^{En portada: Berta Cáceres durante recorrido del territorio Lenca. La también coordinadora del Copinh jugó un papel clave dentro de la organización indígena que detuvo la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.}

Tras más de 8 años del asesinato de la indígena lenca Berta Cáceres, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), las sentencias condenatorias en contra de siete de los autores materiales y uno de los coautores del crimen siguen sin ser ratificadas por el poder judicial del país centroamericano.

Ante ello, organizaciones sociales, indígenas y feministas han levantado la voz durante las últimas semanas para expresar su preocupación frente a la omisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para la ratificación de las sentencias, esto debido a que, actualmente, se encuentran sin resolución dos recursos de casación presentados por la defensa de los acusados que buscan invalidar las sentencias emitidas en años previos.

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Integrantes de la Misión de observación causa Berta Cáceres calificaron la demora en la ratificación de las sentencias como un “retardo injustificado”, pues consideran que existen elementos para ratificar la culpabilidad de los autores intelectuales y materiales de la defensora lenca. 

La misión es una agrupación de organizaciones defensoras de derechos humanos, internacionales y nacionales, quienes vigilan el respeto al derecho en el debido proceso y por el acceso a la justicia de las víctimas.

“Es totalmente irracional un retardo de más de cuatro años para reafirmar una sentencia por parte de David Castillo, y por más de siete años la sentencia contra los actores materiales”, compartieron mediante conferencia de prensa realizada en Tegucigalpa, donde acompañaron a integrantes del Copinh para denunciar lo que consideran estrategias dilatorias para entorpecer el proceso judicial.

A través de su coordinadora, Bertha Zúñiga, el Copinh afirma que, recientemente, la defensa legal de Castillo ha emprendido una serie de acciones legales y mediáticas cuyo propósito “es maniobrar con la presión política, maniobrar con el tráfico de influencias dentro de las instituciones de justicia” para exculpar y liberar al feminicida de Berta Cáceres, Roberto David Castillo, quien fuera declarado culpable el 5 de julio del 2021.

En concreto, Zúñiga señaló que Juan Carlos Sánchez y Ritza Antúnez, abogados de Castillo, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra la perito Brenda Barahona por presunta falsificación de documentos en el proceso penal.

Para la coordinadora del Copinh, se trata de un “intento de criminalización” contra la perito del Ministerio Público, el cual “busca entorpecer el proceso de búsqueda de justicia que nos hemos propuesto las víctimas y las comunidades que aún recordamos la memoria de Berta Caceres”, señaló Zúñiga en entrevista a medios locales.

Cabe destacar que la denuncia de la defensa legal de Castillo fue presentada el 8 de abril pasado, una semana después del nombramiento de Juan Carlos Sánchez Villalobos como director de fiscales del Ministerio Público (MP). 

Este nombramiento es relevante para el Copinh, pues señalan que Villalobos ha actuado como defensor de Carolina Castillo, abogada de la empresa DESA (propiedad de la familia Atala) en el caso “Fraude en el Gualcarque”, en el cual se alega la existencia de una red de corrupción que favoreció ilegalmente a DESA con el otorgamiento de licencias sobre el uso del río Gualcarque para la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

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El Copinh también destaca que Sánchez Villalobos es reconocido por defender a imputados en casos emblemáticos de corrupción, algunos presentados por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), como el caso del expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

La misión de observación condenó el actuar del Estado de Honduras y exigió se dicte la sentencia “definitiva y firme” para obtener justicia en el caso de la luchadora social asesinada en marzo del 2016.

Mientras tanto, el Copinh convoca movilizaciones para el próximo viernes 3 de mayo, con la idea de montar un plantón en el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, en Tegucigalpa, para exigir un fallo condenatorio en el caso Fraude sobre el Gualcarque, donde se vincula a la familia Atala con una red de corrupción en el proyecto hidroeléctrico al cual Berta Cáceres se opuso en vida.

Fuente: Avispa Midia

^{Texto y fotos por Carolina Díaz Iñigo y Francisco De Parres Gómez}

El 15 de abril del 2024 se cumplieron 13 años de la expulsión del crimen organizado y los talamontes que destruían el bosque y las posibilidades de una vida digna y segura en Cherán K´eri, comunidad p’urhépecha de aproximadamente 20 mil habitantes ubicada en el estado de Michoacán de Ocampo, México. 

Hoy día,  gracias a la instauración de un gobierno basado en su sistema de usos y costumbres, la conmemoración del alzamiento fue acompañada, entre muchas más actividades, por un ritual realizado en El Calvario, el cual inició a las 5 de la mañana para recibir el alba, además de un desfile encabezado por la Ronda Comunitaria seguido de mujeres, hombres, jóvenes,  niñas y niños que recorrieron los cuatro barrios del municipio autónomo. 

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Fuente: SweFOR

26 de abril de 2024

Las organizaciones internacionales firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por los señalamientos, la deslegitimación y la estigmatización en contra del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas que restringen significativamente su espacio de acción para la defensa de los derechos humanos, exponiendo la organización y a sus integrantes a graves riesgos en el desempeño de su labor.

En su conferencia de prensa matutina del 22 de abril de 2024, el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, acusó al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) de estar “buscando crear un ambiente de violencia que no tiene las dimensiones que [desde el Frayba] están registrando”. Asimismo, señala a la organización de “estar magnificando las cosas”,[1] en referencia a las recientes denuncias del Frayba sobre la situación de violencia que está atravesando el estado de Chiapas desde mediados de 2021, cuando estalló la disputa entre grupos del crimen organizado por el control territorial.[2] Los mismos mensajes fueron reiterados en la conferencia de prensa matutina del día 23 de abril[3], mientras que unas semanas antes, el 3 de abril de 2024, el presidente acusó al Frayba de mentir,[4] por una divergencia sobre las cifras de personas fallecidas en el marco de un enfrentamiento ocurrido el 31 de marzo de 2024 en el municipio de La Concordia (Chiapas) entre elementos de la Guardia Nacional y un grupo del crimen organizado.[5]

Ambas declaraciones son muestras del patrón de señalamientos por medio de los cuales el ejecutivo deslegitima la labor de defensa de derechos humanos llevada a cabo por centros de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de personas desaparecidas, así como por periodistas, quienes documentan y denuncian la violencia territorial y las violaciones a derechos humanos, evidenciando la negligencia de las autoridades de los tres niveles del Estado mexicano.[6] Esta tendencia no es exclusiva del gobierno actual, sino que refleja una problemática histórica que concierne tanto a México como a otros países de América Latina, lo que ha contribuido a que la región se posicione como una de las más peligrosas a nivel mundial para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y del periodismo.[7]

Como bien lo señala el Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Estados deben garantizar la libertad de expresión “de quienes coinciden o tienen identidad con el gobierno, pero también, sobre todo, de aquellas personas que tienen opiniones divergentes”, recordando que “la estigmatización puede ser permisiva o generar un ambiente permisivo a que ocurran agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas”.[8] Señalar públicamente a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes, como parte de su labor, vigilan y auditan la actuación estatal en relación a la atención de violaciones de derechos humanos, aumenta su exposición a posibles agresiones y ataques violentos, y a la vez restringe el espacio democrático y de defensa de derechos humanos de la ciudadanía.

En este sentido, los estándares internacionales en materia de derechos humanos no sólo disponen el respeto de la labor de defensa de los derechos humanos,[9] sino que también exhortan “a los Estados a que reconozcan, por medio de declaraciones públicas, políticas, programas o leyes, la importante y legítima función que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la promoción de todos los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho como elementos fundamentales para garantizar su protección, entre otras cosas respetando la independencia de sus organizaciones y evitando estigmatizar su labor”.[10]

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas lleva 35 años en la defensa y promoción de los derechos humanos en el estado de Chiapas, habiendo acompañado en su trayectoria a víctimas de graves violaciones de derechos humanos en su lucha por la justicia, así como a comunidades y pueblos que defienden su autonomía y libre determinación. Gracias a su ética, rigor y compromiso hacia los derechos humanos se ha consolidado como una de las organizaciones de la sociedad civil más reconocidas en el país, contribuyendo a diario a visibilizar las injusticias y las violencias vividas por las poblaciones más vulnerables del estado. En línea con su misión, el Frayba, en conjunto con otros actores de la sociedad civil mexicana, ha documentado y denunciado la escalada de violencia que ha inundado Chiapas en los últimos tres años, y sus impactos sobre la población civil. La actual coyuntura expone a altos niveles de riesgo a quienes, como el Frayba, acompañan a víctimas de violaciones a derechos humanos en su búsqueda de justicia y reparación, y torna imprescindible el reconocimiento de su labor, así como su protección, por parte de las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno.

Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes llamamos a que cesen los señalamientos en contra de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en México, y se reconozca públicamente la labor fundamental que desempeñan en favor de la justicia, de la protección y promoción de los derechos humanos y de la construcción de paz. Finalmente, solicitamos que se fortalezca el marco legal, así como los mecanismos diseñados para brindar protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México.

Amnistía Internacional | CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) | FIDH (Federación Internacional por los Derechos Humanos), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos | Front Line Defenders | IM-Defensoras (Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos) | Organización mundial contra la tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos | Protection International | SIPAZ (Servicio Internacional para la Paz) SweFOR (Movimiento Sueco por la Reconciliación) | Taula per Mèxic

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En un acto de solidaridad con el pueblo palestino y en protesta contra lo que califican como complicidad institucional con Israel, manifestantes se congregaron este jueves (25) por la mañana en el campus de la Universidad Emory en Atlanta. El césped de este campus se pintó de colores de las centenas de tiendas de campaña y pancartas.

La protesta tuvo como blanco principal el Centro de Formación de Seguridad Pública de Atlanta, por la construcción de una enorme instalación conocida como Cop City, uno de los mayores centros de entrenamiento policial militarizado del país que tiene proyectado más de 90 millones de dólares de inversión. De acuerdo con la propuesta de este proyecto, el 43% de la formación en Cop City será para agentes de fuera de Atlanta, incluida la formación militar con agentes de las Fuerzas de Defensa Israelíes.

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Los estudiantes de Atlanta exigen el cese a este financiamiento ya que consideran que es un apoyo a lo que llaman como “apartheid israelí”.

Tras haber estallado la protesta estudiantil en este campus, la policía antidisturbios intervino utilizando pistolas taser y gas lacrimógeno para disolver el campamento. Los manifestantes acusan a las autoridades de la Universidad de Emory de ser cómplices de la represión a estudiantes y empleados que se han manifestado en apoyo de pueblo palestino, además remarcaron que esta institución también apoya el genocidio en Palestina.

Los estudiantes comenzaron a circular en redes sociales las imágenes de la brutal represión implementada en la Universidad de Emory. Una de ellas muestra la acción violenta de la policía hacia un estudiante indefenso y totalmente inmovilizado, mientras que los agentes de seguridad realizan descargas eléctricas por medio de una pistola taser.

Momentos después de esta represión en Emory, en distintas universidades de los Estados Unidos activaron nuevas protestas en solidaridad con los detenidos y en solidaridad con Palestina. También se realizaron numerosas detenciones en varios campus universitarios sumando, hasta el cierre de este reportaje, 93 personas detenidas de la Universidad del Sur de California y 34 en la Universidad de Texas en Austin.

La organización civil Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha condenado la respuesta policial, afirmando que no solo está “reprimiendo las protestas pacificas”, sino que, también, “a la prensa”.

A pesar de esta represión policiaca, las protestas continúan sumándose en distintas ciudades con más campamentos, como los estudiantes de la Universidad de California en Los Ángeles, quienes también montaron lo que llaman un “Campamento de Solidaridad con Gaza”.

Esta ola de protestas se origina en la Universidad de Columbia en Nueva York, quienes comenzaron con las primeras acciones a mediados de abril, instalando el 1er campamento en contra del genocidio en Palestina.

Más de 100 estudiantes de Columbia fueron detenidos y suspendidos de la institución, exigían que se cortara relaciones con compañías vinculadas a Israel, en consonancia con la iniciativa que habían lanzado, denominada ‘Boicot, Desinversiones y Sanciones’ (BDS), que busca presionar económicamente a Israel para que se retire de los territorios palestinos.

Las acciones siguen en pie en universidades como Texas, Brown, Princeton, Ohio State, Las Vegas, North Carolina Chapel Hill, Yale, donde incluso hubo una huelga de hambre de ocho días.

Fuente: www.craigmurray.org.uk
Traducción: Radio Zapatista

Los gobiernos no pueden tomar grandes decisiones con extrema rapidez excepto en las circunstancias más extremas. En todos los Estados existen mecanismos que consideran las decisiones políticas, las sopesan, involucran a los distintos departamentos del Estado cuyas actividades se ven afectadas por esa decisión y llegan a una conclusión, aunque no necesariamente buena.

La decisión de suspender la financiación de la ayuda a la UNRWA no fue tomada por numerosos Estados occidentales en un solo día.

En el Reino Unido, varios ministerios gubernamentales diferentes tuvieron que coordinarse. Incluso dentro de un solo ministerio, el FCDO, las opiniones tendrían que coordinarse mediante comunicaciones escritas y reuniones interdepartamentales entre los departamentos que se ocupan de Oriente Medio, las Naciones Unidas, los Estados Unidos, Europa y luego, por supuesto, entre los departamentos diplomáticos. y alas de desarrollo del ministerio.

Ese proceso incluiría buscar las opiniones de los embajadores británicos en Tel Aviv, Doha, El Cairo, Riad, Estambul y Washington y ante las Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York.

No es necesariamente un proceso largo, pero no es un día de trabajo, ni tendría por qué serlo. No hubo ningún impacto práctico en hacer el anuncio de recortar la financiación de la UNRWA un día antes o un día después.

Consideremos que el proceso paralelo tuvo que completarse en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia y todas las demás potencias occidentales que contribuyeron a la hambruna en Gaza al recortar la ayuda a la UNRWA.

Todos estos países tuvieron que seguir sus procedimientos, y sólo mediante una coordinación previa –con semanas de antelación– entre estos Estados anunciaron todos el mismo día la destrucción del sistema de soporte vital para los palestinos, entonces absolutamente necesitado.

Y luego considere que ahora sabemos con certeza que los israelíes no habían presentado prueba alguna de la complicidad de la UNRWA en la resistencia de Hamas, en la que supuestamente se basaron estas decisiones en todos esos Estados.

No tengo ninguna duda de que la élite política occidental, herramientas pagadas de la maquinaria sionista, es cómplice del genocidio de los palestinos y de la limpieza étnica de Gaza a un nivel mucho más profundo de lo que el pueblo ha comprendido hasta ahora. La negativa de Starmer y Sunak a contemplar la posibilidad de poner fin a la venta de armas y al apoyo militar a Israel no se debe a inercia ni a preocupación por la industria armamentística. Es que apoyan activamente la destrucción de los palestinos.

La decisión coordinada de las naciones occidentales de acelerar la hambruna deteniendo la financiación de la UNRWA se anunció dentro de una hora, tras el fallo de la CIJ de que los habitantes de Gaza estaban en riesgo inmediato de genocidio, y expulsó de los titulares de los medios el fallo adverso contra Israel.

Esto envió la señal más clara en respuesta de que el derecho o las instituciones internacionales no impedirían que las potencias occidentales cometieran genocidio.

Las potencias occidentales no dan un comino por los 16.000 niños palestinos masacrados. Ninguna evidencia de fosas comunes en los hospitales los moverá. Sabían que se estaba produciendo un genocidio y continuaron armándolo e instigándolo activamente.

Este genocidio es el objetivo deseado de Occidente. Ninguna otra explicación es remotamente plausible.

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• La Red TDT rechaza la criminalización realizada por el presidente AMLO en su mañanera para deslegitimar al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas en Chiapas y al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la Ciudad de México
• Las organizaciones de Derechos Humanos llevan más de 35 años de promoción y defensa en zonas específicas de México

Las organizaciones firmantes hacemos un enérgico llamado al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para cesar los actos de criminalización y estigmatización en contra de la labor que realizan las organizaciones Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), quienes han sido señalados de manera reiterada de conservadoras y de magnificar la violencia tanto en Chiapas como en Guerrero, respectivamente.

Este discurso agrava la realidad, pues México sigue siendo uno de los países más peligrosos para el periodismo y la defensa de los derechos humanos. De acuerdo a la ONU-DH, entre enero de 2019 y febrero de 2024 se han registrado al menos 103 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, 41 periodistas, 7 de trabajadores de medios en posible relación con su labor; adicionalmente 38 personas defensoras o periodistas fueron desaparecidas, 25 recuperaron su libertad y 13 siguen desaparecidas.

Estas declaraciones provenientes de altos funcionarios como el Presidente de la República, pone en un eminente nivel de riesgo a sus integrantes, debido al contexto de violencia que se vive en el país, descalificando su labor que durante más de 35 años han realizado. Es importante recordarle a AMLO que en la década de los 90, cuando inició su movimiento en Tabasco, fue en estas organizaciones de la sociedad civil donde él se refugió para encontrar apoyo por la embestida que el gobierno conservador de aquella época inició contra su movimiento.

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Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

^{En portada: La población de El Bosque, Tabasco, ha sido desplazada forzadamente de sus tierras debido al incremento del nivel del mar, el cual avanza destruyendo casas, escuelas y otras estructuras de la comunidad en las costas del Golfo de México. Foto: Santiago Navarro F}

En toda América Latina las olas de calor, que se pensaba serían pasajeras, no dan tregua. Durante los últimos diez meses la temperatura ha sido inédita. Un equipo de Avispa Mídia se aventuró, entre junio y agosto de 2023, en medio de una ola de calor, a realizar un viaje para documentar cuestiones climáticas en México y países de Centroamérica. Fue uno de los viajes más difíciles para el equipo de periodistas por todo lo que conlleva la temperatura extrema.

Meses después estuvimos en el cono sur, en Brasil, entre diciembre y enero, e igualmente el territorio ardía. Rio de Janeiro alcanzó en marzo sensaciones térmicas que sobrepasan los 60 grados Celsius, algo que nunca antes habían experimentado las personas de esta región.

De regreso a México, las olas de calor continúan. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya emitió una alerta por la llegada de una nueva ola de intenso calor a principios de abril y otras más para junio. La situación se agrava por la crisis del agua en todo el territorio. Para tener una idea, donde me encuentro, al sur del país, el agua del suministro público ha llegado a las casas cada 40 días. La solución ha sido comprar el vital líquido a empresas privadas.

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BOLETIN INFORMATIVO
¡EMERGENCIA EN LA CHONTAL BAJA!

• Más de 200 ciudadanos de Guadalupe Victoria, Yautepec, Oaxaca, combaten el fuego en el punto denominado Río masa, mientras las brigadas de COESFO, CONAFOR Y LA GUARDIA NACIONAL, se han retirado del lugar.

• Los comuneros alertan que, si el fuego no cesa, pondrá en riesgo el territorio comunal de San Miguel Chongos, San José Chiltepec, Santa María Zapotitlán, incluso San Pedro Huamelula.

Desde el 11 de abril del presente año, autoridades comunitarias de la región chontal, han venido exigiendo al gobierno federal y estatal, su intervención para sofocar el fuego, mientras sus ciudadanos y comuneros, combaten el fuerte incendio con los medios que tienen a su alcance.

El incendio no cesa. Las autoridades de San Miguel Chongos, Guadalupe Victoria y San José Chiltepec, manifiestan que el fuego se intensifica. Alertan que el incendio ahora amenaza sus tierras entre los puntos denominados “Río masa, “ojo de agua” y “la mezcla”, los trabajos realizados durante los últimos días no han sido suficientes para combatirlos. La lumbre, rebasa las brechas cortafuego que han venido implementando. Las brigadas, enviadas por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Comisión Estatal Forestal (COESFO) se han retirado de San Miguel Chongos. Ayer, los elementos de la Guardia Nacional salieron de la comunidad, informaron, mientras el fuego sigue consumiendo el bosque que resguarda una importante biodiversidad del estado.

Las autoridades comunitarias de Guadalupe Victoria informan que más de 200 personas hacen todo el esfuerzo por sofocar el incendio, sin embargo, advierten que, en caso de no controlarlo, el fuego pondrá en riesgo el territorio comunal de otras comunidades aledañas, entre ellas Santa María Zapotitlán y San Pedro Huamelula en la parte baja de la región chontal.

A su paso por San Pedro Sosoltepec, el fuego ha consumido el 90% de sus tierras comunales, casi tres mil hectáreas. Quemó pequeños ranchos, mangueras de agua, importante ecosistema en donde viven diversos animales y plantas endémicas de la región. Los trabajos de siembras de frijol, hortalizas, entre otros, implementados por sus habitantes se echarán a perder por la falta de agua que conducían a través de las mangueras que fueron consumidas por el fuego. Comienza la preocupación colectiva para recuperarse de las afectaciones materiales, ambientales y emocionales que el siniestro les ha dejado.

Afortunadamente, la colaboración solidaria de la población de Santa Lucía Mecaltepec, San José Chiltepec, Santa María Candelaria, San Miguel Suchiltepec, San Matías Petacaltepec y 15 brigadistas enviadas por la CONAFOR a la comunidad de San Pedro Sosoltepec, evito que la población fuera desplazada. El riesgo para esta comunidad ha disminuido significativamente.

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Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

Google, la gigante tecnológica con sede en Mountain View, California, es el centro de atención tras el polémico despido de 28 empleados que participaron en protestas contra el “Proyecto Nimbus”, un servicio que Google y Amazon brindan desde 2021 al gobierno israelí.

En 2016, el gobierno de Israel estableció la visión un gobierno digitalizado y fue hasta el año 2021 que, tras una licitación, anunció que había seleccionado a Amazon Web Services (AWS) y Google como sus principales proveedores de nube y más de 185 servicios digitales. Un proyecto destinado, en primera instancia, a servicios del sector público y al ejército israelí. En esta primera fase, Israel pagó alrededor de $1,230 millones de dólares a las dos empresas por un contrato inicial de siete años, potencialmente prorrogables hasta 23 años.

Tras el despido de sus trabajadores, Google sostuvo en un comunicado que el Proyecto Nimbus no se está utilizando para despliegue militar o recopilación de inteligencia, y que la dimisión tuvo que ver con una “conducta completamente inaceptable” que interfiere en el trabajo de otros empleados y crea una atmósfera amenazante en el lugar de trabajo.

Además, Google amenazó con posible represalias y despidos de más trabajadores.

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.
22 de abril 2024

Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios de comunicación Libres, Alternativos Nacional e Internacional
A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de SCLC
A la Opinión Publica

Hermanas y Hermanos:

En estos días, hemos vivido la sensación de repetir experiencias grabadas en nuestra memoria del año 1997, cuando desplazados de diferentes comunidades, nos refugiamos en el campamento de Acteal, y unidos ayunábamos orando por la paz, cuando fuimos sorprendidos por las armas de los paramilitares que acabaron con la vida de nuestros 45 hermanas y hermanos, hombres, mujeres, niñas y niños, semillas que quisieron acabar, pero que hoy, dan frutos.

Desde esa pesadilla hemos vivido resistiendo al mal con más fuerza, conociendo que el difícil camino para llegar a la paz es la cruz del sufrimiento propio, y nos negamos a ser indiferentes ante el dolor de nuestros hermanas y hermanos, que hoy están viviendo en el municipio de Pantelhó, porque es lo que hemos aprendido de Jesús, escuchando su palabra, como la que leemos en el evangelio de hoy: Yo Soy la puerta de las ovejas, todos los que han venido antes, son ladrones, pero mis ovejas, no los han escuchado. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. En cambio, Yo he venido al mundo, para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Cfr. Jn 10,7-8.10

No olvidamos el testimonio de Fe, de nuestros mártires, del Catequista Alonso Vázquez Gómez que desde una actitud no violenta de perdón, alcanzó a decir como Jesús en la cruz sus últimas palabras, “Padre perdona a tu pueblo”.

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