel local, estatal y federal del año 2024 se ha registrado un aumento de la violencia criminal electoral que ha colocado a Chiapas en el quinto lugar a nivel nacional, según un informe de Data Cívica, lo que podría reflejar “una intención por parte de la delincuencia organizada en influir en los resultados sobre quienes tienen posibilidades de ser candidatas o candidatos y, eventualmente, ocupar la gubernatura en Chiapas” para las elecciones de este 2024.

Puedes consultar y descargar el informe completo aquí

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN (CSIM)

Las lenguas mueren entre las políticas oficiales, la impunidad y la injusticia: Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM)

Fecha:21 Feb 2024

LAS LENGUAS MUEREN ENTRE LAS POLÍTICAS OFICIALES, LA IMPUNIDAD Y LA INJUSTICIA

AL PUEBLO DE MÉXICO Y MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
AL ESTADO MEXICANO

Comunidades Originarias de Michoacán a 21 de febrero de 2024.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de la entidad, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, asamblea general autoridades indígenas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, manifestamos colectivamente lo siguiente:

Hoy, en el #DiaInternacionalDeLaLenguaMaterna se cumple un año del asesinato del defensor de los bosques, el Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Autónoma de Sicucho, Alfredo Cisneros Madrigal, asesinado la noche del 21 de febrero de 2023, sin que a la fecha haya ni un solo detenido o procesado judicial.

En este contexto, suman 70 líderes indígenas, autoridades tradiciones y defensores de los derechos humanos asesinados o desaparecidos por luchar por un país más justo o por proteger el territorio, los bosques o la vida, los primeros casos datan de 1974, con la desaparición forzada de 5 integrantes de la familia Guzmán Cruz, cuyo proceso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH. En todos los casos, la respuesta es la misma, impunidad total e injusticia sistémica.

Históricamente, el Estado mexicano ha sido el principal causante de la desaparición de nuestras lenguas ancestrales, imponiendo unilateralmente métodos educativos que tienen como objetivo la aculturación, la incorporación y el integracionismo, baste recordar las técnicas de castellanización forzada que fueron impuestas como política pública. De igual forma, según las cifras oficiales (INEGI 2020), en nuestro país existen más de 120 millones de personas, de las cuales el 6.2% habla alguna lengua indígena, sin embargo, en perspectiva, durante el Censo de Población de 1930 (INEGI), el 16.0% de los mexicanos hablaba un idioma indígena, es decir, las estadísticas reflejan el fracaso de los gobiernos en turno para “rescatar” nuestras lenguas. No basta con que organicen conferencias y conversatorios, posando para la fotografía para que después se olviden de los problemas de las comunidades originarias.

Las lenguas mueren entre las políticas oficiales, la impunidad y la injusticia, pero pese a todo, los idiomas de nuestros antepasados continuarán floreciendo en la organización, la resistencia y los bienes comunales. Justicia para el compañero Alfredo Cisneros Madrigal.

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

Radio Zapatista

México

Falta de lluvias

Casos de éxito

Protección federal

La larga persecución

Agua que fluye

Prisión preventiva

Exigen respeto a autoconsulta

Siete años después

Macrocriminalidad

Chiapas, geoestratégico para 4T y crimen trasnacional

Militarizacion, otro frente contra la población

Minería, ilegal y bajo cobijo de autoridades

Alertas, ignoradas