Hace tres años fue creada la Guardia Nacional (GN) en México. Desde entonces se ha desplegado esta fuerza militar hacia a las fronteras norte y sur de México con fines de control migratorio.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en julio de 2019, una acción de inconstitucionalidad respecto a la Ley de la Guardia Nacional. La Comisión señala diversas disposiciones de la referida ley que son contrarias a los derechos humanos. Sin embargo, a tres años, la SCJN continúa sin resolverla.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el órgano judicial debe resolver a la brevedad la acción de inconstitucionalidad.

Te puede interesar – Guardia Nacional reprime ‘viacrucis migrante’ que salió de Tapachula el viernes

En este contexto, el Centro Prodh, en conjunto con el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, presentó el 14 de junio a la SCJN un amicus curiae sobre los riesgos de militarizar la política migratoria.

Amicus curiae es una expresión latina que significa “amigos de la corte”. Son presentaciones de terceros ajenos a una disputa jurídica; el objetivo es que aporten a la Corte argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de juicio de manera a colaborar con el Tribunal en la resolución del litigio.

El amicus aborda específicamente las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a este cuerpo de seguridad militarizado. De acuerdo con las organizaciones, la SCJN debe considerar que la GN ha generado violaciones a los derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional.

El documento comparte con la Corte información documentada sobre abusos y violaciones a los derechos humanos de personas cometidas por esta institución, que posee más del 80% de sus elementos proveniente del sector castrense, así como en estructura, capacitación y mandos.

Te puede interesar – En un país militarizado, ¿quién vigila a la Guardia Nacional?

En particular, se han documentado recurrentes violaciones a derechos humanos de las personas migrantes en la frontera sur, incluyendo agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas migrantes en tránsito; uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante, así como casos de tortura en estaciones migratorias.

Control migratorio

Desde su creación, la GN fue vinculada en gran medida al control migratorio, bajo una lógica de contención en las fronteras. En febrero de 2022, de 99,946 elementos desplegados en México, 15,822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9,298 elementos en estados de la frontera sur, de acuerdo con un comunicado del Centro Prodh.

A lo anterior se suma el despliegue de la GN para tareas de control y verificación migratoria en puntos de revisión al interior del país, como lo son retenes, estaciones de autobuses y aeropuertos. Además de haberle sido asignado el resguardo de las Estaciones Migratorias del país, en las que las personas migrantes y sujetas de protección internacional se encuentran privadas de la libertad por motivos migratorios.

“En el contexto de profundización de la militarización que vivimos y que ha sido señalada con preocupación por diversos organismos internacionales, y ante la documentación de múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional en el ámbito migratorio, es esencial el escrutinio judicial del marco legal que faculta a dicha institución en materia de control y revisión migratoria, lo que debería implicar la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones referidas”, señalan las organizaciones.

Foto de portada Archivo Avispa Midia

Con una mano va cargando un morral donde lleva comida; con la otra, un machete. María* parece tener miedo y coraje. Camina con precaución, su objetivo es llevar comida a su familia que está resguardada en lo que queda de su comunidad. De pronto, una ráfaga de disparos al aire la obliga a tirarse al suelo. “Son ellos comenta”, refiriéndose a un grupo paramilitar que los ha atacado constantemente.

María es campesina de la comunidad de El Rebollero y, junto a los habitantes de El Paraje Los Arquitos y Río Minas, de San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca, fue víctima de un ataque armado el pasado 28 de mayo que destruyó toda la comunidad.

El último ataque ocurrió el miércoles, 15 de junio, alrededor de las 19hrs. Al menos tres vehículos con personas armadas se internaron a la comunidad, en el paraje denominado La Mesa y desde ahí empezaron a disparar por casi una hora.

Te puede interesar – Oaxaca: Nuevo ataque armado y destrucción de viviendas en El Rebollero

El 28 de mayo, más de 100 personas con armas exclusivas del Ejército ingresaron a esta pequeña comunidad y derribaron las viviendas, quemaron los cultivos. Lo único que dejaron intacto fue la capilla que sería inaugurada el día siguiente del ataque.

Este grupo armado destruyó las viviendas y las cosechas. Desde entonces hay mujeres, niños y ancianos que se resguardan con lo poco que quedó en la comunidad. No hay condiciones de seguridad para labrar la tierra y cuidar los animales.

La gente se da ánimos entre ellos mismos, pero el lugar está totalmente devastado. Bien podrían irse a otra parte, pero se resisten a dejar esta zona de su territorio. “Si lo permitimos, los políticos que están detrás de estos ataques tomarán el control de nuestro territorio y comenzarán a vender las tierras. La explotación minera comenzará sin obstáculos”, dice María.

Oaxaca: El Rebollero cumple seis días bajo ataque de paramilitares

Roberto, otro campesino, comparte con toda seguridad, “ya hemos denunciado quiénes están atrás de estos ataques, pero los respalda el gobierno, porque ellos han firmado disque acuerdos y a nosotros nos llaman paracaidistas. Que me digan en mi cara que soy paracaidista, seguro que ellos no conocen cada camino y cada planta como la conozco yo”.

A estas personas les han destruido sus viviendas al menos en dos ocasiones. La anterior se remite al mes de mayo del año 2019. También dejaron devastada a la comunidad y les costó dos años su reconstrucción, lo que hoy son solo ruinas. “No vamos a desistir. Tenemos compañeros que nos apoyan. Comunidades hermanas que también luchan por la defensa de la madre tierra”, dice María.

En un comunicado emitido por esta comunidad y publicada en la plataforma del Congreso Nacional Indígena (CNI), llaman, entre otros, a los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a la Sociedad Civil para que los apoyen con víveres y con donaciones que servirán para la reconstrucción.

Te puede interesar – Campesinos en Oaxaca reafirman su rechazo al avance de la minería

La campaña que han decidido impulsar estos campesinos se llama Por la reconstrucción y el cuidado de la dignidad en resistencia, que consta en el acopio de víveres, ropa, cobijas, colchonetas, lonas, toallas femeninas, papel higiénico, alcohol, láminas, clavos, alambre, celdas solares, herramientas de trabajo, entre otros.

En el comunicado figuran dos localidades y un número de cuenta para recibir los apoyos para su reconstrucción. Una de ellas se ubica en la Ciudad de México, en la llamada Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, anteriormente mal llamado INPI. La casa de los pueblos está ubicada en la Av. México-Coyoacán 343, Col. Xoco. Delegación Benito Juárez.

También en la ciudad de Oaxaca se estará recibiendo estos apoyos en la librería La Jícara, con dirección en Porfirio Díaz 1105, colonia Centro. En este mismo lugar proyectarán un documental el día miércoles 22 a las 18:30hrs. Este material audiovisual se presentará junto con integrantes del Concejo Indígena de Gobierno y el CNI Oaxaca.

María tiene muchas expectativas al no saberse sola. “Nuestras hermanas de otras comunidades, otras colectividades, las mujeres y los compas que luchan nos entienden y sabemos que no nos dejarán solos. Porque aquí vamos a seguir resistiendo”, señala la campesina.

En el comunicado también hacen un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos para estar atentos a estos acontecimientos. “Porque ya les entregamos un documento con detalles y pruebas de estas agresiones en días pasados. Les entregamos a cada uno un paquete de documentos”, agrega María.

^{*Los nombres de los testimonios fueron reemplazados por cuestiones de seguridad.}

Mientras comunidades impactadas por la actividad minera se vieron obligadas a restringir su lucha en defensa del territorio durante los dos años de pandemia de Covid-19, para atender urgencias económicas y de cuidados de la salud, la industria minera ha podido beneficiarse de las restricciones sociales y posicionarse con más fuerza en los territorios.

Esta es una de las conclusiones del informe La Lucha por Lo Esencial: la Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19, de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), que reflexiona las vivencias de comunidades mexicanas en los últimos dos años de pandemia y cómo los grandes capitales mineros se han aprovechado de la situación.

Durante el periodo de pandemia se profundizó la asimetría entre “los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y las comunidades que se oponen a éste”, sostiene el informe.

¿Cómo es que la minería se benefició con la pandemia?

Una de las respuestas dadas por sus autores – Libertad Díaz, Jen Moore y Miguel Mijangos – es que el sector minero logró una posición privilegiada al ser incluido en las actividades ‘esenciales’, “echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada en vigor, en julio del 2020, del renegociado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Te puede interesar – Oaxaca: Minería podría agudizar sequía en pleno pico de la pandemia

En un primer momento las industrias automotriz, minera y de construcción fueron designadas como “no esenciales”, aunque se exceptuó de esto a los proyectos insignia del presidente, presentes en el paquete económico 2020 y 2021, tales como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y la Refinería de Dos Bocas.

Sin embargo, para estos tres sectores la suspensión duró solamente entre seis y nueve semanas, y el camino a su apertura coincidió con una carta enviada por 11 senadores estadounidenses al entonces secretario de estado Michael Pompeo, en donde se presionó para un cambio en la clasificación que había decidido el gobierno mexicano.

A esta acción de presión del gobierno estadounidense se sumó la de la Asociación Nacional de Fabricantes (National Association of Manufacturers), también de los EEUU.

También, añade el informe, la Cámara Minera Mexicana (Camimex), cuyos miembros incluyen grandes empresas mineras mexicanas, estadounidenses y canadienses, realizaron diversas gestiones para lograr la inmunidad frente a las medidas sanitarias, entre ellas, escribir al entonces embajador de los Estados Unidos en México Christopher Landau, para solicitar que la minería fuera considerada “esencial”.

Dos semanas después de la entrada en vigencia del T-MEC, en el Diario Oficial de la Federación del 14 de mayo del 2020, en su artículo cuarto, “esta triada se incorporó dentro del grupo de las actividades esenciales, bajo las premisas de su relevante rol en la reactivación económica y, para el caso de la minería, en su supuesta importancia en la cadena de suministros de metales para diversas industrias” y, desde entonces, “no hubo tregua” para las comunidades.

Permisos

Durante el poco tiempo que la industria minera quedó fuera de la lista de las actividades esenciales, las empresas mineras no pudieron contar con el trámite de nuevos permisos. Sin embargo, una vez que lograron esta categorización privilegiada, “las ventanillas administrativas les fueron abriendo nuevamente”.

De acuerdo con el informe, desde junio 2020 a diciembre 2021, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) ha autorizado docenas de permisos ambientales para actividades mineras en, por lo menos, 14 estados, incluyendo Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, y Zacatecas.

Avance de las empresas en los territorios

El informe trae diversos ejemplos del avance de las mineras sobre los territorios durante la pandemia. Las experiencias de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el Valle de Ocotlán en Oaxaca narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios.

En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.

Te puede interesar – Minera Cuzcatlán libra sanciones y le aprueban 12 años más de operaciones

En muchas partes del país, como el Ejido El Bajío, en Sonora, el “aumento de violencia tuvo graves repercusiones y actores armados fortalecieron su control del territorio”.

En este contexto, el gobierno federal justificó la creación de la Policía Minera y, a la vez, aumentó la militarización del país con un enorme despliegue de la Guardia Nacional, “mientras el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades”.

Grupos de defensa ambiental de los diversos estados consultados para el informe, “observaron una profundización en el control territorial por el crimen organizado a nivel local desde el inicio de la pandemia, con serias implicaciones para su trabajo”.

Policía Minera

El grupo especial denominado Policía Minera, una policía destinada especialmente a la protección de las instalaciones mineras, fue creada en 2020. El reclutamiento de efectivos fue publicado por primera vez en julio de ese año durante un evento virtual titulado “La reactivación de la minería ante la nueva normalidad”.

Para fines de septiembre de 2020, se graduaron los primeros 118 efectivos federales con entrenamiento militar bajo la dirección del Servicio de Protección Federal (SPF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cual supone tener responsabilidad de resguardar instalaciones públicas, no privadas.

“Este esfuerzo fue justificado por el gobierno argumentando que ‘la minería representa una de las industrias clave para el desarrollo del país y para su economía, pues México está entre los primeros lugares en la producción y exportación de diversos materiales’, y

que tal medida ayudaría a disminuir el hurto de minerales desde las instalaciones mineras”, dice el informe.

Mayor lucro

La Camimex reportó, en su Informe Anual 2021, que el valor de producción minero-metalúrgico en México creció en 2020 a su punto más alto desde 2010, subiendo 42.5% comparado con el crecimiento del 2019, para un total de 13,095 millones de dólares estadounidenses.

El sector minero “fue uno de los pocos sectores económicos en el país que experimentó crecimiento en 2020, además del sector agropecuario, con aún mejores pronósticos para 2021”.

Te puede interesar – Transición hacia energías renovables demanda mayor explotación minera en el sur global

Además, el sector minero “confirma su capacidad mediática y se posiciona como actor estratégico dentro de la llamada ‘transición energética’ y el supuesto viraje hacia el uso de energías ‘verdes’, ‘renovables’ o ‘amigables con el ambiente’”.

Pandemia minera

El informe de la REMA se enmarca en el contexto de una investigación colaborativa regional y global por la Coalición contra la Pandemia Minera, la cual lanzó el informe Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera, que abarca 16 casos de estudios de nueve países de América Latina que demuestran la profundización de las asimetrías de poder económicas y políticas, junto con el aumento de militarización, represión, criminalización y violencia en contra de las comunidades organizadas.

Las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) instaladas en el poblado zapatista Nuevo San Gregorio, municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas en Chiapas, México, y la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad”, Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, han documentado nuevos ataques que ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad personal de seis familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN).

Te puede interesar – Comunidad zapatista sigue defendiendo la vida pese años de agresiones

El día 9 de junio, a las 7:23hrs entraron 19 personas del grupo agresor en el poblado y tumbaron árboles para “reforzar el alambrado que ilegítimamente instalaron hace 2 años y medio en el poblado”, de acuerdo a un comunicado divulgado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

A las 13:27hrs se reunieron frente del centro del poblado, donde es punto de trabajo y encuentro de las BAEZLN, insultando agresivamente a la población y en especial a las BriCO, realizando amenazas de muerte en contra de ellos y de integrantes del Frayba, antes de retirarse a las 14:38hrs.

“Estas nuevas amenazas constituyen un riesgo a la integridad física y psicológica de las personas y una clara obstaculización a la observación internacional con base en la Constitución mexicana y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, que ha sido firmada y ratificada por el Estado mexicano”, señala el comunicado.

Frente a estas circunstancias existe el “riesgo inminente a los derechos a la vida, seguridad e integridad personal debido a que el grupo agresor ha lanzado la amenaza de desplazar de manera forzada y entrar a cerrar las casas donde viven las BAEZLN, lo que ocasionaría daños de imposible reparación y a las observadoras y observadores de derechos humanos que se encuentran en el lugar”.

La organización denuncia que las BAEZLN realizan la defensa de su tierra y territorio en un contexto de constante violencia, amenazas y asesinatos por la acción de grupos armados sobre sus tierras y bienes naturales.

En el pueblo Autónomo de Nuevo San Gregorio, quienes permanecen en resistencia y defensa del territorio recuperado desde 1994, se ha dificultado la siembra de cultivos provocado por el despojo territorial, ocasionando la falta de alimentos básicos para las personas. Estos hechos siguen sucediendo bajo la observación del gobierno federal y estatal, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas.

Frayba sostiene que el Estado mexicano es indiferente y omiso en implementar una acción efectiva para desactivar la violencia contra las BAEZLN, “quienes son defensores, cuidadores y guardianes de su territorio, la administración de estos hechos, puede generar una situación de mayor alcance en violaciones graves a los derechos humanos”.

El 5 de julio próximo se cumplirá un año del asesinato del ex presidente de la Mesa Directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez, fecha que será conmemorada con un informe sobre su vida como defensor de los derechos humanos en Chiapas.

Las Abejas de Acteal lamentaron que la investigación de Simón Pedro no avance, “la justicia solo funciona ante el dinero y el poder”, pues señalan que enfrentan a la falta de voluntad política para investigar el contexto y las verdaderas causas del homicidio para dar con las personas que ordenaron la ejecución.

Simón Pedro fue asesinado en la cabecera municipal de Simojovel, después de denunciar la omisión del Estado mexicano ante la actuación impune de grupos de la delincuencia organizada.

Te puede interesar → Abejas de Acteal rechazan juicio abreviado por asesinato de Simón Pedro 

Las actividades en su memoria, por la verdad y la justicia serán convocadas en la comunidad Nuevo Israelita de Simojovel donde vivió y creció Simón Pedro; y donde actualmente reside su familia.

Tanto la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) acompañarán la peregrinación, la celebración eucarística y la presentación del informe para el que convocan la presencia de organizaciones aliadas.

Tras el asesinato del defensor, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas recomendaron a la Fiscalía de Chiapas investigar a fondo estos hechos, no solo a los autores materiales si no intelectuales del asesinato.

Días más tarde detuvieron a una persona acusada como autor material del crimen, “nuestra percepción de la Fiscalía General del Estado de Chiapas es que con que haya un detenido ya se hizo justicia; no hay voluntad”, dijo el abogado del Frayba, Jorge Gómez Hernández.

Pero esta presión política desde la fecha del crimen, impulsó el proceso y los asesores jurídicos no han agotado las líneas de investigación. El 30 de junio se realizará la audiencia intermedia en el Centro de Reinserción para Sentenciados número 14 ‘El Amate’ y “después se procederá a juicio oral donde se definirá la inocencia o la culpabilidad del detenido, estamos en los preparativos de la audiencia y del aniversario en memoria de Simón”, explicó Gómez.

La familia 

Entre las cosas que no ha hecho la autoridad es brindar seguridad a la familia del defensor, pese a que la Fiscalía tiene conocimiento de las intimidaciones y amenazas que continuaron después del asesinato de Simón Pedro.

Te puede interesar → Chiapas: Exigen investigar autores intelectuales del asesinato de Simón Pedro 

“Nosotros como Frayba también estamos protegiéndonos porque sabemos del riesgo y los motivos del asesinato. Seguimos pronunciándonos porque haya justicia verdadera”.

Para el Centro de Derechos Humanos el nulo acceso a la justicia es general, pues acompañan otros casos de tortura, de indígenas detenidos injustamente, violaciones, feminicidios que no se investigan, entre otros.

En la actualidad los defensores de los derechos humanos están siendo asesinados y tampoco hay justicia completa, “no hay justicia para nadie; la fiscalía decide quién accede a la justicia según sus intereses”.

Pero éste no es un tema reciente, pues en las tres décadas de documentación del Frayba señalan que no existe independencia judicial aún con los cambios de partidos políticos en los gobiernos.

En Chiapas la práctica de la tortura en las detenciones ilegales sigue siendo muy comunes, pero ningún servidor público ha sido castigado por torturar, encarcelar o por actos de corrupción.

“No queremos que tengan que pasar otros 25 años para que se haga justicia en el caso de Simón Pedro, por eso le pedimos a todos nuestros hermanos y hermanas solidarias que nos ayuden difundiendo su caso y participando en una celebración cuya convocatoria lanzaremos muy pronto con ocasión de su primer aniversario”, compartieron las Abejas de Acteal.

^{En portada: 400 años de minería no alteraron la apariencia del Cerro de San Pedrio. En cinco años se abrió un abismo de 400 metros de profundidad por 800 de ancho}

En 1996, los órganos ambientales de México dieron autorización a la minera San Xavier, de la canadiense New Gold, para explotar plata y oro en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Los habitantes solicitaron ante tribunal un juicio de nulidad de la concesión. Pero la minera presentó amparo y logró continuar sus actividades.

En 2016, luego de haber devastado al cerro, la minera cerró las actividades sin un plan de restauración. “¿Cómo van a volver a construir un cerro?”, pregunta don Mario Martínez, ingeniero geólogo y miembro del movimiento ciudadano de defensa del pueblo de Cerro de San Pedro.

La minera canadiense dejó, según Martínez, 200 millones de toneladas de materiales sulfurosos, además de 100 millones de toneladas de material con cianuro que, con las lluvias, filtran hacia al acuífero.

Son motivos de preocupación y resistencia la prospección, exploración, explotación, además de los conflictos que generan la actividad minera. Sin embargo, existe un “completo vacío” en lo que respecta al cierre y abandono de los sitios mineros, alerta la investigadora y experta en el tema, Letizia Silva, quien coordinó el informe ¿Y después de la mina qué? Hacia una política de cierre de minas, de la fundación Heinrich Böll.

“¿Qué sucede cuando deja de tener actividades a corto, mediano y largo plazo una mina?, ¿qué sucede con los lugares que quedan en total abandono? Quedan residuos tóxicos que no permite que viva nada. No se puede producir, no se puede tener una vida social, una vida en común. Y nadie se hace responsable de ello”, señala la investigadora.

En México, no existe una definición normada y regulada que establece lo que significa ‘cierre de mina’, tampoco existen normas para regular cómo debe ser la finalización de una actividad minera, o cómo se va a vigilar que la restauración del sitio ocurra.

Lo que existe, según la investigadora, son las definiciones en las Manifestaciones de Impacto Ambienta (MIA), estudio realizado por una consultoría ambiental pagado por las mineras. “Son las empresas que determinan, bajo sus criterios, que se considera cierre de mina”, explica.

Te puede interesar – Minera Cuzcatlán: Con licencia para contaminar

Justamente por no haber una normativa clara, no hay un número oficial de minas cerradas, tampoco existe un registro oficial de los pueblos fantasmas que han generado las actividades mineras en todo el país.

El dato oficial a partir del cual se puede generar una idea de la contaminación es el inventario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que ubica 585 registros de presas de jales, desechos tóxicos generados por la actividad minera.

Cierre en las distintas fases

La actividad minera posee cinco fases. La prospección, exploración, explotación, beneficio o limpieza del mineral y el cierre. “Pareciera un ciclo continuo y normal, pero hemos visto que, por ejemplo, una concesión puede estar en explotación y, al mismo tiempo, desarrollar prospección. Pueden estar en la fase de beneficio y volver a la fase de prospección. No es una actividad continua. Así como se puede regresar las fases, el cierre también puede coincidir con cualquier otra fase”, explica Silva.

Es decir, puede ser que la empresa esté haciendo la prospección y considere que no es viable la explotación y determina retirarse. “¿Dónde está la planeación de cierre cuando no hubo explotación?, por ejemplo. La actividad de prospección no es solamente hacer medición, es hacer perforación, retirar vegetación, modificar suelo. Entonces desde las primeras fases habría que existir un plan de cierre”, sostiene.

Te puede interesar – Campesinos mexicanos protestan en Londres contra minería

Otra situación que no está prevista en las normas mexicanas es la suspensión de la actividad minera. “Puede ser que la empresa se haya ido momentáneamente. Todavía es un cierre y abría que estar normado”, señala la investigadora.

La postergación de las actividades mineras ha sido cada vez más frecuente en los últimos años. En 2017, 17% de los proyectos mineros estaban suspendidos. En 2021, alzó a 62%. “No sabemos lo que sucede en este período que es indeterminado”.

Distintas organizaciones y colectivos demandan una política de monitoreo y manejo de desechos tóxicos, además exigen que las empresas restauren los lugares luego de la extracción de los materiales. ¿Sería eso posible?, considerando los daños irreversibles que traen dichas actividades. Como señaló Martínez, ¿cómo van a volver a construir un cerro?”.

Miles de personas migrantes salieron este lunes (6) de Tapachula, para solicitar visas humanitarias para transitar libremente por México durante un año. De acuerdo a la documentación de organizaciones, se trata de la octava caravana que sale desde el Soconusco en Chiapas, sólo este 2022 y quizá la más numerosa.

García Villagrán, defensor de los derechos humanos que acompaña la organización de la caravana, considera que más de 15 mil migrantes caminan en ella, “y se va anexando la gente; es necesario que esta crisis humanitaria se atienda conforme a la ley con visas humanitarias inmediatamente a todos y cada uno”.

Te puede interesar – Caravana migrante con mayoría de venezolanos parte desde Tapachula; INM impide avance

Exigen, además del acceso a procedimientos migratorios, un trato digno de las autoridades. “Sí se puede”, se escuchó al unísono, cuando cruzaron por un cerco de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) en la salida a la carretera a Huixtla que, de otro modo, no hubiesen podido cruzar.

Salieron alrededor de las 6hrs del lunes del Parque Bicentenario, bajo una lluvia leve y constante. Caminaron 14 kilómetros hasta la comunidad Álvaro Obregón donde nuevamente llovió por la noche.

Comunidades religiosas y organizaciones de derechos humanos brindaron agua y algunos alimentos. Hay familias que decidieron comprar arroz y pasta para preparar en la calle. Mientras, la Guardia Nacional los vigila de lejos.

Este mismo lunes, en la estación migratoria Siglo 21, personas de distintas nacionalidades se amotinaron y se subieron a los techos del espacio dependiente del INM para pedir libertad, lo que provocó la presencia militar.

Villagrán espera que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atienda personalmente a los miles de migrantes que se dirigen al norte del país y que planean una visita a Palacio Nacional.

Visa humanitaria por un año

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano declaró acción urgente. “Ante la falta de vías para la regularización migratoria y acceso a refugio, salió un grupo”, el cual está integrado principalmente de familias, incluyendo niños, niñas y adolescentes, así como personas LBTIQ+ y con discapacidad. Villagrán agregó que también hay mujeres embarazadas.

Las organizaciones que integran el Colectivo continúan la documentación del grupo que este martes (7) caminó rumbo a Huixtla. “Hacemos un llamado a las autoridades a garantizar protección y evitar el uso injustificado de la fuerza”.

Te puede interesar – El bloqueo a las caravanas migrantes en México, acorde a políticas de EEUU

Este martes, nuevamente el calor y la humedad provocaron que algunos se adelantaran, otros pidieron aventón a los camiones, tráileres y vehículos de particulares; pero algunos se quedaron en el camino.

La asistencia médica también la otorgan las organizaciones. Las infancias son las más afectadas por la insolación y la deshidratación.

Irineo Mujica, de Pueblos sin Frontera, responsabilizó a la autoridad migratoria de que los extranjeros busquen salir en masa de la ciudad fronteriza. Asimismo, señaló la corrupción que existe al interior del INM, “tenemos un gobierno que ha perdido la cordura, perseguir a las personas migrantes”.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tiene citas hasta agosto y la oficina de regulación hasta finales de septiembre, por lo que temen la cantidad de personas que podrían estar varados y contenidos en Tapachula para esa fecha.

La mayoría de ellos se encuentran en situación de calle, pues los albergues y refugios también se encuentran hacinados. Buscan plazas y parques para acampar y pasar la noche, “o se mueren de hambre o se mueren de tanto odio que hay en Tapachula”, dijo Villagrán.