Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

^{En portada: Tras permanecer recluidos más de un día en condiciones denigrantes, el domingo fueron liberados los manifestantes detenidos en la Universidad de San Marcos. Crédito: Fotos de lucha}

La dictadura cívico-militar de Dina Boluarte escaló la criminalización contra las poblaciones quechuas y aimaras en el Perú.

La mañana del sábado 21, la Policía irrumpió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para detener a más de 200 manifestantes que llegaron a Lima desde diversos puntos del país, principalmente del sur andino, la zona más golpeada por la represión estatal, para participar en las movilizaciones masivas en la capital.

La redada en la que participaron unos 400 policías antimontines se realizó sin garantías legales, no hubo presencia de fiscales ni abogados. Los escuadrones derribaron con un tanque una puerta y parte de un muro del campus universitario, donde estudiantes albergaban, de acuerdo al estatuto universitario y contra la voluntad del rectorado, a comitivas de las regiones más activas en la lucha contra el régimen militarizado impuesto por la ultraderecha. Dispararon sus armas de fuego y bombas lacrimógenas, aunque no hubo enfrentamientos.

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En un intento de tomar un segundo centro de estudios, la tarde del sábado (21), portatropas del Ejército rodearon la Universidad Nacional de Ingeniería, que aloja a las delegaciones hospedadas por autorización del rectorado. Los agentes se retiraron ante la respuesta del rector en defensa de la autonomía universitaria y las garantías de los huéspedes, pero se teme que en los próximos días la Dirección contra el terrorismo de la Policía Nacional del Perú (Dircote)ingrese al recinto, bajo la justificación de la lucha antiterrorista escenificada por el Gobierno de facto para infundir miedo a la población movilizada.

En un listado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se registraron 208 personas que fueron retenidas durante más de 24 horas en la Dircote y la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Entre ellas hubo dos periodistas de la región Puno.

En un comunicado, la Universidad San Marcos indicó que solo solicitó a la Policía la liberación de las puertas tomadas”, por lo que calificó el allanamiento como abuso de autoridad.

El domingo 22 fueron liberados todos los manifestantes, a excepción de una persona con requisitoria, tras permanecer recluidos más de un día en condiciones denigrantes, de hacinamiento, como se ve en una fotografía difundida por organismos de derechos humanos. Entre las detenidas estuvo una niña que acompañaba a su madre. Tanto a mujeres y hombres les obligaron a desnudarse y les revisaron sus partes íntimas, relató una manifestante proveniente de Arequipa.

La cacería terrorista es racializada

Hay un trasfondo de racialización en los métodos de criminalización de la protesta cuando no se manifiesta en Lima, lo que reafirman las recientes masacres en las localidades de mayorías indígenas, o cuando se trata de personas de otras provincias, perseguidas durante su viaje, estigmatizadas como violentistas desde antes de ejercer su derecho a la protesta, casi prohibidas de ingresar a la ciudad. Ninguna de las 60 víctimas en menos de dos meses de Boluarte en el poder, 45 asesinadas por balas de militares y policías, se registró en la capital.

Varias de las detenidas denunciaron agresiones físicas y psicológicas, negación de asistencia médica a personas con enfermedades, insultos racistas y calificativos de terroristas por parte de uniformados. No les devolvieron sus documentos de identidad, les quitaron sus celulares, dinero e incautaron la alimentación reunida para su estadía.

“Nos han lanzado bombas lacrimógenas, como a terroristas nos trataron, nos apuntaron con sus armas, nos han arrastrado, enmarrocado en el suelo”, contó una mujer puneña. “Nos han golpeado, maltratado, no somos delincuentes, nos han tenido en calabozos, nos acusan de daños materiales que nunca hemos hecho a la universidad”, denunció una víctima de la redada masiva que llegó desde Huancavelica.

Según el Ministerio del Interior, entre las personas detenidas en San Marcos había tres que tienen “vínculos con el terrorismo” y se encontraron “volantes subversivos que vienen de la época de la violencia”. Se pretende judicializar a los intervenidos acusándoles de daños y robos a bienes de la universidad.

El régimen multiplica su estrategia de estigmatización, acusando a los protestantes de ser financiados por la minería ilegal y el narcotráfico, cuando la organización es comunitaria y autogestionada; se les invisibiliza atribuyendo manipulaciones detrás de una movilización espontánea y sin adhesiones políticas partidarias; se les minimiza desconociendo el respaldo de sus reclamos, a pesar de las marchas multitudinarias, los conflictos cotidianos, con decenas de vías bloqueadas y un sospechoso incendio en el Centro de Lima que dio la vuelta al mundo; a pesar de los máximos niveles de desaprobación de Dina Boluarte y el Congreso.

Para lo cual cuenta con el apoyo de los medios masivos, de propiedad de la oligarquía que capturó el Poder Ejecutivo y al servicio de la cacería del fantasma de la subversión. La concentración mediática y la peligrosa hegemonía de un discurso político en el periodismo peruano han sido advertidas por la prensa internacional.

El objetivo de sus informaciones es deslegitimar y satanizar ante la opinión pública las demandas de las protestas, centradas en el adelanto de elecciones para este año, la instalación de una Asamblea Constituyente y el cierre del Congreso. Entre los manifestantes de los Andes se defiende ampliamente la reposición en la presidencia de Pedro Castillo, contra el que la prensa local orquestó la mayor campaña de desinformación presenciada desde la dictadura fujimorista.

En esa línea, en el imaginario de la prensa local, la Universidad San Marcos es un fábrica de adoctrinamiento; sus estudiantes, como los manifestantes provincianos, son terroristas formados o en potencia.

La participación de la Dircote en las operaciones contra la protesta social es una forma de intimidación que conlleva la posibilidad de procesos por terrorismo directo o indirecto, delitos configurados en el Plan de Lucha Multisectorial Contra el Terrorismo 2019-2023 para acciones que son derechos constitucionales y de libertad de expresión. Es el terror con el que la alianza entre los poderes Ejecutivo-Legislativo, las fuerzas militares-policiales y los poderes económicos pretenden disuadir, especialmente, las movilizaciones de los pueblos indígenas. Por la criminalización o la masacre.

Convocan acciones descentralizadas nacionales e internacionales

Ciudad de México, 23 de enero de 2023

En conferencia de prensa, familiares y amigos de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes reiteraron su exigencia a las instituciones de intensificar la búsqueda, respondieron el comunicado publicado por la empresa Ternium, y lanzaron una convocatoria nacional y global de acciones descentralizadas.

Ana Lucía Lagunes inició la conferencia de prensa subrayando la falta de resultados hasta ahora de la búsqueda. “Ya han pasado 8 noches de su desaparición. Seguimos exigiendo al Estado Mexicano que intensifique las acciones de forma coordinada y eficiente para su aparición con vida.”

Michel Cervantes, de la organización civil de IDHEAS, declaró que “el 19 de enero, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU adoptó el mecanismo de Acciones Urgentes, haciéndole llegar a las autoridades del Estado Mexicano una serie de observaciones y recomendaciones, entre ellas la necesidad de implementar una estrategia de búsqueda e investigación inmediata, eficiente, coordinada y que garantice el derecho a la participación conjunta de las familias. Asimismo, instó al Estado Mexicano a que la investigación tome en cuenta el contexto político en que ocurren los hechos, así como la actividad por la defensa de los derechos humanos en que se desempeñan Ricardo y Antonio.”

Comuneros de Aquila presentes en el plantón del puente de Coahuayana, que se sumaron a la conferencia de prensa por vía telefónica, se sumaron a la exigencia de liberación de los retenidos, señalando: “está muy floja la búsqueda, no vemos nada de avance. La gente ya se está exasperando, si esto se alarga tendremos que llevar otro tipo de acciones por parte de las comunidades, ya nos cansamos de esperar. No vamos a movernos hasta que aparezcan nuestros compañeros, vamos a luchar hombro con hombro con la familia”. El Comisariado de Ostula, comunidad vecina a Aquila, agregó: “venimos en apoyo por los compañeros desaparecidos, Toñito es conocido y querido en la región, nos unimos al dolor y a la lucha por que los regresen vivos.”

Respuesta al comunicado de la empresa Ternium y cierre de la mina por comuneros

Varios miembros de la familia respondieron al comunicado emitida por la empresa minera Ternium. Antoine Lagunes afirmó: “Representantes de la empresa empezaron a comunicarse con la familia un día después de haber sido nombrados ante los medios como actor importante en la zona. Seguimos apelando a su intervención para que aparezcan vivos Ricardo y Antonio, debido a su gran influencia y poder en la zona con los grupos que allí conviven. Usen todos sus recursos para localizarlos con vida.”

María de Jesús Ramírez Magallón, esposa de Ricardo Lagunes, añadió: “En nuestra región, el actor más importante es la empresa minera Ternium, ya que les toca relacionarse con la sociedad local, con los actores políticos, económicos y también con los poderes fácticos regionales. Si bien la empresa es un actor más en este tablero, reiteramos que quien sea que esté detrás de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, forma parte de los grupos que interactúan con la contraparte en el trabajo de mi esposo. Por esta razón, solicito que la empresa minera Ternium use todos sus salvoconductos para solicitar a los grupos que conoce, para que si uno de ellos tiene a Ricardo Lagunes y a don Antonio Díaz, los regrese de inmediato.”

Alejandra Gonza, Directora de Global Rights Advocacy (Defensa Global en Derechos Humanos), subrayó: “De acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales, la empresa y sus inversionistas tienen el deber de debida diligencia en materia de derechos humanos, que le exige tomar todas las medidas a su alcance y ejercer influencia para atender la gravedad de la denuncia de desaparición de los defensores que trabajan en su área, conversando con todos los actores con los que habitualmente trabaja para lograrlo. El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas destacó, en un documento emitido en 2021 (A/HRC/47/39/Add.2), la necesidad de abordar los impactos adversos de las actividades empresariales sobre las personas defensoras de los derechos humanos. En su comunicado público, la empresa desconoce y se intenta deslindar de estas responsabilidades. En respuesta a su falta de diligencia que, en representación de las familias, además de las distintas acciones internacionales ya tomadas, y con la colaboración del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en Argentina, como primer paso vamos a presentar una queja ante los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, particularmente, ante el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos y Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, para obligar a la empresa a que dé una respuesta seria en relación al incumplimiento de sus obligaciones internacionales en este caso.”

María de Jesús Ramírez Magallón, esposa de Ricardo Lagunes, agregó que “el pasado sábado, un grupo de comuneros se presentó a la entrada de la mina, en el cerro El Tenamaxtle, Aquila, Michoacán, para impedir el cambio de turno de los trabajadores de la empresa. Solicitaron el apoyo de las fuerzas federales para que resguarden los explosivos que tienen en la mina. En este momento, si bien los comuneros no se encuentran al interior de la mina, sí permanecen en el plantón del puente Coahuayana, con la digna solidaridad de la comunidad indígena de Ostula.”

Keivan Díaz, hijo de Antonio Díaz, sumó la voz de la familia del profesor, demandando a la empresa que “haga todo lo que esté en su mano para obtener el rescate con vida y buen estado de los desaparecidos, utilizando sus vínculos institucionales y económicos con el grupo que pensamos ha perpetrado la desaparición.” María de Jesús Ramírez Magallón añadió “no queremos palmaditas en la espalda por parte de la empresa, sino que activen todos los mecanismos a su alcance para lograr la liberación de los desaparecidos”.

Relación de desaparición con Tribunal Superior Agrario e instituciones agrarias

Julián Vázquez Guzmán, de Asesoría y Defensa Legal Sureste, señaló que “Ricardo Lagunes trabaja para hacer valer los derechos del pueblo Nahua de San Miguel Aquila. Durante varios años el Tribunal Unitario Agrario 38 de Colima lleva reconociendo a un grupo de personas que se ostentaron ser representantes de comuneros, de manera ilegal sin contar con las facultades que señala la ley agraria. Los últimos cuatro años los comuneros de San Miguel Aquila Michoacán, están sin representación que pueda defender los derechos e intereses de los comuneros, todo esto por la dilación y tolerancia del Magistrado del Tribunal Unitario agrario distrito 38 de Colima, pues a pesar de haber reconocido y determinado la ilegalidad de la representación que ejerce un grupo de personas, no ha sometido a la elección de los órganos de presentación común quien pueda defender y representar legalmente a los comuneros. El magistrado está actuando con total dilación y aquiescencia de lo que este grupo de personas quienes ostentan una representación, están realizando en contra de los derechos de la comunidad indígena Nahua. El Tribunal ha sido negligente en velar por los derechos de la comunidad indígena Nahua, y ha dado ventajas procesales a un grupo de personas que no tienen autoridad legal.”

Sergio Oceransky de Fundación Yansa agregó: “El sistema de justicia agraria no ha hecho nada para impedir que este grupo de poder minoritario, que apoya incondicionalmente la operación y expansión de la mina, usurpe la representación comunitaria. La Procuraduría Agraria tampoco ha cumplido su función, al dilatar innecesariamente la elección democrática de representantes comunales. Estas graves omisiones se repiten a lo largo de todo el país, donde multitud de defensores de tierras ejidales y comunales enfrentan instituciones y tribunales negligentes y corruptos, lo que pone a las comunidades y sus abogados en una situación terrible de indefensión y vulnerabilidad a la hora de intentar que se haga justicia. Para evitar que se repitan estas situaciones resulta fundamental la reforma y fortalecimiento del marco legal e institucional para garantizar la protección de las tierras de propiedad colectiva y de los territorios de pueblos y comunidades indígenas”.

El Comisario de Ostula, desde el plantón, agregó: “En Ostula tenemos también caídos, hace días asesinaron a 3 miembros de la comunidad, que se suman a otros cerca de 40 asesinados previamente. Hemos sentido la tristeza, la injusticia y la indefensión en la defensa de nuestro territorio comunal. Exigimos el castigo a los culpables, y no bajaremos la guardia hasta que haya justicia.”

Convocatoria de acciones

Ana Lucía Lagunes anunció una convocatoria a acciones descentralizadas por la búsqueda y rescate de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Invitó a organizaciones sociales, ejidos y bienes comunales, comunidades indígenas, sindicatos, estudiantes, colectivos y colectivas, para que, en solidaridad realicen actividades descentralizadas de protesta y presión durante el fin de semana del 27, 28 y 29 de enero. Estas acciones pueden incluir protestas en sedes que la empresa minera tiene en varias partes del mundo, acciones ante consulados y embajadas mexicanas, protestas ante las sedes de los Tribunales Unitarios Agrarios o las Delegaciones de la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional, así como marchas, bloqueos, u otras formas de protesta que hagan visible la exigencia de intensificar la búsqueda y presentación con vida de Antonio y Ricardo. Se adjunta el texto de la convocatoria a este comunicado.

María de Jesús Ramírez Magallón, esposa de Ricardo Lagunes, cerró la conferencia de prensa deseando que estas acciones abonen a la reconstrucción del tejido social de Aquila y otras comunidades en la costa de Michoacán, y al inicio de procesos de paz y reconciliación.

Contacto: todxsconricardoyantonio@gmail.com

Grabación de conferencia de prensa del 23 de enero:

Grabación de conferencia de prensa del 19 de enero:

Convocatoria a acciones descentralizadas por la búsqueda y rescate de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz

El pasado domingo 15 de enero de 2023 el abogado defensor de Derechos Humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, ubicada en el Estado de Michoacán, fueron víctimas de secuestro y desaparición forzada. Ambos acababan de salir de una asamblea en el auditorio comunal de Aquila y posteriormente se trasladaron con dirección a la capital del Estado Colima, comunicándose por última vez con sus familias a las 18:50. Desde entonces se desconoce su paradero, por lo que la familia y los comuneros de Aquila han realizado diversas acciones, que van desde lo legal hasta bloqueos en carreteras y el cierre de una mina perteneciente a la empresa Ternium.

La comunidad indígena San Miguel Aquila está asentada sobre importantes yacimientos mineros. La empresa minera del grupo Ternium ha explotado desde hace dos décadas la mina extrayendo enormes cantidades de minerales, especialmente de hierro, oro, plata y cobre además de generar una gran división al interior de la comunidad.

El prof. Antonio Díaz representa al grupo mayoritario de comuneros, quienes litigan desde hace años, con asesoría de Ricardo Lagunes, con el fin de que se lleve a cabo un proceso de elección democrática. Esto resultaría en la pérdida de poder de un grupo minoritario que apoya incondicionalmente a la empresa minera y que ha gestionado cuantiosos recursos durante años por ese motivo. La familia y los comuneros están convencidos de que este grupo cercano a la empresa minera está detrás de la desaparición de Antonio y Ricardo.

Tanto el Tribunal Unitario Agrario como la Procuraduría Agraria han sido sumamente negligentes, favoreciendo con su inacción y con ventajas procesales al grupo de poder minoritario cercano a la empresa minera. Comparten por tanto responsabilidad en la situación de injusticia social que ha culminado con estas desapariciones.

En virtud de que hasta el momento no se cuenta con información de su paradero, las familias de Ricardo y Antonio lanzamos esta convocatoria para invitar a organizaciones sociales, ejidos y bienes comunales, comunidades indígenas, sindicatos, estudiantes, colectivos y colectivas, para que, en solidaridad realicen actividades descentralizadas de protesta y presión durante el fin de semana del 27, 28 y 29 de enero.
La forma de acción y el objetivo de cada acción se decidirá localmente. Aquí incluimos algunos ejemplos de acciones que se podrían llevar a cabo:

1. Firmar y circular la acción urgente que se encuentra en el siguiente enlace:
   https://chng.it/NcKBVyY9XS
2. Protestas ante las representaciones de la empresa minera Ternium, la cual cuenta con instalaciones en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nicaragua, España, Uruguay y EE.UU (ver lista en: https://us.ternium.com/en/contact-us/our-offices#our-offices)
3. Acciones frente a embajadas y consulados mexicanos para exigir la búsqueda y  recuperación con vida de Ricardo y Antonio.
4. Protestas ante las sedes de los Tribunales Unitarios Agrarios o las Delegaciones de la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional.
5. Marchas, bloqueos, u otras formas de protesta que hagan visible la exigencia de intensificar la búsqueda y presentación con vida de Antonio y Ricardo.

Sugerimos incluir las siguientes demandas a sus acciones y protestas, además de otras que sean relevantes para ustedes en el ámbito local/regional:

1. A las instituciones públicas, intensificar la búsqueda para la presentación con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes.
2. A la empresa minera, que asuma su responsabilidad y ponga presión sobre el grupo minoritario que se presume está detrás de la desaparición, con el que la empresa ha tenido fuertes vínculos desde hace años.
3. Al Estado mexicano, la reforma integral del sistema de justicia agraria y de su marco legal.

Las familias de Ricardo y Antonio agradecemos las muestras de solidaridad que puedan llevar a cabo y dejamos aquí una serie de recursos que pueden utilizar para llevar a cabo las acciones así como para tener más información sobre el caso.

Les pedimos por favor nos informen de sus planes de acciones descentralizadas al correo: todxsconricardoyantonio@gmail.com

Materiales:

1. Acción Urgente: https://chng.it/NcKBVyY9XS (puede imprimirse y presentar, de manera simbólica, ante las distintas representaciones, las firmas recabadas.
2. Fotografías: En breve tendremos un drive con fotografías y materiales para su reproducción

Más Información sobre el caso:

1. Reportan desaparición de activista y de profesor en Michoacán
2. Desaparecidos un defensor de derechos humanos y un líder indígena en la frontera de Colima y Michoacán
3. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas expresa su profunda preocupación por la desaparición de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz en Colima, México, el pasado domingo 15.
4. CIDH condena la desaparición de los defensores de Derechos Humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz el 15 de enero en el municipio de Tecomán, Colima.
5. Grabación de conferencia de prensa del 23 de enero
6. Grabación de conferencia de prensa del 19 de enero

Texto: Lucia Ixchíu

Fotografías: Vanesa Ordoñez.

Con el agua hasta la cintura María habla sobre la condena penal en su contra, por delitos que ella asegura jamás cometió, y que considera una represalia por su activismo contra la minería, y en favor del desarrollo de la comunidad.

María actualmente reside en el barrio “La Unión” en el Municipio de El Estor. Hija de Natalia Choc y de Manuel Cuc Xol, tiene 5 hermanas y 2 hermanos, nacidos y originarios también en el mismo municipio. Madre soltera de dos mujeres y dos hombres, y sobreviviente de violencia doméstica.

María es maestra y desde hace varios años tiene una especialización en traducción de su idioma materno al castellano, ella de forma voluntaria desde que tiene 18 años, ha apoyado a mujeres sobrevivientes de violencia machista para poner denuncias en las entidades gubernamentales, así mismo ha trabajo como traductora para el sistema penal, pues muchas mujeres son monolingües y el sistema de justicia no las atiende en su propio idioma según aseguran testimonios en la comunidad.

La conexión entre los pueblos con el río Dulce y el lago de Izabal, en el municipio de El Estor (319 kilómetros al noreste de la ciudad de Guatemala), es milenaria, cosmogónica y va de la mano con la pesca, una de las actividades comerciales más vitales en la región, y que está en riesgo desde que la contaminación en el lago de Izabal empeoró en 2017 debido a la extracción minera en la zona.

Con una familia de tradición de servicio su padre, ella y varios de sus hermanos, han realizado trabajo comunitario de forma cotidiana. María quien en medio de la lucha familiar y de su pueblo contra la industria extractiva instalada desde hace más de 60 años en su territorio, es testigo clave en el espantoso crimen cometido contra su cuñado Adolfo Ich Chamán y es fundamental en apoyar y acompañar en caso de violación sexual de 11 mujeres en Lote 8, vinculado a la industria extractiva y al despojo que denomino como un práctica “colonial vigente”. Y es que la colonia no es un hecho histórico o cuestión del pasado, es algo que a simple vista puede verse en los vasto y ancho de este país.

En medio de la impunidad y el incremento de desalojos a los territorios ancestrales indígenas, hechos que se agudizaron desde el 2005 con el desalojo de 37 comunidades del Valle del Polochic, Panzós , Alta Verapaz, María recibe una solicitud de apoyo en traducción para la comunidad Chabil Choc del territorio conocido como Chinamacas,Río Dulce, Izabal, que ha sido despojada de las comunidades en el gobierno de Otto Pérez Molina y la relación de este con Alejandro Sinibaldi y Rodrigo Lainfiesta Rimola, relación que evidencia una investigación realizada por el economista Luis Solano en el 2017. ((https://cmiguate.org/chabil-choch-y-su-lucha-lo-que-se-esconde-detras-de-un-desalojo/)

María sin dudar acompañó a las comunidades ante el Ministerio Público a interponer la denuncia contra del desalojo y despojo. “Lo que jamás imaginé es que esto significaría un caso de criminalización en mi contra”, relata María, quien asegura que la denuncia carece de fundamentos y la armaron con testigos falsos.

El pasado 27 de junio del presente año, María fue condenada a dos años de prisión por usurpación agravada. No conoce a las personas que la demandan, y asegura que no participó en los hechos que le atribuyen. No ha sido el único proceso penal en su contra.

Con una familia de tradición de servicio a la comunidad, su padre Manuel Cuc Xol, ella y varias de sus cinco hermanas y dos hermanos (todos, nacidos en El Estor), han realizado trabajo comunitario de forma cotidiana. Su hermano Ramiro Choc fue un líder indígena de la región, a quienes muchos consideran como el primer preso político en el tiempo de la paz. Ramiro estuvo detenido entre 2008 y 2014, por delitos que no cometió, los delitos que le imputaron fueron: usurpación agravada, robo al Estado y detención ilegal. Sin embargo, fue condenado a 8 años de prisión, que meses después fueron reducidos a 6 años, tras el proceso de apelación. El hermano mayor de María murió en mayo pasado derivado del deterioro de su salud como consecuencia de la prisión y criminalización de la cual fue objeto. Falleció siendo un mentor y maestro para María.

“A veces me miro completa, pero por dentro estoy destruida”, admite María. “A veces finjo estar bien para no darle gusto a los que me quieren ver mal, pero hay días en los que siento que ya no puedo más con toda la violencia que nos ha tocado vivir. La pérdida de mi hermano ha sido de las cosas más dolorosas que me han pasado y eso que he vivido mucho”.

María, de 43 años, quien en medio de la lucha familiar y de su pueblo contra la industria extractiva, instalada desde hace más de 60 años en su territorio, también es testigo clave del asesinato de su cuñado Adolfo Ich Chamán. Además, acompaña el caso de violación sexual de 11 mujeres en Lote 8 (comunidad en El Estor), vinculado a la industria extractiva y al despojo que denomina como una práctica “colonial vigente”, porque se puede apreciar a simple vista en esta y otras partes del país.

Esta lideresa es maestra y desde hace varios años tiene una especialización en traducción de su idioma materno al castellano. Desde que tiene 18 años, ha apoyado en forma voluntaria a mujeres sobrevivientes de violencia machista para presentar denuncias ante las autoridades gubernamentales. También ha trabajado como traductora para el sistema penal porque muchas mujeres son monolingües y el sistema de justicia no las atiende en su propio idioma, según aseguran testimonios en la comunidad.

Las dinámicas de solidaridad y de comunalidad (la vida en comunidad que interfiere con todo el entorno, las personas, la red de la vida) en las relaciones indígenas cotidianas son parte también del día a día y la conexión entre los pueblos con el río Dulce y el lago de Izabal. Conexiones milenarias, teorizadas y bastamente investigadas. La conexión cosmogónica de estos pueblos con el de toda la zona son fundamentales y van de la mano con una de las actividades comerciales más vitales en la región, la pesca artesanal.

María, la vida diaria y el sustento para su familia

La cocina de María Choc es una invitación a la comida y los platos solidarios, verduras y famosísimo Pachay (comida tradicional indígena de la región) la han convertido en una mujer muy valiosa y querida en su comunidad. Siempre lista para servir y apoyar a otras que necesitan.

El municipio de El Estor, Izabal es parte de los cinco municipios que conforman el departamento de Izabal, con una extensión territorial de más de 2800 kilómetros cuadrados de extensión, considerado las puertas del Caribe Guatemalteco, desde 1871 tiene la huella del despojo neocolonial vigente con lo que denominaron “Reforma Liberal”.

Desde hace cientos de años según el antropólogo Diego Vásquez Monterroso el pueblo Chol y Q´eqchi´ han habitado este territorio , desde la cosmogonía del pueblo Q´eqchi y en su propio idioma se han denominado como Aj Ralch’och’ que en su traducción al castellano significa, hijas e hijos de la tierra.

En el departamento de Izabal más del 50 % de la población son mujeres y un 28% son pertenecientes a los pueblos originarios. Sin embargo la información oficial recopilada en el censo del año 2018 no especifica cuántas mujeres habitan la región. Guatemala es un país sin datos y sin información actual lo que acentúa la brecha de la impunidad y desigualdad en el país.

Estas tierras privilegiadas y muy abundantes han sido saqueadas por siglos por empresas transnacionales que con el uso de las leyes del Estado-nación han despojado y expropiado grandes extensiones de territorios a las poblaciones originarias. La socióloga e investigadora Laura Hurtado, quien tiene más de una década en trabajar y sistematizar información en el área, define que “el Valle del Polochic encarna el despojo neoliberal actual en el país”. Esta cita sirve de referencia para analizar todo el territorio donde habita el pueblo Q´eqchi que tiene un patrón de actuación similar en cuanto al despojo de tierras en Guatemala.

Y como si fuera poco el nombre “El Estor” viene de una palabra en inglés, que hacía referencia a “the store” que significa tienda, debido a que desde 1904 la United Fruit Company, operaba en el área, el nombre originario fue sustituido por El Estor y es el que se utiliza hasta hoy día. El nombre originario de este territorio es Se’Kenel y es una término que las personas Q’eqchi reivindican para no olvidar y que en su traducción al castellano significa “lugar en donde hay piedra para moler el maíz”. Que este territorio actualmente tenga este nombre sin duda es un dato vital para entender el despojo y desde lo simbólico, lo que ha significado para este territorio ser la “tienda” de las transnacionales.

En las luchas históricas y recientes de los pueblos originarios de esta región, la presencia y participación de las mujeres ha existido y ha sido vital para la continuidad de la mismas, de alguna u otra manera las mujeres Q´echi´ han alimentado, criado y sostenido sus hogares y al mismo tiempo su entorno y comunidades.

En todo el territorio nacional parte fundamental de los conflictos actuales tiene un origen respecto a la redistribución de la tierra, en el Estor no es la excepción, la tierra ha sido heredada históricamente a los hombres y en la escala de los despojos siempre son las mujeres indígenas rurales las que se llevan la peor parte. Según la antropóloga Aura Cumes los sistemas de opresión colonial y patriarcal se fusionan sobre los cuerpos de las mujeres indígenas.

Dentro de las realidades que encarna el país, el despojo para las mujeres indígenas empieza en sus cuerpos, en sus casas, en sus comunidades y las luchas que a lo interno tiene que librar en cotidiano contra las violencias machistas muy internalizadas por los mismos movimientos sociales y campesinos. “Nacemos con las historias trazadas” mencionan mujeres indígenas.

María Choc y su mirada al futuro

En la entrevista María nos indica “que su voz es muy pausada”, esto derivado de la criminalización que está sufriendo, se nota tristeza en su relato y se nota un dejo de angustia por el futuro, por el devenir. Con el sonido de los gallos y de las aves al fondo, María relata que durante el mes de mayo y junio de este año se llevó a cabo el juicio en su contra, en donde la empresa Lisbal S.A., era la parte acusadora y de la cual fue acusada por los delitos de usurpación agravada, detención ilegal y amenazas. El juez Jesús Mazariegos encargado de impartir justicia, la condenó únicamente por el delito de usurpación agravada, por lo cual María y su equipo legal apelaron la sentencia el pasado mes de julio y hasta el momento no han tenido resultado de las instancias legales pertinentes.

“Al menos tenemos palabras para gritar” dice María, es lo único que le queda ante el trauma que ella ha sufrido junto a su familia durante estos años de criminalización. El trabajo que ella realiza ha sido “voluntario”. El trabajo de apoyar como intérprete ante la justicia occidental, como ella le llama.

“A María Choc jamás le van comprar su dignidad y su voluntad, tengo palabra para decir con certeza que llevará esta lucha, sea como sea. La fuerza de María Choc viene de los cerros, de la montaña, de su familia y eso la mantiene de pie” afirma con la voz quebrantada.

Con la mirada firme y la voz fuerte, María enfrentará nuevamente a la justica blanca, como ella le denomina, esa justicia que solo sirve para que los empresarios y los corruptos, sigan saqueando y violentado a El Estor, el lugar que vio nacer a María y la vio convertirse en una lideresa indígena que sin dudarlo, acompaña a las mujeres Q´eqchi´ que viven en las orillas de unos de los lagos más lindos de Centroamérica, todo esto mientras las chicharras nos acompañan en el relato de María, como diciendo que la lluvia se acerca, deseando que el agua limpie y purifique el andar que le espera a María en estos meses de espera, para poder abrazar nuevamente a la libertad por la que tanto ha luchado.

Reportaje realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

El acaparamiento de tierras en territorios indígenas de Brasil está relacionado con el lucro de una empresa francesa de supermercados. Así lo expone una demanda realizada, desde el 3 de marzo de 2021, por una coalición formada por organizaciones brasileñas y colombianas de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.

Acompañadas de ONGs internacionales, las organizaciones latinoamericanas denunciaron a la cadena de supermercados Casino/Pão de Açúcar ante los tribunales franceses por violación de su deber de vigilancia en su cadena de suministro.

En la demanda se acusa a Grupo Casino/Pão de Açúcar por no haber tomado las medidas necesarias para excluir de su cadena de suministro, tanto en Brasil y Colombia, la carne de vacuno procedente de la deforestación ilegal y de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

Ahora, en vísperas de la audiencia que se celebrará con el Grupo Casino/Pão de Açúcar, relacionada con la deforestación en la Amazonía brasileña, la asociación Jupau, que representa al pueblo indígena Uru-Eu-Wau-Wau, ubicado en el estado de Rondonia, Brasil, confirmó oficialmente su interés en unirse a la coalición internacional que ha presentado la demanda en Francia contra la cadena de supermercados.

Según un informe del Centro de Análisis de Crímenes Climáticos (CCCA), la ganadería es la principal causa de deforestación en el territorio del pueblo indígena Uru-Eu-Wau-Wau. Más de 25 mil 482 cabezas de ganado se encuentran allí ilegalmente y se ha deforestado 13mil 411 hectáreas de terreno para producción de pasto, lo que representa una superficie mayor que la ciudad de París.

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El informe indica que, de acuerdo a registros oficiales de transporte de animales, se han identificado tres granjas establecidas ilegalmente en el territorio del pueblo Uru-Eu-Wau-Wau y conectadas a la cadena de suministro de un matadero de la empresa brasileña JBS, proveedora de las tiendas del grupo Casino en Brasil.

Ante estas evidencias, el pueblo Uru-Eu-Wau-Wau exige, a través de la demanda, la reparación de los daños medioambientales y las violaciones de los derechos humanos causados por la deforestación ilegal y la actividad ganadera.

Bitaté Uru-Eu-Wau-Wau, representante del pueblo Uru-Eu-Wau-Wau, espera “que el caso del Casino sirva de ejemplo a otras empresas y que contribuya a reducir la deforestación en la Amazonia, así como a garantizar los derechos de los pueblos indígenas”.

Colombia

Acorde a denuncias de la Agencia de Investigación Medioambiental (EIA, por sus siglas en inglés), la deforestación ligada a la cadena de suministro de la empresa Casino también se repite en la Amazonía colombiana a través de su filial de supermercados Éxito.

A través del cruce de datos de vacunación, de transporte del ganado y con entrevistas directas a proveedores, EIA demuestra que parte del ganado comercializado por la filial colombiana de Casino proviene de fincas instaladas “en terrenos deforestados ilegalmente de parques nacionales donde operan además grupos armados”.

“Un proveedor indirecto de Casino ejerce, por ejemplo, la posesión de alrededor de 800 hectáreas dentro del parque natural de Chiribiquete, de las cuales 400 hectáreas fueron deforestadas y convertidas en pastos”, indica el documento que fue presentado ante los tribunales franceses para sostener la demanda contra Casino.

A partir de 2017, las leyes francesas obligan a las empresas, con sede en el país europeo y que emplean a miles de personas en el mundo, a prevenir las violaciones de derechos humanos y a no dañar el medio ambiente. Con base en esta legislación fue que varias ONG francesas iniciaron siete causas contra transnacionales por violar directamente o a través de proveedores indirectos, los derechos ambientales o sociales.

Las demandas no se limitan a la actividad agroindustrial del grupo Casino. En la mira están también la empresa de electricidad EDF por la imposición de un proyecto eólico en México; el gigante de distribución de agua potable Suez en Chile; y la petrolera TotalEnergies con un megaproyecto de extracción de crudo en Uganda.

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Pese a las acciones judiciales, aún no se han dictado sentencias.

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Una investigación colectiva de Radio Zapote

Noticias de abajo 18 enero 2023 #Podcast #MediosLibres #Noticiero
.::ROMPIENDO FRONTERAS::.
—PERÚ: Resumen de noticias, Masacre en Chala-Perú, en Juliaca, región Puno. Arranca Marcha popular hacia Lima contra la dictadura de Boluarte-Otárola. Comunicado de las naciones Wampis, Archivos de Memoria.
Fuentes:Kaos en la red, avispa, redeco, witness, gtaawajun.
—ALEMANIA: en Lutzerath ante la represión, la respuesta ha sido la solidaridad rebelde enfrentando la violencia del Estado y el Capital. Cayeron barricadas, pero siguen las protestas contra la minera ARW.
—ESTADOS UNIDOS: Semana de Solidaridad Alto a la Ciudad Policía en Atlanta
Capital del Estado de Georgia. EarthfirstJournal, Crimethinc, SavTheForest
—ÁFRICA: La multinacional Shell tendrá que indemnizar con 15 millones de dólares a aldeas en Nigeria afectadas por la derrama de petróleo.
—EL SALVADOR: Detienen a 5 líderes comunitarios de Santa Marta, exigen su liberación ante régimen de excepción en El Salvador

.::Desde el ombligo del monstruo::.
—MICHOACÁN: Demandan presentación con vida del abogado Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el maestro Antonio Díaz Valencia ante posible secuestro en la Costa Michoacana.
—MICHOACÁN: Asesinan a comuneros de integrantes de la Guardia Comunal en Santa María Ostula por parte del crimen organizado. CNI
—CAMPECHE: Desalojan con violencia a familias que bloqueaban trabajos del Tren Maya en Campeche. Desinformemonos.
—OAXACA: Reportan libre después desaparición y detención ilegal de David Hernández Salazar defensor Biniza opositor a Corredor Interoceánico
—CHIAPAS: Agresión al Centro Social Xanobil en San Cristobal de las Casas, Chiapas.
—CDMX: Imponen a la Guardia Nacional en el Metro ante crisis de accidentes y falta de mantenimiento. Protestas contra el militarismo, la falta de mantenimiento y la corrupción.

Música:
-Esto no para aquí – Músicxs Segunda Línea
-Señor Magón – Calesia de la Torre
-Música de las protestas en Lutzerath. El sur global.

Al gobierno federal

A los organismos internacionales

Al gobierno del estado de Colima

Al gobierno del estado de Michoacán

A la sociedad civil en general

Los comuneros de la comunidad indígena San Miguel Aquila permaneceremos bloqueando el tramo carretero de la carretera federal México 200 a altura del puente Coahuayana hasta que nuestros compañeros aparezcan y los queremos vivos.

Le pedimos a quienes los mantienen privados de su libertad que los regresen, lo único que ellos han realizado es el mandato de nuestra asamblea, el cumplimiento de los acuerdos que emanan de nuestra voluntad como lo mandarán nuestros usos y costumbres de nuestro pueblo Indígena nahua, y pueden constatarlo en el Tribunal Unitario Agrario distrito 38 con sede en Colima.

Los compañeros estaban trabajando en la problemática agraria en la que el Tribunal Agrario a afectado a los comuneros de Aquila y negado celeridad en los procesos agrarios.

Pedimos a las autoridades que realicen sus encomiendas de búsqueda y rescate.

Por nuestra parte desconocemos el comunicado que de manera maliciosa subió una pagina electrónica Costa Ranchito, no buscamos conseguir justicia con injusticias, no vamos a afectar a particulares ni empresas con actos violentos. Sólo vamos a mantener el bloqueo hasta que aparezcan nuestros compañeros el Profesor Antonio Díaz Valencia y Licenciado Ricardo Arturo Lagunes Gasca.

A los organismos internacionales pedimos se recomiende a los gobiernos de ambos estados que atiendan nuestro problema y se de audiencia con funcionarios de primer nivel.

Agradecemos a las organizaciones y comunidades que nos brindan el apoyo para hacer cumplir nuestras exigencias.

Desde el Puente Coahuayana, a 18 de enero de 2023.

Comuneros de la Comunidad Indígena San Miguel Aquila.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El pasado 7 de enero, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) dio a conocer el asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla, integrantes de la resistencia de Guapinol, comunidad en el norte de Honduras que ha destacado por su lucha contra la minería a cielo abierto en dicha región.

Según el Comité, las puertas a la extracción minera en el área de conservación fueron abiertas por el propio Congreso de Honduras, al reducir la zona núcleo del parque, lo cual permitió el arribo de la empresa Inversiones Los Pinares quien opera desde el año de 2014 para la extracción de óxido de hierro.

Para el año 2015 y tras las evidencias de contaminación en las fuentes de agua, habitantes de la región se coordinaron para la defensa de su territorio mediante la creación del CMDBCPT. Fue así que, en 2018, se movilizaron contra las concesiones mineras y mediante un campamento bloquearon la calle de acceso a la concesión minera.

El 27 de octubre de 2018, tras casi tres meses de movilización, el campamento fue desalojado violentamente. Desde entonces no ha cesado la persecución, criminalización, hostigamiento y amenazas contra los defensores del agua. Destaca el proceso judicial contra 32 personas, de las cuales ocho de ellas permanecieron encarceladas por casi dos años y medio.

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Aly Domínguez fue una de las personas encarceladas, junto a doce defensores más, por acusaciones de Inversiones Los Pinares. Ahora, en el caso de su homicidio, la Policía Nacional de Honduras alega que el móvil fue un robo, descartando su labor en la defensa del territorio.

“Cuando se trata de personas que han sido criminalizadas y que han sido personas que son parte de una comunidad que defiende los ríos, debe haber una presunción de que cualquier acto en contra de ellos, en este caso su asesinato, tiene que ver con la defensa de los territorios y de la comunidad y de los ríos, por tanto, las investigaciones deberían ir por ahí”, compartió a medios locales el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicaciones (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera.

El homicidio de los dos defensores ocurrió al mismo tiempo que se encuentra vigente un Estado de excepción, decretado bajo el argumento de combatir a las pandillas. De esta manera, Tocoa, junto a los municipios vecinos de Trujillo, Sonaguera y Bonito Oriental, conforma una región con derechos suspendidos y cuya ampliación por 45 días más fue aprobada un día antes del asesinato de los defensores de Guapinol.

Ya desde diciembre del 2022, el Comité denunció que individuos armados, vinculados a la minera, vigilaron a sus miembros de Guapinol mediante seguimientos a bordo de vehículos sin matrículas. También denunciaron haber recibido amenazas de muerte.

Según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), a pesar de las múltiples denuncias públicas, las autoridades, incluida la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, no reforzaron ni ampliaron las medidas de protección para las personas defensoras de Guapinol y sus familias, ni tampoco llevaron a cabo una investigación en torno a las amenazasrecibidas.

El Observatorio recuerda que no es la primera vez que este tipo de campaña, seguida de amenazas de muerte contra los defensores del río Guapinol, desemboca en asesinatos: Arnold Joaquín Morazán Erazo fue asesinado en octubre de 2020, y Roberto Antonio Argueda Tejada, en agosto de 2019. Ambos asesinatos se mantienen en la impunidad.

Amenazas, en aumento

Desde agosto del 2022, el CMDBCPT denunció una escalada en la campaña de desprestigio contra sus miembros, la cual incluía vigilancia, acoso y amenazas contra la vida de quienes se oponen a la minería en el área de conservación.

La violencia contra el CMDBCPT se intensificó después que sus miembros acompañaron una gira interinstitucional, junto a funcionarios gubernamentales, a cuatro proyectos extractivos del Grupo Emco Holding en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Aún cuando la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna) encabezó estas visitas, la institución aún no ha publicado la información recabada durante la visita.

Frente al incremento en las agresiones y amenazas de muerte, en diciembre pasado el Comité exhortó a la presidenta de Guatemala, Xiomara Castro, para garantizar la integridad física de sus miembros, así como a cumplir su promesa para cancelar las concesiones de minería a cielo abierto.

Ahora, ante la denuncia del doble asesinato, el CMDBCPT remarcó que “la comunidad de Guapinol en los últimos años ha sido brutalmente golpeada por la criminalización mediática, la judicialización y el encarcelamiento, hasta llegar al asesinato como lo evidencia el hecho criminal que ha segado la vida de Aly y Jairo”.

Mediante comunicado, el Comité responsabilizó de las agresiones a la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecoteckla cual, señala, opera ilegalmente en la zona. Además, enfatizó que “hay personas defensoras de este colectivo señaladas como posibles objetivos de exterminio. Las estructuras del crimen organizado siguen vigentes en el territorio, no pierden su naturaleza criminal y es posible que una investigación seria, responsable y objetiva arroje como resultado los vínculos entre estructuras del crimen organizado, empresas extractivas y funcionarios públicos participando en ese frente criminal contra las personas y movimientos que luchan por la vida”.

En su posicionamiento, el CMDBCPT asegura que grupos empresariales están acostumbrados a imponerse por la fuerza. “La agroindustria, la minería e hidroenergía han demostrado su perversidad criminal para apagar la lucha social por los derechos humanos utilizando diversos medios, tanto económicos, armados, mediáticos”.

Promesa incumplida

Entre las promesas del gobierno de Xiomara Castro destaca su postura de frenar la minería a cielo abierto en Honduras. En concordancia, durante febrero de 2022, la Secretaría de Recursos Naturales declaró al país centroamericano como territorio libre de minería. No obstante, la medida no tuvo ningún efecto legal pues se redujo a la difusión de un comunicado.

“Las autoridades actuales, al igual que las autoridades del régimen anterior, no quieren o no tienen la voluntad o la valentía de cancelar, suspender, esos derechos mineros a una empresa tan poderosa perteneciente a la dupla Pérez-Facussé”, sostuvo Joaquín Mejía Rivera al referirse al matrimonio entre Lenir Pérez y Ana Facussé, hija del terrateniente dueño de Corporación Dinant, reconocido por imponer el cultivo de palma aceitera mediante violencia y despojo contra comunidades campesinas del valle del Aguán.

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Por su parte, Pérez es el presidente del Grupo Emco Holding, conglomerado de empresas con inversiones en la construcción, el sector aeroportuario y la siderurgia. Él es el dueño de las concesiones mineras ubicadas en el interior del Parque Nacional Carlos Escalera, las cuales reconoció haber negociado con diputados del Partido Nacional para la reducción de la zona núcleo del área de conservación.

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Además, a través de su empresa Alutech S.A. posee grandes inversiones en otros países de Centroamérica como Guatemala y El Salvador, donde donó un millón de dólares para la campaña presidencial de Nayib Bukele en 2019.

Ahora, una investigación del medio ContraCorriente señala que Pérez, además de beneficiarse con sus relaciones con el expresidente Juan Orlando Hernández, mantiene un acceso privilegiado al gobierno de Xiomara Castro mediante el trabajo legal de Pamela Blanco Luque, socia y esposa de Tomás Vaquero, titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Según el medio hondureño, Blanco ha trabajado continuamente para las empresas de Lenir Pérez y, por ejemplo, fue la notaría que se encargó de la constitución de al menos cinco empresas que forman parte del Grupo Emco Holding.

“La Secretaría de Gobernación, que dirige Vaquero, tiene la misión de rectorar lo concerniente al gobierno departamental y municipal, convirtiéndose en el enlace directo entre gobernadores, alcaldes y la presidenta. Además, debe procurar el acceso a la justicia, la vinculación del poder ejecutivo con organizaciones de sociedad civil, y entre sus funciones también tiene la promoción del acceso y la aplicación oportuna e imparcial de la justicia”, escribe el periodista Fernando Silva.

Para el abogado Mejía, quien reconoce que el Ejecutivo tiene la facultad, a través del Ministerio de Ambiente, para suspender las licencias de Inversiones Los Pinares, resulta sorprendente que aún no se cancelen la extracción minera. “Hasta el momento no entendemos por qué no se ha cancelado, no se ha suspendido el derecho minero, a pesar de los daños al medio ambiente y a pesar del peligro para la vida y la integridad de las personas”, señaló el investigador de ERIC-SJ.

Exigen investigación independiente

Mientras tanto, el Comité, junto a organizaciones sociales, denuncia que la fiscal Karen Edith Martínez Guardado, quien participó en la criminalización de los ocho defensores de Guapinol, será la responsable de la investigación en el doble asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla.

Ante ello, la Coalición contra la Impunidad alertó la falta de independencia e imparcialidad del Ministerio Público y de la Policía Nacional de Tocoa para investigar el crimen, “pues son las mismas autoridades que han reprimido, hostigado, amenazado, atentado y criminalizado a la comunidad de Guapinol”, por lo cual se suma a la exigencia de constituir una unidad especial de investigación independiente y con la participación de la comunidad afectada.

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Joaquín Mejía enfatizó que Jairo Bonilla y Aly Domínguez formaban parte de un espacio colectivo que fue criminalizado por el Ministerio Público de Tocoa. “Esa misma fiscal es la que ha sido nombrada como encargada de investigar el asesinato de dos personas con las que ella tiene o ha tenido una relación obviamente terrible, en el sentido que el Ministerio Público de Tocoa ha utilizado pruebas ilegales falsas para poder criminalizar al Comité de Guapinol. Obviamente esto nos indica que no puede ser imparcial ni puede ser independiente”, señaló el abogado y experto en derechos humanos.