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(Español) 104 mil 602 ejecutados con Peña Nieto- Ke Huelga Radio
Miércoles 6 de septiembre de 2017
Isaí Lara Bermúdez
El Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República llega teñido de sangre como ningún otro. Su gobierno terminará como uno de los más violentos e inseguros de la historia contemporánea de México. Con la extradición de “El Chapo” Guzmán, la atomización del Cártel de Sinaloa y la expansión del CJNG 2017 será el año con el mayor número de ejecuciones.
Uno de cada cuatro homicidios en México registrados en los últimos 27 años, se han cometido en la administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sus números sangrientos, superan incluso a los de su antecesor Felipe Calderón, quien declaró la “guerra” contra el narcotráfico, despertando a miles de sicarios a las órdenes de los grupos criminales en el país.
Miles de familias desgarradas por el homicidio, huérfanos, esposas o madres, rostros y nombres borrados de los grandes números totales: 104 mil 602 homicidios dolosos registrados desde que el priista tomó protesta como Presidente de la República en diciembre de 2012 y hasta el 31 de julio del presente año.
Esta es la cifra más actual y más cercana en el abismo del narcotráfico y la violencia, en el de las desapariciones forzadas, en el de las narcofosas o la desintegración de cuerpos, en el mundo de pueblos alejados de todo, que no cuentan con registros de sus muertos.
Los asesinatos durante la era peñanietista representan el 25 por ciento del total de los homicidios con registro desde 1990 a 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La violencia reflejada en la privación de la vida explotó con Felipe Calderón. Sumando el número de asesinatos durante el gobierno panista (2006-2012) a los de la administración actual, representan el 49% de las 427 mil 698 víctimas de homicidio en los últimos 27 años, según las cifras obtenidas por el mismo Inegi. Uno de cada dos asesinatos ocurrió bajo el mandato de Calderón y Peña.
16 mil 152 muertos en el transcurso de 2017
Si la tendencia en ejecuciones continúa tal como ha sucedido en los primeros siete meses de 2017, romperá record en sangre derramada. Del primero de enero al 31 de julio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alimentado por las fiscalías y las procuradurías de Justicia de los estados de la República, tiene registradas 16 mil 152 muertes violentas.
El número por sí mismo escalofriante cobra mayor nervio cuando se compara con el primer año en que Calderón abrió fuego contra los cárteles de las drogas. Es decir, los más de 16 mil homicidios en los primeros siete meses de 2017 son prácticamente el doble de los que el gobierno documentó en 2007 (8 mil 867).
Cada mes, en 2017, se han registrado entre 2 mil 100 muertes violentas (homicidios dolosos) y 2 mil 461. Algo así como 2 mil 300 ejecuciones en promedio mensual, 78 cada día, tres muertes por hora. Si ese promedio se sostiene, este año terminaría con una cifra récord: 27 mil 690 víctimas.
BC supera a Veracruz, Michoacán, Jalisco y Chihuahua
En lo que va del año, en Sinaloa, Chihuahua, un poco Guanajuato y sobre todo Baja California, se ha recrudecido la violencia, entidades que representan puntos estratégicos para el tráfico, producción y distribución de droga en el país.
Al cierre de 2016, los estados con mayor número de muertes violentas fueron:
Estado de México, 2 mil 256.
Guerrero, 2 mil 213.
Veracruz, mil 522.
Michoacán, mil 477.
Jalisco, mil 470.
Baja California, mil 258.
Sinaloa, mil 161.
Guanajuato, mil 110.
Ciudad de México, mil 035.
Oaxaca, mil 013.
En comparación a 2017, dichas entidades federativas han desplazado a otras sumamente conocidas por el nivel de presencia de grupos criminales y violencia. Por ejemplo, Guerrero superó al Estado de México, este último con más de 17 millones de habitantes.
Solo por debajo de Guerrero y Estado de México, se encuentra Baja California, donde prácticamente el 80% de los homicidios ocurren en Tijuana. Lo más grave es que en el top 3, el Estado de México es seis veces más grande poblacionalmente que Guerrero y Baja California, condensando un número mayor de asesinatos por cada 100 mil habitantes.
De enero a julio del2017, según el Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, algunos estados han ganado terreno en la escala de muerte.
Con los datos actualizados hasta el 20 de agosto, así el reacomodo en el transcurso de 2017:
Tasa de homicidios
Si se divide el número de homicidios cometidos en lo que va del año entre la población de cada Estado (según el Consejo Nacional de Población), estas serían las entidades más violentas. Resalta que el Estado de México, que generalmente encabeza el top, pierde espacios frente a otros lugares.
Reacomodo de Cártel de Sinaloa, poderío del CJNG
Para el doctor David Shirk, investigador de la Universidad de San Diego en Estados Unidos, la ola de violencia que registra México tiene que ver con una diversidad de factores como la pobreza y la falta de oportunidades sociales.
Sin embargo, aclara, no es lo definitivo, pues los cuadrantes de pobreza más severa en el país no coinciden con los lugares de mayor violencia. Por ello asegura que se trata por un lado del reacomodo criminal que ha dejado la captura del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y la atomización del mismo grupo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Al mismo tiempo, el crecimiento exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), son los motivos de las muertes que se han incrementado y diversificado a lo largo del país. “Tiene que ver con el reajuste del mundo criminal en el acaecer del reino del Cártel de Sinaloa”, describe.
En entrevista con ZETA, el también maestro en Relaciones Internaciones admite que “el crecimiento de CJNG efectivamente se consolidó durante los primeros años de Peña Nieto al lograr la eliminación más grande en cuanto a sus rivales como Los Zetas, Los (Caballeros) Templarios, es en esa época cuando hay un avance muy importante de Sinaloa”.
Shirk declara: “La primera captura que realizó el gobierno de Peña a ‘El Chapo’ no mermó su capacidad de operatividad, pues pudo escapar, estaba en una situación de poder a pesar de estar encarcelado, eso quiere decir que la época de mayor poder de Sinaloa fue en 2012 y 2013. Quitar del juego a ‘El Chapo’ -prosigue el profesor en Ciencias Políticas– es cuando empiezan la inestabilidad, el incremento de la violencia, fue a finales de 2015, particularmente después de moverlo a Chihuahua, la violencia siguió creciendo después de su extradición a Estados Unidos”.
Shirk es director del programa Justice in Mexico de la Universidad de San Diego y cree que la violencia cesará cuando un cártel logre apoderarse en los territorios en disputa o que se logren alianzas para el cese al fuego, pues de eliminar la pobreza o el desempleo, la educación no se podrá llevar a cabo a lo largo de dos años, pero en ese periodo, sí se puede modificar radicalmente la dinámica entre los grupos de delincuencia organizada.
“Las olas de violencia han crecido y disminuido mucho más rápido que los cambios de política o administración pública, lo que quiere decir que a pesar de que a los políticos y policías les gusta adjudicarse los méritos por los cambios de disminución de violencia, como en 2012 y 2014, hay otros factores en los propios grupos criminales”, detalla.
Uno de los problemas más grandes es la impunidad, ya que “la autoridad no tiene tiempo ni capacidad para investigar y castigar los homicidios. Esto es muy problemático, pues si yo mato a alguien y nadie me castiga, lo haré otra vez”.
Es por eso que el margen para disminuir la violencia por parte del Estado es fortalecer las investigaciones y castigar a los homicidas.
“Gobierno ataca síntomas, no causas”: Semáforo Delictivo
Para Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, el proyecto ciudadano quizá más ambicioso del país en cuanto a la revisión de cifras sobre inseguridad, “el gobierno ha estado atacando los síntomas sin atacar las causas, que es el mercado negro de las drogas”.
El fundador de Semáforo Delictivo define que las muertes violentas no responden tanto “al mercado de exportación de las drogas” sino al narcomenudeo, pues “el mercado de exportación a veces es violento, pero tiende a resolverse porque es más inteligente y corruptor, la violencia es un costo”.
En contraparte, explica, la venta de drogas al menudeo “tiene que proteger toda una plaza, toda una ciudad o todo un Estado, todo un territorio, generalmente son jóvenes en riesgo reclutados, el ladronzuelo de la colonia en un inicio, no es una organización muy sofisticada, entonces tiene que defender sus territorios con mucha violencia, tienen menos fondos, tienen armas y van colapsando a la autoridad. Ésta es la primera causa de violencia en México.
“Es una competencia de mafias por el territorio. Cuando tienes una sola mafia que controla un mercado de droga, la región suele estar tranquila. Cuando tienes competencia, se provoca mucha violencia. El problema es que el propio gobierno mexicano ha estado creando esta violencia al atomizar los cárteles, crea más competencia y guerra entre ellos”, remata.
Además, no se puede definir a los grupos criminales sin la complicidad de los gobiernos en turno: “Hay una recomposición en gobierno y obviamente, hay una recomposición en los grupos delictivos, sus alianzas, sus contactos dentro del gobierno. La turbulencia electoral crea turbulencia en el crimen organizado también”.
Para resolverlo, Roel sugiere: “Es muy sencillo y es regulación de drogas. Arrebatarle el negocio, arrebatarle el mercado a las mafias, les quitas el poder económico, bélico y social con el cual reclutan a jóvenes, familias, autoridades, policías. La regulación no implica promover drogas. Promover drogas es lo que ha estado sucediendo en la actualidad, las mafias promueven drogas peligrosas con toda libertad en todo el país”.
Y agrega: “Todos los intentos institucionales que se puedan o quieran hacer con respecto a reducir violencia o corrupción, no van a funcionar si primero no le quitas el dinero a estas mafias”.
Roel sabe que ni un solo partido político ha subido a su agenda el tema. Y menos ahora que el proceso electoral 2018 está en puerta: “Primero la presión de la DEA, CIA y otras agencias de Estados Unidos en México, a quienes no les interesa que México regule porque si lo hace, ahí se les acaba la piñata, les encanta golpear ante su fracaso en su política de drogas”.
La otra razón es que “hay políticos involucrados en el narco. Ningún narcopolítico va a estar de acuerdo en la regulación de las drogas, se estarían dando un balazo en el pie”. Y por último, “la falta de entendimiento por parte de la sociedad que sigue confundiendo regulación con promoción de drogas y es justo lo contrario. Actualmente es así, consigues droga donde sea”.
Cifras maquilladas
Jimena David es investigadora del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, basó una de sus más recientes investigaciones en torno a cómo se maquillan las cifras de homicidios dolosos al reclasificarlos como homicidios culposos.
“Idealmente estas dos categorías no deberían tener ninguna relación porque uno se refiere a hechos accidentales (culposos) y otro a hechos intencionales (dolosos), por lo que se tendrían que mover de manera completamente distinta”, asegura en entrevista con ZETA
Sin embargo, cuando Jimena y dos de sus compañeros investigadores del Programa de Seguridad y Justicia de México Evalúa estudiaron el comportamiento de las incidencias de estos dos delitos, “encontramos relaciones muy significativas y raras que no deberían existir. No podemos saber con seguridad si están manipulando la cifra, pero los datos se comportan de una manera atípica, así que probablemente haya un problema”, anota.
La investigadora señala que estas reclasificaciones se pueden realizar en las correcciones que cada procuraduría envía al Secretariado: “A veces se pueden restar o sumar homicidios posteriormente cuando, por ejemplo, se dieron veinte homicidios dolosos y se le restan dos, uno por causas naturales y otro accidental. Hay varios momentos en que puede ocurrir esto, ya sea por decisión o por errores”.
Respecto a la confiabilidad de estas bases de datos, David considera: “Tanto las estrategias estatales como la nacional, se construyen con información defectuosa”.
Según lo que la investigadora ha recolectado en sus investigaciones, “algunos ministerios públicos están capturando datos a mano en papeles o no tienen servicio de electricidad, esto frena las capacidades de las autoridades para recabar correctamente los datos y hacer el mejor uso de ellos”.
Una de las formas que propone para mejorar las bases de datos respecto a los homicidios en el país, es que los ministerios públicos formen una imagen más completa de las modalidades de este delito, más allá de los datos que tradicionalmente se clasifican como tipo de homicidio, de arma y ubicación, así como la de un organismo de vigilancia.
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Por Romeo LopCam-Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones
Cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) le propuso al Congreso Nacional Indígena (CNI), formar un Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y nombrar a una vocera que sería registrada como candidata independiente a la presidencia de la república, sabía que ambas organizaciones por momentos tendrían que ajustar sus tiempos al «calendario de los de arriba».
El reto será entonces mantener los propios, a la vez que se cumplen los requisitos burocráticos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), institución que heredó el descrédito del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) en virtud de que durante toda su existencia no logró erradicar el clientelismo, la corrupción y los fraudes. Por el contrario, los reforzó.
Todos los partidos caen, en mayor o menor medida, en estos males. Y la gente lo sabe. De ahí que en las elecciones en México, la abstención siempre supera por mucho al porcentaje del candidato o candidata más votado. Por supuesto, eso no significa que la mayoría apoye una alternativa más radical, como la vía armada. Pero tal vez sí respalde una más atípica. Esa es la apuesta del CNI.
Los votos serán lo de menos, se entiende que el piso no es parejo. Lo que se pretende, según se desprende de las declaraciones de la vocera del CIG, María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy), es aprovechar el revuelo que genera la coyuntura electoral para organizarse como pueblos indígenas y mostrarle al país que existen otras formas de hacer política, en las que se practica el mandar obedeciendo de acuerdo a las necesidades de cada comunidad.
Las reglas y los tiempos del INE
Sin embargo, el CNI tendrá que jugar bajo reglas ajenas y cumplir con varias formalidades antes de empezar a recorrer el país para difundir su mensaje.
En primer lugar, tuvo que constituir una Asociación Civil, a la que denominó «Llegó la hora del florecimiento de los pueblos», con la ayuda de decenas de académicos e intelectuales afines al zapatismo. No podía ser de otra forma dado que así lo exige el Artículo 368, apartado 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En segundo, el pasado 29 de agosto el INE estableció que de acuerdo al corte de la lista nominal hecho el 11 de agosto de 2017, el mínimo de firmas necesarias para registrar una candidatura independiente a la presidencia es de 864 mil 536.
Dichas firmas se podrán recabar entre el 10 de octubre de 2017 (fecha en que se hace entrega de la constancia de aspirante) y el 6 de febrero de 2018, mediante una aplicación que funciona sobre teléfonos de «gama media y alta» con el sistema operativo Android 5.0 e iOS 8, o superior.
Además, según el Artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los apoyos deben cubrir por lo menos el 1% de la lista nominal en 17 estados de la república. Un cálculo aproximado de las firmas necesarias por entidad es el siguiente.
La aproximación en todo caso es igual o ligeramente mayor a lo requerido, dado que se utilizó la lista nominal del 1 de septiembre de 2017, en la que los números han aumentado.
Finalmente la solicitud de registro deberá entregarse entre el 8 y 11 de marzo de 2017. Los resultados de la verificación del «apoyo ciudadano» se darán a conocer el 23 de ese mismo mes, siendo el día 29 cuando se da la aprobación del registro para las candidaturas de la elección federal.
No todo México es territorio Telcel
En cuanto al método mediante el cual se registrarán las credenciales de elector de aquellos y aquellas que apoyarán la candidatura de Marichuy, sobra decir que el INE ignoró por completo la aún importante brecha digital que existe entre aquellas personas acostumbradas desde jóvenes al uso de computadoras y teléfonos inteligentes, con acceso regular a una conexión de Internet decente; y aquellas que nunca han utilizado dichas tecnologías.
Según la más reciente Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información
en los Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); un 40.5% de los mexicanos y mexicanas no usan Internet. Un 26.4% no cuenta con un teléfono móvil y del 73.6% que sí, un 24% utiliza un celular común que apenas y cumple las funciones básicas.
Los resultados del INEGI no sorprenden. Si bien su uso se ha extendido en los últimos años, las tecnologías de la información han sido adoptadas principalmente por jóvenes y adultos de entre 12 y 44 años que viven en entornos urbanos. Otros factores que ofrecen cierta correlación con dichos datos son el grado de escolaridad y los índices de pobreza y marginalidad. Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los estados en los que menos se usa el teléfono celular.
Muchas personas que podrían haber participado recolectando apoyos, dependerán de otras para mostrar el propio. Gente que si bien no sabe mucho de teléfonos inteligentes, sistemas operativos, memes y redes sociales; posee esa sabiduría que se obtiene al defender todos los días a sus comunidades y territorios de los intentos de despojo.
Tejiendo redes de apoyo y organización
Aunque por supuesto, en el CNI existen jóvenes y no tan jóvenes que hacen un uso cotidiano las tecnologías mencionadas. Además de que las simpatías que despiertan en muchas ciudades no es menor. México, Guadalajara, Puebla, Xalapa, Tijuana, San Cristóbal de las Casas y muchas otras, cuentan con personas y colectivos dispuestos a tejer redes de apoyo para el CIG y su vocera.
En varios estados se han llevado a cabo reuniones con ese objetivo y en los próximos días concejales y concejalas estarán visitando varias universidades. La organización que se derive de estos encuentros resultará fundamental para que, como dijera el abogado y miembro del CNI Carlos González, este pueda «colarse en la fiesta de los de arriba para echárselas a perder».
En el comunicado en el que el EZLN explicó detalladamente la propuesta se apuntó:
Les dijimos que no importaba si ganaban o no la presidencia de la República, que lo que iba a importar era el desafío, la irreverencia, la insumisión, el quiebre total de la imagen del indígena objeto de la limosna y la lástima (imagen tan arraigada en la derecha y, quién lo dijera, también en la izquierda institucional del «cambio verdadero» y sus intelectuales orgánicos adictos al opio de las redes sociales), que su atrevimiento cimbraría al sistema político entero y que tendría ecos de esperanza no en uno, sino en muchos de los Méxicos de abajo… y del mundo.
Así, no quieren un lugar en el juego para ganarlo, saben que los dados están cargados. No son ingenuas e ingenuos. Su intención es más simple: patear el tablero, mostrar una vez más los absurdos límites que el sistema político mexicano le impone a la gente se organiza y trabajar para que ésta pueda coordinarse a nivel nacional con el fin de propiciar cambios realmente significativos.
