Después de 12 horas de sesión, entre reparticiones de culpas y reclamos, la madrugada de este viernes (9) el Senado mexicano aprobó la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con el visto bueno del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena (Morena), el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, sin modificar una sola coma del proyecto enviado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el ejército mexicano asumirá las funciones administrativas, financieras y operativas del cuerpo de seguridad militar desplegado en México desde 2019.

“Se dotó a las Fuerzas Armadas del marco jurídico que pidieron por varios sexenios”, argumenta el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que ha alertado acerca de los riesgos de la profundización de la militarización en las labores de seguridad pública en México.

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De acuerdo al Centro Prodh, la iniciativa profundiza la militarización de México pues también otorga el control a las Fuerzas Militares en aspectos sustantivos de la GN, además amplía la intervención del cuerpo de seguridad militar en tareas de investigación, labores de inteligencia y prosecución de delitos.

La organización de derechos humanos ha remarcado que la creciente participación de las Fuerzas Armadas en áreas de la vida pública, ajenas a su sector, implica riesgos de mayor corrupción y de politización del sector castrense.

Mientras tanto, un bloque de legisladores integrado por partidos de la oposición anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra dicha reforma.

Militares con mayores atribuciones

Por mucho ésta no ha sido la única organización crítica de la medida. La Red Feminista Antimilitarista, que aglutina organizaciones internacionales y mexicanas, alerta que la iniciativa para reformar la Ley de la Guardia Nacional incluye la permanencia al personal castrense para seguir protegido por el fuero militar, a pesar de que constitucionalmente la GN sigue siendo de carácter civil.

Sobre este punto, el Centro Prodh, que ha dado seguimiento a denuncias de violaciones de derechos humanos por elementos de la GN, señala que “los casos que se presentan, dadas las inercias en el uso de la fuerza, no son investigados exhaustiva y prontamente por instancias civiles externas. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son complacientes cuando deben investigar abusos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional”.

A pesar de que, en 2019, el acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas para proceder con la creación de la Guardia Nacional fue que dicho organismo respondería a mandos civiles adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la aprobación del decreto se militariza completamente la cadena de mando de la GN al quedar suscrito a la Sedena, lo cual viola el carácter civil que se le reconoce a dicha corporación de seguridad en el artículo 21 constitucional.

La Red Feminista Antimilitarista también señala que la reforma que dio creación a la GN establecía el uso, extraordinario y con condiciones y límites, de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024, lo cual va en sentido contrario a la iniciativa impulsada por el presidente AMLO y los legisladores de su partido, Morena, quienes buscan concretar las labores del ejército en seguridad pública de manera permanente.

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Por otra parte, 29 integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) se posicionaron para rechazar la aprobación en el Congreso de reformas a leyes secundarias que “consolidan permanentemente a la Guardia Nacional bajo control militar en funciones de seguridad pública”.

Las comisiones estatales advirtieron que la incorporación de la GN a la Sedena reducirá el margen de acción de los organismos públicos de protección de derechos humanos pues  “se generará un vacío en la atención de las víctimas”,  toda vez que la atención de las quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la Guardia Nacional no es competencia de los organismos locales sino de la CNDH, organismo que no se ha pronunciado sobre la incorporación de la GN a las Fuerzas Armadas.

Aplanadora

La aprobación del proyecto de decreto promovido por AMLO recorrió rápidamente los trámites en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, las cuales procedieron a enviar la iniciativa a votación en la cámara alta del Congreso.

Pese al llamado de distintas voces civiles, organizaciones y otras fuerzas políticas para convocar espacios de discusión para examinar a detalle la iniciativa, la mayoría de votos de Morena y sus aliados aceleró el trámite del decreto enviado por AMLO apenas el 2 de septiembre pasado.

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Entre los principales argumentos de los senadores a favor del decreto se enunciaron los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización del Inegi, la cual afirma que la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional mantienen un nivel de confianza entre la población mexicana. De la misma manera, el proyecto de decreto argumenta que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana califica de “efectivo” el desempeño de la GN en 2022.

Para el Centro Prodh, la ausencia de visión estratégica – donde se privilegia la ocupación territorial en lógica castrense sobre la inteligencia y el fortalecimiento complementario de otros cuerpos policiales – permite la continuidad de la violencia, pese a la incorporación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

“El despliegue de fuerzas armadas es una medida de contención de presencia en territorio que no suple el otro gran componente que no estamos teniendo en este sexenio que es el de la acción decidida de la justicia, para desarticular redes criminales, con herramientas criminológicas del siglo XXI”, señaló Santiago Aguirre, director del Centro Prodh para entrevista con medios nacionales.

Más presupuesto

Según el Centro Prodh, con esta acción se dota de más recursos presupuestales a Sedena, quien no cuenta con controles externos civiles robustos para fiscalizar las denuncias por violaciones a los derechos humanos que involucran a elementos de la GN.

La Red Feminista Antimilitarista también alerta sobre la eliminación del control civil sobre el presupuesto de la Guardia Nacional, lo que le permitiría a la Sedena el uso discrecional de dichos recursos.

“El decreto otorga un poder sin precedentes a la Sedena. Le otorga recursos materiales, económicos y humanos que continuarán fortaleciendo a una secretaría que actualmente es la segunda institución con más plazas dentro de la administración pública federal, sólo después del Instituto Mexicano del Seguro Social”, advierte la Red.

Con la incorporación de la GN a la Sedena, el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP) prevé que las Fuerzas Armadas contarán con un aumento de más de 60% de presupuesto para el año 2023, con más 160 millones de pesos, lo que equivale a los recursos destinados al valor total de 12 secretarías entre las que se encuentran la de medio ambiente, energía, hacienda, economía, entre otras. Con la aprobación del decreto se reforman cuatro leyes: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Guardia Nacional, Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

Once comuneros de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, lograron en la justicia agraria la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, que opera un parque eólico en Unión Hidalgo, un anexo del municipio de Juchitán de Zaragoza.

El fallo en contra de la eólica establece que las tierras donde la empresa levantó su complejo de generación de energía fueron consideradas indebidamente propiedad privada cuando en realidad son tierras comunales.

La sentencia de nulidad reconoce que la Asamblea General de Comuneros de Juchitán de Zaragoza y sus anexos – Xadani, Chicapa, Unión Hidalgo, la Ventosa y el Espinal – es la única que puede determinar el uso, destino y disfrute de las tierras, ya que por su naturaleza todas son de uso común y son los únicos que pueden celebrar contratos de arrendamiento. Además, establece que Unión Hidalgo es una comunidad agraria e indígena que conserva sus usos y costumbres y en las que el 90% de la población habla zapoteco.

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Con la sentencia, Demex no está obligada a desmantelar el parque eólico ya que la empresa no pudo levantar sus generadores eólicos dentro de sus tierras, sin embargo, de acuerdo con el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC), que llevó a cabo el proceso jurídico, lanza el precedente para que cualquier comunero de todo el país pueda en el futuro declarar la nulidad de los contratos en caso de que hayan sido autorizados de manera individual y no mediante acuerdo de una Asamblea General de Comuneros.

La resolución permite establecer que todos los contratos celebrados en contravención de la Ley Agraria pueden ser declarados nulos absolutos a petición de las y los comuneros, pero también de las partes que lo celebran, como los posesionarios y la representación comunal o ejidal.

El proceso judicial

En 2004, representantes de la empresa Demex llegaron a la comunidad de Unión Hidalgo para convencerlos de rentar sus tierras para la instalación del parque Eólico Piedra Larga I y II. De 2006 al 2011 la empresa Demex llevó a cabo la formalización de contratos de arrendamiento civil de las tierras con posesionarios de manera individual.

El 11 de junio de 2013, 11 posesionarios y la representación de bienes comunales de Unión Hidalgo, asesorados por ProDESC, presentaron demandas agrarias en contra de la empresa Demex ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) Distrito 22, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, en las que solicitaron se declarara la nulidad de los contratos celebrados con dicha empresa, por contravenir la Ley Agraria, ya que los contratos fueron indebidamente considerados propiedad privada cuando en realidad eran tierras comunales.

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De manera sorpresiva, el Magistrado del TUA Distrito 22 decidió declararse incompetente para conocer del caso por “razón de materia”, ya que consideró que la demanda debía tramitarse ante un juez civil.

Fue entonces que los afectados presentaron una demanda de amparo indirecto integrando el expediente 890/2013 ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. El 4 de febrero de 2014, el Tribunal Agrario la admitió a trámite, y el 21 de octubre de 2016 declaró válidos los contratos de arrendamiento celebrados por la vía civil argumentando “la buena fe de la empresa debido a que desconocía la calidad agraria de las tierras”.

Ante esta resolución, los 11 comuneros de Unión Hidalgo promovieron amparo directo contra la resolución, el cual fue remitido al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. El 22 de junio de 2017 dicho Tribunal concedió el amparo y protección a los demandantes, y pidió al Magistrado del Tribunal Agrario 22 repusiera el procedimiento para el reconocimiento de las tierras como comunales y se respetaran las costumbres y especificidades culturales de la comunidad indígena inherente a la forma de suscripción de contratos.

Así, el 5 de agosto de 2022, dicha autoridad declaró la nulidad de los contratos de arrendamiento celebrados entre diversos posesionarios de la comunidad Unión Hidalgo con la empresa Demex.

^{por Cooperativa Tierra Negra}

Desde Cooperativa Tierra Negra presentamos una serie de escritos para compartir sobre Colombia. En esta primera entrega abordamos lo que hemos vivido durante más de dos décadas de uribismo y lo que ha sucedido después del gran estallido social de 2021, pero en especial es una crónica sobre los presos políticos, porque hay hermanos y hermanas tras las rejas por el simple hecho de pensar y hacer diferente.

Los queremos libres

Wilson venía caminando de su trabajo esa mañana del miércoles del 15 de junio del 2022, muy temprano. Venía, porque trabaja como guarda de seguridad en turno nocturno. De repente lo abordó la fuerza pública diciéndole que quedaba bajo arresto por varios delitos como homicidio, secuestro, tortura, concierto para delinquir, porte y fabricación ilegal de armas, vandalismo e incendio.

Parecidos a este fueron los casos de otras ocho personas detenidas en la ciudad de Cali esa mañana. Esto debido al despliegue de un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que hace parte del llamado Plan Democracia 2022 “que tiene como objetivo, visibilizar el despliegue militar y el empleo de las capacidades del Ejército Nacional en apoyo de la gobernabilidad e institucionalidad,(…) en procura del normal desarrollo de los comicios y el libre ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos en el país.”

Dicho plan fue creado a raíz de varias afirmaciones que hizo el gobierno y altos mandatarios a respecto de presuntas “intenciones de generar actos de violencia (…) y de desconocer los resultados electorales”, según informaba el general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas. Un plan que tuvo despliegue a nivel nacional una semana antes del 19 de junio, día de las elecciones presidenciales en Colombia.

En total, nueve habitantes y líderes del sector conocido desde el Paro Nacional del 2021 como “Puerto Resistencia” fueron apresados en la ciudad de Cali, Colombia. Algo tienen en común estas nueve personas, y es que todas ellas hicieron parte de las movilizaciones del Paro Nacional, acontecidas desde abril del 2021. Sobre todo, de este sector, también llamado “PR”. Hicieron parte de las asambleas, de las ollas comunitarias, de los plantones culturales, de la recolección de insumos comestibles y médicos. Un año después de las movilizaciones, a días de realizarse las elecciones presidenciales más esperadas desde hace más de 30 años, son apresados estos jóvenes, líderes de su territorio y con acusaciones absurdas sobre crímenes atroces, que se semejan más al actuar de las fuerzas militares que de las comunidades barriales.

También hicieron parte de la seguridad de los manifestantes ante los embates de la Fuerza Pública, en lo que se conoció como Primeras Líneas, jóvenes encapuchadxs que luchaban por su defensa y la de su comunidad con elementos caseros ante todo el arsenal de la Policía, que desde el 2021 ha tenido un incremento del 5,3% en su partida presupuestal, unos 42,6 billones de pesos para la misma institución que está acusada de 44 homicidios en el marco de las protestas según Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz).

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Otra cosa tenían en común: desde el final de las protestas y bloqueos, se dedicaron a realizar labores comunitarias en los distintos barrios aledaños al sector, comprometidos con un cambio de su territorio. Y desde esta plataforma de trabajo comunitario y cultural decidieron ser parte de la campaña del Pacto Histórico, coalición política de Gustavo Petro y Francia Márquez en el Distrito de Aguablanca, un gran sector de la ciudad de Cali donde habita el 30% de la población caleña en condiciones socio-económicas muy difíciles.

Esta acción de persecución, difamación y acusación de crímenes es una práctica que en Colombia se conoce como “falso positivo judicial” y es especialmente usada contra líderes y lideresas sociales, periodistas críticxs, defensorxs de derechos humanos, ambientalistas o políticxs de la oposición. No es algo nuevo en Colombia.

El virus de Colombia se llama uribismo

Desde hace décadas venimos enfrentando la persecución criminal del Estado contra distintas personalidades y colectivos socio-políticos que hacen ejercicios de oposición a esta extrema derecha que en Colombia tiene nombre propio: Uribismo. Porque aunque la herencia de la guerra y las políticas de terror han sido pan de cada día en nuestro país, es importante decir que todas esas prácticas de guerra sucia se agudizaron mucho más en la primera década del siglo XXI, con la llegada al poder en el año 2002 de Álvaro Uribe Vélez, político que empezó su boyante carrera como miembro del Partido Liberal colombiano, pero que con el pasar de los años fue asumiendo posturas mucho más autoritarias y radicales, hasta crear un partido distinto con clara corriente de ultra derecha: primero “Partido de la U” y después, con ciertas escisiones, “Centro Democrático”.

Para hablar de este personaje fatídico y trascendental para el destino de Colombia habría que remontarse hasta los años ochentas del siglo pasado, cuando el narcotráfico en la nación suramericana comenzaba a llamar la atención de todo el planeta. Uribe fue primero Director de la Aeronáutica Civil de 1980 a 1982, desde donde autorizó vuelos internacionales a distintos miembros del Cartel de Medellín de Pablo Escobar. Dicha información la ha demostrado el senador Iván Cepeda quien ha  realizado las investigaciones y denuncias que desde el 2014 han sido motivo de debate del Congreso Nacional y relacionan a la familia Uribe con el narcotráfico en diferentes épocas.

Después se desempeñó como alcalde de Medellín en 1982 aunque solo ocupó el cargo durante cinco meses ya que renunció por razones que aún suscitan controversia frente a su relación con el Cartel. Fue también concejal de la misma ciudad entre 1984 y 1986 y luego Senador de la República desde 1986 hasta 1994.

Durante sus años como miembro del legislativo, Uribe promulgó la creación de leyes que privatizaban varios derechos fundamentales de los ciudadanos, como las pensiones (ley 71 de 1988), las prestaciones y contratos laborales (ley 50 de 1990) y la salud (ley 100 de 1993).

También fue gobernador del departamento de Antioquia, uno de los más grandes del territorio nacional y que representa la segunda economía más fuerte del país, cargo que desempeñó de 1995 a 1997. Durante su mandato, en los campos antioqueños se fortaleció la creación de ejércitos paramilitares con el objetivo de enfrentar militarmente a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), y cualquier posible “aliado” (comprobado o no) dentro de la sociedad civil.

Fue en su gobierno que se crearon las Cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria, mayormente conocidas como Convivir. Hablamos de cooperativas creadas con el objetivo de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en forma remunerada a una comunidad, las cuales mutaron rápidamente a grupos paramilitares, con ejercicios de violencia muy propios y supremamente degradantes, amenazantes y despiadados. A la fecha tres magistrados de la sala de Justicia y Paz ordenan investigar a Álvaro Uribe Vélez “por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y Convivir vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos, no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún como presidente de la República”,dicta el tribunal.

Los grupos paramilitares se convirtieron en ejércitos que arrasaron con territorios, masacraron y desplazaron mucha gente, como en la conocida internacionalmente Masacre del Aro, donde fueron asesinados 15 campesinos por parte de paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y, donde el líder de dicha organización Salvatore Mancuso, confiesa la participación del ejército y la gobernación de Antioquia en dicho operativo.

La carrera política de Uribe llega a su apogeo en el año 2002, cuando es electo presidente de la nación. Desde su presidencia el conflicto armado mostró su cara más atroz. Para nadie es un secreto que grupos armados como las AUC, el Bloque Metro o Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), grupos paramilitares que ocasionaban terror en los territorios campesinos del Urabá antioqueño, el Magdalena Medio, el Chocó o la Sierra Nevada de Santa Marta, fueron grupos creados y auspiciados bajo el visto bueno de sus diferentes mandatos, e incluso sus mismos jefes desde prisiones estadounidenses han alegado en distintas ocasiones que existía un pacto entre las Fuerzas Armadas (Policía y Ejército), los paramilitares y distintos miembros de su gabinete, incluyéndolo a él como presidente de la República.

Las cifras hablan por sí solas: según datos de la Comisión Colombiana de Juristas, en el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2002 y el 30 de junio de 2010 un total de 28,580 personas perdieron la vida en Colombia por razones relacionadas con violaciones a los derechos humanos, también  documentó la violación del derecho a la vida de 18,368 personas que murieron por causa de ejecuciones extrajudiciales, homicidios socio políticos o desapariciones forzadas. Es justamente en su periodo presidencial que ocurren los mal llamados “falsos positivos”, más de 6,000 ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército presentadas como falsas bajas en combate para ganar favores y prebendas; también abunda la persecución a líderes sindicales, campesinos, ambientales, periodistas, políticos; despojo de tierras; privatización de derechos fundamentales de la sociedad. Su gobierno ha sido uno de los más sangrientos en la historia de Colombia.

En el 2010, su anterior Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quedó electo presidente y aunque hubo una gran división con este nuevo gobierno, muchas de las políticas nefastas del uribismo anterior prevalecieron. Podríamos decir que con la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP, se marca una distancia total entre ambos gobiernos, pero la falta de garantías económicas y políticas reales para este proceso, la pobreza en aumento, la violencia arreciando y el narcotráfico en auge, demuestran que más que una ruptura entre ambos gobiernos, lo que hubo fue una continuidad suavizada de las mismas contradicciones y problemáticas.

En 2018, con ayuda de maquinarias económicas aliadas a poderes del narcotráfico, lo que se conoce en Colombia como la “Ñeñe-política”, por José Guillermo Hernández Aponte conocido como ‘El Ñeñe Hernandez‘ empresario con nexos con el narcotráfico, queda electo presidente Iván Duque. Su gobierno ha sido la vuelta atrás al uribismo más recalcitrante, al ser miembro del partido del ex-presidente y en cierta medida pupilo del mismo. El asesinato sistemático a lideresas y líderes sociales, la expropiación de tierras para proyectos extractivistas, los niveles de pobreza y desempleo, la devaluación del peso, los escándalos de violencia y corrupción por parte de distintos miembros de las Fuerzas Militares y políticos prominentes, son parte de su política de gobierno.

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Los datos de Indepaz arrojan que en los últimos cuatro años han sido asesinados 957 lideres sociales y defensores de los derechos humanos, al igual que 261 excombatientes. Del mismo modo, se contabilizan 313 masacres que dejan 1,192 víctimas. Tristemente son sólo una pequeña muestra de  todo lo ha sucedido en nuestro país durante el gobierno de Duque. Pero hubo tres hitos que marcaron su gobierno: el Paro Nacional del 2019, la pandemia de Covid del 2020 y el Paro Nacional del 2021.

Todo el poder para la gente

El 21 de noviembre del 2019 se vivió en toda Colombia una jornada de movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque, por muchas razones acumuladas por décadas en el país y ya nombradas arriba, en especial por la perpetuación del uribismo. El pueblo, agotado de tanta indiferencia por parte de la clase política y la élite económica, salió a las calles en masa, por miles, durante varios días a exigir que se le escuchara y la respuesta por parte del gobierno fue la represión violenta llevada a cabo por las Fuerzas Armadas: Policía, Ejército y ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios).

Al llegar la pandemia a lo largo del año 2020, la situación económica empeoró y el gobierno de Iván Duque presentó planes de salvamento a la banca privada y a empresas allegadas a su círculo económico y familiar, como fue el caso de Avianca, pero no hubo rescate para la pequeña empresa ni mayor inversión en la red hospitalaria que estaba colapsada o en la alimentación que escaseaba en la mayoría de hogares.

Esto acrecentó el déficit fiscal que ha aquejado por décadas a nuestro país y para rematar este paquetazo de medidas económicas criminales contra la clase popular, Duque quiso afrontar dicho déficit proponiendo una reforma tributaria a inicios del año 2021 que atacaba con gravámenes e impuestos altísimos a productos esenciales de la canasta familiar, como son las verduras, los lácteos, las carnes, la gasolina e incluso, los servicios de telecomunicaciones y funerarios.

A raíz de todo esto, se convocó para el 28 de abril del 2021 una nueva jornada de movilizaciones a nivel nacional en contra de este mal gobierno que ha sido la perpetuación del uribismo, un gobierno de sangre y muerte. Lo que pasó ese día y durante los dos siguientes meses fue algo inesperado, pero inevitable. El estallido social en Colombia caldeó y Cali fue el epicentro. Fue la ciudad donde más intensamente se vivieron las jornadas de movilización, bloqueo y protesta. Pero también donde más se sintió la represión y el brazo armado de la policía con dos de sus más violentas fuerzas de choque: el  ESMAD -fortalecido y formalizado por la administración de Uribe- y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

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Bogotá y Cali fueron las ciudades más afectadas por esta violencia sin precedentes contra lxs manifestantes. Según datos recogidos de Indepaz, hubo 96 agresiones oculares, 35 casos de violencia sexual, mil 661 victimas de violencia, 2,053 detenciones arbitrarias y 83 homicidios de los cuales 44 se han demostrado fueron ejecutados por la fuerza publica. El paro lloró sus muertos y luchó por sus derechos, logró frenar todo el país, toda la economía, todo el transporte, logró plantarle la mirada a un gobierno indolente y descarado de manera digna, frenando la reforma tributaria y bajando de su puesto al ministro de hacienda Alberto Carrasquilla. Pero en especial, el paro logró la unidad de comunidades, barrios y pueblos.

Es el paro nacional del 2021 lo más importante que le ha pasado a la sociedad colombiana, en especial a la juventud. Jóvenes que derribaron símbolos para crear monumentos, que descubrieron el buen comer en las ollas comunitarias que en cada esquina se levantaban, que descubrieron su aporte a la sociedad cuando toda oportunidad les había sido negada. Entonces hubo escuelas y bibliotecas donde antes habían puesto policiales, y se rompió el cemento para sembrar comida, las calles florecieron de cilantro, maíz, tomate y maracuyá, la atención médica se hizo propia, urgente, solidaria y humana. Todo cambió, hasta los lugares y las calles cambiaron de nombre y entonces hubo Loma de la Dignidad donde ante fue Loma de la Cruz, y Portal de la Resistencia donde antes fue Portal de las Américas y Puerto Resistencia donde antes era Puerto rellena. Y por primera vez el pueblo sintió que las calles eran suyas, porque se sintió seguro, porque hubo una primera línea que les cuidó y defendió cuando fue necesario.

Sueños tras las rejas

Todo esto tienen en común estos nueve jóvenes: haber sufrido el uribismo en todo su esplendor, haberse entregado al Paro Nacional con todas sus fuerzas para exigirle a un Estado por sus derechos, haber hecho campaña a la oposición, hoy partido gobierno, ser falsos positivos judiciales y estar tras las rejas, presos hace más de dos meses. Ellos son: Rolando Quintero Ramírez, Jhon Alejandro Hernández, Alejandro Blandón Ordóñez, Yeinshon Giner Hernández Realpe, Jofren Alberto Ordoñez Angulo, Anderson David Cifuentes Montaño, Wilson Stiven Murillo Ordoñez, Iván Ricardo Bermeo Carabalí y Diego Fernando Ángel Agudelo.

Para quienes crecimos dentro de estos 22 años de uribismo como Rolando, Jhon, Anderson o Diego, la violencia ha sido cultura popular, titular de noticia, pan de cada día, la hemos vivido en carne propia. La corrupción administrativa se ha vuelto casi como el aire que respiramos. Y la falta de oportunidades se vuelve el tema de conversación obligado cuando estamos charlando ocasionalmente en la calle. Demostrar la rabia en este último gobierno, contra este régimen de décadas, no era simplemente inevitable, era necesario. Por eso el Paro Nacional fue un Estallido Social. Y Jofren, como los otros jóvenes apresados, lo entendieron muy bien. Hoy están presos por ello.

Pero no sólo por ello, hoy Gustavo Petro y Francia Márquez han hecho historia. Han dejado de ser opositorxs de la institucionalidad, para volverse lxs máximxs exponentes de dicha institucionalidad. Presidente y vicepresidenta. Y es histórico para personas como los nueve compañeros de PR, quienes hicieron pedagogía política en pro de este gobierno, como parte de la campaña, razón que muchxs sospechan como motivo real de su imputación de cargos. También es histórico para lxs miles más que hemos vivido el uribismo de muchas maneras. Para muchxs, representa el fin de una era dictatorial en nuestro país, el fin de una noche larga. Muchos, muchas sueñan un cambio, pero lo cierto es que esperamos y seguimos esperando, que los nueve de PR puedan verlo y vivirlo en libertad.

Los nueve de PR hacen parte de una gran cantidad de presos políticos en nuestro país, más de 7 mil personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social, defender los derechos humanos o ambientales, o simplemente por estar en oposición al Estado. Como dijimos al inicio, esta es la primera entrega de tres textos sobre el contexto colombiano, el uribismo, el estallido social y los presos políticos, siendo este último tema nuestro asunto principal a tratar en nuestro siguiente texto.