Esta serie de Voces de las Resistencias de Cara a las Elecciones del 1 de julio de 2018 en México nos permite conocer de primera mano las experiencias de lucha que los y las miembros del Congreso Nacional Indígena han tenido defendiendo sus tierras-territorios y siendo parte de un trabajo organizativo de base que reta las formas y modos de la democracia representativa electoral. La compañera de lucha Rocío Moreno, mujer coca de la isla de Mezcala Jalisco -quien a la vez es historiadora y concejala del CIG- habla del proceso de organización que el Concejo Indígena de Gobierno/CNI-EZLN tienen durante este tiempo electoral. Ella nos recuerda que más allá de los candidatos, las elecciones y los votos las mujeres y los pueblos en resistencia siguen organizándose de cara a la ofensiva global neoliberal patriarcal colonial en curso…

El 24 de mayo de 2018 fue asesinado por la policía boliviana el estudiante Jhonatan Quispe Vila, de la Universidad Pública de El Alto UPEA, ubicada en la ciudad de El Alto en el Departamento de La Paz, en una movilización docente-estudiantil que exigía una modificación de la Ley 195 que otorgue una mayor asignación presupuestaria con la cual resolver verdadera y definitivamente la crisis financiera por la cual atraviesa la universidad. Este episodio nos acerca a la comprensión de las maneras en que el gobierno boliviano, en un contexto de grave declinación de legitimidad y de oposición cada vez más generalizada, viene confrontando las movilizaciones populares, pues no fueron solamente los estudiantes de esta universidad los que experimentaron las formas represivas del poder de un gobierno que, para la más cruel de la ironías, se autodenomina del pueblo, “de los movimientos sociales”.

Los estudiantes se miraban entre ellos y decían “nunca nos había pasado esto, ni con Goni”[1]. El velatorio del compañero muerto se realizó entre discursos adoloridos y cánticos guerreros –“a él le gustaba cantar el Achuhuete[2]” dice una de las estudiantes que lo vio morir-, y el llanto quiebra la voz de centenares de personas que acompañan las sencillas estrofas. Desde donde me encontraba no podía ver a la madre ni a los parientes, solo rostros cansados, ojos enrojecidos de llanto y voces que decían “está cansada”, “están furiosos, contra nosotros también por la declaración del ministro”, “claro, quién está preparado para que le digan que su hijo ha muerto”, “pero es una lucha justa y nosotros no hemos sido los que hemos disparado”, “murió como valiente”, “gobierno asesino” dice la gente en susurros. Para la Universidad Pública de El Alto (UPEA) este es el Mayo de Jhonatan Quispe Vila, estudiante de la Carrera de Comunicación Social, muerto por una acción de represión del gobierno boliviano que aún no está aclarada y cuyo arbitrario tratamiento ha generado indignación en la población boliviana.

Ubicada en Villa Esperanza de la ciudad de El Alto, la UPEA fue creada el año 2000 y el año 2003 consiguió su autonomía, todo ello tras largas jornadas de lucha de la población alteña, sobre todo de sus jóvenes habitantes. Esta universidad, a diferencia de otras, nace al empuje de la insurrección y movilización de una ciudad y no como una rancia escuela de elite. En 2015 ya se había establecido que la población estudiantil era mayoritariamente femenina[3], tendencia que hoy se mantiene. Las trayectorias de vida de sus estudiantes son predominantemente de migrantes, y aunque un gran porcentaje reside en El Alto, muchos mantienen contacto con sus comunidades de origen.

 Modus operandi del “gobierno de los movimientos sociales”

En 12 años consecutivos de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), ha quedado en evidencia algo del complejo modus operandi de la red de aparatos de inteligencia y represión del estado frente a las movilizaciones de los sectores que no son afines al partido de gobierno, que se ven forzados a plantear sus demandas en las calles por haber sido previamente ignorados, indignamente tratados e indebidamente atendidos por los “servidores” públicos. El estado boliviano emplea una lógica de guerra frente a las movilizaciones populares consistente en agotarlas, dividirlas, descalificarlas, amedrentarlas y reprimirlas. Utiliza varios tipos de estrategias y garrotes: laxas tratativas burocráticas con el sector demandante con planteamientos inamovibles y sin condiciones, llevando al sector a declararse en conflicto y a movilizarse en las calles; luego, una inflexible represión policial por un lado y, por el otro, una sistemática emisión de spots mediáticos destinados a desalentar el apoyo de otros sectores y del público en general y aislar al sector movilizado para que pierda fuerza y termine aceptando las migajas ofrecidas. Cuando hay un muerto de por medio la inteligencia gubernamental extrema sus recursos para eludir cualquier responsabilidad, poniéndolos en juego para urdir rápida y laboriosamente una estrategia de “esclarecimiento” que inculpe a los mismos movilizados, o que termine sin esclarecer nada.

Desde el año 2014 la UPEA protagonizó manifestaciones para exigir más presupuesto al gobierno del Movimiento Al Socialismo. Cada año ocurría casi lo mismo, después de semanas de movilización y de producir un escenario de fuerzas que le fuera favorable, el gobierno cedía un apoyo económico que paliaba temporalmente el problema y luego el próximo año volvían las marchas –por eso la comunidad upeista siente que la tratan como a “un limosnero”-. Este 2018 es diferente, se quiere una solución definitiva y se retoma la bandera de la modificación de una ley –la 195-, para subsanar el problema de manera permanente. La muerte de Jhonatan Quispe hace que los universitarios abran los ojos y adquieran una convicción: “si con un muerto no nos hacen caso ¿qué pasará luego?, no queremos más muertos. Es ahora o nunca”.

La convocatoria a mesas de negociación con el gobierno ha servido como otra maniobra de desgaste, que dilata tiempos y se enreda en tecnicismos pretendiendo agotar a los movilizados. Si alguien quiere saber qué tanto se ha descolonizado el estado boliviano con un indígena al mando, puede hacer el seguimiento del desarrollo de las mesas de negociación de la UPEA y saldrá impresionado por la mezcla de autoritarismo, paternalismo y desprecio con que los operadores del gobierno tratan a su contraparte –basta con ver cómo fue expulsado el comité de negociaciones de la UPEA que se declaró en huelga de hambre en la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, habiendo sufrido el corte de electricidad y la prohibición de que reciban asistencia médica o vituallas-[4]. Simultáneamente el gobierno recurre a un ataque mediático dirigido a desacreditar a los sectores no oficialistas que lo interpelan con sus demandas: andanada de spots difamatorios, esbirros informáticos contratados para sembrar confusión en los movilizados[5] y programas de “opinión” en los medios de comunicación que oficial o solapadamente le son funcionales y muestran para lo que han sido hechos. También están los oscuros personajes de contrainteligencia que se dedican al matonaje y el amedrentamiento –amenazas telefónicas, acoso y golpizas- de quienes se destacan en las movilizaciones, así como dirigencias mercenarias que se declaran en estado de apronte y amenazan con enfrentar físicamente a los estudiantes rebeldes. El chantaje de inducir a guardar silencio para no ser afrentados por el soso maniqueísmo de ser incluidos en el eje del mal, llamado “la derecha”, “la oposición”, “el imperialismo”, ha pretendido inútilmente callar a la UPEA pues ya se ha hecho de sentido común no creerle a un gobierno cuyas acciones represivas desmienten lo que demagógicamente declara.

La UPEA también se ha visto en sus movilizaciones bajo el embate de consignas estigmatizadoras –“flojos”, “borrachos”, “chupeas”, “violentos”, “aprendan a vestirse”, “mediocres”, “los de la UPEA abstenerse”, “la peor universidad”, “indios”, “váyanse a El Alto”- porque disputa un campo en el que los indígenas y las mujeres son vistos como arribistas y advenedizos, usurpadores de espacios de estudio universitario y competidores ilegítimos. La llamada educación superior fue pensada y bautizada con ese nombre para guardiar los privilegios de casta, clase y género de las élites económicas y políticas –desde sus puestos de poder hasta la irradiación de sus imaginarios- papel que sigue cumpliendo actualmente, por eso las dudas que el gobierno pretende sembrar en la población no tienen que ver con un debate serio sobre los fundamentos, medios y fines de la educación, sino con los supuestos selectivos que la rodean, a ver si los upeístas damos la talla para osar pedir más recursos y para considerarnos dignos de pertenecer a ese mundo donde cultura es sinónimo de superioridad racial.

El Problema

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Ciudad de México, 29 de julio del 2018.- El día de ayer decenas de organizaciones sociales se concentraron frente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) luego de que el presidente Enrique Peña Nieto firmara algunos decretos que eliminan las vedas de 300 cuencas hidrológicas en el país que representan mas de la mitad del agua total en la nación aproximadamente un 55%, este cambio de nomenclatura significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua de estas cuencas, ahora se podrá “aprovechar” algunas zonas de reserva de aguas para los usos domésticos, publico, urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas”

Durante varias horas varios ponentes expresaron su preocupación por dichos decretos y llamaron a resistir en las calles, escuelas y desde lo jurídico dichos decretos; la organización agua para todos agua para la vida invito a firmar para echar atras los decretos e impulsar una ley general de aguas que busca el respeto, la inclusión sobre todo de los pueblos originarios para el verdadero aprovechamiento y conservación de los mantos acuíferos, ríos y zonas lacustres para los ciudadanos y no para la industria. Al mismo tiempo en decenas de estados se concentraron en las representaciones de CONAGUA dichas organizaciones que exigieron echar abajo los decretos firmados.

Compartimos el análisis preliminar de Agua para todos agua para la vida:

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Por TodosconelCNI

Compartimos este audio de una entrevista que realizamos para que pueda difundirse esta situación, quizá pueden hacer nota a partir de esto o si quieren ir a visitar a los compas otomís para saber más sobre lo que sucede, o como vean pertinente para que sea una nota o exracto de audio o algo que sirva para ayudar a su lucha y al respeto de sus derechos.

Este audio muestra primero la historia de las familias otomíes de varios predios de la colonia Roma en la ciudad de México y su situación, y explica lo que implica el intento por parte de la SEP y la escuela Primaria Alberto Correa de cerrar el turno vespertino que da clases a los niños, que de por sí es discriminatorio y desigual con respecto al trato que reciben los niños del turno matutino y ahora quieren eliminar su espacio en la tarde. También expone la participación de una Asociación Civil llamada Centro Colibrí en esta problemática. Nos parece muy importante este caso porque ilustra lo que viven muchos niños y familias de pueblos originarios en la Ciudad de México y lo que está sucediendo con la educación pública del país.

El cierre de este turno viola el derecho fundamental que tienen los niños y niñas de este país de acceder a la educación pública y gratuita y se violan los derechos de los pueblos indígenas. Derechos consagrados no sólo en nuestra Carta Magna, sino en distintas Leyes y Convenios a nivel local e internacional.

También es importante denunciar las condiciones de extrema vulnerabilidad que viven estos niños, niñas y sus familias al habitar predios que se dañaron en el pasado terremoto del 19 de septiembre. Lo anterior ha ocasionado que los niños, niñas otomís y sus familias tengan que vivir en campamentos afuera de los edificios, sobre la banqueta, y expuestos a toda una serie de peligros y condiciones que incrementan su condición de riesgo.

Es justo que se mantenga el turno vespertino de la escuela pública primaria Alberto Correa, así como la correcta implementación del programa intercultural Bilingüe que desde 2003 fue decretado en esta misma escuela. Asimismo, que los maestros hablen la lengua materna de esta comunidad y se den las condiciones necesarias para que los niños y niñas tengan acceso real a una educación libre de discriminación y óptima para su desarrollo intelectual y cultural. También es indispensable que las instancias correspondientes de apoyo a la vivienda, resuelvan de forma definitiva, el proceso legal que estas familias indígenas han interpuesto para acceder a una vivienda digna, legítima y libre de peligros y se reparen sus casas para que puedan dejar de vivir en campamentos en la calle.

Algunos de los derechos fundamentales:

– Derecho a una Educación pública, gratuita y de calidad.

· Artículo 28 Convención Derechos del Niño

· Artículo 57, capítulo 11 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

– Derecho a una Educación que respete, desarrolle y preserve su cultura.

· Artículo 30 Convención sobre los derechos del Niño

· Convenio 169 de la OIT.

– Derecho a una vida digna.

· Artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

– Derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo.

· Principio rector del artículo 6to de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

– Derecho a la No Discriminación

· Artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño

· Artículo 40, capítulo 6to de la Ley de Niños, niñas y adolescentes

– Interés superior del niño.

Deber ineludible del nuevo gobierno: esclarecer los hechos de Ayotzinapa.- Familiares de los 43

Ciudad de México, 28 de Junio del 2018.- A 45 meses de la desaparición forzada de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero; Familiares, estudiantes, organizaciones sociales y personas de buen corazón se reunieron en el Ángel de la Independencia para recordar y exigir como cada mes que se cumplan con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en particular las siguientes que resultan fundamentales para poder llegar a la verdad:

1.-Una investigación seria, pronta y legitima que incluya al ejercito mexicano, 2.- Detención inmediata de elementos de la policía federal y municipal de Huitzuco que participaron en la desaparición forzada de los compañeros llevándolos a dicho municipio la madrugada del 26 de septiembre, 3.- Presentación de resultados de los análisis de telefonía celular de 300 a 500 teléfonos que no han sido analizados y no se conoce los contenidos de esos teléfonos de la madrugada del 26 de septiembre y 4. -El trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil del crimen y acatar la creación de la comisión de la verdad.

Hacia una comisión de la verdad

En días pasados la Procuraduría General de la República se declaro incompetente para acatar la creación de una comisión de la verdad, pues “no comparte el criterio de los magistrados ya que, desde su perspectiva, la resolución emitida “desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.

Durante el mitin reconocieron el acierto de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas quien ordenó la creación de la Comisión que busca reponer la investigación sobre el Caso Ayotzinapa, ya que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial ademas resolvieron que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”. Ordenaron también reponer el procedimiento y pidieron al Ministerio Público de la Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.

Debido a las “graves violaciones a los derechos humanos” a los coacusados, como: tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales debe crearse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala). El tribunal destaco que la comisión “estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación”, aunque serán los familiares de las víctimas y la CNDH los que decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar. Además podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

Los magistrados basan su decisión en la necesidad de hacer valer “el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos”. (Animal Político, 2018)

Durante una tarde lluviosa el contingente encabezado en su mayoría por las madres de los normalistas desaparecidos avanzó como cada 26, en su mes 45 en un comunicado que se leyó frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocieron la labor de los jueces y ofrecieron el apoyo de las madres y padres de los 43, de igual manera reconocieron su valentía al apegarse a la constitución y a lo mas altos estándares internacionales de derechos humanos en un gobierno autoritario y al enfrentarse al aparato de estado con su resolución, informaron que la PGR ha tramitado amparos contra estas decisiones.

El pasado 22 de junio de 2018, familiares y compañerxs de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón comunidad indígena mazateca del estado de Oaxaca estuvieron presentes en el plantón en Defensa del Agua, en Avenida Aztecas # 215 de la Ciudad de México, ahí compartieron sus experiencias de resistencia y lucha. Compartieron con los asistentes, reflexiones sobre los efectos que han tenido la evasión de la justicia y la represión por parte de aquellos que concentran el poder en su comunidad y por parte de los representantes de la justicia en el Estado de Oaxaca. Finalmente dieron a conocer la situación jurídica actual de los compañeros encarcelados injustificadamente en diferentes penales del Estado. ¡Xitā’ra titsaya ndā ya kata bitjoni! ¡Presos políticos libertad!

(Sigue este link para escuchar los audios de este encuentro)

Habría que ponerse en el lugar del magisterio para poder entender la fuerza de su movimiento y para comprender, y sobre todo valorar, la resistencia de su lucha. Desde las grandes jornadas de movilizaciones en el ya lejano 2013, surgidas frente a la imposición de la llamada “Reforma Educativa”, pasando por el prolongado plantón de 124 días en el 2016 y hasta nuestros días, una larga cadena de historias y batallas ha ido forjando el carácter de la resistencia magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a 38 años de haber nacido en estas tierras del sureste mexicano. La historia, la memoria y la experiencia acumulada en esas casi cuatro décadas han sido, con seguridad, un elemento clave para sostener su resistencia frente a los reiterados, y de diversa naturaleza, ataques de las oligarquías que mueven los hilos del Estado mexicano. Ataques que van desde el desprestigio mediático, la presión económica, la represión policíaca, hasta la infiltración de grupos afines al gobierno al interior del movimiento.

Llegados a este momento histórico del capitalismo, la crisis del valor de este sistema se ha ido expandiendo hacia esos espacios que el capital había dejado relativamente “libres” pero que ahora necesita para valorizarse. Y la educación es uno de esos espacios. Para lograr esa valorización, los intereses económicos de las oligarquías nacionales y extranjeras, de la mano con la clase política nacional, promueven la mercantilización a toda costa de lo que hasta ahora ha permanecido fuera de esa categoría capitalista. La educación y los derechos laborales del magisterio, en tanto bienes comunes -no mercantiles-, son, así, un obstáculo para la acumulación y para librar esos obstáculos se han impuesto las reformas estructurales.

Es, pues, contra esos intereses que amenazan el empleo del maestro, en particular, y a la educación pública, en general, que el magisterio resiste y lucha. Y es también, por esa razón, que la lucha magisterial se agiganta ante nuestra vista porque es el único gremio de la clase trabajadora, a lo largo de la geografía nacional, que de forma organizada y con una estructura consolidada a nivel nacional, ha sido capaz de sostener una lucha contra los tentáculos del capital.

El paro indefinido

El actual paro indefinido de la CNTE vino precedido por marchas y paros nacionales de 24, 48 y 72 horas, en los cuales la Coordinadora salió a las calles en Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca para exigir un diálogo con el gobierno. En Chiapas, la Sección 7 mostró una y otra vez la fuerza de su organización con multitudinarias marchas que abarrotaron las principales avenidas de la capital con cientos de miles de trabajadores, estudiantes y organizaciones civiles con la demanda de reinstalar la Mesa Nacional Única de Negociación con la Secretaría de Gobierno (Segob), como principal demanda. Las movilizaciones estatales tuvieron sus réplicas en el corazón político del país donde una comisión negociadora conformada solicitó audiencia en la Segob para reinstalar la mesa de negociación suspendida por el gobierno desde 2016.

Esas movilizaciones fueron, sin embargo, insuficientes, para que la Segob recibiera a la comisión de maestros y, en el colmo del absurdo se negó, incluso, a recibir el pliego petitorio de la Coordinadora. Más allá de lo ofensivo e indignante que esto debe resultar para los maestros, supondría un motivo más para que la indignación fuera generalizada en toda la clase trabajadora puesto que, si una organización de cientos de miles de trabajadores con capacidad de movilización nacional como lo es la CNTE no es atendida después de movilizaciones de carácter nacional, ¿qué se puede esperar para el resto de trabajadores, desorganizados o con organizaciones débiles, que protesten frente a una injusticia? Esta razón tendría que ser un motivo más para mostrar simpatía por el movimiento magisterial.

Una clase política en descomposición

Resulta increíble que esa cerrazón al diálogo y la negociación por parte del gobierno se sostenga en un escenario donde la imagen de la clase política y empresarial del país está más desgastada que nunca. Cabe hacer algunas precisiones:

En la escena electoral, mientras que, por un lado, la división de la derecha se hace patente mediante el intercambio público de acusaciones de delitos graves que desenmascaran lo que tras bambalinas es moneda corriente en el mundo de la clase política, a su vez la izquierda institucional termina por disolver sus fronteras que lo separan de la derecha y se encamina, así desorientada, hacia la silla presidencial. En esta época de crisis generalizada, en la pasarela electoral los políticos del viejo y nuevo régimen se desnudan y sacan a la luz la podredumbre de un sistema político que ya no es sensible a sus formas de más denigrante autohumillación ya que esa sensibilidad se subsume al hambre del poder a toda costa.

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