A pesar de ser considerado uno de los principales países de origen, tránsito y destino de miles de personas en movilidad humana, México carece de mecanismos y estrategias encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y reparar las desapariciones, ejecuciones y masacres de personas migrantes.
De acuerdo al informe de la Fundación para la Justicia, realizado para el Comité de las Naciones Unidos contra la Desaparición Forzada (CED), a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, no existe un conteo de personas en movilidad humana desaparecidas en México.
El CED tiene registro de 95 mil personas desaparecidas o no localizadas y más de 52 mil personas fallecidas pendientes de identificación, pero se desconoce el número real de personas migrantes que se encuentran dentro de estas cifras.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) tiene registro de 1,421 casos, mientras organizaciones que documentan desapariciones y apoyan a familias en la búsqueda, como Movimiento Migrante Mesoamericano, considera que se trata de una cifra superior a los 80 mil migrantes desaparecidos a la fecha.
La Fundación para la Justicia señala la falta de mecanismos que incentiven la presentación de denuncias o reportes de desaparición de personas migrantes; pues en muchos casos no reportan la desaparición de sus acompañantes de viaje o familiares, por temor a ser deportadas o porque desconocen los mecanismos para hacerlo.
“Las personas migrantes en situación irregular caen en el anonimato y se vuelven ‘invisibles’ para las autoridades, lo cual fomenta la existencia de un subregistro importante de desapariciones, ejecuciones y otras violaciones graves a sus derechos humanos”, sostiene la Fundación para la Justicia en un informe.
A cuatro años de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no existen mecanismos para la búsqueda de personas migrantes.
Foto: Jeny Pascacio
“Recientemente se publicó el Protocolo Homologado de Búsqueda, que contempla la conformación de un Grupo de Trabajo interinstitucional Especializado en la Búsqueda de Personas Migrantes Extranjeras, pero no tenemos conocimiento de que éste se haya conformado o puesto en marcha”, dice el estudio de la Fundación.
De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, en 2021 se registraron 705 delitos cometidos contra personas en movilidad humana, entre ellos 200 menores de edad.
La incidencia presentada está en el tráfico ilícito de migrantes, robo y secuestro con un registro de 39 casos. Las personas que más denunciaron fueron originarios de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Para Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano, la desaparición es una situación de emergencia y uno de los temas menos visibles dentro de la migración. Mientras los comités de búsqueda documentan hasta 10 casos por día en las comunidades de los países del triángulo del norte.
“No hay una cifra exacta por lo mismo, porque no hay un mecanismo eficaz” ni institucional. “Tenemos una crisis forense en el país, es una realidad”.
Durante los dos años de la pandemia por el COVID-19, la búsqueda se complicó “porque las autoridades dejaron de hacer lo poco que hacían”, sostiene Figueroa.
El Movimiento Migrante Mesoamericano coordina la caravana de madres en busca de sus hijos migrantes que, por razones del confinamiento, llevó sus actividades de manera virtual ante la incertidumbre de las familias que tienen la necesidad de continuar con la búsqueda de sus hijas e hijos, debido a la omisión de las autoridades mexicanas sobre sus demandas.
En portada: Una mujer enciende una vela en el lugar del accidente en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas, México. Foto: Alfredo Estrella
“Quiero justicia por la muerte de mi esposo, pero no tenemos recursos para buscarla”, dice Yesenia Flores. Su esposo, Leonel Gómez Zepeda, fue una de las 56 víctimas mortales tras la volcadura del tráiler en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, ocurrida el pasado 9 de diciembre.
Leonel Gómez Zepeda, de 37 años, fue un futbolista de Primera División del Deportivo Malacateco en Guatemala. Debido a su edad, el balompié dejó de ser redituable y la crisis económica de su país lo llevó a intentar migrar, por primera vez, a Estados Unidos.
El lunes 6 de diciembre, Leonel se despidió de su familia en Guatemala y unas horas antes del accidente, reaccionó a una foto de su hija en Facebook. Fue la última interacción que Yesina recuerda de su esposo.
El cuerpo de Leonel estuvo en el Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez y después fue trasladado al municipio de Tonalá, en la costa de Chiapas. Yesenia tuvo que viajar varias veces a México, con recursos propios, para localizarlo.
También trasladó a sus hijas desde Malacatán, Guatemala, a Chiapas para las pruebas de ADN que solicitó la Fiscalía General de la República.
El 19 de diciembre, sin avisar, los gobiernos de ambos países trasladaron tres féretros de los muertos en el accidente, uno de ellos con los restos de Leonel, “sólo vinieron a dejar la caja y no supimos nada de ningún gobierno”.
Yesenia Flores lamenta que el único momento en que tuvo atención de las autoridades mexicanas fue para las pruebas de ADN, por la presión que ella misma ejerció. “No tuvimos apoyo ni antes ni ahora”.
Yesenia y Leonel procrearon cuatro hijas, todas aún menores de edad. Leonel buscaba darles una mejor vida que esperaba encontrar en Estados Unidos.
“A mis hijas todavía no les he comprado sus útiles porque aún no encuentro trabajo. Mi esposo por eso se fue, porque la situación aquí es difícil; por eso, aunque quiera darle seguimiento a la investigación para que se haga justicia, no puedo por el gasto que representa”.
Yesenia Flores recuerda que el féretro estaba sellado y le pidieron que sepultara a su esposo de manera inmediata por el estado de descomposición que presentaban. “Escuchar al gobierno de México decir que no hay detenidos, duele en el alma”.
Solicitud de apoyo, sin respuesta
Familiares de las víctimas se han manifestado por el nulo apoyo de los gobiernos de México y Guatemala
Domingo Giovanni Raymundo Mateo, de 18 de años, salió de su casa en Almolonga, Quetzaltenango, Guatemala, el 8 de diciembre acompañado de su concuño Miguel Laynes Ortega, de 27 años.
Por segunda vez, Domingo se colgó la mochila con el ánimo de ganar dinero para apoyar a sus padres. Su tía les ayudó a contactar un coyote y lograron reunir dinero tras vender pertenencias y pedir prestado.
“Ya se murió el Mingo” dijo Miguel cuando dio la noticia de la volcadura del tráiler que los llevaría a Ohio. Miguel logró brincar del vehículo en movimiento. Resultó con lesiones en brazos y costillas.
En cuanto se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales, la familia maya Ixil en Guatemala solicitó apoyo a las autoridades de ambos países para repatriar el cuerpo del joven que estaba en calidad de desconocido. Entonces no hubo respuesta.
Pedro Raymundo, padre de Domingo, cuenta que se trasladó a Chiapas para pedir el cuerpo de su hijo, “estuve viajando también por el acta de defunción y por eso en Guatemala me cobraron 4 mil quetzales”.
Los gastos de los traslados, alimentación y hospedaje para la realización de trámites también fueron cubiertos por ellos, “nosotros no tenemos dinero tampoco información, no sabemos ni a quién pedirle justicia”, lamenta Pedro en su fracturado español.
Pese a sus esfuerzos, Raymundo aún no cuenta con el acta de defunción de su hijo y la única respuesta que recibió fue por parte del Registro Nacional de las Personas (Renap), entidad guatemala quien aseguró se debe a que la Fiscalía General de la República mexicana aún no envía la información.
Antes de salir de Almolonga, Guatemala, Domingo y su concuño Miguel se dedicaban al campo. Dejó de estudiar hace dos años cuando su familia no pudo solventar los gastos escolares, fue entonces que uno de sus tíos, establecido desde hace un año en EEUU, lo convenció de migrar.
“Dijo que se podía hacer la lucha, porque aquí no hay trabajo ni para las mujeres y estamos en una casa prestada”, agregó Margarita Raymundo, hermana del joven.
Domingo y Miguel, recorrieron 432 kilómetros desde su comunidad hasta el municipio chiapaneco donde ocurrió el accidente. En el lugar, los pobladores locales, aún en shock, prenden veladoras por el descanso eterno de los fallecidos y la recuperación de los heridos.
No hay detenidos
Aún después de meses de ocurrido el accidente, pobladores de Chiapas colocan ofrendas en el lugar donde perdieron la vida 56 personas.
A dos meses de la tragedia, la Fiscalía General de la República se limita a decir que no tiene mayor información sobre el caso porque siguen las investigaciones. Pero en realidad aún no hay detenidos ni avances en la carpeta de investigación. Esto a pesar de que el 14 de diciembre el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que los responsables fueron identificados.
El Instituto Nacional de Migración (INM) también evade los cuestionamientos de la prensa con respecto a los apoyos a las familias que comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana siguiente del accidente carretero.
Los únicos reportes sobre el caso se publican en la página oficial donde recientemente destacaron la repatriación de cuerpos, realizados durante diciembre de 2021 y enero de 2022: 42 de Guatemala; 12 de República Dominicana; una de El Salvador y una más de Ecuador. A finales de enero, informaron que fueron trasladados los últimos restos que corresponden a un adulto y un menor de edad guatemaltecos.
Asimismo, la Secretaría de Salud en Chiapas señala que solo uno de los 114 heridos en el mismo accidente continúa con atención en un hospital de Tuxtla Gutiérrez.
Contubernio
Organizaciones como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste Mexicano, han hecho hincapié en las políticas de contención migratoria, las cuales orillan a las personas en movilidad a tomar alternativas peligrosas para trasladarse de una frontera a otra.
De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula, existe un contubernio de la autoridad migratoria para permitir el transporte de migrantes por el crimen organizado. Esto debido a que pese la presencia de retenes para inspeccionar vehículos en la ruta migratoria en Chiapas, la mayoría no son detenidos. “Estamos pidiendo a la Procuraduría General de la República una investigación exhaustiva sobre esos tráileres y demás unidades que pasan invisibles por Chiapas”.
Para la organización nacional Brigada Callejera, la trata de personas no se podría concretar sin la complicidad de la policía, funcionarios de migración y el Ejército mexicano, sobre todo en las zonas de los Altos, Norte y Selva de Chiapas controladas por narcotraficantes que también se dedican a este delito. “Desde sus países de origen a muchos los engañan, les piden escrituras de casas y terrenos, para llevarlos endeudados y con engaños”.
En estas redes, participan desde pobladores de las comunidades indígenas, donde se encuentran algunas casas de seguridad, hasta transportistas que incurren en otros delitos para que los vehículos en que transportan a sus víctimas no sean descubiertos por la autoridad; hasta los uniformados encargados de la seguridad nacional.
Los grupos del crimen organizado se apropian de caminos de extravío o rutas claves; ofrecen o amenazan a los pobladores para que acepten ser reclutados o trabajar como halcones para la realización de varios delitos.
“Las autoridades se sientan y dicen que van a solucionar el problema e informan que no pasa nada”, lamentó Elvira Madrid de Brigada Callejera.
En el 2018, cuando comenzaron a llegar a México las primeras caravanas migrantes, los representantes el Consulado de Honduras en México, confirmaron que los delitos contra personas migrantes incrementaron, con un mayor número de víctimas por la trata de personas y el secuestro.
Durante el 2021, la migración incrementó por factores asociados a la llegada de Joe Biden al gobierno de Estado Unidos y a los anuncios de las políticas migratorias ‘más justas’, así como a la violencia, la pandemia del COVID-19 y los desastres naturales.
En el mismo año las disposiciones migratorias afectaron negativamente a las mujeres que buscaban protección por las políticas restrictivas, pues siguen vigentes desde el gobierno de Donald Trump.
El reporte Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021 señala los escenarios que viven las mujeres en movilidad humana, resultado de las políticas migratorias.
Son sometidas a actos violentos en razón de género en México, que incluyen violación y agresiones sexuales, secuestros, extorsiones, separación familiar, falta de acceso a la salud, además de que enfrentan más barreras para denunciar los hechos, acceder a la justicia y recibir apoyo.
De acuerdo con el informe, realizado por la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), a menudo las mujeres tienen que esperar sus procesos durante períodos prolongados, en circunstancias precarias y peligrosas, en las fronteras norte y sur de México.
La documentación da cuenta de que estos escenarios exacerban traumas que inicialmente las obligaron a escapar de sus países; y no les permite sentirse seguras en las ciudades de la frontera sur y norte de México, además les preocupa que las puedan seguir sus agresores a este país.
Una encuesta de 2017 de Médicos Sin Fronteras reveló que 31.4% de las mujeres que buscaban protección internacional habían sido agredidas durante su tránsito por México.
Algunas son secuestradas y agredidas sexualmente por sus captores, con frecuencia, frente a sus hijas e hijos. En muchas de las agresiones participan autoridades mexicanas de diferentes niveles.
De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil en Chiapas, muchas mujeres migrantes recurren a métodos anticonceptivos de larga duración para evitar embarazos por violación sexual en territorio mexicano.
Horror
El 72.5% de las mujeres migrantes que ingresaron en 2020 reportaron haber sufrido agresiones físicas en el país de origen y en México a manos de integrantes de pandillas y delincuencia organizada, familia, compañeros de trabajo y principalmente autoridades.
Por ello el Instituto para las Mujeres en la Migración, a través de los reportes que realiza, destaca la importancia de que el gobierno mexicano considere a la violencia de género como un motivo para solicitar protección internacional en el país y en consecuencia reconocerlas como refugiadas.
En 2021, la Comar recibió un incremento histórico de 131 mil 448 solicitudes de asilo, de las cuales 41% fueron de mujeres y 24% de niñez y adolescencia, pero no cuenta con recursos humanos y financieros suficientes para hacer frente al incremento de solicitudes, lo que ha dejado a muchas personas atoradas en el sur de México.
Un informe de las Naciones Unidas de 2015 reveló que aproximadamente 60% de las mujeres entrevistadas solicitantes de asilo de Honduras, Guatemala y El Salvador estaban escapando de violencias de género.
Un informe de 2021 de Kids in Need of Defense (KIND) señala que la violencia contra las mujeres en Centroamérica aumentó drásticamente durante la pandemia de COVID-19 ante el confinamiento que obligó a las mujeres a permanecer encerradas con sus agresores y el control de las comunidades por parte de las pandillas.
Por ejemplo, Liliana, una mujer guatemalteca, platicó al IMUMI que después de escapar de una relación violenta con su esposo, un militar activo, un grupo de hombres la habían secuestrado en Tijuana. Mientras sus secuestradores la tenían los escuchó hablar por teléfono haciendo arreglos para explotarla sexualmente.
Cristina, una mujer guatemalteca, que viajaba con su esposo y sus tres hijos, describió al equipo de WRC el “terror de ser obligados a esperar en Tijuana donde nos pueden encontrar nuestros agresores”.
De acuerdo a la bitácora del albergue Una ayuda para ti mujer migrante AC, ubicado en Chiapas, seis de cada 10 mujeres que llegan en busca de ayuda fueron violadas por integrantes del crimen organizado y uniformados como agentes de migración y otros que “reconocen como los policías de azul”.
Foto: SAntiago Navarro F.
Intensifica contención migratoria
En el 2019, México y Estados Unidos acordaron la contención migratoria en las fronteras sur y norte, de forma paralela a la creación de la Guardia Nacional que se desplegó con mayor fuerza en la frontera de Chiapas y Tabasco, México.
Desde entonces los delitos cometidos contra personas migrantes incrementaron, incluso las detenciones bajo presión de la Casa Blanca. El gobierno mexicano tomó una serie de medidas para intensificar sus políticas migratorias de disuasión.
Las restricciones a la libre circulación por el país de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional orillaron a las personas en movilidad a contratar a traficantes y arriesgándose por rutas de viaje más peligrosas.
En el 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM), en conjunto con la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad, realizaron un número sin precedentes de eventos de detención de personas migrantes, de las cuales 30% eran mujeres y 27% menores de edad.
El INM también intensificó las medidas restrictivas en los aeropuertos mexicanos y negó la entrada a un récord de 72 mil 895 personas extranjeras en 2021, el doble de los 31 mil rechazos registrados en 2019. Estas personas no pudieron acceder a la solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
El pasado miércoles (2), la Comisión Europea confirmó su postura para mantener la clasificación de la energía nuclear y gas natural como inversiones “verdes”, pues las considera como elementos claves para la transición energética.
Dicha acción causó polémica entre múltiples actores. Desde la crítica de organizaciones ambientalistas por considerar que fuentes energéticas como el gas son agravantes de la crisis climática, así como posiciones en contra de varios Estados dentro de la Unión Europea (UE) por el historial de accidentes en el manejo de la energía nuclear.
Por su parte, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, destacó que la decisión ayudará a impulsar la inversión privada en los sectores del gas y la energía nuclear. “Nos permitirán abandonar más rápidamente actividades más contaminantes, como la generación de energía a partir del carbón; en favor de un futuro climáticamente neutro y basado de forma preponderante en fuentes renovables”, remarcó la funcionaria alemana.
La Comisión puntualizó que esta decisión es solo por un periodo limitado de tiempo y en condiciones para contribuir a la descarbonización de la economía.
En contraposición, la organización Amigos de la Tierra manifestó su rotundo rechazo a la medida. “Es una broma de mal gusto que un combustible fósil como el gas y que una de las energías más peligrosas y contaminantes, la nuclear, pasen a catalogarse energías sostenibles que pueden promover la transición energética”, declaró mediante comunicado.
“La inclusión del gas y la energía nuclear en la taxonomía [de inversiones sostenibles de la Unión Europea] es cada vez más difícil de explicar como otra cosa que un regalo a dos industrias desesperadas con poderosos amigos políticos, y representa el mayor ejercicio de lavado verde de todos los tiempos”, denunció Greenpeace.
¿Sustentables?
La Comisión Europea señaló que basó su decisión con asesoramiento científico, apelando a los avances tecnológicos y a la inversión privada. Según Mairead McGuinness, comisaria de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales, “es necesario utilizar todos los instrumentos a su alcance” para cumplir con la meta de la UE para alcanzar la neutralidad climática en el año de 2050.
Sin embargo, desde enero, un grupo de países integrado por España, Austria, Dinamarca y Luxemburgo se posicionó en contra de la propuesta de la Comisión Europea. Mediante carta pública, los países indicaron que se corre el riesgo de provocar un bloqueo tecnológico durante décadas debido al amplio ciclo de vida de las instalaciones gasísticas o nucleares.
En el documento, también destacaron los accidentes nucleares ocurridos en Chernóbil (1986) y Fukushima (2011), resaltando el problema para gestionar los desechos radioactivos.
Para Amigos de la Tierra, es especialmente preocupante la energía nuclear pues supone una amenaza para otros objetivos ambientales y no respeta el principio de “no hacer daño significativo”, contemplado en la taxonomía de inversiones sostenibles de la UE.
De acuerdo a la perspectiva del grupo ambientalista, se deben explorar alternativas para la producción energética, tales como las “comunidades energéticas” cuyo objetivo es capacitar a las poblaciones para democratizar la transición energética, colocando los beneficios económicos, sociales y medioambientales como prioridad.
La reciente propuesta de la Comisión fue presentada tras dos años de discusión interna y pasará a ser definitiva si en un periodo de cuatro meses no se reúne una mayoría que la rechace. Para esto, el Consejo necesita que al menos 20 países, que representen al menos al 65% de la población europea, se posicionen en contra. También el Parlamento Europeo podría rechazar la propuesta si consigue 353 diputados que presenten esta postura.
Ante el ecocido que sucede a la vista de las autoridades en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 18-2022 en la cual pide al gobierno federal y estatal atender, proteger y preservar los humedales de montaña La Kisst y María Eugenia, bajo las directrices y recomendaciones contempladas en el Convenio Ramsar.
La recomendación reconoce las violaciones a los derechos humanos al medio ambiente sano, agua y saneamiento y vivienda adecuada, por la invasión, desmonte y relleno de estas áreas en agravio de los habitantes de la ciudad.
Se centra en la importancia del tratado internacional Ramsar para el estudio de las afectaciones tras la inscripción de los humedales de montaña, en términos del Artículo 1º de la Constitución Política de México.
El primer humedal que fue inscrito fue La Kisst, el 2 de febrero de 2008, con una extensión de 35.67 hectáreas; en tanto que el 2 de febrero de 2012 se integró a María Eugenia, con una extensión de 85.5 hectáreas. En ambos casos su extensión es menor a las establecidas en las declaratorias.
Estas áreas de conservación enfrentan no sólo la ausencia de manejo adecuado si no también de ostensibles irregularidades en cuanto la zonificación impuesta por el desarrollo urbano sin perspectiva de sostenibilidad, gestión ineficiente de los recursos hídricos y proliferación de asentamientos irregulares.
La CNDH dirige el documento de más de 100 hojas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional del Agua (Conagua), gobierno de Chiapas, Fiscalía General y al Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas.
Pero las faltas al régimen de áreas naturales protegidas, no sólo implica infracciones al convenio Ramsar, bajo la responsabilidad internacional del Estado mexicano, sino también en el ámbito de los derechos humanos.
En este caso, menciona la ineficacia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el gobierno de Chiapas y el Ayuntamiento local para coordinar en el ámbito interno el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia ambiental.
Defensa
“Las mujeres, hombres, colectivos y organizaciones que defendemos el agua, la vida y el territorio en San Cristóbal y la Cuenca del Valle de Jovel, vemos esta recomendación con esperanza, un logro, un paso más de un largo camino recorrido, la asumimos como un instrumento de peso moral y político”, declararon redes de colectivos y habitantes de San Cristóbal.
El pasado fin de semana, las redes en defensa de estos espacios, realizaron una caminata, convivencia y un ritual ceremonial en el humedal María Eugenia donde destacaron que la lucha aún no termina, pues ahora la tarea es vigilar el cumplimiento de esta recomendación. “Esperamos la voluntad política, la ética, la honestidad, la legalidad y compromiso de las autoridades señaladas”, señalaron.
En la emotiva reunión, mujeres ambientalistas recordaron la función de los humedales, los beneficios para especies humanas como para no humanas, así como la importancia cultural y ancestral.
“Tenemos muchas plantas medicinales como chilchagua o cola de caballo. Asimismo, son refugio de muchas especies endémicas y migratorias, además evitan las inundaciones; pero están amenazados no solo por el crecimiento urbano sino por la legislación ambiental”, enfatizaron las mujeres.
Es preciso, agregaron, difundir más información sobre las áreas naturales y traducirla a lenguas maternas para que los pueblos originarios conozcan la importancia de estos espacios de conservación.
Responsabilidad
Infografía elaborada por la Red TDT
Las recomendaciones de la CNDH no se limitan a un texto constitucional legislativo, sino que deben irradiar a todas las disposiciones jurídicas de carácter reglamentario y traducirse en la efectiva aplicación práctica de los estándares de protección de los derechos humanos.
Señala la urgente necesidad de que las instituciones mencionadas, gestionen y tomen todas las medidas pertinentes para contar con planes, programas y estrategias en la verificación de obras y actividades ubicadas en los humedales a fin de vigilar el cumplimiento de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.
Para salvaguardar estos ecosistemas también es necesaria la protección de los recursos hídricos superficiales y del subsuelo con enfoque de cuenca; la verificación de la legalidad de la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, así como las descargas de aguas residuales en esos cuerpos de agua.
“Se formularán ante el órgano interno de control de la Semarnat, de la Conagua, de la Fiscalía General del Estado quejas contra las personas servidoras públicas de estas instituciones, responsables de las irregularidades administrativas o presuntos delitos que derivaron en las violaciones de derechos humanos”, cita el documento.
Además de que la CNDH solicita planeación y ordenamiento territorial ecológico congruente, también pide la Fiscalía de Chiapas, un informe sobre el estado que guardan las carpetas e investigaciones relacionadas a la investigación de presuntas conductas delictivas en materia ambiental, estableciendo las medidas procedimentales, jurisdiccionales, así como las medidas reparatorias respectivas.
El año pasado, tanto la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, pasaron por alto el rechazo de las recomendaciones 07/2021 dirigidas a Rosario Bonifaz Alfonzo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, y a la administración de Jerónima Toledo como alcaldesa de San Cristóbal.
Un año después se emite esta resolución que da esperanza a los habitantes, que son, desde hace diez años, los más preocupados por la protección de estas áreas que dotan de agua al 70% de la población.
¡No están solas! por parte de la Comuna Waltershausen y la Red de Rebelión de Turingia, en el cetro de Alemania, nos solidarizamos con las comunidades Zapatistas y pueblos indígenas en lucha.
¡No al paramilitarismo de la ORCAO, los 40 invasores en Nuevo San Gregorio y los grupos paramilitares que atacan lxs pobladores de Aldama, Chiapas!
Fidencio Aldama Pérez es un indígena Yaqui, originario de la comunidad de Loma de Guamuchil y defensor del territorio, desde el año 2009 vivía en la comunidad de Loma de Bácum, de donde es originaria su esposa. Ha estado privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, Sonora desde el 27 de octubre de 2016, acusado y sentenciado a 15 años y seis meses de prisión, por la supuesta comisión del delito de Homicidio Simple Doloso, cometido en agravio de la persona que en vida llevó el nombre de Cruz Buitimea Piñas.
El primero de noviembre de 2012 la empresa energética transnacional con sede en Estados Unidos, Sempra Energy, firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad de México para construir el Gasoducto Sonora de 835 kilómetros de longitud, destinado a importar gas natural de Estados Unidos a México. En consecuencia, el 29 de agosto de 2013, el Gasoducto Sonora, proyecto de Infraestructura Energética Nova, S.A. de C.V. (IEnova), obtuvo de parte de la Comisión Reguladora de Energía, el permiso para construir los tramos Guaymas-El Oro, el cual atraviesa los ocho pueblos yaquis.
En ese contexto, el 28 de mayo de 2015, durante una asamblea realizada en la comunidad de Loma de Bácum, el pueblo decidió no conceder permiso a ninguna persona, compañía o entidad para entrar a sus tierras y territorio con el propósito de llevar a cabo actividad alguna con relación al proyecto del Gasoducto Guaymas-El Oro.
Al iniciar el camino de la resistencia contra el Gasoducto Sonora, inicio también la lucha jurídica por lo que, el 26 de abril de 2016 el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Ciudad Obregón, ordenó la suspensión del Gasoducto Guaymas-El Oro por no tener el consentimiento de toda la tribu. Sin embargo, la empresa Ienova no acató esa resolución judicial y continuó con los trabajos de construcción.
Mientras los miembros de la comunidad se reunían en asamblea el 21 de octubre de 2016, un grupo armado entró en Loma de Bácum con la intención de derrocar a las autoridades tradicionales de la comunidad e imponer otras autoridades a favor del Gasoducto. Este ataque dejó un muerto, varios heridos y doce vehículos quemados. El día de los hechos Fidencio se encontraba presente en el lugar, toda vez que formaba parte de la guardia tradicional. De esos hechos fue señalado como responsable, por lo que el 27 de octubre de 2016 fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales y judiciales del Estado de Sonora, iniciando así un proceso penal plagado de contradicciones e irregularidades que fueron ignoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento que conoció de su proceso, mismo que en fecha seis de abril de 2018 dictó la sentencia condenatoria en contra de Fidencio, resolviendo que era responsable de la comisión del delito de Homicidio Simple Doloso en agravio de Cruz Buitimea Piñas, imponiéndole una pena de 15 años y 6 meses de prisión, más una multa de $23,080.64, pesos y una reparación del daño moral de $47,019.5 pesos y finalmente una reparación del daño material aún sin cuantificar.
Al ser violatoria de derechos fundamentales y causar serios agravios a Fidencio Aldama, se presentó la apelación correspondiente en contra de la sentencia de primera instancia, misma que le tocó conocer a la Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, quien le dio entrada y la registró con el número de toca de apelación 22/2018. Seguidos los trámites ante dicha autoridad, en fecha 19 de noviembre de 2019 se emitió la sentencia de segunda instancia, resolviendo la Segunda Sala confirmar la sentencia condenatoria al considerar que se encontraban acreditados tanto el delito, como la responsabilidad penal de Fidencio, ignorando con ello, las contradicciones, irregularidades e inconsistencias que se hicieron evidentes durante todo el proceso penal seguido ante el Tribunal de Enjuiciamiento.
Continuando con el camino jurídico, el 20 de octubre de 2020, se presentó el Amparo Directo en contra de la sentencia emitida por la Segunda Sala Mixta, mismo que fue radicado en el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito del Estado de Sonora, asignándole el número 167/2020. Dicho amparo fue returnado a la ponencia de la Licenciada Luz Elba de la Torre Orozco en fecha 12 de agosto de 2021, quien a partir de esa fecha, tiene la encomienda de realizar el proyecto de sentencia que le puede devolver la libertad a Fidencio Aldama, misma será emitida en los próximos días.
Como se puede apreciar, el caso de Fidencio Aldama es una más de las injusticias que se cometen en contra de los defensores de la vida y del territorio, quienes se enfrentan a megaproyectos avalados por el Estado mexicano, donde siempre salen a relucir las empresas transnacionales, quienes al ver afectados sus intereses, utilizan el mismo modus operandi para continuar con sus proyectos de despojo: la represión y el encarcelamiento de los opositores.
Finalmente se destaca que, lo acontecido a Fidencio Aldama es un ataque directo y una afrenta a la tribu de Loma de Bácum, la cual tiene sus propias formas de organización, de toma de decisiones, de justicia, de auto defensa, por ello, el actuar del Estado al permitir la construcción de un Gasoducto sin consultar a las tribus yaquis, asi como la actuación de las instancias de procuración e impartición de justicia del Estado, han atentado contra ésta forma de organización, pero sobretodo, es un ataque a la autonomía y autodeterminación de toda una tribu.
¡Basta de ataques contra las comunidades Tula, Xicotlán, Zacapexco y el CIPOG-EZ!
El 25 de enero de 2022, los ciudadanos Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, originarios de la comunidad de Tula y Zapapexco, respectivamente; fueron detenidos por la policía municipal de Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero. Ambos integrantes del Consejo Indígena Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), y del Congreso Nacional Indígena (CNI), de quienes se desconoce su paradero hasta el momento. Cinco días más tarde, comenzaron los ataques armados del grupo delincuencial conocido como “Los Ardillos”, contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco.
Sobre el paradero de Pablo Hilario y Samuel Hernández, las autoridades locales, estatales y federales, fingen demencia, negando información incluso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “Los Ardillos”, son un grupo de la delincuencia organizada que funge como órgano de contrainsurgencia del Estado para frenar cualquier forma de organización popular independiente, pues en Guerrero, desde hace tres décadas, se viene gestando un fenómeno de milicias populares para defender la vida, conocidas como “Policías Comunitarias”, que han extendido su influencia en buena parte del estado, como respuesta a la delincuencia organizada, que no para de realizar secuestros, extorsiones, cobro de piso y asesinatos con métodos de guerra civil a lo largo y ancho del estado de Guerrero, tierra que vio nacer y morir a grandes luchadores como los profesores Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas.
A los ataques de los grupos narco-paramilitares, se suma la colaboración de las fuerzas policiacas oficiales, que trabajan como “madrinas” de estos asesinos, así como del Ejército Federal y la Guardia Nacional, que también fingen demencia en algunos casos, mientras que, en otros, actúan como los defensores del crimen organizado. A decir del CIPOG-EZ:
“No entienden que a la delincuencia, a los grupos narco-paramilitares, se les debe buscar dentro de su misma estructura, dentro de la policía municipal, dentro de la fiscalía, en los presidentes municipales, que con una mano cobran el salario producto de los impuestos del pueblo y con la otra cobran la paga del crimen organizado por su complicidad, por su silencio.”
El estado de Guerrero es gobernado por Evelyn Salgado Pineda, hija del nefasto Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual y de colaborar con el cartel de los Beltran Leyva, según investigaciones bien documentadas de la periodista Anabel Hernández. En lo que va de su gobierno, Evelyn Salgado Pineda no ha hecho otra cosa que encubrir a la delincuencia organizada y hacer caso omiso de denuncias como la que están realizando los compañeros del CIPOG-EZ.
Como organizaciones sociales, colectivos e individu@s, nuestro llamado es claro y contundente:
¡Presentación con vida de Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez!
¡Basta de ataques contra las comunidades Tula, Xicotlán, Zacapexco y el CIPOG-EZ!
¡Abajo el gobierno corrupto de los Salgado Macedonio en Guerrero!
¡Por la conformación de un gobierno obrero, indígena y popular!
Solidariamente
La Marx México; La Voz del Anáhuac; Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta; Coordinadora de Colonias de Ecatepec; Frente de Trabajador@s por el Derecho a la Salud y Seguridad Social; La Marx Colombia, La Marx Brasil, Nuevo PST – Argentina, Martha Lechuga (Profesora jubilada, Sección IX CNTE); LEF. Ariel Segura, Sección 56 SNTE-CNTE; José Antonio Santana (estudiante UAM Azcapotzalco); Plantón de la Resistencia en Huexca, Morelos; Plantón de ASURCO, Morelos; Okupa Casa ChiaPaz; Movimiento social en defensa del agua, el territorio, la cultura y la vida de Ixtapaluca; Plantón en resistencia del Fraccionamiento José de la Mora, Ixtapaluca; Agrupación de Lucha Socialista, Radio Zapote; Miguel Castillo Soriano, Profesor Jubilado. San Sebastián Atlatelco, Zumpango Estado de México; Andrea Navarro, El Refugio, Edo.Mex.; Marciano Sebastián Astudillo egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Movimiento Autónomo Multisectorial Universal de Trabajadores (MAMUT); Mexicali Resiste; Mauricio Villa (Mexicali Resiste); León Fierro (Mexicali Resiste); Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan; Red Binacional de Mujeres Que Luchan; La Resistencia Los Angeles; Jesús Galaz (Mexicali Resiste); Colectivo Zapatista Neza; Grace Serrano, Socorro Trejos, Adrián Jaén y David Morera, por Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) Costa Rica; Gisele Sifroni – profesora e investigadora de la Universidad Federal de Amazonas – Brasil; Alejandro Benedetti periodista y militante del Nuevo PST y La Marx de Argentina; Colectivo Aequus.- Promoción y Defensa de Derechos Humanos; Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia; Dr. Gilberto López y Rivas, profesor investigador del INAH Morelos; Profr. Heriberto Magariño López, sección 22 del SNTE- CNTE; Edén Alcíbar, colectivo Rebelión; Carla Torres / Izquierda Revolucionaria; Silvia Reséndiz Flores; Cassandra Cárdenas Pimentel / Las Sureñas en Resistencia y Rebeldía; Mauro Espínola/ Alternativa Socialista; Emilio Téllez/ CSR; Honorable Casa Nacional del Estudiante José Yves Limantour; Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo al CNI-CIG del Puerto de Veracruz; Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq; Grupo de Trabajo No Estamos Todxs; Sociologo Fernando Alan López Bonifacio profesor de la Facultad de Arquitectura UNAM e integrante del SITTAUNAM; Mtra. en Estudios Latinoamericanos Brenda Porras Rodríguez profesora de la Facultad de Arquitectura UNAM e integrante del SITTAUNAM; José Ángel Garrido, profesor de lenguas, Panamá; Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal; CNI-Totonacapan; Teresa Ruiz Olvera, Facultad de Ciencias; Patricia Jiménez Naranjo AJP de la Sección X CNTE; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Atenco; Odilón González, profesor CCH Oriente; Facundo Jiménez Pérez, CCH-UNAM, SITTAUNAM; Oriente Rojo (Egresados, trabajadores académicos y administrativos de CCH oriente); La Otra Salud, organización adherente a la Sexta. Confederación General del Trabajo (Estado español); Colectivo Tierra y Libertad de Cuautla, Morelos; Dorados de Villa de Ayotoxco, Puebla; La Otra Cultura D.F.; Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULT-I), Desplazados de Tierra Blanca, Copala; Red Bicis Tierra y Libertad; Rodadas Defensa Madre Tierra; Lorena Zayas Cruz, Sección 22 CNTE/SNTE; Dr. Olivo García (La Marx México); David Velasco, Sección 22 CNTE/SNTE; Ana Laura Hernández, Sección IX CNTE / La Marx México; Jesús Valdez, editor de @Revolución/La Marx México; Alejandro López López, Sección 22 CNTE/SNTE; Alejandra Guadalupe López Aquino, defensora de los derechos humanos de los indígenas mixe-zapoteca; Pedro Gabriel García González. Asamblea de Coordinación de las Secciones 10 y 11 de la CNTE. Ciudad de México; Coordinación de pueblos y barrios originarios y colonias de xochimilco (CPBOyCX); Red de Resistencia y Rebeldía Puerto Vallarta;
