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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

16 de diciembre de 2022

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
A las y los Defensores de los derechos humanos
A los Medios libres y alternativos
A los Medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Al Pueblo de San Pedro Chenalhó

Hermanas y hermanos:

Recordamos que el sagrado agua es vital para nuestra vida humana y la de otros seres vivientes en esta tierra. Que es un regalo de la Vida y el uso, así como el acceso al agua es un derecho humano contemplado en el artículo 4º de nuestra Constitución Mexicana y que los tres niveles de gobierno es su responsabilidad garantizar el cumplimiento de este derecho humano. Pero ya suman seis familias de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal que les han quitado el agua y energía eléctrica.

En sentido de lo anterior denunciamos con indignación que el día de ayer 15 de diciembre, en un lapso de tres horas (entre las 5pm- 8.30pm), la familia Pérez Pérez integrada por Pedro Pérez Pérez, Guadalupe Pérez Días madre de familia, quienes comparten servicio de agua y luz eléctrica con su hijo Jaime Pérez Pérez y su esposa Flor de María Jiménez Hernández junto con sus dos hijos menores de edad; miembros de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, les fue cortado el servicio de agua y energía eléctrica. El corte de los servicios fue realizado por los partidistas acompañados de su agente y patronatos de la comunidad Campo Los Toros. Esta violencia y violación a los derechos humanos cometidos en contra de la familia se debe a que le compartía el uso de electricidad a Juvencio Pérez Solís, miembro de la familia quien ya vive en otro hogar y que le habían cortado los mismos servicios junto a 4 familias más desde el 8 de febrero del 2021.

Como recordarán, el pasado 10 de noviembre del 2022, realizamos una conferencia de prensa1 en frente de la presidencia municipal de Chenalhó, para denunciar una serie de violaciones a los derechos humanos2 de nuestros compañeros y compañeras de la Organización de las comunidades Bach’en, Campo Los Toros, colonia Puebla y Nuevo Yibeljoj, que tanto el ayuntamiento de Chenalhó, presidido por el C. Abraham Cruz Gómez y sus agentes municipales de las respectivas comunidades en mención, no han tenido voluntad política y sensibilidad humana para resolver dichos conflictos de manera seria y transparente.

Desde nuestro espíritu y convicción política de la No Violencia, le exigimos a las autoridades municipales restablecer todos los derechos de nuestros compañeros y compañeras al agua y luz eléctrica, en un lapso de 11 días después de dicha conferencia. Sin embargo, el presidente de Chenalhó decidió mantenerse callado y haciendo caso omiso de una intervención realizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) de fecha 14 de noviembre del presente, dirigido al: Gobernador de Chiapas, a la Secretaria general de gobierno del estado de Chiapas, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al citado munícipe. Y hasta el 1 de diciembre el alcalde de Chenalhó mandó un mensaje vía whatsapp diciendo:

• “Directiva buenos, Buenas tarde, seraque me puede marcar cuando puedas porque kiero desirte algo sobre los asuntos pendiente”. Obviamente, no le marcamos porque decidimos que después del 10 de noviembre cualquier comunicación respecto a los conflictos, debe tener seriedad.
• A lo que el día 3 de diciembre enviamos una carta formal al alcalde municipal, exigiéndole que lo que queremos es el restablecimiento del agua y luz eléctrica de nuestros compañeros de las comunidades Bach’en y Campo Los toros.
• Y hasta el 10 de diciembre, el presidente de Chenalhó y el síndico municipal C. Juan Erasto Rodríguez Pérez, nos mandan una invitación escrita para asistir a una plática en la comunidad Bach’en para el día 20 de diciembre de este año, según para “dar seguimiento a la problemática” de la comunidad Bach’en.
• A lo que el 15 de diciembre, les respondimos dicha invitación mediante un escrito y entregado a una de las secretarias del presidente municipal, en donde rechazamos caer en juegos, e insistirles si de verdad tienen voluntad de resolver dicho problema, es demostrando con la reconexión del agua y electricidad de nuestros compañeros de las comunidades Bach’en y Campo Los Toros.
• Y grande fue nuestra sorpresa e indignación, mientras estábamos entregando la carta en la presidencia de Chenalhó para exigir la reconexión del agua y electricidad de las comunidades de Bach’en y Campo Los Toros; el agente y patronato de agua y luz de Campo Los Toros, llegaron a la casa de nuestro compañero Pedro Pérez Pérez para desmantelarle los servicios de agua y luz eléctrica.

Es indignante que después de la Masacre de Acteal y como respuesta a nuestras exigencias de justicia y respeto a la construcción de nuestra autonomía, el Estado mexicano ha creado con la impunidad de que en las comunidades y autoridades comunitarias afiliadas al municipio de Chenalhó, nos castiguen de manera absurda; cortándonos el servicio de agua y luz eléctrica, porque saben que son necesidades básicas y así creen lograr nuestra renuncia a nuestra lucha y resistencia como organización.

Ante todo lo anterior, por la burla y humillación del agente y patronato de agua y de luz eléctrica de la comunidad Campo Los Toros, nuestros compañeros han tomado la decisión de darles una última oportunidad hasta el día domingo 18 del presente para que reconsideren y remienden sus errores, reconectando los servicios de agua y luz eléctrica de las 6 familias afectadas y violentadas por los supuestos usos y costumbres y acuerdos comunitarios y que 4 de ellas se les ha privado del derecho humano del agua desde hace 23 meses.

Pero, si no hay respuesta favorable a nuestra exigencia dentro de 2 días, nuestros compañeros realizarán ellos mismos la reconexión del agua y electricidad, el día 19 de diciembre, ya que es su derecho, porque no han faltado en los trabajos de mantenimiento de dichos servicios en cuestión. Y responsabilizamos a las autoridades competentes de nuestra seguridad e integridad física y psicológica durante ese día.

Al respecto, hermanas y hermanos de organizaciones y pueblos hermanos; a los medios de comunicación y al público en general; les pedimos estar atentos este día lunes 19 de diciembre, y si los partidistas de la comunidad Campo Los Toros cometen algún acto violento hacia la integridad física y psicológica de nuestros compañeros y compañeras durante y después del trabajo de reconexión del agua y electricidad; reiteramos que los responsables inmediatos serán el presidente Abraham Cruz Gómez, el síndico municipal Juan Erasto Rodríguez Pérez y el agente y patronatos de agua y de luz de la comunidad mencionada.

Esta es la situación de derechos humanos y el trato que nos dan los partidistas y el ayuntamiento de Chenalhó, en el marco de la conmemoración de los 25 años de la Masacre de Acteal y de la celebración de los 30 años del nacimiento de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Manuel Pérez Jiménez                                   Antonio Ramírez Pérez

Presidente                                                       Secretario

Víctor Manuel López Gómez                             Mariano Sánchez Díaz

       Tesorero                                                      Sub Secretario

1 http://acteal.blogspot.com/2022/11/en-estos-tiempos-los-partidistas-de.html

2 http://acteal.blogspot.com/2022/09/special-rapporteur-of-united-nations.html (contiene versión español)

(Continuar leyendo…)

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Comunidad p’urhépecha de Ocumicho, Charapan, Michoacán a 14 de diciembre de 2022

Situación de emergencia

A Lic. Manuel López Obrador, Presidente constitucional de México
A Lic. Alfredo Bedolla Ramírez, Gobernador del estado de Michoacán
A Lic. Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Titular de la Secretaría de Seguridad Pública
A Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
A la opinión pública en general
A la prensa nacional
A los medios de comunicación independientes
A las comunidades indígenas del país
A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales

La comunidad de Ocumicho ha venido sufriendo una serie de actos violentos en los últimos dos años. El 31 de mayo de 2020 hombres armados asesinaron al secretario de bienes comunales, en un ataque que también dejó herido al representante de bienes comunales. El 28 de abril de 2022, el presidente del Consejo Comunal fue desaparecido, gracias a la movilización fue localizado con vida al día siguiente. El 11 de noviembre fuimos atacados por actores armados. El hecho más reciente ocurrido el pasado 10 de diciembre, un miembro de nuestra ronda comunal fue cobardemente asesinado, PEDRO PASCUAL CRUZ. Desde abril solicitamos un destacamento de la Guardia Nacional para que resguarde nuestra integridad, sin embargo, no hemos obtenido respuesta. A partir de los hechos ocurridos el 10 de diciembre solicitamos una reunión con el gobierno estatal para reiterar nuestra urgente petición de que se nos otorgue seguridad. Con indignación recibimos la respuesta de que esto no es posible, dado que están en otras tareas. Desde esta comunidad EXIGIMOS al gobierno estatal y federal cumplan con la responsabilidad constitucional de dar las garantías de seguridad a nuestra comunidad, EXGIMOS QUE SE INSTALE UN DESTACAMENTO DE LA GUARDIA NACIONAL. De no atender nuestra URGENTE PETICIÓN nos dejan en un estado de indefensión y asumen la responsabilidad de los actos que puedan acontecer. Queremos garantías a nuestra vida, es momento de mostrar la congruencia de los discursos a favor de los pueblos indígenas. O ¿de qué lado están, qué intereses defienden? ¿Nuestra vida no vale nada para ustedes?

Les pedimos a las comunidades indígenas del país su solidaridad y estar atenta a nuestra situación.

¡Exigimos justicia para la PEDRO PASCUAL CRUZ!
¡Exigimos seguridad para nuestra comunidad!

Consejo de Gobierno Comunal de Ocumicho, del municipio de Charapan, Michoacán

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A los pueblos en resistencia y rebeldía del Sur-Sureste de México
A las organizaciones de lucha abajo a la izquierda nacionales e internacionales
A las organizaciones de derechos humanos del mundo
A los medios de comunicación libres, alternativos o como se llamen

Después de reunirnos y conversar sobre los encuentros, actividades y diálogos compartidos durante la «CARAVANA POR EL SUR GLOBAL» realizada del 31 de Agosto al 7 de Octubre a través de diferentes geografías de SLUMIL K’AJXEMK’OP o “Tierra Insumisa”, como fue renombrada la Otra Europa, queremos agradecer a las organizaciones, colectiv@s y personas quienes hicieron este recorrido posible y recibieron a quién fue delegado para compartir, escuchar y caminar con ustedes en sus territorios, luchas, resistencias y espacios colectivos, gracias compas. Retomando lo compartido, a manera de reflexión y para continuar construyendo y tejiendo redes de rebeldía, resistencia y autonomía, rumbo a la caravana y encuentro internacional EL SUR RESISTE, les comentamos lo siguiente:

Compas, las historias de nuestros territorios, que han sido escritas y contadas por los vencedores, no son tan diferentes: hemos sido parte de la disputa entre gobernantes con ambición de controlar la mayor cantidad de territorios posibles para la explotación y saqueo de sus bienes naturales y culturales, esto acompañado de profundos procesos de colonización que en algunos casos han representado grandes etnocidios, algunos conocidos y otros sin conocer. Sin embargo, aquí estamos resistiendo haciendo memoria y luchando contra el olvido para recuperar nuestras historias, nuestras raíces, nuestros territorios, nuestras culturas y nuestras vidas.

Con la industrialización capitalista y los avances tecnológicos, el primer mundo se construyó y sostuvo sobre la sangre y el genocidio de los pueblos originarios indígenas y afrodescendientes esclavizados, masacrados, despojados, violados y forzados violentamente a abandonar sus territorios, para permitir que los gobiernos y conquistadores comerciaran todo aquello a lo que le pudieron poner precio, lo que hoy los empresarios continúan haciendo. Generaron procesos profundos de ordenamientos geopolíticos con guerras entre los países y la imposición de fronteras que nos dividen a nosotros los pueblos.

La guerra –no solo la guerra entre los países sino la guerra contra los pueblos, contra los pueblos indígenas, los sindicatos, los estudiantes, las mujeres, las personas de la diversidad sexual, etc y la guerra entre los carteles del crimen organizado que nos afecta a toda la sociedad– se convirtió en el pretexto perfecto para interiorizar el fascismo en algunos sectores de las sociedades, en las que el ser diferente significa ser enemigo. Vemos el interminable conflicto del llamado Medio Oriente contra los pueblos palestino, kurdo, armenio y muchos otros que han sido masacrados y olvidados. La espectaculización de la guerra entre Rusia y Ucrania opaca cientos de otros conflictos que no le importan a la comunidad internacional, porque no les afectan directamente. Al interior de los países se invisibilizan conflictos profundos por la distribución de bienes sociales y naturales acaparados por las élites económicas y políticas, mientras que al grueso de la población proletaria, campesina, estudiantil y migrante se les niega el derecho a una vida digna. Las demandas históricas de miles de pueblos se han convertido en una sola voz de la humanidad precarizada que sigue repensando y exigiendo el acceso a la energía, agua, tierra, alimentación, educación, salud, trabajo, vivienda, justicia, democracia y paz. La Crisis Climática, provocada por el mismo sistema capitalista patriarcal y colonial, está teniendo graves impactos sociales, económicos y territoriales: masivas inundaciones en Pakistan, duras sequías en todo el mundo que han provocado la perdida de millones de toneladas de cosechas durante este año, huracanes cada vez más agresivos, incendios devastadores como fue el caso de Australia y una serie de anomalías climáticas y ecosistémicas que ponen en riesgo la conquista de estas demandas y en peligro de extinción la vida como la conocemos.

La transición energética ya está en marcha para el beneficio de los grandes capitales y gobernantes quienes llevan 27 reuniones para repartirse el pastel energético. Ante la actual crisis energética en Europa provocada por la guerra en Ucrania y con la promesa de reducir los costos de facturas, han reactivado grandes proyectos de minas de carbón y plantas de combustión, y hasta planean construir nuevas centrales nucleares como una solución verde, la instalación de proyectos eólicos y solares en mar y tierra y demás tendidos eléctricos de alta tensión, gaseoductos y oleoductos entre países y continentes, sumado a una serie de proyectos de trenes de alta velocidad y puertos profundos, para el turismo y transporte de mercancías todo en manos del Capital Corporativo Internacional. Generan corredores energéticos, industriales, comerciales y militares entre quienes se reorganizan como Norte Global y su interconexión transoceánica con la implementación e imposición de este tipo de corredores en los países del Sur Global, siendo África y América la prioridad.

Necesitamos ponerle nombre y rostro a los autores intelectuales y materiales de esta devastación planetaria, enlistar, mapear y analizar países, empresas, acuerdos, pactos, alianzas: lo conocemos como Norte Global integrado principalmente por el G7 con su Finquero principal, Estados Unidos, y su principal aliado asiático, Japón, así como sus principales fronteras militares en Europa con Alemania, Reino Unido, Francia e Italia a la cabeza, su servil vecino Canadá, los aliados de Medio Oriente, así como la Unión Europea, la OTAN, la OMC, etc. Y también está el otro bloque con China a la cabeza del neocolonialismo, Rusia y otros màs: muchos nombres, muchas reuniones, y un mismo objetivo: dinero y poder.

Así como hay mucho Sur en el Norte, hay mucho Norte en el Sur, y todxs quienes luchamos contra el Norte Global, estamos de pie en el Sur que Resiste. Así como ellos se reúnen para acordar muerte y destrucción, es necesario e imprescindible encontrarnos para construir resistencia, lucha, alternativas y autonomía; es hora de escuchar todas nuestras voces, compartir y pensar acciones de resistencia y rebeldía. Mientras los poderosos se disputan el poder del mundo, l@s de abajo sufrimos las consecuencias de sus guerras políticas, económicas y militares. Pero también, donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos.

Por todo lo anterior, confirmamos que seguimos preparando la CARAVANA Y ENCUENTRO INTERNACIONAL “EL SUR RESISTE 2023”. La caravana saldrá el 25 de abril de la costa de Chiapas, recorrerá el Istmo de Tehuantepec de Sur a Norte para seguir en la península de Yucatan y terminara con un encuentro entre todas las organizaciones que acudieron a los distintos eventos del recorrido el día 5 de mayo en el CIDECI/caracol Jacinto Canek en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los días 6 y 7 de mayo será el encuentro internacional “El Sur Resiste 2023”

Invitamos a todas las organizaciones de abajo a la izquierda con presencia en Chiapas, en la región del Istmo, Tabasco y península de Yucatan a comunicarse al correo elsurresiste@riseup.net para poder sumarse a los eventos programados en el transcurso del recorrido.

Invitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales a prepararse para su participación en el encuentro internacional de los días 6 y 7 de mayo 2023

Invitamos a sumarse a las siguientes comisiones:

COMUNICACIÓN: Invitamos a los medios libres, alternativos, independientes o como se llamen, de México y de los diversos continentes, a ser parte del equipo y construir las estrategias de comunicación.

OBSERVACIÓN: Invitamos las organizaciones y centros de Derechos Humanos nacionales e internacionales, a ser parte del equipo de observación y acompañamiento.

INVESTIGACIÓN; Invitamos a la comunidad académica de abajo y a la izquierda, investigadores, profesores y estudiantes, a integrar un equipo de peritaje, cartografía e investigación participativa.

Estas comisiones serán coordinadas por integrantes de las organizaciones convocantes: para más información o para sumarse a alguna de las comisiones, escribir al correo: elsurresiste@riseup.net colocando en Asunto el nombre de la comisión a participar.

Por otra parte, hacemos un llamado a todas las organizaciones, comunidades, movimientos, colectivxs y personas solidarias a sumarse a la campaña global de recaudación de fondos, realizando foros, conversatorios, compartencias, festivales, bailes, colectas, rifas, cooperachas, pasando la gorra, haciendo la vaquera, imprimiendo y vendiendo playeras, carteles, calcomanias y todo lo que sea posible para poder apoyar en el financiamiento colectivo de estas actividades del próximo año.

Nombre de la Cuenta bancaria: Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC
Nombre de la Sucurusal: 7006
Numero de la cuenta: 859963
Clabe Interbancaria: 002135700608599636
Direccion del banco: Suc. 324. Avenida Hidalgo ·137. Colonia Centro. Tonala, Chiapas.
Codigo Postal: 30500
Codigo Swift: BNMXMXMMXXX
Banco Naciona de Mexico SA BANAMEX

Para cualquier información comunicarse al correo: elsurresiste@riseup.net

Desde diversos rincones del Sur-Sureste Mexicano:

Comisión de coordinación y organización EL SUR RESISTE
Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno

¡NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA!
¡QUE VIVA EL FLORECIMIENTO DE LOS PUEBLOS!
¡EL SUR RESISTE!

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Publicado en Camino al Andar

Por Oralba Castillo Nájera

Xochimilco es territorio zapatista. En sus canales y humedales resuenan las gestas del Ejército Libertador del Sur. Será por eso que sus habitantes se sublevaron valientes y firmes, señalando a la jefa de gobierno, quien con mañas cuarta T pretendió validar una consulta e imponer el Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo de la CDMX (PGOT-PGD). Este Plan y este Programa abren la puerta a la privatización de tierras comunales, para robar a los pueblos su agua y ofrecerla a las inmobiliarias que han destruido la ciudad. Edificios de veinte pisos, tiendas gigantes, zonas tomadas por restaurantes y etcéteras han devastado el suelo de agricultura de los dueños originarios.

El sábado tres de diciembre dio inició la defensa del territorio y la autonomía. Los comuneros de San Gregorio cerraron calles con barricadas, instalaron un plantón, llegaron granaderos a golpear y reprimir. Por las redes se expandió la noticia del enfrentamiento. En pocas horas los comuneros de Milpa Alta estaban en pie de lucha. Los pueblos nahuas rechazaron la imposición de la jefa de gobierno a favor de la mafia inmobiliaria. A Sheinbaum la sorprendió la organización y bravura de los pueblos.

El abogado González afirma: “se debe exigir se restituya la legalidad de los derechos violentados por las autoridades, que se cancele la consulta, no solo se suspenda.”

El 4 de diciembre, asambleas y pronunciamientos de solidaridad seguían manifestándose. Ese día, esa fecha recuerda a Zapata y Villa entrando a Xochimilco, antes de llegar a la Ciudad; como si la rueda de la historia girara en los tiempos de la revolución popular, en 1914, cobrando fuerza.

¡SÍ SE PUDO!

En la mañanera, el Mesías del desarrollismo capitalista hubo de intervenir: “son alcaldes conservadores quienes dieron mal la información a los pueblos”. Claudia Sheinbaum repitió la misma cantaleta.

Una semana agitada, llena de reuniones, enfrentamiento con granaderos, cierre de calles, fogatas, ollas comunales, guardias día y noche dieron por resultado el fortalecimiento de la lucha comunal.

El 9 de diciembre se llevó a cabo una asamblea en Milpa Alta donde los comuneros celebraron el triunfo. Hubo mención especial a las mujeres que se pusieron al frente y aplausos a los jóvenes. El abogado Carlos González se congratuló de la justa alegría, pero alertó de no baja la guardia. Seguir organizados, no permitir que se cambie el uso de la tierra. Se ganó una batalla, no la guerra. Existen muchas mañas del gobierno para continuar con sus planes de desarrollo inmobiliario apropiándose de territorios indígenas.

 

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Fuente: Avispa Midia

^{Por Camila Parodi para la agencia de noticias BiodiversidadLA / Foto de portada por Marcha Noticias}

El campamento “Wagueira Lee”, de la comunidad garífuna, está ubicado en la zona de Roatán, en Honduras. Es una recuperación comunitaria de tierras ancestrales que hace parte del proceso de supervivencia de la cultura y defensa de los territorios garífunas, contra el avance de la destrucción de la naturaleza y la vida. Entrevista a Miriam Miranda, Defensora de los Derechos Humanos y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

La comunidad garífuna, que habita los territorios que preexisten al Estado hondureño, avanza firme en la recuperación de sus tierras ancestrales. Siglos de violencias y diferentes intentos de sometimiento se replican desde la conquista europea hasta la actualidad. Hoy, sus territorios rodeados de palmeras, selva, arena y agua cristalina, son codiciados por las empresas de turismo, así como por la industria palmera. Desde la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denuncian amenazas permanentes.

Si bien en su plataforma electoral la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, habló sobre el respeto a las poblaciones indígenas del país centroamericano, las comunidades denuncian que, en los hechos, los atentados contra su soberanía territorial, cultural y política continúan. En ese marco, las comunidades garífunas organizan procesos de recuperación de la tierra para asentar a las nuevas generaciones y garantizar la supervivencia de su cultura ancestral.

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Desde el mes de septiembre, integrantes de la Aldea Garífuna del Municipio de José Santos Guardiola, en las Islas de la Bahía, comenzaron la recuperación de una parte de su territorio ancestral. La ocupación “Wagueira Lee” (que significa “Esta es tierra nuestra”) toma el nombre del primer asentamiento garífuna de la zona, tras ser expulsados de la isla de San Vicente en 1791.

El pasado 7 de noviembre, un comando integrado por militares y policías desalojó violentamente a quienes allí se encontraban y detuvieron a seis personas, acusadas del presunto delito de “usurpación”; todo esto, sin respetar el convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ni la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. Si bien el 25 de noviembre, las y los defensores obtuvieron el sobreseimiento definitivo, esta causa contra la recuperación “Wagueira Lee” evidencia la perspectiva que construye el Estado Hondureño sobre sus pueblos indígenas y los territorios que habitan.

La recuperación ancestral de los territorios por parte de las comunidades indígenas no es solo un derecho, sino que también es una acción constante de defensa de la vida, frente al modelo de muerte que insiste en mercantilizar y destruir la naturaleza. Los pueblos indígenas de toda la región construyen alternativas y nos enseñan, en sus prácticas cotidianas y de defensa de los territorios, que otra vida sin desigualdades, y en armonía con la naturaleza, es posible. Para conocer sus propuestas, la agencia de noticias BiodiversidadLA dialogó con Miriam Miranda, Defensora de los Derechos Humanos y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

Hemos visto que, durante el gobierno de Xiomara Castro, los desalojos y violencias contra el pueblo garífuna persisten. ¿Cuál es su lectura ante esta situación?

La situación es muy compleja. En el caso del desalojo, vemos cómo el aparato de la justicia de este país protege los intereses de los empresarios, de la gente que tiene el poder y el control económico a nivel nacional e internacional. Este juicio lo mostró con mucha claridad, se ven los vicios de nulidad: la fiscal que ordenó la captura de los compañeros y compañeras no estaba facultada para hacerlo y mucho menos la policía.

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Nosotros y nosotras creemos que este es un contexto muy difícil para el pueblo garífuna, para los pueblos que luchamos por los territorios, porque el poder de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público se muestran permanentemente contra nosotros y a favor de los empresarios que nos quieren desplazar. Sin embargo, estamos decididos a seguir denunciando este tipo de hechos. A su vez, entendemos que la Presidenta, como la comandante en jefe tanto de la Policía como del Ejército, podría haber detenido ese desalojo. No se puede desmarcar la responsabilidad de este nuevo gobierno.

¿Por qué es importante escuchar y conocer la mirada del pueblo garífuna para comprender la historia de Honduras?

En nuestro país se dieron sucesivos golpes de Estado, aunque mucha gente no lo recuerde. Los pueblos garífunas, así como otros pueblos indígenas, vemos con claridad esa continuidad de amenazas contra nuestra soberanía territorial. No fue solamente el golpe del 2009, nosotros hemos vivido tres golpes de Estado sucesivos: en 2009 sacaron al Presidente de la República; en 2012, el Congreso Nacional dio un golpe contra la Corte Suprema de Justicia y sacaron a varios magistrados que se oponían al proyecto de muerte de las Ciudades Modelos, hoy conocidas como “Zedes”; y el golpe electoral que nos dieron en 2017, cuando Juan Orlando Hernández se impuso, a través de la bota militar, para seguir siendo Presidente de la República.

Con este escenario, es muy claro que estamos hablando de una destrucción de la institucionalidad; no se rompió solamente la construcción de esa democracia incipiente, sino que se generó un Estado fallido y es eso lo que se muestra en este momento. Nosotros sabemos que debe haber interdependencia entre los poderes del Estado pero, también, tiene que haber Justicia. Nosotros no queremos y no pretendemos que no haya interdependencia, que haya un solo gobierno que controle todos los poderes, porque así lo hizo Juan Orlando Hernández.

¿Cuál es la exigencia del pueblo garífuna en este contexto?

Nosotros estamos exigiendo que haya Justicia para los pueblos, porque eso fue lo que prometió la Presidenta. Hoy nos encontramos en una situación muy difícil para el pueblo garífuna, porque las empresas y el poder económico quieren avanzar sobre nuestros territorios.

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La situación es bastante grave porque son quienes controlan el país. Entonces, estamos entrando a una etapa diferente, porque quieren hacer desaparecer a nuestra comunidad. Nosotros hemos venido luchando y construyendo procesos genuinos y colectivos. Porque también, y quiero decirlo claramente, estos procesos supuestamente “democráticos” que se vienen impulsando por el actual gobierno atentan contra la vida del pueblo, contra la Soberanía Alimentaria y contra nuestra organización.

¿Cuáles son las propuestas cotidianas con las que OFRANEH construye alternativas a las planteadas por el gobierno?

Desde OFRANEH no defendemos solamente los derechos de los pueblos indígenas, mediante lo que es la movilización y la posibilidad de poder acudir a instancias internacionales. También estamos construyendo autonomía y autogestión comunitaria frente al capitalismo voraz, que destruye la naturaleza. En ese contexto, nosotros hemos construido el primer proceso para la producción masiva de cocoteros, en un territorio donde tenemos a nuestro alrededor las palmas africanas. Tenemos ese proceso comunitario no solamente para recuperar la dieta alimenticia del pueblo garífuna, sino también para generar autonomía y fortalecer la Soberanía Alimentaria, y que las comunidades puedan producir sus propios alimentos. Eso es lo que estamos haciendo ahora en la zona de Vallecito, un proyecto que no sólo produce coco conífera, sino que también lo estamos combinando con la producción de tubérculos, como la yuca, que es la base alimenticia del pueblo garífuna.

Las comunidades indígenas ponen la vida en el centro. Por eso es imprescindible, sobre todo frente a una crisis climática sin precedentes, conocer sus expresiones y propuestas de organización y vida social. ¿Qué lectura hacen de la crisis climática desde el territorio garífuna y cuáles serían las propuestas reales que podrían ponerle un freno?

No podemos perder de vista que este modelo y este sistema capitalista acumulador pone el capital por sobre la vida humana. Está poniendo en riesgo a toda la humanidad, y eso lo sabemos muy bien. Atenta contra la alimentación, la salud y las necesidades básicas del pueblo, ya que se han convertido en mercancías. La persona que tiene dinero puede tener acceso a la salud. Se pone en riesgo la vida humana porque la salud se ve como una mercancía, se ha generado una industria farmacéutica acumuladora de capital que pone al negocio por sobre la salud, que es un derecho humano.

Por eso, nosotras y nosotros creemos que son un fracaso absoluto las Cumbres Climáticas que se han venido dando, porque no solamente no se toman decisiones para reducir la emisión de gases y la polución, sino que tampoco se toman decisiones radicales que permitan hacer respirar al planeta. Para nosotras y nosotros hay que trabajar sobre el consumo desmedido de todo lo que daña el planeta y la naturaleza, como el plástico, por ejemplo. Si no se toman decisiones radicales y se sigue poniendo al capital por sobre la salud humana, vamos a perecer y a desaparecer como humanidad, pero la tierra se va a regenerar.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Manifestantes en el 41 aniversario de la masacre de El Mozote en El Salvador}

Sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de El Mozote, acompañados de oganizaciones salvadoreñas de derechos humanos, realizaron manifestaciones para reclamar el fin de la impunidad para los responsables de la que es considerada una de las mayores masacres ocurridas en Latinoamérica.

Según un Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas del año 1993, entre los días 9 y 13 de diciembre de 1981, miles de elementos del Ejército salvadoreño ejecutaron la “Operación Rescate”. Encabezados por el batallón Atlacatl, entrenado por EEUU, el despliegue militar ocurrió en poblaciones del noreste del departamento de Morazán con el pretexto de buscar un campo de entrenamiento guerrillero.

Acorde a registros del país centroamericano aquella incursión militar saldó con por lo menos 1,730 víctimas. De ellas, 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las víctimas y 29 fueron desplazadas forzadamente por la violencia.

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Para el año 2017, el gobierno de El Salvador reconoció que de entre las personas ejecutadas, 558 eran niños quienes fueron asesinadas en El Mozote y las comunidades adyacentes. Además, 712 personas que sobrevivieron al ataque huyeron a diferentes regiones del país y hacia Honduras para evitar ataques futuros.

“Los asesinos quieren que olvidemos para garantizar su impunidad” y “Ayudemos a romper las cadenas de la impunidad”, fueron algunas de las consignas de los manifestantes en el 41 aniversario de la matanza ocurrida a menos de 200 kilómetros de la capital del país.

Las jornadas para conmemorar la masacre iniciaron el sábado (10) con una caminata desde la población de Arambala hasta El Mozote. Ahí las personas colocaron ofrendas florales en el monumento donde están escritos algunos de los nombres de las víctimas.

Amnistía inconstitucional

Hasta el día de hoy, ni una sola persona ha sido juzgada por los graves crímenes cometidos en El Mozote y otras regiones de El Salvador durante la guerra civil entre el Ejército y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Entre los años 1980 a 1992, se registraron más de 75,000 muertos, 7,000 desparecidos y miles desplazados por la violencia que llegó a un cese de fuego con la firma de la paz en 1992. Para 1993, la Comisión de la Verdad de la ONU informó que las fuerzas militares, así como escuadrones de la muerte respaldados por el gobierno, habían cometido el 85% de las violaciones a derechos humanos.

Días después de la difusión de esta información, la Asamblea Legislativa salvadoreña, en aquel momento dominada por el partido derechista ARENA, aprobó la Ley de Amnistía de 1993 la cual impedía la investigación, el procesamiento y el encarcelamiento de los responsables de crímenes de guerra.

No fue hasta el 8 de marzo de 2011, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acreditara la responsabilidad de los ataques al Estado de El Salvador por numerosas violaciones a los derechos humanos, cuando se promovió el enjuiciamiento de los responsables por las masacres.

Para octubre de 2012, la Corte Interamericana emitió una sentencia en la que condenó al Estado salvadoreño por la masacre de El Mozote y ordenó una serie de medidas para reparar los daños causados. Ya en julio de 2016, la Corte salvadoreña declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, permitiendo con ello la reapertura del caso en los tribunales del país centroamericano.

Contrainsurgencia promovida por EEUU

La masacre de El Mozote aconteció apenas siete semanas antes de que la administración del presidente norteamericano, Ronald Reagan, tuviera que presentar al Congreso de los EEUU una certificación de cumplimiento de los derechos humanos por parte del ejército salvadoreño.

Para Reagan, El Salvador representaba un frente contra el avance del comunismo en Latinoamérica, por lo cual su gobierno se había comprometido a mantener la ayuda militar para el país centroamericano. De acuerdo a Terry Karl, profesora de estudios latinoamericanos de la universidad de Stanford, esto llevó a la administración de Regan a realizar un “sofisticado encubrimiento” de la masacre de El Mozote.

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En un testimonio de abril de 2021, Karl reveló que el gobierno de Estados Unidos ocultó la presencia de el sargento mayor Allen Bruce Hazelwood, asesor militar estadounidense en Morazán, junto con el coronel Domingo Monterrosa cuando comenzó la masacre.

Como parte del encubrimiento también se involucraron el entonces Secretario de Defensa Casper Weinberger y Colin Powell, ex asistente militar de alto rango. En 1983, Powell y Weinberger formaron parte de una misión de investigación en El Salvador que concluyó que Estados Unidos debía seguir entrenando y financiando al ejército salvadoreño aún después de que el ejército salvadoreño, con ayuda estadounidense, masacrara a civiles en El Sumpul y en El Mozote.

Entre los años de 1980 y 1982, la ayuda militar estadounidense a El Salvador aumentó de 6 a 82 millones de dólares, lo cual alentó una campaña de tierra arrasada que derivó en la matanza de civiles, perpetrada por batallones salvadoreños de élite creados y entrenados por Estados Unidos.

Estado incumplió

En los actos para recordar el 41 aniversario de la masacre de El Mozote estuvo presente la procuradora salvadoreña de Derechos Humanos, Raquel Caballero. Recién electa en octubre de 2022, y sobre quien pesan acusaciones por nepotismo, su actuación ha restado importancia a las denuncias por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen de excepción que vive El Salvador desde marzo de este año.

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Presente ante organizaciones y sobrevivientes de la masacre, la funcionaria reconoció queel Estado salvadoreño incumplió con la misión de investigar las masacres y sancionara las personas responsables.

Desde el 9 de junio de 2017, el caso de la Masacre de El Mozote se encuentra en la fase de investigación en un tribunal de San Francisco Gotera, al oeste del país, desde donde se ha convocado a más de 40 testigos.

En 2021, una reforma del presidente Bukele a la Ley de la Carrera Judicial, la cual cesa a los jueces sexagenarios o con 30 años de servicio, separó al juez Jorge Guzmán Urquilla, quien conducía la causa penal por la masacre de El Mozote, estancando con ello el proceso aún a pesar de las múltiples pruebas acusatorias.

La causa penal a cargo de Guzmán contra más de una docena de mandos militares, incluidos algunos miembros de la cúpula militar de la época, estaba a punto de pasar a juicio. Pese a que la causa fue retomada por la jueza Mirtala Portillo, el proceso no avanza.

De acuerdo con medios locales, en el caso se encuentran imputados 15 militares retirados. Pese a que, en un principio eran 17, tres de ellos fallecieron y posteriormente uno más fue imputado. Entre el grupo de militares implicados se encuentra el ministro de Defensa, José Guillermo García, condenado en Estados Unidos y deportado a El Salvador y Jesús Gabriel Contreras, ex jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército.

“En este tiempo, a 41 años, seguimos pidiendo justicia (…) creemos que este año ha sido bien complicado y que es el momento que, no solo El Mozote y la Asociación, sino que El Salvador entero pueda alzar la voz y pedir justicia sobre el caso”, detalló para medios internacionales Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote y cuya hermana de 12 años fue asesinada.

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