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Prensa comunitaria

Guatemala | CC: los crímenes de lesa humanidad y genocidio no pueden ser amnistiables

Por Regina Pérez

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó ayer un amparo definitivo a varios ciudadanos que accionaron en contra de la iniciativa de ley 5377 que buscaba reformar la Ley de Reconciliación Nacional, debido a la amenaza ante la posibilidad de que entrara en vigor, ya que buscaba amnistía militares responsables de delitos que constituyen graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, que fueron cometidos durante el Conflicto Armado Interno.

La decisión del máximo Tribunal conformado por los magistrados Gloria Porras, José Francisco de Mata Vela, María Cristina Fernández, Rubén Gabriel Rivera Herrera y Roberto Molina Barreto, quien emitió un voto razonado disidente, fue recibido de manera satisfactoria por organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes del conflicto armado interno, que manifiestan que la sentencia los alienta a seguir impulsando los casos y reivindica el derecho de las víctimas a tener acceso a la justicia.

El amparo definitivo fue otorgado a los ciudadanos Paulina Ixpatá, Pedrina López de Paz, Sergio Vi Escobar, Helen Mack y Oswaldo Samayoa, que accionaron en la CC, con lo que dejó sin efecto la sanción y promulgación de dichas reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.

Foto: Nelton Rivera.

Este proyecto legislativo fue impulsado desde 2017 en el Congreso por los exdiputados Fernando Linares Beltranena, Jaime Regalado, Estuardo Galdámez y otros congresistas que avanzó en el Legislativo durante el 2019, año en que la CC otorgó un amparo provisional que había dejado en suspenso la sanción y promulgación de la iniciativa.

¿Qué dictó la Corte?

El abogado experto en derecho constitucional Oswaldo Samayoa, quien fue uno de los amparistas, destacó tres puntos de la resolución que dictó la Corte: primero, señaló que la ley de Reconciliación Nacional que está vigente es clara en que los delitos relacionados a tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y genocidio no pueden ser amnistiables.

Por lo tanto todos los casos que se han llevado a Tribunales y las personas que ya están condenadas, más los casos que están en proceso, no puede decirse que se van a eliminar, eso da certeza a la Ley de Reconciliación Nacional que se obtiene a partir de los acuerdos de Paz, dijo el abogado.

Segundo, la Corte pone en evidencia que vivimos en un Estado constitucional de derecho, es decir que la Constitución tiene un contenido político y jurídico en torno a los derechos humanos y que le da prioridad a la protección de los derechos fundamentales, indicó.

Y el tercer impacto es que resuelve que el Congreso no puede continuar con este tipo de discusión parlamentaria observando que este tipo de legislación es contraria a los Acuerdos de Paz, a la Constitución y a los intereses del Estado en construir el bien común, agregó.

Samayoa señaló que el amparo fue presentado antes de que la Ley entrara en vigencia, (aún estaba en segunda lectura) debido a que existía el peligro de que personas que ya estuvieran condenadas o en proceso, guardando prisión preventiva, salieran libres.

Si esta ley entraba en vigencia, uno de sus artículos decía que las personas que ya estuvieran condenadas y que estuvieron guardando prisión, o procesadas en prisión preventiva, debían inmediatamente obtener su libertad, explicó.

“Con un día que hubiera estado vigente la ley, si los efectos hubieran surgido, luego no se podría retrotraer al proceso para volverlos a encerrar, porque la ley no puede ser retroactiva en perjuicio del reo, con medio día que hubiera estado vigente, hubieran quedado libres personas que ya estaban condenadas y eso hubiera sido una burla a las víctimas y al sistema de justicia”, expresó.

Sentencia reivindica derecho de las víctimas a la justicia

Manuel Farfán, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Guatemala (Famdegua) señaló que están satisfechos con la resolución de la CC a favor de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno.

Farfán señaló que esta resolución favorece a las víctimas, tanto de masacres y desapariciones, como a familiares sobrevivientes y especialmente a las que han fallecido con la esperanza de ver justicia y de conocer la verdad; es muy importante que la CC nos haya brindado ese amparo, indicó.

Agregó que esto alienta a seguir trabajando en la búsqueda de la verdad, “creo que eso es el sentido de las familias de las personas detenidas y desaparecidas y de las personas masacradas a quienes nosotros representamos como parte de esa búsqueda”.

Famdegua señaló que la iniciativa debe archivarse, “porque en el Congreso existen intereses de protección a personas que han sido señaladas de violaciones a derechos humanos. Creo que es un proceso muy grande para la historia que nos fortalece en la búsqueda de la verdad y la justicia”, subrayó Farfán, cuyo tío, Rubén Amílcar Farfán, fue detenido y desaparecido el 15 de mayo de 1984.

Por su parte, el abogado Edgar Pérez, director del Bufete de Derechos Humanos, señaló que con la iniciativa se pretendía reformar la Ley de Reconciliación, decreto 145-96, dejando abierta una amnistía general y que incluso hacía responsables a jueces que no dieran trámite inmediato a las solicitudes. Pérez ha llevado casos emblemáticos de justicia transicional como la masacre de la Embajada de España y el caso de genocidio contra Ríos Montt, en el que fue querellante.

Con esto, asegura el abogado, se violentaban no solo las garantías fundamentales de las víctimas sino obligaciones internacionales del Estado, así como los Acuerdos de Paz que establecen que el Estado no debía tomar medidas legislativas para impulsar la impunidad.

Pérez señaló que la sentencia, aunque dividida por un voto razonado, reivindica las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco y los derechos de las víctimas a tener acceso a la justicia sin que existan obstáculos.

El abogado Pérez manifiesta que en Guatemala es difícil llevar casos relacionados al conflicto armado al sistema de justicia. “Hoy precisamente fue la audiencia de apelación del segundo juicio por genocidio, eso sucedió en los años 82, 83, estamos en el 2021, estamos hablando de 42 años de los hechos y apenas estamos conociendo en segunda instancia un juicio histórico pero que llevó muchos años prepararlo y esperar el momento que los Tribunales pudieran abrir las puertas para el acceso a la justicia”, indicó.

A pesar de que el número de casos que se ha logrado llevar a la justicia es mínimo, el abogado señala que por la lucha de las víctimas y organizaciones de derechos humanos ha habido casos emblemáticos, que representan ese patrón sistemático generalizado de políticas de Estado como la tierra arrasada, el desplazamiento forzado, las masacres y el genocidio.

Al preguntarle si esta es una sentencia histórica, Pérez señaló: “Todas las sentencias que hay hasta hoy en el sistema judicial guatemalteco relacionadas con el conflicto armado interno son históricas y representan a cada una de las víctimas que sufrieron las atrocidades cometidas durante el conflicto”.

Organizaciones como Impunity Watch Guatemala también se pronunciaron sobre la sentencia. “La resolución de la CC sobre la iniciativa 5377 es consecuente con el derecho internacional y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Guatemala tiene la obligación internacional de juzgar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y no puede otorgar amnistía en este tipo de casos”, indicó en su cuenta de Twitter.

Voto razonado disidente de Molina Barreto

El amparo tuvo el voto razonado disidente del magistrado Roberto Molina Barreto, quien busca ser reelecto como magistrado constitucional para el periodo 2021-2026 de la CC, por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde presentó su expediente.

Molina Barreto fue nombrado como magistrado constitucional por los magistrados de la CSJ, para sustituir la vacante que dejó Neftaly Aldana.

Su nombramiento fue adversado por organizaciones de derechos humanos que recordaron que como magistrado de la CC, Molina emitió resoluciones contrarias a la ley como en el caso por genocidio, cuando se anuló la condena contra el general Efraín Ríos Montt, en mayo de 2013.

Para acceder a la sentencia completa:

https://drive.google.com/file/d/1hqueYTG6gIcQmjvGNgzTkZYHOmJ33MvJ/view

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Prensa comunitaria

#EntreTormentas En Alta Verapaz las inundaciones descienden, pero se reporta brote de fiebre y diarrea

Por Elías Oxom

Tres meses después del paso de las tormentas Eta e Iota, el nivel de las inundaciones empezó a descender en la aldea Sesajal, de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, según reportó la población de ese lugar, donde el nivel del agua que se acumuló por las lluvias alcanzó unos 10 metros de altura e inundó varias casas.

Algunas personas damnificadas prevén que aproximadamente tome otro mes, para que el nivel de las inundaciones descienda por completo de las casas, donde algunas sufrieron graves daños al pasar tanto tiempo bajo el agua.

Una gran extensión de terreno que también estaba inundada ya se secó, pero las personas que se dedican a la agricultura en esa región no han podido sembrar y trabajar la tierra, porque también quedó dañada por los sedimentos arrastrados durante la inundación; no obstante, esperan que después de la época de verano, se encuentre en mejores condiciones para poder sembrar y así producir la alimentación necesaria para sus familias.

Según Santiago Quib Chub, actualmente varias familias que estaban albergadas en la misma aldea o en aldeas cercanas, ya han regresado a vivir a sus casas pero han reportado problemas con los techos que quedaron arruinados.  Unas 80 familias todavía que están albergadas en la escuela, en el puesto de salud y en el salón de la referida comunidad, sobreviven gracias a la ayuda que sigue llegando de personas particulares, de organizaciones y de las aldeas cercanas a la comunidad.

El acceso a aldea ya quedó habilitado por la ruta a Campur, Carchá, pero el acceso al municipio de Chisec que es el área urbana más cercana, todavía se encuentra inundado, esto dificulta el traslado de las personas y los productos de consumo diario y de víveres por esa ruta. Los lancheros que se encuentran en el área cobran Q10 quetzales de pasaje por persona, lo que ha significado un gasto exagerado para las personas que necesitan movilizarse.

La Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred) ya realizó una primera visita a la aldea afectada y se tiene previsto que próximamente realice un estudio para determinar si las condiciones de esa aldea son ideales para ser habitada.

La población está consumiendo agua de lluvia que logran recolectar en algunos recipientes y siguen utilizando el agua de la inundación para lavar la ropa, a pesar del fuerte olor a azufre que ahora tiene. Al momento, en niñas, niños y las personas de la tercera edad se reporta un brote de fiebre, tos y diarrea que puede estar asociado al consumo de esas fuentes de agua.

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Avispa Midia

Patrulla fronteriza de EEUU tiene luz verde para provocar la muerte de migrantes

Por Ñaní Pinto

Dos organizaciones estadounidenses, No More Deaths y La Coalición de Derechos Humanos, han informado que las políticas y tácticas implementadas por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, en la frontera con México, han alimentado una crisis de muerte y desaparición de migrantes que cruzan por zonas dónde las condiciones para mantenerse con vida son casi nulas.

Estas organizaciones constituidas por voluntarios que auxilian con alimentos y agua a los migrantes, entre otros apoyos, han creado una serie de tres informes con los cuales pretenden “exponer y combatir las tácticas policiales del gobierno de Estados Unidos que causan la crisis de muerte y desaparición masiva (de migrantes indocumentados) en las zonas fronterizas”, según su sitio oficial.

En el primer documento, publicado en 2016, detallan que  la política sobre la cual se respalda la Patrulla Fronteriza para orillar a los migrantes a la muerte, viene desde el año 1994 y es denominada como Prevención mediante la disuasión.

Esta política justificó la militarización de las zonas fronterizas urbanas en la frontera con México. El objetivo era “alejar a los migrantes de los puestos de entrada y orillarlos a regiones geográficamente más duras, remotas y peligrosas, conduciéndolos a la muerte”, según el 1er informe llamado Métodos de aprehensión mortal & Las consecuencias de la persecución y la dispersión en los bosques.

Estos voluntarios asumen en sus investigaciones que los agentes de la Patrulla Fronteriza persiguen a los que cruzan la frontera en medio del desierto, de tal modo que las condiciones de este paisaje funcionan “como arma para reducir la velocidad, lesionarlos y detenerlos”, además, agregan que “las persecuciones provocan agotamiento por calor y deshidratación, ampollas y esguinces, lesiones por caídas y ahogamientos”.

Los activistas han tenido acercamiento directo con cientos de migrantes y han registrado las experiencias que han vivido mientras cruzan la frontera. En una encuesta que ellos han realizado documentaron que “la Patrulla Fronteriza empleó detenciones violentas, con golpizas, armas taser, ataques de perros y asaltos con vehículos contra los que cruzaban la frontera durante la persecución”.

Quitarle el agua al pez

En el segundo informe, publicado en 2018, estas organizaciones detallan la práctica usual de la Patrulla Fronteriza para reducir las posibilidades de subsistencia de los migrantes que no logran capturar. Una de ellas es la destrucción de la ayuda humanitaria que los voluntarios van sembrando en los caminos de los migrantes. En el desierto de la frontera entre Arizona y México, donde miles de personas mueren por deshidratación y enfermedades relacionadas con el calor, “los agentes de la Patrulla Fronteriza están destruyendo galones de agua destinados a los que cruzan la frontera. Los agentes de la Patrulla Fronteriza apuñalan, pisotean, patean, drenan y confiscan las botellas de agua que los voluntarios de ayuda humanitaria dejan a lo largo de rutas migratorias conocidas en el desierto de Arizona”, denuncia el informe número dos de la serie.

Estas acciones, según los activistas, son sistémicas en toda la corporación y no son aisladas. También cuestión que la Patrulla Fronteriza se asuma como un ente humanitario, porque los agentes intimidan, acosan y vigilan rutinariamente a los voluntarios que intentan ayudar a los indocumentados, impidiendo sus acciones. “Es una característica sistémica de las prácticas de aplicación de la ley en las zonas fronterizas y una extensión lógica de la estrategia más amplia de la política de prevención a través de la disuasión”, detalla el documento.

Según los lineamientos de esta política, “cualquier situación que haga que el viaje sea más peligroso o difícil para quienes cruzan la frontera podría considerarse una táctica razonable de aplicación, incluida la vandalización del agua potable”, denuncian estas organizaciones.

Estas organizaciones vienen distribuyendo, desde el año 2012, miles de galanes de agua en las rutas de los indocumentados, ya que, por la longitud y la dificultad del viaje, “es físicamente imposible que cualquiera que intente cruzar la frontera a pie lleve suficiente agua y alimentos para sobrevivir. Como resultado, miles de personas que cruzan la frontera han muerto de sed en el desierto abierto”, según No More Deaths y La Coalición de Derechos Humanos.

El 911 no sirve para los que cruzan la frontera

La tercera parte de la serie, publicada este mes de febrero del año 2021, llamada Abandonados para morir: Patrulla Fronteriza, Búsqueda y Rescate y la Crisis de Desaparición, detalla cómo los sistemas de respuesta del 911 reciben miles de llamadas por año de personas que cruzan a los Estados Unidos sin autorización, y estos avisos emergencia son remitidos al Patrulla Fronteriza.

Este organismo fronterizo es el responsable de responder a los llamados de emergencia hechas a través del 911. Pero, los activistas informan que la mayoría de los migrantes que logra hacer llamadas de auxilio no recibe apoyo alguno, porque se presume que son personas indocumentadas. “El 63% de todas las llamadas de socorro que las familias y los defensores refirieron a la Patrulla Fronteriza, la agencia no llevó a cabo ninguna movilización de búsqueda o rescate”, detalla el documento.

En este informe se señala que la Patrulla Fronteriza tiene todo el poder de decisión sobre los servicios de emergencia para personas indocumentadas, es decir, que tiene en sus manos la posibilidad de decidir si los indocumentados viven o mueren en su intento. “La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos no es una organización de búsqueda y rescate. Por el contrario, la agencia es una fuerza policial federal masiva y militarizada que dedica más del 99% de su presupuesto anual y más del 99% de su personal a apoyar las actividades de control fronterizo”.

Las organizaciones que han trabajado en estos tres informes incluyeron una larga serie de recomendaciones dirigidas hacia las agencias gubernamentales, sobre todo, en el tenor de una desmilitarización de la frontera y el fin inmediato del papel de la Patrulla Fronteriza como único agente en responder a emergencias reportadas. “Hacemos  un  llamado  a  las  agencias  gubernamentales  para  que  establezcan  sistemas  de  respuesta de emergencia en la frontera que estén completamente separados de la aplicación de la ley de inmigración.  Dichos  sistemas  de  respuesta  deben  ser  oportunos  y  estar  bien  financiados, con médicos y equipos capacitados de búsqueda y rescate para examinar el paisaje con un ojo empático en lugar de uno punitivo”, recomiendan en el tercer informe.

También exigen que, “el  gobierno  federal  debe  establecer  iniciativas para dar a conocer el seguimiento de los restos humanos recuperados relacionados con la migración en toda la frontera”.

En la documentación de estas organizaciones identificaron que la Patrulla Fronteriza había realizado un conteo oficial de 7.805 restos recuperados entre 1998 y 2019; sin embargo, dicen, “nuestro equipo estima que entre tres y diez veces más personas pueden haber muerto o desaparecido desde la implementación” de la  política llamada Prevención mediante la disuasión.

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Avispa Midia

21 mil estudiantes han sido asesinados en Honduras entre 2011 y 2018

Por Jasmin Hristov y Karen Spring

⇓ÚLTIMA PARTE⇓

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Leer la 4ta Parte de esta serie ⇒ Honduras: El paramilitarismo en el sector energético y el turismo


Parte V

Paramilitarismo contra Estudiantes, Periodistas, Abogados y Defensores/as de Derechos Humanos

En Honduras, los periodistas y abogados de medios alternativos / independientes que exponen las violaciones de derechos humanos por parte del Estado y las luchas de los movimientos sociales, enfrentan un alto riesgo de sufrir violencia. Entre 2009 y 2013, 74 abogados y 25 periodistas fueron asesinados (Holanda, 2014). La mayoría de los casos permanecen impunes.

“Pues en el 1997 se pone la primera demanda en contra de la familia Facussé y la familia Morales, pero los abogados, siempre sobornados, iban abandonando los casos; o sea, según iban avanzando los terratenientes llamaban a los abogados y si no querían los remataban, entonces tenían que aceptar”, cuenta un miembro de la Plataforma Agraria

“Así se fue dando desde 1997. En el 2006 ya teníamos el abogado número siete, y en ese momento hicimos una toma de la finca. Igual el abogado sabía que tenía la legalidad, pero también fue sobornado… Ahí de Tocoa, se llama Rico. El último abogado que sí se demostró y ganó fue el abogado Antonio Trejo, en 2012, en el caso de la cooperativa San Isidro, en el caso de la cooperativa Trinidad y Despertar. Pero el 22 de septiembre lo asesinaron”, de acuerdo con los miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria. Junto al asesinato de abogados, entre 2001 y 2018, fueron asesinados 84 periodistas en Honduras (García, 2019).

El movimiento estudiantil hondureño también se ha visto muy afectado por la represión estatal y la violencia no estatal desde el golpe de 2009. La acción colectiva de estudiantes secundarios y universitarios que protestan contra las políticas de austeridad y la privatización de la educación pública ha sido brutalmente reprimida por la policía estatal y el ejército; los estudiantes han sido golpeados, asesinados y encarcelados. Según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 21.000 estudiantes han sido asesinados en Honduras entre 2011 y 2018 (C-Libre, 2018).

Aquí se pueden encontrar tres modalidades principales de violencia paramilitar. La primera es cuando los agentes estatales incurren en acciones que exceden las sancionadas por la ley. Estos incluyen allanamientos de hogares, recolección de información personal, fotografías y seguimiento sin una orden judicial, así como tortura y finalmente asesinato. Estos actores pueden estar uniformados o no, utilizar vehículos sin matrícula y con frecuencia tienen la cara enmascarada. Los siguientes son algunos ejemplos que ilustran esta modalidad.

En septiembre de 2018, durante una marcha de un amplio colectivo de movimientos sociales en el Día de la Independencia Nacional, un adolecente de quince años fue arrojado en la parte trasera de una camioneta patrulla policial, torturado y logró escapar de lo que describió como un intento de asesinato.

“Nos dijeron que nos iban a llevar a un callejón sin salida y nos iban a matar. Me golpearon un par de veces con la pistola en la cabeza, sentí salir sangre. Luego me metieron el arma en la boca y dijeron que si oían nuestras voces dispararían. Había gente en la calle mirando y tratando de grabar esto en video con sus teléfonos celulares, así que comenzaron a disparar balas reales a los pies de las personas para hacerlas escapar”, comparte Francisco (seudónimo), estudiante de secundaria, Honduras. El niño finalmente recibió tratamiento hospitalario por las graves lesiones que sufrió en la cabeza y continúa sufriendo impedimentos físicos y psicológicos.

En otro trágico caso, el 30 de agosto de 2018 tres hombres armados con armas de alto calibre, uniformados de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), secuestraron en una camioneta a dos estudiantes del Instituto Técnico de Honduras de una residencia en Tegucigalpa. Al día siguiente, Mario Enrique Suárez Gómez, de 19 años, y Gerson Daniel Meza Medina, de 18, fueron encontrados muertos en la carretera, con marcas de tortura y numerosos disparos (La Prensa, 2018).

A uno de ellos le rompieron las manos y las piernas, le quitaron los ojos y le cortaron la nariz (Meza, 2018). Los dos jóvenes habían participado en al menos 12 protestas en los últimos meses, exigiendo el subsidio de transporte público para estudiantes que el gobierno les había quitado en reformas anteriores (C-Libre, 2018). También estuvieron involucrados en una protesta contra el gobierno pocas horas antes de su secuestro (Meza, 2018).

ATIC negó la participación de su personal en el incidente, afirmando que los logotipos del uniforme que llevaban los perpetradores no coincidían con los del uniforme de ATIC (La Prensa, 2018). Sin embargo, un examen exhaustivo de una gran variedad de imágenes del personal de ATIC en las escenas del crimen revela una mayor variación en sus uniformes. Además, la forma en la que los hombres armados sacaron a los dos estudiantes y los acompañaron hasta la camioneta sugiere que el primero tenía entrenamiento militar.

Las autoridades estatales han atribuido los asesinatos a miembros de bandas criminales que se hacen pasar por agentes estatales, mientras que la cobertura de los principales medios de comunicación se ha centrado en la violencia de las pandillas en el vecindario de la víctima y en uno de los arrestos anteriores del estudiante por cargos de drogas.

En otro incidente en el contexto de semanas de protestas de estudiantes universitarios en Tegucigalpa, un civil armado disparó ocho tiros desde un vehículo privado contra estudiantes que protestaban en la vía frente a la universidad (El Tiempo, 2019). A pesar de que el incidente fue filmado por cámaras de seguridad cercanas, nadie ha sido acusado. El ataque ocurrió en un contexto de represión, detenciones y desalojos violentos de estudiantes que protestaban dentro y en la vía frente de la universidad.

La segunda modalidad de violencia paramilitar contra estudiantes es en forma de seguridad privada. Las amenazas de muerte por parte de guardias de seguridad privada contra estudiantes involucrados en algún tipo de acción colectiva son comunes en la UNAH. En un caso conocido de julio de 2017, estudiantes de la UNAH fueron brutalmente agredidos por una unidad de seguridad privada de la empresa Spartan, mientras ocupaban una parte de las instalaciones de la universidad, incluidos algunos que se encontraban en huelga de hambre.

Además de los guardias de seguridad privada empleados permanentemente por la universidad, Spartan fue contratado por separado por la administración de la universidad para desalojar violentamente a los estudiantes. Los agresores golpearon brutalmente a los estudiantes y utilizaron gases lacrimógenos (Rodríguez, 2017).

La última modalidad de violencia paramilitar es la empleada por individuos que pueden ser miembros de pandillas o simplemente sicarios. Un estudiante activista compartió la historia de cómo miembros de la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más notorias de Centroamérica, fueron a su casa y lo amenazaron con matarlo si continuaba participando en las protestas estudiantiles.

Grupos Paramilitares Emergentes

Como hemos demostrado, gran parte de la violencia contra las comunidades rurales involucradas en disputas por la tierra y luchas ambientalistas, así como contra estudiantes, abogados y activistas de derechos humanos en general, es llevada a cabo por asociaciones de actores estatales y no estatales que no pertenecen a grupos específicos autoidentificados. Sin embargo, también está en marcha un proceso de formación de estructuras paramilitares más identificables. Podemos caracterizar esta formación de grupos paramilitares como en etapa embrionaria, en comparación con otros países como México y Colombia.

Los siguientes tres ejemplos son de la región del Bajo Aguán y las organizaciones mencionadas son / fueron parte de la Plataforma Agraria.

El primer caso, de la comunidad de Panamá, demuestra cómo la colaboración entre guardias de seguridad privada, batallones militares y civiles armados ha dado lugar a una unidad paramilitar. Este grupo armado está liderado por un individuo que fue guardia de seguridad de Dinant y luego formó parte, durante un tiempo, del movimiento campesino Gregorio Chávez. Una plantación de palma aceitera llamada Paso Aguán, oficialmente propiedad de Dinant, ha sido disputada por el movimiento campesino Gregorio Chávez.

Desde 2014 la plantación se utiliza como base para el Batallón Xatruch. Seis individuos de la cercana comunidad de Panamá, afiliados al movimiento campesino, han sido asesinados en la propiedad Paso Aguán, que ahora se conoce entre la comunidad como el ‘cementerio clandestino’. En abril de 2018, los militares y guardias de seguridad privada de Dinant se retiraron oficialmente de la propiedad. En su lugar, un grupo armado liderado por Santos Torres, que según testimonios de campesinos de la Plataforma era un ex-guardia de seguridad privada de Dinant, y que también fue miembro del movimiento campesino, estableció el control de una zona considerable de la plantación.

Desde septiembre de 2018, este grupo armado ilegal de aproximadamente 20-30 hombres portando armas como AK47 y R-15 y vistiendo chalecos antibalas, “ha llevado a cabo numerosos actos de violencia contra integrantes del movimiento, como el 16 de enero de 2019 cuando uno de los líderes del movimiento, Jorge Mejía, recibió disparos en un intento de asesinato”, según los voceros de la Plataforma Agraria, Honduras.

La comunidad ha denunciado todos los casos a la policía y a la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA). “En varias ocasiones, Santos Torres fue detenido y poco después liberado. También ha sido visto tomando café con los policías que supuestamente fueron asignados a proteger a los miembros de la comunidad que son beneficiarios de medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección”, según líderes movimiento campesino Gregorio Chávez. Además, señala este movimiento que, “el grupo armado opera de acuerdo con los militares y Dinant, con el propósito de aterrorizar a la comunidad y así disuadirlos de emprender acciones de recuperación de tierras o dar la impresión de que la violencia fue causada por conflictos internos de la comunidad, es decir, campesinos contra campesinos”.

De manera similar, un grupo paramilitar conocido como La Confianza surgió en la comunidad de La Confianza en el Bajo Aguán, en 2016. Liderado por el ex-militar Celio Rodríguez, el grupo está compuesto por algunos ex-miembros de una cooperativa campesina que se escindió del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, MUCA).

Rodríguez se ha encargado de entrenar y suministrar al grupo uniformes y armas. Los miembros de este grupo paramilitar han estado persistentemente amenazando, intimidando e intentando asesinar a líderes clave de la Plataforma Agraria. En este contexto, el grupo asiste a reuniones comunitarias para proponer la venta de la tierra de propiedad colectiva de los campesinos.

Según testimonios locales, miembros del grupo se han reunido en numerosas ocasiones con Oscar Nájera, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional derechista. Nájera es un conocido socio comercial del cártel de la droga de Los Cachiros que anteriormente se encontraba en Tocoa, Colón. Uno de los integrantes del grupo, Osvin Nahum Caballero, quien tiene 11 cargos de homicidio, fue detenido en 2018. Es responsable, junto con Celio Rodríguez, del asesinato de José Ángel Flores, ex presidente del MUCA y Silmer George, miembro del MUCA en 2016.

En noviembre de 2019 surgió otro grupo paramilitar de manera similar. Varios miembros de la cooperativa San Esteban, parte de la organización campesina MARCA, a los que se unieron algunos sicarios formando un grupo paramilitar de 50 hombres fuertemente armados, se apoderaron de la finca de la cooperativa San Esteban y obligaron al resto de las familias que son miembros de la cooperativa a salir. Actualmente emplean esta estrategia para amenazar a familias de otras cooperativas cercanas como Despertar y La Trinidad (Criterio, 2019a).

Reflexiones sobre las tendencias de la violencia y las unidades paramilitares

Como se puede observar, en Honduras la violencia paramilitar es pro-capitalista y política y se lleva a cabo por actores estatales y no estatales, a menudo a través de la cooperación entre ambos. Las características organizativas de la violencia van desde la pequeña escala (individuos contratados para atacar a miembros de movimientos sociales) hasta grandes grupos que incluyen batallones militares y guardias de seguridad privada.

También varían entre asociaciones ambiguas y temporales, agentes de seguridad del Estado, actores no estatales, y grupos propiamente formados que se identifican como tales. Los factores que han facilitado la proliferación de la violencia paramilitar son: el aumento de la militarización, el uso generalizado de la seguridad privada y su cooperación con las fuerzas de seguridad del Estado, y la creación de grupos inter-institucionales (compuestos por policiales y militares). Esto último crea condiciones propicias para la participación de la policía y el ejército en violaciones de derechos humanos, así como la participación de actores no estatales.

Los siguientes patrones pueden observarse en todas las diferentes modalidades de violencia paramilitar. Primero, independientemente de la modalidad a través de la cual se lleve a cabo, la violencia paramilitar trabaja en coalición con la legislación para lograr los objetivos económicos de los capitalistas, así como los establecidos por instituciones internacionales como el Banco Mundial. Por lo tanto, la violencia paramilitar en este país sirve para sostener las estructuras de poder institucionalizadas, no solo los intereses privados de los capitalistas individuales.

En segundo lugar, en todos los casos de violencia paramilitar existe un proceso paralelo de criminalización de las víctimas. Esto último debe entenderse como parte integral de los requisitos previos o condiciones favorables para el surgimiento del paramilitarismo. En los casos rurales y urbanos observamos la misma tendencia en la que no solo se registran a las víctimas de la violencia política simplemente como producto del delito, sino que también se utilizan las acusaciones o cargos existentes en su contra para insinuar su participación previa en actividades ilegales que luego presumiblemente podrían utilizarse para explicar su muerte.

Así, el proceso de criminalización de miembros de los movimientos sociales que se oponen al régimen y su modelo económico allana el camino para eventualmente normalizar su “desaparición” y reforzar la impunidad. Por ejemplo, los estudiantes activistas son acusados falsamente y cuando son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como el caso del joven secuestrado por ATIC, su muerte se explica en relación a los cargos anteriores.

Más importante aún, cuando los campesinos, los garífunas y los estudiantes son elevados a la categoría de narcotraficantes mientras que los perpetradores de la violencia paramilitar se reducen a criminales, las dos fuerzas opuestas – los movimientos desde abajo y el instrumento violento utilizado por las élites para silenciarlos – se fusionan en la categoría de criminales, invisibilizando por completo las motivaciones pro-capitalistas y políticas de la violencia de un lado contra el otro.

La individualización de los problemas estructurales y el desvío de la responsabilidad de la violencia de los verdaderos perpetradores y hacia las propias víctimas, es una característica recurrente en las cuentas de los medios de comunicación hegemónicos, así como en los discursos de los oficiales gubernamentales y corporativos.

Esto es lo que dijo el Sr. Hugo Maldonado, Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), cuando se le pidió que comentara sobre el secuestro y posterior asesinato de los dos estudiantes por parte de ATIC: “No es ATIC. Cualquiera puede ponerse un uniforme. … Se sabe que uno de los chicos estaba en el proceso de decidir si se unía o no a la mara, así que eso puede que tenga algo que ver”, dijo en entrevista el Sr. Hugo Maldonado de CODEH.

De igual manera, el señor Roger Pineda, portavoz de Corporación Dinant, argumentó que “la violencia en el Bajo Aguán no es política sino que principalmente tiene que ver con conflictos internos entre campesinos, desbordes de dinero por ventas agrícolas o algunas actividades ilegales”.

Esto lleva al siguiente problema, que es la fragmentación de las comunidades rurales a través de la infiltración militar y empresarial. Hemos visto que en los tres casos de grupos paramilitares de aparición reciente en una región con intensos conflictos territoriales como el Bajo Aguán, los miembros de estos grupos armados han venido de las propias comunidades bajo la coordinación de militares en activo o ex-militares.

Estos grupos armados locales o actores no estatales a menudo son personas ya temidas por las comunidades locales debido a su participación en el tráfico de drogas y el sicariato. Además de reclutar individuos locales para los grupos paramilitares emergentes, esta estrategia tiene tres propósitos más:

1-crea un clima de miedo, sospecha y desconfianza entre las comunidades, que conduce a la ruptura de la unidad y posteriormente al debilitamiento del movimiento; 2– justifica una mayor militarización con el argumento de que algunos campesinos están armados; y 3– refuerza los discursos dominantes de que la violencia se debe al tipo de conflicto interno “campesinos contra campesinos”, eximiendo así al Estado y los capitalistas de cualquier responsabilidad.

En conclusión, en Honduras se está presentando el desarrollo y la sofisticación de la violencia paramilitar. Diferentes actores con poder político y económico emplean, cada vez más, el uso de la violencia para defender sus intereses. Este fenómeno no se puede reducir a un problema de corrupción (por la coalición entre actores estatales y criminales) o a un contexto dominado por ´señores de la guerra´ como producto de un Estado débil, si no que se debe a la estructura legal que rige y sostiene este tipo de violencia.

El Estado crea leyes acordes a las necesidades de los verdaderos criminales, que a base de fuerza establecen su dominación. Cuando la población pobre trata de recurrir a leyes que les pueden beneficiar, el sistema de justicia no les ampara y les pone obstáculos. Si queremos eliminar la violencia es necesario mirar más allá de los que llevan los fusiles y hacia los que diseñan las leyes y medidas económicas, que son los instrumentos del saqueo legalizado que siempre dependerá del uso de la violencia.

radio
Noticias de abajo

Noticias de abajo 9 febrero 2021

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— Rompiendo Fronteras
CHILE: Continua la represión y la brutalidad policiaca. Asesina policia a artesano y malabarista Francisco Andrés Martínez Romero en ciudad de Panguipulli, otro joven Camilo Miyaki aparece muerto en comisaria policial. Decenas de protestas en todo el territorio. Elpueche, Radio Kurruf, Radio PLaza Dignidad, Primera Linea
ARGENTINA: Crean refugio contra la violencia machista para las trabajadoras de la tierra por la UTT. Crece la protesta contra la mineria contaminante y medicos exigen pago de salarios atrasados desde hace meses. Página 12, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano
SIRIA. Israel continua bombardeando Siria.
PALESTINA: Grandes movilizaciones repudiando los recientes asesinatos y torturas a niños y adolescentes palestinos por parte de la policía Israelí, la marcha fue violentamente reprimida.
MUNDO: 6 de febrero Día mundial contra la mutilación genital femenina. Solo en 2021, 4,16 millones de niñas están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina.

—Desde el ombligo del monstruo.
MEXICO MUJERES: Sobre la detencion del exgobernador de Puebla Mario Marin por el caso de la periodista y activista exiliada Lydia Cacho.
Informe de de la Red Feminista Quintanarrroense sobre agresiones a las mujeres. Cumplen mas de 60 dias de la toma de la Congresa.
LUCHA POR LA VIDA: Represión policiaca a rodadas de Viernes de Furia en CdMx e Invitación a Rodada a Huexca Morelos en defensa del Agua.
CDMX: Movilizaciones de familiares de desaparecidos y familiares de victimas de la Guarderia ABC, reclaman atención y son reprimidos. Desinformemonos
CARACOLES ZAPATISTAS CHIAPAS: Se instala grupo agresor en tierras recuperadas, las bases de apoyo del EZLN deciden no realizar sus siembras ante el riesgo de violencia. Informe de la comisión de observación.

Música:
Los borbones son unos ladrones – Varios artistas
Primera Linea – Radio Liberacion
Pablo Hasel – Nuestras libertades

 

radio
Avispa Midia

Urgente: Atacan nuevamente con armas de fuego a comuneros de Cuatro Venados, Oaxaca

Niña de Cuatro Venados cuidando sus chivos. Foto por Santiago Navarro F

Aproximadamente a las 2 de la tarde de este 9 de febrero, unas 20 personas quienes portan armas de fuego de uso exclusivo del ejercito volvieron atacar a los vecinos de la comunidad San Pablo Cuatro Venado, específicamente en los parajes “El Rebollero”, “Los Arquitos” y “Río Minas”, ubicados a tan solo 45 minutos de la ciudad de Oaxaca.

“Campesinos que en esos momentos se encontraban pastoreando su ganado en el área que conocemos como los platanares y loma de costales fueron agredidos con armas de fuego. La agresión la hicieron aproximadamente 20 personas que bajaron de dos camionetas tipo Pickup, una de color blanco y otra de color rojo”, explican los agredidos, quienes se encuentran resguardados.

Los habitantes de esta comunidad aseguran en un comunicado que, “estas camionetas venían en dirección de la comunidad El Carrizal y Tiracoz Cuilapam de Guerrero”, y que el ataque armado “duró unos 20 minutos aproximadamente”.

Los atacantes se han internado entre la vegetación de la comunidad y hasta las 17 horas de este día 9 de febrero los habitantes de esta comunidad afirman que, “personas extrañas siguen llegando y se están internando en entre la vegetación”, dijo uno de los habitantes, que por seguridad prefirió mantenerse en el anonimato.

En el comunicado que han lanzado estos comuneros afirman que están en “alerta máxima”, ya que hay rumores de que pueden atacarlos como sucedió 31 de mayo de 2019, cuando más de 500 personas armadas y con trascabos derribaron sus viviendas y quemaron sus cosechas. “Lo más preocupante es que siguen llegado otras personas ajenas a nuestra comunidad y están escondidas entre la maleza en el río”, denuncian en el comunicado.

Sepa más – Atacan y derriban casas de indígenas zapotecos, los acusan de usurpar sus propias tierras y el documental Cuándo los Coyotes Aúllan

Estos comuneros responsabilizan a los tres niveles de gobierno por lo que pueda ocurrirles. “Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno ya que, más de una vez, hemos denunciado estos atropellos. Somos originarios de San Pablo Cuatro Venados y las tierras que habitamos pertenecieron a nuestros ancestros”.

Los comuneros advierten que parte de los intereses por sus tierras, es la explotación de oro y plata, así como el agua que nace entre sus montañas. “Tenemos el conocimiento que en nuestras tierras se han expedido por lo menos 3 concesiones mineras: estas son: Titulo 217598, expedido en 2002, ubicada en el Lote Cuatro Venados, con una superficie de 132 hectáreas; Titulo 227548 expedido en el año 2006, ubicada en el Lote la Soledad, con una superficie de 3600 hectáreas; La tercera concesión abarca los municipios de Cuatro Venados y San Miguel Peras, ubicada en el Lote Moisés, que abarca una superficie de 1400 hectáreas, con el titulo 242664, expedido en el año 2013”, dice el comunicado.

El 31 de mayo del 2019, tras el ataque a esta comunidad, un equipo de Avispa Midia contabilizó 24 casas derribadas y quemadas. El maíz, frijol y otros granos que se almacenaban para las siembras también les rosearon gasolina y les prendieron fuego. Ropa, camas, zapatos se encontraban regados por doquier. Quebraron las únicas dos celdas solares de donde obtenían su energía los habitantes de esta comunidad. También les robaron sus vacas, dos plantas generadoras de energía y una bomba de agua, todo lo que pudieron.

Comunicado completo de la comunidad aquí ➜

radio
DIEM2

(English) We welcome the Zapatistas in Europe

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Inglés Estadounidense. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

By Srecko Horvat

Our letter

Dear friends and comrades, dear brothers and sisters,

In times of our current planetary catastrophe, we have read your DECLARATION… FOR LIFE with great inspiration, worry and joy, determined to do whatever is needed to support this urgent call. For what is at stake is not just the life of humans, but all other species and the biosphere itself.

During the last five years, we have established DiEM25 — Democracy in Europe Movement — in all corners of Europe and beyond, counting around 130,000 members united in the fight against capitalism’s neverending Expansion, Extraction and Exploitation. More than a decade before DiEM25 was founded, many of our members were already inspired by the Zapatista Movement and your courageous fight that has already transpassed oceans and generations.

Many of us, from all walks of life, as difficult as it can be especially for those who are daily colonized by capitalist time, have been following closely the Zapatista hourglass, we have seen the time that is coming when those who have been stubbornly, against the grain, will unite. Not in order to impose or reform, but in order to construct a common future beyond capitalism that would consider both air and water, nature and love, as planetary commons.

At this crucial moment, when the ongoing pandemic and vaccine geopolitics is even further dividing societies and communities, we need to reinvent the space and time of imagination, we need to reinvent models of mutual aid and friendship based on convictions and love that would go beyond borders, that would even go beyond generations and time, as tiny sands that could become a mountain in the hourglass.

We are excited about your arrival to Europe and we want to join, contribute, support and learn.

Please let us know how we can help, we would like to mobilize our entire membership.

On behalf of DiEM25’s Coordinating Collective,
Srećko Horvat
28 January 2021

The Zapatista’s letter: A DECLARATION… FOR LIFE

TO THE PEOPLES OF THE WORLD:

TO PEOPLE FIGHTING IN EUROPE:

BROTHERS, SISTERS AND COMPAÑER@S:

During these previous months, we have established contact between us by various means. We are women, lesbians, gays, bisexuals, transgender, transvestites, transsexuals, intersex, queer and more, men, groups, collectives, associations, organizations, social movements, indigenous peoples, neighbourhood associations, communities and a long etcetera that gives us identity.

We are differentiated and separated by lands, skies, mountains, valleys, steppes, jungles, deserts, oceans, lakes, rivers, streams, lagoons, races, cultures, languages, histories, ages, geographies, sexual and non-sexual identities, roots, borders, forms of organization, social classes, purchasing power, social prestige, fame, popularity, followers, likes, coins, educational level, ways of being, tasks, virtues, defects, pros, cons, buts, howevers, rivalries, enmities, conceptions, arguments, counterarguments, debates, disputes, complaints, accusations, contempts, phobias, philias, praises, repudiations, boos, applauses, divinities, demons, dogmas, heresies, likes, dislikes, ways, and a long etcetera that makes us different and, not infrequently, opposites.

Only very few things unite us:

That we make the pains of the earth our own: violence against women; persecution and contempt of those who are different in their affective, emotional, and sexual identity; annihilation of childhood; genocide against the native peoples; racism; militarism; exploitation; dispossession; the destruction of nature.

The understanding that a system is responsible for these pains. The executioner is an exploitative, patriarchal, pyramidal, racist, thievish and criminal system: capitalism.

The knowledge that it is not possible to reform this system, to educate it, to attenuate it, to soften it, to domesticate it, to humanize it.

The commitment to fight, everywhere and at all times – each and everyone on their own terrain – against this system until we destroy it completely. The survival of humanity depends on the destruction of capitalism. We do not surrender, we do not sell out, and we do not give up.

The certainty that the fight for humanity is global. Just as the ongoing destruction does not recognize borders, nationalities, flags, languages, cultures, races; so the fight for humanity is everywhere, all the time.

The conviction that there are many worlds that live and fight within the world. And that any pretence of homogeneity and hegemony threatens the essence of the human being: freedom. The equality of humanity lies in the respect for difference. In its diversity resides its likeness.

The understanding that what allows us to move forward is not the intention to impose our gaze, our steps, companies, paths and destinations. What allows us to move forward is the listening to and the observation of the Other that, distinct and different, has the same vocation of freedom and justice.

Due to these commonalities, and without abandoning our convictions or ceasing to be who we are, we have agreed:

First.- To carry out meetings, dialogues, exchanges of ideas, experiences, analyses and evaluations among those of us who are committed, from different conceptions and from different areas, to the struggle for life. Afterwards, each one will go their own way, or not. Looking and listening to the Other may or may not help us in our steps. But knowing what is different is also part of our struggle and our endeavour, of our humanity.

Second.- That these meetings and activities take place on the five continents. That,  regarding the European continent, they take place in the months of July, August, September and October of the year 2021, with the direct participation of a Mexican delegation integrated by the CNI-CIG, the Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, and the EZLN. And, at later dates to be specified, we will support according to our possibilities the encounters to be carried out in Asia, Africa, Oceania and America.

Third.- To invite those who share the same concerns and similar struggles, all honest people and all those belows that rebel and resist in the many corners of the world, to join, contribute, support and participate in these meetings and activities; and to sign and make this statement FOR LIFE their own.

From the bridge of dignity that connects the Europe from Below and on the Left with the mountains of the Mexican Southeast.

We.

Planet Earth.

1 January 2021

You can find the signatures to this declaration here.

radio
Rojo y Negro / CGT

CGT denuncia la invasión de los trabajaderos de las Bases de Apoyo al EZLN en Nuevo San Gregorio

Frente a los ataques y la barbarie de los últimos años contra las Bases de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), se ha desplazado una caravana de solidaridad a la Comunidad de Nuevo San Gregorio formada por organizaciones, colectivos y personas a título individual, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, con el objetivo de acompañar los trabajos del campo de la comunidad esenciales para sus supervivencia, así como de documentar todas las vulneraciones de derechos humanos y ataques a la comunidad.

En el día de ayer, la Caravana denunció la invasión de la zona de trabajo por parte de un grupo hostil. En la denuncia manifiestan cómo “se documentó la presencia del grupo invasor en los trabajaderos, por lo cual las BAEZLN decidieron suspender la siembra de maíz y frijol que se tenía planeada. Esta nueva invasión, además de obstaculizar el trabajo en el campo, actividad fundamental para la supervivencia de las familias, también impide que se le pueda dar alimento a los animales y el regreso de las BAEZLN a sus casas, ya que tienen que cruzar por el espacio en donde se instaló el grupo invasor”.

La invasión constituye una nueva agresión a la autonomía alimentaria y el derecho a la tierra, tal y como señala la caravana, “Estos son los mismos mecanismos de invasión que se vienen utilizando desde el mes de noviembre del 2019 por parte del grupo invasor, y es una de las razones de la presencia de la Caravana de Solidaridad. Las y los pobladores de la comunidad de Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo de Lucio Cabañas, identificaron entre el grupo invasor a las siguientes personas; del poblado de San Gregorio Las Casas: Nicolás Pérez Pérez, Sebastián Bolom Ara, Pedro Hernández Gómez, Alejandro Pérez Huet, Nicolás Moshán Huet y Sebastián Ara Moshán. Del Duraznal: Javier Gómez Pérez, Manuela Moshán Huacash, Miguel Gómez Méndez y Pedro Pérez Pérez. De Rancho Alegre a Felípe Enríquez Gómez y de San Andrés Puerto

Rico a Miguel Moshán Huey y Manuel Moshán Moshán”.

La Confederación General del Trabajo (CGT) reitera su apoyo a las Bases de apoyo del EZLN y exige el fin de los hostigamientos por parte de las y los invasores. Del mismo modo, sirva el presente comunicado público como denuncia frente a la Embajada de México en Madrid, a quien se lo hacemos llegar, exigiendo que se tenga en cuenta y responsabilice a los malos Gobiernos en sus tres niveles de gestión del mantenimiento de la inseguridad en Chiapas.

El próximo día 20 de febrero se cumplirán dos años del asesinato de Samir Flores Soberanes, Integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, miembro del Congreso Nacional Indígena​ y fundador de la estación comunitaria Radio Amiltzinko. Hasta la fecha ni los malos gobiernos ni sus administradores de in-justicia han identificado a los asesinos. Desde CGT ni perdonamos ni olvidamos, y anticipamos que los ataques a las comunidades zapatistas y a las Bases de apoyo al EZLN no nos resultan ni ajenas ni lejanas. Exigimos el fin de la violencia contra las Comunidades y Bases de apoyo zapatistas.

¡Viva la autonomía zapatista!

¡Viva el EZLN, sus Bases de Apoyo y Comunidades autónomas!

¡Ninguna agresión sin respuesta!

¡Samir vive!

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El Salto Diario

Guerra de desgaste contra las comunidades zapatistas

La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional, en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“No más paramilitares en comunidades zapatistas”. Foto: Elizabeth Ruiz
5 FEB 2021 09:50

“No somos dueños de la tierra, somos sus guardianes. La tierra es para vivir no para hacer negocio”, dice un joven de la comunidad Nuevo San Gregorio, del Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, en el municipio oficial de Ocosingo (Huixtán), Chiapas.

“Estamos cercados en nuestra propia tierra”, agrega una mujer de la misma comunidad que está siendo sitiada por 40 invasores armados con apoyo del Gobierno. Explica que pese al cerco, las familias han montado un taller de carpintería, hacen bordados y mecapal, como forma de resistencia.

Son testimonios recogidos por la “Caravana Solidaria”, integrada por más de 15 colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, tanto en la comunidad Nuevo San Gregorio como en las cinco comunidades que integran la región Moisés Gandhi, en el municipio Autónomo de Lucio Cabañas, oficial de Ocosingo.

Integrantes de la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq nos explican desde San Cristóbal de Las Casas que se trata de más de 600 hectáreas que fueron recuperadas por las bases zapatistas cuando la ofensiva de 1994 y que ahora están siendo cercadas por “medianos propietarios y personas aliadas de los gobiernos federal y del Estado de Chiapas” y por miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).

En Moisés Gandhi, habitada por cientos de familias, las agresiones comenzaron el 23 de abril de 2019, con disparos de armas de grueso calibre desde las 5h hasta las 21h, situación que el Gobierno no quiere ni tiene la voluntad de detener. Desde que comenzaron los ataques, en abril de 2019, en varias ocasiones llegaron grupos de 250 a 300 personas armadas en vehículos, queman viviendas, roban y destruyen cosechas. En varias ocasiones han secuestrado a comuneros, los golpean y amenazan y luego los sueltan.

El 22 de agosto quemaron una tienda de acopio de café zapatista en el crucero de Cuxuljá, un cruce estratégico de carreteras que conectan San Cristóbal con Palenque.

Se trata de nuevas modalidades de la contrainsurgencia que se van adaptando al crecimiento y expansión territorial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que pasó a contar con 43 centros de resistencia. Integrantes de la caravana explican que los miembros de ORCAO son gente politizada que conoce bien al movimiento zapatista.

Desde hace años fueron atraídos por programas sociales que les ofrecen recursos si regularizan las tierras, pueden capitalizarse y pasar de campesinos pobres a campesinos ricos, adquiriendo poder. La ORCAO vende su café a grandes empresas vinculadas a Wall Mart, ya que tiene aspiraciones de conseguir grandes ganancias.

“La forma de operar consiste en cercar las viviendas, las clínicas y las escuelas de las familias y comunidades zapatistas, y de ese modo les impiden seguir produciendo, configurando una guerra integral de desgaste que busca quebrar la economía autónoma”, explican miembros de la Ajmaq y de las caravanas solidarias.

Imposible no conectar esta situación con lo que fueron las políticas sociales de los gobiernos progresistas en Sudamérica. No sólo transferían recursos a los barrios y comunidades pobres, sino que buscaban que los intermediarios fueran organizaciones y movimientos populares que antes habían luchado contra los gobiernos neoliberales. De esa manera, incorporaban a las políticas oficiales personas que conocían a fondo a los movimientos, saberes a que los Estados desconocían.

“No nos rendimos, aquí seguimos organizando nuestros trabajos colectivos”, aseguran las comunidades. Para mantener la resistencia organizan trabajos colectivos, para asegurarse la alimentación y la salud

“No es casualidad que la ORCAO esté atacando a las nuevas Juntas de Buen Gobierno y centros de resistencia, porque allí la mayoría son jóvenes y mujeres y buscan desanimarlos y atemorizarlos”, dicen miembros de las caravanas.

Por eso además de cercar con alambres las tierras comunitarias, rompen tuberías de agua, cercan manantiales, pastos donde se alimenta el ganado y les impiden cosechar. En Nuevo San Gregorio, las bases de apoyo reconocen que este año apenas pudieron cosechar el 50% del año pasado. El objetivo es crear una crisis humanitaria que fuerce a las familias zapatistas a abandonar las tierras que recuperaron luchando.

La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“No nos rendimos, aquí seguimos organizando nuestros trabajos colectivos”, aseguran las comunidades. Para mantener la resistencia organizan trabajos colectivos, para asegurarse la alimentación y la salud. La decisión de resistir de forma pacífica, sin violencia pero sin abandonar la lucha, tiene enormes costos que las bases zapatistas están dispuestas a afrontar.

Desde arriba buscan el enfrentamiento entre pueblos, apoyando organizaciones sociales que cuentan con la complicidad de los gobiernos municipal, estatal y federal, con el objetivo de minar la autonomía zapatista que es una de las principales esperanzas que ilumina el planeta.

radio
Radio Kurruf

[Comunicado]Lof Pedro Currilem del territorio pewenche de Lonquimay, los hijos e hijas, nietos y nietas del lonco Romero

Comunicado Público

La comunidad Pedro Currilem del territorio pewenche de Lonquimay comunica lo siguiente:

El jueves 28 de enero del presente año, sufrimos la partida de nuestro lonco, el peñi Jose Nivaldo Romero Cañumir. Destacado dirigente pewenche, con una gran trayectoria y militante de la libre determinación mapuche.

Durante su vida participo activamente de distintas instancias de lucha y también de ngutram, representando a su territorio como autoridad ancestral en, nguillatun, palin, ngutramkawun, marchas y diferentes acciones de lucha y resistencia. Como también asistió a diferentes instancias internacionales, para denunciar y exponer la situación mapuche y en especial la del territorio pewenche.

El Lonco nos deja un gran legado a seguir, se va un kimche, un norche y esa perdida no la sufrimos solo su familia, sino que la sufre el pueblo mapuche en su conjunto. Durante los 3 días de elüwun nos acompañó el mawun como señal del lif newen ka lif püllü, como también peñi y lamguen de diferentes territorios del wallmapu.

Se fue con un gran ayekan, con purrun, y en su honor se largaron 3 jineteadas, mientras weichafes cortaran con barricadas la ruta 181 para despedir a un Lonco que siempre estuvo presente en la defensa del pueblo mapuche y sus derechos.

Queremos como familia y como lof, agradecer a todos quienes a pesar de la pandemia y las dificultades llegaron a acompañarnos en la ultima despedida al Lonco Romero, la lucha continuara y esta tierra seguirá pariendo weichafe que se levanten a defender el mapuche moghen.

kume ruputuaimi, kume amuimi wenu mapu mu lonco Romero

Inchiñ mogheli taiñ mapuche rakizuam, mogheli taiñ kimun

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