Comunicado – San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Tras 24 días retenido en Honduras, el coordinador de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México fue notificado del cese de la alerta migratoria

El día de hoy, jueves 31 de marzo de 2016, el Juzgado Primero de Letras de Intibucá, Honduras, con instrucciones de la Jueza Victorina Flores Orellana, ha resuelto dejar sin valor y efecto la medida de prohibición para salir de ese país a Gustavo Castro Soto a la que estaba sometido desde el 7 de marzo.

Esta resolución fue tomada después de que en el día de ayer, 30 de marzo, el Ministerio Público de Honduras presentara ante la misma Jueza el cese de la alerta migratoria, argumentando que se han “agotado todas las investigaciones y pruebas científicas” necesarias para esclarecer el asesinato de Berta Cáceres ocurrido el 3 de marzo.

Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, fue testigo del asesinato de la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y herido durante el atentado. Como ciudadano mexicano testigo y víctima de un atentado en Honduras, tenía el derecho de continuar colaborando con la justicia hondureña desde su propio país, en virtud del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal firmado entre Honduras y México.

Sin embargo, este derecho fue violado por la Jueza Victorina Flores Orellana quien el 7 de marzo emitió una alerta migratoria de 30 días en contra de Gustavo Castro, y por el Ministerio Público hondureño quien tardó 24 días en levantar esta medida. Durante este período de retención, solo se le ha requerido someterse a dos diligencias más que, como expresamos anteriormente, hubiera podido realizar desde México.

Nos alegramos de esta decisión ya por fin puede regresar nuestro compañero Gustavo. Sin embargo denunciamos la falta de reacción del gobierno mexicano, en particular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, la cual, a pesar de su comunicado fechado en el día de hoy, no ha realizado con celeridad las acciones necesarias frente al gobierno hondureño para que deje salir a un ciudadano mexicano, mientras el equipo de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, los familiares y la defensa de Gustavo Castro, las organizaciones solidarias e instancias internacionales no han dejado de denunciar la violación a sus derechos humanos que constituía esta alerta migratoria.

Exigimos que se respete el derecho que Gustavo Castro tiene a seguir colaborando con la investigación desde México de acuerdo al tratado de cooperación jurídica entre ambos países.

Nuestra postura sigue siendo la misma: exigimos una investigación imparcial de los hechos hasta que se aclarezcan el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro y se responzabilice a los verdaderos culpables.

Próximamente daremos más información sobre la situación.

Gracias por su solidaridad.

Otros Mundos Chiapas / Amigos de la Tierra México

Yucu Dzaa, el Cerro del pájaro en lengua mixteca, es una comunidad conocida hoy como Villa de Tututepec de Melchor Ocampo y se encuentra enclavada en la accidentada geografía de la Sierra Madre del Sur que atraviesa Oaxaca. Entre los siglos XII y XVI representó el centro político más consolidado de la zona Mixteca, el cual nunca fue sometido al yugo azteca y resistió el embate de la guerra colonial europea de 1522.

Será por herencia, aunado al afán del rescate de su historia, que sus habitantes expresan con fervor el gusto y la lucha por mantener sus identidades y que para concretar procesos de organización han ocupado el aire —territorio velado por el mirar colonial— donde se cobijan los pensamientos y las demandas de un pueblo, para que sus palabras sean amplificadas mediante una radio que empapa del sentido colectivo de hacer comunicación a diversas comunidades indígenas, negras y mestizas.

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Peregrinación en defensa de la Madre Tierra y en memoria de la Masacre de Viejo Velasco

Marzo 2016

Ocosingo, Chis

El Comité de Defensa de las Libertades Indígenas CDLI Xinich’ y la Misión Santísima Trinidad (La Arena) invita a las organizaciones sociales:

A la peregrinación que haremos del 03 al 10 de abril de 2016. Saldremos de la comunidad Arroyo Granizo (Mpio. Autónomo Ricardo Flores Magón) y terminaremos en Oxchuc.

Peregrinamos para mantener viva la memoria de nuestras hermanas y hermanos masacrados en la comunidad Viejo Velasco. Son ya 10 años de injusticia, pues siguen vigentes las órdenes de aprehensión y los culpables siguen libres.

Peregrinamos porque no olvidamos y porque nuestros muertos quieren que caminemos hacia la paz con justicia y dignidad. También peregrinamos para pedirle al Dios de la vida, el Dios de nuestros abuelos y abuelas, que nos ayude a cuidar y defender la madre tierra, pues los recursos naturales están en peligro a causa de los megaproyectos del los ricos y poderosos.

Ojalá nos puedan acompañar en este caminar. La concentración es el día 2 por la tarde en Arroyo Granizo.

El itinerario es:
– 03 de abril: Granizo-Jardín
– 04 de abril: Jardín-Jerusalén
– 05 de abril: Jerusalén-Pamalha
– 06 de abril: Pamalha-Ocosingo
– 07 de abril: Ocosingo-Abasolo
– 08 de abril: Abasolo- Oxchuc

“Contra el olvido, la memoria”

CDLI – Xinich’

Misión Santísima Trinidad (La Arena)

Contexto:

El 13 de Noviembre del 2006, en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Chiapas, a las 6:00 horas, 40 civiles provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (de la Comunidad Lacandona), armados con machetes, palos, escopetas y rifles calibre 22., algunos vestidos con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad. Estas personas iban acompañadas por 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas, portaban armas de alto poder conocidas como “cuerno de chivo” y R-15. Así también, iban acompañados por: 5 Fiscales del Ministerio Público, 2 peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la Agencia Estatal de Investigación con 7 elementos a su mando y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social. De inmediato, todos ellos rodearon la comunidad para posteriormente allanar las casas y robar las pertenencias, lo que provocó el desplazamiento forzado de 36 habitantes, la ejecución extrajudicial de cuatro personas y la desaparición forzada de cuatro personas. (http://www.rostrosdeldespojo.org/casos/viejo-velasco/)

NOTICIERO DE MEDIOS LIBRES, sesión del 28-Marzo-2016

ESCUCHA, DIFUNDE, ROMPE EL CERCO:

***COLUMNA MAÑANERA***
—A 18 meses de exigir justicia y verdad para Ayotzinapa. La verdad no viene de la autoridad.

***ROMPIENDO FRONTERAS***
—BELGICA:  Atentados de Bruselas: ¡no, señor primer ministro! deMichel Collon Investig Action en Rebelion.org
—Grecia. Protesta pacífica de refugiados en idomeni para pedir apertura de fronteras en Macedonia en Kaos en la Red
—España. Madre del preso anarquista Nahuel, ya pasaron 5 meses y sigue preso sin juicio, en Kaos en la Red.
—Panamá. Asamblea de AEVE en acción y solidaridad con los pueblos. En Radio Temblor

***Desde el ombligo del monstruo***
—México: Nestora Salgado convoca a la “Campaña Internacional “Ponle rostro y nombre a las y los presos políticos de México”
—Oaxaca: Represión y movilización por las Radios Comunitarias contra campaña criminalizadora de IFT
—Veracruz: Tres jóvenes desaparecen en Veracruz. En Somos el Medio
—México. La desaparición del «Tío» fue como un despertar violento. De Subversiones
—Chiapas: 129 menores de edad, de origen Mam, bajo amenaza de desalojo y de desplazamiento forzado.

***Columna caminera***
Argentina. A cuarenta años de la dictadura
Info de Rebelion.org y Antena Negra.

Chiapas. 28 de marzo. “NO NECESITAMOS QUIEN NOS GOBIERNE, NOS ESTAMOS GOBERNANDO DE ACUERDO A LA LIBRE DETERMINACION”, afirman indígenas Choles del ejido Tila, quienes desde el pasado 16 de diciembre tomaron en sus manos la gestión de sus tierras y retiraron a la presidencia municipal de su comunidad.

Las y los campesinos originarios del norte de Chiapas, informan que este domingo han colocado letreros en las entradas de pueblo de Tila, “por la constante amenaza del regreso de ayuntamiento apoyado con las fuerzas estatales”, y porque “en Tila seguimos dando los pasos haciendo nuestra ‪#‎AutonomíaEjidal‬”, argumentan.

Un letrero que se lee a la entrada del pueblo de Tila indica claramente que:

-NO se permite la entrada del Ayuntamiento Municipal en este núcleo de población indígena chol.
-RESPETO a los acuerdos de la Asamblea General de ejidatarios que es la máxima autoridad como lo indica el artículo 2 al 33 de la legislación agraria.
-No necesitamos que nos gobierne, nos estamos gobernando de acuerdo a la libre determinación, como lo expresa el artículo 2 y 39 Constitucional.
-Respeten nuestros derechos constitucionales.

De igual forma los ejidatarios en resistencia han comunicado que como en estas fiestas acuden miles de peregrinos a Tila, como Autogobierno Ejidal, este año la seguridad está a cargo de la Comisión de Seguridad Ejidal, la cual coordina a los grupos de Guardias Ejidales, que cuidan las entradas al pueblo y la seguridad y vialidad en las calles y barrios, todo ello para para que los peregrinos sean bien recibidos.

Centro de Medios Libres-Radiozapote-La Voladora Radio.-

El Instituto Federal de Telecomunicaicones ha decidido apoyar una nueva campaña de criminalización hacia las radios comunitarias. Esta nueva campaña discursiva favorece a los actuales concesionarios y operarios de radio comercial por sobre el objetivo de esta instancia de regulación de interés público en donde está incluido proporcionar diversidad y calidad de contenidos radiofónicos que incluyan a la ciudadanía organizada a través de las radios comunitarias. En este artículo incluimos el comunicado dado a conocer por organizaciones sociales de la zona de Tlaxiaco y del estado de Oaxaca y un comunicado de una de las radios atacadas para ampliar nuestros argumentos.

“La radio comunitaria suele ser una estación de radio de corto alcance sin fines de lucro que responde a las necesidades de información de las personas que viven en un lugar determinado, en los idiomas y formatos que se adaptan mejor al contexto local. Como es la región Mixteca en la que existen diversas radios comunitarias como son la Máxima 107.9, la Perla de la Mixteca 96.5 FM, la Tlaxiaqueña 91.5 FM y Radical Stereo 98.3 FM de Tlaxiaco, San Juan Mixtepec, Radio Tigre de Santa María Cuquila, San Agustín Tlacotepec, Chalcatongo de Hidalgo, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Santiago Yolomecatl y Radio Yucuixi de San Esteban Atatlahuca, entre otras y que estas radios son impulsadas por voluntarios de la comunidad para difundir su problemática y su cultura.”

No importa si la radio comunitaria ya está reconocida en la nueva Ley de Telecomunicaciones y en otros convenios internacionales ratificados por nuestro país, como radio de uso social y que sea una práctica ciudadana que existe de manera generalizada en diversas regiones del país. El IFT ha decidido aceptar y abanderar las presiones empresariales que desean excluir a estas transmisiones y ejercicios de comunicación social a través de un discurso que denosta y criminaliza su práctica.

“Las radios comunitarias tienen su base jurídica en el artículo 2 de la constitución federal de la republica que refiere:

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.”

Se busca por robo, dice una imagen con un micrófono y un par de frases que criminalizan a las radios sin permisos. La imagen afirma que esa radio nos daña a todos y en concreto advierte que serán perseguidas por robar.

¿Qué roba una radio comunitaria? Una vez más entran a la discusión las afirmaciones que durante años se han debatido en el tema como por ejemplo que el espectro radioeléctrico es una propiedad de la nación, es decir de todxs lxs mexicanxs, pero se regula y reparte solo para quienes tienen dinero, e intereses políticos y económicos coincidentes con una visión de mercado neoliberal. La radio comunitaria surgió poniendo en tela de juicio esta condición y reivindica el aspecto de interés público y social por el que debería poder accederse a la transmisión y escucha de sus señales. Las presiones para la democratización del espectro radioeléctrico han sido muy fuertes en los últimos 15 años y la respuesta de esta fuerza política empresarial ha sido coercionar y controlar las instancias que pudieran tomar una decisión de apertura de los medios a la sociedad civil y ha bloqueado una y otra vez cualquier posible avance.

“Hace ya más de veinte años, la Corte Interamericana aclaró que, “la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a fundar o utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios”. Asimismo, la Corte Interamericana ha señalado que los medios de comunicación cumplen un papel esencial en tanto vehículo o instrumento para el ejercicio de la libertad de expresión e información, en sus dimensiones individual y colectiva, en una sociedad democrática, En efecto, los medios de comunicación tienen la tarea de transmitir toda clase de informaciones y opiniones sobre asuntos de interés general que el público tiene derecho a recibir y valorar de manera autónoma. En tal sentido, la jurisprudencia y la doctrina regional han reiterado que la existencia de medios de comunicación libres, independientes, vigorosos, pluralistas y diversos, es esencial para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática.”

La radio comunitaria no basa sus fundamentos en la explotación comercial del canal de transmisiónradios, sino en una serie de formas colectivizadas de creación y transmisión de contenidos, en donde lo comercial o lucrativo es una herramienta al servicio delas necesidades basicas para mantener la producción , transmisiones e infraestructura, mas allá de el interés de acumular riqueza, este principio, que se aplica a todas las transmisiones que se reivindican comunitarias, se enfrenta de manera directa con los argumentos de robo o los argumentos alucinantes de competencia desleal que argumentan los representantes políticos de los empresarios en los espacios legislativos Por el contrario son los intereses económicos, los intereses de sacar el mayor provecho económico y comercial los que mueven a los concesionarios a actuar criminalizando a el sector de la población que no tiene essos objetivos, son ellos quienes están interesados en la cohersion, el cohecho y el robo a través de presionar al instituto de regulación en la materia, que por lo visto es muy débil y sumiso para aceptar estas condiciones que se traducen en ataques violentos a las radios comunitarias , arresto y procesamiento judicial a sus integrantes y al decomiso y a la destrucción de equipos. Como se dice en la radio de brasil “los piratas son ellos. Ellos son los que quieren el oro”

Ahora se suma al panorama de violencia contra la población, este tipo de mensajes que acusan de robo a quienes hacen una labor social y comunitaria para dar a conocer el acontecer y la cultura local y brindar un espacio de intercambio de ideas y puntos de vista a sus comunidades y pueblos. Este nuevo perfil de criminalización es la reiteración de un discurso que había quedado en el olvido porque surtió poco efecto en el pasado y dio a las radios comunitarias la oportunidad de responder de manera directa a los argumentos empresariales del porqué de su existencia y de sus motivaciones. Sin embargo el discurso es peligroso, es de linchamiento y denostación, y no está solo en los medios sino va a acompañado del cierre de estaciones y de otras acciones de hostigamiento a estas transmisiones. Es real que este discurso excluyente y antidemocrático provocará una ampliación de un escenario de conflicto, como si en este país ahora hicieran falta más de estos espacios de conflictividad y enfrentamiento social.

“Gracias a las organizaciones sociales, a las autoridades de diferentes comunidades, al magisterio, pero sobre todo a ti que has confiado desde el inicio de este proyecto; que ha servido para escuchar a quienes no tenían voz, a quienes no tenía el recurso para comprar un espacio y expresar sus ideas. A quienes por pensar diferente se lo negaban, a quien les cerraron las puertas antes de que las tocaran. Hoy solo es un obstáculo que tenemos que saltar y juntos lo podemos lograr.

Sería muy lamentable que se pierdan espacios para el ejercicio del periodismo y más en estos momentos, donde todas las voces deben ser escuchadas, no deben faltar voces. Deben sobrar voces para la información, para el oficio que debe sustentarse en decir lo que algunos no quieren escuchar. En algún lugar de la ciudad hay festejo pero no se puede ganar perdiendo.”

Sin embargo las radios y la comunicación comunitaria ya no se encuentran en las mismas condiciones, en comparación con hace 10 o más años, el movimiento ha crecido exponencialmente, es muy diverso y está articulado ya a otros aspectos de las luchas y reivindicaciones sociales que se comunican por sus canales. La radio comunitaria ha penetrado en los más diversos espacios culturales del país y ha revolucionado ya la manera en la que ahora se comunica con la palabra, las ideas y la música. No solo existe la radio en su forma de FM sino además como radio bocina, como transmisiones digitales, como colectividades de producción, como espacios de formación y por supuesto, el fenómeno se encuentra completamente instalado en Internet. La cantidad de gente que escucha, apoya o simpatiza con la radio comunitaria es mucho mayor que hace 16 años y la repercusión de las instancias que denuncian los ataques a las radios y a la libertad de expresión son hoy realmente influyentes y se encuentran dando una batalla además en el frente de la protección al ejercicio del periodismo y contra la aprobación de leyes de censura.

En medio de la situación de cierre de radios libres y comunitarias en el país también entra en juego la capacidad de  respuesta de las y los escuchas y simpatizantes, la táctica más temida por las radiodifusoras comerciales, porque mientras estas tienden a buscar la inmovilidad del público para facilitar el consumo de bienes, la radio comunitaria moviliza actividades, acciones, respuestas, encuentros y convergencias entre la gente que escucha y se acerca a su señal, y lo hace sin coercionar al radioescucha ofreciéndole regalos y la falsa promesa de felicidad momentánea. En este terreno las radios comunitarias también han avanzado a través de la acumulación de múltiples experiencias que vuelven a poner en juego la memoria histórica del movimiento.

Por que ejercer los derechos a la comunicación no es un robo, robo es privatizarlos en beneficio de un puñado de empresarios. ¿Conoces alguna radio comunitaria cercana? Es tiempo de defenderlas, pero también de continuar creando nuevas radios y medios libres y comunitarios.

“• Libertad a las personas detenidas: Heriberto Martínez Hernández y Héctor Cruz en el operativo efectuado el día de hoy en las instalaciones de las radiodifusoras mencionadas.

• Respeto a los derechos de Libertad de Expresión y de la Información de las personas que operan las radios comunitarias La Máxima 107.9, la Perla de la Mixteca 96.5 FM, la Tlaxiaqueña 91.5 FM y Radical Stereo 98.3 FM de Tlaxiaco y como consecuencia que se les devuelva su equipo de transmisión.

• Respeto al derecho de libertad de expresión y de los pueblos indígenas que es violentado al allanar la radio comunitaria La Máxima quien mantiene un noticiero que se enlaza con radios comunitarias de la región mixteca.

• Respeto al derecho a la libertad de expresión, respetando la vida y la integridad física y la libertad personal de los comunicadores que colaboran en las radios comunitarias allanadas y todas las radios comunitarias de la región mixteca.”

:::Entra  a conocer el perfil de la radio La Tlaxiaqueña:::Entra al perfil de la radio La perla de la MIxteca:::Pagina de Radical Stereo:::Pagina de Maxima-Maxima:::

:::Organizaciones firmantes del comunicado  en solidaridad con las radios  atacadas:

El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A. C., la Casa de los Derechos de Periodistas A.C. y la Plataforma Nacional de Vinculación de Periodistas nos pronunciamos por lo siguiente:
Maurilio Santiago reyes
Presidente del Centro de Derechos Humanos
y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C.
Víctor Ruiz Arrazola
Casa de los Derechos de Periodistas A.C.
Plataforma Nacional de Vinculación de Periodistas (PNVP).

Texto y fotografías: Carolina S. Romero

Hay un territorio liberado dentro del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se llama auditorio Che Guevara. Conocido hace medio siglo como el auditorio Justo Sierra, su nombre fue cambiado por los estudiantes en la huelga de 1968 y tres décadas después fue tomado en la huelga estudiantil de 1999-2000. Perdido brevemente luego de la invasión de 2,500 policías federales militarizados a la UNAM el 6 de febrero del 2000, el auditorio fue retomado unos meses después. Desde entonces, varios grupos se han encargado de mantener el espacio.

El auditorio, ahora nombrado OkupaChe, se define como un espacio autónomo de trabajo autogestivo, un espacio del pueblo que se conforma de varios colectivos e individuos.

Ahí puedes disfrutar de una deliciosa comida vegetariana, encontrar algo interesante para leer en la Fanzinoteca, escuchar las últimas noticias en Radio Desobediencia, ver una buena obra de teatro del Ollin Company, aprender de la medicina alternativa, participar en un debate sobre un tema de relevancia social, ayudar a pintar uno de los murales que adornan las paredes, cultivar hortalizas orgánicas, asistir a una asamblea, ir a un buen toquín o participar en talleres de software libre, danza, tambores, medios libres, diseño gráfico, teatro callejero, artesanías o idiomas, entre muchas otras opciones. Ahí se organizan actividades libertarias y anarquistas, igual que eventos en apoyo a las luchas de pueblos, el zapatismo, los presos y presas políticas, las luchas estudiantiles, y los proyectos autónomos.

Lo que NO encontrarás en el OkupaChe es capacitación para ser el ejecutivo de una gran empresa transnacional o un policía de investigación o inteligencia, o un senador, diputado, magistrado o jefe de un podrido partido político. Ahí se ofrece educación para vivir con dignidad en un mundo tambaleante, es decir, el  mundo actual.

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Ciudad de México. 26 de marzo.- “Si no fuera por expertos internacionales, EPN mantendría su verdad histórica”, expresaron esta tarde familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos por la policía de México, en Iguala Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Las madres y padres de los normalistas, han rechazado el anuncio de hace unos días del gobierno sobre la “reparación del daño” a 18 meses de la desaparición de los jóvenes. “Preferimos pedirle un peso a la ciudadanía que agarrarle un millón al gobierno”, aseguraron en un primer mitin frente al Antimonumento por los 43, ubicado en carriles centrales del Paseo de la Reforma al cruce con el Eje 1 Poniente DF.

En el Antimonumento los familiares de los normalistas, sembraron 43 plantas de manera simbólica por los estudiantes de Ayotzinapa. Fue el Consejo de Pueblos de ‪Xochimilco‬ el que donó las 43 plantas conocidas como ‘no me olvides’. “Esto no puede pasar al olvido, por eso insistimos en saber la verdad. Jamás vamos a recibir dinero a cambio de la vida de nuestros hijos”, afirmaron los originarios de Guerrero, acompañados por organizaciones sociales y solidarios individuales.

“Hemos caminado buscando apoyo y damos gracias que no nos han dejado solos”, externaron las madres y padres en un segundo mitin frente al Hemiciclo a Juárez, en el centro de la ciudad de México. “Es mentira que estamos interesados en la reparación del daño, queremos la verdad”, precisaron frente a un nutrido grupos de personas, los familiares. “Seguimos en pie de lucha, a pesar de los 18 meses y la apuesta del gobierno al cansancio”, añadieron.

“El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), debe quedarse en México hasta saber qué pasó con los 43”, exigieron las madres y padres de los estudiantes desaparecidos. “Si no fuera por expertos internacionales, el gobierno de Peña nieto, mantendría su verdad histórica”, aseguraron. Tras el mitin en el Hemiciclo, se llevó a cabo un evento cultural en apoyo a la exigencia de presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa.

Audio del Mitin vía Noticias de Abajo:

Entrevista a Hugo Hernández, abogado integrante del Colectivo de Abogados Solidarios (CAUSA) y a Carla Loyo, abogada de la Comisión Mexicana en defensa y promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)

Texto y fotografías: Heriberto Paredes

Luego de una década de resistencia en diversos frentes, la lucha, emprendida por comuneros y comuneras de San Francisco Xochicuautla, ha recibido una muy buena noticia: el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, concedió la suspensión definitiva del proyecto de construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan. No ha sido un camino fácil llegar a esta resolución, se trata, además, de la antesala de una cancelación definitiva de un proyecto que amenaza con destruir un bosque y mantos acuíferos que abastecen buena parte del sistema Cutzamala.

La ambición y voracidad de los distintos niveles de gobierno involucrados (desde Enrique Peña Nieto hasta el Comisariado de bienes comunales) así como la intervención de empresas constructoras de dudosa reputación, ha sido la constante en este proceso de lucha. Se han vuelto enemigos a los que sólo se les puede combatir desde la organización comunitaria.

En una entrevista dividida en varios momentos, logramos conversar ampliamente con la y el abogado que han llevado este proceso de juicio de amparo. Compartimos la entrevista íntegra, la cual, entre un buen ánimo y una exposición clara de lo sucedido, también conoceremos los retos que ven tras esta victoria.

HP-¿Cuál ha sido el camino que ha seguido la lucha de San Francisco Xochicuautla en términos jurídicos?

En primer lugar es necesario reconocer que los integrantes de la comunidad llevan resistiendo en contra de esta autopista y por la protección de su territorio aproximadamente 10 años. Durante los cuales han utilizado una gran variedad de vías políticas y jurídicas en la defensa de sus derechos como pueblo indígena, como comunidad agraria y como protectores del Bosque del Agua.

Entre las acciones jurídicas emprendidas por la propia comunidad se encuentra el ejercicio del derecho de petición ante autoridades locales y federales; interposición de demandas de nulidad y de amparo en materia agraria agraria (en esos procesos han logrado anular la asamblea con la cual las autoridades y la empresa intentaron imponer la autopista y la firma del Convenio de Ocupación Previa); cuatro amparos indirectos; denuncias penales por incumplimiento de sentencia y ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), quejas en las comisiones estatal y nacional de derechos humanos. En el camino una gran cantidad de organizaciones locales, nacionales e internacionales han apoyado la resistencia de San Francisco Xochicuautla.

HP-¿En qué consiste la reciente resolución favorable para el amparo interpuesto?

El juicio de amparo indirecto 771/2015 fue interpuesto en mayo de 2015 en contra de la licitación, concesión, fallo y construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, por los actos y omisiones violatorios a los derechos de los pueblos de alrededor de 30 autoridades –municipales, estatales y federales– así como de la empresa Autopistas de Vanguardia, S.A. de C. V., perteneciente al Grupo HIGA. La demanda de amparo fue turnada al Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Entonces, Enrique Peña Nieto no había expropiado el territorio de San Francisco Xochicuautla, pero sí de muchas otras comunidades más.

La demanda inicial de amparo incluyó información de las prácticas sociales y políticas de la comunidad, así como los usos de subsistencia del territorio, de reproducción de la cultura y de esparcimiento. Esta información fue proporcionada por los miembros de la resistencia. La argumentación jurídica fue construida por el Colectivo de Abogados y Abogados Solidarios (CAUSA). El objetivo del amparo es cancelar de manera definitiva la autopista Toluca-Naucalpan.

En particular se adujo la violación a los derechos a la autodeterminación, al territorio y a la integridad cultural, al agua, a la consulta libre, previa, informada y con procedimientos culturalmente apropiados, así como al consentimiento. Asimismo, se atacó la constitucionalidad de la determinación de «necesidad pública» realizada por Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM), perteneciente a la Secretaría de Infraestructura del Estado de México, intentado explicar por qué la autopista de cuota Toluca-Naucalpan vulnera los derechos de los pueblos indigenas en sí misma, para reducir el tiempo el traslado de personas y mercancías (con posibilidad económica de cubrir la cuota) entre el Distrito Federal y el Aeropuerto de Toluca; cuestión que, a nuestros ojos, resulta inconstitucional.

La demanda de amparo fue firmada por un delegado municipal (autoridad tradicional y civil y de la comunidad), por comuneros en términos de la ley agraria y por habitantes de la comunidad (que no tienen reconocidos derechos en materia agraria), todos ellos indígenas ñhathö de San Francisco Xochicuautla.

HP-¿Qué consecuencias concretas tiene el fallo positivo de este amparo, en lo jurídico y en lo político?

De acuerdo con la ley de amparo, los actos reclamados y sus consecuencias son susceptibles de ser suspendidas durante el trámite del juicio, con el objeto de proteger la materia del amparo, es decir, los derechos de los pueblos indígenas, lo que se materializa en la protección al territorio. Se deben cumplir con algunos requisitos legales y contextuales, entre ellas que no se vulnere el interés o el orden público.

En la demanda inicial se solicitó la suspensión de los actos y sus consecuencias, sin embargo, nos fue negada, favoreciendo la construcción de vías generales de comunicación sobre los derechos humanos de los pueblos. Esa decisión fue apelada y continúa pendiente de resolución.

El 9 de julio de 2015, el Ejecutivo Federal expropió parte del territorio de la comunidad de San Francisco Xochicuautla. En consecuencia, fue necesario ampliar la demanda inicial en contra de los actos y omisiones involucradas en la expropiación, ampliando la violación a los derechos de los pueblos. Se volvió a solicitar la suspensión de los actos y sus consecuencias. Es en este momento que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. empieza a dar seguimiento al amparo, junto con el colectivo CAUSA.

En este caso lo que se suspende son las consecuencias de la expropiación, es decir, SAASCAEM no tiene la propiedad legal del territorio expropiado, quien la tiene es la comunidad en su conjunto y sus poseedores en particular. Siendo que el objetivo del decreto de la expropiación es destinar ese territorio a la construcción y operación de la autopista, la suspensión materialmente significa que las autoridades y las empresas involucradas no pueden continuar con la construcción. Sin embargo, es necesario que el Juez Quinto notifique de manera personal a las autoridades obligadas a suspender sus actos. Esto puede tomar un mes.

Políticamente, la suspensión lograda implica una oportunidad para la gente de San Francisco Xochicuautla, para las demás comunidades afectadas como lo son San Lorenzo Huitzizilapan y Santa Cruz Ayotuxco, de coordinar estrategias de defensa y fortalecer los vínculos locales, estatales y nacionales en la defensa de la vida, la tierra, el bosque y el agua. Asimismo, dentro de la estrategia jurídica, resulta necesario ejercer presión e incidir ante el Poder Judicial de la Federación, para que el Juez Quinto reconozca que la autopista viola los derechos de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, así como de las otras comunidades y que en consecuencia, debe ser cancelada.

HP-¿Cuál es la reacción que se espera de las autoridades involucradas en la construcción de la carretera?

Desde que son notificadas, las autoridades cuentan con diez días hábiles para interponer un recurso de revisión, es decir, apelar la decisión de suspensión. Es altamente probable que una de las tantas autoridades involucradas lo hagan. Cuando ese momento llegue, será necesario defender jurídica y políticamente la suspensión. Este proceso puede tomar meses o más de un año.

No debemos olvidar que se tiene casi todo el sistema de justicia en contra de los pueblos, desde los valores que se protegen hasta el lenguaje y las formas de conocerlo. Los derechos de pueblos y comunidades indígenas son colectivos y comprenden magnitudes muy complejas que chocan no sólo con el derecho estatal sino con la estructura integral del Estado moderno, por ello ningún tribunal se atreve a darles un poco de lo que mencionan los tratados internacionales y la Constitución.

Teniendo esto como marco de acción y una suspensión definitiva, los interesados en la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan (AUTOVAN, el presidente de la República, SAASCAEM, SCT, SEDATU, etc.) no se encuentran muy contentos y va más allá de que para ellos estamos retrasando el progreso y el desarrollo del estado, sino porque cada día que pasa pierden cantidades increíbles de dinero en maquinaria, trabajadores, abogados, materiales, etc.

Adicionalmente el panorama actual del Estado mexicano en el que se violan masivamente derechos humanos nos da pie a inferir que la reacción no solo será por las vías jurisdiccionales sino por las vías de la amenaza, hostigamiento y del miedo para que los compañeros se rindan. En estos momentos varios de los compañeros de la comunidad se encuentran con medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por diversos eventos que han ocurrido en los últimos meses.

HP-¿Qué otro procedimiento o recursos jurídicos que se han interpuesto están a la espera de ser resueltos?

Dentro de la estrategia de lucha de San Francisco Xochicuautla y el barrio La Concepción, contra la autopista de cuota Toluca-Naucalpan, siempre han tenido presente el aspecto jurídico como una de las partes en las que se debe desarrollar la resistencia. En este devenir se han presentado diversas herramientas jurídicas por varios temas, las que se encuentran en trámite son las siguientes:

Vinculantes (el final del procedimiento/proceso las resoluciones obtenidas deben ser cumplidas, obligan a su cumplimiento a las instituciones participantes en la afectación, pueden hacerse valer incluso por la fuerza):

1. Tres amparos indirectos. Uno antes de la expropiación:
   1. Buscando por la vía constitucional la defensa de los derechos que tienen como pueblos indígenas y que han sido violentados desde el año 2006. La base de lo que se exige por parte de la comunidad fue argumentado a partir del Convenio 169 de la OIT; de la Convención americana sobre derechos humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas; así como La constitución política de los estados unidos mexicanos en sus artículos 1°, 2° y 27 y los protocolos emitidos por la SCJN en los que juzgadores tengan que resolver un caso en el que alguna de las partes sea perteneciente a una población indígena.
   2. Este amparo fue interpuesto en el mes de mayo de 2015 cuando todavía no estaba concluido el procedimiento expropiatorio, ni se tenía conocimiento de él, pero en el mes de julio del mismo año el ejecutivo federal pública en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se expropian un aproximado de 38 ha de agostadero de uso común, cabe mencionar que esta categoría es falsa ya que el territorio expropiado es utilizado para muchas actividades cotidianas de la población y no es simplemente de agostadero.
   3. Posteriormente, SAASCAEM presenta el decreto expropiatorio como un documento por el cual se debe sobreseer el proceso. Con este nuevo acto se presentó una ampliación de la demanda inicial en la que se reforzaron algunos de los conceptos de violación y se añadieron nuevos, con la finalidad de anular el decreto expropiatorio y exhibir que el procedimiento de expropiación violento nuevamente los derechos de la población indígena de San Francisco Xochicuautla
   4. En esta Ampliación de la demanda inicial se solicitó la suspensión definitiva de los actos reclamados que consisten en la desposesión de la fracción de territorio expropiado de la comunidad. El pasado 11 de febrero el Juez Quinto de Distrito del segundo circuito en el Estado de México otorgó la suspensión definitiva de los actos reclamados, lo que impide la desposesión del territorio hasta que se resuelva el proceso principal.

1. Tres después de la expropiación
   1. Uno va encaminado a combatir la anulación de la expropiación teniendo como argumento fundamental la religión de la comunidad y el uso ceremonial del territorio, partiendo de los derechos a la cultura y la religión, así como la consulta previa libre, informada y culturalmente accesible que nunca se realizó siendo población indígena. Los sujetos que interpusieron el amparo fueron los integrantes de los grupos denominados ASOCIACIONES, que son agrupaciones encargadas de continuar con la parte ceremonial del pueblo y recorren los cerros en peregrinación solicitando la apertura del tiempo, buenas cosechas o la cura de diversas enfermedades que los médicos no han podido remediar. Estas personas observan que con la construcción de la autopista no podrán pasar a sus sitios sagrados y que el Divino Rostro morirá: esto es muy interesante porque los centros sagrados principales que están dispersos por los cerros forman el cuerpo de cristo crucificado y la carretera lo corta exactamente a la mitad, a la altura del corazón, por eso mencionan que se desangrará. El pasado 28 de diciembre se dictó sentencia favorable de este amparo, sin embargo no fue apegada a derecho ya que únicamente otorga la garantía de audiencia pero sin detener los trabajos construcción; no alude a cada uno de los conceptos de violación que fueron argumentados en el amparo; no hace una distinción de la cualidad de sujetos indígenas del pueblo, los oculta nuevamente y ni hace mencionan de esta característica que es fundamental para resolver el caso; los deja en estado de indefensión; se resuelve algo que en ningún momento se solicitó, no hay concordancia entre lo que se solicitó y lo que se resolvió.
   2. El segundo, engloba no sólo la exigencia de cumplimiento de los derechos indígenas sino también del derecho al medio ambiente, al agua, a la alimentación, a la vivienda, a la protección de la niñez, inconstitucionalidad de la ley agraria y la omisión legislativa en el tema de derechos de pueblos indígenas todo con el objetivo de cancelar el proyecto y anular el decreto expropiatorio. Presentado por dos los delegados municipales y por miembros del Consejo Supremo Indígena de la comunidad. Desde el inicio el Juzgado Cuarto de Distrito del segundo circuito no otorgó la suspensión provisional, y tambien sacó del juicio –por decirlo de alguna manera– tanto al Comisariado de bienes comunales como a la empresa que está construyendo materialmente la autopista bajo el argumento de que no constituyen autoridades responsables para el juicio de amparo, sin embargo la reciente modificación en la ley de amparo menciona que también puede ser autoridades responsables algunos particulares que cumplan con diversas características, situación que posee la empresa AUTOVAN. Actualmente se está resolviendo una queja en contra de la determinación del juez por haber sacado del juicio a la empresa, por lo que todo se tuvo que detener hasta que se resuelva ese recurso.
   3. Interpuesto por un abogado de la comunidad bajo argumentos constitucionales sobre derechos indígenas en el cual se ganó la suspensión definitiva también, y pues anda caminando. Es un esfuerzo muy valioso; hay que poner mucha atención porque la exigencia surgió precisamente de una persona que vive cotidianamente con esas afectaciones.

2. Denuncias penales contra la empresa Autovan, los trabajadores que se encontraban en el territorio y quien resulte responsable por el delito de desacato y daños al medio ambiente:
   1. En 2014 un tribunal unitario agrario nulifica una asamblea agraria realizada en 2011 de manera ilegal por el Comisariado de bienes comunales. Lo que invalidó y dejó sin efectos fue la aprobación del paso de la autopista Toluca-Naucalpan y el Convenio de Ocupación Previa que hacía posible la entrada de maquinaria y trabajadores al territorio de esta comunidad antes de concluir el procedimiento de expropiación.
   2. El desacato surge del incumplimiento de esa sentencia entonces ya nulificada la asamblea se quedaron sin argumentos para entrar en la comunidad, pero eso no fue impedimento para que continuaran los trabajos de construcción de la autopista por ello estas denuncias
   3. Este proceso ha sido materialmente detenido por decisiones administrativas del ministerio público, prácticamente los compañeros han estado meses, casi un año, yendo a ratificar sus denuncias, mismas que presentaron de manera personal, es un completo sinsentido. Según dicho de las autoridades ministeriales «se deben ratificarse todas las denuncias que fueron presentadas para iniciar el procedimiento sin embargo se encuentran realizando las investigaciones correspondientes hasta que se cumpla con este requisito». Actualmente se encuentran en trámite.

No vinculantes (al final del procedimiento la recomendación no tiene que ser cumplida necesariamente):

3. Un queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
   1. Presentada en 4 sentidos que los compañeros consideraron fueron afectados en sus derechos humanos:
      1. Violaciones a sus derechos humanos como pueblo indígena.
      2. Violaciones a su derecho de acceso a la justicia.
      3. Violaciones a su derecho humano al medio ambiente.
      4. Violaciones a su derecho a la protesta que concluye con una situación de criminalización de los compañeros.

HP-¿Hacia dónde podría encaminarse una posible estrategia de lucha de la comunidad, qué otros caminos se pueden explorar para asegurar la cancelación definitiva del proyecto carretero?

La suspensión definitiva les da un poco de aliento en el largo caminar que los compañeros han recorrido desde 2008. La esperanza y alegría puede verse en las personas que saben de la suspensión hasta ahora. Sin embargo se tiene mucho que hacer aún.

En días posteriores a que fuera otorgada la suspensión, varios compañeros visitamos la comunidad para continuar con diversos trabajos pendientes y mientras comíamos unas quesadillas con la compañera Susana y con la tía Elena nos dimos cuenta que no sabían de la noticia y cuando se las contamos se llenaron de emoción y alegría, incluso casi lloran –y nos dejaron las quesadillas gratis, cosa que se agradece– pero esta situación constató varias cosas, entre ellas: que se debe trabajar aún más dentro de la comunidad y aunque es un reto enorme, que ni las organizaciones hemos sabido abordar y apoyar, es vital para lograr frenar la construcción de la autopista.

Este periodo les puede dar un poco de espacio para hacer la talacha interna explorando nuevos caminos y aprendiendo de lo que no funcionó antes y no sólo volver a encontrarse con la gente que ya no está en activo en la resistencia –por el cansancio o el desgaste– sino para sumar a la lucha a la gente que nunca ha estado en el movimiento de defensa y mostrar a los que sí quieren la autopista que las afectaciones serán más graves de lo que comentan las instituciones y de lo que ellos creen. Se tiene mucho que trabajar, la información tiene que circular de otras formas, es como nos lo menciona el tío Toño, «no queremos obligar a todos a que se unan a la lucha sino informarles lo que se vendrá si se llegara a construir la autopista y no sólo a los de la comunidad sino también a los de la ciudad pa’ que luego no digan que no se les dijo, porque el agua ya no les va a alcanzar si rebanan todo el cerro que alimenta al sistema Cutzamala».

Para eso sirve la información y su difusión, considero que es es para allá donde se necesita caminar: informar a la población por igual de lo que ocurre y cómo es que se está defendiendo el territorio y que ellos decidan por dónde sumarse, no obligarlos, solo darles las herramientas y la posibilidad de decidir de una forma real y ya dependerá si quieren aceptar el reto de defender o mirar al otro lado, pero es darles esa oportunidad. También dependerá de los compañeros que están en activo en la resistencia tomar el reto de informar más.

La lucha debe ser simultánea, tanto dentro como fuera de la comunidad. La de mayor importancia, desde mi perspectiva, es la interna y organizarse conforme ellos lo han hecho por siglos es de lo más eficaz y útil. La defensa territorial tiene como pilar fundamental la organización de base comunitaria. Al final del día cualquier estrategia es frágil si no tiene una base que le proporcione legitimidad, la lucha digna es la que va con todos, paso a paso, pero juntos; incluso, uno como abogado, puede echar a volar su imaginación e ir a interponer mil amparos sin que la comunidad lo sepa pero eso es suplantar a los compañeros y a la lucha, la comunidad es la que marca el paso. Es por ello que lo jurídico es una parte de la resistencia pero no es lo más vital ni a la que se deba apostar más.

HP-Entonces pese a todo lo que falta, sí se fortalece la esperanza de frenar la construcción de la carretera y se abren nuevos caminos a mediano plazo…

Cada logro es vital para los compañeros, sobre todo para que no se presente un estado de impasse o de atasco, que es lo que generalmente pasa en los procesos jurídicos porque son muy largos. Para ellos la consigna siempre ha sido: «nosotros la única ocasión que nos sentaremos a negociar con el Estado será cuando nos digan que el proyecto está cancelado y cómo van a reparar la afectación al bosque y al pueblo».

Que el trabajo que han realizado los compañeros en resistencia de frutos siempre es algo que nos da más ganas de continuar a nosotros como acompañantes y que sólo la comunidad podrá juzgar al final de la lucha contra la carretera.

Hasta el momento veo muy animados a los que saben de esta suspensión, pero hay que estar atentos a los próximos meses para ver en el terreno las reacciones del gobierno y de las empresas.