Fotos: Indígenas que viven en aislamiento en Perú. Fuente: Ministerio de Cultura de Perú
Los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) que habitan en territorios del Perú son amenazados por la expansión de proyectos extractivistas. Desde el Estado y gremios empresariales, se intenta desconocer su existencia para sumar concesiones de infraestructura y explotación de hidrocarburos, minerales y madera.
Se estima que 7,500 indígenas (5,200 sin contacto y 2,250 en contacto inicial), distribuidos en unos 20 pueblos originarios, viven aislados en áreas remotas de la Amazonía peruana.
Para su protección, en 2006 se promulgó la Ley 28736 (Ley PIACI), que dispone la creación de reservas en zonas de asentamiento temporal y tránsito de las comunidades nómadas.
Se trata de la única norma que los resguarda en las ocho naciones suramericanas que comparten la selva amazónica, donde se tiene referencias de 114 pueblos aislados, de las cuales 60 han sido confirmadas, según el Observatorio Regional Amazónico.
Desde entonces se crearon dos reservas para pueblos en aislamiento. De otras cinco planificadas con este objetivo, solo dos son adecuadas para las comunidades indígenas. Otras seis se encuentran en la etapa de solicitud.
En comparación con la experiencia reciente en Ecuador del “Sí” al Parque Nacional Yasuní, una histórica consulta popular que rechazó la actividad petrolera que afecta a la reserva, habitada por pueblos transfronterizos, “existe una gran diferencia en cuanto a la batería de acciones legales y campañas políticas activadas en el lado peruano”, observan Guisela Loayza y Eduardo Pichilingue, de la alianza Cuencas Sagradas.
Un comando del ejército de Israel irrumpió en la vivienda de Ahed Tamimi, icono de la causa palestina, y detuvo la activista de 22 años “bajo sospecha de incitación a la violencia y actividades terroristas”, declaró un portavoz del ejército.
“Felicitaciones a las fuerzas de Tierra, Aérea y Marina (FDI) que arrestaron esta noche a la terrorista y ‘activista de derechos humanos’ Ehed Tamimi Manvi Saleh, quien anteriormente fue condenada por atacar a soldados de las FDI y, desde el estallido de la guerra, ha expresado simpatía y apoyo a los seres humanos nazis en las redes sociales. ¡Tolerancia cero con los terroristas y partidarios del terrorismo!”, expresó en sus redes sociales el ministro de seguridad de Israel Itamar Ben Gvir.
La activista se hizo famosa a los 14 años, cuando mordió a un soldado israelí como defensa ante la detención de su hermano menor. En 2017 fue detenida por al menos 8 meses solo por exigir a los militares israelíes que se fueran del patio de su casa. Mientras estuvo presa una gran red de solidaridad se desató en diversas partes del mundo.
El ejército israelí afirma que esta vez la detuvo solo para interrogarla. No obstante, la madre de la activista, Nariman Tamimi, ha declarado a diversos medios que los militares registraron su vivienda y le fueron confiscados los teléfonos móviles de toda la familia. Así mismo, denunció que su esposo, Bassem Tamimi, fue detenido hace una semana en una redada. Hasta el momento desconocen su paradero.
David Hernández Salazar durante Asamblea del Congreso Nacional Indígena en marzo, 2023. Foto: Aldo Santiago
La Secretaría de Comunicaciones y Transporte inició una denuncia penal por el delito de ataque a las vías de comunicación contra el indígena binnizá, David Hernández Salazar, quien lucha contra la construcción de un parque industrial del Corredor Interoceánico en su comunidad Puente Madera, municipio de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La notificación ocurrió el 18 de octubre de 2023.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República por la representación legal de la Secretaría. En dicha notificación requieren la comparecencia del defensor de derechos humanos para el desahogo de la audiencia inicial el día 1 de diciembre de 2023. Hasta el momento, el defensor y sus representantes legales no tuvieron mas información sobre los hechos a los que se refiere la denuncia, informan las organizaciones de derechos humanos Front Line Defenders y la RED TDT.
Salazar, que hace parte de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), enfrenta otra denuncia penal por parte del Municipio de San Blas Atempa y por particulares. La denuncia se encuentra en la Vicefiscalía Regional del Istmo ubicada en Tehuantepec.
En marzo del 2022, miles de zapatistas se movilizaron simultáneamente en cinco municipios de Chiapas para protestar contra todas las guerras. Foto: Tercios compas / Enlace Zapatista
El pasado domingo (5), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a través del cuarto comunicado difundido durante el último mes, tras meses sin declaraciones oficiales, anunció la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), así como las Juntas de Buen Gobierno (JBG).
El documento, firmado por el Subcomandante Insurgente Moisés, afirma que la decisión de los pueblos zapatistas se “realiza después de un largo y profundo análisis crítico y autocrítico”, así como tras consultar a las comunidades autónomas de Chiapas.
En consecuencia, el EZLN comunicó la invalidez de todos los sellos, membretes, cargos, representaciones y futuros acuerdos con cualquier MAREZ o JBG; los acuerdos sostenidos antes de esta fecha se mantendrán hasta el final de su vigencia . También compartieron que los Caracoles permanecerán cerrados al exterior hasta nuevo aviso.
“Las razones y el proceso por el que se tomó esta decisión se las iremos platicando poco a poco en los escritos siguientes. Sólo les adelanto que esta valoración, en su fase final, se inició hace unos 3 años. También les iremos explicando cómo es y cómo se ha ido gestando la nueva estructura de la autonomía zapatista”, contextualiza el vocero zapatista.
Chiapas: completo caos
El vocero zapatista detalla que las principales ciudades de Chiapas viven “en un completo caos. Las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos ‘sicarios legales’ o ‘Crimen Desorganizado’. Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que está en proceso. No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales”, asevera el comunicado.
Al pueblo de México.
A los medios de comunicación
A la Sexta Nacional e Internacional
Han pasado cuatro años desde que el cacique Fabio Flores Sánchez, alias La Polla, junto con el apoyo de los gobiernos, atentaron contra la vida de las autoridades de la comunidad autónoma de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, quienes no han podido recuperar su salud mientras los gobiernos siguen protegiendo y garantizando impunidad a los agresores, que no han sido detenidos pese a las órdenes de aprehensión existentes.
Pensaron que con esto la comunidad detendría su lucha por el territorio y autonomía, pero eso no pasó, sino que su lucha se ha hecho más fuerte, por lo que desde este espacio decimos que Azqueltán vive y la lucha sigue.
Lo decimos estando reunidos los colectivos, pueblos, naciones y tribus de los estados de Colima, Michoacán, Nayarit, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Jalisco, que nos dimos cita en el Encuentro en Defensa de la Medicina Tradicional, llevado a cabo los días 4 y 5 de noviembre de 2023.
La salud de las personas y de los pueblos es una sola, por lo que estamos decididos a enfrentar la guerra de los poderosos en todos los niveles con nuestra organización y autonomía.
Y por eso, enviamos nuestra solidaridad y respeto con los pueblos zapatista ante la guerra que los malos gobiernos están desplegando en su territorio para borrarlos de la geografía del poder.
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TALLER Y PRESENTACIÓN DE LA SERIE
“PERIODISMO DE LO POSIBLE: HISTORIAS DESDE LOS TERRITORIOS”
Un podcast de 12 relatos sobre organización comunitaria y victorias contra el despojo.
Este lunes 6 de noviembre Quinto Elemento Lab, REDES A.C., Ojo de Agua Comunicación y La Sandía Digital, junto con radios comunitarias y defensores y defensoras del territorio, presentamos la serie “Periodismo de lo posible: historias desde los territorios”, que está ya disponible completa en plataformas digitales. Previo a la conferencia de prensa, Marcela Turati y Eloisa Diez darán un taller práctico para conocer cómo se hace un periodismo de lo posible, criterios y recomendaciones de narrativas de esperanza desde las comunidades.
El proyecto reúne 12 relatos de historias de defensa del territorio pero no desde la denuncia, sino desde los logros de la organización comunitaria, contando las victorias contra el despojo. Los reportajes sonoros fueron hechos por cada comunidad y radio comunitaria, contada, reporteada e investigada por sus protagonistas.
Durante un año, equipos de Quintana Roo, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Sonora y Chihuahua construyeron las historias que narran las luchas contra megaproyectos, para rescatar la cultura y tradiciones ancestrales, cuidar el agua, recuperar territorio ancestral y proteger la naturaleza.
Los equipos participantes son la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio. (Oaxaca), VE’I SAVI Radialistas Comunitarios de Yucuhiti (Oaxaca), Radio Cholollan (Puebla), Radio Tsinaka (Puebla), Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Cesder (Puebla), Ocotenco-Kuautlali (Hidalgo), La Boca Nostra, programa de Política y Rock & Roll Radio (Sonora), Centro de Desarrollo Agropecuario A.C. (Guanajuato), Escenario Tlaxcala (Tlaxcala), Coordinadora por un Atoyac con Vida y Centro Fray Julián Garcés (Tlaxcala y Puebla), Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on (Quintana Roo) y Raíchali (Chihuahua).
Día: Lunes 6 de noviembre
Lugar: CENCOS (Medellín 33, Colonia Roma, Ciudad de México)
10:00 a 11:30 am – Taller práctico: conoce cómo se hace un periodismo de lo posible, criterios, retos y recomendaciones para contar historias desde las victorias comunitarias
11:30 a 12:30 – Rueda de prensa: Experiencias desde lo posible, palabras de equipos participantes y protagonistas de las luchas
En riesgo de acceso a alimentos se encuentra la mitad de la población peruana, situación profundizada por la crisis hídrica a causa del fenómeno El Niño. La sequía ha ocasionado pérdidas de miles de hectáreas de cultivos este año y afectado las reservas del líquido, por lo que en septiembre el gobierno declaró en estado de emergencia 544 distritos, pertenecientes a 14 regiones.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), el 50% de habitantes del Perú vive en condiciones de inseguridad alimentaria, uno de los índices más altos de América Latina. En 2022, el país registró la mayor cifra de Suramérica, con 16,6 millones de personas que carecían de alimentos nutritivos.
En este contexto, en los últimos meses el precio de algunos productos de primera necesidad se incrementó en niveles no registrados en las últimas dos décadas, debido a fuertes precipitaciones e inundaciones en zonas costeras. El valor del limón llegó a subir hasta en 500%. La variabilidad del clima se percibe en escenarios laborales: hay 8,5 millones de personas en peligro elevado de no poder cumplir sus actividades económicas por el déficit hídrico, advierte la Sociedad de Comercio Exterior del Perú.
El retraso de las lluvias en los Andes y el Altiplano, que se esperaban en septiembre, causó estragos. En Puno, la región más golpeada por la sequía, se perdieron cerca de 17 mil hectáreas de cultivos. Según la Encuesta Nacional de Siembras, no se cosecharon 9 mil hectáreas de quinua, lo que representa la cuarta parte de la producción esperada. De papa, un alimento básico en gran parte del país, se estropearon 5 mil de las 60 mil hectáreas trabajadas. La crianza de alpaca para textiles y la ganadería son otros de los sectores perjudicados por la sequía en el sur andino.
Sequía en el Perú. Foto: Agencia Andina
“El período 2022-2023 fue crítico, no hubo lluvias a tiempo, la producción agrícola fue afectada, se había anunciado esta situación, son cíclicas. Ahora ya llegaron las lluvias, serán de corto tiempo, de acuerdo a nuestras observaciones, y la tercera siembra, a finales de noviembre, será mejor. En las comunidades hay técnicas de acumulación de agua que al Estado no le importan como políticas públicas, creen que la tecnología occidental lo resuelve todo. El Ministerio Agricultura debería considerar nuestras observaciones y técnicas. Hay cuencas para almacenamiento para tiempos de sequías”, declaró para Avispa Mídia el vocero del Consejo de Autoridades Originarias, Mallkus, Jilacatas y Mama Tallas de Puno, Rubén Apaza Añamuro.
Un efecto notorio del cambio climático en el Altiplano es la disminución del nivel de agua del emblemático lago Titicaca, que este año descenderá hasta 80 centímetros como consecuencia de temperaturas altas durante el día, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Entre las implicancias sociales, especialistas observan un posible éxodo migratorio de la población puneña.
Agua para extractivismos y contaminación de cabeceras
El uso del agua en el Perú lo acapara la agroindustria. La Autoridad Nacional del Agua precisa que este sector emplea el 87,7% del líquido, mientras que a la población se destina el 9,9%. La minería utiliza el 1,5%, sin embargo su impacto se amplifica al dañar las cabeceras de las cuencas. El 38% de proyectos extractivistas en el Perú se localiza en territorios indígenas y campesinos, y el 56% en áreas sobre los 3 mil metros de altura, donde nacen los ríos.
“La agroindustria se centra en la costa norte, en los Andes principalmente son las mineras las que concentran el agua. Atentan contra las cuencas. Al Estado no le interesa si contaminan el pasto para producción ganadera. Los ríos se ven amarillentos, por los residuos de óxidos, y esto se transmite a los pastos, luego a los lácteos, por lo tanto afecta a todo el país. Hay que evitar especialmente la contaminación en las cabeceras de cuencas, nosotros como comunidades ponemos énfasis en esto”, añadió Apaza, autoridad originaria de la provincia puneña Huancané.
Al respecto, en septiembre, el relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo, subrayó que la destrucción de acuíferos, humedales y bosques húmedos se debe principalmente a la minería. El informe alerta que las consecuencias son devastadoras: el 31% de la población del Perú (más de 10 millones de personas, de las cuales el 84% son menores de edad), enfrentan riesgos cotidianos de contaminación por metales pesados y otros tóxicos.
Como alternativa de conservación, la Sociedad Peruana de Alpacas Registradas propone la creación de un organismo autónomo de protección de los bofedales andinos y altiplánicos. “Queremos resaltar de que de estos bofedales nacen los pequeños ríos que al final originan los grandes ríos que desembocan en el lago Titicaca”, señala un representante de la organización. Puno, Cusco y Arequipa albergan más del 50% de bofedales del Perú, de acuerdo al Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña.
Entre la ausencia de lluvias y las perforaciones de pozos para minería, se vienen secando estos tipos de humedales altoandinos, lo que se suma a la sequía en períodos cada vez más frecuentes y al descenso de las reservas.
Foto: Red de Comunicación Regional
“Hay experiencias para evitar que se produzcan ecocidios, hay países que han sido arrasados, al sistema de producción no les interesa las personas, los seres vivos, nosotros actuamos desde la madre naturaleza para asegurar nuestras actividades. Confrontamos abiertamente el modelo extractivista neoliberal que considera los recursos naturales como instrumentos de uso para enriquecerse, nosotros consideramos que la naturaleza, la madre Tierra tiene vida. Las élites promueven semillas transgénicas, no piensan en la convivencia, como autoridades originarias, nosotros, los pueblos indígenas y campesinos, estamos haciendo que las formas de vida y producción estén en armonía”, acotó Apaza.
En semanas recientes la situación ha obligado a racionar la distribución del agua a la población, en más de la mitad de las 25 regiones, entre ellas Lima. El 10% de peruanos carece de agua potable y se ve obligado a pagar un mayor precio. La cuarta parte de los 25 departamentos recibe el servicio menos de doce horas al día.
En este panorama de escasez hídrica y crisis climática, hay voces desde el Ejecutivo y el Congreso que sugieren la privatización del agua en Lima. Para la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, hay que “analizar si lo mejor es la reestructuración o la privatización”.
Cuando la gestión privada del recurso fracasó en la única región donde se aplicó, Tumbes, que presenta el indicador más bajo de acceso, con apenas siete horas diarias, el abastecimiento de agua en la capital, Lima, la segunda ciudad más grande del mundo asentada en un desierto, así como en el resto del Perú, entra a un debate abierto por representantes de grupos de poder aliados al régimen de Dina Boluarte.
Esta es la cuarta entrega de Desaparecer en la frontera sur de México, un trabajo de Avispa Mídia que da cuenta de la violencia que viven las comunidades y ciudades de la frontera de Chiapas con Guatemala, que forman parte de las rutas de trasiego en pugna por dos cárteles del crimen organizado.
En la primera parte, investigadoras y organizaciones explican cómo el crimen organizado se instaló en la geografía chiapaneca, en territorios que hoy se disputan con violencia desmesurada contra la población. En la segunda y tercera parte, las víctimas de desaparición y las comunidades narran el horror que viven por esta guerra, minimizada por el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador.
Los testimonios ahora nos llevan a la historia de Cassandra Isabel Arias Torres que fue desaparecida por un grupo armado el 17 de diciembre de 2022 en el municipio de Berriozábal, ubicado en la zona Centro de Chiapas.
A partir de 2021, varios municipios de Chiapas comenzaron a percibir el incremento de la violencia e inseguridad, como ya fue reportado en esta serie. Además de las regiones limítrofes con Guatemala, en el centro de la entidad también incrementó la violencia.
El 17 de diciembre de 2022, Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años de edad, estaba muy emocionada por la boda de su madre, Isabel Torres, tanto que le regaló el vestido y le ayudó con los preparativos del festejo que iniciaba a las 14h en el salón Tierra Bonita, ubicado en la cabecera municipal de Berriozábal.
Durante la celebración, Cassandra se encontraba en una mesa al fondo del salón con otros familiares y su novio, mientras Isabel, su madre, atendía a los invitados junto a su ahora esposo. Cuando comenzó a oscurecer, pidieron al encargado del recinto encender las luces pero nunca respondió al llamado, entonces decidieron continuar la fiesta sólo con las lámparas de interior.
Alrededor de las 20h un grupo armado irrumpió en el lugar. Descendieron de tres camionetas blancas y dijeron ser de la Fiscalía General del Estado (FGE), portaban chalecos con las insignias oficiales, estaban encapuchados y vestidos de negro de pies a cabeza.
Al ingresar al salón de fiestas, dijeron: “¡Todos abajo!’, los invitados y yo nos metimos debajo de la mesa y escuché que mi hija (Cassandra) gritaba desesperada para saber dónde estaba su hijo”, relató Isabel.
Con agresividad, los encapuchados arrebataron los teléfonos móviles y carteras a varios de los asistentes. En un principio esposaron a diez personas para llevárselas, pero al final las dejaron en la entrada y sólo se llevaron a Cassandra, a su novio, a uno de sus tíos y al músico que amenizó el festejo.
En cuanto el grupo armado se retiró, Isabel y su esposo fueron tras ellos en otro vehículo pero no pudieron alcanzarlos. Otro de los familiares se dirigió a la comandancia municipal, pero los policías estaban “escondidos” y dijeron que no podían hacer nada, que no era de su competencia.
Casi dos horas más tarde y después de varias llamadas al 911, al lugar de los hechos llegaron algunos elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Sedena y algunos municipales. Cuando algunos de los asistentes daban detalles de lo sucedido a las autoridades se escucharon disparos afuera del salón.
“Les dije que fueran a ver, qué tal que ahí tenían a mi hija y se quedaron viendo entre ellos (policías y militares), pero nadie se movió. Al terminar de dar la declaración le preguntaron a mi esposo si íbamos a meter la denuncia, respondimos que sí y el policía nos preguntó si estábamos seguros de que ‘podríamos’ contra esa gente”, dijo Isabel.
De acuerdo a la familia de Cassandra, los uniformados se limitaron a grabar en video las declaraciones que dieron y “nunca nos dijeron para qué”.
Al siguiente día (18 de diciembre), el músico y el tío de Cassandra fueron liberados al oriente de Tuxtla Gutiérrez, municipio a 23 kilómetros de distancia de Berriozábal. Los encapuchados les advirtieron no acudir a las autoridades de lo contrario Cassandra sería asesinada.
Cuando Isabel recibió el mensaje entró en pánico, por lo que decidió no acudir a la autoridad e iniciar una búsqueda por su cuenta. Entre las primeras acciones, difundió en redes sociales la imagen de Cassandra; pero los días pasaron y no hubo noticias del paradero.
Información oculta
El alcalde de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez, abanderado por Morena, se encargó de negar ante medios de comunicación la desaparición forzada de Cassandra y minimizó el hecho al decir que sólo se trató de una riña.
Pero el 10 de enero de 2023, con mucho temor y desesperación, Isabel acudió por primera vez a la Fiscalía en Tuxtla Gutiérrez para hacer la denuncia. Le sorprendió que el Ministerio Público tenía conocimiento del caso de Cassandra mucho antes de la declaración.
Por meses, la única declaración que obró en la carpeta de investigación fue la de Isabel, pero después de varias protestas en las que exigió justicia, se integraron las declaraciones de su esposo, su padre y su hermano, quien fue privado de libertad junto con Cassandra.
De acuerdo con Isabel, falta el informe completo y actualizado de la geolocalización de los teléfonos móviles que se llevaron los encapuchados. Según datos de la FGE, algunos de los celulares siguen activos y han cambiado el chip en repetidas ocasiones.
A pesar de la evidencia, la Fiscalía se niega a realizar la búsqueda bajo el argumento de que las ubicaciones que se muestran son aproximadas. Ante esta incapacidad declarada por la propia Fiscalía, Isabel solicitó la renovación de la geolocalización y la intervención de expertos en tecnología.
“Cuando se actualice la geolocalización pediré que se haga la búsqueda en vida, porque tampoco quieren buscarla”. Isabel pidió, incluso, las imágenes del Centro de Atención y Vigilancia Permanente (CAVIP) que funciona con 47 cámaras colocadas en puntos estratégicos de la cabecera municipal, donde desaparecieron a Cassandra.
Para que la investigación avance también se pidió la declaración del secretario de Seguridad Pública municipal, Germán Alegría Santos y de cuatro policías municipales que acudieron al salón de fiestas con las fuerzas federales; pero tampoco hay respuesta.
Las madres que resisten
En marzo de este año, Isabel acudió a las afueras de la Séptima Región Militar en Tuxtla Gutiérrez para interceptar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que visitó la entidad e instruyó a la Fiscalía investigar el caso. Pero los días pasaron y la justicia tampoco llegó.
Dos meses después, Isabel tuvo conocimiento de las acciones de protesta del colectivo de Madres en Resistencia, integrado en su mayoría por familias de víctimas de feminicidio, quienes no dudaron en brindar acompañamiento a Isabel Torres cuando lo solicitó.
Para finales del mismo mes, las madres se plantaron por más de una semana a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir hablar directamente con el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, y el Fiscal General, Olaf Gómez Hernández.
El plantón fue levantado por un compromiso hecho por el propio mandatario estatal que ordenó revisar minuciosamente los casos, pero al final no se concretó ninguna acción. El nulo acceso a la justicia llevó a Isabel a encabezar otra campaña de búsqueda a pie, con marchas y mítines en la Fiscalía y Palacio de Gobierno.
De esas acciones logró dos búsquedas en campo por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda, aunque para las Madres en Resistencia sólo sirvió para evidenciar las carencias e incapacidad de la autoridad que no tiene herramientas, planeación, comunicación y ni protocolos específicos de seguridad.
“La primera búsqueda fue en el mismo perímetro donde está un lugar llamado la Piedrona (en Berriozábal), la segunda fue en un terreno que está frente al primer perímetro. En la primera búsqueda no llegamos a ningún acuerdo, las autoridades trabajaron sin pedirnos opinión ni nos informaron cómo sería la búsqueda ni nada; llegan a echar relajo y a platicar”, explicó Isabel.
En la primera investigación en campo, un integrante de la propia Comisión de Búsqueda alertó sobre la presencia de una camioneta azul con cuatro hombres sospechosos a bordo. El vehículo pasó por la carretera, regresó y se detuvo frente a ellas, “únicamente descartaron que fueran personas de la Fiscalía pero no dieron seguimiento a pesar de que esa camioneta estaba vigilándonos”.
Hasta el último día
Con ayuda de las abogadas feministas de Colectiva Cereza, Isabel consiguió que desde principios de septiembre, la Fiscalía ofrezca una recompensa de 500 mil pesos por información anónima sobre el paradero de Cassandra Isabel Arias Torres.
El pasado 12 de octubre, Isabel y las Madres en Resistencia cerraron la avenida principal de la capital de Chiapas para protestar por la ausencia de Cassandra en su cumpleaños número 19, “es el primero que ella no está, con nosotros, con su hijo”, un pequeño de 4 años que desde hace 10 meses se pregunta por su mamá.
“Pido a las personas que se llevaron a mi hija que si está con vida que me la regresen y si no está con vida que me digan dónde está para tener un lugar para llorarle y llevarle flores, porque no tengo paz en mi corazón de no saber dónde está. La sigo esperando con los brazos abiertos. Hija te amo, te sigo buscando y hasta el último día de mi vida te buscaré”.
Por ahora el activismo de Isabel la lleva a realizar labores que le corresponde a la Fiscalía, pues cada vez son más las familias de víctimas de desaparición forzada que buscan su acompañamiento para exigir justicia.
Reclaman a las autoridades que actúen, investiguen, sancionen a servidores públicos implicados en las desapariciones o con vínculos con el crimen organizado. De acuerdo a Colectiva Cereza, al menos cinco casos de los cuales acompaña fueron levantados por elementos de la policía de investigación de la FGE y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), y las pruebas ya fueron entregadas a Rutilio Escandón Cadenas.
Mientras que Israel endurece el bombardeo hacia la Franja de Gaza asegurando que ha realizado al menos 320 ataques a objetivos militares del grupo armado Hamás, los medios y periodistas locales aseguran que la mayoría de los ataques han sido dirigidos hacia casas-habitación, escuelas, hospitales y centros civiles.
Los ataques de Israel han dejado al menos 5 mil muertos y, de ellos, se contabilizan 2 mil niños y niñas, según los medios palestinos. Solo en las últimas 24 horas se han reportado más de medio millar de personas muertas. Suman también 21 periodistas perecidos mientras cubrían los hechos según datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
La solidaridad hacia el pueblo palestino va en aumento. Estallan cientos de protestas en diversas partes del mundo exigiendo que se detenga el bombardeo israelí.
Marchas multitudinarias se han registrado en países del medio oriente para exigir un alto a las agresiones israelíes contra Palestina
Desde los Estados Unidos, donde su gobierno ha respaldado políticamente y con armas a Israel, diversas colectividades han convocado a realizar múltiples acciones organizadas para exigir un alto al fuego hacia Gaza. Hacen un llamado a boicotear a empresas que apoyan a Israel como Amazon, Google, entre otros, además de medios de comunicación masivos.
Desde Washington D.C., la organización La Mayoría Creciente (The Rising Majority) ha exigido que el presidente Joe Biden y el Congreso de EEUU pidan un alto al fuego inmediato en Gaza.
“Somos personas de conciencia, que nos unimos por encima de credos, razas y generaciones, para decirle al presidente Biden y al Congreso que tienen que tomar una decisión: defender el valor de la vida humana y reducir la violencia o seguir apoyando la masacre del pueblo palestino por parte del gobierno israelí”, ha expresado la organización.
De la misma forma, La Red Media Justice ha emitido una declaración en solidaridad con la resistencia palestina y ha denunciado la complicidad de las grandes empresas tecnológicas con lo que llaman “el apartheid israelí”.
Denuncian los cortes de internet, la desinformación, la tecnología de vigilancia utilizada por Amazon y la policía desplegada en Gaza y el silenciamiento de la disidencia. “Estamos viendo en tiempo real los peligros de un entorno mediático y tecnológico que funciona con impunidad en nombre del interés del colonialismo”, puntualiza la Red.
Esta organización va más allá al señalar a las corporaciones de los medios de comunicación que vinculan a todo el pueblo Palestino con los actos realizados por Hamás, creando una narrativa que desinforma.
Protestas realizadas en Uruguay para demostrar solidaridad con Palestina.
“Existe un largo historial de medios de comunicación que han fallado a comunidades históricamente marginadas, comunidades de color y a sus historias de resistencia. Las narrativas raciales del colonialismo justifican la violencia infligida a los palestinos. Sabemos que los medios de comunicación y la tecnología son así. Los grandes medios de comunicación representan al poder, eligen quién puede contar sus historias y quién puede representar sus intereses”, asevera la La Red Media Justice.
Así mismo, otras colectividades relacionadas con el uso de diversas tecnologías, como La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), el Centro de Derechos Constitucionales y diversas organizaciones de la sociedad Civil exigen a las empresas tecnológicas, sobre todo a las de redes sociales, que respeten los derechos básicos de la información.
La APC cita al Centro Árabe para el Avance de los Medios Sociales, quién documentó en días pasados que al menos 19 mil tuits, de un total de 23 mil mensajes en hebreo de la plataforma “X”, incluía, entre otras cosas, “incitación al odio y racismo contra los palestinos. Por otra parte, diferentes plataformas de medios sociales están inundadas de desinformación, lo que contribuye a etiquetar, deshumanizar y estereotipar a los palestinos”, dice APC.
La Red Media Justice ha registrado que, Amazon Web Services (AWS) y Google, firmaron desde 2021 un contrato de 1.200 millones de dólares con el gobierno de Israel para un proyecto emblemático llamado “Proyecto Nimbus”, con el fin de proporcionar un “ecosistema” de servicios en la nube para el gobierno israelí.
Los dos gigantes tecnológicos ganaron, en el año 2021, los concursos públicos para construir y proporcionar a Israel sus centros de datos y servicios regionales basados en la nube. Este proyecto permitirá a los órganos de gobierno israelíes transferir sus datos alojados la nube proporcionados por Google y AWS en Irlanda, Holanda y Fráncfort. Este proyecto esta pensado a gran escala, dirigida conjuntamente por la Administración de Contratación Pública de la División del Contable General y la Agencia Digital Nacional, junto con la Dirección Nacional Cibernética de Israel, el Departamento de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y el Departamento de Gobernanza y Asuntos Sociales de la Oficina del Primer Ministro.
Cientos de miles han salido a las calles alrededor del mundo para expresar su solidarida con Palestina.
Para los activistas de la Red Media Justice, Nimbus está diseñado para ampliar las capacidades de inteligencia artificial de Israel, “incluidas las utilizadas para vigilar a los activistas palestinos, vigilar la frontera de Gaza, obligar a los palestinos a abandonar sus tierras y operar el sistema de seguridad Cúpula de Hierro de Israel”.
Tras la firma de este convenio surgió en EEUU el movimiento #NoTechForApartheid, quienes han logrado recabar más 40 mil firmas de ciudadanos estadounidenses, a través del cual exige a Google y Amazon que “dejen de tratar con el régimen de apartheid israelí y se retiren del proyecto Nimbus”, señalan los integrantes de esta campaña.
“Por eso nos solidarizamos con nuestros compañeros de Mpower Change y Jewish Voices for Peace en la campaña #NoTechforApartheid, que ha organizado a cientos de estudiantes, trabajadores tecnológicos y activistas para que las empresas tecnológicas rindan cuentas por suministrar tecnología para la guerra y la violencia de Estado”, puntualiza la Red.
Esta Red ha trabajado en el informe Open for Business del Departamento de Seguridad Nacional, que pone de relieve la inversión de las grandes empresas tecnológicas en la potenciación de la policía local. “Utilizan el reconocimiento facial, las cámaras corporales y otras formas de vigilancia tecnológica”, denuncia el colectivo.
En las multitudinarias protestas se han sumado las voces de miles de personas desde Francia, Chile, Filipinas, Egipto, Sarajevo, Herzegovina, Uruguay, Irlanda a Escocia, del Reino Unido, Alemania, Italia, España, Francia a Polonia, de Rumanía a Bosnia, de Dinamarca a Bélgica, Australia, Canadá, EEUU y México, donde se han movilizado miles de personas que exigen un alto a los ataques contra Palestina.
Movilización en Ciudad de México en solidaridad con Palestina. Foto: Medios Libres
Los activistas advierten que hay personas que están siendo intimidadas en línea para reducir el apoyo público a Palestina, incluso, usando el llamado “doxxing” que es una forma de acoso en línea que consiste en exponer públicamente el nombre real, la dirección, el trabajo y otras informaciones personales.
“La solidaridad pro-palestina está siendo activamente silenciada a través de algoritmos de redes sociales, la manipulación de los medios de comunicación, la magnificación de la retórica racista y el doxxing activo de individuos y organizaciones que se atreven a hablar”, arremete La Red Media Justice
La Red apela al derecho a la información y a la libertad de expresión como algo fundamental y básico para la dignidad de todas las personas.
